El “modelo” muestra su verdadera cara: economía de enclave

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El gobierno nacional, a través de las drásticas intervenciones del secretario Guillermo Moreno, trata de reducir las importaciones, a los efectos de mejorar el saldo comercial, en franco deterioro. Una política de intervención estatal en el comercio exterior nos parece correcta, lo que cuestionamos es la forma y no nos referimos precisamente a los modales del particular secretario. El tema es la estrategia que subyace tras esas intervenciones, o mejor dicho la falta de ella. En su afán de frenar las importaciones acomete sobre todo el conjunto, sin distinguir entre productos terminados y bienes intermedios, si es producido localmente o no, si son insumos para la industria farmacéutica o necesidades de equipamientos médicos, sin indagar acerca de la existencia o no de planes para la producción futura de alguno de esos productos que no son fabricados localmente. Un análisis del comercio exterior de la industria nacional del año 2011, revela que la misma es, en su conjunto, deficitaria en su balance de divisas. Revisando renglón por renglón, prácticamente no existe rama industrial que presente balance positivo de divisas: la industria automotriz, que se exhibe como superavitaria en el orden de 1.200 millones de u$s al año (esto es la diferencia entre las divisas provenientes de la exportación de automóviles y las provenientes de su importación), debiera corregirse con el resultado rotundamente deficitario del intercambio de autopartes del orden de los 8.200 millones de u$s anuales. De ésta manera la industria automotriz mostraría un déficit de divisas del orden de 7.000 millones de u$s, y exhibiría su verdadera naturaleza de armaduría. El renglón de la industria de bienes de capital, le sigue en importancia: su déficit de divisas es del orden de los 6.400 millones de u$s. Máquinas y aparatos electrónicos exhibe un déficit del orden de 4.700 millones de u$s. El déficit total de la industria es del orden de los 29.500 millones de u$s en el 2011. Este déficit había crecido respecto del año anterior un 30 %: esta es la evidencia de la gran dependencia del exterior que tiene la industria argentina de maquinarias, componentes e insumos. La estructura industrial es tal, que cuanto más crece la producción industrial, más crecen las importaciones y el consiguiente déficit de divisas. El programa desindustrializador aplicado desde marzo de 1976 en adelante desintegró al entramado de diferentes cadenas de valor y logró la desaparición lisa y llana de núcleos estratégicos de la matriz productiva doméstica. Se cumplieron plenamente los objetivos políticos del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”: volver a insertar a la Argentina en la división internacional del trabajo, reconvertir su economía, ir del desarrollo industrial científico y tecnológico instaurado por la Revolución Nacional dirigida por Perón, hacia una economía primarizada propia de una semicolonia, que es donde estamos ahora. Estos objetivos, que respondían a los intereses de la rosca oligárquica imperialista, necesitaron de medios cruentos y violentos para su implementación. Según la cúpula del “Proceso” los objetivos eran dos. El primero fue expresado por el Teniente General Jorge R. Videla en su visita presidencial a los Estados Unidos: “el gobierno del Proceso será el gobierno de un escarmiento histórico”. El segundo, fue manifestado por el Ministro del Interior General Albano Harguindeguy: “el fin último del Proceso será retrotraer la Argentina al 3 de junio de 1943”. Los altos jefes militares del “Proceso” sabían bien de qué se trataba la cosa: no así los oficiales encargados de la tarea sucia, quienes creían que estaban librando una “cruzada” en defensa “de los valores occidentales y cristianos” contra la agresión “marxista internacional”. En nuestros términos podemos decir que los medios utilizados fueron la “violación de los derechos humanos” de miles, para imponer a millones, los objetivos del imperialismo (que coincidía con la fobia antiperonista de la cúpula militar). Los gobiernos “democráticos” a partir de 1983 juzgaron los “medios” que utilizó el “Proceso” pero no los “fines”. De manera que la partidocracia ha profundizado el modelo que impuso el “Proceso”, pero eso sí, con honorables medios “democráticos”. La política de defensa de los “derechos humanos”, que los gobiernos “democráticos” han seguido desde 1983 a la fecha, ha servido para ocultar que la partidocracia está de acuerdo con los “fines políticos” del “Proceso”, el modelo económico social que se impuso a sangre y fuego, dado que durante todos estos años desde 1983 a la fecha, se han dedicado a perfeccionarlo. Para dar una idea de cómo retrocedió la industria desde el 24 de marzo de 1976, daremos algunos rápidos datos estadísticos. Un país industrializado consume alrededor de 500 Kg/cápita de acero/año. Argentina, en 1975 consumió 180 Kg, máximo histórico. Durante el “Proceso” se cerraron 18.000 fábricas, durante el gobierno de Alfonsín 42.000 y en el de Menem, 108.000. El consumo de acero fue evolucionando hacia abajo: 100 Kg con el “Proceso”, 42 Kg con Alfonsín, 40 Kg en el año 2000 y ahora estamos en 120 Kg. En 1975 había 1.000.000 de obreros metalúrgicos, en el año 2000, 300.000 y ahora hay 500.000. En 1975 la participación de toda la industria en el PBI era de 30 %, ahora es del 15 %. Cuando en el año 1975 el PBI crecía un 1 %, el consumo de acero lo hacía en 1,5 %, era una economía que crecía en forma “acero-intensiva” es decir creciente industrialización. Actualmente por cada punto que crece el PBI el consumo de acero lo hace en 0,8 %, es decir, es una economía que crece en otros rubros. Este es el límite de la industrialización kirchnerista. La evidente recuperación industrial post-devaluación, solamente lo ha sido en las actividades que se irradian del “modelo” productivo, que no es otro que el que nos ha asignado la división internacional del trabajo: granero del mundo. Con el adicional de agregar valor a la soja para exportar aceite y agregar otro poco más de valor y exportar biocombustibles. Además del saqueo de los recursos energéticos y minerales metalíferos. La estafa del endeudamiento externo, la más grave de las dependencias, se fue incrementando y perfeccionando año tras año. La deuda externa original, ilegítima y fraudulenta contraída durante el “Proceso”, 40.000 millones de u$s, probada como tal en sede judicial, fue creciendo en forma exponencial, gracias a distintos y variados “arreglos” de los negociadores “democráticos” de turno, hasta llegar a los más de 200.000 millones actuales, habiendo pagado durante ese lapso 200.000 millones, ¡5 veces los 40.000 iniciales que eran fraudulentos! Ese pesado lastre nos sigue succionando miles de millones de dólares al año, cuando no debiéramos pagar nada. Pero la estafa fue mucho peor. A partir de la “seguridad jurídica”, que se otorgaba a los inversores extranjeros, a través de la firma entre la Argentina y Gran Bretaña en 1990, de los infames Tratados de Paz por la Guerra de las Malvinas en Londres y Madrid, y luego la firma de similares Tratados con los países del Commonwealth, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, fue posible la política de privatizaciones. Con bonos a valor nominal se pagaron las empresas del Estado Nacional, cuando los mismos cotizaban entre 12 y 14 %. Como a su vez las empresas públicas fueron tasadas a valores muy bajos, la consecuencia fue que se entregaron al valor simbólico del orden del 2 %. Esta fenomenal estafa, que entregó el patrimonio nacional a la voracidad de empresas privadas, la mayoría extranjera, fue aprobada por el conjunto de la partidocracia, aunque algunos quisieron luego despegarse refiriéndose a las “nefastas políticas neoliberales de los 90” pero se cuidaron y se cuidan muy bien de no cambiarlas. Para llevar esto adelante, se contó con la asistencia técnica y financiera del imperialismo. El Banco Mundial “ayudó” a la Argentina con sus técnicos y con sus fondos. Financió la reforma del Estado Nacional, de allí salieron los fondos para pagar los “retiros voluntarios” y las indemnizaciones de muchas decenas de miles de trabajadores estatales, no fuera cosa que las empresas privadas tuvieran que cargar con ese costo. Por supuesto, esos créditos se sumaron a la deuda externa que seguimos pagando. El Banco Mundial siguió “ayudando”, en el caso de la reforma minera, hoy en tela de juicio. Otorgó créditos para el financiamiento del “Programa de Asistencia al Plan Minero” en los denostados ‘90, que también contó con el beneplácito de la partidocracia. Este orden jurídico permite una actividad económica depredadora, con importantes ganancias remitidas al exterior, con trato impositivo privilegiado con estabilidad fiscal por treinta años, con laxas normas de protección ambiental. El carácter depredador de este saqueo es ocultado a la mayoría de la población por el triángulo corrupto conformado por los funcionarios gubernamentales, tanto Nacionales, como Provinciales y Municipales, las empresas mineras y las ONG ambientalistas transnacionales. El Banco mundial hoy presta dinero a la Argentina para pagar planes y subsidios: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Seguro de Capacitación y Empleo (SCE). También nos “ayuda” para mejorar la salud, infraestructura vial, agua y saneamiento. Otorga créditos a las provincias en forma directa, dada la facultad de las mismas de realizar negociaciones, celebrar acuerdos, contratos, y/o convenios con los organismos internacionales de crédito relacionados con los recursos naturales existentes en su territorio, derivada de la reforma constitucional de 1994, por supuesto pergeñada por la partidocracia a partir del “Pacto de Olivos” de Alfonsín-Menem. Los contratos que instrumentan estos préstamos incluyen un “monitoreo” y un “plan de asistencia técnica”, que le da al Banco Mundial, a través de sus agentes, el control de áreas específicas de nuestra economía y administración. Les permite el acceso a organismos legislativos, administrativos y judiciales. Presionan permanente e insistentemente para el logro de sus objetivos, influyendo en la sanción de leyes, decretos, y resoluciones administrativas que lesionan nuestra soberanía, condicionando el devenir económico y político. Estos agentes, destruyen los cimientos de nuestra economía, aumentan la deuda pública y profundizan nuestra dependencia económica. Como se ve, el Banco Mundial es más dañino aún que el FMI, que tiene mala prensa. En realidad trabajan en conjunto, desde su creación en 1944 en Bretton Woods. Policía bueno, policía malo. El FMI no es un banco, es un organismo del cual nuestro país es miembro, pagamos una suscripción que nos da derecho a estar asociados. Debido al valor de nuestra suscripción, el FMI nos asignó una cuota de votación: representa el 0,87 % dentro de los 187 miembros. Ser socio implica aceptar su estatuto, que permite a sus técnicos auditar la economía una vez al año. El FMI ha estado monitoreando durante el año 2011 por medio de sus técnicos, los registros estadísticos y cálculos del INDEC. La Argentina había rechazado la invitación a asociarse en 1946, mediante Ley aprobada en el congreso, impulsada por el presidente Juan D. Perón, quien opinaba que “el FMI es hijo putativo del imperialismo”. El gobierno militar fusilador que depuso al gobierno democrático de Perón, asoció a la Argentina al FMI el 20 de septiembre de 1956. El gobierno actual anunció que “nos liberamos de la tutela del FMI porque pagamos toda nuestra deuda con ellos”. Efectivamente nuestro país, ante la exigencia del FMI, pagó inmediatamente los 10.000 millones de u$s que debieron completarse con fondos del ANSES. El FMI, atento al riesgo crediticio a que estaba expuesto, pidió a la Argentina, Brasil, Rusia y Turquía que pagasen de inmediato sus deudas con el organismo, cosa que todos obedecieron al momento, salvo Turquía. Este pago, que el gobierno ha difundido como el comienzo de la “independencia del FMI”, por el contrario, indica la dependencia que tiene la Argentina respecto del FMI, para liberarse del mismo debe renunciar a su condición de socio, trámite muy simple, sólo requiere el envío de una nota escrita, cosa que por supuesto el gobierno no hizo. El gobierno necesita seguir perteneciendo al FMI dada su intención ya anunciada de pagar la “deuda con el Club de París”. Por otra parte, el objetivo que se plantea el secretario Guillermo Moreno de llegar a un superávit en el comercio exterior de 10.000 millones de u$s, permitiendo, según expresa “importar un dólar por cada dólar que se exporte”, y las presiones que ejerce la Ministra de Industria Débora Giorgi a los industriales para que “inviertan en equipamiento para sustituir importaciones”, a cambio de mayor protección arancelaria, evidencian que el gobierno no tiene una acabada comprensión del funcionamiento de la industria argentina y/o del comercio exterior (subfacturación de importaciones y sobrefacturación de exportaciones). O tal vez sea peor: no les interesa saberlo. Esto se comprueba en forma más clara con la noticia del reemplazo en la conducción del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) del Ingeniero Enrique Martínez, de excelente desempeño durante nueve años al frente del Instituto, por el Ingeniero Guillermo F. Salvatierra, proveniente del Área de Competitividad de Desarrollo de Agronegocios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La Ministra Giorgi, al comunicar el cambio, anunció que el INTI se dedicará a trabajar “más codo a codo con las empresas, en lugar de dedicarse a problemáticas sociales”. Para aumentar la confusión, cuando el Ing. Salvatierra se hizo cargo, en diciembre del año 2011, pidió la renuncia a toda la conducción del Instituto, confirmando el cambio de orientación del mismo, abandonando los programas abocados a trabajar con Sectores de la Economía Social y Solidaria, y se focalizará en el sector privado. No suena muy “nacional y popular” que digamos. La reorientación que la ministra Georgi anunció consiste, según ella, “en el desarrollo en el país de avances tecnológicos que se hacen en el extranjero y adaptarlos a las características locales”. Eso significa que ya no se desarrollará tecnología localmente, como hasta ahora hacía el INTI con el pobre presupuesto con que contaba, sino que se adaptará a las características locales la desarrollada en el extranjero. Es coherente con el hecho de que el presupuesto del INTI es menos del 20% del asignado al INTA, y también el poner a su frente a un experto en agronegocios. En fase con esto, las modificaciones que hace la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), organismo descentralizado que depende del Ministerio de Educación de la Nación, a los contenidos de las carreras científicas universitarias es revelador: se eliminan algunas materias científicas y se las reemplaza por otras económicas y financieras. De manera que nuestros técnicos y científicos actuales si quisieran saber lo mismo que los universitarios anteriores a la reforma tienen que hacer un post grado arancelado. Esto, además de ser elitista, da a los recién recibidos una “rápida salida laboral”, dado que estarán lo suficientemente capacitados como para trabajar en las grandes empresas transnacionales, por lo general extranjeras y poder gestionar la compra y/u operar las tecnologías desarrolladas en el extranjero, pero no lo suficiente como para desarrollar tecnologías en forma autónoma.  De ésta manera, el Ministerio de Educación responde a la demanda de formación de profesionales que la semicolonia necesita, la que deriva a su vez, del mercado laboral dominado por la lógica transnacional: el desarrollo tecnológico, y las patentes, se hacen en las casas matrices y luego se transfieren a las filiales y se cobran las regalías por su utilización.  El saldo del comercio exterior, además del impacto de la crisis económica mundial, recibirá, para aumentar los desvelos de Guillermo Moreno, otro impacto: la política de “sustitución de importaciones” que ha anunciado el gobierno, al difundir la promoción de la industria electrónica en Tierra del Fuego. Esta industria tendrá un evidente saldo comercial negativo, dado que la producción estará destinada mayormente al mercado interno y se necesitarán importaciones del orden del 90 % de las partes y componentes. Esta política, aumentará la ocupación, pero no desarrollará la industria de proveedores locales, será otra armaduría como la industria automotriz, la fabricación de motos, etc. El promocionado “modelo nacional y popular” cruje, no sólo por los embates de la crisis económica mundial, sino también como consecuencia de sus propias erradas decisiones. En efecto, la crisis energética, que Socialismo Latinoamericano había denunciado en el 2007, mediante la publicación de “Energía para un Proyecto Nacional y Popular”, ha llevado a la situación de importaciones energéticas del orden de 10.000 millones de dólares para el 2012, precisamente el saldo positivo que busca Moreno. El cuello de botella que se presenta en la evacuación de la producción agropecuaria, dada la saturación de la capacidad de los sistemas de autopistas, carreteras y rutas, hace más que necesario concretar el anunciado proyecto del gobierno de reactivar la industria ferroviaria y el transporte ferroviario de cargas, anuncio realizado en el 2003 en el gobierno de Néstor Kirchner, pero nunca concretado. Peor aún: la presidente argentina en su visita del año 2011 a la República Popular China concretó un crédito del orden de los 10.000 millones de dólares para la adquisición de material ferroviario, desdeñando la posibilidad de volver a fabricar en la Argentina rieles, locomotoras, vagones y todo tipo de material ferroviario, que incluso llegamos a exportar a la hermana República de Cuba, cuando en 1974 rompimos el bloqueo norteamericano. La imagen idealizada del “modelo nacional y popular”, se desdibuja al vaivén de las crisis inevitables que acechan a toda semicolonia de economía primarizada, cuando el impacto de la crisis económica mundial, afecta al flanco débil del comercio exterior y muestra su verdadera cara: una economía de enclave, donde el saqueo se produce fundamentalmente mediante el flujo de divisas del pago de la deuda externa, las remesas de utilidades de las empresas estatales que fueron privatizadas-extranjerizadas y el broche de oro e ícono del modelo, la megaminería. El costo de producción de una onza (28 gramos) de oro es de 240 u$s, su cotización actual 1.730 u$s, deja un margen sobre el costo de 620 %, suficiente como para comprar muchas voluntades y eliminar todos los obstáculos que se opongan al saqueo. El gobierno nacional ha decidido apoyar a la megaminería, propone que los Estados Provinciales sean cómplices del saqueo: impulsa la formación de asociaciones de las provincias con las empresas mineras transnacionales, imitando el ejemplo de Santa Cruz donde la Anglo Gold está asociada con Fomicruz, quien tiene el 7,5 % de participación. En toda economía de enclave, inevitablemente, quienes administran la semicolonia, se encuentran ante la necesidad de reprimir a la población, para asegurar la continuidad del saqueo, cuando la política de ignorar los reclamos, deja de ser efectiva. La política del Banco Mundial de financiar planes y subsidios, con el evidente objetivo de contribuir como un paliativo a reducir las tensiones sociales y asegurar la sustentabilidad del enclave, tampoco es suficiente. Ante la situación actual, en donde el gobierno intenta frenar el drenaje de divisas al exterior, por medio de distintos medios heterodoxos, y reducción del gasto público, en lo que configura un verdadero ajuste, llamado “sintonía fina”, en los cuales la actuación de Guillermo Moreno es primordial, las consecuencias de la decisión de la presidente de privilegiar los avances de la Agrupación La Cámpora, en detrimento de los miembros del movimiento obrero, complican la situación. Los justos reclamos de la CGT y de la CTA, en vísperas de las paritarias, entran en fase con las puebladas de Famatina y Andalgalá: se acercan momentos de máxima tensión. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/935/