La nueva Constitución Política Boliviana

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El domingo 25 de enero de 2009, el pueblo boliviano acudió masivamente a las urnas para decidir si aprobaba o rechazaba in totum el nuevo texto constitucional de 435 artículos que fuera consensuado[1] entre el oficialismo y la oposición luego de más de un año de impasse político-institucional que ha sido pródigo en conflictos político-sociales y económico-distributivos, cristalizados a través del ya conocido enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las regiones de la llamada “media luna oriental” por la cuestión del las autonomías y por la naturaleza, alcances y atribuciones que las nueva Constitución Política del Estado debía incluir como parte de un proyecto refundacional de la nación boliviana. Antes de encarar una breve descripción y un consecuente análisis político de la nueva Constitución —lo cual se abordará en siguientes artículos— se torna necesario contextualizar sucintamente el proceso político que permitió destrabar el estado de cuasi empate catastrófico en el que estaba inmerso el país luego de la aprobación en general y en particular que la Asamblea Constituyente boliviana consumó en el período de los debates conclusivos de dicho cuerpo, acaecidos entre el 24 de noviembre de 2007—fecha de aprobación en general del texto— hasta el 9 de diciembre de 2007, momento en que la Asamblea aprueba en particular el proyecto de nueva Carta Magna.[2] El primer aspecto contextual que debe destacarse, es el hecho no menor de la ausencia de los sectores de la oposición política que tenían representación en la Asamblea Constituyente, quienes alegaron la falta de transparencia y la existencia de desacuerdos fundamentales con el oficialismo en los principales temas de debate político- institucional: la problemática de la naturaleza, alcances y atribuciones de las autonomías departamentales, por un lado, y el manejo, control, explotación y distribución de los recursos naturales y financieros en una serie de ámbitos de carácter estratégico para la economía boliviana, que van desde las tierras hasta la cuestión del gas y petróleo pasando por la minería y los recursos hídricos. En efecto, el abandono intempestivo de la oposición política del recinto —trasladado a la ciudad de Oruro donde se procedió a votar el proyecto de nueva Constitución, luego de los serios incidentes ocurridos en Sucre,[3] que era la sede primaria de la Asamblea— constituyó un gesto más que simbólico sobre la profundidad e intensidad del conflicto institucional desatado entre la Administración de Evo Morales y el heterogéneo cuadro de la oposición que se fortalecía en sus reclamos autonomistas con acciones cada vez más extemporáneas que no hacían más que ahondar la brecha ya existente. Por otro lado, hay un segundo proceso que es necesario señalar, y que puede ubicarse temporalmente en los comienzos de 2008, cuando la agitación política y social alcanzó ribetes altamente conflictivos, a partir de la decisión adoptada por los liderazgos autonomistas —fundamentalmente cruceños y tarijeños— de profundizar el camino rupturista llamando a la realización de sendos referéndums autonomistas que finalmente se concretaron entre los meses de mayo y junio en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.[4] Estos procesos —en los que resultó triunfante la opción por la radicalización del proceso autonomista— derivaron en una auténtica situación de empate catastrófico, que tuvo como colofón de mayor impacto político-institucional la denominada masacre de Pando, ocurrida a comienzos de septiembre de 2008, cuando un grupo de campesinos fueron asesinados vilmente por un grupo de sicarios que —según las investigaciones que luego se pusieron en marcha— respondían directamente al por entonces Prefecto de Pando, Leopoldo Suárez, quien debió renunciar a su cargo a causa de tan tremendo hecho político-institucional.[5] Finalmente, un tercer proceso, concatenado a los hechos precedentes, fue la instauración de un muy precario acuerdo político que permitió la convocatoria formal a un referéndum revocatorio de todos los mandatos ejecutivos del Estado boliviano, medida ésta que el mismísimo Presidente de la República había enarbolado a comienzos de 2008 como un medio adecuado y eficaz para zanjar finalmente la discusión político-institucional instalada en el país con consecuencias cada vez más graves para la continuidad de las instituciones democráticas. Lo ocurrido en el referéndum del 10 de agosto de 2008, es ya harto conocido. El Presidente y Vicepresidente de la República fueron confirmados en sus cargos por un porcentaje cercano al 67 % de los votos válidamente emitidos, mientras que los Prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando —donde se concentra la oposición más acendrada a Evo Morales— lograron por su parte la confirmación en sus respectivos cargos.[6] Tal vez, merece mencionarse que, como consecuencia del clima de alta tensión política acelerado por el proceso revocatorio y por la disputa abierta en lo que concierne al texto constitucional, dos significativos hechos ocurrieron en La Paz y en Cochabamba, cuyos Prefectos fueron revocados en sus mandatos por el voto de la mayoría de los ciudadanos paceños y cochabambinos.[7] Llegado este punto de los hechos, el Gobierno nacional —sintiéndose fortalecido luego de la amplísima ratificación alcanzada en las urnas— decidió convocar finalmente al referéndum constitucional a fin de comenzar a encarar la difícil tarea de cerrar el círculo del proceso constituyente que llevaba ya más de dos años de indefinición institucional y lacerantes luchas políticas y sociales. Junto a esta decisión, se abrió un diálogo con la oposición autonomista a fin de alcanzar determinados consensos que permitieran destrabar el proceso constituyente. En este punto, es importante señalar que, producto de ese “acuerdo”, se llegó —en el marco del Congreso Nacional— a un tratamiento de las aristas más ríspidas del proyecto de nueva Constitución Política del Estado, lo cual —a tenor de algunos analistas—[8] constituyó una auténtica violación a la soberanía absoluta del Poder Constituyente, ya que el acuerdo congresal del 21 de octubre de 2008 implicó la introducción de reformas en la cuestión de las autonomías, la problemática de las tierras y aspectos de orden político-institucional que iban desde la posibilidad de la reelección del Ejecutivo hasta el funcionamiento de los diversos órganos del Estado. Este último estadio del proceso político-institucional en Bolivia tiene, en realidad, una enorme e impredecible trascendencia en la configuración de fuerzas, intereses y objetivos de los participantes del escenario político del país. En efecto, el acuerdo político de compromiso alcanzado en octubre de 2008, posibilitó una salida más o menos ordenada pero, a la vez, transitoria si se lo analiza a la luz de los profundos desacuerdos que existen entre el Gobierno de Evo Morales y la denominada oposición de la Media Luna oriental. Concretamente, la presente coyuntura en la que se ha llevado a cabo el Referéndum Constitucional se caracteriza por la pervivencia y consolidación de la centralidad del conflicto político, social y económico que divide a los bolivianos y lo que parece ser la “prenda de paz” que podría zanjar definitivamente el actual escenario de antagonismo radicalizado y con tendencia a la polarización política —esto es, la nueva Constitución Política del Estado— se convierte, por el contrario, en un eje articulador que profundiza las diferencias étnico-culturales, socio-económicas y político-institucionales existentes en la sociedad boliviana. En un próximo artículo, se intentará describir y analizar algunas de las cuestiones claves que se plantean en la nueva Constitución boliviana a fin de poder comprender con mayor precisión la intensidad y profundización del conflicto político, social y económico que fragmenta y erosiona las mismas bases constitutivas del Estado boliviano. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/224/

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