¿Qué representa el gobierno de Kirchner? ¿Un gobierno progresista, única alternativa ante la amenaza de la derecha, como advierten muchos de sus seguidores? ¿El régimen de la revolución democrática a que aspira el diputado Bonasso? ¿La expresión política de la burguesía nacional, orientada a reconstruir los fundamentos de un capitalismo autónomo?

El gobierno de Kirchner es producto del reflujo de masas que sucedió a la crisis político-institucional que estalló en diciembre de 2001. En aquel entonces una mayoría decisiva de la clase media, harta del carácter cerrilmente reaccionario del régimen aliancista, se movilizó en masa a la Plaza de Mayo y echó de la Casa Rosada al necio solemne que ocupaba la presidencia. Sin embargo la baja participación de la clase trabajadora, la ausencia de una organización y de una dirección política, dejó pendiente la cuestión del poder. La consigna central del período: “que se vayan todos”, una consigna sin programa, reveló en todo su alcance ese vacío político. Ni las asambleas barriales, ni los movimientos piqueteros, podían reemplazar el papel dirigente que los trabajadores están en condiciones de desempeñar en períodos de crisis de hegemonía como el que estalló a fines de 2001.

Bajo estas condiciones, la salida electoral y la recomposición de los partidos políticos y del viejo aparato institucional resultó inevitable. Así y todo las elecciones debieron celebrarse anticipadamente en abril de 2003, y el significado político de su resultado fue el contenido antimenemista de la mayoría de los votos. Kirchner comprendió inmediatamente en que sentido se orientaba la sociedad argentina tras una década de infamia, entrega y corrupción. En consecuencia, durante toda una primera etapa afirmó su gobierno en un fuerte embate contra los símbolos sobrevivientes del viejo régimen, como la Corte Suprema, el Pami o los generales de la dictadura, mientras mantenía sin modificaciones la política económica que el duhaldismo logró imponer a la salida de la convertibilidad.

Esa política en modo alguno representó una ruptura con el neoliberalismo de los años 90’. En diciembre de 2001, tras la caída de De la Rúa, se libró una sorda lucha entre dos bandos, ya diferenciados desde comienzos de la nueva década, dentro del bloque gobernante.

De una parte, el capital financiero bajo el mando de los pulpos multinacionales junto al capital extranjero invertido en las empresas públicas privatizadas, y de la otra, las fracciones de la gran burguesía local, cuyas ganancias dependen en buena medida de la valorización del capital productivo, se enfrentaron con vistas a decidir la suerte de la convertibilidad. Para los primeros la salida a la crisis era la dolarización que les permitiría mantener el valor de sus activos y, al mismo tiempo, girar sin pérdida los beneficios a las casas matrices en Europa o Estados Unidos. Para los segundos, que tenían fuertes capitales fugados en el exterior, la solución era la devaluación con pesificación de sus deudas dolarizadas en la plaza local: la diferencia de cambio multiplicaba la ganancia de las exportaciones, mientras la desvalorización del peso abarataba las reinversiones a realizarse mediante la repatriación del capital.

El duhaldismo logró imponer la segunda de las soluciones pero al precio de aceptar que la devaluación se hiciera con dólar flotante, condición impuesta por el Fondo Monetario, y una compensación millonaria a la banca por el desbalance de la pesificación. Rápidamente los resultados quedaron a la vista. En 2002 el 55% de la población se hundió bajo la línea de la pobreza, el salario perdió algo más de un cuarto de su poder adquisitivo, merma que en el caso de los trabajadores en negro (40% del total de masa laboral) llegó a 30%. Tras la devaluación los ingresos del 20% más pobre cayeron 35% y los de la baja clase media 30%. Simultáneamente la riqueza se concentró aún más: en el primer año de la devaluación el ingreso del 10% más rico de la sociedad resultó 30 veces superior al que recibió el 10% más pobre. En 1992, en los comienzos de la profundización neoliberal menemista, el núcleo privilegiado de la sociedad ganaba “sólo” 16 veces más que las capas más desprotegidas.

Acumulación, concentración y poder

De este proceso de empobrecimiento de la mayor parte de la sociedad argentina emergió triunfante la gran burguesía exportadora: alrededor de 700 grandes corporaciones, apenas 8% de las firmas de comercio exterior, que concentran el 90% de las colocaciones externas del país. Se trata de los grupos vinculados a la explotación de productos primarios y bienes agroindustriales, favorecidos por los altos precios internacionales de las materias primas. En la misma situación están los fabricantes de insumos industriales, especialmente la petroquímica o la siderurgia y las compañías petroleras. La estadística oficial da cuenta de esta situación. Así, por ejemplo, entre el primer trimestre de 2002 y el segundo trimestre de 2004 el precio de exportación de los productos de la soja aumentaron entre 50 y 70% y el de los aceites crudos de petróleo alrededor de 90%. Estos productos, junto con la gasolina (78% de incremento) fueron los que tuvieron las mayores mejoras en sus precios internacionales. Al mismo tiempo, la estructura exportadora ha tendido cada vez hacia una primarización. En efecto, si a mediados de los 90’ las ventas externas del complejo oleaginoso (soja, girasol y derivados) y del petrolero-petroquímico representaban 30% del total de las colocaciones del país en el exterior, en el 2000 esa proporción subió al 38%, y en 2004 saltó al 46%. En el mercado interno se produjo, mientras tanto, una fuerte transferencia de ingresos hacia las ramas que incorporan la menor proporción de valor agregado. Así, desde la devaluación en enero de 2002, el aumento de los precios de los productos primarios superó en 38% la variación del nivel general de precios mayoristas, y en 55% la suba de precios en la industria y en las usinas eléctricas.

Para esas grandes corporaciones, que obtienen buena parte de sus ganancias en los negocios de exportación, el costo laboral a mediados de 2004 resultó 40% más bajo que en cuarto trimestre de 2001. Al mismo tiempo se favorecieron con el aumento de la productividad laboral: 11% fue la variación respecto a 2002 como consecuencia de un incremento de más de 16% del producto fabril y una expansión mucho menor del empleo. Mayor productividad y abaratamiento del costo de la mano de obra, se tradujeron en una formidable apropiación del valor generado por la fuerza de trabajo por parte del capital. La consecuencia fue un aumento notorio de la tasa de explotación y del margen de rentabilidad empresaria. Al respecto, un reciente estudio de la CTA reveló que en 2003 las 100 compañías con mayor margen de beneficios, incrementaron sus ganancias 80% en comparación con los niveles de 2002.

Una fracción gravitante de esta burguesía constituye el núcleo hegemónico del capitalismo industrial en Argentina. Históricamente ha estado asociada en trama de negocios y en alianza política con el capital extranjero y con el establishment tradicional, organizado en torno a la Sociedad Rural, la Bolsa y la banca, y la Cámara de Comercio. Sus negocios se desarrollan desde hace décadas según la apertura financiera decretada por el ministro de la dictadura José Martínez de Hoz en 1977. Participó de la inversión especulativa asegurada por la tablita cambiaria de la segunda parte de los 70’, y luego fugó capitales, dejando una abultada deuda privada que luego Cavallo estatizó en 1982. En la primera mitad de los 90’, en sociedad con el capital extranjero, se enriqueció comprando con bonos desvalorizados de la deuda pública las empresas estatales, y siguió haciendo diferencias a favor del nivel de tarifas dolarizadas. Posteriormente vendió parte de los paquetes accionarios y volvió a fugar capitales a la espera de la devaluación.

Además de la exportación, para la gran burguesía la demanda está ubicada en las franjas de clase media hacia arriba. Teniendo en cuenta que casi la mitad de la población quedó por debajo de la línea de la pobreza y que una parte importante vive en la indigencia, el mercado interno ya tiene poco que ver con el mercado de consumo masivo que se desarrolló durante el período clásico de sustitución de importaciones, entre mediados de la década del 30’ y la mitad de los 70’. A partir de entonces se construyó un patrón de acumulación, en el cual el salario fue perdiendo gravitación como factor de demanda y se convirtió decididamente en factor de costo dentro del cálculo del capital monopolista, al punto que según un estudio de la Flacso, actualmente la remuneración media de los asalariados está aproximadamente 60% por debajo del nivel de comienzos de la década del 70’.

De la Patria Socialista al realismo capitalista

En este aspecto, decisivo por lo demás, el modelo económico que emergió tras el estallido de la convertibilidad, no ofrece un cambio sustancial respecto al modelo neoliberal profundizado en la década anterior. Se ha producido, es cierto, una modificación en la correlación de fuerzas dentro del bloque de clases gobernantes, tal cual lo refleja el cambio de precios relativos de la economía. Sin embargo, en lo fundamental, ese bloque mantiene su unidad. Sus contradicciones internas siguen siendo secundarias. Sobre este punto es ilustrativo el resultado de los balances de las grandes empresas en el primer semestre: los negocios más rentables resultaron el siderúrgico y el bancario. El primero por el aumento de los precios y el segundo por la aplicación del CER a los créditos pesificados.

El kirchnerismo se ha ajustado a esta situación estructural, del mismo modo que ha dado por definitivos la privatización de las empresas públicas, aún en las ramas estratégicas, el tramposo régimen de jubilación privada o el regresivo sistema impositivo. En su puja con el Fondo Monetario termina cediendo una y otra vez, al punto que el superávit de las cuentas públicas destinado a pagar la deuda externa de origen fraudulento pasará de 2,4% en 2004, a 3,2% en 2005, porcentaje que si suma el saldo fiscal a que están obligadas las provincias se acerca al 4% del PBI, más de 15.000 mil millones de pesos producidos por el trabajo nacional que irán a parar, en su mayor parte, a los bolsillos de los organismos financieros que dictaron, una a una, las medidas que provocaron la destrucción del aparato productivo en la década pasada, y de acreedores privados que especularon con tasas usurarias de interés. A estos últimos el gobierno les mejoró la oferta de pago entre 90% y más de 110%, al incorporar los intereses caídos desde la declaración del default.

Naturalmente, Kirchner no ha tomado, ni ha de tomar, medida alguna para impulsar la investigación que está cajoneada en el Congreso sobre la naturaleza fraudulenta de la deuda externa, según lo estableció un fallo judicial. En cambio, a pesar de la cesación de pagos el gobierno paga religiosamente cada vencimiento al FMI. De forma tal, al finalizar el año el organismo financiero habrá embolsado 10.000 millones de dólares desde la declaración del default.

En lo fundamental el kirchnerismo es una expresión de la pequeña burguesía progresista, cuyos integrantes de jóvenes ingresaron al peronismo a través del mundo de la JP y Montoneros, y de grandes se volvieron “realistas”, y ya de vuelta de la “utopías revolucionarias” pretenden ser los ejecutores de un programa de capitalismo nacional. Sin embargo seis décadas no pasaron en vano.

En el presente el capital está concentrado como nunca en manos de las corporaciones monopólicas, locales y extranjeras, mientras que el Estado juega un escaso o nulo papel en el proceso de acumulación. Por lo demás, si en 1945 se necesitó de una solución bonapartista para hacer lo que la burguesía nacional no estaba dispuesta a realizar, hoy esa solución es más problemática. A medida que el capital se ha ido concentrando, centralizando y extranjerizando, el contenido de las tareas antiimperialistas ha incorporado componentes de clase anticapitalistas, que hacen difícil la irrupción de equilibrios arbitrales como los que caracterizaron al peronismo.

El kirchnerismo refleja a su modo esta impotencia y a fuerza de realismo hace suyo el programa de los círculos más concentrados de la burguesía nacional. Comprobado el fracaso de la apertura transversal, dada la fragilidad política del progresismo de clase media, y agotado el momento en que podía despertar expectativas en un sector considerable de la sociedad, el gobierno se ha encaminado hacia un acuerdo con el duhaldismo, ahí donde mueren las ilusiones de la “revolución democrática”. Huérfano de apoyo de masas, sin una estructura sindical en la que confiar, Kirchner necesita asegurarse una cierta relación de fuerzas dentro de los aparatos institucionales; atributo que sólo pueden darle los gobernadores y legisladores del PJ, particularmente los de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, es precisamente ese mundo de los partidos del régimen (viejos y nuevos) y de las instituciones, el que se hundió en el descrédito a la luz de la crisis de representatividad que hizo eclosión en diciembre de 2001. Esa crisis no fue superada ni mucho menos. Reaparecerá antes o después, cuando se agoten las expectativas y esperanzas que aún subsisten; cuando el programa económico, clausuradas las condiciones internacionales altamente favorables que encontró desde la salida de la convertibilidad, traduzca a términos sociales, con mayor crudeza aún, sus contenidos de clase. En ese momento los antagonismos profundos de la sociedad argentina estarán nuevamente en el orden del día. Dependerá entonces de la actitud que adopte la clase trabajadora la posibilidad que la crisis alcance a expresarse en un programa, una organización y una dirección política y, en consecuencia, logre superar del nivel de diciembre de 2001.