Derechohumanismo alfonsinista y derechohumanismo kirchnerista: dos variantes de una misma trampa politico-discursiva

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Consideremos el libro “Noche y niebla y otros escritos sobre derechos humanos” que reúne artículos de Rodolfo Mattarollo y que ha sido editado por Le Monde Diplomatique a fines del año pasado. ¡Es verdaderamente lo que se dice un “libro progresista”! ¿Quién es Rodolfo Mattarollo? Es un respetable jurista que en los años setenta perteneció al PRT-ERP y dirigió la revista “Nuevo Hombre”. Poco antes del golpe del 24 de marzo de 1976, Mattarollo se fue a Francia e inició su carrera de funcionario de la ONU en el área de “derechos humanos”. Es decir: en lugar de continuar con el intento de derrocar al capitalismo e instaurar el socialismo, Mattarollo puso todo su talento al servicio de ese mismo capitalismo que antes había intentado derrocar. Dicho sea entre paréntesis, los militares golpistas del 76, que presumen de haber salvado al capitalismo (o “el estilo de vida democrático y occidental”) de quienes querían aplastarlo mediante una revolución socialista, deberían sentirse gratificados ante un caso como el de Mattarollo: ¡el joven guevarista de ayer convertido en un honorable hombre de derecho! Además, Mattarollo es kirchnerista y ha trabajado como consultor de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Y por qué Mattarollo es un derechohumanista-kirchnerista y no un derechohumanista-alfonsinista, que es la otra variante del derechohumanismo? Para entenderlo, conviene detenerse un instante en las reflexiones de una derechohumanista-alfonsinista de pura cepa, como la socióloga Elizabeth Jelin. Familistas vs. juridicistas La sangrienta represión llevada a cabo por la última dictadura militar ha sido procesada discursivamente de diferentes maneras. Los recientes alegatos de los generales Videla y Menéndez, en uno de los tantos juicios que se les siguen, dan cuenta de una de esas maneras: no hablan de “desaparecidos” sino de “terroristas” o “subversivos” que habrían librado una “guerra revolucionaria” en la cual fueron derrotados. Con toda coherencia, Videla les recuerda a los derechohumanistas del alfonsinismo: “En nuestro país hubo una guerra interna (…). Mal puede hablarse, entonces, como lo hizo el presidente Alfonsín en el Decreto 158/83, mediante el cual ordenó el juicio a las Juntas, de la existencia de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros o lugares clandestinos de detención, introduciendo figuras delictivas del Código Penal, dentro del juzgamiento de actividades de combate, ocurridas en el marco de una guerra interna”. Videla señala que “si aceptamos la existencia de una guerra”, entonces corresponde “hablar de prisioneros capturados e internados en lugares de reunión, generalmente secretos por razones de seguridad; de heridos, mutilados, muertos o desaparecidos; saldo inevitable de cualquier conflicto bélico”. Ahora bien, ¿resulta válido el argumento de Videla? Podría argüirse que el contexto de guerra civil invocado por Videla constituye una mera coartada de su defensa. ¿Hubo una guerra civil en la Argentina de los años setenta? ¿Qué dicen los investigadores situados en las antípodas ideológicas del ex dictador?  En “Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina (1973/1983)”, Inés Izaguirre reconoce que hacia 1976 la lucha de clases en Argentina se había agudizado hasta tal extremo que había ingresado en lo que técnicamente podría denominarse “situación de guerra civil”. Escribe Izaguirre: “Desde el Cordobazo se hacía visible que la lucha de clases iba adquiriendo condiciones de guerra civil porque los grupos armados revolucionarios incipientes habían comenzado a plantearse –en la teoría y en la práctica– la disputa por la hegemonía y el monopolio de las fuerzas armadas del Estado. La combinación de lucha armada, lucha obrera y masas en las calles con ánimo insurreccional constituía una verdadera amenaza para el orden social dominante”. Sin embargo, nada de lo que puedan decir Videla y sus defensores, sea cierto o no, tendrá importancia. La llamada “Política de la Memoria” ha conseguido deslegitimar a los defensores de la dictadura en tanto “portadores de la verdad”. El problema no está en lo que dicen, sino en el lugar desde el cual lo dicen: el de los “victimarios”, el de los “genocidas” que exterminaron a toda una generación de “inocentes” o “jóvenes idealistas”. Este “lugar de enunciación” anula todo efecto de su discurso sobre los interlocutores, excepto, paradójicamente, aquel que refuerza el propio aislamiento. En este sentido, lo que siguiendo a Jelin podríamos llamar “paradigma militar” sobre la represión setentista, aparece como el reverso del “paradigma derechohumanista”, y contribuye a aislar a las Fuerzas Armadas de la población civil. En cuanto al “paradigma derechohumanista”, observa Jelin que tiene al menos dos versiones. Una de ellas es la que intentó construir el alfonsinismo a través de la Conadep, el Juicio a las Juntas y el “Nunca más”. Este sería el “paradigma jurídico”, cuyo propósito era (y es) trasladar el “lugar simbólico de la verdad” desde los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas hacia las instituciones políticas y jurídicas del orden burgués normalizado a partir de 1983. “El momento histórico del juicio (a las Juntas) implicaba –dice Jelin– el triunfo del Estado de derecho”. Agrega que “la Conadep se convirtió en el sitio donde se estaba produciendo el reconocimiento de la ‘verdad’ y, como tal, el lugar de una poderosa condena simbólica de la dictadura militar. Al mismo tiempo, era el lugar de legitimación simbólica de las voces y las demandas de las víctimas”. En un segundo momento, “venía el tiempo de la Justicia”. Por este camino, la Política de la Memoria construida por el paradigma jurídico derechohumanista procuraba instaurar “una cultura basada en los principios institucionales impersonales de la ley y los derechos”, donde “los hechos de la represión política, que por muchos de ambos lados habían sido interpretados de acuerdo a un paradigma de ‘guerra’, eran ahora juzgados según el paradigma de las ‘violaciones de los derechos humanos’“. Con “el Poder Judicial en el centro de la escena institucional -concluye Jelin- las víctimas se transformaron en ‘testigos’ y los represores se tornaron ‘acusados’“. El objetivo del “paradigma jurídico”, como puede verse, es doble: por un lado, legitimar un relato que vacía de contenido político la violencia setentista invisibilizando tanto las contradicciones sociales que la generaron como la relación existente entre el desenlace de esa “violencia” (el triunfo del campo antinacional y antipopular que expresaban las Fuerzas Armadas y quienes las usaron) y las miserias actuales (hambre popular, indefensión nacional, podredumbre moral, etc.); por otro lado, el “paradigma jurídico” legitima como “portadores de la verdad” a las instituciones político-jurídicas del règimen demoliberal partidocrático. Pero el “paradigma jurídico”, lamenta Jelin, fue desplazado durante años por lo que denomina “paradigma familista”. Dice Jelin: “Los desaparecidos y los detenidos eran presentados por sus familiares como niños y niñas ejemplares, buenos/as estudiantes y miembros de las familias viviendo en armonía, en suma, como ideales o ‘normales’“. De este modo, la violación de derechos humanos era presentada “en clave familiar”: “la imagen paradigmática es aquella de la madre simbolizada por las Madres de Plaza de Mayo”. Luego vinieron los “Familiares”, las “Abuelas” y los “hijos”. De este modo, “se crea una distancia imposible de superar entre quienes llevan la ‘verdad’ del sufrimiento personal y privado y aquellos que se movilizan políticamente por la misma causa, pero presumiblemente por otros motivos, que no son vistos como igualmente transparentes o legítimos”. A Jelin y demás derechohumanistas alfonsinistas les preocupa que el “paradigma familista” convierta en portadores legítimos de la Verdad no a los ciudadanos “notables” de la Conadep o a las instituciones liberal-burguesas, sino a “las víctimas” y “los familiares”. Como en la Argentina no hubo un “genocidio”, sino una represión contrarrevolucionaria dirigida en términos generales contra la militancia del campo popular, y particularmente contra las organizaciones politico-militares de la ultraizquierda y del nacionalismo de izquierda, el “paradigma familista” estaría legitimando… ¡a los revolucionarios setentistas derrotados! Esto resulta inadmisible para el “paradigma militar” de Videla y Cecilia Pando. Pero tambièn resulta inadmisible para los continuadores “democráticos” de Videla y Cecilia Pando. Por eso Jelin y otros ideólogos de la derecha liberal, como Beatriz Sarlo, ponen el grito en el cielo. En este punto aparecen las diferencias con el kirchnerismo. Jelin, refirièndose al discurso pronunciado por Kirchner el 24 de marzo de 2004, escribe: “¿Por qué prestar atención a este discurso? Desde mi punto de vista, su significación central está en el énfasis en las relaciones particulares y en la pertenencia a un grupo específico, en este caso los militantes y activistas políticos de los años 70 que se identificaban con la izquierda peronista”. Pero el “paradigma familista”, por su contenido intrínsecamente derechohumanista, no constituye un impedimento para que la rosca oligárquico-imperialista que derrotó al campo nacional-popular revolucionario en los setenta capitalice políticamente el relato de lo sucedido. Al contrario. Tanto por su contenido sustantivo, como por el “lugar de enunciación” que instituye como válido, el “paradigma familista”, al igual que el “paradigma jurídico” y el “paradigma militar”, son variantes de una misma Política de la Memoria cuyo objetivo es impedir la conformaciòn de un “paradigma nacional-popular” realmente alternativo. El ex revolucionario Rodolfo Mattarolo nos lo prueba en el libro editado por Le Monde Diplomatique. De Carlos Marx a Estela De Carlotto Tiene razón Mattarollo al criticar la “teoría de los dos demonios” porque presenta a la “violencia de arriba” como generada por la “violencia de abajo”, lo cual alcanza para revelar la naturaleza de clase de esa “teoría”. Mattarollo cita un discurso de Dante Caputo de 1984: “Los terroristas, movidos por el delirio de una supuesta liberación y estimulados más de una vez desde el exterior, arrastraron a muchos jóvenes hacia matanzas, secuestros crueles e irracionales, cuyo único resultado consistiría en desencadenar una terrible acción represiva, ejecutada por aparatos estatales y paraestatales que arrasaron las instituciones y las libertades en nuestro país”. El argumento de Caputo es tan metafísico como irrebatible. Pero a pesar de este transparente contenido antiobrero y antipopular de la “teoría de los dos demonios”, Mattarollo reivindica a la entidad que la puso en circulación: la CONADEP. Dice que “contribuyó a afirmar la existencia de un derecho humano a la verdad y el correlativo deber de memoria del Estado”. Uno no puede sino preguntarse cómo es posible que una “teoría” que responsabiliza a “los de abajo”, es decir a los oprimidos, por los golpes que reciben de parte de “los de arriba” (los opresores), cómo es posible que una “teoría” semejante contribuya a “la verdad”. Pero el libro de Mattarollo es un intento de explicarlo. Según Mattarollo, el derechohumanismo se abrió paso por entre las ambigüedades del alfonsinismo debido a la feliz “conjunción de tres elementos”. “En primer lugar, el movimiento de derechos humanos en sus distintas vertientes”. Es decir, de los organismos que ya a partir de 1980 estaban férreamente entrelazados con fracciones de la burguesía socialdemócrata europea que, entre otras cosas, los financiaban. “En segundo término, el desarrollo de un pensamiento y de instrumentos jurídicos avanzados dentro y fuera del país”. Es decir, de la Justicia trasnacional controlada por la misma burguesía imperialista. “Por último, la irrupción de un periodismo testimonial y de investigación”. Es decir, de los medios de comunicación en manos de los mismos intereses que manejan la “Justicia” y los “derechos humanos”. Ahora bien, ¿cómo definir esta conjunción entre la Justicia burguesa, la Prensa burguesa y las Ongs burguesas, sino como la suma de los aparatos ideológicos de los que se vale la burguesía para legitimar su dominación? ¿No resulta verdaderamente extraño que alguien que militó en un partido pretendidamente marxista se incline ahora en el altar de las instituciones del liberalismo? Pero Mattarollo tiene una explicación, aunque un tanto insólita: “El siglo XVIII es el siglo de las revoluciones políticas liberales en busca de la libertad y el siglo XIX, el del socialismo que lucha por la igualdad; el siglo XX es el de los derechos humanos que buscan unir libertad e igualdad”. Uno podría concluir, entonces, que si el siglo XVIII nos obsequió un Rousseau y un Robespierre, y el siglo XIX un Marx y un Lenin, el siglo XX nos obsequió a Estela de Carlotto y a Rodolfo Mattarollo. Decir tal cosa sería una estupidez, sin dudas. Pero en ningún caso una estupidez mayor que la de Matarollo. La conjunción entre estos tres “elementos” habría hecho posible los grandes avances de la Política de la Memoria, porque: 1)  en los años 80 creó la primera “Comisión de la Verdad” (la CONADEP) desde los célebres y escandalosos procesos de Nüremberg (donde los imperialistas vencedores juzgaron a los imperialistas vencidos en nombre de una Justicia tan abstracta como inexistente); 2) en los años 90 “legitimaba los derechos humanos como una dimensión ética esencial del Estado de Derecho, lo que tiene su consagración en la reforma constitucional de 1994”; 3) bajo el kirchnerismo alcanza su punto más alto con el rechazo a la “teoría de los dos demonios” y la consiguiente nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. A diferencia de Jelin, que ve en la política kirchnerista un retroceso en la disputa por “la legitimidad de la palabra” en materia de derechos humanos (el “paradigma familista”), Mattarollo ve la coronación misma del paradigma derechohumanista. Rescata dos puntos decisivos: 1) “se otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” y 2) “el acuerdo para la desocupación, por parte de la Marina de Guerra, de la Escuela de Mecánica de la Armada”. Derechos humanos: el opio de los pueblos La Política de la Memoria es una construcción discursiva llevada adelante por las clases dominantes, a través de sus aparatos ideológicos, para legitimar políticamente el orden instituido. El discurso derechohumanista, en sus distintas versiones (“familista” y “jurídico”), y su contrafigura, el discurso “antiderechohumanista” de quienes reivindican la represión videlista (“paradigma militar”), están al servicio de esa Política de la Memoria. Alfonsinismo, menemismo y kirchnerismo, sin solución de continuidad, han trabajado al servicio de esa Política de la Memoria. Han contado, para ello con el apoyo explícito del imperialismo, que ha hecho de los derechos humanos la religión laica que legitima su dominación mundial. ¿No es evidente que la gigantesca ofensiva contrarrevolucionaria a escala planetaria a la que asistimos en los años 90, se hizo en nombre de los “derechos humanos”? La invasión a Irak, Afganistán y Libia, así como las amenazas sobre Irán o sobre Corea, ¿no se presentan como intervenciones “humanitarias”? El “derechohumanismo” es el moderno opio de los pueblos. Ha cooptado a quienes, como Rodolfo Mattarollo, en el pasado se esforzaban por pensar y actuar como revolucionarios, y no como prolijos funcionarios de organismos supranacionales. Estela de Carlotto viaja por el mundo financiada por entidades imperialistas y recibe el homenaje de los poderosos de la Tierra. Todo en nombre de los “derechos humanos”. En 1994 el general Martín Balza introducía el derechohumanismo en el Ejército con su célebre “autocrítica”. Diez años después, mientras una bandera del Che Guevara flameaba provocadoramente en la ESMA, el almirante Jorge Godoy “derechohumanizaba” a la Armada. (Es decir, cristalizaba a un mismo tiempo los paradigmas “familista”, “jurídico” y “militar” como trampas ideológicas tendidas a los nuevos cuadros militares, que sabrán mucho de derechos humanos, pero nada del imperialismo que nos oprime). Otorgando jerarquía constitucional a tratados internacionales , Argentina renuncia a ejercer su propia soberanía. Pero es una renuncia en nombre de los derechos humanos.  Para Mattarollo, todo esta explosión derchohumanista significa que “se recupera la dignidad de los perseguidos”. Pero lo que los argentinos necesitamos no es “recuperar la dignidad” de los perseguidos y caídos en los combates emancipatorios setentistas. Lo que necesitamos es recuperar para nosotros aquella voluntad y convicción que los distinguía. Porque aquellos combatientes, con sus aciertos y sus errores (que fueron muchos y muy graves), eran héroes que luchaban por por un pais distinto, sin opresores ni oprimidos. No eran “víctimas”, ni “jóvenes inocentes”, como cree el “paradigma familista”; pero tampoco eran “ciudadanos” abstractos, según pretende la ficción liberal de Jelin y sus conmilitones alfonisinistas. Librar una batalla ideológica contra la trampa del derechohumanismo es el pre-requisito para abrir un debate profundo y productivo sobre la confrontación entre la revolución y la contrarrevolución que tuvo lugar entre 1955 y 1976. Y un debate productivo será aquel que permita la rearticulación de las fuerzas nacional-populares a fin de librar las nuevas batallas emancipatorias que nos tiene deparadas el siglo que recièn comienza. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/795/