No hay nada que elegir

Socialismo Latinoamericano • Izquierda Nacional

El 28 de junio el oficialismo y la oposición partidocrática dirimirán fuerzas para ver quién se queda con la mayoría en la cámara de diputados y en los sucesivos escalones del aparato legislativo. Para el kirchnerismo esta elección es crucial al punto que el matrimonio presidencial ha llegado a advertir que una derrota precipitará al país en el caos, y por consiguiente se perderá lo realizado en seis años de gobierno. En realidad nada de esto ocurrirá. Entre el oficialismo y la oposición hay más intereses en común que antagonismos que los enfrenten.

El kirchnerismo es la expresión característica de una pequeña burguesía carente de política independiente, cuyo “progresismo” de los primeros tiempos y sus sueños de transversabilidad, superadores del viejo peronismo, se transmutaron pragmáticamente en una fusión con el aparato del PJ, a poco que las limitaciones de clase y las urgencias electorales tomaron por el cuello a los improvisados innovadores.

Néstor Kirchner alcanzó el poder gubernamental luego que las movilizaciones populares de diciembre de 2001, que derribaron al gobierno neoliberal de radicales y frepasistas, entraran en reflujo y posibilitaran la recomposición de las viejas fuerzas políticas que habían sido repudiadas por las masas en la calle. Kirchner, como antes Duhalde y luego Cristina Fernández, gobernó sobre la base de un pacto con las grandes corporaciones de la industria, la construcción, la minería, el petróleo y los grupos exportadores; pacto que le otorgó al gran capital más de cinco años de ganancias extraordinarias. A cambio, el kirchnerismo obtuvo el firme respaldo entre los cuadros dirigentes de la Unión Industrial y de la Cámara de la Construcción y una actitud favorable de la Asociación Empresaria Argentina, el mayor polo patronal de capital local y extranjero. Al mismo tiempo fortaleció su poder de negociación frente al capital monopolista, centralizando al máximo los resortes institucionales y avanzando en una serie de nacionalizaciones de empresas privatizadas por el menemismo, cuyo ciclo de negocios estaba cerrado o habían entrado en crisis.

El programa resultante de esos acuerdos no alteró las transformaciones estructurales producidas por la contrarrevolución de marzo de 1976 y profundizadas por el gobierno de Menem. De forma tal, hoy en día gravitan plenamente sobre el patrón de acumulación el régimen de inversiones extranjeras, los tratados de protección al capital de las multinacionales, el código minero, la matriz petrolera construida por el menemismo y una estructura impositiva que hace más regresiva aún la distribución del ingreso, resortes típicos de una situación de dependencia semicolonial.

Hacia la “izquierda” el gobierno estableció un acuerdo con la CGT, mediante el cual los dirigentes sindicales se comprometieron a contener la presión salarial, en niveles compatibles con las altas tasas de rentabilidad que caracterizaron durante sus años de esplendor al denominado “modelo productivo”. Este acuerdo está fundado en concesiones que han reforzado el control de la burocracia sobre el aparato de los sindicatos y las obras sociales.
El programa gubernamental, sujeto al pago de una deuda pública de origen fraudulento, y el sistema de alianzas correspondiente, funcionaron exitosamente hasta mediados de 2008, momento en que el frente de tormenta desatado por la crisis mundial del capitalismo comenzó a repercutir sobre la economía local. Por entonces se agravó la disputa con las corporaciones patronales rurales por la distribución de la renta agraria, y el círculo de las clases dirigentes quedó sometido a una fuerte tensión interna. Pero no sólo esto. El choque de intereses desató una fuerte presión sobre el aparato gobernante y provocó importantes desprendimientos en el partido y el gobierno, especialmente en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que han puesto en cuestión el futuro del ciclo kirchnerista. Al mismo tiempo, pasado el período de prosperidad y de ganancias excepcionales, en la UIA ha comenzado a discutirse el apoyo al gobierno, mientras que desde la Cámara de la Construcción su presidente lanzó un grito de alerta: “Hay que cuidarse del avance del sector público sobre la actividad privada”.

Pero si los gobiernos de Duhalde, Kirchner y Cristina Fernández estuvieron lejos de sostener un programa de transformaciones en condiciones de revertir más de tres décadas de reconversión neoliberal, ¿qué decir de la oposición partidocrática? Radicales, cívicos, socialdemócratas, macristas y peronistas disidentes, constituyen una expresión abiertamente antinacional, imbuida de los prejuicios de las capas más conservadoras de la clase media, y orientada según el discurso reaccionario que imponen los medios masivos de difusión.

Imbuida de un moralismo pequeñoburgués y presa del culto a un ritual institucional vacío de contenido, a esa oposición le irrita la inclinación del kirchnerismo a hacerse con la suma del poder público, y a intervenir estatalmente en áreas reservadas al dominio exclusivo del capital. Así, esa oposición partidocrática se unificó en bloque junto a las patronales durante la disputa por la renta agraria; se opuso decididamente a la estatización del fraudulento sistema de las AFJP y, finalmente, denunció que el país iba camino a transformase en Venezuela cuando se abrió el debate en torno a un sistema de radiodifusión dominado por monopolios mediáticos, que construyen la “opinión pública” según el discurso de los círculos de los grandes negocios contrarios al interés general.

Si el kirchnerismo nunca estuvo dispuesto a romper con un pasado neoliberal que aún pesa sobre el presente, sus opositores constituyen una expresión hipócrita y miserable de una Argentina semicolonial que sobrevive a su tiempo. Ninguna de las maquinarias electorales que medirán fuerzas el 28 de junio constituye alternativa alguna para el país. Es entre los trabajadores, ocupados y desocupados, en las capas de la pequeña burguesía empobrecida, entre las grandes masas explotadas, donde está encerrado el futuro. Ese conjunto de fuerzas populares, democráticas y antiimperialistas constituyen la base social de un gran Frente Nacional resuelto a llevar a la práctica un programa revolucionario que recupere los recursos básicos del país en poder del capital imperialista, estatice el comercio exterior, nacionalice la banca, expropie los monopolios de la prensa, la radio y la televisión y abra paso a una patria liberada en camino hacia la unidad socialista de América Latina. Este frente se organizará de abajo hacia arriba, y en sus primera filas de combate estará la izquierda nacional militante, continuidad histórica de las mejores tradiciones del movimiento obrero y popular.