• Declaraciones
• Artículo cargado el 17/11/2008 - 00:00

La derogación del régimen de saqueo y expoliación de las AFJP es una exigencia democrática

Socialismo Latinoamericano • Izquierda Nacional

El gobierno decidió poner fin al sistema privado de jubilación y pasar la masa de sus afiliados al sistema de reparto. La decisión fue adoptada cuando este régimen había entrado en crisis y arrojaba pérdidas que redondearon el 20% en los últimos doce meses.

La decisión ha sido enteramente justa. El régimen de las AFJP es un régimen de saqueo que comenzó apropiándose de un tercio de los aportes de los trabajadores en concepto de comisión, proporción que llegó al 50% cuando Cavallo redujo a la mitad esos aportes. Por si no fuera suficiente, esa comisión era apropiada por adelantado, así la rentabilidad terminara resultando negativa. La grotesca declaración del titular de la Unión de AFJP, ofreciendo la rebaja de las comisiones para salvar el negocio, es la confesión tardía de la estafa practicada durante más de un década.

Se trata de un régimen profundamente inmoral, de expoliación de los trabajadores que tuvo un altísimo costo social inicial: su puesta en funcionamiento, al sacar los fondos del régimen de reparto, obligó al Estado a contraer una deuda impagable, consecuencia entre otras, del colapso de diciembre de 2001.

Más allá de esto, la instauración del sistema de capitalización formó parte del programa hegemónico de los 90 destinado a quebrar el principio de solidaridad de clase, e imponer la lógica del interés individual; lógica que se corresponde plenamente con las ilusiones de una pequeña burguesía, cuyas aspiraciones se inscriben en el imaginario de la pequeña propiedad. Esa masa movilizada contra lo que denuncia como un “saqueo”, repite, palabra por palabra, las líneas del discurso dominante que, en la voz personajes como De Angelis tiene hoy por hoy un contenido inconfundible: “¿Dónde está mi libertad, mi independencia para elegir? ¿Dónde está señora Presidenta?”. Palabras que resuenan en perfecta comunión con las de Hugo Biolcati, jefe de los grandes terratenientes de la pampa húmeda: “Se ha atentado nuevamente contra la propiedad privada, contra los ahorros de la población”.

Quienes se oponen a la decisión han argumentado que el gobierno tiene el propósito de apoderarse de los fondos del régimen de capitalización para afrontar los problemas fiscales, y sostener el gasto público en el próximo año electoral.

Es difícil creer que al decidir pasar a la órbita estatal los fondos de la jubilación privada, el matrimonio presidencial tuviera en mente la suerte de los jubilados. Una y otra vez hemos afirmado que el actual modelo es, ante todo, un modelo para pagar la deuda pública. Esta deuda tiene vencimientos que exceden ampliamente el ahorro fiscal alcanzable en los próximos tres años, por lo que la necesidad de fondos, en condiciones de crisis mundial y cierre de los mercados financieros, es imperiosa. En lo que pueda, el gobierno va a tomar la ANSES como fuente de financiamiento, algo que hace desde tiempo atrás. Por lo demás, los fondos de las AFJP están invertidos en su mayor parte en títulos públicos, títulos por los que el Estado paga altos intereses; por lo tanto, el financiamiento de la deuda a través del sistema previsional, es lo que ocurre actualmente.

El gobierno ha dicho que los fondos de la ANSES serán destinados al pago de jubilaciones. Esta es una verdad de Perogrullo, típica del kirchnerismo, ya que ningún gobierno podría dejar de pagar las jubilaciones. De lo que se trata es de los excedentes del instituto, excedentes que tienen origen en los bajos haberes que reciben los jubilados.

Finalmente no existe ninguna garantía de control por parte de la comisión de monitoreo, en la cual la injerencia del gobierno será decisiva. Entre paréntesis, ¿qué control tenían los afiliados de las AFJP sobre sus cuentas?

Desde el punto de vista de los trabajadores y los del país, ninguna de estas razones puede oponerse seriamente a la decisión de poner fin al régimen de capitalización. Del mismo modo que la conquista de una jubilación digna no depende de la buena voluntad del gobierno o de los legisladores, sino de la lucha de los trabajadores, el control sobre los fondos previsionales es uno de los capítulos del reclamo obrero por la democratización de la ANSES y su reestructuración bajo métodos de autogestión por parte de los presentes y pasados aportantes. A este reclamo no darán respuesta ni el gobierno ni la oposición. En definitiva, la organización de un régimen previsional decente está más allá del horizonte de un capitalismo semicolonial, dominado por el capital imperialista: depende de una transformación radical de la sociedad y del poder, mediante la cual los trabajadores comiencen a tomar en sus manos la resolución de los asuntos públicos.

Ciertamente, el gobierno kirchnerista no es confiable en absoluto. ¿Pero lo son quienes se le oponen? Detrás de Carrió, Macri, López Murphi, De Angelis, el ex ingeniero Blumberg, el rabino Bergman y otras notorias figuras de la farándula política está el interés de los bancos, como antes estuvo el interés de los pools de siembra, los grandes terratenientes y los monopolios exportadores en las concentraciones de la oposición contra las retenciones. La única aspiración de ese conglomerado de personajes mediáticos se resume en el propósito de reemplazar al kirchnerismo, y convertirse en una administración más pulcra de los asuntos de quienes detentan el poder.

Los trabajadores no pueden guiarse ni por el discurso del gobierno ni por las proclamas democráticas de la oposición; deben encontrar su propio camino y desde ahí levantar un programa nacional, popular y antimperialista, y marchar junto a la gran mayoría de hombres y mujeres de la patria hacia un futuro liberado de las formas de opresión, desigualdad y explotación que caracterizan el presente.

• Entrevista
• Artículo cargado el 19/11/2008 - 01:12

Soberanía y ecología en el tercer mundo

Administrador

En ocasión de la presentación de Ecofascismo, obra que el periodista mendocino Jorge Orduna ha publicado recientemente, Socialismo Latinoamericano entrevistó al autor que, desde una detallada y profunda documentación, aborda las complejas relaciones entre soberanía nacional, ecología y sus variantes ideológico-políticas provenientes del primer mundo. 

La “pedagogía colonial” ha sido una constante en todas las producciones del pensamiento nacional. Hace más de dos décadas, Roberto Ferrero hizo mención, en un interesante ensayo que no traemos casualmente a colación, a la “inversión del signo de las categorías”, según el cual todo lo que es bueno para las potencias centrales es generalmente nocivo para el mundo periférico y viceversa.

Aquel ensayo pionero que Ferrero tituló como Ecología e Imperialismo denunciaba ya entonces el papel que el ecologismo, como derivación ideológica y política enajenada de la ecología, estaba llamado a cumplir en los países semicoloniales como la Argentina.

Sobre el nexo histórico e ideológico entre malthusianismo, teorías eugenésicas, y conservacionismo dice Orduna: “El desarrollo de esas ideas es más o menos así: Malthus considera un aspecto parcial del problema de la población (la idea de que el crecimiento poblacional es más rápido que el de los medios de alimentarlo) y concluye en que ese exceso será, “naturalmente” eliminado por guerras, hambrunas o pestes que no serían, según él, más que formas naturales de restablecer el equilibrio. Los eugenicistas se basaron en estos principios para sugerir una manera más “humana” de recuperarlo: restringir la reproducción. Con posterioridad, buena parte del eugenicismo se convirtió al antipoblacionismo. Paralelamente, los primeros proteccionistas naturales encuentran también el crecimiento poblacional como principal enemigo de la conservación. Si estos dos conjuntos de ideas (y militancias) hubieran permanecido separados, no podría hablarse más que de paralelismo y complementación ideológica. Pero lo que muestra la investigación en mi libro es que esta complementación se corporiza, históricamente, en poderosos individuos que están en el origen y al frente, hasta nuestros días, de grandes ecologistas internacionales”.

- ¿Cuál sería, entonces, la verdadera naturaleza de los grandes grupos ecologistas internacionales?

Lo primero que debe quedar en claro es que la ecología no es, en sí misma, una ideología política. Cualquier partido político, desde la izquierda a la derecha, incorpora en su programa un apartado “ecología”, de la misma manera que posee un apartado “deporte”, o “educación”. Claro, las propuestas ecológicas que hará un sector de derechas no serán las mismas que las de un programa de izquierda. Los intereses de unos y otros son diferentes.

Hablamos pues de dos concepciones de ecología, en el plano nacional. Pero existe otro nivel en el que aparecen también dos concepciones contradictorias, y es que en la escena internacional los intereses de los países desarrollados, industrializados, en materia de conservación, de ecología, difieren y hasta son opuestos a los de los Estados del Sur.

En los países desarrollados, independientemente de los grupos que se oponen, o de las generosas declaraciones altisonantes, no existe, ni puede existir, objetivamente, un interés real en nuestro desarrollo industrial y tecnológico. La preponderancia y, hasta cierto punto, la dominación del Norte sobre el Sur se apoyan en la supremacía industrial y tecnológica del Norte. Sería atentar contra las bases de su situación de privilegio. Hasta qué punto están dispuestos a defenderla, no sólo las grandes corporaciones, sino buena parte de la población de los países industrializados, lo muestran las leyes contra la inmigración y el crecimiento del voto de derecha radical en esos países.

En este contexto, las posibilidades de la argumentación “ecologista” para frenar, trabar y hasta impedir desarrollo son, literalmente, infinitas. Baste pensar que una chimenea, aunque no produzca humo, puede ser condenada por “contaminación visual”, y lo mismo podría decirse de un edificio industrial cualquiera, o hasta de una plantación de cerezos. De ahí que habría que ser muy ingenuo para creer que el Norte financiaría una ecología de desarrollo, industrialista, en el Sur. Más bien sucede lo contrario: promueve una política ecológica que perenniza el subdesarrollo y la dependencia.

- En su libro se encuentran muchísimas referencias sobre las sociedades eugenésicas mundiales, ¿Cuáles son los pilares actuales de la Eugenesia?

Partiendo de Malthus, los eugenicistas fueron a parar al darwinismo social, y, por él, al racismo. La idea de que había que descargar a la sociedad del peso de los inadaptados llevó a las leyes de esterilización de los años 20 en Estados Unidos y varios países europeos y, luego, al Holocausto. El resultado de la Guerra obligó a esta ideología a cambiar sus términos y hasta los nombres de sus asociaciones. Pero cualquiera comprende que ello no significó el fin del racismo, y cualquiera que esté al tanto del estado de la ciencia comprende que tampoco terminó con el darwinismo social (la aplicación a las complejas relaciones sociales de leyes extraídas del mundo natural: supervivencia de los más “aptos”, etc.)

Hoy el darwinismo social, sutilizado, goza de excelente salud.

- ¿Por qué hablamos de Ecofascismo? ¿Podríamos hablar de Ecoimperialismo? ¿Puede considerarse a estos dos términos como sinónimos?

No, no lo son. Pero evidentemente, la financiación con dinero del contribuyente de países desarrollados de una política poblacional en los subdesarrollados, implica injerencia externa en un terreno que va mucho más allá de los parámetros clásicos de una política imperialista (control financiero, de mercados, etc.)

Siendo un concepto difícil de definir, según los especialistas lo central en el fascismo es la utilización de la democracia con fines antidemocráticos. Y toda esta educación parcial ecologista de que es objeto la población de nuestros países se realiza dentro de la ley. ¿Qué pensaríamos si con dinero del contribuyente norteamericano se promoviera en nuestros países “educación”? ¿Una visión del Norte sobre lo que debe ser nuestra educación, la de nuestros hijos? Seguramente hablaríamos de injerencia, de totalitarismo, de pensamiento único, de soberanía. 

- Algunas de las críticas que se le han realizado a su libro es que no discrimina las distintas variantes y corrientes ecológicas. Sin embargo sus planteos dejan abierta la posibilidad de una ecología orientada al desarrollo nacional de los países latinoamericanos que permita suplantar a los ecofascismos. ¿Sobre qué fundamentos generales deberían asentarse?

Toda la historia muestra la vigencia, en el terreno internacional, de la Frase que se atribuye a Churchill: “no hay amigos, sólo intereses”.

Respondiendo a sus obligaciones democráticas, el Norte occidental industrializado permite, apoya y hasta aplaude en su seno la existencia de abogados del Sur, alemanes ecologistas que defienden el desarrollo industrial del Sur y que coinciden con los planteamientos de mi libro, y hasta puede allegarles, para crearse una todavía mejor imagen, algunos euros. Pero jamás financiará seriamente a esos grupos.

Por eso el factor central es la financiación. Hoy, la absoluta mayoría del ecologismo del Sur es financiado directa o indirectamente, por Europa y Estados Unidos.

Por eso hoy nuestros ecologistas pueden ser de derecha o izquierda, conservacionistas a ultranza del tipo “new age” o partidarios de una ecología social… esto es normal en una sociedad democrática. Pero de lo que se trata es de la independencia en lo económico y en lo ideológico de las grandes ecologistas del Norte. Es inadmisible que a fuerza de financiación se pueda hacer crecer, en un país ajeno, uno de esos dos sectores hasta el punto de avasallar y casi extinguir el otro. A cualquiera de los dos. Es más un problema de independencia y soberanía que de izquierda o derecha. Las diferencias teóricas dentro del ecologismo no cumplen en esto ningún papel, porque la cuestión central no consiste en saber que en el mundo de las ideas “hay muchas ecologías”, sino qué ecología, en la práctica, es financiada masivamente por el Norte en el Sur.

- ¿Qué recepción ha tenido su libro por parte de los grandes medios nacionales? ¿Qué sectores sociales han sido, según sus impresiones, los más reticentes a los planteos de Ecofascismo?

En general, muy buena. Sobre todo en Buenos Aires. Pero las revistas que hicieron notas extensas y detalladas son de precio “elevado” (Viva, Noticias, Debate, Veintitrés…) y no siempre ofrecen acceso irrestricto en internet. El precio del libro (cuya lectura es la única manera de saber qué piensa un autor) tampoco es “popular”. De manera que hay una visión más clara sobre el contenido en los sectores profesionales, científicos y políticos que entre los estudiantes o el “público en general”. La mayoría me dice que “intuía”, o “ya sabía” que había otra cara del ecologismo que no estaba siendo contada. Pero tal vez lo más alentador es haber recibido solicitudes de grupos ecologistas independientes para reunirme con ellos. Uno de estos, muy importante, trabaja por la indispensable conservación de la Reserva Ecológica de Buenos Aires, amenazada, como es sabido, por grandes intereses inmobiliarios en el estilo del adyacente Puerto Madero. Y, esto, para contarme que habían leído el libro y encontraban que mucho de lo que allí se contaba lo habían vivido en la práctica trabajando con las ecologistas internacionales. La mayor reticencia no proviene entonces de los ecologistas, sino de los sectores peor informados, menos politizados, menos educados, que son numéricamente mayoritarios, votan y, no casualmente, son el “target” de la masiva comunicación ambientalista internacional. En este sentido, en el estado actual de la estructuración de los medios, los libros y las ideas corren por un carril, y la televisión y la propaganda, por otro. Mucho más ancho.

• Cultura
• Artículo cargado el 19/11/2008 - 01:01

Breve reseña sobre “un peronista infiltrado en el marxismo”

Administrador

Hace algún tiempo nos dejaba, sino la última referencia intelectual del pensamiento nacional y popular menduco, el más sólido, profundo e incómodo de sus quijotes.

Lo cierto es que la mayoría de los cientos de pibes que tuvieron la suerte de presenciar sus clases lograron definir y consolidar su posicionamiento teórico y político a partir de un mismo faro intelectual: el Mario Franco.

A favor o en contra, nadie podía sin embargo, permanecer indiferente frente al profundo desafío teórico que significaba someter todas las certidumbres universitarias a la provocadora experiencia que suponía acudir a sus clases.

Conocedor profundo de los sutiles mecanismos coloniales de los magisterios, se servia de una curiosa fórmula para sostener su, como él insistía en remarcar, “práctica teórica”.

Seducía el izquierdismo latente de la pequeña burguesía ilustrada, siempre ávida de certezas filosóficas inequívocas, desde excelsas e inobjetables lecturas de Louis Althusser.

Sin embrago, el marxismo filo estructuralista del francés era traducido a la realidad argentina y latinoamericana con un resultado político tan inesperado como difícil de digerir para el izquierdismo estudiantil: el peronismo.

Un peronismo particular, es cierto. Esa catastrófica y romántica experiencia antiimperialista de los 40´. Aquel peronismo de la mítica pareja entre el general y la actriz, los sindicatos más poderosos de Latinoamérica y la gloriosa resistencia. Una elegía a “Los Hijos de Fierro”. Las tres banderas en su sentido más revolucionario. Una lectura histórica que, en sus aristas más contradictorias, se confundía con las ingenuas exigencias de Cooke sobre un peronismo marxista. Un peronismo que, sin los libros, era inhallable durante la década menemista pero que, sin embargo, desnudaba sin atajos la mutación partidocrática del justicialismo.

Un collage de Althusser, Perón y tango sólo podía articularse teórica y políticamente a través de una inteligencia tan audaz y provocadora como ajena a los crípticos prejuicios ilustrados de la academia. Leer a Perón desde Althusser, uno de esos ejercicios elevados al grado de herejía por los patriarcas progresistas de la corrección política de magisterio.

Es que esa poderosa inteligencia, jamás se revistió de la solemnidad de las eminencias. Su corrosivo y chispeante sentido del humor, su inagotable anecdotario, su ingeniosa bohemia, sus extravagantes dotes de imitador, forjaron una personalidad tan sugestiva y fascinante como incómoda para los preceptos de la intelectualidad bienpensante.

Legitimar eso que el canon de la intelligentzia define como “populismo”, acudiendo al exquisito derrotero del marxismo francés era lo más parecido a una aberración para los jeques de la superestructura colonial.

Es que las profundas lecturas del Mario sobre Hegel, Marx y Althusser no estaban solas. Su origen popular, su correspondiente debilidad por la cultura nacional y la gravitante influencia que el nacionalismo de izquierda y la izquierda nacional alcanzaron en su pensamiento generaron un cóctel explosivo. Y tan original que nadie que haya estudiado con él, sólo para mencionar a la última “boga universitas”, puede deslumbrarse frente a las intentonas con que el profesor de la universidad británica de Essex, Ernesto Laclau, pretende dar cuento de los frentes antiimperialistas latinoamericanos.

Materialismo de cepa epicúrea para la filosofía, Althuserianismo teórico, Socialismo Criollo para la historia y la política, produjeron un pensador que, hasta en su definición, provocaba al pensamiento: “un peronista infiltrado en el marxismo”.

Como la mayoría de los pertenecientes a su generación, no permaneció indemne frente al influjo ideológico del posmodernismo en su variante marxista. La simpatía que hacia el final de su vida le generó el movimiento zapatista, se articuló con el resultado necesario de una ida y una vuelta, hacia y desde Althusser, que estructuró una de las ideas más interesantes y problemáticas para repensar su derrotero intelectual: el acontecer histórico-social como un “proceso sin sujeto”. Seguramente el punto más atractivo para retomar una de las tantas discusiones que este payaso brillante dejo pendiente con la mayoría de sus compinches.

Sería inútil pretender un relevo para semejante ausencia. Sólo queda la persistencia de sus evocaciones, y la deuda de someter su legado a una atenta y profunda relectura para una Argentina y una América Latina tan semejante, y a la vez tan disímil, a la que dejó hace ya tres años.

Socialismo Latinoamericano. Mendoza

• Movimiento Obrero
• Artículo cargado el 18/11/2008 - 15:25

El fallo de la Corte Suprema abre un nuevo terreno de disputa

Juan Manuel Lucas

La vigencia de los debates y discusiones sobre el movimiento sindical argentino acaba de adquirir nuevos bríos como producto de un fallo de la corte suprema de justicia que, básicamente, permite que los trabajadores argentinos puedan ensayar alternativas de organización sindical jurídicamente válidas independientemente del reconocimiento o no que tengan del poder ejecutivo nacional.

La vigencia de los debates y discusiones sobre el movimiento sindical argentino acaba de adquirir nuevos bríos como producto de un fallo de la corte suprema de justicia que, básicamente, permite que los trabajadores argentinos puedan ensayar alternativas de organización sindical jurídicamente válidas independientemente del reconocimiento o no que tengan del poder ejecutivo nacional.

Festejado por los sectores pertenecientes a la CTA y el sindicalismo de orientación clasista, resistido y condenado por la CGT, lo cierto es que el candente debate en torno a las nociones de democracia y burocracia sindical adquiere una centralidad decisiva para todas las organizaciones que pretenden reconstruir el protagonismo político de las mayorías trabajadoras argentinas.

Para los sectores nacional-populares, el debate en cuestión adquiere una importancia central en la medida en que exige reactualizar muchas de las presunciones sobre el tema para superar un anacronismo que no ha tardado en evidenciarse en los defensores de la “unidad” de la clase trabajadora.

En tal sentido, la primera evidencia sobre la discusión en torno a la tensión entre democracia y unidad sindical es el desfasaje entre muchos de los discursos que de ella pretenden dar cuentas y la concreta realidad de la Argentina actual.

Como resultado del proceso económico, político y social abierto en 1976, ciertamente preanunciado en el Rodrigazo y la impotencia sindical que signó los últimos estertores del gobierno de María Estela Martínez de Perón, aquella clase obrera sólidamente estructurada alrededor del unicato sindical de la CGT ha dejado paso a una inmensa dispersión, heterogeneidad y debilidad de las clases trabajadoras argentinas.

La tasa de sindicalización en la Argentina es irrisoria. Las estimaciones más optimistas las sitúan entre el 15 y el 25 por ciento de la masa laboral. Además, según distintas publicaciones dadas a conocer recientemente, sólo el 12 por ciento de las empresas argentinas tiene uno o más delegados reconocidos por la subsecretaría de trabajo de la nación.

Se vislumbra aquí un nexo indisoluble entre la debilidad global de la clase obrera argentina y la ausencia total de los mecanismos más elementales de representación sindical.

En este sentido, si se considera la continuidad histórica de la CGT durante los últimos 25 años de democracia argentina se comprende rápidamente que esta monumental derrota de las mayorías populares argentinas no puede adjudicarse a la ausencia de unicato sindical. No pretendemos responsabilizar exclusivamente a las capas más burocratizadas del sindicalismo argentino de esta inmensa derrota, sólo llamar la atención sobre una doble lectura que la simple corroboración de estos números pone en evidencia.

En primer lugar se destaca que sin la connivencia y la complicidad de las burocracias es imposible comprender el desastroso escenario sindical en que se encuentran sumidas las mayorías laburantes argentinas. En segundo lugar, y mucho más preocupante aún, es el hecho de que en estas condiciones es absurdo suponer que una capa social diferenciada e irrepresentativa en relación a las mayorías trabajadoras argentinas pueda remontar esta derrota. El desafío de la hora no puede acotarse a mantener una ilusoria unidad de la debilidad, sino a superar progresivamente la debilidad estructural que la constante ofensiva neoliberal supuso para las mayorías trabajadoras a partir, entre otros, de campañas masivas de sindicalización.

Sindicalizar supone debate, comisiones, asambleas, elecciones y cuerpos de delgados representativos en que el protagonismo exclusivo lo tienen los militantes de base. Por lo tanto, hoy en la Argentina del siglo XXI, y en una lectura que no puede remontarse hacia un remoto pasado signado por una clase obrera sólidamente organizada en sindicatos de masas, la burocracia sindical más que la garante de la unidad de clase se revela como un mecanismo necesario para que el capital reproduzca la dispersión y la fragmentación popular.

Particularmente en relación a la izquierda nacional en casi todas sus variantes, este nuevo escenario adquiere una vitalidad sustancial en la medida en que exige reconsiderar muchas de las posiciones históricas que caracterizaron su derrotero ideológico. Construidas alrededor de la experiencia viva de la clase obrera argentina en el Peronismo, muchas de sus posiciones teóricas y políticas se caracterizaron por una sobreactuada oposición a cuestionar a la burocracia sindical, subestimando la relevancia teórica y política de la democracia como mecanismo de representación y galvanizando uno de los ejes de distinción frente a los variopintos ensayos de la izquierda cipaya.

Una de sus más ilustres excepciones, sin embargo, radica en la producción de la dupla conformada por Osvaldo Calello y Daniel Parcero, particularmente en la obra “De Vandor a Ubaldini”. Caracterizada por una persistente y renovada vigencia a partir del fallo de la corte, su introducción no deja espacios vacíos en relación a los desafíos que para la izquierda nacional supone el sindicalismo argentino: “la clase obrera debe transformarse en el eje de reagrupamiento de cuadros que reconstruyan el Frente Nacional sobre una base popular, antiimperialista y revolucionaria, según la índole de las tareas características de un país atrasado y dependiente. Esto a su vez exige un reajuste del papel de los sindicatos que ya no puede seguir siendo tan solo grupos de presión dentro del orden establecido, sino que deben reflejar la perspectiva de un nuevo movimiento obrero a la cabeza de todos los oprimidos, y en marcha hacia la liberación nacional y el socialismo”.

La histórica posibilidad de comenzar a ensayar nuevas alternativas de participación sindical desde prácticas democráticas que garanticen la representatividad del mandato obrero se revela, en este sentido, como un insoslayable ejercicio para comenzar a desenredar la madeja de la opresión nacional y social.

• Declaraciones
• Artículo cargado el 17/10/2008 - 10:36

A la crisis no se la enfrenta con un “Plan B” sino con una política antiimperialista

Socialismo Latinoamericano • Izquierda Nacional

La crisis económica mundial, la más grave de que se tenga memoria desde 1929, dejó al desnudo la verdadera naturaleza del capitalismo: una siniestra combinación de parasitismo empresario y aventurerismo financiero, asociada a las formas más brutales de militarismo imperial. Rasgos salientes de un capitalismo decadente, cuyos apologistas aseguraban que estaba a punto de alcanzar su consolidación definitiva, consumando la finalización de la historia.

La presente crisis no es sólo un formidable crack financiero. Por debajo de la bancarrota de bancos, fondos de inversión, compañías aseguradoras y corporaciones inmobiliarias se acumula una crisis que apunta a los fundamentos mismos del régimen del capital. Por ahora lo que está a la vista es el estallido de la monstruosa hipertrofia financiera que ha signado al capitalismo en las últimas tres décadas. Una parte sustancial del proceso de acumulación de capital ha quedado en la órbita de una compleja trama de negocios especulativos, sobre la que los gobiernos han perdido todo control. Una idea del tipo de intereses que están en juego la da la siguiente estimación realizada por The Economist: mientras en 2007 el 40% de la ganancia de las empresas norteamericanas tuvo origen en el mercado financiero, treinta años atrás, antes de la desregulación del sector, ese porcentaje era sólo del 10%.

Cada año una masa creciente de capital que no encuentra lugar en el proceso de producción alimenta una economía especulativa y rentística, fundamentalmente parasitaria. Su expansión exponencial cabalga sobre la contradicción central del régimen del capital: la contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada del producto; la contradicción entre lo que la fuerza de trabajo está en condiciones de producir y lo que puede llegar a consumir, de acuerdo a las condiciones de explotación a que está sometida.

Es la crisis de un régimen anárquico de producción, que a medida que se amplía hacia la periferia de países atrasados y dependientes en busca de nuevas áreas de explotación, concentra y centraliza el capital en medio de una competencia despiadada, aumenta la capacidad productiva y termina acentuando las desproporciones básicas de todo el sistema.

Es la crisis de la revolución conservadora que se abrió paso desde fines de los 70’, incrementando los niveles de expoliación laboral para reestablecer la tasa de ganancia —en declinación— hacia finales del reinado de la economía keynesiana; y es la crisis de los valores neoliberales que alcanzaron el status de verdades de sentido común en los 80 y los 90.

Dos billones setecientos mil dólares es lo que se han comprometido a poner los países europeos, para salvar de la ruina al sistema de la especulación financiera. A esto hay que sumar (hasta ahora) setecientos mil millones, a ser aplicados por el gobierno norteamericano. Esta abultada cuenta la van a pagar los trabajadores y las capas bajas de clase media, amenazadas por la desocupación, despojadas del crédito, aplastadas por deudas que no pueden pagar y empobrecidas por el derrumbe de los fondos privados de pensión y el hundimiento bursátil. Pero no sólo eso. En las metrópolis, los voceros del parasitismo financiero han puesto la mirada sobre las reservas de los países “emergentes”, a cuyas administraciones les recuerdan que la obligación de concurrir al salvataje del sistema es una obligación de todos sus socios.

Mientras los gobiernos capitalistas —que estimularon el despilfarro— se aprestan a comprar paquetes de corporaciones financieras en bancarrota, limpiar carteras de títulos “tóxicos”, levantar los restos del festín y socializar las pérdidas, las sombras de una prolongada recesión se han instalado en el horizonte global, anticipando mayores sufrimientos para las grandes masas trabajadoras.

En Argentina la crisis sorprendió al gobierno kirchnerista a poco de haber anunciado el pago total de la deuda al Club de París, la reestructuración de parte de los vencimientos de 2009 a 2011 y la reapertura del canje de los Títulos en default. Su incapacidad para preveer el desastre en curso resultó notable. La propuesta de pago asomó la cabeza cuando la marejada que arrastraba las ruinas de bancos, aseguradoras e inmobiliarias estaba por alcanzar su pico más alto.

Con esas iniciativas el gobierno de Cristina Fernández esperaba ganarse la voluntad de los “mercados”, y volver a contar con financiamiento internacional. Ese financiamiento ya no existe y la situación se ha vuelto crítica. La deuda pública aumentó alrededor de 24.000 millones de dólares entre 2005 y 2008, y se ubica en casi 150.000 millones —política de desendeudamiento mediante—, registro similar al de 2001, antes de declarar el cese de los pagos. Esto sin computar la deuda caída en poder de bonistas, bancos y fondos buitres. En lo que resta del actual gobierno los vencimientos suman 45.000 millones, y entre 2011 y 2017 otros 55.000 se agregarán a la cuenta.

El modelo kirchnerista está pensado para pagar la deuda y responder, en primer término, a los intereses de la gran burguesía exportadora. Pudo afirmarse en condiciones especialmente favorables en el orden del comercio internacional, que se tradujeron en continuados superávits en la balanza comercial y en las cuentas fiscales. Sin embargo, el viento de cola de los últimos años se transformó en una tempestad que avanza de frente. Los signos de la crisis ya están presentes: caída del precio de la soja a 340 dólares la tonelada, desde casi 600 a mitad de año, con el consiguiente desequilibrio del balance presupuestario; fuga de más de 20.000 millones de dólares desde mediados de 2007 y presión devaluatoria sobre el peso; pérdida de 20.000 millones de pesos de los fondos de los afiliados a las AFJP en los últimos doce meses; estancamiento en la industria textil y la metalúrgica, suspensiones en la construcción, las terminales automotrices y las autopartistas…
Frente al horizonte que se cierra, el “Plan B” del gobierno se reduce a una política de ajuste, cuyo peso impactará sobre los asalariados, los desocupados y las capas más desprotegidas de la sociedad. Por el contrario, la crisis en pleno curso exige un giro radical, muy lejos de los planes del matrimonio presidencial. Medidas tales como la suspensión del pago de la deuda externa y su investigación, de acuerdo a lo reclamado por la justicia, y la nacionalización del comercio exterior y del sistema bancario para reorientar el crédito y bloquear la fuga de capitales, constituyen la primera línea de fortificación contra los embates de la crisis y el punto de partida de un programa de Frente Nacional orientado en dirección a un realineamiento antiimperialista de las grandes masas obreras y populares.

Socialismo Latinoamericano
Octubre 2008

• Marxismo
• Artículo cargado el 15/10/2008 - 15:15

Cuba, el futuro de la revolución y la actualidad del debate de los 60

Osvaldo Calello

La suerte de la revolución cubana, la única sobreviviente de las revoluciones socialistas del siglo XX, reviste una importancia especial para todos los latinoamericanos que mantengan firme la digna decisión de luchar por la conquista de un mundo libre de las lacras propias de la sociedad capitalista. En las condiciones más difíciles, en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, en soledad tras el derrumbe de la Unión Soviética y la satelización por los imperialismos norteamericano y europeo de buena parte de los países de Europa del este, en presencia de la reconversión capitalista en China y Vietnam, los sacrificios de los trabajadores y el pueblo cubano por mantener el curso, tienen un valor extraordinario. Basta un dato para medir la firmeza de esa determinación: En cuatro años, los más duros de la crisis, entre 1989 y 1993, el Producto Bruto de la Isla cayó 35%, el comercio exterior se derrumbó en un 80%, el consumo de combustible se contrajo a menos de la mitad y se perdieron casi totalmente las fuentes de financiamiento externo.

Sin embargo, ya en los primeros años del nuevo siglo era evidente que el pueblo cubano estaba logrando superar las penurias excepcionales del Período Especial y que el contexto latinoamericano era otro. Las ideas del neoliberalismo, victoriosas en los 90, estaban en crisis, jaqueadas por las luchas de los trabajadores, los campesinos y las capas empobrecidas de la pequeña burguesía, mientras que nuevos gobiernos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, embarcados en programas de reformas estructurales de sesgo nacionalista-popular y socializante, abrían el horizonte.

Bajo estas nuevas condiciones, hoy Cuba decide su destino. El primer indicio de la importancia de las horas que se aproximaban lo dio Fidel Castro en noviembre de 2005, durante un discurso pronunciado en al Universidad de La Habana, al advertir que el socialismo no es un destino inexorable, inscripto en el curso profundo de la evolución histórica. En esa exposición Fidel advirtió que la revolución podía ser derrotada por la corrupción y por sus propios errores. Meses más tarde, su enfermedad y el relevo en el puesto de mando del Estado y del partido, abrieron una serie de interrogantes sobre su situación particular y sobre el futuro de la revolución. La impresión de que se había abierto un período de cambios se confirmó una vez que Raúl Castro, a cargo del gobierno, adoptase las primeras medidas, entre ellas la entrega de tierras ociosas en usufructo a campesinos, cooperativas, granjas estatales y empresas no agropecuarias, la apertura de hoteles anteriormente reservado a extranjeros, la libre venta de distinto tipo de artículos electrónicos, el anuncio de una próxima comercialización de autos y viviendas. Medidas indicativas de los problemas por los que atraviesa la economía cubana.

¿En qué sentido y cuál será el alcance de los cambios que al parecer sobrevendrán y, por consiguiente, en que dirección se orientará el nuevo gobierno? Cuba exhibe hoy el agotamiento de un modelo de construcción socialista ya próximo a cumplir medio siglo. A fines de agosto pasado, Celia Hart, días antes desaparecer trágicamente, declaró su temor de que Cuba siguiera el camino de China, “donde el Comité Central terminó diciendo que todo el mundo se debe enriquecer y los millonarios dirigen ahora el partido”. En declaraciones realizadas al diario Página 12 explicó su desconcierto por una política que, por una parte aplica medidas liberalizadoras, y por la otra aumenta la centralización del poder, política similar a la seguida por el Partido Comunista chino. Hart advirtió que Raúl Castro promovió a muchos dirigentes de la vieja guardia como Machado Ventura, actual primer viceministro, “que dirigió el partido en su época más stalinista”, mientras que postergó a dirigentes jóvenes del círculo más cercano a Fidel, entre ellos el canciller Felipe Roque Pérez, Carlos Ballester y Carlos Lange. La explicación que presenta a Fidel Castro como reacio a aceptar la utilización de herramientas propias del capitalismo y reticente a modificaciones de fondo en el modelo existente, y a su hermano Raúl, más cercano a las fórmulas aplicadas por las direcciones china y vietnamita, está presente en varias de las interpretaciones de la militancia cubana, al tratar de descifrar las tendencias existentes en la cúpula del poder.

Recientemente, dos hechos de distinta naturaleza, pero ciertamente relacionados, resultaron sintomáticos de los asuntos que están en discusión. En agosto del corriente año un grupo de ex funcionarios y afiliados al Partido Comunista dio a conocer una declaración cuestionando el tipo de socialismo existente en la Isla, y reclamando un giro radical en la línea seguida hasta entonces. En uno de sus párrafos salientes, el documento escrito por Pedro Campos, antiguo integrante del aparato diplomático cubano, puede leerse: “Cuba vive una continuada crisis económica, política y social a consecuencia del estancamiento en la socialización, generado por el pleno control burocrático estatal sobre la sociedad, los medios de producción y el plustrabajo y del permanente y criminal asedio imperialista”. La crítica apunta, entre otras direcciones, contra lo que denomina sistema estatista-salarial, plantea la eliminación del salario, la autonomía de las empresas y la distribución de parte de sus beneficios entre los trabajadores.

Antes de esta declaración, en junio, Carlos Matheu, ministro de Trabajo, anticipó cambios importantes en el régimen laboral. De ahí en adelante, cada trabajador de las unidades productivas y los organismos del Estado podría ganar sin límite “lo que sea capaz de producir”. Explicó que en cada empresa existirá un sistema de pago por actividad, y la eficiencia del trabajador se medirá en su tarea particular, y no como ocurría hasta entonces en algunos casos, mediante indicadores generales de la unidad productiva. Un mes más tarde, Raúl Castro formuló la siguiente advertencia: “Socialismo significa justicia social e igualdad, pero igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. Igualdad no es igualitarismo. Este, en última instancia, es también una forma de explotación: la del buen trabajador por el que no lo es, o peor aún por el vago”. Estas ideas fueron ratificadas en septiembre.

En julio de 2007, el actual presidente cubano, en un discurso pronunciado en Camagüey había admitido que el salario era “claramente insuficiente” para cubrir las necesidades, por lo que no se ajustaba al principio socialista que exigía que cada trabajador aportara según capacidad y recibiera según su trabajo. Esa distorsión había producido manifestaciones de indisciplina laboral, indiferencia respecto a los resultados de la producción y al cuidado de los instrumentos de trabajo, cuando no desvíos de productos hacia el mercado negro y, en definitiva, una caída de la productividad. La insuficiencia salarial estaba agravada por notorias diferencias en los niveles de remuneración, diferencias que persisten y que benefician, por ejemplo, a empleados de baja calificación laboral que trabajan en los servicios vinculados al turismo, así como a funcionarios, que en algunos casos se desempeñan en empresas mixtas y son premiados con bonificaciones no oficiales, y en otros casos están ligados a los negocios de comercio exterior.

Por vías diferentes, la decisión de la dirección cubana y la declaración de los ex funcionarios abordan el mismo problema: el de la relación social fundamental que liga a los trabajadores con las condiciones de su empleo, relación que define la impronta del régimen de producción en su conjunto. En un caso mediante una solución consistente en consolidar el salario, como expresión de esa relación; mientras que en el otro a través de un planteo que exige su eliminación. Sin embargo, desde una perspectiva que remite a discusiones de varias décadas atrás, una cuestión de importancia capital –la de los estímulos materiales– en forma explícita o de manera indirecta, está presente en ambos planteos.

El gran debate de los 60

En los primeros años de la década del 60 en Cuba se desarrolló un debate decisivo para la marcha de la revolución, cuyas cuestiones centrales conservan notoria actualidad. Cuba ya había comenzado la tarea de construcción socialista y debía abordar los problemas presentes en toda revolución, cuyo punto de partida material está muy por detrás respecto a la naturaleza social de las transformaciones emprendidas. A fines de octubre de 1960, tras el embargo parcial decretado por la administración norteamericana, el gobierno revolucionario decidió la expropiación de las empresas de esa nacionalidad que aun quedaban en la Isla. Anteriormente habían sido nacionalizadas la banca, las grandes corporaciones industriales y comerciales y el transporte, y expropiados los latifundios, dando curso a la reforma agraria. A esa altura, nacionalizada la gran propiedad agraria, la banca, el comercio exterior y los principales medios de producción, el gobierno puso en marcha un sistema de planificación indicativa y de industrialización acelerada que terminó en un fracaso.

Simultáneo a esa primera experiencia se desarrolló un debate que se prolongó hasta mediados de la década, y que culminó con la partida del Che Guevara de la Isla. La confrontación que envolvió al gobierno cubano tuvo entre sus participantes a Guevara, por entonces Ministro de Industrias, y a Álvarez Rom, Ministro de Hacienda, mientras que en el bando opuesto se alinearon Carlos Rafael Rodríguez, director del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), Alberto Mora, Ministro de Comercio Exterior y Marcelo Fernández Font, Presidente del Banco Nacional.

En Cuba coexistieron desde un comienzo dos sistemas de gestión económica cuyos principios eran opuestos entre sí. En la agricultura estatal, organizada en los inicios bajo un régimen de gestión centralizada, se implantó el sistema de cálculo económico, mientras que en la industria se impuso una norma de gestión presupuestada. La primera de esas formas de gestión consistía en la descentralización y la autonomía financiera de empresas que operaban con fondos propios, en el marco de relaciones monetario mercantiles. En oposición, el sistema presupuestario de financiamiento establecía un control centralizado: las empresas no tenían capital, sus fondos eran provistos por el Banco Central y su producto entregado al Ministerio de Hacienda.

En el primero de esos sistemas la ley del valor y las reglas del mercado tenían un considerable margen; en el segundo, en cambio, regía el principio de la planificación económica. En junio de 1964 el Che publicó en Cuba Socialista, bajo el título “La planificación socialista, su significado”, una respuesta a Charles Bettelheim, defensor del sistema del cálculo económico, en consonancia con la posición predominante en los países socialistas, influyente en la Isla a partir de la presencia de un grupo de asesores soviéticos. En “Formas y Métodos de la Planificación Socialista y Nivel del Desarrollo de las Fuerzas Productivas”, artículo aparecido en el segundo número la misma publicación, Bettelheim había sostenido que en Cuba el nivel de desenvolvimiento alcanzado por las fuerzas productivas no permitían el desarrollo de relaciones de producción socialistas, tal como pretendía expresar el régimen de propiedad, tras la nacionalización de los grandes medios de producción, la banca y el comercio. Este desfase tenía, a su juicio, importantes consecuencias: “Este punto de partida jurídico y los análisis que del mismo se derivan, conducen a negar el carácter necesariamente mercantil, a la hora actual, de los cambios entre empresas socialistas del Estado, y hace incomprensible, en el plano teórico, la naturaleza de las compras y ventas efectuadas entre empresas estatales, la naturaleza de la moneda, de los precios, de la contabilidad económica, de la autonomía financiera, etc. Estas categorías se encuentran así privadas de todo contenido social real. Aparecen como formas abstractas o procedimientos técnicos más o menos arbitrarios, y no como la expresión de estas leyes económica objetivas, cuya necesidad destacaba, por otra parte, el propio Stalin”.

El marxismo siempre ha sostenido la existencia de una correlación entre el nivel alcanzado por las fuerzas productivas en determinada sociedad, y el sistema de relaciones que los hombres adquieren en la producción y reproducción social de su vida material, relaciones que tienen presencia objetiva, independiente de la voluntad de aquellos. Marx señaló la existencia de estas relaciones en el Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política escrito a comienzos de 1859, y destacó que su trama constituye la base sobre la que se sostiene el aparato jurídico y político, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Es el modo de producción el que determina el proceso de la vida social y sus manifestaciones políticas, jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas, y no a la inversa. Sin embargo, al alcanzar determinado punto de desenvolvimiento, las fuerzas productivas encuentran en las relaciones de producción existentes, “o lo que no es más que la expresión jurídica de esto”, en las relaciones de propiedad, un obstáculo. Se abre entonces un período de revolución social, que al subvertir la base económica termina por revolucionar el edificio que ésta sostiene. Sin embargo, Marx advertía que ninguna formación social desaparece sin que antes se desarrollen la totalidad de las fuerzas productivas que encierra y, sobre todo, “jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua”.

Las consecuencias de este pasaje del Prólogo ocuparon un papel destacado en la discusión entre Guevara y Bettelheim. Lo que en definitiva este último decía era que la base material sobre la que se desarrollaba la revolución cubana no tenía la consistencia suficiente –carácter atrasado y semicolonial de la economía pre revolucionaria– para instaurar, sino al cabo de un prolongado período, relaciones de producción de naturaleza socialista. Mientras tanto la ley del valor y categorías propias del modo de producción capitalista –relaciones monetario-mercantiles– habrían de mantener vigencia en el proceso de transición. En consecuencia, categorías tales como “propiedad estatal única” o “propiedad social”, resultaban categorías abstractas. Esas relaciones de propiedad no eran la expresión jurídica de las relaciones de producción que decían ser. Era necesario reconocer esta realidad y, entre otras cosas, dotar a las empresas de cierta independencia operativa, aunque subordinada a los parámetros del plan. La autogestión financiera o la autonomía contable eran formas de organización empresaria que se correspondían con el nivel alcanzado por las fuerzas productivas.

En su respuesta Guevara recordó los argumentos que utilizó Lenin para justificar la Revolución de Octubre, revolución desenvuelta en un país en el cual el desarrollo de sus estructuras económicas no habían llegado al estadio que hiciera posible el socialismo. ¿Qué otra cosa podía hacer los bolcheviques —se preguntaba su jefe— en una situación revolucionaria desatada por la guerra imperialista? Situación que, por cierto, conmovía a los países de Oriente, envolvía en la crisis al imperio zarista y creaba las condiciones para la alianza entre la “guerra campesina” y la revolución proletaria, derrumbaba el viejo orden y avanzaba en la creación de las premisas materiales que incorporarían a Rusia al torrente de la civilización, elevando el nivel cultural de las masas y abriendo el curso a la construcción socialista. Una serie de circunstancias históricas habían hecho de Rusia el eslabón más débil de la cadena capitalista mundial. El Che afirmaba que también Cuba, en el momento de la revolución, era uno de los eslabones más débiles de esa cadena en el marco de la lucha global entre el capitalismo y el socialismo. En presencia de una situación histórica excepcional, su vanguardia revolucionaria tomó el poder, considerando que ya existían “las suficientes condiciones objetivas en cuanto a la socialización del trabajo”, mientras declaraba el carácter socialista de la revolución y emprendía la construcción de una nueva sociedad. En definitiva, el grado de maduración de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción estaba dado por la evolución general de las contradicciones del capitalismo, contradicciones en las que se subsumían las contradicciones particulares de cada país.

Sin embargo, en otro pasaje, Guevara iba más allá de lo que permitía este enfoque y transformaba su argumento en una suerte de petición de principio: si en Cuba se había realizado una revolución socialista, era porque debían existir condiciones suficientes para que así ocurriera. Decía que el hecho de que se hubiera producido el nacimiento del socialismo en tales circunstancias, era la prueba de que el desarrollo de las fuerzas productivas había chocado con las relaciones de producción, antes de lo que cabía esperar en un país capitalista atrasado. Esto había sucedido así porque la vanguardia revolucionaria, influida por la ideología marxista-leninista, había sido capaz de prever las distintas fases del proceso y forzar la marcha de los acontecimientos, dentro de lo que objetivamente era posible.

El papel de la conciencia era determinante para el Che. También en este punto habría de chocar con Bettelheim, quién partiendo de la tesis clásica según la cual es “el ser social el que determina la conciencia”, sostenía que la palanca para modificar el comportamiento de los hombres eran los cambios en la estructura productiva. Guevara, en cambio, apostaba a que fuera el desarrollo acelerado de la conciencia la fuerza que impulsara el crecimiento de las estructuras económicas. Señalaba que en la época del imperialismo la conciencia también estaba determinada por la marcha de la historia mundial y, en este sentido, era producto del desarrollo general de las fuerzas productivas y, particularmente, de las enseñanzas que habían sacado las masas de la experiencia de la URSS y los países socialistas. En este punto las diferencias no podían resultar más profundas. El especialista francés seguía los pasos de Louis Althusser, para quién los sujetos no eran mucho más que portadores de relaciones sociales de producción, mientras que el Che veía en la subjetividad revolucionaria la fuerza transformadora de la historia.

El otro aspecto de la confrontación giraba en torno a las relaciones de propiedad. Aquí, Guevara le imputaba a Bettelheim pretender que la estructura jurídica podía tener una existencia independiente; pretensión que consideraba un grave error. Sostenía que si existía la propiedad social, tal propiedad no podía ser otra cosa que una expresión de la existencia del socialismo. Simplemente: la revolución no habría podido cambiar la superestructura jurídica sin haber transformado antes las relaciones de producción. Era cierto que las formas de propiedad eran la expresión jurídica de esas relaciones, pero no se podía trasladar mecánicamente esta verdad, de vigencia general, a la situación particular de cada país, situación en la que existían desplazamientos entre ambos términos o, sencillamente, faltaba de una correlación estricta según las fases de su desarrollo histórico. Por lo demás, esa contradicción, determinante en el período de transición, no se desarrollaba exclusivamente en la base material sino que era la suma de factores cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, entre los cuales la lucha de clases jugaba un papel fundamental.

El análisis estructural había llevado a Bettelheim a la conclusión de que en Cuba la planificación no estaba en condiciones de asegurar un reparto equilibrado, a priori, de los medios de producción y de los bienes en general. A su juicio, el sistema de precios debía no sólo reflejar el costo social de los diferentes productos, sino también expresar las relaciones entre la oferta y la demanda, y garantizar un equilibrio que el plan por sí no estaba en condiciones de alcanzar. Desde esta perspectiva consideraba a la empresa consolidada una aberración.^[1] Guevara, por el contrario, tomando nota de que no existía un mercado libre en que pudieran expresarse las contradicciones entre productores y consumidores, negaba la posibilidad de hacer uso consciente de la ley del valor. Rechazaba también la existencia de la categoría mercancía en las relaciones entre las empresas estatales: todos los establecimientos debían ser considerados parte de una única empresa del Estado, aunque en la práctica no se hubiera llegado aún a ese grado de integración. Sostenía que la ley del valor y el plan eran los términos de una contradicción, cuya solución —la planificación centralizada— era el modo de ser de la sociedad socialista.

En la polémica también intervino el trotskista belga Ernest Mandel, por entonces asesor del Ministerio de Industrias. Mandel reconocía que si bien las condiciones objetivas ocupaban un papel determinante en la persistencia de formas de la economía mercantil, así como de sus categorías, imputaba a Bettelheim una posición objetivista por interpretar de modo mecánico la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y, a la vez, disminuir la gravitación de la práctica revolucionaria. En esto coincidía con Guevara. Sin embargo, difería de éste en los plazos del período de transición. Advertía que la economía mercantil y, en consecuencia, la ley del valor, persistirían, aun en declinación, durante toda una fase histórica hasta que las condiciones materiales permitieran su superación. Mientras tanto su funcionamiento, subordinado al plan, podría favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas.

El peso de la herencia soviética

En junio de 1963 en discusión con Mora, Guevara cuestionó la aplicación de incentivos laborales de carácter material como recurso para elevar el rendimiento de los trabajadores. Por el contrario, sostenía que el aumento de la productividad de la fuerza de trabajo estaba ligado, antes que nada, al fortalecimiento de la moral y de la conciencia socialista. Sabía que los estímulos materiales formaban parte de las prácticas y de la cultura capitalista que perduraban entre las masas trabajadoras, una herencia inevitable que debía recibirse críticamente contraponiendo los valores desenajenantes de las relaciones de la nueva sociedad en construcción. Sin embargo, más allá de la discusión con los defensores cubanos de la utilización de resortes propios del capitalismo en el proceso de transición, la línea de diferenciación, en pleno curso, pasaba por el tipo de organización socialista que llevaban a cabo las burocracias de la URSS y los países de Europa Oriental. En el bloque soviético el empleo de incentivos materiales estaba generalizado. En septiembre de 1962, Evsei Liberman había publicado en Pravda el conocido artículo sobre los alcances del plan y el funcionamiento de las empresas, y abierto el debate sobre el rumbo de la economía soviética. Plan, beneficio y primas, cuyas premisas fueron llevadas a la práctica gradualmente, prescribía que las órdenes de los organismos de planificación respecto de las empresas, deberían reducirse a establecer los volúmenes de producción y los plazos de entrega, mientras que a éstas les correspondería elaborar “el plan completo”, que habría de incluir los índices de productividad y las plantillas laborales, el salario, costos producción, inversiones, entre otros renglones. En lugar del valor bruto de producción, era la tasa de beneficio —medida como proporción del capital productivo— el parámetro que habría de establecer el alcance de los objetivos. Cuanto más alta fuera esa tasa, mayor sería la prima que recibiría la empresa de parte de los órganos de dirección económica.^[2] Los incentivos abarcaban a la fuerza de trabajo. En otro artículo publicado en noviembre de 1964, Liberman estimó que en las plantas en que estaba en funcionamiento la reforma, esos incentivos, que se basaban en la ganancia, llegaban a representar el 50% del salario. La reforma otorgó un marcado grado de autonomía a los directores ante las administraciones centrales. Mandel, por ejemplo, hizo notar que con la reforma industrial de Kosiguin (1965) los contratos directos entre empresas fueron establecidos paulatinamente, mientras un comercio paralelo, a espaldas del plan, comenzaba a ganar terreno en la rama de los bienes de producción, primer paso hacia la transformación de esos bienes en mercancías, derivación que terminaría abriendo el camino a la restauración capitalista.^[3]

Guevara observaba críticamente esta evolución. En octubre de 1964 había afirmado que no era posible conocer a Marx y a Lenin a través del Manual de la Academia de Ciencias de la URSS, y a comienzos de 1965, durante una entrevista a la revista egipcia El-Taliah, declaró: “El experimento de regreso a la ley del valor comenzó en Yugoslavia y fue entonces adoptada en diversos grados por Polonia y Checoslovaquia, y la Unión Soviética comenzó experimentos similares. Hemos discutido esta idea con algunos representantes de la nueva escuela en la Unión Soviética y les hemos dicho que diferimos de ellos en el terreno metodológico; y hemos expresado nuestra crítica del método de contabilidad que están empleando para aumentar la rentabilidad. En nuestra opinión, ellos buscan caminos que les permitan estimular el progreso técnico, pero no buscan la ley básica del socialismo…”^[4] En esos días de febrero de 1965, el Che pronunció el célebre Discurso de Argel, en el cual denunció el intercambio desigual que los países del mundo socialista practicaban en perjuicio de las naciones atrasadas y dependientes.

En Cuba la polémica quedó trunca tras su partida hacia el Congo. En 1968 Fidel Castro, en vísperas de “la gran ofensiva revolucionaria”, en cuyo curso el gobierno terminó de liquidar el pequeño comercio y el cuentapropismo, afirmó la primacía de los incentivos morales por sobre los materiales. Sin embargo las diferencias no estaban saldadas. El fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas puso fin a la “gran ofensiva”, Cuba estrechó los lazos con la URSS, ingresó al Consejo de Ayuda Mutua (CAME) del bloque socialista, y en 1975 el Congreso del PCC se inclinó por un proyecto de construcción socialista que debía seguir los lineamientos del modelo que habían terminado por consolidar los herederos de la burocracia stalinista. Años más tarde, en 1986, el inicio del Período de Rectificación marcó un nuevo giro a partir de colectivización de las granjas privadas y la eliminación de los mercados campesinos; la supresión de la pequeña industria privada y de la venta callejera; la restricción de la construcción y la venta privada de viviendas; la reducción de los planteles excedentes en las empresas, el endurecimiento de las normas laborales, al mismo tiempo que se intentaba reimpulsar el trabajo voluntario. Pero mientras tanto, a pesar del anuncio del reforzamiento de la planificación central, en 1986 el PCC decidió poner fin al régimen de financiamiento presupuestario, y a comienzos de 1988 implantar el sistema de cálculo económico.

¿Un socialismo de mercado?

Dos décadas más tarde la propuesta de los ex funcionarios comunistas vuelve sobre los asuntos irresueltos en el debate de los 60. Sus autores declaran la necesidad de “dejar atrás el fracasado sistema centrista, autoritario, estatista-asalariado y estructurado verticalmente de arriba hacia abajo, heredado del estalinismo” y avanzar hacia un sistema comunal-democrático descentralizado, basado en relaciones socialistas de producción. El tránsito de un régimen a otro pasaría por un desplazamiento del control sobre las condiciones de la producción y sobre la gestión, desde la burocracia a los colectivos sociales y laborales; por la abolición de la forma asalariada de pago y por el establecimiento de un régimen de reparto de utilidades y, finalmente, por un avance en la participación y en la democratización de la vida social en general y del régimen político en particular, apuntando a la construcción de una “república democrática revolucionaria directa” de los trabajadores.

En este tipo de sociedad autogestionaria los trabajadores asociados “autoexplotan” su fuerza de trabajo y son dueños o usufructuarios colectivos de los medios de producción, y además de administrar democráticamente la gestión, deciden sobre el destino del plustrabajo. Las principales formas de propiedad que le corresponden a este sistema son la cooperativa, que abarca a los pequeños campesinos y a las pequeñas industrias y los emprendimientos de servicios, y cuyos instrumentos de trabajo son propiedad de sus integrantes; las pequeñas y medianas empresas autogestionadas, con medios de producción entregados directamente a los trabajadores mediante la venta o la cesión por parte del Estado; la empresa cogestionada con radio de acción en áreas de interés nacional o estratégico, cuya propiedad y administración es compartida o no por el Estado, propiedad que puede ser entregada total o parcialmente a los trabajadores en usufructo o arriendo.

Los autores de la propuesta consideran que el grave error del socialismo estatal “ha sido la pretensión de administrar y dirigir la economía y sus leyes que existen al margen de los deseos humanos”. En consecuencia, en adelante el Estado debería limitarse a hacer viables las condiciones de producción, mientras que su antiguo lugar habrá de ocuparlo el mercado por un tiempo indeterminado, aunque con mecanismos antimonopólicos que eviten la especulación, y en el curso de una tendencia de transformación paulatina de las relaciones monetario- mercantiles en un intercambio de relaciones equivalentes. De forma tal, los controles estatales monopólicos deberán eliminarse y abrirse el camino a las relaciones mercantiles, así como liberalizarse el régimen que rige en las tareas de siembra y acopio, en los precios, el transporte y el mercado, luego de repartir la tierra ociosa en usufructo de por vida; medidas todas necesarias para consolidar la alianza obrero-campesina.

La iniciativa de Pedro Campos y sus compañeros no es por completo una novedad. Entre sus lineamientos generales y los de la experiencia yugoslava de autogestión desarrollada según las reglas del “socialismo de mercado”, existe más de una coincidencia. Yugoslavia echó las bases de su proyecto de autogestión obrera entre 1950 y 1952. Por ese entonces el Partido Comunista (Liga de los Comunistas a partir de ese último año), fuerza dirigente del movimiento de liberación nacional contra la ocupación alemana y la guerra civil en el período 1941-1945, hacía tiempo que había consolidado un poder absoluto, expropiado a la burguesía, nacionalizado los medios de producción y realizado la reforma agraria. Al ser invadido por los ejércitos del Tercer Reich en 1941, Yugoslavia era un país campesino, atrasado, dividido, explotado y hundido en la miseria. La guerra lo dejó devastado, de modo que en una primera etapa la unidad nacional y la reconstrucción exigieron a los comunistas en el poder el máximo de centralización estatal. En los primeros años de la posguerra, el tipo de construcción soviética era la única referencia existente para una dirección política que se proponía avanzar hacia el socialismo, en medio del atraso secular de una sociedad predominantemente agraria, cuya clase obrera, poco numerosa, había sido diezmada por la guerra. Así las cosas, el modelo stalinista instaurado en la URSS, sirvió de guía durante los primeros pasos del régimen yugoslavo. Sin embargo, en 1948 las pretensiones de Stalin sobre Yugoslavia precipitaron una crisis, y obligaron a los dirigentes de Belgrado a abroquelarse en una posición independiente, lo que implicaba, al mismo tiempo, la búsqueda de una nueva vía para la construcción del socialismo. La respuesta fue la autogestión obrera.

Para la dirección encabezada por Josip Broz Tito, la propiedad estatal, a la que se consideraba inscripta en el sistema de relaciones capitalistas-estatales, había constituido necesariamente la primera fase de la propiedad social, mientras que la autogestión debía ser el cauce de un proceso de desestatización. Sin embargo, el nuevo orden de relaciones de producción fue introducido verticalmente, cuando ya la burocracia del sistema partido-Estado estaba consolidada y había aplicado con puño de hierro la política de colectivización forzosa, venta obligada de tierras e industrialización a costa de la agricultura, según la fórmula utilizada por Stalin en los años 30’ en la Unión Soviética.

El régimen autogestionario instaurado en Yugoslavia se desenvolvió a través de la liberalización de las leyes del mercado, y giró en torno a organizaciones laborales autónomas que obraban como productores independientes de mercancías. Dentro de las empresas los trabajadores controlaban las condiciones de producción y de reparto, y decidían la política de acumulación y el plan de negocios. La autogestión debía guiarse por el principio socialista: “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Por este camino habría de eliminarse toda forma de parasitismo y explotación, y producirse un proceso de desestatización de la plusvalía y de supresión de la relación salarial.

Sin embargo las cosas no ocurrieron así. Las formas autogestionarias se desenvolvieron hasta cierto punto en el dominio de las empresas; no alcanzaron la gestión de los asuntos públicos. Más allá de los límites de las unidades laborales la tendencia inherente a la acumulación del capital, desenvuelta en las condiciones de las relaciones dinero-mercancía y del sistema de precios de mercado, impuso su propia lógica. Así, por ejemplo, el intercambio entre las organizaciones laborales no era equivalente, sino que tal como ocurre en el régimen capitalista, las diferencias en la composición orgánica del capital derivaron en una transferencia de plusvalía desde las unidades de menor tecnificación a las de mayor equipamiento productivo. El resultado fue la aparición de vínculos de dependencia entre las organizaciones de producción, agravadas por diferencias de productividad propias de desniveles de orden regional. El síntoma típico de esta desigualdad fueron las diferencias salariales con que se remuneraba un mismo trabajo, según cual fuera el desempeño de la empresa. Pero al mismo tiempo, la posición dominante de bancos, comercios y corporaciones de importación y exportación, devino en formas de explotación respecto de las industrias y otras unidades productivas.

Bajo el reinado incontrastable del denominado “mercado socialista”, que hizo del individualismo, el consumismo y el snobismo los valores de la nueva ideología dominante, propagados por el discurso de los medios de difusión masiva, se fue consolidando una conciencia pequeño burguesa, cada vez más alejada de los principios del socialismo. Mientras tanto, la clase trabajadora, despojada del poder político y fragmentada, se debatía entre las huelgas salvajes, al margen de sindicatos estatizados o la emigración en gran escala.

La NEP, el capitalismo de Estado y la cooperación

Varias décadas más tarde, el planteo de los ex funcionarios cubanos combina las demandas de democratización del poder político y social con el establecimiento de formas cooperativas de propiedad, formalizadas en empresas que se relacionan entre sí a través del mercado, siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. Significativamente los autores de la propuesta advierten que no es el mercado lo que caracteriza al capitalismo sino sus relaciones de producción. Parecen pasar por alto el hecho de que son precisamente las relaciones de producción de naturaleza capitalista las que socialmente sostienen al mercado. ¿Acaso podría pensarse que el desplazamiento del principio de planificación, la generalización de las relaciones mercantiles y la afirmación de la ley del valor como regulador automático de la vida económica no habrían de fortalecer a las fuerzas sociales internas que empujan en dirección del capitalismo?

En uno de sus escritos anteriores, Pedro Campos^[5] sostuvo que el error original de la concepción stalinista residió en el desconocimiento u ocultamiento de la perspectiva cooperativista integral que Marx tenía del socialismo, y en la idea de que el socialismo se cimenta en la propiedad estatal y en el trabajo asalariado. En cambio, Lenin, antes de morir, habría entendido que la generalización del sistema cooperativo era la vía para pasar del capitalismo de Estado al socialismo. Desafortunadamente, la importancia de esta idea no fue comprendida por Stalin y sus seguidores. Campos se refiere a un documento escrito en enero de 1923 bajo el título Sobre la Cooperación, donde el jefe de la Revolución de Octubre efectivamente señaló que “siendo la clase trabajadora dueña del poder del Estado y perteneciendo a este poder estatal todos los medios de producción, en realidad sólo nos queda la tarea de organizar a la población en cooperativas”. Lenin explicaba que a través de la NEP (Nueva Política Económica) se conjugaban los intereses comerciales privados y los métodos de control por parte del Estado. Y decía que la nacionalización de los medios de producción y el Estado obrero, más la alianza de los obreros y los campesinos, especialmente los campesinos pobres, bajo la dirección del proletariado, “es todo lo que se necesita para edificar la sociedad socialista completa partiendo de la cooperación”. A su juicio este tipo de relación era el camino “más sencillo, fácil y accesible para que el campesinado avanzara hacia el socialismo”.

Recordaba que en el régimen burgués la cooperativa es una empresa capitalista de carácter colectivo. Pero explicaba que en el marco del Estado Soviético la cooperación habría de adquirir un nuevo sentido: las cooperativas no se diferenciarían de las empresas socialistas, eso siempre y cuando la tierra que trabajaran y los medios de producción que empleasen pertenecieran al Estado. Lenin escribía estas líneas teniendo en cuenta que estaba en presencia de una nación campesina, que no había sido rozada siquiera por las revoluciones burguesas que estallaron en el oeste de Europa entre los siglos XVII y XIX y cuya población, en su mayor parte, había vivido hasta hacía muy poco bajo relaciones sociales de carácter precapitalista.

La NEP fue impuesta por los dirigentes bolcheviques en la primavera de 1921, tras la situación de crisis extrema y de penurias extraordinarias en que derivó el “comunismo de guerra”, y ante la imposibilidad de mantener el régimen de requisas obligatorias en el campo. Significó la libertad de comercio, por lo menos a escala local, después que los campesinos hubieran pagado el impuesto en especie. Mediante ese impuesto el Estado tomaba lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades de los obreros y del ejército, y el resto lo cambiaba por productos industriales. Lenin consideraba que bajo las condiciones del poder soviético, la cooperación de los pequeños productores de mercancías era otra de las variantes del capitalismo de Estado, aunque menos simple y más confusa. Definía el capitalismo de Estado como un régimen que se apoyaba en el monopolio de los cereales y el control sobre los patrones, los comerciantes y los cooperadores burgueses. En ese sistema de relaciones, aunque sin mayor desarrollo hasta el momento (abril de 1921) se incluían los contratos con empresarios capitalistas encargados de comercializar la producción del Estado y acopiar las mercancías del pequeño productor, y el arriendo de compañías industriales, explotaciones, bosques o campos. Bajo la NEP, ante la necesidad de restablecer el intercambio con el campo, una parte de la pequeña industria fue arrendada, mientras que en el comercio se organizaron sociedades mixtas con el capital extranjero. Por entonces Lenin escribió: “Puesto que aún no tenemos fuerzas para realizar el paso directo de la pequeña producción al socialismo, por tanto, el capitalismo es, en cierta medida, inevitable”.^[6]

Sin embargo en ninguno de sus escritos sobre el capitalismo de Estado o sobre el papel de la cooperación en el tránsito al socialismo Lenin resignaba el papel dirigente de la economía estatal a favor del mercado, ni proponía sustituir el principio de planificación por leyes económicas “que existen al margen de los deseos humanos”, una suerte de regulador automático, tal como buscaban la autogestión yugoslava y las reformas soviéticas de los años 60.

A mediados de la década de los años 30 León Trotsky observó, al analizar el período de la NEP, que la industria soviética, aún socializada, habría de necesitar durante un extenso período valerse de los métodos del cálculo económico, característicos del capitalismo, del mismo modo que el plan tendría que recurrir al juego de la oferta y la demanda, como base material y correctivo necesario. Trotsky señaló que en la primera fase de la sociedad postcapitalista el Estado asumía un doble carácter: socialista en la medida que resguardaba la propiedad colectiva de los medios de producción y burgués en cuanto a la distribución de los bienes; distribución desigual ante la imposibilidad de otorgar “a cada cual según su necesidad”. En la Rusia soviética esa imposibilidad inicial de asegurar una igualdad real elevó a la joven burocracia estatal de representación del proletariado (“órgano burgués de la clase obrera”), a la categoría de árbitro entre los trabajadores y la pequeña burguesía y, en consecuencia, facilitó su consolidación como capa independiente. Por entonces Trotsky advirtió sobre el peligro de que las contradicciones acumuladas en la sociedad crearan las condiciones de una restauración capitalista, y frente a tal derivación interpuso la alternativa de una revolución política que arrojara a la burocracia del poder, restableciera la democracia en los sóviets y los sindicatos, así como la libertad de los partidos soviéticos, restringiera la desigualdad en la retribución del trabajo y en la distribución de la renta nacional, en otras iniciativas democratizantes del Estado y la vida social en general. En un párrafo ciertamente significativo señaló que el partido que se hiciera cargo de esas tareas “no tendría que recurrir a medidas revolucionarias en materia de propiedad. Continuaría e impulsaría a fondo la experiencia de la economía planificada. Después de la revolución política, después de derribar a la burocracia, el proletariado debería realizar importantísimas reformas en la economía, pero no tendría que hacer una nueva revolución social”.

En Cuba el documento de ex funcionarios y afiliados al Partido Comunista subraya la necesidad de un nuevo enfoque de construcción socialista que entierre el viejo modelo soviético y con él las prácticas burocráticas, democratizando la gestión en las empresas, en el Estado y en el conjunto de la sociedad. No hay duda que esta demanda figura en todo programa de democratización y profundización del socialismo. Sin embargo, las experiencias de las revoluciones del siglo XX enseñan que la liquidación de la economía planificada, y la aplicación de las leyes de mercado no sólo no abren el camino a la profundización socialista, sino que ni siquiera constituyen necesariamente un factor desburocratizante. En China, por ejemplo, el proceso de restauración capitalista ha probado que la existencia de un Estado altamente concentrado y burocratizado, además de no estar en contradicción con tales leyes, ha constituido una presencia decididamente favorable para el desenvolvimiento de la nueva burguesía surgida de las filas de la nomenklatura del partido-Estado gobernante.

En todo caso el problema se centra en el siguiente punto: mientras dure el período de transición el principio de planificación será el vector dirigente de la economía. ¿Puede decirse que Cuba ha dejado atrás ese período? Aquí la discusión vuelve, en cierto sentido, a la polémica protagonizada en los años 60 entre los defensores de la planificación según el sistema presupuestario de financiamiento, y los partidarios del cálculo económico, y se focaliza en un punto débil del planteo de los primeros: el grado de decisión reconocido a los productores directos sobre las condiciones de la producción y el producto de sus trabajos, no sólo en la empresa sino en el conjunto de la economía, así como su gravitación política en la gestión de los asuntos públicos en todos los niveles de la sociedad. ¿Cuál es el desarrollo y cuánta la autonomía alcanzada por los organismos de masas?¿Cuánta es la vigencia de la democracia socialista? Todas preguntas que en en última instancia definen la naturaleza del poder.

Si bien es cierto que la propiedad privada de los medios de producción para transformarse en propiedad social debe primero hacerse estatal, no es menos cierto que, tal como observó Trotsky, “la civilización socialista no se desarrollará sino con el decrecimiento del Estado”. En esta línea, las páginas que escribió Marx sobre la experiencia de la Comuna de París cobran nuevamente actualidad y señalan el punto neurálgico, irresuelto, de los procesos revolucionarios que en el siglo pasado arremetieron contra las formas de desigualdad, opresión y explotación de la vieja sociedad de clases organizada en torno a los intereses del capital.

• Artículo cargado el 26/09/2008 - 22:54

Jorge Abelardo Ramos: Historia y Política

Osvaldo Calello

Honorio Díaz ha publicado un nuevo libro. Se trata de una muy buena noticia. En las filas de la izquierda nacional Honorio es uno de los autores que puede reflexionar sobre historia argentina con más conocimiento y capacidad, además de ser un excelente escritor. Fuera de esto, la aparición de Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política constituye de por sí un acontecimiento militante, como lo demostró la presentación realizada en el Hotel Bauen de Buenos Aires y, en días recientes, en el Centro de Estudios Nacionales Scalabrini Ortiz de Rosario. 

Esta vez se trata de la producción historiográfica de quien fue el principal representante de la corriente de la izquierda nacional, centrada en tres obras fundamentales: América Latina: un país, editado en 1959, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, aparecido en 1957, e Historia de la Nación Latinoamericana, publicado en 1968.
La vida política de Ramos como historiador, publicista y militante abarca el momento constitutivo y la mayor parte de la historia de la izquierda nacional, izquierda que nació junto con el peronismo en las jornadas de octubre de 1945. Fue uno de sus principales inspiradores y su mayor difusor y, al mismo tiempo, quién más hizo, al final de sus días, para que el cierre del período histórico iniciado en esas jornadas fuera también el final de la corriente que de un modo decisivo había contribuido a crear.
El libro de Honorio destaca el rasgo saliente de su obra historiográfica: Ramos interpreta el pasado a la luz de las luchas del presente, y al hacerlo señala las tendencias que mantienen su influencia sobre la actualidad. Por eso pudo escribir “Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos”. La balcanización de la Patria Grande y el carácter incluso de las luchas nacionales en América Latina están vigentes en toda su producción, como problemas a resolver por las nuevas generaciones.

La historia escrita desde el presente

La comparación con Antonio Gramsci, cuya producción abrió nuevas perspectivas en el horizonte de la construcción teórica del marxismo, es directa. El autor de los Cuadernos de la Cárcel señalaba que sólo la identificación entre la historia y la política podía quitar a la historia ese carácter libresco que trasuntaban concepciones como las de Benedetto Croce, el más importante exponente del idealismo en Italia. Gramsci escribió: “Si un político es historiador (no sólo porque hace historia, sino en el sentido de que obrando desde el presente interpreta el pasado), es también un político, y en este sentido, la historia es siempre historia contemporánea, es decir política”.

Esta concepción está presente en toda la obra de Ramos, por eso Methol Ferré pudo afirmar que: “en el fondo Ramos es autor de un solo libro, desdoblado”.
Pero la identificación entre la historia y la política, pude hacerse extensiva asimismo a la relación de la filosofía con la política. Honorio llama la atención sobre una consideración del propio Methol sobre el supuesto desinterés de Ramos y de su generación por la filosofía. La respuesta de Ramos, incluida en el prólogo a En defensa del marxismo, de León Trotsky, es altamente significativa: el aparente desdén por la filosofía no sería otra cosa que una forma humana, histórica, de entenderla, es decir, de negarla como idea pura y convertirla en realidad. En esa respuesta Ramos subrayó la unidad existente entre la teoría y la práctica como piedra basal del marxismo, y señaló que si a la afirmación de Hegel de que “todo lo que nace es digno de perecer” se la proyectase hacia la idea de la propiedad privada, del Estado y de las instituciones en general, el filósofo se haría político. La comparación, esta vez con Marx, también es directa: “Los filósofos no hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. En ese Ramos, en el Ramos autor de las tres obras mencionadas, está, de modo viviente, lo mejor del marxismo.

Ramos y la historia

El libro de Honorio estudia las condiciones del contexto ideológico-cultural en que surge el revisionismo histórico de la izquierda nacional; sigue de cerca los primeros pasos de Ramos en ese nuevo campo; señala la influencia de las críticas de Enrique Rivera a América Latina: un país, y las rectificaciones posteriores de Ramos al escribir Revolución y Contra. La incipiente corriente historiográfica partió de una delimitación crítica, estricta y terminante de la historia oficial construida por el liberalismo mitrista y también del revisionismo nacionalista de raíz rosista; interpretó la historia rompiendo con los paradigmas de procedencia eurocéntrica, según los cuales la historia de los países atrasados y dependientes está destinada a repetir los ciclos desarrollados en las metrópolis, paradigmas del que quedaron prisioneras las distintas variantes de la izquierda portuaria; destacó el protagonismo decisivo de las masas en los giros críticos que cambiaron el curso de pueblos y naciones, diferenciándose también aquí del culto a los héroes practicado por liberales y nacionalistas.

Honorio explica cómo Mitre y sus epígonos organizaron su versión historiográfica en torno a grandes oposiciones: civilización o barbarie, dictadura o libertad, progreso o restauración y, posteriormente, democracia o totalitarismo. En cambio, el revisionismo socialista de la izquierda nacional examinó la historia a la luz de la naturaleza de las clases sociales, de sus contradicciones y de sus enfrentamientos, sin caer en determinismos de corte económico o geopolítico. Uno de los pasajes destacados del trabajo que comentamos ha consistido en establecer, de modo irrecusable, la continuidad esencial entre la matriz mitrista de la historia oficial y la producción de Tulio Halperín Donghi, sin duda el autor preferido de las grandes casas editoriales, los suplementos culturales y todo el aparato de difusión de la historia oficial. Honorio hace una detenida comparación de dos obras publicadas en fecha próxima, hacia el fin de la década de los 60’: Historia de la Nación Latinoamericana, de Ramos, e Historia Contemporánea de América Latina, de Halperín Donghi.

El libro destaca como éste último subestima (o desestima) el contenido económico y social del proceso independentista, al circunscribir sus alcances a dos asuntos principales: la relación con la metrópoli y la situación de los españoles en la colonia. El mismo sesgo reaparece en el análisis del papel desempeñado por Gran Bretaña en la balcanización de la América Hispánica: una política cautelosa con pretensiones de dominación restringida, que incluso recibió con beneplácito proyectos de unificación como los que intentaron llevar adelante Simón Bolívar en la Gran Colombia y Andrés Santa Cruz en el Alto Perú. Siguiendo esta línea interpretativa, la expansión del imperialismo norteamericano en América Latina durante los siglos XIX y XX habría resultado la consecuencia de la inferioridad de los pueblos avasallados. Finalmente, la liquidación de las economías regionales en el país no habría sido producto de la política librecambista practicada por el bloque de la oligarquía pampeana y la burguesía comercial porteña, sino una derivación del afán recaudatorio de los gobiernos que controlaban la aduana de la ciudad puerto.

En la actualidad, la extensa obra el prestigioso profesor de la Universidad de Berkeley ha sido ampliamente difundida. El auge que ha alcanzado su figura y sus ideas tienen una notable correspondencia con la evolución de las preferencias de las capas educadas de una clase media desmalvinizada y colonizada, de vuelta de pasadas ilusiones, lectora ávida de lugares comunes, como los que de tanto en tanto difunden los intelectuales palaciegos que se cobijan bajo el ala del kirchnerismo.

Sin embargo, respecto de Ramos, Honorio no es un crítico complaciente. Entre sus señalamientos figura la ausencia de un análisis de la colonización portuguesa en Brasil, similar al realizado en el caso de la colonización española; el insuficiente tratamiento de la repercusión de las crisis internacionales de 1874 y 1930, y un desplazamiento del examen necesario de las peculiaridades de la revolución cubana, en favor de un enfoque centrado en la crítica a la teoría del foco. Las observaciones también apuntan al análisis del fenómeno de la mestización, fenómeno presentado como “una forma de benignidad general” por parte de una dominación que no reparó en el sometimiento y el exterminio de la población original. Pero posiblemente el señalamiento crítico más importante sea el formulado respecto al roquismo. En este punto Honorio dice que la tesis de Ramos es errónea. La progresividad histórica de esa corriente se desarrolló en el marco de la lucha del interior federal contra la oligarquía porteña por la unificación del país y la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la presidencia del general Roca estuvo signada por la consolidación de la Argentina agroexportadora como semicolonia del imperio británico, según los intereses del bloque de grandes propietarios terratenientes y la burguesía comercial. En consecuencia mal puede afirmarse que la generación del 80’ fuese la más argentina. Si en su llegada al gobierno los hombres que la integraban eran ajenos a la oligarquía, pronto quedaron incorporados a sus cuadros dirigentes.

Ramos como militante político

En todo momento Ramos pensó y actuó como un militante político, por eso pudo escribir: “La historia es prisionera de la política”, y en este sentido no se ató a cánones preestablecidos, ni a fórmulas importadas. Empleó el marxismo como una guía para la acción y aprendió de las revoluciones pasadas lo fundamental para la acción en el presente, por eso decía que para hacer la revolución Lenin tuvo que rusificar a Marx y Mao chinizar a Lenin, mientras que Ho Chi Ming encontró su propio camino, diferente del que habían seguido sus antecesores. En una afirmación plena de significado escribió: “Cuando son genuinas y profundas, cuando brotan de la raíz misma de la historia, todas las revoluciones son originales e irrepetibles”. No existe excepcionalidad, simplemente porque no hay regla que mida el desenvolvimiento de las revoluciones. La relación de esas líneas con el artículo aparecido en noviembre de 1917, en Avanti, bajo el título La revolución contra El Capital, es inmediata.

Ramos insistía en la necesidad de bolivarizar el marxismo para marxistizar la revolución latinoamericana. Nuevamente aquí la vinculación con el pensamiento de Gramsci se hace evidente. El fundador del Partido Comunista de Italia explicaba que “una clase de carácter internacional, en la medida en que guía a capas sociales estrictamente nacionales (intelectuales) y con frecuencia más que nacionales, particularistas y municipalistas (los campesinos), debe, en cierto sentido, ‘nacionalizarse”. Y al respecto afirmaba que entre 1902 y 1917 el esfuerzo de los bolcheviques había consistido en “depurar el internacionalismo de todo elemento vago y puramente ideológico”.

Desde este ángulo Ramos descifró el contenido de las luchas políticas y sociales en Argentina y en América Latina, y discernió el rumbo que debían seguir los revolucionarios socialistas haciendo suyas las divisas nacionales, democráticas y antiimperialistas que empuñaban las grandes masas populares. Así, la cuestión nacional en los países atrasados y dependientes, esa divisoria fundamental de aguas en la época del imperialismo entre naciones opresoras y naciones oprimidas, adquirió una importancia capital para dilucidar los significados del presente. Ramos interpretó el peronismo a la luz de la lucha de clases en un país semicolonial, en el cual la disposición de las fuerzas enfrentadas está determinada por la articulación de una contradicción de carácter nacional con la contradicción fundamental, propia del régimen capitalista. Lo definió como un movimiento nacional que integraba a la burguesía nativa y al proletariado bajo una jefatura de corte bonapartista, siguiendo los lineamientos de la caracterización que Trotsky había realizado en la segunda mitad de la década de los años 30’, al analizar al gobierno del general Cárdenas en México. De esa definición dedujo el carácter históricamente progresivo, las contradicciones y los límites políticos, ideológicos y sociales del movimiento encabezado por el general Perón.

Sin embargo, cuando en los años 90’ esas contradicciones habían estallado, y el peronismo en el gobierno había perdido toda progresividad mientras volvía sobre sus pasos, Ramos traicionó la teoría y la práctica que lo habían guiado a lo largo de cincuenta años, y decidió atar su suerte —y la de que quienes lo seguían— a la de un régimen encaminado a destruir la obra histórica que arrancó en las jornadas de octubre de 1945. El giro resultó dramático y ninguna de las interpretaciones dadas han logrado explicarlo. Más allá de los factores personales que incidieron en la decisión, es difícil desvincular la claudicación final de Ramos del período de hondo reflujo que se produjo en el país tras la muerte del general Perón, la descomposición del peronismo en el gobierno, la clausura del ciclo de alza de masas iniciado en el Cordobazo, la derrota en la guerra de Malvinas; período que en el mundo se consolidó tras el derrumbe del bloque socialista, junto con una victoria política, económica, ideológica y cultural del capitalismo, que para muchos significaba el “fin de la historia”. Sin embargo, esa etapa oscura que lo ubicó en el mismo bando de los que habían sido sus enemigos y eran los enemigos de la patria, ocupó sólo cinco años en la vida de Ramos. El valor de su obra como historiador y publicista, su gravitación militante en la construcción de una posición socialista revolucionaria, profundamente latinoamericana, independientemente de las diferencias que puedan despertar, está más allá de cualquier disputa.

Una vez más: el libro de Honorio es un texto imprescindible para conocer la historia de la izquierda nacional y orientar el rumbo de la nueva generación que se ha lanzado a la lucha por la unificación de la Patria Grande y la emancipación socialista.

• Cultura
• Artículo cargado el 21/09/2008 - 00:56

Presentación del libro: Jorge Abelardo Ramos: historia y política

Editor

Miércoles 24 de Septiembre de 2008 - 19hs
Centro Cultural La Toma - Tucumán 1349
Rosario

• Declaraciones
• Artículo cargado el 12/09/2008 - 20:11

Junto a los trabajadores, los campesinos y el gobierno boliviano para hacer frente a la sedición oligárquica apoyada por el imperialismo norteamericano

Socialismo Latinoamericano • Izquierda Nacional

Ayer, 11 de septiembre, se cumplieron 35 años del golpe fascista que derribó al gobierno de Salvador Allende en Chile. El golpe fue promovido desde Washington por dos delincuentes internacionales, uno llamado Richard Nixon, a cargo de la presidencia de Estados Unidos y otro llamado Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Hoy la historia parece volver sobre sus pasos en Bolivia. Los planes separatistas impulsados por la embajada norteamericana han llevado al país del altiplano al borde de la guerra civil. 

En estas horas la suerte del pueblo boliviano se resuelve en la disputa entre una rosca oligárquica, racista y explotadora de terratenientes, banqueros, exportadores y corporaciones petroleras internacionales y un gobierno de amplia base democrática, que al margen de sus contradicciones y vacilaciones, lleva adelante un programa nacionalista popular destinando a democratizar la sociedad boliviana y a reducir los privilegios de sus clases parasitarias.

En pie de guerra, esa rosca del rico Oriente boliviano reivindica la autonomía del poder central. Autonomía en boca de la canalla prefectural y de los fascistas de los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija significa control pleno sobre la titularización de la tierra, sobre el destino de la renta hidrocarburífera y sobre la recaudación impositiva, de acuerdo con los ilegales estatutos autonómicos votados en junio pasado. De imponer sus planes el gobierno central quedaría despojado de los resortes básicos para el gobernar.
Según un estudio de las Naciones Unidas en Bolivia el 5% de los terratenientes detenta el 90% de la propiedad de los campos.

Quienes ocupan esa posición de privilegio no están dispuestos a que la situación varíe en absoluto. Desde un primer momento la clase de los grandes hacendados ha resistido por todos los medios las medidas de reforma agraria aprobadas por el Congreso. Con igual violencia y egoísmo se opone a destinar parte de la renta petrolera para paliar la situación de las capas más desposeídas. Para defender sus espurios intereses ha armado a grupos paramilitares y escuadrones de lúmpenes que toman los edificios públicos, saquean y asesinan a campesinos con absoluta impunidad, amparados por la complicidad de una justicia oligárquica.

Por detrás de las fuerzas separatistas se ha movido descaradamente el embajador norteamericano Phillips Goldberg, cuya misión anterior fue la segregación de Kosovo respecto de Serbia. Justamente, en momentos en que la crisis boliviana alcanza un punto de intensidad extremo, el imperialismo norteamericano ha sido denunciado por su participación en los preparativos de golpe de Estado que oficiales retirados y en actividad están organizando en Venezuela. La pandilla que controla los resortes del poder en Washington conspira abiertamente contra dos gobiernos elegidos por amplias mayorías populares para llevar adelante las tareas de carácter nacional-democrático, agrarias y antiimperialistas en sus respectivos países.

Tanto en Bolivia como en Venezuela la respuesta de las fuerzas populares no puede ser otra que la unidad en un Frente Antiimperialista de los trabajadores, los campesinos y los militares patriotas para aplastar definitivamente a la sedición oligárquica. Hoy por hoy la revolución y la contrarrevolución divide a esos países hermanos en dos campos antagónicos irreconciliables, y colocan al conjunto de los pueblos latinoamericanos ante un desafío histórico.

A los trabajadores, a las grandes masas explotadas de la patria grande latinoamericana les corresponde pasar a la ofensiva para desbaratar los planes golpistas de las oligarquías nativas y del imperialismo norteamericano.

Es imprescindible que la CGT, la CTA y las centrales obreras regionales declaren el estado de movilización y unifiquen acciones militantes de apoyo al pueblo boliviano.

Los gobiernos del Mercosur no pueden desentenderse de su obligación en estas horas. Deben convocar con carácter urgente a una reunión del bloque regional para respaldar a los gobiernos de Evo Morales y de Hugo Chávez, y repudiar la intervención desestabilizadora del gobierno de Estados Unidos.

La proclamada voluntad de unidad latinoamericana debe probarse en los hechos, en la lucha política, en una decidida respuesta de masas de carácter antiimperialista.

Socialismo Latinoamericano
12 de septiembre de 2008