Ante los crujidos de la argentina sojera la solución es reabrir el curso de la revolución nacional

Socialismo Latinoamericano • Izquierda Nacional

La disputa por el control de la renta agraria que ha enfrentado a los beneficiarios del programa devaluacionista impuesto tras la crisis de 2001, con sus representantes partidocráticos hoy en el gobierno, ha abierto una crisis política que involucra a quienes aún no han intervenido: el pobrerío y las masas trabajadoras y oprimidas de la ciudad y el campo.

Hasta tal punto los involucra, que de imponerse el programa de los grandes terratenientes (el levantamiento de las llamadas “retenciones”), que arrastran a los pequeños y medianos productores, eso implicaría la inmediata dolarización de los productos de primera necesidad y eventualmente el descontrol hiperinflacionario. Tal vez las góndolas no estarían vacías, pero sí lo estarían los bolsillos de los trabajadores. La política del gobierno kirchnerista, por su parte, no permite presagiar un mejor horizonte para los intereses nacionales y populares: las retenciones son la base del superávit fiscal utilizado no para echar los cimientos de un modelo industrial autónomo con justicia social, sino para garantizar el pago de la deuda externa a los vampiros imperialistas y eternizar la sumisión nacional.

La trágica paradoja de la situación parecería consistir en el hecho de que cualquiera sea el desenlace de la puja entre el gobierno y “el campo”, los perjudicados serán los mismos. Si los piqueteros y caceroleros “fashion” consiguieran sus objetivos, se acentuaría el perfil “sojero” de la Argentina semicolonial, conforme lo exigen los amos del mundo globalizado. Pero si el gobierno saliera airoso y continuara aplicando su programa, los resultados no serían muy diferentes: la escasa o nula rentabilidad de los pequeños y medianos productores derivaría en una mayor concentración de la propiedad en favor de la oligarquía terrateniente y del capital extranjero invertido en la agroindustria. Por uno u otro camino, el resultado final sería el mismo: remachar las cadenas de la opresión nacional y la explotación social, insertando definitivamente a la Argentina en la división internacional del trabajo como país productor de materias primas. Es curioso que nadie haya advertido que en la esgrima verbal que practican oficialistas y “opositores” hay el reconocimiento implícito de la responsabilidad propia en los males que se atribuyen unos a otros. Así, por ejemplo, se ha hecho público que en el campo hay casi un millón y medio de trabajadores rurales que viven en condiciones de super-explotación. Con salarios inferiores a los mil pesos y contratados en su inmensa mayoría “en negro”, esos trabajadores no están representados ni por los piqueteros fashion ni por los grupos de choque de D’Elía y Pérsico. ¿Y cómo iban a estarlo, si son los piqueteros fashion los que los super-explotan con el consentimiento de hecho de un gobierno que lo permite? Cuando D’Elía les recuerda a los terratenientes que en estos últimos cuatro años se han enriquecido como nunca, lo cual es cierto, ¿no está reconociendo que el gobierno al que apoya ha sido funcional a los intereses de esos terratenientes?

Sin embargo, a uno y otro lado del conflicto se apela a resortes emocionales tendientes a activar un alineamiento de posiciones que oscurece la naturaleza de la actual confrontación entre una fracción de las clases dominantes y los representantes políticos del bloque dominante en su conjunto. Las señoras del Barrio Norte que blandieron las cacerolas en defensa del “campo”, ven en el gobierno poco menos que a una banda de “confiscadores comunistas”. Parecen olvidar que el mecanismo de las retenciones es moneda corriente en todos los países capitalistas, y que en nuestro país fue aplicado, entre otros, por alguien tan insospechable de “populismo” como Adalberto Krieger Vasena, ministro de Onganía. Ciertos empleados “nacional-populares” del gobierno, por su parte, pretenden que estamos atravesando una situación semejante a la que precedió el golpe de 1955, o el de 1976. Se trata de una fabulación que ignora dos hechos decisivos:

El gobierno peronista de 1946-1955 era un gobierno de Frente Nacional sustentado en la alianza entre militares nacionalistas y el movimiento obrero. No un gobierno “progresista” administrado por una de las fracciones (centroizquierdistas y menemistas reconvertidos) de la más corrupta partidocracia. El programa peronista no era el monocultivo, las “retenciones” y el pago de la deuda externa, sino el desarrollo industrial, la apropiación de la renta agraria a través del IAPI y el enfrentamiento a veces abierto y a veces soterrado con el imperialismo y la oligarquía.
Los golpistas de 1955 constituían un bloque homogéneo en cuya cúspide estaba no una parte sino la totalidad de las clases dominantes, y en el que participaban activamente, formando los “comandos civiles” paramilitares, desde los dirigentes de la Iglesia católica hasta los profesores y estudiantes universitarios, pasando por los políticos de los partidos tradicionales, como el radicalismo, la democracia cristiana o el socialismo, y también los altos mandos militares. Como es obvio, nada de esto sucede hoy: aun los “opositores” más enfrentados al kirchnerismo, como Macri, Carrió o López Murphy, hacen un llamado al “diálogo” con el gobierno. Su objetivo es reemplazarlo a través de la “alternancia”, y no de un golpe militar o institucional que agudizaría los conflictos sociales y pondría en peligro el orden social del que ellos son co-garantes desde la “oposición”.

En suma: la puja entre el gobierno kirchnerista y los propietarios del campo no es un enfrentamiento de fondo entre un Frente Nacional y una “unión democrática”, sino un conflicto entre una clase social o un bloque socio-económico y sus representantes políticos. No es la primera vez en la historia, ni será la última, en que los capitalistas privados quieran anteponer sus intereses inmediatos frente a los intereses colectivos de su clase que representan los políticos y burócratas que gobiernan.

En la actual coyuntura, los socialistas de la Izquierda Nacional no nos sumamos ni a uno ni a otro de los bandos en pugna. Si existimos como corriente político-ideológica diferenciada, recogiendo una tradición de más de 50 años de lucha, no es para ir a la cola de proyectos que no encarnan de manera consecuente los intereses de la Patria y el Pueblo. Nuestro trabajo apunta, entonces, a desanudar el lazo político e ideológico que ata a los sectores populares del campo (trabajadores rurales, pequeños y medianos productores) con los grandes terratenientes; y aspiramos a desanudar también el lazo que ata a los sectores populares de la ciudad (clase obrera y aliados plebeyos de la pequeña burguesía empobrecida) con un gobierno que arbitra los intereses de la gran burguesía industrial trasnacionalizada en sus diversas facciones: corporaciones petroleras, agroindustria, instituciones financieras, etc.

Nuestro programa es la expropiación de los grandes terratenientes, la nacionalización del comercio exterior, el apoyo a los pequeños productores a través de créditos y subsidios. Nuestro programa apunta a defender en primer término el interés de aquellos de los que nadie habla: los trabajadores rurales y el conjunto del pobrerío oprimido. Nuestro programa es la Revolución Nacional y el Socialismo Latinoamericanista.

Buenos Aires, 31 de marzo de 2008
Izquierda Nacional - Socialismo Latinoamericano