- Editorial
- Artículo cargado el 17/02/2010 - 18:15
Pelean por pagar una deuda que es ilegítima
La crisis del Banco Central que enfrenta al oficialismo con la oposición de centro y de derecha, puso en claro que las diferencias se dirimen sobre una base que es común a las posiciones en pugna. El gobierno reivindica su derecho al control sobre la política monetaria y financiera mientras que sus opositores reclaman el respeto a la autonomía de la entidad. Esa autonomía significa lisa y llanamente mantener a la autoridad monetaria en la órbita de gravitación del capital financiero internacional y de sus agentes locales. En consecuencia, una de las primeras exigencias de un programa nacional-democrático es la de poner fin a esa dependencia y recuperar un resorte de importancia estratégica para la orientación del proceso de acumulación de capital. Pero entre esta demanda y las intenciones del gobierno hay una diferencia más que apreciable: ¿un Banco Central bajo el mando de un connotado representante del parasitismo financiero como es Mario Blejer, antiguo funcionario del FMI, del Banco de Inglaterra y del Banco de Israel, o como antes lo fue Martín Redrado, designado en el cargo por el ex presidente Kirchner?
En definitiva, el plan del gobierno es hacerse de parte de las reservas para garantizar el pago de la deuda (o, simplemente, saldar una parte de los vencimientos de 2010), pagarles a los acreedores que no entraron en el canje y también al Club de París, iniciativas con las que espera crear las condiciones para retornar más adelante a los “mercados”, e iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. Desde su punto de vista, que prescinde de juzgar sobre la legitimidad de la deuda, es indiscutiblemente más conveniente aplicar reservas a su pago que tomar crédito a tasas que para el país oscilan en torno al 15%.
La oposición de radicales, cobistas y cívicos, unidos en esta cruzada a macristas, peronistas disidentes y seguidores de De Narváez se han juramentado en la defensa de la autonomía del Banco Central, pero coinciden con el oficialismo en la necesidad de regularizar la relación con los prestamistas internacionales y pagar todas las deudas, además de reestablecer relaciones plenas con el FMI. La llave de su programa es un fuerte ajuste fiscal para poner fin al desequilibrio en que han caído las cuentas públicas en el último año. Se trata de una típica política anti-obrera y anti-nacional, que lleva directamente al aumento de la explotación y empobrecimiento de las masas trabajadoras.
En consecuencia, el oficialismo y el grueso de la oposición coinciden en lo fundamental. La deuda debe ser pagada. Tal como dijo la presidenta Cristina Fernández “no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo”. Según su sabia reflexión el momento de investigar la deuda fue el de Alfonsín, durante el primer gobierno constitucional tras la dictadura. Curioso criterio. En 2006 el gobierno de Néstor Kirchner pagó de una vez y por adelantado 9.900 millones de dólares al FMI, y presentó la decisión como un acto de soberanía nacional. El 80% de esa suma era parte de la deuda contraída por el gobierno de De la Rúa mediante la operación conocida como “blindaje”, y fue utilizada para financiar la fuga masiva de capitales de 2001 con la complicidad de las autoridades del organismo financiero. Esto fue establecido por una auditoría interna del FMI, entidad que en su carta orgánica prohíbe expresamente maniobras de este tipo. ¿Tampoco en ese momento era posible declarar ilegítima esa deuda? El doble discurso kirchnerista queda al desnudo cada vez que lo que está en juego es la dignidad y la soberanía nacional.
En junio del 2000 el juez Ballesteros en la causa iniciada por Alejandro Olmos contra José Alfredo Martínez de Hoz emitió un pronunciamiento, entre cuyas conclusiones figura el siguiente párrafo: “Ha quedado evidenciado en el trasuntar la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y se promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener la política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado”. Martínez de Hoz, procesado en esa investigación quedó sobreseído por prescripción de la acción penal, pero el juez giró las actuaciones al Congreso, poder, que de acuerdo con la Constitución, es el encargado de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Sin embargo los legisladores, con el mismo “realismo” de la presidenta Fernández, mantienen desde hace diez años archivado el molesto presente.
Si algo ha probado la crisis institucional originada en la lucha por el control del Banco Central, es la coincidencia básica en torno a la cual dirimen posiciones oficialistas y opositores. Unos y otros inscriben sus programas en el horizonte petrificado de un país semicolonial, y se ajustan disciplinadamente a su papel principal que es el de reproducir, con variantes, los mecanismos centrales de la dependencia. Cuando la crisis orgánica que no quedó cerrada tras la recomposición del régimen en 2002, reaparezca con toda su fuerza,
las grandes masas trabajadoras y populares organizadas en un vasto Frente Nacional Antiimperialista, los expulsarán definitivamente de la escena histórica.
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