16 Jul 2012
¿Río+20 o Río-40?
La Cumbre de la Tierra convocada por la ONU se realizó este año en Río de Janeiro (Río+20) entre los días 20 y 22 de junio, con asistencia de representantes gubernamentales. Veinte años antes, la Cumbre de la Tierra de 1992 se había celebrado ya en la misma sede. De forma paralela, desde el 13 de junio y con asistencia de organizaciones no gubernamentales, se desarrolló la denominada Cumbre de los Pueblos.
El resultado fue un fiasco, tal como lo había sido en diciembre del 2011 la Cumbre Climática en Durban, Sudáfrica. Allí se derrumbó el protocolo de Kyoto, Canadá renunció a éste y los acuerdos que se alcanzaron recién entrarían en vigencia en el año 2020. ¿No se suponía que no teníamos tiempo que perder, que cualquier demora traería consecuencias catastróficas? Desde las cumbres climáticas de Copenhague y Cancún, la ONU ha instado a adoptar la “economía verde”, que ahora sorprende y horroriza a la Cumbre de los Pueblos en Río+20.
Hace 40 años, el Club de Roma lanzó su informe Límites del crecimiento, efectuado por el Massachusets Institute of Technology (MIT) por encargo de Aurelio Peccei, presidente del club y hombre de la Fiat y de Olivetti. La financiación estuvo a cargo de la Fundación Volkswagen de Alemania. Como se puede apreciar desde sus comienzos, en la Cumbre de la Tierra aparece el sesgo empresarial. El informe pretende darles seriedad científica a los postulados ecologistas, pero carece del rigor adecuado: todos los análisis y pronósticos catastróficos ignoran la índole histórica (es decir, perecedera y modificable) de la estructura económico-social capitalista, que aparece como una constante. No se contempla la existencia del imperialismo que es, precisamente, la parte de la humanidad que depreda y contamina.
A mediados de los años ochenta, apareció el informe Nuestro futuro común de la ministra noruega Gro Brundtland, quien introduce la idea del desarrollo sustentable, entendiendo como tal aquel que “atiende las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan sus propias necesidades”. El “compromiso con el desarrollo sustentable” se ha puesto en práctica mediante diversos acuerdos multilaterales ambientales administrados por la ONU (protocolos de Kioto sobre el calentamiento global; de Cartagena sobre bioseguridad; de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; de Montreal sobre la capa de ozono, etcétera). Esto entraña una devaluación de la toma de decisiones local e implica una pérdida de soberanía para los países suscriptores. Es decir, las políticas se piensan primero en el primer mundo, que domina los foros internacionales, y luego se promueven acciones en los países del tercer mundo, con la consiguiente profundización de su dependencia.
La existencia de agendas ocultas de corporaciones transnacionales que están a la pesca de nuevos negocios, así como la evidente utilización de dichos tratados como arma geopolítica por los países imperialistas, no es advertida o parece tener sin cuidado a muchos de los líderes políticos del tercer mundo, quienes participan en la formación de burocracias ambientales en sus países, configurando con las de los países imperialistas y la propia burocracia de la ONU una burocracia ambiental internacional que emplea cuantiosos recursos en su mantenimiento, que a estas alturas depende de la difusión de la supuesta crisis ambiental para su supervivencia, y que distrae recursos escasos de los problemas verdaderamente urgentes, con lo que configura un despilfarro genocida.
Las ONG ambientalistas vieron en el concepto del desarrollo sustentable la oportunidad de incidir en las políticas ambientales, de manera que muchas comenzaron a hablar el mismo idioma que los países más industrializados, lo que las acercó a los centros del poder político y las llevó a participar en las cumbres de la tierra y en todas las convocatorias de la ONU.
Las empresas privadas promueven soluciones favorables al mundo de los negocios por medio de asociaciones con ONG, gobiernos y la ONU. En la Cumbre de Johanesburgo, en el 2002, se hicieron más de 280 asociaciones público-privadas (APP), lo que puso en evidencia el grado de cooptación de las ONG por el mundo de los negocios. Para las empresas, esto significa subcontratar la legitimidad; las ONG confieren una aprobación moral al comercio de las emisiones.
Ejemplos de APP significativos son: la Mesa de Soja Sustentable, en la cual se asociaron la conocida WWF (ONG fundada por la casa real británica, Príncipe Carlos Presidente), Unilever (inglesa), Grupo André Maggi (de Brasil y el mayor productor individual de soja del mundo) y otros; la Mesa Redonda de Palma Aceitera Sustentable, suscripta entre la WWF, Unilever, Malaysian Palm Oil Association y otros.
En la cumbre de Río 2012, a la que la Cumbre de los Pueblos señala como “fracaso”, se concretaron muchas de estas APP: entre la ONU y las ONG, 72 convenios; entre empresas, 226, y entre universidades y escuelas, 243 asociaciones. La economía verde impulsada por la ONU sigue avanzando.
