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• Artículo cargado el 01/03/2008 - 04:37

Los límites de la República oligárquica a finales de los años 30

Osvaldo Calello

En septiembre de 1940 el presidente Castillo nombró al frente del Ministerio de Hacienda a Federico Pinedo, dirigente del antiguo Partido Socialista Independiente y exponente del ala liberal de la Concordancia, el bloque de fuerzas conservadoras y liberales a cargo del gobierno. Hacía una década que los círculos tradicionales de terratenientes, comerciantes, banqueros y capitalistas extranjeros había derrocado al gobierno de Hipólito Yrigoyen e impuesto, primero una dictadura de signo nacionalista y contenido profundamente antinacional, y luego una democracia de carácter fraudulento, no menos satelizada. 

El ciclo de apogeo de la próspera semicolonia agroexportadora, basada en la renta diferencial de la pampa húmeda e inserta en la órbita del viejo imperio británico, hacía tiempo que evidenciaba signos de agotamiento. Mientras tanto, la crisis mundial que estalló en octubre de 1929 en la Bolsa de Nueva York y provocó el colapso de las principales economías capitalistas y el reflujo durante años del mercado mundial, había alterado para siempre el comportamiento de la economía argentina. Obligado por el carácter devastador de una crisis que entre los quinquenios 1925-1929 y 1930-1934 había contraído 37% el poder de compra de las exportaciones y cerca de 40% el volumen de las importaciones, afectando principalmente las compras de la industria, el gobierno conservador se vio obligado a adoptar medidas defensivas de índole cambiaria, aduanera y comercial, que si bien, de acuerdo con los términos del pacto Roca-Runciman, daban preferencia a los negocios con las metrópoli británica, crearon de todas formas condiciones favorables al desenvolvimiento de un proceso de industrialización sustitutivo de importaciones y, paralelamente, al crecimiento de una mediana y baja burguesía nacional y de nuevas capas obreras, ligadas al mercado interno.

Hacia 1940 ese proceso había avanzado lo suficiente para modificar la correlación de fuerzas sociales e imponer problemas de carácter económico y político, que ya no podían ser resueltos en los marcos del viejo orden agroexportador. Al mismo tiempo, las nuevas condiciones creadas por la guerra en Europa planteaban un abierto desafío al bloque de conservadores y liberales en el poder, y ponían a prueba su capacidad dirigente para introducir los ajustes inevitables a un patrón de acumulación definitivamente agotado. El fracaso de los impulsores del Plan de Reactivación Económica elaborado por el ministro Pinedo, constituyó una de las primeras manifestaciones de la crisis de hegemonía que habría de culminar el 4 de junio de 1943, al clausurarse el ciclo iniciado el 6 de septiembre de 1930.

En 1940 como consecuencia de la guerra se cerraron los mercados europeos a las exportaciones argentinas. Pero antes de eso, en 1938, el valor de las colocaciones externas había caído un 44% en relación a 1937, producto de las malas cosechas que contrajeron casi 50% el volumen comercializable en el exterior y de la baja internacional de los precios agropecuarios.^[1] No obstante, el gobierno de la oligarquía no podía aplicar simple y llanamente la solución ortodoxa del ajuste fiscal y monetario, sin precipitar una violenta recesión, como la de los primeros años de la década del 30’, con consecuencias todavía peores dado el nivel de desenvolvimiento industrial alcanzado a partir de la sustitución de importaciones. El Plan de Pinedo reflejaba, en este sentido, la decisión del ala liberal del régimen de conservar la hegemonía de los grandes terratenientes de la pampa húmeda, adaptándose sin embargo a los cambios experimentados por la economía argentina a partir de los últimos meses de 1933.

La solución partía de reconocer la declinación irreversible de Gran Bretaña como metrópoli industrial de la vieja semicolonia agroexportadora, y tomaba nota de la posición gravitante en que quedaría Estados Unidos luego de la guerra. Significaba, en este sentido, un giro del eje de la dependencia que tenía por punto de apoyo una triangulación comercial. Las divisas, producto de las exportaciones agropecuarias, que el gobierno inglés mantenía congeladas, debían ser sustituidas por créditos de Estados Unidos, aplicables a la compra de máquinas, equipos e insumos fabriles que el antiguo imperio ya no podía suministrar. A su vez, a cambio de los cereales y de la carne vendidos a precio fijo y sin interés por los productores argentinos, el país recibiría títulos de la deuda británica y acciones de las empresas ferroviarias instaladas en el país, que el gobierno habría de nacionalizar según un plan elaborado por el propio Pinedo cuando era asesor de esas compañías. Un capítulo central del Plan consistía en la compra por el Estado de los excedentes de las cosechas que no tenían entrada en los mercados europeos, y en el fomento de las industrias manufactureras y de la construcción, para sostener el nivel de actividad económica y neutralizar los efectos de la desocupación. A tales fines el Banco Central dispondría durante cinco años (período de emergencia) de los depósitos movilizables de la banca privada, con los cuales constituiría un Organismo de Financiación que otorgaría créditos a 15 años a las industrias cuyos artículos no compitieran con las importaciones, y tuvieran posibilidad de exportación. Para las empresas constructoras los créditos serían a 30 años y estarían destinados a promover la edificación de viviendas económicas, con bajo porcentaje de insumos importados.^[2] El proyecto incluía entablar negociaciones con los gobiernos de Brasil y Estados Unidos para echar las bases de una zona de libre comercio que abarcase el país del norte y el sur de América Latina.

El Plan en sí no configuraba un proyecto de industrialización. A lo sumo se proponía mantener la estructura manufacturera existente, amenazada por una nueva crisis con la consiguiente repercusión social sobre la estabilidad de la dominación oligárquica. El mensaje que el Poder Ejecutivo envió al Congreso no ofrecía dudas al respecto. En relación a los estímulos fabriles advertía que “ello no significa, desde luego, que toda industria debe ser fomentada. Debemos precavernos del error de promover aquellas producciones que tiendan a disminuir las importaciones de los países que sigan comprando nuestros productos en medida suficiente para pagar esas importaciones. De lo contrario crearemos nuevos obstáculos a las exportaciones: hay que importar mientras se pueda seguir exportando”.

Sin embargo, pese a la claridad de esta declaración de propósitos, el contenido del Plan provocó una fuerte diferenciación dentro del bloque de clases gobernantes. Los criadores agrupados en Carbap y en las sociedades rurales del interior, organizaron una feroz resistencia apoyados por la UCR, mientras que la Sociedad Rural no lo objetó en principio, pero advirtió contra el peligro de fomentar “industrias artificiales”. En cambio, la Unión Industrial le dio un caluroso apoyo y a la Bolsa de Comercio le pareció razonable respaldar la actividad fabril existente. Las divergencias reflejaban los realineamientos que se habían producido en el seno de las clases propietarias a lo largo de los años 30. Los ganaderos medios, cuyo negocio era la cría, querían a toda costa mantener el viejo status quo agroexportador, bloqueando todo desenvolvimiento fabril, amenazara o no las importaciones provenientes de los países compradores. Su interpretación de la vieja consigna de los años dorados —“comprar a quien nos compre”— no admitía variante alguna. La posición del radicalismo alvearizado, representante de las capas medias rurales y de la pequeña burguesía urbana ligada al aparato de los servicios, era la misma. No era el caso de los invernadores que, asegurado el mercado británico del chilled mediante las cuotas asignadas en el Pacto Roca-Runciman, podían exhibir una posición más flexible. Constituían el núcleo central del poder oligárquico y estaban en mejor posición para comprender la necesidad de aceptar ciertos cambios para preservar su presente hegemonía. Además, ciertas modificaciones se habían operado en los círculos dirigentes de la oligarquía, a partir de la derivación de parte del capital comercial radicado en el circuito agroexportador hacia ramas fabriles que operaban con altas tasas de retorno.^[3] La consolidación de Bunge y Born en los años 30 como corporación inicialmente dedicada a la comercialización internacional de la producción cerealera, y luego diversificada en inversiones agroindustriales y fabriles ligadas al negocio original, era uno de los casos ilustrativos de la ramificación del capital que se estaba produciendo. Al mismo tiempo, los cambios operados en la composición de la propiedad en las ramas industriales a raíz del crecimiento de la inversión extranjera, eran considerables. De acuerdo a la estimación de Adolfo Dorfman, en 1935 la mitad del capital invertido en la estructura fabril pertenecía a firmas extranjeras.^[4] La mayor expansión registrada en este campo durante las décadas del 20 y del 30 correspondió a compañías norteamericanas. Simultáneo a la consolidación de esta presencia gravitante, se había desarrollado un marcado proceso de centralización y concentración del capital, al punto que en vísperas de la segunda guerra mundial un reducido núcleo de establecimientos (menos del 5 % del total) generaba más del 50 % del producto industrial y daba ocupación a más de la mitad de los obreros fabriles.^[5]

El Plan Pinedo fue un intento —el último en definitiva— de encontrar una salida a un ciclo histórico agotado. Sus inspiradores habían comprendido que la expectativa que alentaron los círculos tradicionales inmediatamente después del crac de octubre de 1929 —el retorno al estado de cosas anterior— no pasaba de una expresión de deseos. Ya en los años 20 la decadencia irremediable del clásico orden agroexportador estaba a la vista. Los jefes del ala liberal de la Concordancia gobernante sabían que para conservar la hegemonía del bloque oligárquico, era necesario reconocer los cambios que había experimentado la economía en los años 30. Hacia fines de esa década el producto fabril superaba los resultados de explotación agropecuaria, por lo que la idea de que todo aquello que no fuera manufactura alimentada con materias primas agrarias, era una “industria artificial”, carecía de sentido práctico. Por lo demás, las corporaciones extranjeras, instaladas en ramas dinámicas tales como la eléctrica, neumáticos, metalmecánica, productos químicos, etc, vinculados a un patrón de acumulación que tenía sus propios intereses, ejercían influencia nada despreciable a través de la Unión Industrial. La relación central de estos capitales no era con la vieja metrópoli británica que hacía tiempo había dejado de ser “el taller del mundo”, sino con el capitalismo norteamericano, abastecedor en gran escala de máquinas, equipos, insumos, componentes, partes y piezas.

A su vez, en el movimiento obrero el empeoramiento de la situación económica llevó a una parte de la dirigencia a buscar, en el realineamiento de la política exterior del país, una salida a la crisis. La guerra había provocado un aumento de la desocupación, la reducción de jornadas de trabajo y el encarecimiento de los artículos de primera necesidad; en la construcción el faltante de materiales y equipos importados había derivado en un parate. En septiembre de 1939, a poco de estallado el conflicto, la Federación Nacional de la Construcción (FONC) pidió al gobierno que se iniciaran gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para facilitar la importación de una serie de insumos y herramientas, necesarios para el funcionamiento de esa rama. Por ese entonces el Partido Comunista elogiaba la política de New Deal y al presidente Roosevelt y reclamaba al gobierno de Ortiz que intensificase las relaciones económicas con la potencia del norte. El Partido Socialista se encaminaba en la misma dirección. El XXXIII Congreso, realizado en noviembre de 1940, aprobó una resolución llamando a alcanzar un convenio americano de cooperación bajo la égida de Estados Unidos. Una moción similar aprobó el Congreso de la Unión Ferroviaria, realizado entre fines de mayo y comienzos de junio en 1941. Un año más tarde, la CGT, alarmada por la crisis que producía el desabastecimiento de materiales y equipos importados, reclamó la intensificación de las relaciones interamericanas.

Sin embargo, para imponer la reorientación del capitalismo dependiente que suponía el Plan Pinedo, se necesitaba algo más que el apoyo entusiasta de la UIA y la aceptación parcial y con estrictas reservas de la Sociedad Rural. La influencia de los círculos tradicionales del status quo oligárquico era suficiente todavía para resistir los cambios. El Plan y el proyecto de ley correspondiente fueron aprobados por el Senado el 18 de diciembre de 1940 por 17 votos contra 3. Pero la Cámara de Diputados nunca llegó a tratar la iniciativa. El mismo día en que los senadores dieron su aprobación, el fraude a favor de la Concordancia reapareció en las elecciones legislativas realizadas en la provincia de Santa Fe. El partido radical, que había ganado la mayoría en la cámara baja a principios de año, le reclamó al gobierno de Castillo, quién había reemplazado al presidente Ortiz en julio, que dispusiera la intervención a la provincia, anulara las elecciones tramposas y ordenase al Ejército controlar los próximos comicios en Mendoza. En caso contrario no aportarían número en la sesión, en la que además del plan del Palacio de Hacienda, debían tratarse el Presupuesto y la Ley de Armamentos de Militares. Pinedo, consciente de la gravedad de la situación, propuso una fórmula de transacción a Marcelo T. de Alvear, titular del Comité Nacional de la UCR: en las próximas elecciones y mientras durase la guerra, conservadores, liberales y radicales presentarían listas cuyo primer tercio o mitad se elaboraría de común acuerdo. La dirección de la UCR, cuyos senadores habían votado contra el Plan, exhibiendo una posición cerradamente antiindustrial, se manifestaron proclives a aceptar la propuesta, siempre y cuando fueran anuladas las elecciones en Santa Fe.^[6] Sin embargo, a quienes no les cayó bien la iniciativa fue a la dirigencia del Partido Demócrata Nacional, cuya desconfianza precipitó la renuncia de Pinedo y el hundimiento de su proyecto.

Castillo siguió gobernando durante más de dos años, en su mayor parte con el respaldo de la oficialidad nacionalista del ejército. Su presidencia expresaba al ala conservadora de la coalición y su política combinaba las prácticas electorales de la década infame y la defensa del principio de la neutralidad, que se había convertido en una línea de resistencia a las presiones del imperialismo norteamericano para imponer su dominio pleno sobre el continente. Este era un asunto de interés para la oligarquía probritánica, interesada en conservar la tradicional relación semicolonial con la metrópoli. Pero no sólo eso; a través de la neutralidad se manifestaba, al mismo tiempo, la resistencia del nacionalismo que había ganado posiciones en las filas de la joven oficialidad del ejército, en oposición a la fracción liberal del general Justo. El respaldo de esa corriente se tradujo en una serie de medidas que fortalecieron el papel regulador del Estado y dieron impulso a emprendimientos vinculados directa o indirectamente con las necesidades de la defensa nacional. Fueron parte de estas iniciativas la Flota Mercante, Fabricaciones Militares, la Fábrica Militar de Aceros de Valentín Alsina y la de Cartuchos de San Francisco (Córdoba) y Altos Hornos Zapla. Si bien ninguna de estas medidas alteraba la naturaleza del régimen oligárquico, constituían, en cambio, el reflejo del nuevo clima de ideas que se estaba abriendo paso y agitaba el clima político y cultural en algunas capas de la burguesía.

Sin embargo el orden oligárquico vigente era en sí refractario a los cambios. En febrero de 1943 el presidente Castillo anunció que el candidato del oficialismo en las próximas elecciones sería el titular del Senado, Robustiano Patrón Costas. La decisión significaba dos cosas: que la oligarquía estaba dispuesta a mantener firmemente el control del gobierno apelando al fraude electoral característico de los años 30 y que, al mismo tiempo, el próximo presidente anunciaría el fin de la política de neutralidad y el alineamiento con las potencias del imperialismo “democrático”. Al igual que había ocurrido con el Plan de Reactivación Económica de 1940, los círculos dirigentes tradicionales no estaban dispuestos a introducir cambio alguno que alterase en alguna forma los viejos equilibrios de la República oligárquica. Pero a esa altura ya había alcanzado pleno desarrollo la crisis de hegemonía que habría de poner fin a la década infame.