• Editorial Periódico 
  • Artículo cargado el 13/08/2009 - 00:03
LA BUROCRACIA ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA LA UNIDAD OBRERA

Ni Cavalieri, ni Moyano

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La unidad de la clase trabajadora es, ante todo, un problema político, que tiene como punto de partida la democratización de las organizaciones obreras y la conquista de una posición de clase independiente

La reciente lucha interburocrática librada dentro de la CGT sacó a la luz, una vez más, los límites en que se desenvuelven las direcciones sindicales, y su distancia respecto de los intereses de trabajadores. La crisis terminó, transitoriamente, luego de un pedido de disculpas de Hugo Moyano y la intervención directa del gobierno. El secretario general de la central obrera había comenzado el enfrentamiento recordando que sus enemigos eran los traidores que en la década del 90 habían apoyado la derogación de los derechos obreros bajo el régimen menemista, y terminó lanzándoles un patético llamado de reconciliación.

La confrontación revistió todas las características de una puja palaciega, en la que se jugaba el control sobre una parte de la caja de las obras sociales y el reparto de las esferas de influencia en la cúpula de la central obrera. Los enemigos del secretario general aprovecharon la mala elección del oficialismo el pasado 28 de junio para echarle en cara su manejo discrecional del poder y el alineamiento con el kirchnerismo; los descalificaron y buscaron su desplazamiento. Sin embargo, la oposición de la Casa Rosada a tales planes obligó finalmente una transacción de resolución incierta. Sin duda los autores del intento —Cavalieri, West Ocampo, Pedraza y Lescano— y quienes como Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez mantuvieron una posición menos definida, junto con Barrionuevo y sus socios, representan lo peor de la dirigencia sindical. Una burocracia corrompida de directivos enriquecidos, empresarios de múltiples negocios, cómplices de la entrega de los recursos naturales y de los principales resortes de la economía, y de la liquidación de buena parte de la legislación obrera, sustituida por la formas más brutales de explotación laboral, durante el reinado menemista, y aún bajo el gobierno de la Alianza.

A su vez, Moyano y sus aliados constituyen una burocracia conservadora, que compartió con la burguesía monopolista, nucleada en la Unión Industrial, el apoyo a los gobiernos de Duhalde, Kirchner y Cristina Fernández; una burocracia que nada tuvo que decir frente a decisiones gubernamentales escandalosas como el veto a la Ley de de protección de los glaciares y el posterior contrato con Barrick Gold para la explotación de Pascua Lama, o la nueva vuelta de tuerca que significó la provincialización del dominio sobre los recursos hidrocarburíferos y la inmediata extensión del contrato con British Petroleum y Pan American para explotación de Cerro Dragón, en la Patagonia, pero que sí habló para oponerse a las nacionalizaciones de las empresas de Techint en Venezuela, argumentando que Perón nunca había aconsejado ese tipo de medidas, olvidándose, entre otras, de la nacionalización del Banco Central o de la Corporación de Transportes de Buenos Aires bajo el gobierno militar del que el futuro jefe del movimiento popular formaba parte y, por supuesto, la de los ferrocarriles durante su primer gobierno.

Esa dirigencia, agrupada en el MTA, constituyó una línea de resistencia obrera en la segunda mitad de los 90’ frente al menemismo y posteriormente, durante el gobierno de la Alianza. Sin embargo, el brusco giro de los acontecimientos de diciembre de 2001 la sorprendió sin programa ni política, ante las implicancias de una situación que escapaban al horizonte de una perspectiva centralmente corporativa. Ausente de los acontecimientos que pusieron fin al gobierno de De la Rúa, la CGT jugó un papel conservador en el período siguiente y formó parte de las fuerzas que apostaron a la restauración de una institucionalidad fraudulenta, descalificada en el curso de la lucha de masas en las calles. En marzo de 2002, cuando todavía las distintas piezas del régimen no habían terminado de asentarse, Moyano, titular entonces de una de los dos CGT en que estaba dividido el movimiento obrero, dejó en claro los límites y la orientación de esa dirigencia. “Todo el mundo sabe que si no viene la ayuda del Fondo esto puede ser un caos, es una realidad”, declaró en un reportaje de La Nación publicado el día 18. Muy lejos habían quedado los programas antiimperialistas de La Falda y Huerta Grande levantados en el período de la resistencia peronista, así como el Programa del 1º de Mayo de la CGT de los Argentinos en los tiempos de la dictadura de Onganía. 

Lo cierto es que el campo abierto por la crisis estaba más allá de la reivindicación por el salario o las condiciones de trabajo; mucho más allá de las posibilidades de los sindicatos como grupo de presión. Lo que estaba en juego era la institucionalidad existente, la unidad ideológico-cultural del régimen, las relaciones de dominación y de sujeción, en fin, la capacidad del discurso dominante de interpelar las identidades de las clases subordinadas. Pero la limitación para afrontar la nueva perspectiva abierta, en modo alguno mantendría a la dirigencia de la CGT al margen de la lucha fraccional que estalló en los círculos gobernantes por imponer una solución de clase a la crisis. Fue así que la victoria de la gran burguesía ligada al negocio exportador, incorporó a la burocracia sindical al campo de fuerzas convergentes en el programa posmenemista.

Desde un punto de vista más general, la presente descomposición de la cúpula burocrática no es otra cosa que la manifestación parcial de un fenómeno más vasto, caracterizado por la descomposición del sistema de fuerzas que en su momento conformaron el movimiento justicialista. Bajo los dos primeros gobiernos de Perón, los sindicatos, verticalmente vinculados al aparato del Estado, fueron la organización más sólida que tuvo el régimen popular para resistir las presiones de la oligarquía y del imperialismo y, al mismo tiempo, el reaseguro para mantener a los trabajadores en los límites de un programa nacional-burgués. Caído el peronismo en 1955, las organizaciones obreras se convirtieron en el epicentro de la resistencia y, posteriormente, hasta el golpe de Estado de junio de 1966, en el soporte del programa y de las ideas que la burguesía nacional nunca había llevado adelante. El vandorismo resultó la fuerza sindical característica de ese período. Su política —convertir a los sindicatos en grupo de presión interno al orden existente— fue posible en un periodo de marcada inestabilidad política, en cuyo transcurso las contradicciones de los círculos dominantes permitía cierto juego táctico con alguna de sus fracciones en contra de otras.

Sin embargo, la recomposición del bloque gobernante que significó primero el golpe de Onganía en 1966 y, definitivamente, la reestructuración que sobrevino tras la contrarrevolución de marzo de 1976, puso fin al ciclo abierto a mediados de los años 30’ y con el, a las condiciones bajo las cuales se desarrolló el sindicalismo peronista. El curso de los últimos treinta años, caracterizado por una transformación del patrón de acumulación y el consiguiente proceso de fuerte concentración y centralización del capital, simultáneo a una importante reducción del componente obrero-fabril de la clase trabajadora, desarmó políticamente a las direcciones sindicales, las redujo a un papel subordinado respecto del poder de turno la mayor parte de las veces o, a la impotencia en otras.

En el presente los intereses de la burocracia sindical son el principal obstáculo para la unidad del movimiento obrero. Esa unidad está constantemente amenazada por un proceso de fragmentación que divide a la fuerza laboral en trabajadores en blanco, trabajadores en negro, subocupados y desocupados, con importantes brechas en los niveles salariales, las condiciones de trabajo y los derechos laborales. Sin embargo, el problema no tiene solución en la esfera de la lucha económica, ya que esta lucha no se propone transformar las condiciones de fondo sobre las que desarrolla el proceso de reproducción del capitalismo semicolonial. La unidad de clase trabajadora es, ante todo, un problema político, que tiene como punto de partida la democratización de las organizaciones obreras y la conquista de una posición de clase independiente, que a diferencia del clasismo abstracto de la pequeña burguesía izquierdista, busca realinear en torno a un programa de Frente Antiimperialista a las distintas fuerzas del campo nacional-popular.

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