- Politica Nacional
- Artículo cargado el 11/12/2009 - 01:40
La “radicalización” gubernamental
El kirchnerismo no ha alterado en lo sustancial los soportes estructurales de la dependencia, construidos tras la contrarrevolución de marzo de 1976 y consolidados desde los años noventa. Su preocupación no es imprimir un giro radical a la política sino crear los mecanismos que le permitan conservar, al menos, parte del poder.
Hasta 2008, el kirchnerismo se apoyó en dos pilares fundamentales: el gran capital vinculado a la industria, la construcción y los grupos exportadores, por una parte, y la burocracia sindical por la otra. El resultado fue una política de sesgo desarrollista; sin embargo, la crisis mundial y el cambio de condiciones que trajo aparejado crearon una tensión creciente en el componente burgués de esta “alianza”. Esa burguesía trasnacionalizada tiene poco o nada de nacional y es decididamente anti-obrera. Buena parte de su fortuna la hizo especulando financieramente durante la época de la dictadura, invirtiendo, años más tarde, en el fraudulento negocio de las privatizaciones de los noventa y, finalmente, la amplió tras el crac del 2001, imponiendo una brutal devaluación asimétrica. Su riqueza es producto de una colosal redistribución del ingreso a costa de los trabajadores y las grandes masas populares.
Su comportamiento era ciertamente previsible. Mientras el ciclo de negocios siguió un curso ascendente, apoyó al kirchnerismo a través de la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción y la Asociación Empresaria Argentina; eran los años en que el entonces presidente Kirchner tocaba alegremente la campanita en Wall Street y llamaba a los inversores con promesas de rentabilidad inigualable. Pero el descalabro global del capitalismo provocó un brusco cambio de la tendencia, con repercusión directa sobre la tasa de ganancia.
Durante el enfrentamiento del gobierno con el bloque agrario, esas grandes corporaciones se mantuvieron en silencio; sin embargo, la estatización de negocios en bancarrota, como Aerolíneas y las AFJP, la designación de directores estatales en las empresas en que el Estado es titular de una parte del paquete accionario a través de la Anses y, finalmente, el enfrentamiento con el grupo Clarín y la aprobación de la Ley de medios, los puso en guardia. En octubre, durante el coloquio de IDEA, se quejaron de la suba de los costos laborales y, semanas atrás, pusieron el grito en el cielo ante la modificación parcial del infame régimen de las ART, varios de cuyos artículos han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.
Ahora, sobre la base de un acuerdo entre la Unión Industrial y la Sociedad Rural, las grandes cámaras que reúnen a la industria, el agro, la banca, la bolsa, el comercio y la construcción intentan reunificar la representación del gran capital e imponer un límite al gobierno.
¿Piensan acaso que es posible una radicalización del programa que con alguna variante se viene aplicando desde 2002? Más allá del discurso oficial, los hechos hablan por sí mismos. La prueba de estos días es significativa: mientras el gobierno clama contra los monopolios, se niega tajantemente a imponer un impuesto al parasitismo financiero con vistas a suscitar una mínima redistribución del ingreso, al tiempo que prepara las condiciones de un retorno a los “mercados” para redoblar el endeudamiento externo, visto el desequilibrio de las cuentas fiscales. Lo cierto es que el kirchnerismo no ha alterado en lo sustancial los soportes estructurales de la dependencia, construidos tras la contrarrevolución de marzo de 1976 y consolidados desde los años noventa. Su preocupación no es imprimir un giro radical a la política sino crear los mecanismos que le permitan conservar, al menos, parte del poder.
Perdido el apoyo inicial de la clase media, disuelto el sueño de la transversalidad, en una relación tensa con distintas fracciones de la burguesía, el kirchnerismo se apoya cada vez más en los sectores del aparato del PJ que aún le responden y en la dirigencia sindical, que no son precisamente los soportes más sólidos para respaldar un cambio de rumbo. Se trata, en lo fundamental, de mecanismos de control social sobre las grandes masas que revisten un carácter abiertamente conservador.
Sobre la burocracia sindical, es ilustrativa la oposición que, primero desde la UOM y luego desde la secretaría general de la CGT, se levantó contra la nacionalización del monopolio Techint en Venezuela; la reacción marcó el límite en que han quedado congelados las ideas y los intereses de esa dirigencia. Su rechazo a la democracia obrera y a las experiencias que tienden a desenvolver procesos autónomos de clase entre los trabajadores es manifiesta, tal como lo demuestran los presentes conflictos en la ex Terrabusi y en el subte, o las exclamaciones guturales del segundo de la CGT y del titular de Luz y Fuerza acusando a la CTA de ser la Cuarta Internacional, el primero, y la “zurda loca” el segundo. No suman gran cosa las fuerzas auxiliares de movimientos sociales como el que encabeza D’ Elía, dentro de los cuales se reproducen relaciones desiguales, jerárquicas y de subordinación, como las que rigen en el resto de la sociedad.
Sobre este conjunto de fuerzas, el kirchnerismo se prepara para librar la próxima batalla electoral, enfrentado por una oposición de radicales, cívicos y socialistas, desde el centro, y de macristas y peronistas disidentes desde la derecha; expresiones en sus dos versiones de la vieja partidocracia semicolonial. Sin duda, unos y otros, oficialismo y oposición, nada tienen que ver con las luchas populares que, desde abajo, en un sentido nacional-antiimperialista, pugnan por dejar atrás un ciclo histórico agotado.
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