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• Artículo cargado el 19/05/2008 - 00:00

Cambiaron los vientos y despuntan las contradicciones del modelo K

Osvaldo Calello

La resistencia del frente de clases agrarias colocó al gobierno de Cristina Fernández en un terreno de dificultades, cuya importancia era impensable cinco meses atrás. El prolongado conflicto que estalló en abril y reapareció en mayo le costó al kirchenrismo el apoyo que aún conservaba entre la clase media rural, abrió fisuras en el bloque oficialista y le permitió a la oposición de radicales, cívicos y macristas levantar cabeza.

La señora Carrió, con el tono solemne que la caracteriza y megáfono en mano, prometió de ahora en más participar de toda protesta que organicen los productores agrarios, Macri, a su vez, se lamentó que no se aproveche a fondo la oportunidad que brinda la voraz demanda de China y de India, mientras que los radicales hicieron suya, sin matiz alguno, el reclamo agrario. Se trata de una oposición miserable, cuya única ambición es disputarle al kircherismo el gerenciamiento del modelo semicolonial. El gobierno, por su parte, acusó a terratenientes y chacareros de falta de solidaridad con los que menos tienen, montó la escena de una épica batalla contra la oligarquía pampeana y difundió rumores de golpe de Estado, tan creíbles como las estadísticas del Indec.

Una y otra vez el discurso oficial ha subrayado que las retenciones constituyen un mecanismo de distribución del ingreso. Las retenciones son un impuesto a la exportación que fue aplicado por gobiernos liberales en la segunda mitad del siglo XIX, por la dictadura instaurada en 1955 y por la autocracia de Onganía desde 1967. En ningún caso la medida apuntó a una redistribución progresiva de la renta nacional.  El gobierno dijo que sin la presencia de ese impuesto, que separa el precio local del internacional, los alimentos se encarecerían aún más, empeorando las condiciones de vida de las grandes masas trabajadoras. Lo cierto es que el abaratamiento de bienes-salario, como los alimentos, es una necesidad en primer lugar de la burguesía industrial, obligada a reducir costos para poder resistir la presión de la competencia, tanto en el mercado interno como en las plazas de exportación. Del mismo modo, la limitación del precio de las materias primas agropecuarias fortalece la competitividad de las corporaciones de la agroindustria.

Sin embargo la legitimidad de ese instrumento destinado a capturar parte de la renta diferencial originada en la extraordinaria fertilidad natural de las praderas de la pampa húmeda y en la escalada de las cotizaciones de los productos primarios en el mercado mundial, está fuera de discusión. A diferencia de lo ocurrido en los 90’ debido a la sobrevaluación del peso, el cambio de precios relativos que provocó la devaluación derivó hacia los distintos eslabones del bloque agrario una masa importante de riqueza.^[1] Lo que sí está en discusión son otras cosas. Por una parte, el destino de los fondos recaudados, volcados al pago de una deuda externa de origen fraudulenta, que desde julio del 2000 los legisladores oficialistas y opositores se niegan a investigar, a pesar de un pedido expreso de la justicia; por la otra, significativamente, está en discusión la aplicación uniforme del impuesto, sin tener en cuenta las diferencias de fertilidad del suelo y de productividad del trabajo según la escala del capital aplicado, es decir desentendiéndose de la situación desfavorable de los pequeños productores, muchos de ellos con una importante deuda acumulada. En el centro de estos asuntos figura la distribución de la renta o lo que es lo mismo la apropiación de una proporción sustancial de la plusvalía creada por el trabajo agrario por parte de las fracciones dominantes del capital.

La disputa por la renta

Posiblemente el detalle más llamativo de la confrontación entre el “campo” y el gobierno, es la ausencia en el foco de los acontecimientos de un núcleo de intereses altamente concentrado, determinante en el mecanismo de distribución de la renta y de las ganancias extraordinarias, originadas en el ciclo ascendente de los precios internacionales. Las transformaciones estructurales producidas en el capitalismo agrario en las últimas tres décadas y, especialmente, durante los años del menemismo, no sólo consolidaron la marcada concentración de la propiedad, sino que abrieron un importante campo de negocios a los fondos de inversión organizados en pools de siembra, las corporaciones extranjeras proveedoras de fertilizantes, semillas, agroquímicos, etc. y los monopolios exportadores, a los que suman los frigoríficos extranjeros. Esta fracción del gran capital captura una parte sustancial de la renta diferencial a través de la relación de precios que establece la oferta oligopólica de los pulpos trasnacionales proveedores de insumos: Monsanto, Nidera, Bayer, Dupont, Syngenta, etc. Otra porción importante es apropiada por los grandes exportadores (Cargill, Bunge, Dreyfus, ADM), mediante una operación descaradamente fraudulenta. La actual normativa los ha convertido en agentes de retención de los impuestos a las exportaciones granarias y les ha posibilitado embolsarse una millonaria diferencia al autorizarles a fijar el precio FOB (precio sin seguro ni flete) y la tasa de retención al declarar la operación, cuando aún no se ha levantado la cosecha, mientras que tiempo después le descuentan al productor la retención, sobre un nivel de precios y de tasa mucho más altos. Esta maniobra, que se realiza en la comercialización de la soja, les permitiría embolsarse a los exportadores 1.700 millones de dólares, según estimaciones realizadas por Alberto Ferrari Etcheberry, ex titular de la Junta Nacional de Granos, en momentos en que el precio se ubicaba en 533 dólares la tonelada y las retenciones en 44%.^[2]

Sin embargo las transformaciones no se han limitado a los desplazamientos producidos en la composición del capital agrario. El actual patrón de explotación ha adquirido en los últimos años un marcado sesgo hacia el monocultivo, con eje en la agricultura de la soja transgénica. Según estimaciones, la presente campaña supera las 30 millones de hectáreas sembradas, de las cuales casi 17 millones corresponden a la soja, cuyo destino bajo la forma de granos, harinas o aceites es, en su casi totalidad, la exportación. Impulsada por paquetes transgénicos como los que produce Monsanto (semilla resistente al herbicida basado en glifosato), en el método de siembra directa y en los pools de siembra, la producción de soja ha pasado de 11 millones de toneladas en 1997 a 47 millones en 2007. Esta combinación no sólo incrementó la productividad agraria, sino que definió un nuevo perfil productivo con fuerte impacto sobre el medio ambiente y la estructura social del campo. Así, la introducción de la siembra directa impuso la incorporación de tipos más costosos de maquinaria y obligó a la ampliación de la superficie de las unidades de explotación, dejando fuera de escala a la pequeña producción. Sin embargo hay otras consecuencias que hace tiempo están a la vista: fuerte destrucción de puestos de trabajo, expulsión de familias campesinas, incluso de tierras fiscales, transformación de pequeños y medianos y productores en simples rentistas, tentados por los pools de siembra que pagan importantes sumas en dólares sobre una estimación de la cosecha, devastación de cientos de miles de hectáreas de bosques por año, erosión de los suelos, contaminación de la tierra y del agua debido a la aplicación masiva de agrotóxicos, de efectos letales, además, para los pueblos cercanos…

Esta tendencia, que lleva proporcionalmente a producir menos alimentos y más productos primarios para exportación, se refleja, a la vez, en la composición de las ventas argentinas al exterior. Más del 90% de las colocaciones realizadas en los mercados externos por un puñado de grandes compañías, apenas si encierra un valor de 450 dólares por tonelada, mientras que esa relación sube a 1.000 dólares para menos del 1% de los bienes, despachados por micro y pequeñas firmas industriales. Demás está decir que el “modelo productivo” del kirchnerismo no altera en lo más mínimo esta situación, ni pone en tela de juicio el proceso de acentuada concentración del capital y de la propiedad que se desenvuelve en la estructura rural. Mientras tanto, la contrapartida del aumento sustancial de la renta diferencial a partir del 2002 es la situación de los asalariados agrícolas y la de las economías de autoconsumo, conformadas por familias campesinas y pueblos indígenas. Los primeros son alrededor de 1,3 millón de trabajadores, 70% de los cuales está negro, sin ningún tipo de protección previsional, cobertura de salud o derecho laboral, trabajando por períodos en el caso de las explotaciones dedicadas a la soja, con sueldos promedio de 1.250 pesos. Esta masa laboral sobreexplotada no figura en el pliego de reivindicaciones de las cuatro entidades. Tampoco entran en el enfoque de la burguesía agraria alrededor de un millón y medio de compatriotas representados por los movimientos campesinos, amenazados por la expansión del negocio sojero, desalojados de las tierras que ocupan mediante persecuciones de tipo “legal” o reprimidos con procedimientos parapoliciales.

Las contradicciones del modelo

Para el núcleo dirigente del kirchnerismo, que al parecer esperaba una rendición incondicional de los productores agropecuarios, el conflicto adquirió un sesgo inesperado al repercutir sobre sus propias filas. Las declaraciones del gobernador de Córdoba, en el sentido de que es necesario bajar el nivel de las retenciones, o el pronunciamiento de los senadores por Santa Fe, junto a medio centenar de intendentes y legisladores provinciales del PJ, reclamando algo similar, es la evidencia de que la presión de la pequeña y mediana burguesía agraria se hace sentir fuerte sobre los distintos nivel del aparato gubernamental del justicialismo. Fue sin duda la política indiferenciada del gobierno, orientada según los dictados del superávit fiscal, la que contribuyó decisivamente a dotar de una firme fuerza militante a las reivindicaciones agrarias, en una extensión que jamás había imaginado el establishment rural. Buena parte de esa base social, particularmente los chacareros de la Federación Agraria, había votado por los candidatos del oficialismo en las pasadas elecciones de octubre, mientras la clase media de las ciudades se inclinaba por los partidos de la oposición.

No es éste el único frente en que el programa gubernamental ha comenzado a hacer agua. La inflación nuevamente se ha erigido en una formidable herramienta de redistribución regresiva del ingreso, y hace ya tiempo que la grotesca manipulación de las estadísticas del Indec no puede ocultar el descenso vertical de las capas más explotadas de la sociedad. A fines de abril la consultora Equis, insospechada de antipatía hacia el gobierno, estableció que los ingresos de las familias pobres, 30% de la población, apenas si alcanzan para cubrir el 43% de la canasta básica. La situación es similar a la de 2001, en cuanto a la cantidad de familias por debajo de la línea de pobreza, pero peor en relación a su poder adquisitivo. Simplemente, los pobres son más pobres hoy, en pleno desarrollo del “modelo productivo”, tras seis años de crecimiento de la economía a tasas de 8 o 9% anual, que en el punto más bajo de depresión que comenzó en 1998 y se prolongó hasta el estallido de la convertibilidad. Pero esto no fue obstáculo para que Cristina Fernández, al difundir las últimas estadísticas mentirosas del Indec, destacara el avance de la situación social, con la misma espontánea frivolidad con que calificó al tren bala como “un salto a la modernidad” y, anteriormente, a Puerto Madero como “un orgullo para Buenos Aires”.

Sin embargo la inflación no sólo erosiona la situación de la población más desprotegida; su impacto ha comenzado a hacerse sentir en las capas bajas y medias de la propia burguesía. Un reciente estudio de la Fundación Pyme señaló que los costos unitarios de producción de las pequeñas y medianas empresas fabriles aumentaron 47% entre el tercer trimestre del año anterior e igual período de 2006, mientras que la rentabilidad bruta disminuyó 23% (promedio) en el bienio 2006-2007 respecto al período 2005-2006. Este sector es uno de los más firmes respaldos con los que cuenta el gobierno. A pesar de esto entre sus directivos ya no reina el entusiasmo de un tiempo atrás, cuando la relación entre el aumento de la productividad laboral y la curva de los costos arrojaba importantes márgenes de ganancia en las empresas. De forma tal, las voces de advertencia que se hacen oír en los segmentos de baja y media burguesía industrial denuncian que el aumento de precios en las materias primas y en los insumos, han cerrado la brecha cambiaria que abrió la devaluación, y en estos momentos nuevamente la paridad real está en el uno a uno o muy cerca de ese nivel. El avance de los productos importados y la mayor presión de la competencia en las plazas externas, ha comenzado a abrir interrogantes en el horizonte de la franja del empresariado cuyos intereses están estrechamente entrelazados con la política del gobierno.

Estructuralmente la inflación está impulsada por una oferta fuertemente concentrada por el capital monopólico, que en presencia de la expansión del consumo ajusta por precios, limitando los volúmenes de inversión, sin ampliar en proporción a la mayor demanda la capacidad instalada. Para los círculos de gran burguesía, que tiene el centro de su perspectiva de negocios en el mercado externo, hace tiempo que el salario se ha convertido en un factor de costo y no de consumo, al contrario de lo que ocurría en las cuatro décadas en que se desenvolvió el período de industrialización sustitutiva de importaciones clausurado por el golpe de Estado de marzo de 1976. Por lo demás, el costo salarial representa una fracción menor del costo total en las corporaciones altamente tecnificadas, a diferencia de lo que ocurre con las pequeñas y medianas empresas de mano de obra intensiva. Las primeras forman los precios en los eslabones superiores de la cadena productiva y se los imponen a las segundas, compradoras de insumos y productos básicos. En consecuencia, la inflación de costos impacta de modo desigual en las distintas fracciones de la burguesía, y provoca una redistribución de la plusvalía en favor del capital altamente concentrado.

Qué es el kirchnerismo

Ese círculo dirigente de la alta burguesía con centro de gravedad en las mayores corporaciones industriales fabricantes o proveedores de insumos básicos y de bienes agroindustriales, y en el capital extranjero volcado al negocio petrolero y la minería, tiene una incidencia gravitante en la orientación del proyecto gubernamental.  Constituyen el núcleo de intereses que salió airoso de la puja intercapitalista que estalló tras el derrumbe de la convertibilidad, una vez que la marea popular que se llevó puesto a lo que quedaba del gobierno de la Alianza, entró en reflujo. La administración de Duhalde primero y la de Néstor Kirchner más tarde, reflejaron claramente la correlación de fuerzas que se estableció en las altas esferas del poder de clase a partir del 2002, y siguieron una política acorde a los intereses prevalecientes. El gobierno de Cristina Fernández se ajusta estrictamente a esa continuidad. El resultado es un modelo económico orientado centralmente al pago de una deuda pública en incesante crecimiento, que ha mantenido intactos los soportes estructurales del patrón de acumulación consolidado en los años 90’, e incluso los perfeccionó en el caso de la explotación petrolera mediante la ley que entregó a las provincias la propiedad, la gestión y la renta de la explotación de los yacimientos, abriendo el camino a los escandalosos contratos de Chubut y Santa Cruz con la Pan American Energy.

Sin embargo el kirchnerismo no es la expresión orgánica de una fracción de las clases dominantes. Recibió el gobierno del duhaldismo, empeñado en bloquear el retorno al puesto de mando a los círculos de las finanzas y las empresas de servicios públicos trasnacionales, a través de la candidatura del ex presidente Menem. Desde entonces su núcleo dirigente se dedicó a centralizar al máximo el poder institucional y asegurarse el control del aparato justicialista. Proliferación de los decretos de necesidad y urgencia y una reglamentación que impide su fiscalización por el Congreso, transformación de las cámaras legislativas en un apéndice del Ejecutivo, modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, conversión del Indec en una máquina de falsificación de estadísticas… poco a poco el kirchnerismo se hizo dueño de la situación, con gran escáldalo de los monopolios de la información y decepción del democratismo pequeño burgués, captado inicialmente por el discurso de los derechos humanos.

Desde esa posición de fortaleza estatal desenvuelve un programa cuyo contenido realiza, en lo fundamental, los intereses del bloque exportador. Sin embargo los gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández apuntan a un equilibrio que no tuvo el menemismo. No entregan gratuitamente nada. Negocian con el capital concentrado respaldándose en su dominio sobre los resortes estatales, mientras favorecen la consolidación de la burguesía palaciega de los Brito, Eurnekian, Eskenazi, entre otros apellidos ilustres. Pero además, el kirchnerismo, selló un pacto con la dirigencia de la CGT encaminado a contener lo reclamos salariales y controlar al movimiento obrero, a cambio de diversas concesiones que fortalecen al aparato sindical, y les otorgan a los jefes gremiales el manejo de ciertos renglones de la administración estatal. Se trata de una burocracia conservadora, cuyo papel político es el de congelar la conciencia de los trabajadores en el estadio nacional-burgués alcanzado bajo los gobiernos de Perón, bloqueando mediante métodos administrativos (con la complicidad del Estado) o por la vía de hecho, cualquier iniciativa tendiente a profundizar la experiencia de clase y construir una posición política independiente. El reclamo de la dirigencia de la UOM para que Chávez reviera la nacionalización de la siderúrgica del grupo Techint en Venezuela, es una manifestación elocuente de los intereses y del sistema de ideas que guía a esta dirigencia. Su conducta es comparable con la que adoptó hace algo más de tres décadas la CGT, al oponerse a la ley agraria del gobierno peronista destinada a aplicar un impuesto a la renta potencial de la tierra, como forma de abordar el problema del parasitismo oligárquico.

Hasta el presente el kirchnerismo ha logrado mantener un punto de equilibrio entre los distintos intereses convergentes en el programa de gobierno. Contó para esto con condiciones excepcionalmente favorables, especialmente en el plano del comercio mundial. Sin embargo las propias consecuencias del proyecto comienzan a obrar en sentido contrario, tal como lo evidencia la creciente inflación, la redistribución regresiva del ingreso, el aumento sostenido de la deuda pública y la disputa abierta con una fracción del capitalismo por el reparto de la renta. En cuestión de pocos meses el horizonte en que el grupo gobernante inscribió sus interpelaciones progresistas, se ha oscurecido. En el camino quedó, reducido a una cáscara vacía, el proyecto de la transversalidad, pensado desde el universo de ideas de la pequeña burguesía, como una superación del peronismo. Mientras tanto el kirchnerismo se fundió resueltamente con el otrora denostado aparato de los gobernadores, intendentes y punteros justicialistas, confirmando que el PJ se ha convertido en la herramienta gubernamental de los círculos dominantes: bajo el menemismo haciendo la política del capital financiero trasnacional, bajo la presente administración, aplicando el programa de la gran burguesía exportadora.

Hacia adelante están en pleno curso de desarrollo las contradicciones del actual modelo, con las tensiones de clase correspondientes, la diferenciación de campos antagónicos y el pendiente realineamiento de las fuerzas populares, democráticas y antiimperialistas en un gran frente nacional revolucionario, encaminado a poner nuevamente en movimiento a la historia en sentido progresivo, tras más de tres décadas de contrarrevolución y colonización política, económica y cultural.