Octubre, seis décadas más tarde

Osvaldo Calello

La construcción de un amplio Frente Nacional de todas las fuerzas antiimperialistas constituye el principal problema del campo popular. La última expresión de este tipo de construcción político-social murió con su fundador, tres décadas atrás. Lo que sucedió desde entonces ha sido la lenta degradación del movimiento que, apoyado en las grandes masas populares, abrió el camino de la Argentina industrial durante las dos primeras presidencias del general Perón, encarnó la reivindicación democrática de soberanía popular durante 18 años de dictaduras y democracias proscriptivas, y finalmente, recuperó el poder cuando ya las condiciones del programa nacional burgués que se proponía llevar a la práctica, encerraban contradicciones que no estaba en condiciones de afrontar. De esta degradación política dan cuenta los últimos gobiernos justicialistas; el de Carlos Menem haciéndose cargo de los intereses del capital financiero internacional y de los negocios derivados de la privatización de las empresas públicas; los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ajustando su política a las exigencias de grupos exportadores ligados a la gran minería, el petróleo, la agroindustria y las industrias básicas. En todos los casos el Partido Justicialista en el gobierno reflejó el balance de poder establecido, sea cual fuera éste, en la cúspide de los círculos dominantes.

Sin duda, el problema de la construcción de un Frente Nacional Antiimperialista cae fuera del horizonte político, ideológico y moral de estructuras políticas definitivamente integradas en los cuadros del régimen semicolonial. Pero no sólo esto. Las condiciones históricas que posibilitaron la emergencia del peronismo en los años 40’, han cambiado radicalmente seis décadas más tarde. El movimiento encabezado por el entonces coronel Perón fue el resultado de una crisis de hegemonía que estalló en junio de 1943 y se resolvió, al fin, en octubre de 1945. Como en toda crisis de esta naturaleza su rasgo principal era la imposibilidad del bloque de clases dominantes de mantener su influencia política, intelectual y ética sobre un conjunto suficientemente vasto de clases subalternas. Varios factores de distinta naturaleza se fusionaron en una situación de crisis orgánica: el núcleo tradicional de la oligarquía terrateniente y sus partidos afines, no estaba dispuesto a aceptar rectificación alguna en un patrón de acumulación agotado tras la crisis de los años 30’, ni siquiera las adecuaciones necesarias propuestas por Pinedo desde el ala liberal de la Concordancia gobernante; la muerte en un breve período de tiempos de Ortiz, Alvear y Justo, jefes posibles de una combinación política que permitiera garantizar una salida institucional a un régimen fraudulento; la corrupción imperante, la nueva trampa electoral en ciernes que significaba la candidatura oficialista de Patrón Costas, los planes para precipitar al país en la guerra junto al bando del imperialismo democrático, en fin, el insoportable clima moral de la década infame…

Junto a estos síntomas de fin de época, gravitaron en el desenlace de la crisis dos presencias de importancia capital: el surgimiento de un ala nacionalista e industrialista en el Ejército, decidida a sostener la posición neutralista del país ante el conflicto bélico, y el desenvolvimiento de nuevas capas sociales vinculadas al mercado interno -la mediana y pequeña burguesía industrial y el proletariado fabril- surgidas al amparo del proteccionismo establecido de hecho por el régimen conservador, que se mantenían al margen, sin identificación alguna con las organizaciones políticas y sindicales de entonces.

En consecuencia, las condiciones para la emergencia de una fuerza política de naturaleza nacionalista, antiliberal, organizada en torno a un programa nacional burgués, estaban dadas. En ausencia de una dirección, un programa y una organización independiente de la clase trabajadora, y en presencia de una burguesía nacional estructuralmente débil, sin una conciencia que superase el límite de su interés corporativo, la solución que se impuso entonces adquirió un carácter bonapartista. Fuerzas estatales -la corriente de militares patriotas y distintos estamentos de la burocracia de Estado-, junto a las grandes masas obreras y populares, constituyeron el soporte político y social sobre el que se apoyó el general Perón durante la década de sus dos primeros gobiernos.

Hoy la situación es otra. Medio siglo historia nacional, en el que predominó la contramarea de la reacción, han afirmado los fundamentos de un capitalismo semicolonial, basado en transformaciones estructurales que modificaron de raíz el balance entre las distintas fuerza sociales. Argentina quedó firmemente integrada a un patrón de acumulación mundial en calidad de país dependiente, y en medio de un creciente proceso de concentración y de centralización del capital, cuyo rasgo distintivo es la presencia dominante de las corporaciones extranjeras en ramas claves de la estructura económica. La contrapartida de estos cambios fue el hundimiento social de una parte considerable de las masas populares, precipitadas a un estado crónico de pobreza o indigencia, la clausura de la etapa de sustitución de importaciones, la desindustrialización y primarización de la economía, la pérdida de posiciones y la fragmentación de la clase obrera fabril.

El ciclo nacional burgués quedó clausurado tras el golpe de Estado de 1976. La gran burguesía está asociada al capital extranjero, mientras que la mediana y pequeña burguesía empresarial nunca tuvieron una política propia. Al mismo tiempo las condiciones para la irrupción de una solución bonapartista se han reducido al mínimo. Mientras tanto, las diferencias y antagonismos de clase se han acumulado. Bajo estas nuevas circunstancias, plantear la reconstrucción del Frente Nacional es ubicarse en una línea de radicalización de las consignas nacionalistas-democráticas, entrelazadas con las demandas políticas de clase por parte de los trabajadores. Por cierto, las presentes luchas obreras de base señalan cambios importantes que tienen que ver con esta perspectiva.

Un tiempo atrás el diario El Cronista Comercial publicó una nota de Julián de Diego, uno de los principales abogados de las patronales, conteniendo una advertencia por demás significativa:

“…lo que ha crecido es un cierto estado de rebelión en el mundo laboral, que ni siquiera está promovido en forma explícita y mucho menos controlado por los sindicatos y sus líderes“.

Y más adelante, al señalar el impacto de este cambio, destacaba el surgimiento de dos nuevos niveles de representatividad:

* “los delegados que pasaron a tener un protagonismo clave, por sí, y por el entorno de poder que crearon, y por la competencia con los ex delegados, los que desean serlo, los líderes naturales, etc. , que conforman la vida sindical de cada empresa o establecimiento; y * “el estado asambleario creado en muchas empresas líderes o con grandes dotaciones, a propósito del cuestionamiento a la representatividad de los distintos estamentos de la estructura sindical, que no se caracterizó, por ser muy democrática”.

La valiente lucha de los trabajadores de la ex Terrabusi ilustra con dramática elocuencia, una reorientación de una parte de los cuadros y trabajadores de fila del movimiento obrero. Casos como este, que no es único en el gremio de la alimentación, como el de las autopartistas de la UOM, la construcción, la Unión Ferroviaria, los subtes, colectivos, petroleros, Zanón… encierran ciertamente una advertencia para la burguesía y la burocracia. Sistemáticamente, la contradicción entre la democracia de base, imprescindible para resolver los problemas de los trabajadores, y las direcciones burocratizadas, se hace presente cada vez que la combatividad de aquellos choca con la pretensión de la cúpula sindical de controlar el conflicto. Esta contradicción indica que el extenso ciclo sindical, que comenzó en los orígenes mismos del peronismo, se ha agotado. Hay que tener presente que este tipo de gremialismo surgió firmemente ensamblado al Estado bonapartista y al contenido nacional burgués de programa del 45’. La necesidad de su jefe de resistir las presiones de la oligarquía y el imperialismo, lo decidió a buscar el apoyo social imprescindible en el movimiento de las grandes masas trabajadoras. En aquel entonces el régimen militar del 43’, bajo inspiración del coronel Perón, procedió a una reestructuración de fondo del movimiento gremial, garantizando su unidad y, al mismo tiempo, estableciendo un férreo control sobre las organizaciones obreras. Perón interpeló al trabajador como sujeto sindical y se reservó el derecho de fijar la política del movimiento obrero. El tipo de política y de práctica sindical que derivaron de esta relación, es lo que está agotado.

Esta situación plantea el problema de la unidad del movimiento obrero sobre nuevas bases. Lo que enseña una ya extensa experiencia, es que la burocracia constituye un obstáculo de primer orden para la unidad. Sin embargo, para ser justos, es necesario señalar que el terreno por excelencia de la práctica sindical, el de la lucha económica, crea condiciones de fragmentación antes que de unidad. La unidad de clase trabajadora es ante todo un problema político. En tal sentido no puede depender de una Ley del Estado burgués que fije las reglas de funcionamiento. Hoy, a diferencia del 45’ el centro de gravedad del problema se ha desplazado hacia la base del movimiento, y este desplazamiento ha colocado la cuestión de la independencia de clase en el primer plano de la discusión. Pero en este punto es necesario advertir la existencia de una diferencia sustancial entre el clasismo abstracto, en definitiva una versión de corporativismo, y una iniciativa de construcción de una identidad política a través de un proceso de hegemonización. La clase trabajadora afirmará esa identidad en la medida en que asuma la representación del interés general, formulando una política nacional para el conjunto de los componentes del campo popular. Lo que equivale a decir que la construcción de una unidad política, ideológica, cultural y moral es, hoy en día, la tarea de capital importancia, dirigida a cambiar el sentido de la historia, tras más de tres décadas de reacción.