En 1982 Alejandro Olmos inició la causa por la deuda externa argentina. Por este juicio pasaron cuatro jueces. El primero de ellos se planteó tres preguntas fundamentales aún hoy no respondidas por falta de documentación: ¿cuánto se debe?, ¿a quién se debe? y ¿por qué se debe? Los peritos nombrados por la justicia sostuvieron que, ante la falta de asientos contables, toda la información de la deuda vino de los supuestos acreedores y la consideraron ilegítima y fraudulenta. El juez Ballestero, luego de 7 años de tener el caso en sus manos -donde desfilaron todos los ministros de economía, directores del Banco Central y los de las empresas públicas desde 1976 a nuestros días- reconoció maniobras fraudulentas y sin contabilidad en la génesis de la deuda, dispuso la prescripción del único procesado Martínez de Hoz y, por considerarlo un problema político, lo envió al Congreso para su nueva investigación.

Esta deuda fue contraída a partir del terrorismo de estado implantado el 24 de marzo de 1976. En él tuvieron participación directa, por ser los autores intelectuales del golpe, los monopolios internacionales (pues no sólo fue en la Argentina sino en toda América Latina y países del tercer mundo) y el establishment local (Sociedad Rural, UIA, entidades bancarias y financieras) representados por el entonces ministro de Economía Martínez de Hoz y sus sucesores durante el proceso, entre otros, Aleman y Cavallo. Transformaron la economía productiva en especulativa; usaron las empresas del Estado como avales para sostener la timba financiera pergeñada por los monopolios e hicieron pagar al pueblo las consecuencias de esta maniobra. Ésta y no otra fue la verdadera causa del golpe del 76. Para implementar esta política económica necesitó asesinar y/o hacer desaparecer a 30.000 compatriotas.

Por el incremento de las luchas populares y la derrota de Malvinas el Proceso entró en crisis. En 1983 convocó a elecciones para continuar con una mal llamada democracia (en realidad es un sistema electoralista donde nos permiten elegir a nuestros propios verdugos) y sostener la continuidad de la política económica implementada por el Proceso. Durante la gestión de Machinea al frente del Banco Central en el gobierno de Alfonsín se documentó la deuda reclamada por los acreedores transformándola en bonos. En una palabra, la legalizó. Durante la gestión menemista, los supuestos acreedores compraron, a vil precio, con esos bonos las empresas del Estado.

Esta deuda no sólo es un mal en sí mismo. A través de ella se maneja la economía del país ya que nuestros gobernantes se transformaron en simples gerenciadores del FMI, Banco Mundial, etc. Léase: Alfonsín, Menem o de la Rúa al gobierno, el FMI al poder.

De esto se deduce que el golpe iniciado el 24 de marzo de 1976 no terminó sino que continúa. Los gobiernos elegidos -con la complicidad de todos los partidos políticos del sistema, con una justicia subordinada al poder político y con una CGT oficialista a partir del menemismo- siguen con aquella misma política económica; someten al país a la expoliación más descarnada jamás conocida en la historia argentina, imponen una política neoliberal de aduana abierta para la penetración de basura importada y permiten sacar las divisas del país. Esto provoca el cierre de fábricas y comercios, la quiebra de pequeños productores, tanto del campo como de la industria, y deja a cientos de miles de trabajadores desocupados y marginados, empuja a una baja de salarios de los que aún trabajan y soportan una explotación peor que la de principios del siglo XX.

Según datos oficiales se giran al exterior alrededor de 23.000 millones de dólares al año en concepto de pago de intereses de la deuda externa y servicios de cuenta corrientes. Esto hace imposible que se invierta en salud, educación, investigación o en lo que haga al bienestar y el desarrollo de una nación. Por el contrario, con la aplicación de las recetas impuestas por el FMI, los sucesivos gobiernos realizaron cada vez más ajustes que cayeron sobre las espaldas de los sectores populares. Este gobierno aplicó tres en 8 meses (dos bajas de salarios y un impuestazo) y dejó completamente desamparados a millones de argentinos. No es casual que en los últimos años haya aumentado notablemente la mortandad infantil (ya sea por desnutrición del niño, de la madre o de ambos) y resurgieron enfermedades del pasado (malaria, cólera, tuberculosis, entre otras) de una larga lista de pestes y calamidades que viene padeciendo nuestro pueblo desde marzo del 76.

Es lógico que, a partir de la toma de conciencia, los sectores populares busquen soluciones por fuera de las instituciones y organizaciones del sistema que nos llevaron a esta situación. Con la formación de Cabildos Abiertos y con la práctica de una democracia plena, directa, participativa y sin intereses mezquinos podremos revertirla. Debemos acompañar todas las luchas populares más allá de quienes las convoquen y propagar la instalación de Cabildos por todo el territorio de nuestra nación.

Así encontraremos las herramientas necesarias para colocar los resortes fundamentales de la economía al servicio de los sectores populares y castigar a los autores intelectuales y materiales del genocidio iniciado en marzo de 1976.