Repsol-YPF y la continuidad del saqueo de los recursos energéticos

Gustavo O. Lahoud

El pasado 22 de diciembre de 2009, las autoridades de Repsol- YPF presentaron un ambicioso plan de exploración y extracción de petróleo y gas que persigue el objetivo de reconstituir un horizonte de reservas de hidrocarburos que permitan sostener un esquema productivo sostenido en el mediano y largo plazo.

En líneas generales, el plan comprende una inversión del orden de los u$s 500 millones en exploración en áreas anteriormente exploradas y en otras que no registran operación alguna en la actualidad, mientras que, en toda la cadena del negocio hidrocarburífero, desde las operaciones upstream (extracción) hasta la refinación, transporte y comercialización (downstream), se prevé una inversión de otros u$s 1.200 millones, totalizando aproximadamente u$s 1.700 millones de inversión durante el 2010.

Por otra parte, se pauta una perspectiva de planificación exploratoria integral en alrededor de 250 bloques en distintas cuencas sedimentarias del país que actualmente no son operados por ninguna compañía. En este caso, el horizonte de inversiones planificado se extiende hasta el 2014 y supondría una inversión de por lo menos, unos u$s 5.000 millones en exploración y actividades productivas.

Ahora, más allá de los fríos datos descritos, es relevante profundizar en aquellos aspectos centrales que conforman la matriz estructural del negocio energético en la Argentina, uno de cuyos operadores fundamentales es Repsol-YPF.

En primer lugar, el denominado proceso de argentinización de Repsol-YPF, iniciado hace dos años a través de la entrada en la gestión de la empresa hidrocarburífera del grupo empresarial Eskenazi, empieza a mostrar un despliegue ya más ambicioso, en términos de la compleja trama de intereses políticos y económicos que hay detrás del mismo. En tal sentido, hay una proyección de largo plazo que está vinculada con la opcin estratégica del grupo empresarial mencionado, que intenta ser parte importante de una reconversión integral de todo el negocio hidrocarburífero en la Argentina. Pero, simultáneamente, juega otro elemento relevante, de más corto plazo, que está relacionado con las opciones políticas del gobierno kirchnerista, autor inconfundible de la mal llamada argentinización o nacionalización parcial trucha del recurso y, desde ese lugar, agente propiciador de la entrada del grupo Eskenazi en el negocio petrolero. En efecto, la entrada privilegiada de este grupo en el negocio del petróleo y el gas, va de la mano de la consolidación de un escenario político, económico y jurídico que, en materia de recursos naturales hidrocarburíferos, cristaliza un horizonte de juego oligopólico concentrado en todos los eslabones de la cadena, cuya contracara es la profundización del escenario estratégico de desguace y provincialización de los recursos, dificultando, de esa manera, cualquier proceso serio de planificación de la diversificación de la matriz energética nacional a largo plazo.

En segundo término, la presentación de cualquier plan de exploración y producción en un contexto de crisis estructural del modelo energético anárquico y desregulado, y con el agravante de que el Estado nacional se ha autolimitado en su misma autonomía y capacidad de acción en el papel rector y planificador de los recursos naturales hidrocarburíferos —lo cual ha sido aún más evidente luego de la sanción de la llamada Ley corta de 2006, que profundizó el esquema de provincialización de los recursos—, supone la consolidación de un escenario de hechos consumados, revestidos del sofisma de la llamada seguridad jurídica (tal como lo expusiera el mismo Eskenazi en la presentación del plan). Esto es así ya que, justamente, si hay un rol que las empresas esperan que el Estado nacional cumpla de manera eficiente en la actual coyuntura energética, es el de garante de las actuales condiciones jurídicas, políticas y económicas imperantes en el negocio del petróleo y el gas en todos los eslabones de la cadena.

Finalmente, un tercer eje analítico que es interesante abordar, está relacionado con las opciones estratégicas que empresas como Repsol-YPF toman en función de las características del mercado en una multiplicidad de aspectos que van desde lo puramente técnico hasta lo centralmente político pasando por las decisiones tomadas a partir del juego de los otros actores participantes. En tal sentido, la presentación anunciada por Repsol-YPF confirma que, en ese horizonte, las empresas siempre realizan una lectura sistémica de las condiciones múltiples existentes en el mercado, del juego de los otros actores, de la correspondiente configuración y correlación de fuerzas y de la mayor o menor capacidad de presión sobre las autoridades que ocasionalmente ocupan los cargos públicos en las distintas jurisdicciones del Estado.

En función de todo ello, los análisis parciales y segmentados, que sacan fotos estáticas de la realidad permanentemente, suponían, en el caso de Repsol-YPF, que la empresa estaba desinvirtiendo masivamente en todo el negocio hidrocarburífero y de la energía en el país, cuando, en realidad, lo que hacía y hace es encarar una diversificación profunda de sus intereses estratégicos en todos los eslabones de la cadena del negocio y en la planificación aún más amplia de todo el sector energético, contando, para ello, con la complicidad decisiva de la actual administración kirchnerista.

En definitiva, el horizonte de planificación de los recursos energéticos controlado —por un conjunto de empresas oligopólicas— estará cada vez más atado al negocio de las mismas, mientras que el Estado —bajo estas reglas— asegura la continuidad de la dependencia y del saqueo de los recursos, consolidando, de esa manera, un proceso estructural de apropiación de la renta hidrocarburífera y de desguace progresivo de la capacidad de decisión nacional en materia de recursos naturales estratégicos.