Tras la derrota de Malvinas en 1982, los viejos políticos cómplices de la dictadura, como Raúl Alfonsín, pactaron en la embajada norteamericana el “retorno a la democracia”.

Se montaron así sobre el legítimo repudio popular al llamado “Proceso”, que con el pretexto de combatir al terrorismo asesinó a miles de delegados fabriles, luchadores barriales y militantes estudiantiles. La represión dictatorial tuvo un objetivo preciso: cubrir las espaldas de Martínez de Hoz, quien puso en marcha un programa por completo ajeno a los intereses nacionales y populares.

El Proceso, segunda parte (la partidocracia)

Pero la llamada “democracia” resultó ser en realidad un régimen partidocrático que burló la voluntad popular y manipuló la opinión pública. Los políticos profesionales, alternando en el papel de oficialistas y opositores, continuaron y profundizaron el programa impuesto en 1976 a un país amordazado. Ataron la suerte de la Argentina a los dictados del FMI y del Banco Mundial. Convalidaron y siguieron alimentando la ilegítima deuda externa. Entregaron la estructura productiva del país a la voracidad del capital extranjero. Se apropiaron de los aparatos ideológicos –diarios, televisión, universidades– para legitimar desde ellos el modelo neoliberal, al tiempo que silenciaron la voz de los patriotas, tildándolos de extremistas, nostálgicos o autoritarios.

Tras 18 años de vigencia, el régimen partidocrático entró en crisis, y finalmente estalló el 19 y 20 de diciembre últimos, cuando una revuelta popular echó a De la Rúa y, simultáneamente, exigió que se fueran todos: desde los liberales de Cavallo hasta los progresistas del Frepaso, desde los radicales de Alfonsín hasta los justicialistas olvidados de Perón y Evita.

La Argentina había sido arruinada por la partidocracia y sus amos extranjeros. La desocupación orillaba el 30% de la fuerza laboral. La capacidad productiva ociosa alcanzaba un récord histórico, los salarios estaban por el piso, la distribución de la riqueza ofendía la sensibilidad más elemental. El paisaje nacional abundaba en chicos con hambre y viejos sin techo. Tal la situación a la que nos condujeron quienes habían prometido que la Argentina ingresaba al “primer mundo” y que con la Constitución en la mano desaparecería el hambre y no faltaría salud para todos.

¿Dónde estaban los Duhalde, los De La Sota, los Reutemann?

El estallido del 19 y 20 de diciembre abrió un interregno que todavía transitamos.
Justicialistas y radicales advirtieron que ya no podían seguir jugando el juego de la “alternancia”. Que se vayan todos, era el reclamo que nacía en los diferentes rincones del país. Acompañados por los partidos satélites del centroizquierda y la derecha liberal, tejieron entonces un acuerdo parlamentario tendiente a controlar la bronca popular y evitar que el incendio social los consumiera a todos por igual.

A espaldas del pueblo, protegidos por un vallado policial que los resguardaba del repudio generalizado, ungieron presidente a Eduardo Duhalde, quien intentó despegarse de las causas de la crisis atribuyéndolas a un modelo que privilegió la especulación sobre la producción. Pero la coartada exculpatoria no resiste el menor análisis. ¿Quiénes habían implementado semejante modelo? ¿Dónde estaba Duhalde cuando se entregaba el país a la usura internacional? ¿Dónde estaban los De la Sota, los Ruckauf, los Reutemann cuando la especulación destruía la producción? La respuesta salta a la vista. Estaban donde están ahora: en el gobierno.

Corrió a salvar a los banqueros

Duhalde convocó a la alianza del trabajo y la producción. Pero avaló la confiscación de los ahorros de la clase media y las quitas salariales a los trabajadores. Corrió a salvar a los banqueros, licuó las deudas de la burguesía exportadora y siguió implorando la “ayuda” del FMI. Algo así como pedir al zorro que salve a las gallinas. El resultado de la política duhaldista –que es la del conjunto de la partidocracia– está a la vista. Un país parado, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y con los vampiros que proponen la dolarización dispuestos a hincar el diente sobre una presa sin reflejos vitales.

El gobierno de Duhalde transita sin rumbo sus últimos momentos. La rosca oligárquico-imperialista que lo utilizó para ganar tiempo mientras dirimía sus disputas intestinas ya no lo necesita. Los sectores populares ya no lo soportan. Su suerte parece echada. El interregno abierto tras la caída de De la Rúa finaliza su ciclo. Estamos en vísperas de una nueva vuelta de tuerca en la crisis terminal del régimen partidocrático.

El país sigue siendo un polvorín

¿Existe en el horizonte alguna alternativa de carácter nacional y popular para superar la crisis? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Las movilizaciones de piqueteros y desocupados, y las asambleas barriales de la clase media, han perdido su vigor inicial. El movimiento obrero no ha irrumpido en la escena política con fuerza suficiente como para imprimir su sello a la situación. El descrédito de los políticos partidocráticos no se vió acompañado del surgimiento de figuras de recambio. Subsiste, sin embargo, el descontento generalizado que no ha hecho más que acentuarse y que se manifiesta en explosiones parciales que el régimen todavía consigue controlar. Pero el país sigue siendo un polvorín cuyo estallido puede producirse de un momento a otro.

La rosca oligárquico-imperialista está lista para desprenderse de los servicios del contubernio partidocrático que ungió a Duhalde y tomar las riendas por sí misma. Necesita del concurso de las fuerzas armadas y de una fachada civil que, distrayendo a la opinión pública con un próximo llamado a elecciones y con un discurso “antipolítico”, restablezca el orden social aplicando mano dura y subordinándose sin chistar a todas y cada una de las exigencias procedentes de los EU.

Frente Nacional y Antiimperialista

La otra salida posible también exige hacer a un lado al contubernio partidocrático que hoy gobierna. Pero en una dirección opuesta. Se trata de la conformación de un Frente Nacional y Antiimperialista que, uniendo a los patriotas, civiles y militares, plantee abiertamente retomar el rumbo de la Revolución Nacional pendiente. Resulta imposible prever la forma concreta que asumiría esta perspectiva. Pero, en cualquier caso, requiere de la participación del movimiento obrero, de las organizaciones que nuclean a piqueteros y desocupados y, también, de la participación de las franjas nacionalistas de las fuerzas armadas. Estos sectores, y las capas más empobrecidas de la clase media, constituyen el sujeto político en cuya construcción está contenida la única salida popular a la crisis.

Por el nacionalismo económico, soberanía política
y justicia social en la perspectiva del socialismo

El programa que orientará este realineamiento revolucionario de las fuerzas nacionales y populares debe plantear como puntos de salvación nacional:

1. Ruptura inmediata con el FMI, agente del parasitismo financiero internacional y con la línea de sometimiento a las instrucciones de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.

2. Nacionalización de la banca y del comercio exterior, de modo de quebrar el patrón de acumulación a favor del capital trasnacional y de terminar con el chantaje y la especulación de los grandes grupos exportadores.

3. Control de cambios, resorte básico con vistas a fijar los niveles de costos internos y orientar un proceso de sustitución de importaciones.

4. Renacionalización de YPF y de las empresas estratégicas de servicios públicos, piezas claves de un proyecto nacional independiente.

5. Estatización del régimen de jubilación privada, origen de buena parte del déficit fiscal y de formidables ganancias a favor del capital parasitario de las AFJP.

6. Control de precios sobre las grandes cadenas de comercialización mediante la aplicación de la Ley de Abastecimiento y con intervención de las asambleas vecinales.

7. Control obrero de costos de las corporaciones formadoras de precios, con intervención de comisiones internas y cuerpos de delegados.

8. Utilización del crédito público con vistas a reabrir empresas bajo un régimen de autogestión de trabajadores, técnicos y empleados.

9. Suspensión del pago de la deuda externa, desconociéndola por su carácter ilegítimo y fraudulento.