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    <title>Izquierda Nacional • Socialismo Latinoamericano</title>
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    <dc:creator>comentarios@izquierdanacional.org</dc:creator>
    <dc:rights>Copyright 2010</dc:rights>
    <dc:date>2010-02-17T19:15:00-03:00</dc:date>
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      <title>Pelean por pagar una deuda que es ilegítima</title>
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      <author>Socialismo Latinoamericano • Izquierda Nacional</author> 
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      <description>La crisis del Banco Central que enfrenta al oficialismo con la oposición de centro y de derecha, puso en claro que las diferencias se dirimen sobre una base que es común a las posiciones en pugna. El gobierno reivindica su derecho al control sobre la política monetaria y financiera mientras que sus opositores reclaman el respeto a la autonomía de la entidad. Esa autonomía significa lisa y llanamente mantener a la autoridad monetaria en la órbita de gravitación del capital financiero internacional y de sus agentes locales. En consecuencia, una de las primeras exigencias de un programa nacional&#45;democrático es la de poner fin a esa dependencia y recuperar un resorte de importancia estratégica para la orientación del proceso de acumulación de capital. Pero entre esta demanda y las intenciones del gobierno hay una diferencia más que apreciable: ¿un Banco Central bajo el mando de un connotado representante del parasitismo financiero como es Mario Blejer, antiguo funcionario del FMI, del Banco de Inglaterra y del Banco de Israel, o como antes lo fue Martín Redrado, designado en el cargo por el ex presidente Kirchner?


En definitiva, el plan del gobierno es hacerse de parte de las reservas para garantizar el pago de la deuda (o, simplemente, saldar una parte de los vencimientos de 2010), pagarles a los acreedores que no entraron en el canje y también al Club de París, iniciativas con las que espera crear las condiciones para retornar más adelante a los “mercados”, e iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. Desde su punto de vista, que prescinde de juzgar sobre la legitimidad de la deuda, es indiscutiblemente más conveniente aplicar reservas a su pago que tomar crédito a tasas que para el país oscilan en torno al 15%.


La oposición de radicales, cobistas y cívicos, unidos en esta cruzada a macristas, peronistas disidentes y seguidores de De Narváez se han juramentado en la defensa de la autonomía del Banco Central, pero coinciden con el oficialismo en la necesidad de regularizar la relación con los prestamistas internacionales y pagar todas las deudas, además de reestablecer relaciones plenas con el FMI. La llave de su programa es un fuerte ajuste fiscal para poner fin al desequilibrio en que han caído las cuentas públicas en el último año. Se trata de una típica política anti&#45;obrera y anti&#45;nacional, que lleva directamente al aumento de la explotación y empobrecimiento de las masas trabajadoras.


En consecuencia, el oficialismo y el grueso de la oposición coinciden en lo fundamental. La deuda debe ser pagada. Tal como dijo la presidenta Cristina Fernández “no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo”. Según su sabia reflexión el momento de investigar la deuda fue el de Alfonsín, durante el primer gobierno constitucional tras la dictadura. Curioso criterio. En 2006 el gobierno de Néstor Kirchner pagó de una vez y por adelantado 9.900 millones de dólares al FMI, y presentó la decisión como un acto de soberanía nacional. El 80% de esa suma era parte de la deuda contraída por el gobierno de De la Rúa mediante la operación conocida como “blindaje”, y fue utilizada para financiar la fuga masiva de capitales de 2001 con la complicidad de las autoridades del organismo financiero. Esto fue establecido por una auditoría interna del FMI, entidad que en su carta orgánica prohíbe expresamente maniobras de este tipo. ¿Tampoco en ese momento era posible declarar ilegítima esa deuda? El doble discurso kirchnerista queda al desnudo cada vez que lo que está en juego es la dignidad y la soberanía nacional.&amp;nbsp; 


En junio del 2000 el juez Ballesteros en la causa iniciada por Alejandro Olmos contra José Alfredo Martínez de Hoz emitió un pronunciamiento, entre cuyas conclusiones figura el siguiente párrafo: “Ha quedado evidenciado en el trasuntar la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y se promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener la política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado”. Martínez de Hoz, procesado en esa investigación quedó sobreseído por prescripción de la acción penal, pero el juez giró las actuaciones al Congreso, poder, que de acuerdo con la Constitución, es el encargado de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Sin embargo los legisladores, con el mismo “realismo” de la presidenta Fernández, mantienen desde hace diez años archivado el molesto presente.


Si algo ha probado la crisis institucional originada en la lucha por el control del Banco Central, es la coincidencia básica en torno a la cual dirimen posiciones oficialistas y opositores. Unos y otros inscriben sus programas en el horizonte petrificado de un país semicolonial, y se ajustan disciplinadamente a su papel principal que es el de reproducir, con variantes, los mecanismos centrales de la dependencia. Cuando la crisis orgánica que no quedó cerrada tras la recomposición del régimen en 2002, reaparezca con toda su fuerza,

las grandes masas trabajadoras y populares organizadas en un vasto Frente Nacional Antiimperialista, los expulsarán definitivamente de la escena histórica.</description>
      <dc:subject>Editorial</dc:subject>
      <dc:date>2010-02-17T19:15:00-03:00</dc:date>
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    <item>
      <title>Repsol&#45;YPF y la continuidad del saqueo de los recursos energéticos</title>
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      <author>Gustavo O. Lahoud</author> 
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      <description>El pasado 22 de diciembre de 2009, las autoridades de Repsol&#45; YPF presentaron un ambicioso plan de exploración y extracción de petróleo y gas que persigue el objetivo de reconstituir un horizonte de reservas de hidrocarburos que permitan sostener un esquema productivo sostenido en el mediano y largo plazo.


En líneas generales, el plan  comprende una inversión del orden de los u$s 500 millones en exploración en áreas anteriormente exploradas y en otras que no registran operación alguna en la actualidad, mientras que, en toda la cadena del negocio hidrocarburífero, desde las operaciones upstream (extracción) hasta la refinación, transporte y comercialización (downstream),  se prevé una  inversión de otros u$s 1.200 millones, totalizando aproximadamente u$s 1.700 millones de inversión durante el 2010.


Por otra parte, se pauta una perspectiva de planificación exploratoria integral en alrededor de 250 bloques en distintas cuencas sedimentarias del país que actualmente no son operados por ninguna compañía. En este caso, el horizonte de inversiones planificado se extiende hasta el 2014 y supondría una inversión de por lo menos, unos u$s 5.000 millones en exploración y actividades productivas.


Ahora, más allá de los fríos datos descritos, es relevante profundizar en aquellos aspectos centrales que conforman la matriz estructural del negocio energético en la Argentina, uno de cuyos operadores fundamentales es Repsol&#45;YPF.


En primer lugar, el denominado proceso de argentinización de Repsol&#45;YPF, iniciado hace dos años a través de la entrada en la gestión de la empresa hidrocarburífera del grupo empresarial Eskenazi, empieza a mostrar un despliegue ya más ambicioso, en términos de la compleja trama de intereses políticos y económicos que hay detrás del mismo. En tal sentido, hay una proyección de largo plazo que está vinculada con la opcin estratégica del grupo empresarial mencionado, que intenta ser parte importante de una reconversión integral de todo el negocio hidrocarburífero en la Argentina. Pero, simultáneamente, juega otro elemento relevante, de más corto plazo, que está relacionado con las opciones políticas del gobierno kirchnerista, autor inconfundible de la mal llamada argentinización o nacionalización parcial trucha del recurso y, desde ese lugar, agente propiciador de la entrada del grupo Eskenazi en el negocio petrolero. En efecto, la entrada privilegiada de este grupo en el negocio del petróleo y el gas, va de la mano de la consolidación de un escenario político, económico y jurídico que, en materia de recursos naturales hidrocarburíferos,  cristaliza un horizonte de juego oligopólico concentrado en todos los eslabones de la cadena, cuya contracara es la profundización del escenario estratégico de desguace y provincialización de los recursos, dificultando, de esa manera, cualquier proceso serio de planificación de la diversificación de la matriz energética nacional a largo plazo.


En segundo término, la presentación de cualquier plan de exploración y producción en un contexto de crisis estructural del modelo energético anárquico y desregulado, y con el agravante de que el Estado nacional se ha autolimitado en su misma autonomía y capacidad de acción en el papel rector y planificador de los recursos naturales hidrocarburíferos —lo cual ha sido aún más evidente luego de la sanción de la llamada Ley corta de 2006, que profundizó el esquema de provincialización de los recursos—, supone la consolidación de un escenario de hechos consumados, revestidos del sofisma de la llamada seguridad jurídica (tal como lo expusiera el mismo Eskenazi en la presentación del plan). Esto es así ya que, justamente, si hay un rol que las empresas esperan que el Estado nacional cumpla de manera eficiente en la actual coyuntura energética, es el de garante de las actuales condiciones jurídicas, políticas y económicas imperantes en el negocio del petróleo y el gas en todos los eslabones de la cadena.


Finalmente, un tercer eje analítico que es interesante abordar, está relacionado con las opciones estratégicas que empresas como Repsol&#45;YPF toman  en función de las características del mercado en una multiplicidad de aspectos que van desde lo puramente técnico hasta lo centralmente político pasando por las decisiones tomadas a partir del juego de los otros actores participantes. En tal sentido, la presentación anunciada por Repsol&#45;YPF confirma que, en ese horizonte, las empresas siempre realizan una lectura sistémica de las condiciones múltiples existentes en el mercado, del juego de los otros actores, de la correspondiente configuración y correlación de fuerzas y de la mayor o menor capacidad de presión sobre las autoridades que ocasionalmente ocupan los cargos públicos en las distintas jurisdicciones del Estado.


En función de todo ello, los análisis parciales y segmentados, que sacan fotos estáticas de la realidad permanentemente, suponían, en el caso de Repsol&#45;YPF, que la empresa estaba desinvirtiendo masivamente en todo el negocio hidrocarburífero y de la energía en el país, cuando, en realidad, lo que hacía y hace es encarar una diversificación profunda de sus intereses estratégicos en todos los eslabones de la cadena del negocio y en la planificación aún más amplia de todo el sector energético, contando, para ello, con la complicidad decisiva de la actual administración kirchnerista.


En definitiva, el horizonte de planificación de los recursos energéticos controlado —por  un conjunto de empresas oligopólicas— estará cada vez más atado al negocio de las mismas, mientras que el Estado —bajo estas reglas— asegura la continuidad de la dependencia y del saqueo de los recursos, consolidando, de esa manera, un proceso estructural de apropiación de la renta hidrocarburífera y de desguace progresivo de la capacidad de decisión nacional en materia de recursos naturales estratégicos.</description>
      <dc:subject>Energía</dc:subject>
      <dc:date>2010-02-17T19:06:00-03:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title>La reconstrucción del ferrocarril tiene importancia estratégica para la formulación de un proyecto nacional</title>
      <link>http://www.izquierdanacional.org/periodico/articulos/la_reconstruccion_del_ferrocarril_tiene_importancia_estrategica/</link>
      <author>Socialismo Latinoamericano • Izquierda Nacional</author> 
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      <description>El tema de las concesiones ferroviarias hay que verlas dentro del marco de la desindustrialización, que ya se había producido en el periodo del proceso militar con Martínez de Hoz y que se continúa de alguna manera —porque no se logró desindustrializar absolutamente. Muchos talleres ferroviarios, que son una industria importantísima, quedaron. Fabricaciones Militares quedó; SOMISA quedó. Entonces había que terminar el proceso, porque en realidad el fondo de la cuestión era desestructurar las regiones y las economías del país. Y sacar la posibilidad de que un Estado, un gobierno razonable utilizara el Estado como debe ser usado con manejo de equilibrio de intereses, planificación a mediano y largo plazo, orientación del crédito, en fin, todas esas cosas que se aborrecían en el Consenso de Washington y que evidentemente son las herramientas con las cuales las grandes potencias crecieron.


Entonces, para instalar esto, primero hubo infligir una derrota cultural muy grande. Es decir, la derrota cultural viene fundada en que los argentinos éramos incapaces de manejar los resortes básicos de nuestra estructuración como Nación. ¿Cuáles son esos resortes básicos? Las que conocemos históricamente, las que decía Scalabrini: la energía, el transporte, las comunicaciones, que ahora le podemos agregar la minería, el agua. Yo personalmente creo que no hay ninguna posibilidad de transformación real de la sociedad, si la sociedad no vuelve a tomar, a través de la institución del Estado —por supuesto, no este Estado, sino un Estado organizado, inteligente— el manejo de estas variables, que yo llamo “variables instrumentales”.


El ferrocarril fue una herramienta estructurante del espacio nacional y, además, era de alguna manera promotor de industrias semipesadas y pesadas, —no olvidemos la fabricación de rieles, no olvidemos la fabricación de locomotoras, de electrónica, etc.— había que atacar esa posibilidad, y ya se ve en los primeros pasos lo que Cavallo hace con Menem inicialmente, es sacar los trenes de pasajeros del área metropolitano, formar una empresa para los ferrocarriles metropolitanos. Los trenes interurbanos tirárselo por la cabeza a los gobernadores, sin que existiera la posibilidad de que una provincia hiciera circular trenes de larga distancia. Por razones económicas, técnicas, por un montón de razones. La prueba es que no pasó nada. Y después, desestructurar el sistema de cargas. ¿Cómo lo desestructuró? En vez de hacer que la carga fuera un servicio público, cómo tenía la obligación Ferrocarriles Argentinos —la empresa estatal—, dividió en varias “unidades de negocios” —cómo les gustaba decir a estos tipos— y adjudicó líneas de carga a, digamos, grupos económicos que utilizan el ferrocarril como un transporte interno de su proceso de producción y comercialización. Son los casos, por ejemplo, de Fortabat o Camargo Correa. El ochenta y pico por ciento de la producción que lleva es producción propia o de empresas asociadas, piedra, arena, cemento, etc. El caso más patente, más patético, es haber entregado el ferrocarril Mitre —hablo de la parte de cargas— al grupo Urquía, y son tan colonizados que le pusieron Nuevo Central Argentino.


El caso típico de esa división en unidades de negocios es el de los ferrocarriles metropolitanos, unos 1000 kilómetros alrededor de la Capital Federal. Dividieron y da la casualidad que los grupos adjudicatarios de esas concesiones tienen una fuerte vinculación al transporte automotor

¿Qué quedó en pie de la antigua estructura ferroviaria?

Calculá que de los 35 mil kilómetros de vías que se podían explotar antes de las concesiones hoy se explotaran unos 8 mil kilómetros, 9 mil en el mejor de los casos. Con una diferencia, que en aquel momento, sobre 15 mil kilómetros vos podías circular a velocidades entre 90 y 120/140 kilómetros por hora. Hoy en ningún lado de esas vías interurbanas a más de 40 a 50 kilómetros por hora, ¡30! O sea, tenés la velocidad preferrocarril. Eso significa algo que en general se mantiene oculto, es decir, la descapitalización. Acá hay líneas que están abandonadas absolutamente; tienen tres o cuatro descarrilamientos diarios andando a 20 km/h. Se han destruido locomotoras, se han destruido vagones, el patrimonio, esa acumulación que hizo la sociedad durante tantos años se fue al carajo. Vos le das a un empresario activos por miles de millones de dólares. Al tipo que le va a importar mantener esos activos o modernizar esos activos. Si en el componente de costos ferroviarios uno de los valores más altos es el de la amortización de los activos. Entonces, como esa amortización en realidad no figura el tipo trabaja hasta exprimir todos los activos, si se caen 10 vagones los deja. Vos vas por la provincia de Entre Ríos, mismo Corrientes, y vas a ver vagones tirados al costado de la vía. Lo mismo que la vía para Mendoza. Entonces esa destrucción de activos, que las autoridades de los distintos gobiernos que tuvimos la conocen perfectamente, pero no actúan.

¿Qué opinás sobre el tema este del ferrocarril o de la unión de los pueblos a través de ferrocarriles bioceánicos?

Mirá, ese… hay un proyecto del Banco Mundial que es el proyecto IRSA, que firmaron todos los países del UNASUR, sumando. Duhalde en representación de la Argentina; lo firmó Lula, en fin. Ese proyecto es del Banco Mundial y lo único que hace es establecer vinculaciones este&#45;oeste en Sudamérica para bajar los costos de los productores multinacionales. Y nos deja colgados con los ejes norte&#45;sur, que son los que a nosotros, personalmente por estar en el lugar que estamos, nos conviene.

Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué te parece que hay que hacer?

Mirá, yo vengo desde hace años, me acuerdo en uno de los congresos de la CTA en Mar del Plata, había 12 mil personas, en la comisión que yo participaba había 2 mil. Dije, “che, no somos capaces de escribir diez, quince puntos en un pizarrón sobre los que estemos de acuerdo”. Y esas diez o quince cosas tienen que estar vinculadas con esto que yo te digo que llamo las “variables instrumentales” del modelo de transformación. Es decir, qué opinamos del transporte, qué opinamos del petróleo, del gas, de la minería; no que opinamos, qué tenemos que hacer. Si nos ponemos de acuerdo con esos diez puntos después podemos pelear por lo demás. Pero el compromiso debería ser: esto es la, digamos, son los elementos que aglutinarán un frente, un movimiento, lo que sea. Me parece importante el esfuerzo que ha hecho la Constituyente Social, al menos genera el camino por donde se podría discutir algo de esto.


Entonces lo que hay que construir es una fuerza, digamos, nueva. Yo creo que la experiencia con Solanas acá en la Capital es clara, el tipo vino con un discurso que no tenía un carajo que ver decían los demás, que vos me digás “bueno, no hay estructura” o que se yo qué puede pasar, pero tipo que hace, pone cuatro o cinco ejes en discusión y la gente dice “puta, este parece que habla distinto”. No sabe lo que va a pasar. Pero por lo menos le cambian el discurso.

¿Cuál debería ser el punto de partida de una política de reconstrucción ferroviaria?

La primera medida es mandar a hacer un inventario detallado, compararlo con los bienes que se entregaron y sacar la cuenta de lo que pasó. Esa para mi es la primera. Y la segunda es seguir la ruta de los subsidios, la ruta de los subsidios quiere decir: “donde fue”, “en qué gastaste”; porque por ahí te vas a encontrar con que se usaron subsidios para hacer barrios cerrados. ¡Qué es así! O subsidios que se usaban para triangular, lavar guita y repartirse “beneficios” en los directorios. Está denunciado, no por mi, por Sergio Taselli, en su momento. Entonces esas dos medidas creo que son, digamos, las que pueden indicar un cambio de orientación en la política nacional, que el Estado asuma y diga “hermano yo te entregué tanto, quiero ir a verlo”. Porque los inventarios los hacen por declaración jurada los mismos concesionarios. ¡Pasó con el San martín! ¡Pasó con el Roca! Nosotros sabemos que falta cualquier cantidad de material y acá no pasa nada.</description>
      <dc:subject>Entrevista</dc:subject>
      <dc:date>2010-02-17T19:01:00-03:00</dc:date>
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