La defensa nacional no es asunto de “especialistas”

El  21/08/2010 a las 20:32 Carlos A. Zelada dijo:

Defensa nacional

“Las luchas históricas sobre la concepción de “Pueblo en Armas” de los países periféricos, que vencieron ayer y resisten hoy, son la base con la que deben comulgar nuestros principios de defensa; nuestro enemigo es el mismo que han tenido y tienen estos pueblos y no es sobre teorías importadas que encontraremos el camino.”

La Historia es la materia prima de la Filosofía, es decir, del marco racional en el que la Política se inserta. De ello se deduce que, antes de trazar el cuadriculado de acciones que la política lleva a cabo, debe tener una idea definida de sus fines. De otra manera: antes de poner en acto planes que, bien mirado, dado la dinámica de las situaciones políticas, no son sino tácticas, debe tenerse claro el sentido de las mismas. En la estrategia se enmarcan los Fines constantes de la Política que es siempre igual, ayer como hoy como mañana y los días que sigan a mañana: la viabilidad de la vida de un grupo humano a través de las generaciones.

Por eso, el constante cambio de la Técnica, o sea de los medios de producción en los sectores específicos donde la autarquía es un mandato insoslayable, exige a los gobiernos un grado de previsión que debe ser una política de Estado, al margen de las luchas políticas. Y quien, para utilizar el giro del Gral. Perón, “saque los pies del plato”, debe ser castigado sin misericordia. Al igual que en otro tiempo la infracción a la ley de Dios era pasible de penas inhumanas, aquellos que, incidentalmente dueños del poder, hagan objeto de sus actos de gobierno, la palanca de su enriquecimiento personal, debieran sufrir una pena tan dura que sirviera de ejemplo a quienes ejercen la función pública.

La Política no es judiciable es un principio que tiende a dar margen a los funcionarios para llevar a cabo los actos de gobierno. Por tanto, quienes infrinjan el acuerdo entre partidos de la conducta que el país a través del Estado debe ejercer ante otros Estados, debiera ser pasible de juicios políticos que conlleven penas al que los Tribunales de Justicia solo les quepa hacerla cumplir.

Gentes como Menem, quien manchó el honor de la República Argentina traficando armas en un particular momento de la vida pública de dos pueblos hermanos, quien fue el responsable sino tal vez quien ordenó la voladura de la fábrica de Río III, quien vació la fábrica militar de aviones de Córdoba, entre otros muchos deleznables actos al que calificar de ilícitos es un despreciable eufemismo, debieran ser juzgados en Juicios destinados a escarnecerlos de tal forma que nunca más, ni ellos ni ningún miembro de su familia, vuelvan a ejercer la función pública.

No es el escarmiento el fin de tamaña conducta. Es la advertencia a quienes ejerciten el Poder que su acotado tiempo de mandato tiene no los habilita a comprometer la vida y los bienes de sus conciudadanos. Y, quienes hagan hincapié en el principio jurídico que reputa inocente hasta que no se pruebe lo contrario, se debiera sostener que un funcionario elegido por el Pueblo no es solo un ciudadano más. Es alguien que tiene la Responsabilidad que le confiere la Soberanía que reside en el Pueblo y por tanto, para ellos, la inversión de la prueba debe ser algo insoslayable.

El gobernante, así como ejercita una Autoridad legítima que no puede ser menoscabada haciéndolo un mero funcionario que trabaja por un sueldo, como quería el inefable “Bernardo” de triste memoria, así también debiera sentir que su función no es meramente administrativa. No está para “otorgar” un porcentaje de aumento, aunque ello sea parte de su tarea. No está para ejercer “docencia” como un padre común. Está para, como en la socorrida metáfora, “guiar la nave del Estado” cuyo derrotero suele exceder su mandato y, por tanto, sus decisiones deben ser cuidadosamente sopesadas en función de un porvenir que es ciertamente insondable, pero que con la brújula de la preservación de la identidad nacional, puede y debe ejercer la Autoridad.