Inesperadamente para el régimen ultraconservador de Washington, America del Sur se ha convertido en un activo frente de resistencia popular contra las políticas neoliberales de los años 90', e intentan profundizarse en el nuevo siglo bajo la forma de dictadura abierta del gran capital.

El resultado de las recientes elecciones en Bolivia constituyó el último de los acontecimientos significativos en esa dirección. Pero antes de esto hay que inscribir en la tendencia que lleva a un cambio en el balance de fuerzas regional, la crisis de diciembre pasado en Argentina que derribó a un gobierno sometido a los dictados del capital financiero transnacional, el fracaso de la contrarrevolución piloteada por la embajada norteamericana en Venezuela, el avance electoral del PT en Brasil, las movilizaciones contra las privatizaciones y los planes del FMI en Paraguay y Perú, y la resistencia del pueblo uruguayo contra el programa de ajuste del gobierno satélite de Batlle.

En Bolivia el Movimiento al Socialismo que sostiene la candidatura presidencial de Evo Morales, quedó en paridad de votos con los candidatos del régimen sostenidos por Nueva Fuerza Republicana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Los votos del MAS sumados a los del Movimiento Indio Pachacuti de Felipe Quispe, se acercan al 30% del total y en conjunto las dos organizaciones controlan un tercio del Congreso. El resultado expresa el repudio de las capas populares de la sociedad boliviana, particularmente del campesinado, a las políticas tradicionales seguidas por la dirigencia nativa bajo tutelaje del capital imperialista. Un vuelco del que en cierta medida puede reclamar mérito el embajador norteamericano. El diplomático transmitió el mensaje inconfundible de la mafia que controla los resortes del poder en Washington: en caso de que los bolivianos consagrasen presidente a Morales, uno los jefes de los movimientos campesinos contra los planes de erradicación de los cultivos de coca, el mercado del norte quedará totalmente cerrado para los productos del altiplano. Morales fue asimismo acusado de mantener vínculos con las FAR de Colombia y con el presidente Hugo Chávez. Cargos demoledores para el crédito de cualquier “demócrata” de estas latitudes. Sin embargo las masas explotadas y excluidas de la sociedad boliviana lo interpretaron de otro modo: Evo o Rocha (apellido del locuaz embajador), como hace más de cincuenta años atrás Perón o Braden, fue la consigna que unificó la voluntad popular contra la descarada intromisión imperialista.

Poco antes de las elecciones bolivianas, Paraguay fue el escenario de acontecimientos de similar significado. A mediados de mayo masivas movilizaciones de obreros, campesinos, estudiantes, docentes y empleados públicos se desarrollaron a lo largo y lo ancho del país para oponerse la política del usurpador González Machi, según ordenes de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, junto a sus aliados del establishment nativo. La masividad y combatividad de las masas paraguayas, alineadas en torno al Congreso Democrático del Pueblo, obligó al retroceso del gobierno: González Machi y sus secuaces retiraron del Congreso el proyecto de Ley Antiterrorista, exigida por la embajada norteamericana; igual suerte corrieron el proyecto de Ley de Fusión de las Entidades Públicas de Crédito, eufemismo que cubre el intento de privatización de la banca pública, la decisión de imponer el IVA a los productos agrarios y el plan de entregar en concesión a empresas privadas las rutas. Además el gobierno, jaquedado por multitudinarias marchas campesinas, una amenaza de huelga por 30 días y una iniciativa de juicio político, no tuvo más remedio que suspender la venta de la telefónica estatal. Días después, el Senado terminó por derogar la Ley 1615 que establecía el régimen de privatizaciones.

Inmediatamente, la corriente que subió al neoliberalismo en la cresta de la ola en los 90’, cambió bruscamente de dirección en Perú. A mediados de junio el gobierno de Alejandro Toledo tuvo que suspender la privatización de dos empresas de electricidad en Arequipa, la segunda ciudad del país, y en Tacna. Nuevamente la rebelión popular, que se extendió a todo el sur de Perú, frenó el plan entreguista de una dirigencia corrupta y domesticada. Las compañías Egasa y Egesur debían ser entregadas a la belga Tractebel, investigada por práctica de soborno bajo el gobierno de Fujimori. La certeza de que la privatización traería, como ocurrió en experiencias similares, despidos de trabajadores y encarecimiento del servicio, colocó en pie de guerra a la población a pesar del estado de sitio y la represión. Durante la campaña electoral, el Menem peruano había prometido que la privatización no se llevaría a cabo. “Arequipa en Revolución”, “Fuera Toledo”, fueron las consignas que afirmaron el espíritu de lucha de los peruanos. Finalmente el gobierno tuvo que levantar el estado de sitio en Arequipa, suspender el proceso privatizador a la espera de que se pronuncie la justicia ante un pedido de amparo, admitir el incumplimiento de la promesa electoral y pedir disculpas por las ofensas de sus funcionarios a los alcaldes y el pueblo que resistió la entrega.
¿Comienzan a soplar vientos de revolución en América Latina?