La situacion energética en Bolivia

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Introducción El objetivo de este artículo es intentar descifrar y luego describir algunas claves que marcan la evolución de la actual coyuntura energética en Bolivia. En tal sentido, en la construcción del análisis se parte de la consideración de un conjunto de factores que son tanto contextuales como centrales a la problemática energética del país. En efecto, la idea de encarar una somera descripción del contexto está vinculada al conocimiento de los ejes de debate político, social y económico que, desde la llegada de Evo Morales al poder hace algo más de dos años, se han constituido en una parte fundamental del devenir político-institucional y que han incidido tanto en la toma de decisiones en materia energética como en los diagnósticos que los distintos actores políticos realizan sobre la mencionada coyuntura. Por otro lado, en la consideración de la temática propiamente energética, se parte del análisis de los puntos centrales de la política aplicada por la administración Morales —que son, en buena medida, la verificación de un proceso de cambios profundos encarados en la gestión de la energía en el país y que se comprenden a la luz del difícil proceso político boliviano en el que la cuestión hidrocarburífera y, más específicamente, el debate en torno al recurso energético del gas cobraron centralidad en el debate público— y, simultáneamente, se aborda la situación del mercado petro-gasífero, los principales actores y los vínculos regionales estratégicos para Bolivia que están condicionando fuertemente las capacidades de producción del complejo hidrocarburífero. Aquí remitimos, esencialmente, a la Argentina en primer lugar y luego a Brasil. Finalmente, se señalarán algunas conclusiones parciales que intentarán cruzar la descripción del contexto socio-político y el proceso en marcha en el orden de la gestión de la política pública de la energía a fin de establecer posibles parámetros que permitan cuanto menos orientar el tono y el perfil de las decisiones futuras en materia energética. El contexto socio-político en Bolivia y la introducción de los recursos naturales en el debate público La realidad política boliviana está surcada por dos ejes de debate que son el resultado de la crisis institucional desatada a partir de la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada en octubre de 2003. Esos ejes señalados son, por un lado el amplio debate generado a partir de la disputa por el manejo y control de los recursos naturales y, por el otro, el conflicto político-institucional vinculado a la reforma constitucional puesta en marcha por la Administración Morales. En efecto, la problemática de los recursos naturales aparece en primer plano no sólo a partir de los discursos y propuestas de las organizaciones políticas y sociales, sino que es en sí misma un eje estructurante de los procesos político-institucionales, socio-económicos y hasta étnico-culturales que la sociedad política boliviana está viviendo. En tal sentido, una de las decisiones más importantes que el gobierno de Evo Morales tomó en función de esa agenda activa de los recursos naturales, fue la instrumentación del Decreto Supremo 28701 del 1º de mayo de 2006.[1] A través del mismo, se puso en marcha la denominada nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos, cumpliendo, con ello, lo que efectivamente se había prometido a la comunidad durante la realización de la campaña electoral. En el siguiente punto se desarrollan brevemente las principales características de la política energética propiciada por el mencionado decreto. Aquí es importante señalar que la problemática de la recuperación de la soberanía nacional en materia de planificación de los recursos naturales hidrocarburíferos no es solamente el resultado de una organización político-partidaria que lo ha establecido como eje de sus reivindicaciones, sino que ha sido la resultante real de un profundo debate interno en la sociedad boliviana, cuyo punto culminante fue la caída de Sánchez de Losada en octubre de 2003, luego de un incesante crescendo del conflicto socio-político generado en torno a la cuestión de los recursos naturales y a la recuperación de la planificación, control y regulación desde el Estado de las sensibles áreas de los servicios públicos, uno de cuyos ejes de conflicto fue la denominada Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000.[2] En efecto, la agudización de las pujas intrasocietales por el control de los recursos naturales desde el año 2000, no ha hecho más que desvelar un escenario político-institucional caracterizado por una creciente deslegitimación política y social, una pérdida del carácter representativo de la democracia boliviana y, lo que ha sido aún más pernicioso, la virtual enajenación y desapropiación de los bienes públicos estratégicos para el desarrollo de la comunidad: los recursos naturales, la desarticulación del Estado tanto en su rol de garante del acceso igualitario a los servicios públicos básicos para el conjunto de la población como en el papel de control y regulador de la actividad económica y la extranjerización de la economía boliviana vinculada al denominado proceso de “capitalización” liderado por el primer gobierno de Sánchez de Losada, que terminó por consolidar la referida enajenación de los principales activos estratégicos del país (minerales e hidrocarburíferos). Ciertamente, ese es ya un proceso conocido y sobre el cual mucho se ha debatido. En tal sentido, en la presente coyuntura es importante remarcar otro aspecto esencial para comprender el eje de debate en relación a los recursos naturales. Generalmente, en los análisis político-institucionales y socio-económicos sobre Bolivia, hay una arista de la problemática vinculada a la dimensión de lo étnico-cultural que no se refleja adecuadamente en términos de su peso específico en la misma definición de la acción política de los actores. Lo que se quiere señalar con ello, es que la cuestión de la emancipación política y recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales ha sido y es un gran objetivo de la lucha política encarada por los movimientos indígenas y campesinos. Así, más que hablar sobre la existencia o no de una práctica política teñida por un proceso de etnización —que puede ser una discusión casi interminable por sus implicancias y efectos de todo tipo— es importante dar cuenta que la temática planteada es parte de la realidad de construcción política planteada desde los movimientos sociales e indígenas-campesinos desde hace ya varios años. Por otra parte, el segundo eje sobre el cual es preciso trabajar a fin de dar cabal cuenta de este escenario contextual, es el vinculado a la Reforma Constitucional, proceso que se inauguró con la convocatoria a un Referéndum en julio de 2006 a partir del cual quedó constituida una Asamblea Constituyente que tendría como objetivo central la construcción de una nueva institucionalidad en Bolivia. La evolución de este proceso político en estos casi dos años ha estado marcada por la intensificación del conflicto político y social entre cosmovisiones diferentes sobre una cantidad de temáticas entre las que está, justamente, la cuestión de los recursos y, más específicamente, los alcances del nuevo encuadramiento de la actividad hidrocarburífera, minera y agraria en el país. De hecho, los niveles de confrontación han sido tan extremos, que hoy por hoy se está ante un escenario político-institucional de profunda gravedad, ya que la oposición afincada en las regiones del Oriente boliviano- donde están asentados buena parte de los recursos hidrocarburíferos- ha rechazado de plano la nueva Constitución promovida por el MAS en el poder y sus aliados y se ha lanzado a la construcción de su propia agenda política vinculada con las denominadas autonomías. A su vez, un aspecto adicional que se ha reinstalado en la agenda pública desde el oficialismo, es la alta probabilidad de convocar a un Referéndum revocatorio de los mandatos de todas las autoridades ejecutivas del Estado boliviano (Presidente, Vicepresidente, Prefectos), lo cual contribuye a enrarecer más aún el clima altamente conflictivo.[3] Para ir cerrando este punto, resulta evidente que, del resultado de estas dos premisas o inferencias descriptas y analizadas, se desprende un diagnóstico altamente volátil, marcado por una profunda crisis institucional en la que el debate en torno a la política hidrocarburífera se ha instalado como uno de los componentes centrales que explican los preocupantes niveles de conflicto político que están poniendo en riesgo la estabilidad política del país. Ahora, ¿cómo afecta este escenario la evolución de la agenda energética en el país? Para tratar de responder, aunque sea con algunas premisas y señales, se aborda en el siguiente punto los ejes centrales de la política energética llevada adelante por la Administración Morales y, a su vez, se exponen algunas problemáticas acuciantes en relación a los hidrocarburos, identificando a los principales actores empresariales y algunos de los países con los que Bolivia intenta construir hoy una agenda energética que le permita salir del actual marasmo. La agenda energética y su evolución en los últimos dos años A los pocos meses de la asunción al poder de Evo Morales la problemática energética entró de lleno en el debate público a través de una primera señal política que fue la promulgación del Decreto Supremo 28.701 del 1º de mayo de 2006, a través del cual se dispuso —tal como se dijo en el punto anterior— la nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos. Como antecedentes importantes de esa medida, se puede señalar la adopción de una nueva Ley de Hidrocarburos que entró en vigencia hacia mediados de 2005 luego de ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso boliviano durante el gobierno de transición de Carlos Mesa Gisbert, quien sucedió a Gonzalo Sánchez de Losada tras su caída en octubre de 2003.[4] Esta legislación promovió, fundamentalmente, un nuevo esquema de distribución de la renta hidrocarburífera sustentado en la decisión previa que declaró a estos recursos naturales como propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano en cumplimiento de los artículos 135, 138 y 139 de la Constitución Política del Estado boliviano, confiando su administración y planificación al Estado nacional como único agente habilitado a tales efectos. Por cierto, esta medida fue el resultado directo de los sucesos previamente señalados y que derivaron en la realización de una consulta popular en julio de 2004[5] en la que, básicamente, se ponía en debate la cuestión de la propiedad de los recursos y, por el otro lado, el rol que el Estado debería cumplir en su calidad de representante de todos los bolivianos. Aquí es importante señalar que, en efecto, no se estaba haciendo otra cosa que cumplir con lo que la misma Constitución Política del Estado boliviano dice, ordena y reglamenta en referencia a los recursos naturales. Por ende, se comprende que la medida adoptada por Morales se dio en un marco más que propicio para avanzar en una agenda de decisiones que buscaban consolidar un nuevo reparto de poder en el juego petro-gasífero boliviano. Uno de los ejes centrales establecidos en ese decreto fue la recuperación del rol estratégico de la empresa estatal de hidrocarburos YPFB, que no era más que un actor residual en el mercado energético boliviano luego de la adopción de las políticas aperturistas y desreguladoras durante la administración de Sánchez de Losada. Esta decisión significaba la recuperación de una empresa testigo en el mercado, lo cual se materializaría a través de la operación de YPFB en toda la cadena del mercado hidrocarburífero, esto es, la exploración y extracción de gas y petróleo, como también la refinación y comercialización de los productos derivados. Nótese la centralidad y la conflictividad creada por este eje de la política energética, cuando se observa que, transcurridos dos años de la promulgación del mencionado Decreto, el Gobierno boliviano no ha podido implementar efectivamente este cambio estructural a causa, entre otros factores, de la carencia de un horizonte claro de financiamiento que, de existir, le hubiera permitido a YPFB comenzar a operar en toda la cadena del mercado hidrocarburífero. En tal sentido, se está hablando de un componente central en toda planificación de una actividad económica extractiva de esta magnitud, como es el de las inversiones necesarias para extraer el gas y el petróleo y, además, para consolidar el mencionado papel de YPFB como empresa testigo en el resto de la cadena del mercado. En efecto, a través de esta medida central, se intentó, por un lado, consolidar el nuevo escenario presente a partir de la decisión anterior vinculada al remozado esquema de distribución de la renta gasífera y petrolera —que, básicamente, elevaba el monto de recursos provenientes de la actividad extractiva transferidos al Estado nacional a un 50% entre regalías e impuestos directos— y, simultáneamente, ejercer un monopolio en la comercialización, transporte y distribución de los combustibles a través de YPFB. 1) En Bolivia la Ley de Hidrocarburos establece las regalías y participaciones de la siguiente manera: Hidrocarburos existentes • 11% Regalía Departamental en favor del departamento productor de los hidrocarburos. • 1% Regalía Nacional Compensatoria a favor de los departamentos de Beni y Pando. • 6% Participación TGN/YPFB. • 13% Regalía Nacional Complementaria en favor del TGN. • 19% Participación Nacional. Hidrocarburos Nuevos • 11% Regalía Departamental a favor del departamento en el cual se produce los hidrocarburos. • 1% Regalía Nacional Compensatoria a favor de los departamentos de Beni y Pando. • 6% Participación TGN/YPFB. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. En tal sentido, las medidas adoptadas al cumplirse dos años del Decreto de nacionalización, intentan relanzar este proceso cuyo avance se ha visto dificultado como consecuencia del efecto combinado de la crisis político-institucional vinculada al reclamo autonómico de los departamentos de la denominada media luna oriental (con Santa Cruz a la cabeza) que escenifican claramente una puja abierta por el control de los recursos hidrocarburíferos —que en un 85 % están asentados en Santa Cruz y Tarija— y de la imposibilidad de implementar buena parte de los nuevos contratos que el gobierno boliviano comenzó a negociar desde el segundo semestre de 2006 hasta comienzos de 2007. En ese segundo componente se podían observar por lo menos dos aspectos a señalar. Por un lado, se generó una fuerte disputa centralizada en el tipo de contratos bajo los cuales se ceñirían las actividades extractivas de las empresas. En línea directa con el proceso de nacionalización, el Gobierno intentó poner en marcha acuerdos de extracción bajo la figura de locación de servicios, lo cual suponía el reconocimiento de la soberanía del Estado boliviano sobre los recursos (léase, sobre las reservas) y el pago subsecuente por parte de los operadores privados de regalías (esto es, el monto a pagar por el derecho al usufructo de un bien natural que es propiedad del Estado boliviano y cuya explotación genera riqueza o lo que más frecuentemente se conoce como renta), como así también el derecho de reembolsar un beneficio por la operación de los campos, cuyo valor concreto podía oscilar entre un 50 % y un 20 % en función de la menor o mayor capacidad productiva de los pozos de gas y petróleo explotados. Es este punto, se pueden mencionar las frecuentes críticas de Andrés Soliz Rada, quien fuera hasta septiembre de 2006 el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Tras su salida del Gobierno, relacionada con las fuertes pujas en torno a los criterios a utilizar en las renegociaciones con las empresas extranjeras como también con el papel de Brasil y Petrobrás como principal empresa gasífera y petrolera en Bolivia, entre otras cosas, se puso en evidencia un fuerte conflicto afincado en las percepciones diversas sobre la forma en que el Gobierno estaba encarando las negociaciones con las empresas y la política energética en sí misma. A su vez, otro de los aspectos fuertemente planteados por el mencionado funcionario fue la necesidad de cumplimentar uno de los puntos vitales del Decreto de Nacionalización, que señalaba que se debían realizar las auditorias a las compañías petroleras que operaban en el país, a fin de utilizar sus resultados para permitir a YPFB firmar nuevo contratos en condiciones más ventajosas para el Estado boliviano, ya que se suponía que estas operadoras habían cometido distintos tipos de fraudes y especulaciones en el conjunto de la cadena hidrocarburífera.[6] El segundo aspecto a mencionar, es el vinculado a la viabilización de las inversiones necesarias para ampliar la capacidad productiva de los campos en explotación y, además, para pautar, hacia el futuro, la planificación de nuevas áreas extractivas que requerían importantes sumas a ser volcadas en las tareas de exploración. Este punto es clave y remite, más elocuentemente que cualquier otro, al actual escenario de inmovilismo en que está empantanada la política energética del Gobierno. Por cierto que, al hablar de ello, cobran visibilidad los principales actores que operan en el mercado energético, aspecto que se tratará seguidamente. Finalmente, y como colofón de todos estos aspectos señalados, la política energética planteada por el Gobierno de Evo Morales buscaba consolidar un proceso de industrialización integral en Bolivia, para cuya materialización se hacía necesario encarar una planificación estratégica desde el Estado que permitiera agregar valor y calidad productiva al recurso gasífero. Este eje era y es paradigmático de la crisis político-institucional por la que atraviesa el país, ya que permitía visualizar el tipo de proceso extractivo que había primado en Bolivia hasta fines de 2003, básicamente vinculado a la sobreexplotación de las reservas de gas y petróleo existentes con una finalidad netamente rentista: el recurso como un commodity que genera divisas a través de los saldos exportables pero que tiene impacto nulo y/o negativo a la hora de analizar si promovió algún tipo de desarrollo inclusivo, con mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos y, fundamentalmente, con presencia de una planificación concreta que le posibilitara a la actividad gasífera y petrolera erigirse como una verdadera industria integrada, con generación de valor agregado y con impactos económicos y sociales favorables y visibles para toda la comunidad. Desde el punto de vista de quien escribe estas líneas, se observa que este debate —legítimo desde donde se lo mire— está aún muy lejos de ser saldado. Los actores relevantes en el tablero energético y la relación con Brasil y Agentina En este punto se intentan identificar, por un lado, los actores empresariales más relevantes y, por el otro, las visiones de los gobiernos involucrados —particularmente Brasil y Argentina— como actores centrales en esta tríada mediada en una proporción importante por los intereses energéticos y las percepciones cruzadas en torno a ellos. En tal sentido, ¿cómo es hoy el escenario protagonizado por las empresas extranjeras que operan en Bolivia y por los Gobiernos vinculados con la Administración de Evo Morales en un modo que es estratégico para todos los actores? Aquí se observan dos grandes jugadores con intereses importantes en la extracción en las regiones del Oriente del país. En primer lugar, Petrobrás —empresa de capitales mixtos de origen brasileño que opera aproximadamente sobre un cuarto de las reservas de gas y petróleo— que es hoy el actor más relevante en la actividad y el que, además, ha tenido conflictos con distintos matices en estos dos años como consecuencia de las medidas nacionalizadoras del Gobierno. Los ejes del debate cruzaron desde la problemática de la renta, pasando por el estatus de los contratos, el traspaso del control de activos en el área de refinación (Petrobrás controlaba dos destilerías que, mediante un acuerdo negociado que reconoció compensaciones pecuniarias fueron traspasadas al control de YPFB durante 2007), el régimen de las inversiones y la concreción de las mismas en plazos y montos y, finalmente, el mismísimo vínculo con Brasil, ya que Petrobrás es una empresa mixta controlada estratégicamente por el Estado brasileño. Por ende, aquí se desprende la óptica empresarial vinculada a la evolución de la política energética y, simultáneamente, el vínculo Bolivia-Brasil que está fuertemente condicionado en el corto y mediano plazo por la problemática del aseguramiento de los despachos de gas boliviano al mercado brasileño, pero que cruza, también, cuestiones político-diplomáticas en las que Brasil actúa con un margen de maniobra distinto, más pronunciado y menos acotado a la visión estrecha del análisis de la política energética en sí misma. El otro actor relavante es Repsol-YPF Bolivia, que ha tenido una fuerte presencia en el mercado a través de su ex empresa controlada, Andina S.A. con intereses en extracción de gas y petróleo y comercialización de productos derivados. Esta era una de las empresas cuyos activos debían pasar a manos de YPFB según lo señalado por el Decreto de nacionalización que sostenía que, como parte de las nuevas condiciones de operación establecidas por el Estado boliviano, el control estratégico y operacional de la firma debía ser asumido enteramente por la estatal YPFB. Justamente, transcurridos dos años de aquellas medidas, se ha comunicado oficialmente que Repsol-YPF ha sido la única empresa que se ha avenido a aceptar los términos normados por el Decreto sellando su salida a través de un acuerdo negociado que transfiere el paquete accionario y los activos de la empresa Andina al nuevo actor controlante que es YPFB.[7] Por otra parte, había otras tres empresas: Chaco S.A. (controlada por el consorcio Pan American Energy-British Gas); Transredes (cuyo accionista más importante es el fondo de inversión de origen británico Ashmore que comparte el manejo de la empresa con Shell); y la Compañía de Logística e Hidrocarburos Boliviana (CLHB, controlada por capitales peruanos y alemanes). La primera de estas empresas remite al tercer actor relevante en el escenario energético boliviano, Pan American-British Gas, que hasta ahora se ha mostrado inflexible a la hora de acordar una salida negociada para la transferencia de su paquete accionario y de sus activos físicos. En la misma situación está Transredes, que es básicamente una empresa operadora de ductos, es decir, con presencia en el sector de transporte de combustible y la CLHB, que opera en la comercialización de combustibles. En relación a estas tres empresas, la Administración Morales ha decidido asumir de hecho la conducción de las mismas por parte del YPFB, situación que abre un compás de espera y de incertidumbre si se lo analiza a la luz de la delicada situación político-institucional del país. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que, en este período de dos años, la voluntad política del Gobierno boliviano ha sido consolidar este proceso mediante una salida pactada de las referidas empresas con reconocimiento de compensaciones por el traspaso de activos y acciones. Desde otra arista del análisis, es importante mencionar el vínculo Bolivia-Argentina a la luz de lo que se ha negociado desde ambas Administraciones en lo que respecta al suministro de gas boliviano al mercado argentino. En tal sentido, el acuerdo firmado en junio de 2007 preveía el aumento gradual de los suministros de gas, comenzando en 2007 con un volumen de 7,7 millones de m3/d, hasta completar un suministro del orden de los 27,7 millones de m3/d a ser cumplimentados gradualmente desde 2010 hasta el año 2026 en que finaliza el contrato. Asimismo, se negoció una actualización de la tarifa pagada por la Argentina, que pasó de los us$ 2 por millón de BTU (medida expresada en unidades térmicas británicas) a un monto de us$ 5.5 por millón de BTU en 2006 (en el presente es de us$ 7,8 A su vez, se puso en marcha una licitación internacional para la construcción de un nuevo gasoducto, el GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino) cuyo objetivo central sería el de suministrar gas natural por redes a la región del Noreste argentino, cuya población jamás ha tenido acceso al fluido. Tanto este proyecto, como el de la construcción de una planta separadora de líquidos en Yacuiba —totalmente financiada por el Gobierno argentino— están hoy literalmente estancados.[8] En tal sentido, una de las posibles alternativas es la conformación de una sociedad mixta entre YPFB y Enarsa para explorar y explotar áreas reservadas para YPFB, a fin de aumentar lo antes posible el volumen de gas suministrado al mercado argentino. Es importante recordar que estos emprendimientos se han puesto en marcha con el objetivo de avanzar en la integración gasífera regional. Estos ejes de la agenda están hoy en el centro del debate en el vínculo bilateral, ya que Bolivia no ha podido honrar los acuerdos firmados mientras que, simultáneamente, ha decidido privilegiar la mayor presencia del mercado brasileño al que le exporta un promedio de 28 millones de mm3 diarios de gas, lo cual, sumado a las mayores necesidades del mercado interno boliviano, terminó por poner en serios aprietos el suministro de gas a la Argentina, situación que se evidenció durante el año 2007. En verdad, la problemática vinculada al incumplimiento de los niveles de abastecimiento al mercado argentino, cruza indefectiblemente las agendas de Brasil, Argentina y Bolivia tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Esto es aún más explícito si se piensa en el objetivo estratégico compartido por los tres países de cara a la construcción de una integración física energética cada vez más sólida y complementaria. Es que esa agenda, para ser viable, requerirá de la conciliación de los intereses de los tres países, en un delicado equilibrio geopolítico regional no exento de desafíos y peligros, si se lo analiza a la luz de la difícil y conflictiva coyuntura político-institucional boliviana. Algunas claves de la dificultad de Bolivia para garantizar el abastecimiento de gas a la Argentina En 2008 Argentina tiene una “garantía de abastecimiento” de 4,62 millones m3/d. YPFB aseguró que no podrá cumplir con los volúmenes garantizados conforme nota remitida a ENARSA, razón por la cual solicita una addenda al Contrato para adecuar las entregas a su conveniencia. Si dicha addenda establece una disminución del suministro por debajo de la cantidad diaria garantizada en el Contrato, esto resultara perjudicial para Argentina, y Bolivia no correrá riesgo de percibir multas al respecto. Ello explica la demora en firmarse una addenda entre ENARSA e YPFB. La disminución en el suministro gasífero por parte de YPFB a la Argentina registrada desde del cuarto trimestre de 2007 a la fecha- muy por debajo de los despachos garantizados por contrato- se debe a diferentes variables: 1) escasa inversión en explotación por parte de los productores gasiferos; 2) deficiente gestión del gobierno boliviano en términos de un debido contralor a las empresas para que cumplan con la seguridad jurídica de sus clientes, considerando que las reglas de juego establecidas en 2006 fueron aceptadas por todas las empresas productoras de hidrocarburos; 3) escasez de recursos humanos altamente calificados en los organismos públicos relacionados con el sector (YPFB, Ministerio de Hidrocarburos, etc.); y 4) la enorme presión ejercida por parte de Petrobras sobre la Administración Morales con el objetivo de garantizar el suministro al mercado brasileño, lo cual constituye un obstáculo más para la normalización del abastecimiento destinado a la Argentina. Algunas pocas conclusiones o, más bien, interrogantes A modo de reflexiones finales, se estima importante señalar dos ejes de análisis que están directamente conectados con las premisas que han guiado este artículo. En primer lugar, el debate abierto sobre la Reforma Constitucional, la distribución espacial-territorial y sectorial del poder, el rol del Estado y de las instituciones y, fundamentalmente, los reclamos autonomistas —que contienen un abanico complejo y amplio de reivindicaciones que van desde posturas radicalizadas en pos de la autodeterminación y la consecuente fragmentación territorial del país, hasta aquellas otras que postulan un reformismo que permita distribuir mejor y más equitativamente los recursos materiales y financieros del país— está agudizando la percepción de creciente inestabilidad y de alta volatilidad del conflicto político-institucional. En ese contexto, en el que predominan posiciones de suma cero, está inserto el debate sobre los recursos naturales en general y, más específicamente, las abiertas disputas generadas a partir de las decisiones que la administración Morales ha tomado en materia de política energética. Por ende, una primera conclusión —y que es más un interrogante— conduce hacia un escenario de creciente inestabilidad en el que los dos ejes de debate señalados en la primera parte del artículo —esto es, la disputa por la Reforma Constitucional y las posturas sobre el manejo de los recursos naturales del país— se han transformado en el centro del debate en una dinámica de confrontación creciente y de maximización de opciones rupturistas. Es en este tembladeral político-institucional en el que se reflexiona sobre el segundo paquete de conclusiones parciales y que remiten al estado del debate provocado por la política energética vigente en el país. En tal sentido, hay dos aspectos que se señalan como altamente conflictivos. Por un lado, la parálisis en materia de gestión de nuevas inversiones en exploración y extracción de gas y petróleo, unido a una creciente disputa por el estatus jurídico de los contratos con las principales empresas extranjeras operadoras en el mercado energético boliviano. A su vez, la indefinición política y técnico-operacional del proceso de las empresas capitalizadas que han pasado a la órbita de YPFB junto al conflicto abierto por el distribución de la renta gasífera entre el Estado central y las Prefecturas Departamentales. Por otro lado, y en el plano internacional, se remarca la persistente incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de abastecimiento de gas firmados entre Argentina y Bolivia en 2007, como así también el creciente peso que Brasil tiene en las decisiones estratégicas bolivianas vinculadas a la política energética regional. Finalmente, el cruce de estos dos ejes de conclusiones dan como resultado un diagnóstico de alta volatilidad política, creciente incertidumbre y de difícil prognosis en el largo plazo. Sólo cabe esperar que el virtuosismo de la racionalidad de los actores internos y externos pueda torcer el derrotero de un proceso altamente conflictivo en el que hay justos reclamos históricos, identitarios y culturales que bregan por una igualitaria distribución del poder político y económico y, simultáneamente, una necesidad estratégica de destrabar la parálisis institucional manifestada de manera elocuente en el rumbo de la política energética de la Administración Morales. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/225/

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