Todo depende de los trabajadores, los jóvenes y la militancia

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La muerte del ex presidente Kirchner provocó un vuelco en el balance de fuerzas entre el gobierno y la oposición. Para comprobarlo basta echar un vistazo a los comentarios políticos de la gran prensa que hasta ayer daba por concluida la experiencia kirchnerista tras las elecciones de 2011, y hoy huye de los pronósticos como de la peste. La prudencia está más que justificada. La oposición partidocrática, esperanza de un recambio en salvaguarda de los “valores de la República”, se ha dispersado y algunas de sus fuerzas corren riesgo de desintegrarse. En realidad no podía haber ocurrido de otro modo. Se trata de partidos que frente al oficialismo carecen de un programa alternativo. El secreto de su unidad residía en una oposición cerrada, fundada en un mítico republicanismo liberal, máscara de una democracia colonizada regida según el interés de los círculos más concentrados del capital. El ex presidente era el blanco central de la crítica de ese credo institucionalista, y su desaparición dejó al desnudo la indigencia política y conceptual de los dirigentes opositores. Ahora el cuadro político está dominado por el quiebre producido dentro del bloque de diputados radicales, dividido por la lucha de poder entre alfonsinistas y cobistas; la desintegración del peronismo federal; la crisis en la bancada legislativa del PRO, fracturada por la capacidad del gobierno en comprar voluntades; las mediáticas puestas en escena de Carrió y, por fin, por el carácter oscilante de la política de Proyecto Sur, cuyo jefe, en referencia a los grandes medios de prensa opositores, hace poco declaró: “atacarlos me parece un acto de suicidio político”. El kirchnerismo confirió un carácter trágico a la muerte de su jefe y elevó a la categoría de relato épico el discurso antioligárquico y antimonopólico. Por ahora no hizo más que eso. De las iniciativas que tomó el gobierno de Cristina Fernández en los últimos días hay dos que se destacan. La primera es la decisión de pagar la ilegítima deuda contraída por la dictadura cívico-militar de 1976 con el Club de París, con la finalidad de reiniciar el ciclo de endeudamiento en los “mercados”, vale decir con el capital usurario. La segunda es la iniciativa de concertar un pacto social entre los trabajadores, el Estado y los empresarios. “Les confieso que hay dos sectores importantes de la economía en los que me siento muy cómoda: son los empresarios industriales y la CGT. Creo que son los dos vínculos más fuertes que se han dado en un modelo económico como el que se dio desde el 2003”, declaró recientemente Cristina Fernández durante la Conferencia Anual de la Unión Industrial. Ciertamente la gran burguesía fabril y los sindicatos fueron los apoyos fundamentales en los buenos años del “modelo productivo”, y no está descartado que el gobierno intente volver a la añorada combinación inicial. Por lo pronto ha puesto en el orden del día el pacto social. Para la política que desarrolla el kirchnerismo –una suerte de neodesarrollismo- el componente burgués es orgánicamente necesario; lo es, además, si tiene en cuenta la necesidad de establecer un contrapeso al poder que ha ganado la corriente que lidera Moyano en la CGT. Sin embargo, ¿cuál es la previsible naturaleza social de un pacto que incluya salarios, precios e inversiones entre los sindicatos y el gran capital dominante en las principales corporaciones patronales? En la conferencia industrial Paolo Rocca, jefe del grupo Techint, además de cuestionar el proceso de primarización que soporta la economía argentina, señaló una exigencia típica de esa burguesía: “tenemos que poder contratar empleados tercerizados para desarrollar nuevos proyectos; los excesivos costos laborales sólo hacen que crezca el empleo en negro”. Desde ya que de iniciar las negociaciones, todas las fracciones del capital se han juramentado en imponer el abandono o el congelamiento del proyecto de reparto de ganancias y control de las cuentas empresarias. La situación es característica. La industria está utilizando casi a pleno equipos e instalaciones; el fuerte aumento de las importaciones registrado este año responde en su mayor parte a compras destinadas a la producción fabril; la tasa de ganancia nuevamente describe una marcada curva ascendente y, sin embargo, no hay nuevas inversiones. Simplemente, el capital responde a la demanda adicional aumentando precios y comercializando productos extranjeros. En las condiciones de una política gubernamental cuya retórica difiere notoriamente de los hechos, un acuerdo político entre el Estado, los sindicatos y esta burguesía, no hará otra cosa que confirmar las líneas estructurales de un modelo, cuyo avance sobre el neoliberalismo ortodoxo no altera en absoluto las bases construidas por la contrarrevolución del 76’ y ampliadas por el menemismo.  Sin embargo el gobierno no está fatalmente condenado a confinarse en los límites de su programa, a menos que por tal fatalidad se entienda la naturaleza de clase de la pequeña burguesía progresista que encarna en sus cuadros dirigentes. Pero esta es una verdad de alcance general y como tal de valor relativo. En cambio los hechos están ahí. La muerte de Néstor Kirchner no sólo conmocionó a la mayor parte de la sociedad argentina; también puso de manifiesto la existencia de una corriente de adhesión espontánea, especialmente entre las capas jóvenes de origen popular, dispuesta a tomarse en serio el imaginario construido por el discurso oficial en la disputa con los monopolios de prensa, el bloque agrario y la vieja partidocracia liberal. Esta presencia, que poco a nada tiene que ver con el Partido Justicialista, desmiente el argumento kirchnerista de que el gobierno no puede avanzar más porque no lo permite la relación de fuerzas. Medidas de contenido popular-democrático como el gravamen a la renta financiera o la restitución plena de los aportes patronales, entre otras, caen dentro de un balance de poder que no es estático, sino cambiante, siempre y cuando exista la voluntad política de reunir todas las fuerzas disponibles para dar batalla. Lo cierto es que los problemas de fondo que sacó a la luz la crisis de diciembre de 2001 permanecen pendientes y que su resolución queda fuera del círculo del posibilismo gubernamental. Esa crisis resultó sintomática. Está en formación (de modo lento, molecular pero inevitable), una voluntad colectiva de signo nacional, democrático y antiimperialista. Sobre este terreno habrán de profundizarse las nuevas experiencias de la clase obrera y las grandes masas populares, y también habrán de formarse los cuadros de una militancia despojada de prejuicios conservadores y “pragmáticos”, y resuelta a ocupar las primeras líneas en las luchas que se avecinan. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/721/