¿Quién y para qué se apropia la renta agraria diferencial?

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Hay un ciclo económico que el país debe respetar, que es la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo. El Estado debe, pues, encadenar estas cuatro operaciones. Este encadenamiento implica que debe darse al problema del agro una solución nacional. Juan Perón Discurso ante representantes de la FAA, marzo 29 de 1947 Sin lugar a dudas, las retenciones impuestas por este gobierno no representan una “solución nacional al problema del agro”. Pero tampoco lo representa el reclamo del “campo”, que si bien en él participan pequeños y medianos productores que producen para el mercado interno y que son las verdaderas víctimas de la ausencia de esa “solución nacional”, el conflicto es conducido por lo grandes terratenientes y los productores pequeños burgueses de la Pampa Húmeda que producen para el mercado externo. Y para estos el problema pasa por no querer permitir que el gobierno les “meta la mano en el bolsillo” y les arrebate parte de lo que considera únicamente como fruto de su propio esfuerzo, sin tener en cuenta la fabulosa renta agraria diferencial que les da superutilidades, la que no es producto de su “esfuerzo” sino de las excepcionales condiciones de clima y suelo de nuestra zona pampeana y de los altos precios internacionales que han alcanzado los alimentos. Pero para pensar en una “solución nacional al problema del agro”, primero hay que conocer el problema. Y tratando de no caer en reduccionismos, podemos afirmar que el problema agrario está en quién se apropia esa renta diferencial y para qué. En la disputa actual entre el gobierno y los sectores agrarios, unos dicen que el gobierno les arrebata la mayor parte de las ganancias y aquel asegura que con las retenciones se apropia de parte de las ganancias de quienes más ganan en la producción agropecuaria. Y lo cierto es que ni el gobierno se queda con la mayor parte de la renta, ni los grandes beneficiarios del modelo agroesportador son los que hacen el mayor esfuerzo impositivo. Y en esta disputa quienes sí son los verdaderos beneficiarios de las superganancias que se cosechan en los últimos años, han quedado ajenos. Estas son las siete empresas (Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina —extranjeras— y Aceitera General Deheza —propiedad del senador Urquía—) que controla el 80 % del negocio de la exportación de granos. Este oligopolio, que maneja nuestro mercado externo, se apropia de la mayor parte de la renta agraria diferencial no sólo como intermediario entre país productor y países consumidores, sino también haciendo recaer el peso de las retenciones sobre los productores, mediante maniobras fraudulentas que el gobierno conoce y permite. Esto se ve agravado por la fabulosa concentración de tierras que se ha producido en nuestro país en los últimos años. En el año 2001, el Censo Agropecuario indica que “los 936 terratenientes más poderoso tienen 35.515.000 hectáreas” y que “137.021 agricultores poseen solamente 2.288.000”. Del Censo se puede observar que “de las 35 familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios” (como los Anchorena con 40.000 hectáreas y los Gómez Alzaga con 60 mil). Y más: “casi 17 millones de nuestras mejores tierras están en manos de capitales extranjeros”, como por ejemplo las 900 mil hectáreas de Benetton y las 200 mil que Douglas Thompkins adquirió en los Esteros del Iberá de Corrientes. El mantenimiento y la profundización del proceso de concentración de tierras al que han contribuido los diferentes gobiernos que se han sucedido desde el 55’, han llevado a que en el 2001 6 mil terratenientes sean propietarios de casi el 50 % de las tierras productivas. Y estos datos, extraídos del Censo Agropecuario 2001, puede que no sean correctos porque por razones impositivas los terratenientes tendieron a dividir las tierras, poniendo unidades territoriales a nombre de distintas sociedades, teniendo como resultado que la concentración de tierras sea aún mayor. Estos grandes propietarios arriendan sus propiedades apropiándose del 40 y el 50 % de lo cosechado. Es decir que por el sólo hecho de tener un título de propiedad son, junto a las exportadoras, los grandes beneficiarios de nuestra producción agropecuaria. Y por si esto no era suficiente para expropiar al pueblo argentino de sus riquezas, en los últimos años aparecieron los pooles de siembra. Estos son empresas que arriendan decenas de miles de hectáreas contratando a productores que no pueden adquirir campos o se encuentran en desventaja frente a los pooles para el arriendo. He aquí, al igual que los terratenientes y las exportadoras, otro de los grandes beneficiarios del modelo agropecuario actual. Estos tres actores, en su desmedido afán de riqueza, nos han hecho perder nuestra autonomía alimenticia llevándonos al monocultivo de la soja, convirtiéndonos en un país sojero. Pero esto no sería lo peor si la fabulosa renta agraria diferencial producto de nuestras condiciones climáticas favorables y el alto precio que el producto ha alcanzado internacionalmente, o al menos una buena parte de ella, sirviera para capitalizar al país. Pero lamentablemente no es así; y no es así porque no controlamos nuestro comercio exterior ni nuestro ahorro interno, porque nuestros productores están sujetos al humor de los terratenientes y los pooles de siembra y porque las exportadoras como únicas compradoras de nuestra producción fijan los precios de compra y venta, estafan al fisco haciendo recaer las retenciones en los productores y controlan el transporte y el almacenamiento, realizando un extraordinario negocio con la riqueza nacional. Ante este panorama desolador, un punto más o un punto menos en las retenciones no permitirán la redistribución de la riqueza, como asegura el gobierno. Ni hará más pobre al productor de la pampa húmeda. El 30 ó el 40 % de retenciones no eliminará el elemento perturbador en el ciclo de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo del que hablaba Perón. Y ese elemento perturbador de nuestra economía es el puñado de empresas trasnacionales, aliada a la oligarquía terrateniente y a la gran burguesía agraria de los pooles, que controlan nuestro comercio internacional expropiando nuestras riquezas sin permitirnos aprovechar la favorable coyuntura internacional que se nos presenta para capitalizar el país y dejar de ser un apéndice colonial productor de materias primas. Si este gobierno realmente hablara a favor de las mayorías, si realmente le interesaría la redistribución de la riqueza, no sostendría una lucha inocua por apropiarse de las migajas del banquete sojero a costa no de los que más ganan, sino del último eslabón de la cadena que es el mediano y pequeño productor que con gran esfuerzo trabajo nuestra tierra (ni que hablar del trabajador rural superexplotado y ninguneado, otro ausente en la disputa). Si realmente se perseguiría la apropiación de parte de la renta agraria diferencial para el bien del conjunto del pueblo argentino, el gobierno debería nacionalizar nuestro comercio exterior y controlar la producción de nuestros alimentos, asegurando el abastecimiento interno e impidiendo la fuga de las divisas generadas por el campo y el trabajo argentinos; nacionalizar la banca para poder controlar nuestro ahorro interno y evitar que se fuguen nuestras divisas, diseccionándolas hacía una política de proyecciones nacionales, en busca de la justa distribución de las riquezas; recuperar las empresas privatizadas y el control de las energías no renovables; recuperar y reestructurar los servicios de transporte y flete, en el marco de una geopolítica federal y progresista… Pero claro, sabemos que este gobierno está muy lejos de eso. Pero hubo en nuestra historia un gobierno que si lo hizo, que se animó a desafiar al imperialismo, a planificar un país para todos, a construir el ciclo económico de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo. Un gobierno sabedor de que para que “sea para todos la cobija o para todos el invierno” ese ciclo debía ser controlado por el Estado. Pero no por cualquier estado, sino por uno soberano, cimentado en la justicia social y la libertad económica y, fundamentalmente, con el pueblo en la calle para defenderlo de sus enemigos. Ese Estado creó una herramienta para controlar ese ciclo económico: el IAPI, o Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. La nacionalización de la renta agraria diferencial “Ese sector intermedio era un tumor que estaba allí, absorbiendo la mayor parte de la vida de todos los demás tejidos de la economía que trabajan. Cortamos eso, sacamos el tumor y pusimos la cánula; la cánula es ahora el IAPI” Juan Perón Discurso en que anuncia el 2° Plan Quinquenal Desde la conformación de Argentina como nación, nuestra clase dominante supo consolidarse mediante las fabulosas ganancias que producía la colocación de nuestros productos agropecuarios en el mercado internacional. Los imperialismos de turno supieron aliarse a esta clase hegemónica y apropiarse del control de nuestro comercio exterior, y a través de él drenar la mayor parte de las ganancias extraordinarias producidas en nuestro país. Mediante el deterioro de los términos del intercambio, los países centrales se apropian de nuestras riquezas y nos impiden desarrollar nuestras fuerzas productivas. El peronismo en el gobierno buscó romper este yugo y a través del IAPI “procuró tomar parte de las ganancias originadas en el intercambio y capitalizarlas en el país”. El peronismo procuró sostener y profundizar la industrialización que se había iniciado en el país con la sustitución de importaciones, pero para empujar al país hacia el desarrollo industrial necesitaba de divisas para importar los bienes necesarios —insumos y maquinaria. Además necesitaba un mercado interno robusto, para lo cual debía mejorar el nivel de vida de su población, implicando esto un elevado gasto social. Pues bien, ¿donde se generaban esos recursos que necesitaba el Estado? En el intercambio comercial de la tradicional producción agrícola ganadera, por lo que el gobierno debía procurarse de esa fuente de recursos para llevar adelante su política económica. Así, la monopolización por parte del estado del comercio exterior, apareció como un elemento fundamental para la construcción de la Nueva Argentina. El IAPI pasa a ser el monopolizador del comercio exterior y regulador de la producción agrícola ganadera. A través del Instituto el Estado fija los precios (garantizando el precio prometido a los productores, por adelantado e independientemente de los precios internacionales), compra al productor y vende en el mercado internacional. Adquiere la producción total de semillas que entregará por cupos a los industriales para que la procesen y posteriormente coloca el aceite en el mercado internacional. De esta manera se defiende los precios de los productos argentinos ante los deterioros en los términos del intercambio. Con esta herramienta “no sólo se controlaba cuáles mercaderías importar, a que precios y con que aranceles, sino también que debía producirse en el país —al determinar precios de cereales y carnes— y a quienes debíamos verdécelos en el exterior. Se regulaba el abastecimiento interno y se protegía a la industria nacional”. Con las ganancias obtenidas, el IAPI no sólo subsidio importaciones (principalmente de insumos y maquinarias para el agro y la industria) sino que otorgó fondos a las reparticiones estatales y realizó obras de bien común; se ocupó de fomentar la producción agropecuaria, luchar contra las plagas, comprar y distribuir semillas, vendió al costo a la industria local, subsidió a productores marginados o de zonas perjudicadas por fenómenos climáticos. Es decir que las fabulosas ganancias de la colocación de nuestros saldos exportables en el mercado internacional, que antes quedaban en manos de los monopolios privados —en su mayoría extranjeros— que controlaban nuestro comercio exterior, ahora eran utilizadas por el Estado nacional para capitalizar el país. Se nacionalizaron los servicios públicos, se expandió la actividad productiva de las empresas estatales, se nacionalizó la banca y se pasó a controlar el crédito interno, se protegió la industria nacional… El IAPI intervino en la compra de los ferrocarriles, la Compañía de Gas, la adquisición del complejo de empresas del grupo Dodero (Compañía de Navegación, Río de la Plata, Ultramar SA y demás), el rescate de las acciones de las compañías Flota Aérea Mercante Argentina, Aviación del Litoral Fluvial Argentino, Aeroposta Argentina y Aerolíneas Argentinas. Sólo en 1949 aportó para la compra de 8 buques de carga y pasajeros, 26 trenes Diesel-Ganz, más de 200 locomotoras, más de 500 aviones y 9 buques tanques. Además de colaborar con YPF, Gas del Estado y demás empresas estatales; aportó al desarrollo de la minería, la siderurgia, la forestación, etc. Participó en la construcción de escuelas, hospitales y complejos habitacionales… El IAPI le dio al problema del campo una solución nacional, al permitir que el ciclo económico se cumpliera. Por una solución nacional al problema del agro “Si bien los buenos precios de los alimentos en el mercado mundial fueron la causa objetiva de la relativa capitalización que concretó el Peronismo, no lo explican todo. Nada se hubiese logrado sin una voluntad política interna para aprovechar esas condiciones internacionales y lograr un mayor grado de independencia nacional” Susana Novick, IAPI: Auge y decadencia El IAPI fue una de las principales herramientas del Frente Nacional en su lucha de liberación. Con él se intentó nacionalizar la economía, puntal fundamental para construir una Nación independiente y socialmente igualitaria. Tanto es así que el Instituto fue una de las primeras víctimas de la contrarrevolución plutocrática que se instaló en el país a partir de septiembre de 1955, la que no cejó un instante hasta lograr la liquidación de la cánula que socializaba la renta agraria diferencial. El golpe del 76 instaurará un modelo aprturista de la economía buscando reducir la intervención del Estado a su mínima expresión, modelo que se cimentará y profundizará con la llegada del menemismo. Entonces, al amparo de la globalización neoliberal, durante los años 90 se implementará un modelo agropecuario dominado por las grandes empresas trasnacionales y la tecnología que ellos controlan. Como país agroexportador que somos, la disputa está en quien se apropia de la renta agraria y para qué. Indudablemente en la actualidad esa renta es apropiada nuevamente en su mayor parte por los monopolios extranjeros, que manejan nuestro comercio exterior, compartiéndola con los terratenientes y la gran burguesía agraria. El gobierno actual, necesitado de caja, sin otra política que la de permitir a estos pulpos que nos sigan expropiando la riqueza nacional, intenta participar en el reparto de la renta pero tratando de no perjudicar a sus socios mayores. Es así que hace caer el peso de las retenciones en la parte más débil: el pequeño y mediano productor agropecuario. El conflicto actual entre el gobierno y los diferentes sectores del campo, evidencian nuestra dependencia y la necesidad de reconstruir un Frente Nacional de Liberación que deberá tener como una de sus principales metas la de recuperar la renta agraria para todos los argentinos, de modo que nos permita capitalizarnos y desarrollarnos independientemente de los centros de poder, buscando reconstruir el ciclo de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo. Será indispensable que, como parte de una política nacional, el estado monopolice el comercio exterior de manera de defender nuestra producción agropecuaria y a nuestros pequeños y medianos productores y a los trabajadores rurales. Y, fundamentalmente, que la renta agraria sea socializada y utilizada para el desarrollo independiente, integral e igualitario de la nación en su conjunto. De ese modo se dará una solución al problema del agro, y, lo que es más importante, esa solución será nacional. http://www.izquierdanacional.org/index.php/82/

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