Los trabajadores han advertido que no van a abandonar sus posiciones sin lucha

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La detención del delegado general de la línea del ferrocarril Sarmiento, Rubén Sobrero y de Leonardo Portorreal tiene todas las características de una operación de judicialización de la protesta obrera. La única prueba “consistente” que los involucra, el testimonio de uno de los supuestos autores de la quema de vagones del pasado 2 de mayo carece de la mínima verosimilitud, según la admisión del propio juez, mientras que la actitud de los policías, demorando casi cinco meses en poner en conocimiento de la justicia este testimonio, indica de hasta que punto se trata de una causa armada. Sobrero y Portorreal fueron detenidos un viernes y liberados un lunes, cuando ya era pública y notoria la endeblez de los cargos que se les imputaban. El juez decidió la liberación, según explicó, luego de escuchar el descargo de Sobrero. ¿Necesita su señoría enterarse de que no son los trabajadores quienes destruyen sus fuentes de trabajo sino, por el contrario, quienes las defienden? ¿Acaso no tenía conocimiento del estado deplorable de la línea Sarmiento, expuesta constantemente a posibles accidentes por falta de mantenimiento por responsabilidad de sus administradores privados y estatales? Apenas se produjeron las detenciones el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió a decir que “en el expediente hay elementos más que suficientes para detener por asociación ilícita” a los gremialistas. El hecho de que el expediente estuviese herméticamente cerrado bajo el rótulo “secreto del sumario”, no fue obstáculo para que el gobierno conociese su contenido y procediese de inmediato a dar pleno apoyo al accionar de la justicia. Síntoma elocuente que señala quién está detrás de las detenciones. Aníbal Fernández es el mismo funcionario que en mayo pasado atribuyó a Pino Solanas la responsabilidad de la quema de vagones sin aportar la más mínima evidencia; es el mismo personaje que siendo intendente de Quilmes se escapó de la justicia escondido en el baúl de un automóvil. Su credibilidad es nula. Se trata del típico personal de Palacio, que en casos como éste sólo abre la boca cuando recibe instrucciones desde arriba. Las acusaciones que hoy pesan sobre delegados y activistas del ferrocarril Sarmiento se inscriben en una tendencia creciente de criminalización de las luchas obreras y sociales, imperante en círculos judiciales definidamente clasistas, en algunos casos asociados al interés de los gobiernos de turno; tendencia por demás significativa si se tiene en cuenta el manto de impunidad que rodea a los ladrones de guante blanco (y no tan blanco) en casos notorios de corrupción gubernamental o delitos gravísimos como el contrabando de armas a Ecuador y Croacia y la voladura del polvorín de Rio III. Los trabajadores tomaron debidamente cuenta del significado de los intereses que se dirimen en torno al caso de la línea Sarmiento y, desde la CGT hasta las fracciones radicalizadas de los sindicatos, estrecharon filas. Es cierto que la burocracia tiene sus propias razones para solidarizarse con los compañeros detenidos. Sin embargo, más allá de los intereses particulares, lo que está en juego es el derecho democrático de los trabajadores a luchar por sus reivindicaciones sin tener que afrontar la amenaza de ser criminalizados. En este punto la unidad de clase es lo que prevalece; constituye una advertencia a las patronales, la justicia y el propio gobierno de que las posiciones conquistadas tras la crisis de diciembre de 2001 no van a ser cedidas sin lucha. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/881/

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