El movimiento obrero
ante un desafío clave

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La crisis que puso fin a la alianza de Moyano con los kirchner comenzó como una disputa de poder, que se hizo evidente cuando por una decisión de palacio quedaron excluidos de las listas electorales los representantes sindicales y fueron promovidos candidatos de la pequeña burguesía neocamporista. Debido a sus ambiciones políticas, Moyano se había convertido en un socio molesto. Este, a su vez, tenía motivos para dar pelea no sólo para mantener su influencia, sino también para prevenirse ante las amenazas pendientes sobre su situación judicial, que el gobierno tenía listas para hacerlas efectivas en el momento apropiado. Sin embargo, todas estas consideraciones fueron superadas por la evolución de los acontecimientos. El hecho de que el secretario general de la CGT levantara reivindicaciones por demás legítimas para el movimiento obrero, lo ubicó en la línea de resistencia central de los trabajadores contra decisiones económicas que los afectan directamente. La no actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (impuesto al trabajo para los asalariados), al igual que el congelamiento del tope a las asignaciones familiares, y la pretensión de imponer un techo (efectivo en algunos casos) a las paritarias, no es otra cosa que un ajuste, en condiciones en que la inflación destruye el salario. Situación por demás significativa para quienes proclaman el carácter “nacional y popular” de un gobierno que ajusta por el lado del salario y no toca la renta financiera. ¿Se trata de una mera equivocación del gobierno, empecinado en no otorgar ninguna concesión a la CGT mientras Moyano permanezca en la secretaría general? En todo caso sería una “equivocación” equivalente a las “imperfecciones” de una política económica que funciona con más de un tercio de los trabajadores en negro, o que toma fondos del ANSES a tasa negativa para pagar una deuda externa ilegítima, mientras que el 70% de los jubilados cobra salarios de hambre. Ante los desequilibrios del modelo, ya pronunciados en el 2011, el kirchnerismo tenía teóricamente dos alternativas: avanzar sobre la estructura monopólica de las grandes empresas, principal origen de la escalada de subas de precios, o comenzar a imponer ajustes selectivos. Tratando de no ir más allá de cierto límite, el gobierno eligió el segundo camino y, a pesar de todas sus declaraciones, aceptó el diagnóstico que monótonamente repiten desde los economistas del stablishment y los ejecutivos de las multinacionales hasta los patrones de las pequeñas empresas: en la puja salarial está la causa principal del proceso inflacionario. La falsedad de este diagnóstico es conocida. La inflación, que desmorona los niveles salariales y provoca una redistribución regresiva del ingreso, obedece la lógica que preside la formación de precios en una estructura de reproducción y circulación del capital altamente concentrada. Los llamados “formadores de precios” no son otra cosa que las grandes corporaciones de capital local y extranjero que calibran su oferta al nivel de la demanda, ajustando hacia arriba por precios antes que por volumen. Esta estructura monopólica no ha dejado de concentrarse y extranjerizarse durante los nueve años de kirchnerismo. El gobierno tiene decidido sacar de CGT a Moyano. Esta iniciativa no tiene nada que ver con una decisión democratizar los sindicatos. El kirchnerismo sólo aspira a un cambio de guardia en la cúpula de la central obrera; vale decir, desplazar a una dirigencia que se ha vuelto opositora y promover en su lugar a otra inclinada hacia el oficialismo. Que a la administración K no le interesa en absoluto la democracia sindical lo prueba la habitual complicidad del Ministerio de Trabajo con las prácticas antidemocráticas de la burocracia. Por lo demás, los dirigentes sindicales con los que los funcionarios kirchneristas están trabajando para desplazar a Moyano componen un bloque, cuyo núcleo central está integrado por una burocracia parasitaria y archicorrompida, cómplice directa de la flexibilización laboral bajo el menemismo y de la Ley Banelco durante el régimen de De la Rúa. Moyano, a su vez, se ha hecho fuerte levantando demandas obreras indiscutibles. Sin embargo su política no resuelve los problemas de fondo de la clase trabajadora. Desde el discurso en la cancha de Huracán ha adoptado la política de denunciar al kirchnerismo, contraponiéndole la ortodoxia peronista. De esta forma provocó una fisura en la narración épica que en referencia a sí mismo construyó el grupo gubernamental. Pero esa ortodoxia, tras más de seis décadas desde la contrarrevolución de septiembre de 1955, momento en que el movimiento encabezado por el general Perón alcanzó el límite de sus posibilidades, se ha vuelto anacrónica. Hacia adelante tampoco Moyano abre el horizonte político a los trabajadores. Su intención explicitada de apoyar a Scioli en las próximas elecciones marca el límite del conflicto que lo enfrenta con los K. En cambio, para los trabajadores la ausencia de una alternativa política superadora crea un problema relevante. Es de vital importancia la lucha por las demandas inmediatas, en primer término la defensa del salario; pero es un asunto igualmente importante establecer una delimitación tajante respecto de los intentos de la oposición partidocrática, dispuesta a debilitar al gobierno, capitalizando la movilización reivindicativa de los asalariados. Conviene tener en cuenta que lo que en el kirchnerismo es el límite de un programa llevado adelante por una pequeña burguesía progresista en cuyo horizonte ideológico no esta inscripta la posibilidad de una ruptura radical con el orden de la dependencia, en la fuerzas de la oposición partidocrática es un programa positivo de pleno y disciplinado acatamiento a los mandatos del capital imperialista y la gran burguesía local. En consecuencia, los trabajadores se encuentran ante un desafío de importancia capital. Están obligados a defender sus reivindicaciones inmediatas y a establecer, a la vez, una línea de ruptura con las viejas fuerzas políticas que intentan aprovechar el conflicto para fortalecer posiciones a la derecha del kirchnerismo. Pero más allá de las exigencias que les impone la coyuntura política, los trabajadores tienen una necesidad cuya importancia es estratégica: fijar un rumbo propio, independiente del Estado, las patronales y los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía, y desde una posición autónoma formular un programa de frente nacional antiimperialista para el conjunto de clases y sectores no proletarios del campo popular. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/1022/