02 Mar 2012Declaraciones
Restablecimiento de la administración estatal de los ferrocarriles bajo control obrero
La reciente tragedia ferroviaria de la estación Once ha señalado la precipitación de una crisis terminal. Las muertes de 51 trabajadores y las heridas de otros 700 no fue obra de la fatalidad, ni se debieron a que el siniestro ocurriera en un día laborable en lugar de ocurrir en un feriado, ni pueden ser explicadas como una desgracia que cada tanto ocurre aquí y en otros lugares del mundo, como señaló con inmutable estupidez el primer funcionario a quien el gobierno mandó a abrir la boca, en medio del desconcierto reinante en Palacio.
La responsabilidad por esas muertes y lesiones tienen nombre y apellido: la concesionaria TBA y los funcionarios del gobierno encargados de ejercer el control de su gestión. Precisamente esa gestión es sintomática de la presencia de una burguesía prebendaria, enriquecida a la sombra del Estado a través de negocios desarrollados en un clima de corrupción. No otra cosa es el grupo Cirigliano, favorecido por el desmantelamiento y privatización del sistema ferroviario en la década infame menemista, y luego protagonista en las primeras líneas del intento gubernamental de constituir una burguesía palaciega instrumentado por el kirchnerismo.
El gobierno estaba perfectamente al tanto de la gravedad de la situación. El último informe que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) entregó un año atrás al secretario de Transporte, era más que explícito sobre los peligros que encerraba la infraestructura, el material rodante, el sistema de señalización y telecomunicaciones y el tendido de la red eléctrica del sistema ferroviario, ante la falta de mantenimiento y la desinversión. Los sucesivos informes de la Auditoría General de la Nación son aún más terminantes.
De cara a esta crisis la presidente Cristina Fernández, además de defender la política ferroviaria del kirchnerismo, sólo atinó a decir que la Auditoría nunca había formulado un pedido de rescisión de ninguna de las concesiones, como si ésa fuese la función de la Auditoría, y no hubiese bastado la elocuencia de las denuncias que contenían los informes que el Ejecutivo prefirió ignorar.
No hay necesidad alguna de esperar el pronunciamiento de la Justicia respecto de las causas del siniestro de Once para saber la decisión que hay que tomar. El grupo Cirigliano y por extensión el resto de los concesionarios no pueden seguir administrando las compañías ferroviarias. Esa solución, adoptada dos décadas atrás, correspondió a un plan de reconversión neoliberal del país que inició la contrarrevolución de marzo de 1976 y profundizó el menemismo. La estructura jurídica que aún subsiste (leyes de reforma del Estado, de entidades financieras, carta orgánica del Banco Central, etc) y sus implicancias prácticas (privatizaciones), deben ser desmontadas como parte de un programa de recuperación de las decisiones soberanas del país.
Sin embargo en este caso no se trata sólo de la restitución al Estado de su condición de administrador común de un servicio público. Son los trabajadores y los técnicos ferroviarios, a través de los mecanismos del control obrero, la más sólida garantía de gestión transparente y honesta al servicio del interés común, decisión que constituye el capítulo irremovible de un programa nacional, democrático y antiimperialista.
Socialismo Latinoamericano
