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- Artículo cargado el 22/07/2007 - 20:53
Exacción jubilatoria en beneficio de la burguesía
En los orígenes del sistema capitalista, antes de que la organización y la lucha de los trabajadores moderara algunas de las tareas mas siniestras del régimen, no sólo se prolongaba hasta el límite de la resistencia física la duración de la jornada de trabajo, sino también los años durante los cuales los empresarios consideraban utilizable al trabajador.
El trabajador era contratado mientras lograra mantener el rendimiento esperado en la tarea a que se lo aplicara.
Cuando las condiciones de trabajo y de vida lo derrumbaban, simplemente perdía su carácter de ocupado y pasaba a transformarse en un paria, que si tenía familia o amigos que lo siguieran acogiendo, pese a su total incapacidad para aportar el sustento, se transformaba en una carga para ellos.
En aquellos tiempos, las brutales condiciones de trabajo y de vida que había tenido que soportar, apresuraban su muerte, que lo despenaba, y aliviaba, en su caso, la carga de familiares o amigos.
Esto era así para los que tenían mejor suerte. Masas de estos trabajadores llegados al final de su vida laboral, deambulaban por calles y caminos en busca de limosnas. La calle era su tumba.
El motor de la plusvalía no solo permitió acumulación de capital, sino que fue una forma de genocidio instalada, aceptada socialmente, y por numerosos buenos cristianos, entre otros.[1]
El Siglo XIX, bajo el impulso de la segunda Revolución Industrial, con el intenso desarrollo del maquinismo y la productividad del trabajo, aceleró el proceso de acumulación y enriqueció a las sociedades capitalistas de entonces. Sin embargo, la clase obrera continuaba sometida a un yugo feroz, a condiciones de indigencia y a la expulsión de la fábrica no bien se quebrantara su salud y, por ende, su rendimiento.[2]
Las luchas desplegadas a través de los siglos XIX y XX, particularmente las iniciadas con la I Internacional como nave insignia de la organización y el combate metódico, racional y revolucionario del proletariado, fueron arrancando concesiones a la burguesía, y logrando victorias reivindicativas que se consolidaron a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Como consecuencia de la necesidad de un acuerdo social que contuviera las demanda obreras y permitiera rearticular al régimen capitalista con síntomas de desintegración, en la post-guerra, Europa fue teatro de los más consistentes y consolidados avances en las condiciones del trabajo y post trabajo, que generalizaron, entre otras, la vigencia de un salario diferido, conocido comúnmente como jubilación.
Nos queremos detener en este último aspecto.
La Jubilación, un salario que se percibe luego de quedar de baja como trabajador activo, es una conquista relativamente nueva, pues corresponden sus inicios al período en que el capitalismo occidental desarrollado había generado cambios cualitativos en el modo de acumulación, dando lugar a la forma imperialista moderna.
Partimos, pues, de finales del siglo XIX, para visualizar la historia de un régimen salarial para el trabajador pasivo, con su ciclo de trabajo efectivo ya cumplido. En una primera etapa su implementación se extiende en forma progresiva a lo largo de décadas, hasta encontrar una generalización que podemos considerar plena, en el mundo desarrollado, poco después de finalizar la 2da. Guerra Mundial.
La peculiar sociedad argentina conoció temprano, desde el país oligárquico, sistemas jubilatorios sectoriales, en servicios privilegiados, como el de los conductores de locomotoras ferroviarias, entre otros que se fueron agregando lentamente, hasta la generalización del sistema en 1945, año de creación del Instituto Nacional de Previsión Social.
La Argentina peronista, tanto como el Uruguay antiperonista y unos pocos privilegiados del Tercer Mundo, alcanzaron en el siglo XX la institucionalización de regímenes jubilatorios universales, propios del Primer Mundo tal como emergió de la segunda gran carnicería y del pacto social-demócrata europeo consecuente.
Nuestro sistema jubilatorio funcionó bien hasta 1955, hasta la contrarrevolución “Libertadora”, dentro de los marcos propios de un instrumento burgués, que apuesta a más de un objetivo.
Es por un lado una concesión a la clase trabajadora, fruto de fuertes presiones y conflictos; por otro, opera como estabilizador del mercado interno, otorgando poder compra a la franja “tercera edad” de la población, a través de una mediación del Estado burgués, que se materializa mediante una imposición al empresariado en general de lo que se conoce como carga social, que hace posible tanto el emolumento jubilatorio como la prestación médica asistencial. Ciertamente, se ha impuesto a los trabajadores activos el cobro de un aporte porcentual sobre su salario, haciéndolos así coparticipar del gasto que requiere financiar el sistema, que se reparte, entonces, entre la clase trabajadora y la burguesía, burguesía media y pequeña burguesía.
Entiéndase lo anterior como presentación rápida de los antecedentes del caso “ régimen jubilatorio argentino”
La decadencia
La caída del peronismo en 1955, por un lado consecuencia del accionar golpista de la Iglesia y de la partidocracia de derecha e izquierda cipaya, sirviente del imperialismo (objetiva o subjetivamente), impulsadas por la burguesía terrateniente, y por otro, del agotamiento de su propio proyecto histórico, fue punto de partida de un período en que el conjunto del sistema jubilatorio se degradó y la asistencia médica de jubilados se convirtió en “caja negra” de manejos político–delincuenciales de todo tipo.
Las clases dominantes impusieron criterios de reducción del precio del tiempo de trabajo. Se montó una estrategia dirigida a atacar en primer término las prestaciones jubilatorias, salario producto de una conquista que permite al trabajador percibirlo después de su vida activa como tal. La racionalidad elemental de esta conquista se evidencia considerando que en el momento en que resuelve su retiro, el empresario lo hace como dueño del capital acumulado durante su vida económica activa, más las riquezas que ha restado del capital para incorporarlas a su masa personal de reservas, invertidas o líquidas, todo bajo la protección del derecho de propiedad.
El trabajador, en su retiro, sólo se lleva el derecho al haber jubilatorio, bajo la protección, mucho mas endeble, de este derecho social conquistado por la clase trabajadora.
Y no sólo se evidencia racionalidad, sino que se trata de una racionalidad propia del sistema capitalista, puesto que su formalización explicita una vez más, con la puesta en práctica de esta conquista de los trabajadores, las diferencias de clase que constituyen su naturaleza.
La inteligencia de la clase dominante eligió al sistema jubilatorio como primer objetivo de su política de reducción salarial (o incremento de la plusvalía), sobre la base de la menor resistencia orgánica que traería aparejada de los trabajadores activos, en derrota en 1955, y de la escasa o nula capacidad combativa de la “tercera edad jubilada”, cuyas protestas no afectan la producción.
La destrucción del haber jubilatorio se llevó a cabo por varios caminos.
Las intervenciones de la Libertadora a diversas Cajas de entonces saqueó sus reservas para transferirlas a gastos del Estado que no fueron cubiertos con impuestos, beneficiando así a la burguesía.
Prueba de ello es la penuria durante el gobierno de Frondizi, que las encontró desfondadas y en lugar de reconstituirlas financieramente, atrasó los pagos y mantuvo congelados los haberes, siguiendo el método de su antecesor militar.
Durante la gestión de Onganía se unificaron las Cajas y se transfirieron ilegalmente 150.000.000.000 a la Caja de Pensiones y Subsidios Militares.
Por entonces se comenzaron a ajustar las jubilaciones mínimas, deterioradas por la inflación, (al igual que las otras y los salarios activos).
Con este método se achataron las escalas, con lo que, años después, 80 a 85 % de la masa de jubilados pasó a percibir la mínima, cuya corrección por debajo de la inflación la hizo más parecida a una limosna que a un derecho.
El Proceso y el menemismo, Martínez de Hoz y Cavallo, inauguraron la concepción de que las contribuciones patronales son un impuesto al trabajo, que, como era de esperar, desalienta la inversión, impuesto que se propusieron reducir, en beneficio directo de la burguesía, que en bonanza o con crisis, con sol o lloviendo, incrementó por esta vía la tasa de la plusvalía.
Estas reducciones, además, desfinanciaron el sistema, pero la burguesía beneficiaria implementó campañas a través de sus eunucos del periodismo y de los figurones de la televisión, con el objetivo de sembrar la fantasía de que las penurias de los jubilados se debían a los manejos de la burocracia y a la ineficiencia y corrupción del Estado, justo en el caso emblemático de las contribuciones personales, en que la diferencias fueron embolsadas puntualmente por los empresarios, sin ninguna intermediación.
Pero aún faltaba lo peor. La dupla Menem/Cavallo no tuvo límite alguno.
A partir de julio de 1994 se puso en marcha el sistema privado de AFJP, cuyos dueños son los bancos.
La gran estafa
El 15 de julio de 1994, previa una cínica y ensordecedora “presentación en sociedad”, comienza a regir el sistema jubilatorio privado, las AFJP, detrás de las cuales se movían intereses especulativos de la peor calaña y los bancos privados argentinos y extranjeros que, tiempo después, resultaron los dueños del negocio casi en exclusividad.
Casi, porque también participan los grandes bancos del Estado, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en AFJP Orígenes, y el Banco de la Nación, en AFJP Nación.
De este descomunal negociado fueron cómplices la totalidad del gobierno menemista, Poder Ejecutivo, Legislativo, gobernadores, ministros, así como el universo de los medios de comunicación y los economistas y consultores portadores del llamado “discurso único”, los organismos financieros internacionales —FMI, Banco Mundial, etc.—, los foros mundiales del capitalismo, las Cámaras del empresariado nativo y sus voceros a sueldo como FIEL y similares. Es decir, las clases dominantes y el capital extranjero, con su ejército de funcionarios públicos, partidos, periodistas, economistas, consultores, sindicalistas amarillos, en un despliegue de masiva propaganda y el silenciamiento de toda voz discordante, acorralaron e impusieron a los trabajadores una suerte de “ideología de época”, basada en el individualismo de la cuenta propia con los ahorros de cada uno, que invertidos “por expertos” que los custodiaban y los pondrían a salvo de las “malas artes” de la burocracia y la corrupción, atesorarían en celosa guarda aportes y ganancias, con lo que aseguraban una vejez sin asechanzas.
Las AFJP lanzaron sobre los trabajadores jaurías de promotores e “interesaron” a Gerentes de Personal y jefes de oficinas estatales.
La promoción de venta a los trabajadores tuvo carácter agresivo de lo que se conoce como “venta a presión”, despreciando las objeciones y colocando implícitamente en papel de estúpido a todo aquel que se resistiera a la “buena nueva”.
Y en inicial demostración del celo y transparencia que vociferaban las pantallas de TV, aseguraban sin sonrojo que el costo de tanta maravilla no superaba los 2 ó 3 puntos (2 ó 3 %) en total, dejando creer que si fuera 3 % sobre el 11 % de aportes sobre el salario, ese costo (3 % s/11 %) era del 0,33 %, ¡Una bicoca!
La verdad es que se trataba de tres puntos de los once que se ingresaban, que finalmente resultaron ser 3,5 puntos de los once. O sea, redondamente, el 32 % de cada ingreso mensual se filtraba directamente a la cuenta de ingresos de la AFJP.
Pero era imprescindible mentir para lograr que millones de trabajadores, aún alienados por las derrotas sufridas durante décadas, que culminaron en la desperonización menenemista, y por la propaganda sin fisuras que derramaban pantallas, diarios y radios, aceptaran sin resistirse que casi un tercio de lo que serían sus ahorros individuales, fueran confiscados por los interesados custodios.
La ausencia de sentido ético de los responsables de esta legislación que privatizó y entregó a los bancos una masa de retenciones obligatorias que en calidad de aportes jubilatorios se practican sobre las liquidaciones salariales, no debe sorprender si se considera que fue exhibida como ejemplo a imitar la privatización similar en Chile de Pinochet.
El hecho de que este fraude a la fe pública fuera perpretado mediante una auténtica conjura lo prueba el hecho de que, vencido el breve plazo de elección entre el nuevo sistema privado y el estatal (de reparto) subsistente, que se previó como destinado a extinguirse por el solo paso del tiempo, todos los nuevos trabajadores que no hicieran explícito su deseo de afiliarse a reparto, pasaron a integrar el limbo de indecisos, a sabiendas de que la inmensa mayoría desconocía las reglas de este truco.
Ese limbo, donde se conculcó el derecho de elegir, fue periódicamente redistribuido por la Superintendencia del régimen entre las AFJP que lo integran.
A lo largo de 14 años estas recibieron sucesivas tandas de nuevos adherentes, mayoritariamente inconscientes de lo que les había tocado en suerte.
Esto permitió a las AFJP alcanzar la cifra de cerca de 12 millones de afiliaciones.
La prohibición total de ingresar al sistema de reparto, que cerraría el círculo de la operación, no llegó a concretarse, demorada por los síntomas de crisis que pronto sacudieron al país, que ingresó en 1998 en una larga recesión de su economía.
El estallido de Diciembre de 2001, diluyó su posibilidad.
Privatizaciones, sobrevaluación monetaria, recesión, crisis del sistema jubilatorio
La política económica de Menem, definida finalmente a partir de la incorporación al gobierno de Domingo Cavallo, tuvo un punto de partida impuesto por la Ley de Convertibilidad, cuya responsabilidad primigenia no es, por lo tanto, exclusividad del Poder Ejecutivo, sino también de la centena de diputados y senadores genuflexos que la votaron.
Esta ley reestableció una perfecta continuidad con la política que durante el Proceso impuso Martínez de Hoz, lo que alinea el giro a la derecha del partido Justicialista con los objetivos profundos de la Dictadura Militar Imperialista, que contó con el apoyo activo de la burguesía terrateniente y financiera y el alegre respaldo de la clase media que se iba de compras a Miami. Esas mismas clases y sectores sociales dieron su apoyo a Menem, y con el menemismo hicieron sus negocios y disfrutaron también sus paseos de compras en el exterior.
La siniestra operación procesista–menemista se llevó a cabo en base a crímenes sin nombre, destrucción del salario, polarización social, ruina de la industria, endeudamiento impagable, desempleo masivo, pauperización y exclusión social, negociados impúdicos y generalizada corrupción en el Estado y en las grandes empresas contratistas y beneficiarias de las privatizaciones que lo saquearon sin disimulo.
Esta política económica, al generar un vasto desempleo (18,5 % de la población laboral en el mismo momento de las elecciones de 1995, que reeligieron a Menem con comodidad, a tal grado había llegado el retroceso y la alineación de la clase trabajadora), desfinanció el sistema jubilatorio, tanto el estatal residual como el nuevo régimen privado,
El Estado perdió miles de millones en recaudación de aportes (inicialmente unos 7.000 millones por año) que pasaron a las cajas de las AFJP, cuando antes tenían como destino el pago de los beneficios jubilatorios de los trabajadores pasivos. Este quebranto contribuyó con eficacia al crecimiento de la deuda externa.
El desempleo agudizó la crisis: el desempleado no aporta y tampoco por él se ingresan contribuciones patronales. La política económica del período dejó sin posibilidad de jubilarse a millones de trabajadores que perdieron sus empleos, así aportaran al sistema estatal o al privado. Para éste último el negocio continuó floreciente. Aunque varias AFJP de los comienzos desaparecieron y fueron absorbidas por otras más solventes hasta concentrar el total del negocio en los bancos, siguieron practicando la magia de esfumar el tercio de cada aporte de los trabajadores activos, aún disminuidos numéricamente por el desempleo. Pero ese es problema del trabajador desempleado, que no se jubilará.
En esta escandalosa situación es que la propaganda oficial elevó a verdad revelada que los “impuestos al trabajo”, las contribuciones patronales que también se debían destinar a sostener a los trabajadores que tienen cumplido su ciclo laboral activo, una conquista histórica de la lucha reivindicativa, desalientan la inversión. Sucesivos gobiernos, aunque el gran premio es de Domingo Cavallo y Carlos Menem, enarbolaron esta bandera patronal. Fue así que bajaron las contribuciones para la Seguridad Social, del 26 % de los orígenes del Instituto Nacional de Previsión Social (1945), al actual 10,17 %, y expropiaron a la clase trabajadora en su conjunto, al confiscarle a los trabajadores activos la parte diferida del salario.
No puede sorprender, entonces, que mientras en 1996 el 96 % de la población trabajadora con edad jubilatoria cumplida gozaba de su beneficio, aun deteriorado, en el 2005 habíamos bajado al 62 %, con una tendencia fatalmente decreciente. Resultado natural de las políticas procesistas y menemistas, cuya consecuencias en este plano se debían manifestar entre 10 y 20 años después, cuando los obreros de 40/45, 50/55 años, llegaran a los 60/65 años de edad, según fueren mujeres o varones.
Pese a ello, las AFJP siguen gozando de la fiesta. Nacidas en julio de 1994, hace 12 años y un poco más, aun no afrontan masivas solicitudes de otorgamiento de beneficios de los que han logrado mantener sus aportes. Dentro de 8, 15 y más años, la realidad que está a la vista golpeará directamente la subsistencia de los que engrosen el ejército de los trabajadores pasivos.
Estos pasivos, por añadidura, no podrán optar fácilmente por continuar trabajando hasta su total extenuación física.
La Ley otorga al empresario el derecho de conminar a jubilarse a todo trabajador con 65 años cumplidos (Ley de Contrato de Trabajo, Preaviso Extendido de un año).
Los empresarios, como es sabido, aplican sistemáticamente las leyes que se dictan en su beneficio, le duela a quien le duela.
Hoy podemos afirmar que tanto la jubiliación estatal como la privada, de los empleados y obreros que llegan a 65 años de edad (60 años si son mujeres), registra una situación según la cual un número creciente no alcanzará el beneficio jubilatorio en condiciones normales porque:
a. Pese al actual superavit de ANSES, la drástica reducción (26 % a 10,17 %), es una clara hipoteca a futuro en el sistema jubilatorio estatal;
b. En el sistema privado, la reducción de aportes, 5 % en lugar de 11 %, resuelto por el gobierno del Dr. Duhalde, para crear la sensación térmica de un aumento salarial inexistente, fue reajustada por el actual gobierno al 7 %, y recién volverá al 11 % original a partir del 1º de Enero de 2008, cerca de cinco años de aportes reducidos, de los que las AFJP se apropian “a boca de pozo” de casi un tercio. Este hecho ha disminuido aun más el fondo de cada aportante para la parte privada de su beneficio, en muchos casos a límites irrisorios. Esto explica que el gobierno haya dispuesto recientemente transferir al Estado todos los ahorros de los trabajadores afiliados a AFJP de entre 50 y 55 años, que no superen la suma de 20.000 pesos, haciéndose así cargo del beneficio a otorgar a estos titulares. De este modo, el gobierno de Kirchner se jugó a la continuidad del actual superavit y al hecho de que es perceptor de las contribuciones patronales, sin considerar que estas últimas han sido reducidas en perjuicio de los trabajadores y en beneficio de la burguesía. Se trata de una irresponsabilidad que no asombra. Al mismo tiempo, liberó a las AFJP de un lastre grave y de la parte menos redituable de la operación, y, técnicamente, mejoró la calidad global del negociado que los bancos explotan en exclusividad.
c. En ambos sistemas coexistentes los trabajadores han sido llevados a una crisis de magnitud respecto de sus beneficios jubilatorios futuros, por los siguientes motivos concurrentes:
- El desempleo y la llamada exclusión social, cuyos efectos ha soportado más del 50% de la población laboral. Sin trabajo no hay contribuciones ni aportes ni, por lo tanto, jubilación posible.
- El trabajo “en negro”, sin cargas sociales, y, en consecuencia, también sin jubilación posible.
- El deterioro del salario, manifiesto durante el proceso militar, acentuado durante el menemismo y “shockeado” por la devaluación Duhalde, que armó una ingeniería de compensaciones a bancos y grandes deudores empresariales (sin olvidar la suculenta ganancia por devaluación monetaria para la burguesía exportadora y agraria), y menospreció por completo el violento castigo que aplastó a la clase trabajadora
Esto lleva las jubilaciones posibles de la mayoría de los que logren mantener aportes durante 30 años, a lo que se conoce popularmente con la cruel designación de “la mínima” o sus alrededores (500 pesos por mes).
A medida que nos encontramos con trabajadores con mayoría de tiempo de aportes a AFJP, o totalmente a AFJP, la situación se agrava, porque su monto de beneficio final estará constituido fundamentalmente (o en su totalidad, según el caso), por los impredecibles rendimientos de la inversión de los dos tercios de esos aportes que van a su fondo individual privado (previa apropiación de casi un tercio por la AFJP de que se trate). Rendimientos impredecibles pero con mal pronóstico.
Las privatizaciones, la sobrevaluación monetaria (Martínez de Hoz/Cavallo), el cierre de industrias consecuente, el endeudamiento externo, la recesión económica —1998/2003—, combinadas con el montaje del negocio financiero monopolizado por los bancos que conocemos como jubilación privada (AFJPs), conjugaron desempleo masivo, exclusión social y exacciones compulsivas extraordinarias a los afiliados al sistema privado. Un cóctel explosivo que implica jubilaciones irrisorias o no jubilación para millones de trabajadores.
La explosión, desde el punto de vista social, se produce en territorio específico de la clase trabajadora en su paso a la pasividad laboral.
¿Qué solución propondrá la burguesía (nativa o extranjera), que se apropia de enormes transferencias de ingresos que incrementaron la tasa de plusvalía hasta niveles de superexplotación, aplicando para ellos métodos directos (represión/desocupación), e indirectos (reducción de sus contribuciones al fondo jubilatorio de la clase trabajadora)?
¿Optará por la construcción de depósitos de la “tercera edad”, invirtiendo en edificios y restando terreno para la especulación inmobiliaria, preferirá la cámara de gas o pedirá subsidios estatales para mantener trabajando a los “jubilados imposibles” hasta su total extenuación física, aplicando por cualquier vía una política de “limpieza etaria y de clase?
Para muchos, esto último puede parecer una exageración, detrás de la que, algunos, bastantes quizá, verán el fantasma de ideologismos testimoniales, o de aun peores u oscuras razones políticas nunca explicadas, sino a través de “clisés” y lugares comunes que se dirigen a prejuicios inoculados socialmente por las clase dominantes a través de su difusión ingenua por capas medias en busca de “chivo expiatorio” para calmar sus propios miedos, frente al escenario del desorden del fin de una época, de un período histórico, antes de que aparezca la partera de uno nuevo (“a los negros no les gusta trabajar”; “son como conejos”, “no pueden mantener la “chorrera” de hijos que echan al mundo; “para que les va a dar si se lo gastan en vicios”; “les regalan casas para que las destrocen”; “los planes y subsidios son para mantener vagos””, y muchos otros, siempre en el estilo y marca registrada de “va a estar bueno Buenos Aires…”).
Los destinatarios de tales “clisés” han sido empujados al desempleo, la marginación, la indigencia y la desesperación, por los mismos que ahora preparan una ciudad “buena para las 4 x 4 y para los curas conservadores que vociferan contra la limitación del número de hijos y contra la distribución gratuita de anticonceptivos a los pobres, ambas cosas a la vez.
Sobre esa subcultura del prejuicio, la clase dominante propala su visión de la realidad, desde su abundancia de medios de difusión y de “formadores de opinión” que integran un mundo expresivamente polifacético e ideológicamente unido contra los intereses más legítimos de la clase trabajadora que, a tenor de sus discursos, parece venida al mundo sólo para donar plusvalía en cualquier circunstancia y a cualquier costo social y humano, hay que suponer que por disposición de alguna deidad particular que mora en el Olimpo de la burguesía.
El gobierno, con la muy probable intención de su utilización electoral, pero en relación a un problema muy real, ha dispuesto facilitar la jubilación (en niveles de mínima, en general) de una masa de trabajadores con edades sobradas pero sin aportes suficientes o que ya no estaban en condiciones de alcanzar a la edad jubilatoria los años de aportes exigidos por la ley. Téngase en cuenta que si bien se han flexibilizado normativas con fines de esa facilitación, no ha habido gratuidad. También se abrió la opción jubilatoria para trabajadoras domésticas tradicionalmente sin aportes, lo mismo para trabajadores en domicilio propio en igual situación de total “negritud”, y por la misma hendija obtuvieron su “mínima“ numerosas “amas de casa”, trabajadoras imprescindibles en la reproducción de la fuerza de trabajo, aunque sin remuneración alguna, situación que se torna dramática, social y humanamente, cuando “el hombre de la casa”, el llamado “sostén” para la cómoda vulgaridad burguesa, es arrojado al desempleo.
Y no ha habido gratuidad, ciertamente. Cada concesión de beneficio vino acompañado por una deuda calculada en función de años de edad o de años de aportes faltantes, cuyas cuotas se deducen de cada pago jubilatorio, hasta su cancelación.
Es en función de esta habilitación de más de un millón de jubilaciones “mínimas”, que reversan muy parcialmente las consecuencias catastróficas que los trabajadores soportan de las políticas burguesas, que los economistas, consultores y propagandistas del régimen auguran déficit y quiebra futura del sistema jubilatorio.
La más mínima posibilidad de justicia social, tan burguesa como el Rolls Royce, pone en alerta a la burguesía (nativa y extranjera) en todo país del mundo satélite, cuyos trabajadores, para que el país cumpla con la división del trabajo asignada por el mercado mundial, deben ser baratos, muy baratos y muy pobres. La Argentina cumple con la norma. El 20 % más rico recibe un poco más del 50 % del ingreso nacional; el 20 % más pobre, el 4 % (INDEC). Pero hay que vigilar que no se mejore la norma.
La solución de la clase trabajadora para toda la sociedad
El sistema capitalista se basa en la sistemática expropiación a cada trabajador de una parte de los valores que produce.
Cada capitalista contrata trabajadores, en determinadas condiciones tecnológicas de la actividad económica que constituyen la base material de la productividad del trabajo: cada trabajador produce una suma de valor durante las horas de trabajo de su jornada contratada.
El capitalista lo contrata al precio de jornal que impone el mercado, en función de la cantidad de oferta y demanda de fuerza de trabajo. Cuando éste fija el precio del jornal por debajo de los valores que el trabajador, en las condiciones técnicas dadas, producirá en cada jornada, contrata. Si el precio del jornal y el del valor producido por jornada se igualan, o, en su caso, el precio tiende a superar el valor producible, no contrata.
En el mercado de fuerza de trabajo, en que se contratan trabajadores, esta ley es irreductible: el precio jornal del trabajador debe ser inferior al precio de los valores que producirá en cada jornada. Esto es base para la obtención de plusvalía en beneficio del empresario contratista, generadora de la ganancia capitalista. El sistema no puede funcionar sin expropiar al trabajador de una parte de los valores que produce.
Pero dadas condiciones internas e internacionales conjugadas, históricas, políticas sociales y económicas, el grado de esta expropiación varía.
Es por eso que el sistema burgués de explotación, si bien no cambia de naturaleza, puede permitir por necesidad el devenir de períodos en que la distribución del ingreso se democratiza, es decir, resulta más favorable para la clase trabajadora.
Mejora en estos casos la situación social general en términos de estabilidad y satisfacción, se fortalece el mercado interno, y disminuye la base individual de plusvalía sin impedir la acumulación del capital a raíz del aumento de la velocidad de rotación. Así se dan transiciones de una suerte de pacto social entre las clases vinculadas a la producción, explotadores y explotados.
Estas situaciones pueden desarrollarse, por causas divergentes, en los centros capitalistas desarrollados, o en lugares, puntuales generalmente, de la periferia capitalista.
En el Primer Mundo dependen de la magnitud de la expoliación imperialista, que aceita socialmente al interior de la sociedad que comparte la exacción a la periferia.
En la periferia, cuando por causas internas o externas o combinadas, se fortalecen intereses en conflicto con la expoliación imperialista, en un marco en el que siguen rigiendo las pautas propias del capitalismo.
La Argentina tuvo eso con el peronismo, una forma específica de bonapartismo en la sociedad burguesa, con alta y necesaria participación popular y proletaria., política, social y económica.
Durante el período, la polarización social se contrajo y la distribución del ingreso se democratizó a sus mejores niveles históricos conocidos hasta el presente.
A partir de 1955 se inicia un proceso de reversión, consolidado a partir de 1976.
La clase trabajadora tiene hoy una expresión básicamente sindical reivindicativa. Una expresión política está todavía ausente.
Sin embargo, la cuestión del sistema jubilatorio tiene un parentesco muy cercano a la cuestión del salario, pues cada trabajador actual será un no trabajador mañana, y el llamado beneficio jubilatorio es hasta ahora la única forma conocida de salario post período de actividad, que se prolonga hasta el final de la vida.
Este salario posterior a la actividad laboral, pero tan vital como el del período de actividad, es una conquista reivindicativa de la clase trabajadora.
En la Argentina, desde 1955 se empezó a depredar ese salario conquistado para la etapa de pasividad laboral.
Por vía indirecta, la burguesía incrementó en este caso la tasa de plusvalía en base a la que expropia a sus trabajadores, hoy activos, mañana pasivos.
Por lo tanto, hay pocas dudas de que el planteo reivindicatorio de sindicatos y comisiones internas debe incluir la cuestión jubilatoria, que es inescindible del interés de los trabajadores activos, que serán pasivos inexorablemente.
En el problema jubilatorio, reconociendo su estrecha vinculación con el interés global de la clase trabajadora, es obvio la necesidad de incorporar, junto a la lucha por el salario que libran las organizaciones sindicales, comisiones internas, etc., el reintegro de la masa de fondos que la burguesía embolsó limpiamente con la excusa siniestra de la necesidad de alentar la inversión.
Los capitalistas invierten utilizando capital acumulado en el pasado con ganancias producto de la transformación de la plusvalía capturada a sus obreros de entonces, o a través de fondos bancarios de financiación del mismo origen, con la garantía de la plusvalía que con certeza obtendrá en el futuro.
Los fondos desfalcados a los trabajadores deben ser devueltos y restituidos los porcentuales reducidos.
Es la burguesía la generadora de la situación social crítica del país y de la crisis segura del sistema jubilatorio o salarial del trabajador pasivo.
La burguesía debe devolver a la clase trabajadora los fondos que le expropió con las armas del Proceso y la traición del menemismo.
Las clases no cometen delitos tipificados en el Código Penal, pero promueven genocidios impunes. Sólo los trabajadores pueden y deben hacérselos pagar, no por una cuestión de Código Penal burgués: por una razón de supervivencia de la clase trabajadora y de cada trabajador desde que nace hasta que muere.
Esta sola redistribución por devolución de lo mal habido mejorará la situación de las capas medias de autónomos dependientes del mercado interno, que sin turistas se derrumba.
La situación de la clase media depende de manera casi absoluta del mercado interno.
Sólo bastaría con que se piense a sí misma de manera profunda, sin “clisés” ni lugares comunes inducidos por las clases dominantes, para que entienda que su vida mejorará en proporción directa con una redistribución del ingreso en beneficio de la clase trabajadora.
Para empezar, puede abrazar como idea fuerza, la devolución de todo cuanto fue expropiado al sistema jubilatorio desde 1955.
¡La burguesía debe devolver cuanto se apropió por la violencia y la traición!
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