Editado en 1953 por la editorial Indoamérica, este texto escrito bajo el seudónimo de Juan Ramón Peñaloza, es autoría de Enrique Rivera.

En la tarde del 21 de agosto de 1940 llegué al tercer piso del diario Crítica. En la redacción del famoso diario amarillo busqué las últimas noticias acerca del estado de León Trotsky. El día anterior, en México, un asesino al servicio de la GPU de Stalin —el español Ramón Mercader del Río— había hundido un zapapicos de montaña en el cerebro del fundador del Ejército Rojo. De una manera brutal, y con una mezcla típica de cinismo y sarcasmo, el redactor de “Crítica” que me tocó en suerte me informó sonriendo que Trotsky había muerto.

Dos semanas después de haber aplastado a la oposición en el referéndum confirmatorio de su mandato el 15 de agosto de este año, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dio orden de profundizar la aplicación de la ley de tierras de ese país, poniendo en práctica los mecanismos expropiatorios destinados a erradicar los predios improductivos. La ley aprobada en noviembre de 2001 contempla una escala de gravámenes sobre las tierras no explotadas mayores de 5.000 hectáreas y la expropiación, en aquellos casos en que sus propietarios decidan mantenerlas improductivas. Además, la norma obliga al gobierno a recuperar las tierras del Estado ocupadas ilegalmente, y proceder a su distribución entre los campesinos, promoviendo su organización en cooperativas.

En mi opinión, el nudo problemático del tema en discusión es el siguiente: ¿resulta viable una organización revolucionaria internacional que agrupe a las organizaciones revolucionarias nacionales en calidad de “secciones”? ¿Supone lo anterior que cada organización revolucionaria nacional debe, por así decir, “perder soberanía” (o al menos compartirla) frente a organizaciones revolucionarias extranjeras o frente a una organización trasnacional o internacional?