Chávez, el socialismo del siglo XXI y los problemas del periodo de transición

Nombre: *

E-mail: *  (es obligatorio pero no será publicado)

Localidad:

URL:

Recordar mi información personal

Por favor ingrese la palabra que se ve en la imagen de abajo:

Su comentario:

¿Notificarme de comentarios nuevos?

*  Campos obligatorios

Su Email:

Su nombre:

Para:

Asunto:

La revolución venezolana ha entrado en una fase que resultará definitoria respecto a su futura orientación. Tras el resultado del referéndum del 2 de diciembre el presidente Chávez ha declarado a modo de autocrítica: “Yo estoy obligado a reducir la velocidad de marcha. He venido imprimiéndole una velocidad a la marcha más allá de las capacidades o posibilidades del colectivo; lo acepto, y allí uno de mis errores”, y advirtió, “las vanguardias no pueden desprenderse de la masa. ¡Tienen que estar con la masa! Yo estaré con ustedes, y por eso tengo que reducir la velocidad”. Más adelante dijo: “Para nada es un espíritu de rendición, ni de moderación ni de conservatismo. Es realismo. ¡Realismo! Calma, paciencia, solidez revolucionaria. Nadie debe sentirse derrotado ni desmoralizado; todo lo contrario, se requiere más fuerza moral, más mística revolucionaria, mayor capacidad del pueblo para organizarse, mayor conciencia popular, mayor voluntad del gobierno, del pueblo, de las instituciones, de la revolución”. ¿Fueron éstas las razones de la derrota? El frente de la contrarrevolución logró organizarse esta vez en torno a una sola consigna: el no a la reforma constitucional, paso previo a la neutralización o el derrocamiento del gobierno de Chávez. Hacia ese punto convergieron los antiguos partidos de la IV República y los desprendimientos del chavismo como Podemos y el ex ministro de Defensa, Isaías Baduel, las cámaras empresarias representantes de la oligarquía terrateniente y la gran burguesía, los medios privados de difusión masiva, la derecha estudiantil, la jerarquía de la iglesia católica, las ONG financiadas por el gobierno norteamericano y las consultoras contratadas por la embajada de ese país. Washington tuvo un papel central en la organización de la oposición y en los preparativos de una campaña de desestabilización y golpe militar, en caso de que el sí se impusiera en el referéndum.[1] Esta oposición se tradujo, entre otras cosas, en una sistemática política de especulación, desabastecimiento y encarecimiento de los productos de primera necesidad, dirigida a deteriorar las condiciones de vida de las grandes masas venezolanas y provocar su descontento. El sabotaje económico fue acompañado por una campaña de terrorismo mediático contra la reforma constitucional. Sin embargo, a pesar de esta concentración de fuerzas y recursos, el campo antichavista apenas si aumentó en 200 mil votos, equivalente al 5%, respecto al registro alcanzado en las elecciones presidenciales de 2006. En cambio, el vuelco decisivo se produjo en el otro campo: de los 7,3 millones de venezolanos que votaron por Chávez un año atrás, esta vez el voto por el sí se redujo a 4,4 millones en números redondos, marcando una caída de 40%. El grueso de los 2,9 millones de votos de diferencia fueron a parar a la abstención.  ¿Faltó fuerza moral, mística revolucionaria, capacidad para organizarse, como señala Chávez al mencionar las causas de la derrota? No por parte de los trabajadores, los campesinos y las grandes masas populares. Casi tres millones de abstenciones no están indicando el retraso de la base respecto al ritmo que le ha impuesto el gobierno al proceso de transformaciones. Parecen más bien expresar el descontento y el malestar de una parte del movimiento chavista ante las limitaciones, vacilaciones y contradicciones de la dirección bolivariana para resolver los problemas de fuerte impacto popular como el desabastecimiento, el aumento constante del costo de vida, la inseguridad y la corrupción de la burocracia; en definitiva para imprimir un giro radical a las tareas nacional-democráticas, tales como la expropiación de los corporaciones monopólicas causantes de la especulación, o la democratización del aparato estatal, controlado por un funcionariado conservador, encargado de desvirtuar o bloquear las mejores medidas del gobierno. Sin embargo, Chávez, que contaba desde febrero de 2007 con poderes especiales para legislar por decreto durante 18 meses, además de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, no los utilizó para abordar los problemas vitales que gravitaban pesadamente sobre la situación de las capas más desprotegidas. Los aplicó, en cambio, para indultar a los golpistas de abril de 2002 luego de conocidos los resultados del 2 de diciembre, inclinándose en favor del ala reformista de su movimiento. Asimismo, dispuso la liberación de los precios de algunos alimentos básicos y formuló un llamado a la reconciliación de los venezolanos. Esas iniciativas fueron acompañadas por declaraciones ciertamente significativas. “Tenemos que buscar alianzas con la clase media, tenemos que buscar alianzas incluso con la burguesía nacional”, declaró Chávez a comienzos de enero. El sentido de esta afirmación quedó claro de inmediato al advertir que no había que dejarse “chantajear por voces del extremismo, de tesis pasadas de moda que en ninguna parte del mundo las van a conseguir: que si eliminación de la propiedad privada… ¡no, no, no! Esa no es nuestra tesis. Hay que buscar, más allá de eso, las alianzas para fortalecer el nuevo bloque histórico, como lo llamaba Gramsci”. (En agosto de 2007 había asegurado que “el socialismo venezolano acepta la propiedad privada. Estatizar es aferrarse a un dogma”). En esa misma ocasión instó a dejar de lado al marxismo-leninismo, al que juzgó como una “tesis dogmática, pasada de moda”, aunque por el contenido, sus declaraciones parece que iban más allá de la descalificación del ícono que el stalinismo convirtió en religión oficial del Estado soviético. Chávez, que tiene una interpretación particular de los textos y de la obra de los revolucionarios marxistas, instó a leer a Lenin, como en otra ocasión había recomendado estudiar a Trotsky, y escuchar los consejos de Fidel Castro, Daniel Ortega y del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukachenko, “quienes no sólo han hecho teoría; han gobernado y hecho revoluciones”. Sobre éste último dijo: “Lukachenko viene de la era soviética, y vio como cayó la Unión Soviética. Y una de las cosas que me dijo fue: ‘los empresarios, esa burguesía nacional, hay que tratar de que tengan sentido nacional, amor a su nación y a su patria, aún cuando sean empresarios y tengan dinero. ¡Pero que hagan inversiones en el país!”. Chávez ha hecho del socialismo una suerte de horizonte significativo en el que pretende inscribir las iniciativas, la política y la experiencia de la revolución bolivariana. Sin embargo sus invocaciones al Socialismo del Siglo XIX nunca han pasado de un nivel de generalidad, suelen resultar ambiguas y en muchos casos contradictorias. ¿Un nuevo tipo de socialismo caracterizado por la propiedad de los medios de producción y de cambio en manos de la burguesía? El presidente venezolano suele aconsejar estudiar los escritos y la práctica de los revolucionarios del siglo XX. Sin embargo parece pasar por alto que todas las revoluciones que desde octubre de 1917 intentaron abrirse camino en dirección al socialismo, partieron de un acto fundacional: la nacionalización de la tierra, del sistema bancario, de la gran industria y del comercio exterior, es decir de la expropiación de la burguesía y la instauración de una dictadura revolucionaria. En Venezuela nada de esto está contemplado en el programa bolivariano. Chávez proclamó el objetivo socialista luego de la contundente victoria electoral en diciembre de 2006. Desde entonces los avances más importantes consistieron en nacionalizaciones, bajo la forma de compras a las multinacionales de una parte del paquete accionario, en las áreas de los hidrocarburos, la electricidad y las comunicaciones, operación que dejó al Estado en situación de socio mayoritario. El camino elegido parece ser el de una coexistencia con el capitalismo, mientras se consolida un área de economía social, con el Estado jugando un papel de contralor en el proceso de acumulación. China, Yugoslavia y el “mercado socialista” En abril del año pasado el presidente Venezolano anunció haber recibido una carta de Fidel Castro conteniendo un elogio al socialismo de mercado que se desarrolla en China: Castro “me habla de Mao Tse Tung y el proyecto originario de Mao y termina diciendo como China, con su estrategia de socialismo de mercado, ha logrado convertirse en una superpotencia y será la gran superpotencia del siglo XXI”. Y agregó: “En el fondo, Fidel, después de filosofar mucho, de hablarme de historia, del Che, de Mao, de la experiencia cubana y china, lo que me quiere decir es una gran verdad que hay que admirarle: el socialismo del Siglo XXI tiene que acoplarse a las circunstancias del siglo XXI”. Más allá de lo que Fidel pueda pensar sobre el llamado socialismo de mercado, lo que sin duda se desprende de la lectura que hace Chávez de la carta, es la expectativa que despierta en el jefe venezolano el desenvolvimiento del modelo chino. ¿Qué tiene que ver ese modelo con el socialismo? ¿Acaso el Socialismo del Siglo XXI está tan alejado de los principios fundamentales que caracterizan la construcción de una sociedad socialista? En China se ha desarrollado en las últimas tres décadas un proceso de reconversión capitalista que ya ha alcanzado las ramas principales de su economía y establecido las líneas divisorias características de una sociedad de clases. La ultima noticia data de menos de un año atrás. A mediados de marzo de 2007 la Asamblea Popular Nacional de China reconoció como una de las formas de propiedad, junto a la estatal y la colectiva, la propiedad privada mediante una ley destinada a proteger medios de producción, materias primas en manos de particulares, y también las herencias individuales, las inversiones y las ganancias de esas inversiones. Pero ya a fines de 2006 la tendencia estaba firmemente consolidada. Por entonces las corporaciones privadas generaban casi el 70% del PBI y aportaban un porcentaje similar de los ingresos fiscales, índice de la reconversión que había alcanzado la privatización de las empresas colectivas. En verdad a mediados de los 90 el proceso había llegado a un punto de no retorno: la ganancia había pasado a ser el vector central del desenvolvimiento económico y la economía china se integraba a toda marcha en el mercado mundial, con el consiguiente predominio de la ley del valor capitalista sobre lo que quedaba del principio de planificación. Las transformaciones de fondo no se detuvieron en las ciudades. A pesar que de acuerdo con la legislación, la tierra seguía siendo propiedad colectiva, millones de campesinos fueron desplazados de sus parcelas por la introducción de hecho de diversas formas de explotación privada en el campo. Su proletarización en los centros urbanos dio lugar a las formas conocidas de sobreexplotación características de los períodos de acumulación originaria en los albores del capitalismo, mientras, simultáneamente, el capital avanzaba sobre las compañías estatales y abría terreno a un floreciente mercado inmobiliario. Junto con la irrupción en gran escala de la inversión extranjera en las ramas privatizadas (manufacturas, energía, telecomunicaciones, bancos), el auge de las ideas neoliberales, la ostentación de riqueza y un clima de corrupción, surgía una clase burguesa de “empresarios socialistas”, integrada por una parte de los funcionarios del Estado y del partido, desenvolvimiento que guarda cierta relación con la formación de una oligarquía de nuevos ricos salida de las filas de la burocracia en la ex Unión Soviética. Acerca de la gravitación que en el balance de poder alcanzó esta nueva clase, da una idea la “teoría de las tres representaciones”, formulada por el ex secretario general del PCCH, Jiang Zemin, según la cual sus representantes deben ser cooptados a la esfera de las decisiones estatales. Esta notable combinación de burocracia y burguesía tuvo por resultado un capitalismo sin revolución burguesa; capitalismo que algunos denominan burocrático, construido desde el propio Estado, cuya burguesía, altamente dependiente, integra sus intereses en un mismo bloque con los de la burocracia estatal y partidaria. Entre las reivindicaciones de la nueva clase no figura la democracia política, reclamo ideológicamente constitutivo de la burguesía en Occidente y, en consecuencia, nunca ha hecho suyas las demandas que estudiantes e intelectuales sostuvieron en la plaza de Tiananmen a fines de los 80. ¿Este ensamble de Estado y burguesía conocida como socialismo de mercado, es el camino que ha elegido Chávez para alcanzar el denominado Socialismo del Siglo XXI? La experiencia del socialismo de mercado no es nueva. El caso más significativo ha sido el emprendimiento yugoslavo puesta en marcha pocos años después de alcanzar el poder la Liga de los Comunistas, tras la victoria en la guerra de liberación nacional contra las fuerzas de ocupación del Tercer Reich. A partir de 1950 el sistema de autogestión comenzó a desarrollarse en la ex república balcánica como una vía alternativa al socialismo estatal consolidado en la URSS, y proyectado sobre las nacientes democracias populares de Europa del este por la burocracia soviética. Sin embargo, menos de dos décadas más tarde la experiencia autogestionaria tenía poco de las características de una construcción socialista: las relaciones fundamentales que dan lugar al desenvolvimiento de la sociedad capitalista habían ganado posiciones decisivas, la crítica al centralismo burocrático había derivado en la anulación práctica del principio de planificación democrática, y el imperio de la relación dinero-mercancía reinaba sin contraste en el llamado “mercado socialista”. El sistema yugoslavo constituyó una combinación de fuerte concentración de poder político por parte del Estado, junto a una marcada descentralización y autonomía de las unidades de producción, distribución y cambio, que fue ganando terreno a medida que las relaciones de naturaleza mercantil desplazaban las formas de propiedad estatal. En los períodos de transición entre el capitalismo y el socialismo, mientras la tierra, los principales medios de producción industrial, el transporte, la banca y el comercio exterior son nacionalizados, el insuficiente desenvolvimiento de las fuerzas productivas hace que los productos destinados al consumo conserven su condición de mercancías y, por lo tanto, que su reparto se rija por normas de carácter burgués. Sin embargo en Yugoslavia el mercado no sólo fue el resultado de la gravitación de la ley del valor en un sector de la economía. Para los inspiradores de ese modelo autogestionario, el mercado constituía la vía principal por la cual debía transitar el proceso de desestatización y, por consiguiente, las organizaciones laborales autónomas debían revestir el carácter de productores independientes de mercancías. Se trataba de resolver la contradicción principal del período, origen del “burocratismo” y el “tecnocratismo”, determinada por el monopolio del Estado sobre el proceso de producción. Esta era una fase de transición, en la cual los trabajadores deberían hacerse dueños de las condiciones y del resultado de su trabajo dentro de empresa. Bajo el principio “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”, habría de abrirse paso la desestatización de la plusvalía, ya que se partía del hecho cierto de que las relaciones sociales de producción no se transformaban, tan sólo porque el patrón individual sea reemplazado por el Estado en los límites de la empresa. Sin embargo, la socialización completa habría de conquistarse cuando los trabajadores alcanzaran ese mismo dominio en toda la escala de la sociedad, a través de la profundización del curso de la autogestión. Pero el desenvolvimiento de la transición así planteada no se ajustó exactamente a las previsiones. En esa fase inicial, en la que regía necesariamente el mercado y el sistema de precios, la distribución del producto no se hacía de acuerdo con la cantidad de trabajo vivo que generaba cada empresa, sino siguiendo las leyes capitalistas de formación de la tasa media de ganancia. El sistema funcionaba a partir de la autonomía de las unidades de producción, de distribución y de cambio, y en base a la igualdad de las distintas partes en el plano legal. Sin embargo, en los hechos esta igualdad formal, en medio de la relación dinero-mercancía y del reino de la competencia, terminó por establecer condiciones de desigualdad real. Así, el juego de la oferta y la demanda se convirtió en el regulador de la producción industrial, las remuneraciones no fueron determinadas de acuerdo a la cantidad de trabajo aportado, sino en correspondencia con el rendimiento de la empresa, mientras que relaciones de dependencia y explotación se establecieron a favor de los bancos y empresas comerciales sobre a las organizaciones de producción. Además y al margen de ciertas prácticas usurarias, el capital bancario orientó el crédito de acuerdo con el rendimiento de la inversión y, por consiguiente, dificultó el proceso de reproducción ampliada y los proyectos de renovación tecnológica, cuyo desenvolvimiento dependía de ciclos de amortización cortos, sostenidos por el subsidio estatal.[2] Pero al mismo tiempo el proceso de desestatización no avanzó en el sentido de la democracia obrera. En las fábricas las decisiones sobre la producción y la distribución, así como los distintos aspectos que hacían a la marcha de la empresa, las tomaban los directores en representación del Estado, secundados por un cuerpo de técnicos y administradores. Desprovistas de las funciones definitorias de la autogestión, las organizaciones de trabajo quedan confinadas al plano corporativo, prácticamente a la discusión del salario. De forma tal, los principios de una suerte de “estatismo descentralizado”, desplazaron los de la autogestión obrera en las unidades productivas.[3] A su vez, los cambios que se registraron en el plano político produjeron una pérdida de gravitación por parte de la clase trabajadora. Hasta la Constitución promulgada en 1963 el Consejo de Productores, representación directa de los trabajadores, se desenvolvía como segunda Cámara en las Asambleas populares con facultades para la aprobación y revisión de la Constitución y la elección y destitución de los funcionarios, revocación del mandato de los diputados de las Asambleas y otros tópicos vinculados con el funcionamiento de los órganos del poder. Asimismo, tenía competencia sobre los asuntos económicos y financieros, el trabajo y el seguro social. La nueva Constitución, al llevar a la práctica la idea dominante en los círculos gobernantes, de que la sociedad yugoslava prácticamente había alcanzado el estadio de una sociedad de productores socialistas, aumentó de dos a cinco el número de cámaras de las Asambleas y reconvirtió el Consejo de Productores y un Consejo Económico, circunscribiéndolo a los asuntos económicos, derivados de la actividad profesional de la clase trabajadora.[4] Mientras tanto, al tiempo que declinaba su influencia política, la situación material y la unidad de clase de los trabajadores experimentaba un marcado deterioro. El hecho de imperasen abiertamente las leyes de mercado, que las remuneraciones salariales fueran establecidas en relación al rendimiento de la empresa, mientras que a los sindicatos se les prohibiera luchar por normas uniformes, determinó, en presencia de posiciones monopólicas, intercambios no equivalentes generados por desigualdad en las condiciones de producción, desniveles de productividad, disparidades regionales, etc., la existencia de pronunciadas brechas salariales, de uno a tres o de uno a cuatro en la realización de un mismo trabajo. Así, al tiempo que se desarrollaba una próspera clase media y aparecían manifestaciones de consumo suntuario, mientras la ideología del “espíritu de empresa” y “la cultura de consumo” ganaban páginas en la prensa junto al sensacionalismo y el snobismo, la clase trabajadora, empobrecida y fragmentada, impulsaba huelgas salvajes, al margen de las direcciones sindicales, de hecho estatizadas, o emprendía emigraciones en masa. Hacia comienzos de los años 70 los lineamientos de una nueva sociedad de clases estaban firmemente establecidos y el proceso de transición socialista había experimentado una mutación irreversible. “Y así, aunque resulte paradójico a los no habituados a la lógica liberal-democrática y proudhonista de la autogestión, nuestra autogestión obrera, en lugar de generar un ‘socialismo de autogestión’, ha producido algo totalmente distinto, a saber: ‘un capitalismo pequeño burgués”.[5] Revolución y contrarrevolución Difícilmente la experiencia del mercado socialista que lleva adelante la dirigencia china como anteriormente lo hizo la conducción yugoslava, resulte la vía de transición que conduzca al puerto programado por la jefatura venezolana. Sin embargo, ¿en qué punto de su desenvolvimiento está la revolución en Venezuela? Los resultados del 2 de diciembre indican que ese desenvolvimiento ha entrado en una fase crítica, en la cual o las tareas nacional-democráticas (reforma agraria, nacionalizaciones, medidas antimonopólicas, etc.) son profundizadas mediante métodos revolucionarios, o las contradicciones que sacó a la luz la pasada derrota electoral, terminarán por dar nuevo y definitivo impulso a los planes de la contrarrevolución. Este pronóstico no es un simple presagio. La historia de las revoluciones en el siglo XX enseña que la intensificación de la lucha de clases, propia de un período de transición, alcanza un momento de desenlace en el cual la revolución y la contrarrevolución se enfrentan con todas sus armas, en medio de un antagonismo abierto. Chávez, que aconseja aprender de aquellos que hicieron revoluciones, tiene muy cerca de él las enseñanzas de Castro y de la revolución cubana. La revolución, inicialmente democrática, en presencia de un régimen de opresión que sofocaba a la inmensa mayoría de la población cubana, constituyó un acontecimiento de consenso general, visto con simpatía incluso en los medios liberales del periodismo, la intelectualidad y el partido Demócrata de Estados Unidos. Sin embargo, el desenvolvimiento de las primeras tareas revolucionarias puso en evidencia que la resistencia de los círculos tradicionales del poder, imponía de suyo la radicalización del programa. Por ejemplo, en la primera mitad de 1959, la expropiación de los latifundios y la eliminación de los arrendamientos, una medida socialmente democrática, despertó la cerrada reacción de la burguesía y de los capitales norteamericanos asociados a la oligarquía azucarera. El gobierno norteamericano respondió con la restricción de créditos y la reducción de la cuota azucarera. Sin embargo, ya en Sierra Maestra la revolución había emprendido un curso irreversible: no había posibilidades de revolución democrática si ésta no era al mismo tiempo un movimiento de reforma agraria radical. Para afianzarse y avanzar los revolucionarios debía ganarse la confianza del campesinado, la base social sobre la que habrían de apoyarse para enfrentar el ejército de Batista. Pero esta tarea llevaba a la revolución a una fase antiimperialista sin retorno. En 1960 el gobierno revolucionario decidió la expropiación de las compañías norteamericanas que explotaban ramas estrategias (industria azucarera, telefonía y electricidad) y echó las bases de la planificación económica. Hacia octubre de ese año, la resistencia de la burguesía y las propias necesidades de las tareas de planificación, llevó a la nacionalización de las grandes corporaciones que aún estaban en poder del capital nacional y extranjero. A esa altura el contenido social de la revolución había superado los límites originales, y las primeras medidas de corte socialistas pasaron al orden del día. De forma tal, a medida que la resistencia de las clases dominantes y el capital extranjero se hacía más firme, y las relaciones de propiedad comenzaban a constituir un obstáculo para la marcha de la revolución, las tareas democráticas, agrarias y antiimperialistas se impregnaron de un contenido anticapitalista y abrieron una vía de transición. La presencia de una dirección revolucionaria, en condiciones de interpretar las enseñanzas que arrojaba la lucha de clases en cada una de sus fases, y de apoyarse resueltamente en las grandes masas oprimidas, constituyó un factor determinante en la experiencia cubana. Una década más tarde, la existencia de este encadenamiento de tareas de distinta naturaleza histórica, característico de la particularidad con que el desarrollo desigual y combinado se presenta en los países atrasados, se presentó en Chile, no a través de la victoria sino en medio de una trágica derrota del movimiento obrero y popular. En noviembre de 1970 Salvador Allende asumió la presidencia al frente de la Unidad Popular (UP), un vasto frente integrado por socialistas, comunistas, cristianos de izquierda, radicales y otros grupos de izquierda. Allende definió su gobierno como popular, democrático y revolucionario, cuyo programa abriría el camino hacia el socialismo. En breve tiempo el gobierno puso en práctica ese programa comenzando por la nacionalización de la gran minería del cobre, en manos de las corporaciones norteamericanas. La medida, que tenía una importancia clave –de esa explotación provendría el 80% de las divisas que recibiría el Estado chileno– fue ejecutada descontando de la indemnización las ganancias extraordinarias que se había embolsado el capital imperialista. Una decisión similar alcanzó al salitre, el carbón, hierro, petróleo y petroquímica. Asimismo, pasaron a ser propiedad estatal el Banco de Londres, el First National City Bank, el Bank of América, el Banco Edwards y otras entidades nacionales extranjeras. En el campo el gobierno puso en práctica la reforma agraria aprobada bajo el gobierno de la Democracia Cristiana, expropiando más de 1.200 latifundios y reduciendo sustancialmente la cantidad de tierras en poder de la oligarquía. Estas iniciativas suscitaron al mismo tiempo que un alza de masas, una radicalización en las posiciones del movimiento obrero. Se produjo un fuerte crecimiento de la Central Única de Trabajadores (CUT), cientos de miles de jornaleros agrícolas fueron organizados, surgieron juntas de abastecimiento popular y el poder de la clase trabajadora comenzó a manifestarse a través de los cordones industriales, nueva forma de organización de las bases. Un intenso clima de agitación política conmovió a las más diversas capas de la sociedad chilena. En poco tiempo la editorial Quimantú superó el millón de libros lanzados al mercado, en su mayoría de autores marxistas. Sin embargo en ese punto las antiguas formas institucionales, a las que el gobierno de Allende se manutuvo siempre apegado, y las contradicciones de la UP, constituyeron un obstáculo para el proceso de radicalización del movimiento de masas. Lejos de apoyarse en este proceso, socialistas y comunistas, las fuerzas decisivas del gobierno, hicieron de la lucha parlamentaria la herramienta central de esas transformaciones. Pesaba sobre sus direcciones una larga tradición reformista del PS, y la decisión del stalinismo trasandino de fijar en los límites de una etapa democrático burguesa la corriente de transformaciones. De forma tal, el PC denunció como una provocación las acciones extraparlamentarias, trató de desalentar las iniciativas de los trabajadores por alcanzar el control de las empresas del área social, obstruyó en las horas decisivas el armamento popular y hasta último momento intentó llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana, la fuerza política central que estaba detrás del golpe de Estado. Pero la resolución de la que carecía el gobierno la tenían sus enemigos. La oligarquía, la gran burguesía y el imperialismo organizaron un plan de desestabilización sobre la base de desabastecimiento de artículos esenciales, especulación, mercado negro, desinversión empresaria, lock-out de transportistas y provocaciones callejeras. El Partido Nacional, la Democracia Cristiana y los fascistas de Patria y Libertad, las cámaras patronales, la prensa radial y escrita y la televisión, fuerzas civiles de la contrarrevolución, lanzaron una furiosa campaña contra el gobierno, aterrorizaron a la clase media explotando la verborragia de la ultraizquierda y construyeron la base social del movimiento sedicioso que se estaba gestando en los cuarteles. A fines de junio de 1973 las fuerzas leales desbarataron un intento de golpe de Estado. En ese momento el gobierno estaba en condiciones de quebrar el complot en marcha, pero no hizo nada; desde por lo menos un mes antes del 11 de septiembre, oficiales constitucionalistas habían advertido a Allende sobre los planes golpistas, pero en el Palacio de la Moneda y en la UP se confiaba en la tradición legalista de las fuerzas armadas. Cuando ya el peligro era inminente, los dirigentes comunistas, que habían interpretado la designación del general Pinochet al frente del ejército como una victoria de la fracción legalista, aseguraban que en la sociedad chilena existía consenso de que los enfrentamientos no podían dirimirse a través de un choque armado. Tanto la victoria del Movimiento 26 de Julio en Cuba como la derrota de la UP en Chile, prueba que en los capitalismos atrasados y dependientes, la resistencia al orden de tareas nacionales, agrarias, democráticas y antiimperialistas por parte de las clases privilegiadas, expresión subjetiva de las formas de propiedad existentes, deriva a cierta altura en un antagonismo abierto. Durante un período, que no es indefinido, las fuerzas de la revolución y las de la contrarrevolución quedan frente a frente. En tales circunstancias la suerte del campo popular depende de la iniciativa, la audacia y la resolución de una dirección política dispuesta a aplastar la sedición y profundizar el cauce revolucionario. En Venezuela la revolución no ha llegado a la profundidad que alcanzó en Chile o durante el primer año de gobierno en Cuba, sin embargo el desenvolvimiento de los acontecimientos (golpe de Estado, lock out petrolero, desabastecimiento, maniobras especulativas, planes de desestabilización, etc.) indica que se ha entrado en un período de luchas decisivas.  El pasado 22 de enero Chávez declaró que “entre las responsabilidades del gobierno, una de ellas es atacar el modelo capitalista, los monopolios y las estafas, para que el pueblo, los trabajadores, junto con el gobierno puedan hacer avanzar el país”. Dos días más tarde 27 camiones cargados con 350 toneladas de alimentos y 165 de harina de maíz de la corporación Alimentos Polar, fueron confiscados. Polar es el principal grupo de la industria alimenticia venezolana; tuvo activa participación en el cierre patronal de diciembre de 2002 a febrero de 2003, y actualmente juega un papel activo en las maniobras de desabastecimiento y contrabando que se desarrollan en la frontera con Colombia, donde se ha producido la mayor cantidad de incautaciones de alimentos por parte del Estado. Ni la oligarquía terrateniente ni la burguesía van a abandonar voluntariamente las maniobras desestabilizadoras. Mucho menos el imperialismo norteamericano. El presidente amenazó con expropiar a las empresas volcadas al sabotaje económico, sin embargo ninguna medida se ha tomado al respecto. En cambio el gobierno ha liberado del control de precios a la mayor parte de los artículos. Sin embargo la batalla que es clave en esta fase del enfrentamiento se libra en el propio campo de la revolución. Chávez ha declarado que no quiere que la burguesía entre en el Partido Socialista Único en proceso de construcción. Conviene tener que presente que los intereses de la burguesía no sólo se expresan abiertamente en las fuerzas de la oposición, sino también a través de ciertas líneas del gobierno y el movimiento bolivariano. Por ejemplo, en algunos niveles de funcionarios que mantienen las prácticas del Estado de la IV República; en los procedimientos burocráticos que bloquean medidas de transformación; en la política encaminada a imponer el control estatal sobre las organizaciones sindicales; en decisiones del Ministerio de Trabajo, más cerca de las patronales que de los trabajadores; en la corrupción que obra como un factor de desconfianza y desmoralización entre las masas. Son precisamente esas grandes masas populares, especialmente los trabajadores urbanos y los campesinos, la base social más sólida y profunda de la revolución;  junto con la oficialidad nacionalista de las fuerzas armadas constituyen el principal sostén del gobierno venezolano. Entre esas grandes mayorías el prestigio político de Chávez sigue siendo muy alto. Éste ha dicho que es necesario buscar alianzas con las clases medias e incluso con la burguesía nacional. Una revolución de carácter nacional, democrático y antiimperialista abarca a las capas bajas y empobrecidas de esas clases, aplastadas bajo el peso del parasitismo oligárquico y la dictadura del capital monopólico. Sin embargo su confianza y apoyo no depende de las limitaciones que se impongan al programa revolucionario sino, por el contrario, del desenvolvimiento a fondo de medidas radicales de corte antioligárquico y antiimperialista, destinadas a liquidar las formas más groseras del privilegio de clase y la explotación social. En definitiva, la lucha por el socialismo es una lucha que se libra día a día, a partir de la iniciativa y la experiencia de las grandes masas por consolidar un orden de justicia, democracia e igualdad, a través de un cauce de transición que deje atrás el régimen de expoliación y opresión sobre el que se sostiene el orden capitalista. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/23/

¡Unirse a nuestra lista de correo!