Cuba, el futuro de la revolución y la actualidad del debate de los 60

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Mientras dure el período de transición, el principio de planificación será el vector dirigente de la economía. ¿Puede decirse que Cuba ha dejado atrás ese período? La polémica protagonizada en los años 60 entre los defensores de la planificación según el sistema presupuestario de financiamiento y los partidarios del cálculo económico vuelve a cobrar actualidad. La suerte de la revolución cubana, la única sobreviviente de las revoluciones socialistas del siglo XX, reviste una importancia especial para todos los latinoamericanos que mantengan firme la digna decisión de luchar por la conquista de un mundo libre de las lacras propias de la sociedad capitalista. En las condiciones más difíciles, en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, en soledad tras el derrumbe de la Unión Soviética y la satelización por los imperialismos norteamericano y europeo de buena parte de los países de Europa del este, en presencia de la reconversión capitalista en China y Vietnam, los sacrificios de los trabajadores y el pueblo cubano por mantener el curso, tienen un valor extraordinario. Basta un dato para medir la firmeza de esa determinación: En cuatro años, los más duros de la crisis, entre 1989 y 1993, el Producto Bruto de la Isla cayó 35%, el comercio exterior se derrumbó en un 80%, el consumo de combustible se contrajo a menos de la mitad y se perdieron casi totalmente las fuentes de financiamiento externo. Sin embargo, ya en los primeros años del nuevo siglo era evidente que el pueblo cubano estaba logrando superar las penurias excepcionales del Período Especial y que el contexto latinoamericano era otro. Las ideas del neoliberalismo, victoriosas en los 90, estaban en crisis, jaqueadas por las luchas de los trabajadores, los campesinos y las capas empobrecidas de la pequeña burguesía, mientras que nuevos gobiernos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, embarcados en programas de reformas estructurales de sesgo nacionalista-popular y socializante, abrían el horizonte. Bajo estas nuevas condiciones, hoy Cuba decide su destino. El primer indicio de la importancia de las horas que se aproximaban lo dio Fidel Castro en noviembre de 2005, durante un discurso pronunciado en al Universidad de La Habana, al advertir que el socialismo no es un destino inexorable, inscripto en el curso profundo de la evolución histórica. En esa exposición Fidel advirtió que la revolución podía ser derrotada por la corrupción y por sus propios errores. Meses más tarde, su enfermedad y el relevo en el puesto de mando del Estado y del partido, abrieron una serie de interrogantes sobre su situación particular y sobre el futuro de la revolución. La impresión de que se había abierto un período de cambios se confirmó una vez que Raúl Castro, a cargo del gobierno, adoptase las primeras medidas, entre ellas la entrega de tierras ociosas en usufructo a campesinos, cooperativas, granjas estatales y empresas no agropecuarias, la apertura de hoteles anteriormente reservado a extranjeros, la libre venta de distinto tipo de artículos electrónicos, el anuncio de una próxima comercialización de autos y viviendas. Medidas indicativas de los problemas por los que atraviesa la economía cubana. ¿En qué sentido y cuál será el alcance de los cambios que al parecer sobrevendrán y, por consiguiente, en que dirección se orientará el nuevo gobierno? Cuba exhibe hoy el agotamiento de un modelo de construcción socialista ya próximo a cumplir medio siglo. A fines de agosto pasado, Celia Hart, días antes desaparecer trágicamente, declaró su temor de que Cuba siguiera el camino de China, “donde el Comité Central terminó diciendo que todo el mundo se debe enriquecer y los millonarios dirigen ahora el partido”. En declaraciones realizadas al diario Página 12 explicó su desconcierto por una política que, por una parte aplica medidas liberalizadoras, y por la otra aumenta la centralización del poder, política similar a la seguida por el Partido Comunista chino. Hart advirtió que Raúl Castro promovió a muchos dirigentes de la vieja guardia como Machado Ventura, actual primer viceministro, “que dirigió el partido en su época más stalinista”, mientras que postergó a dirigentes jóvenes del círculo más cercano a Fidel, entre ellos el canciller Felipe Roque Pérez, Carlos Ballester y Carlos Lange. La explicación que presenta a Fidel Castro como reacio a aceptar la utilización de herramientas propias del capitalismo y reticente a modificaciones de fondo en el modelo existente, y a su hermano Raúl, más cercano a las fórmulas aplicadas por las direcciones china y vietnamita, está presente en varias de las interpretaciones de la militancia cubana, al tratar de descifrar las tendencias existentes en la cúpula del poder. Recientemente, dos hechos de distinta naturaleza, pero ciertamente relacionados, resultaron sintomáticos de los asuntos que están en discusión. En agosto del corriente año un grupo de ex funcionarios y afiliados al Partido Comunista dio a conocer una declaración cuestionando el tipo de socialismo existente en la Isla, y reclamando un giro radical en la línea seguida hasta entonces. En uno de sus párrafos salientes, el documento escrito por Pedro Campos, antiguo integrante del aparato diplomático cubano, puede leerse: “Cuba vive una continuada crisis económica, política y social a consecuencia del estancamiento en la socialización, generado por el pleno control burocrático estatal sobre la sociedad, los medios de producción y el plustrabajo y del permanente y criminal asedio imperialista”. La crítica apunta, entre otras direcciones, contra lo que denomina sistema estatista-salarial, plantea la eliminación del salario, la autonomía de las empresas y la distribución de parte de sus beneficios entre los trabajadores. Antes de esta declaración, en junio, Carlos Matheu, ministro de Trabajo, anticipó cambios importantes en el régimen laboral. De ahí en adelante, cada trabajador de las unidades productivas y los organismos del Estado podría ganar sin límite “lo que sea capaz de producir”. Explicó que en cada empresa existirá un sistema de pago por actividad, y la eficiencia del trabajador se medirá en su tarea particular, y no como ocurría hasta entonces en algunos casos, mediante indicadores generales de la unidad productiva. Un mes más tarde, Raúl Castro formuló la siguiente advertencia: “Socialismo significa justicia social e igualdad, pero igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. Igualdad no es igualitarismo. Este, en última instancia, es también una forma de explotación: la del buen trabajador por el que no lo es, o peor aún por el vago”. Estas ideas fueron ratificadas en septiembre. En julio de 2007, el actual presidente cubano, en un discurso pronunciado en Camagüey había admitido que el salario era “claramente insuficiente” para cubrir las necesidades, por lo que no se ajustaba al principio socialista que exigía que cada trabajador aportara según capacidad y recibiera según su trabajo. Esa distorsión había producido manifestaciones de indisciplina laboral, indiferencia respecto a los resultados de la producción y al cuidado de los instrumentos de trabajo, cuando no desvíos de productos hacia el mercado negro y, en definitiva, una caída de la productividad. La insuficiencia salarial estaba agravada por notorias diferencias en los niveles de remuneración, diferencias que persisten y que benefician, por ejemplo, a empleados de baja calificación laboral que trabajan en los servicios vinculados al turismo, así como a funcionarios, que en algunos casos se desempeñan en empresas mixtas y son premiados con bonificaciones no oficiales, y en otros casos están ligados a los negocios de comercio exterior. Por vías diferentes, la decisión de la dirección cubana y la declaración de los ex funcionarios abordan el mismo problema: el de la relación social fundamental que liga a los trabajadores con las condiciones de su empleo, relación que define la impronta del régimen de producción en su conjunto. En un caso mediante una solución consistente en consolidar el salario, como expresión de esa relación; mientras que en el otro a través de un planteo que exige su eliminación. Sin embargo, desde una perspectiva que remite a discusiones de varias décadas atrás, una cuestión de importancia capital –la de los estímulos materiales– en forma explícita o de manera indirecta, está presente en ambos planteos. El gran debate de los 60 En los primeros años de la década del 60 en Cuba se desarrolló un debate decisivo para la marcha de la revolución, cuyas cuestiones centrales conservan notoria actualidad. Cuba ya había comenzado la tarea de construcción socialista y debía abordar los problemas presentes en toda revolución, cuyo punto de partida material está muy por detrás respecto a la naturaleza social de las transformaciones emprendidas. A fines de octubre de 1960, tras el embargo parcial decretado por la administración norteamericana, el gobierno revolucionario decidió la expropiación de las empresas de esa nacionalidad que aun quedaban en la Isla. Anteriormente habían sido nacionalizadas la banca, las grandes corporaciones industriales y comerciales y el transporte, y expropiados los latifundios, dando curso a la reforma agraria. A esa altura, nacionalizada la gran propiedad agraria, la banca, el comercio exterior y los principales medios de producción, el gobierno puso en marcha un sistema de planificación indicativa y de industrialización acelerada que terminó en un fracaso. Simultáneo a esa primera experiencia se desarrolló un debate que se prolongó hasta mediados de la década, y que culminó con la partida del Che Guevara de la Isla. La confrontación que envolvió al gobierno cubano tuvo entre sus participantes a Guevara, por entonces Ministro de Industrias, y a Álvarez Rom, Ministro de Hacienda, mientras que en el bando opuesto se alinearon Carlos Rafael Rodríguez, director del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), Alberto Mora, Ministro de Comercio Exterior y Marcelo Fernández Font, Presidente del Banco Nacional. En Cuba coexistieron desde un comienzo dos sistemas de gestión económica cuyos principios eran opuestos entre sí. En la agricultura estatal, organizada en los inicios bajo un régimen de gestión centralizada, se implantó el sistema de cálculo económico, mientras que en la industria se impuso una norma de gestión presupuestada. La primera de esas formas de gestión consistía en la descentralización y la autonomía financiera de empresas que operaban con fondos propios, en el marco de relaciones monetario mercantiles. En oposición, el sistema presupuestario de financiamiento establecía un control centralizado: las empresas no tenían capital, sus fondos eran provistos por el Banco Central y su producto entregado al Ministerio de Hacienda. En el primero de esos sistemas la ley del valor y las reglas del mercado tenían un considerable margen; en el segundo, en cambio, regía el principio de la planificación económica. En junio de 1964 el Che publicó en Cuba Socialista, bajo el título “La planificación socialista, su significado”, una respuesta a Charles Bettelheim, defensor del sistema del cálculo económico, en consonancia con la posición predominante en los países socialistas, influyente en la Isla a partir de la presencia de un grupo de asesores soviéticos. En “Formas y Métodos de la Planificación Socialista y Nivel del Desarrollo de las Fuerzas Productivas”, artículo aparecido en el segundo número la misma publicación, Bettelheim había sostenido que en Cuba el nivel de desenvolvimiento alcanzado por las fuerzas productivas no permitían el desarrollo de relaciones de producción socialistas, tal como pretendía expresar el régimen de propiedad, tras la nacionalización de los grandes medios de producción, la banca y el comercio. Este desfase tenía, a su juicio, importantes consecuencias: “Este punto de partida jurídico y los análisis que del mismo se derivan, conducen a negar el carácter necesariamente mercantil, a la hora actual, de los cambios entre empresas socialistas del Estado, y hace incomprensible, en el plano teórico, la naturaleza de las compras y ventas efectuadas entre empresas estatales, la naturaleza de la moneda, de los precios, de la contabilidad económica, de la autonomía financiera, etc. Estas categorías se encuentran así privadas de todo contenido social real. Aparecen como formas abstractas o procedimientos técnicos más o menos arbitrarios, y no como la expresión de estas leyes económica objetivas, cuya necesidad destacaba, por otra parte, el propio Stalin”. El marxismo siempre ha sostenido la existencia de una correlación entre el nivel alcanzado por las fuerzas productivas en determinada sociedad, y el sistema de relaciones que los hombres adquieren en la producción y reproducción social de su vida material, relaciones que tienen presencia objetiva, independiente de la voluntad de aquellos. Marx señaló la existencia de estas relaciones en el Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política escrito a comienzos de 1859, y destacó que su trama constituye la base sobre la que se sostiene el aparato jurídico y político, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Es el modo de producción el que determina el proceso de la vida social y sus manifestaciones políticas, jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas, y no a la inversa. Sin embargo, al alcanzar determinado punto de desenvolvimiento, las fuerzas productivas encuentran en las relaciones de producción existentes, “o lo que no es más que la expresión jurídica de esto”, en las relaciones de propiedad, un obstáculo. Se abre entonces un período de revolución social, que al subvertir la base económica termina por revolucionar el edificio que ésta sostiene. Sin embargo, Marx advertía que ninguna formación social desaparece sin que antes se desarrollen la totalidad de las fuerzas productivas que encierra y, sobre todo, “jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua”. Las consecuencias de este pasaje del Prólogo ocuparon un papel destacado en la discusión entre Guevara y Bettelheim. Lo que en definitiva este último decía era que la base material sobre la que se desarrollaba la revolución cubana no tenía la consistencia suficiente –carácter atrasado y semicolonial de la economía pre revolucionaria– para instaurar, sino al cabo de un prolongado período, relaciones de producción de naturaleza socialista. Mientras tanto la ley del valor y categorías propias del modo de producción capitalista –relaciones monetario-mercantiles– habrían de mantener vigencia en el proceso de transición. En consecuencia, categorías tales como “propiedad estatal única” o “propiedad social”, resultaban categorías abstractas. Esas relaciones de propiedad no eran la expresión jurídica de las relaciones de producción que decían ser. Era necesario reconocer esta realidad y, entre otras cosas, dotar a las empresas de cierta independencia operativa, aunque subordinada a los parámetros del plan. La autogestión financiera o la autonomía contable eran formas de organización empresaria que se correspondían con el nivel alcanzado por las fuerzas productivas. En su respuesta Guevara recordó los argumentos que utilizó Lenin para justificar la Revolución de Octubre, revolución desenvuelta en un país en el cual el desarrollo de sus estructuras económicas no habían llegado al estadio que hiciera posible el socialismo. ¿Qué otra cosa podía hacer los bolcheviques —se preguntaba su jefe— en una situación revolucionaria desatada por la guerra imperialista? Situación que, por cierto, conmovía a los países de Oriente, envolvía en la crisis al imperio zarista y creaba las condiciones para la alianza entre la “guerra campesina” y la revolución proletaria, derrumbaba el viejo orden y avanzaba en la creación de las premisas materiales que incorporarían a Rusia al torrente de la civilización, elevando el nivel cultural de las masas y abriendo el curso a la construcción socialista. Una serie de circunstancias históricas habían hecho de Rusia el eslabón más débil de la cadena capitalista mundial. El Che afirmaba que también Cuba, en el momento de la revolución, era uno de los eslabones más débiles de esa cadena en el marco de la lucha global entre el capitalismo y el socialismo. En presencia de una situación histórica excepcional, su vanguardia revolucionaria tomó el poder, considerando que ya existían “las suficientes condiciones objetivas en cuanto a la socialización del trabajo”, mientras declaraba el carácter socialista de la revolución y emprendía la construcción de una nueva sociedad. En definitiva, el grado de maduración de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción estaba dado por la evolución general de las contradicciones del capitalismo, contradicciones en las que se subsumían las contradicciones particulares de cada país. Sin embargo, en otro pasaje, Guevara iba más allá de lo que permitía este enfoque y transformaba su argumento en una suerte de petición de principio: si en Cuba se había realizado una revolución socialista, era porque debían existir condiciones suficientes para que así ocurriera. Decía que el hecho de que se hubiera producido el nacimiento del socialismo en tales circunstancias, era la prueba de que el desarrollo de las fuerzas productivas había chocado con las relaciones de producción, antes de lo que cabía esperar en un país capitalista atrasado. Esto había sucedido así porque la vanguardia revolucionaria, influida por la ideología marxista-leninista, había sido capaz de prever las distintas fases del proceso y forzar la marcha de los acontecimientos, dentro de lo que objetivamente era posible. El papel de la conciencia era determinante para el Che. También en este punto habría de chocar con Bettelheim, quién partiendo de la tesis clásica según la cual es “el ser social el que determina la conciencia”, sostenía que la palanca para modificar el comportamiento de los hombres eran los cambios en la estructura productiva. Guevara, en cambio, apostaba a que fuera el desarrollo acelerado de la conciencia la fuerza que impulsara el crecimiento de las estructuras económicas. Señalaba que en la época del imperialismo la conciencia también estaba determinada por la marcha de la historia mundial y, en este sentido, era producto del desarrollo general de las fuerzas productivas y, particularmente, de las enseñanzas que habían sacado las masas de la experiencia de la URSS y los países socialistas. En este punto las diferencias no podían resultar más profundas. El especialista francés seguía los pasos de Louis Althusser, para quién los sujetos no eran mucho más que portadores de relaciones sociales de producción, mientras que el Che veía en la subjetividad revolucionaria la fuerza transformadora de la historia. El otro aspecto de la confrontación giraba en torno a las relaciones de propiedad. Aquí, Guevara le imputaba a Bettelheim pretender que la estructura jurídica podía tener una existencia independiente; pretensión que consideraba un grave error. Sostenía que si existía la propiedad social, tal propiedad no podía ser otra cosa que una expresión de la existencia del socialismo. Simplemente: la revolución no habría podido cambiar la superestructura jurídica sin haber transformado antes las relaciones de producción. Era cierto que las formas de propiedad eran la expresión jurídica de esas relaciones, pero no se podía trasladar mecánicamente esta verdad, de vigencia general, a la situación particular de cada país, situación en la que existían desplazamientos entre ambos términos o, sencillamente, faltaba de una correlación estricta según las fases de su desarrollo histórico. Por lo demás, esa contradicción, determinante en el período de transición, no se desarrollaba exclusivamente en la base material sino que era la suma de factores cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, entre los cuales la lucha de clases jugaba un papel fundamental. El análisis estructural había llevado a Bettelheim a la conclusión de que en Cuba la planificación no estaba en condiciones de asegurar un reparto equilibrado, a priori, de los medios de producción y de los bienes en general. A su juicio, el sistema de precios debía no sólo reflejar el costo social de los diferentes productos, sino también expresar las relaciones entre la oferta y la demanda, y garantizar un equilibrio que el plan por sí no estaba en condiciones de alcanzar. Desde esta perspectiva consideraba a la empresa consolidada una aberración.[1] Guevara, por el contrario, tomando nota de que no existía un mercado libre en que pudieran expresarse las contradicciones entre productores y consumidores, negaba la posibilidad de hacer uso consciente de la ley del valor. Rechazaba también la existencia de la categoría mercancía en las relaciones entre las empresas estatales: todos los establecimientos debían ser considerados parte de una única empresa del Estado, aunque en la práctica no se hubiera llegado aún a ese grado de integración. Sostenía que la ley del valor y el plan eran los términos de una contradicción, cuya solución —la planificación centralizada— era el modo de ser de la sociedad socialista. En la polémica también intervino el trotskista belga Ernest Mandel, por entonces asesor del Ministerio de Industrias. Mandel reconocía que si bien las condiciones objetivas ocupaban un papel determinante en la persistencia de formas de la economía mercantil, así como de sus categorías, imputaba a Bettelheim una posición objetivista por interpretar de modo mecánico la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y, a la vez, disminuir la gravitación de la práctica revolucionaria. En esto coincidía con Guevara. Sin embargo, difería de éste en los plazos del período de transición. Advertía que la economía mercantil y, en consecuencia, la ley del valor, persistirían, aun en declinación, durante toda una fase histórica hasta que las condiciones materiales permitieran su superación. Mientras tanto su funcionamiento, subordinado al plan, podría favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas. El peso de la herencia soviética En junio de 1963 en discusión con Mora, Guevara cuestionó la aplicación de incentivos laborales de carácter material como recurso para elevar el rendimiento de los trabajadores. Por el contrario, sostenía que el aumento de la productividad de la fuerza de trabajo estaba ligado, antes que nada, al fortalecimiento de la moral y de la conciencia socialista. Sabía que los estímulos materiales formaban parte de las prácticas y de la cultura capitalista que perduraban entre las masas trabajadoras, una herencia inevitable que debía recibirse críticamente contraponiendo los valores desenajenantes de las relaciones de la nueva sociedad en construcción. Sin embargo, más allá de la discusión con los defensores cubanos de la utilización de resortes propios del capitalismo en el proceso de transición, la línea de diferenciación, en pleno curso, pasaba por el tipo de organización socialista que llevaban a cabo las burocracias de la URSS y los países de Europa Oriental. En el bloque soviético el empleo de incentivos materiales estaba generalizado. En septiembre de 1962, Evsei Liberman había publicado en Pravda el conocido artículo sobre los alcances del plan y el funcionamiento de las empresas, y abierto el debate sobre el rumbo de la economía soviética. Plan, beneficio y primas, cuyas premisas fueron llevadas a la práctica gradualmente, prescribía que las órdenes de los organismos de planificación respecto de las empresas, deberían reducirse a establecer los volúmenes de producción y los plazos de entrega, mientras que a éstas les correspondería elaborar “el plan completo”, que habría de incluir los índices de productividad y las plantillas laborales, el salario, costos producción, inversiones, entre otros renglones. En lugar del valor bruto de producción, era la tasa de beneficio —medida como proporción del capital productivo— el parámetro que habría de establecer el alcance de los objetivos. Cuanto más alta fuera esa tasa, mayor sería la prima que recibiría la empresa de parte de los órganos de dirección económica.[2] Los incentivos abarcaban a la fuerza de trabajo. En otro artículo publicado en noviembre de 1964, Liberman estimó que en las plantas en que estaba en funcionamiento la reforma, esos incentivos, que se basaban en la ganancia, llegaban a representar el 50% del salario. La reforma otorgó un marcado grado de autonomía a los directores ante las administraciones centrales. Mandel, por ejemplo, hizo notar que con la reforma industrial de Kosiguin (1965) los contratos directos entre empresas fueron establecidos paulatinamente, mientras un comercio paralelo, a espaldas del plan, comenzaba a ganar terreno en la rama de los bienes de producción, primer paso hacia la transformación de esos bienes en mercancías, derivación que terminaría abriendo el camino a la restauración capitalista.[3] Guevara observaba críticamente esta evolución. En octubre de 1964 había afirmado que no era posible conocer a Marx y a Lenin a través del Manual de la Academia de Ciencias de la URSS, y a comienzos de 1965, durante una entrevista a la revista egipcia El-Taliah, declaró: “El experimento de regreso a la ley del valor comenzó en Yugoslavia y fue entonces adoptada en diversos grados por Polonia y Checoslovaquia, y la Unión Soviética comenzó experimentos similares. Hemos discutido esta idea con algunos representantes de la nueva escuela en la Unión Soviética y les hemos dicho que diferimos de ellos en el terreno metodológico; y hemos expresado nuestra crítica del método de contabilidad que están empleando para aumentar la rentabilidad. En nuestra opinión, ellos buscan caminos que les permitan estimular el progreso técnico, pero no buscan la ley básica del socialismo…”[4] En esos días de febrero de 1965, el Che pronunció el célebre Discurso de Argel, en el cual denunció el intercambio desigual que los países del mundo socialista practicaban en perjuicio de las naciones atrasadas y dependientes. En Cuba la polémica quedó trunca tras su partida hacia el Congo. En 1968 Fidel Castro, en vísperas de “la gran ofensiva revolucionaria”, en cuyo curso el gobierno terminó de liquidar el pequeño comercio y el cuentapropismo, afirmó la primacía de los incentivos morales por sobre los materiales. Sin embargo las diferencias no estaban saldadas. El fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas puso fin a la “gran ofensiva”, Cuba estrechó los lazos con la URSS, ingresó al Consejo de Ayuda Mutua (CAME) del bloque socialista, y en 1975 el Congreso del PCC se inclinó por un proyecto de construcción socialista que debía seguir los lineamientos del modelo que habían terminado por consolidar los herederos de la burocracia stalinista. Años más tarde, en 1986, el inicio del Período de Rectificación marcó un nuevo giro a partir de colectivización de las granjas privadas y la eliminación de los mercados campesinos; la supresión de la pequeña industria privada y de la venta callejera; la restricción de la construcción y la venta privada de viviendas; la reducción de los planteles excedentes en las empresas, el endurecimiento de las normas laborales, al mismo tiempo que se intentaba reimpulsar el trabajo voluntario. Pero mientras tanto, a pesar del anuncio del reforzamiento de la planificación central, en 1986 el PCC decidió poner fin al régimen de financiamiento presupuestario, y a comienzos de 1988 implantar el sistema de cálculo económico. ¿Un socialismo de mercado? Dos décadas más tarde la propuesta de los ex funcionarios comunistas vuelve sobre los asuntos irresueltos en el debate de los 60. Sus autores declaran la necesidad de “dejar atrás el fracasado sistema centrista, autoritario, estatista-asalariado y estructurado verticalmente de arriba hacia abajo, heredado del estalinismo” y avanzar hacia un sistema comunal-democrático descentralizado, basado en relaciones socialistas de producción. El tránsito de un régimen a otro pasaría por un desplazamiento del control sobre las condiciones de la producción y sobre la gestión, desde la burocracia a los colectivos sociales y laborales; por la abolición de la forma asalariada de pago y por el establecimiento de un régimen de reparto de utilidades y, finalmente, por un avance en la participación y en la democratización de la vida social en general y del régimen político en particular, apuntando a la construcción de una “república democrática revolucionaria directa” de los trabajadores. En este tipo de sociedad autogestionaria los trabajadores asociados “autoexplotan” su fuerza de trabajo y son dueños o usufructuarios colectivos de los medios de producción, y además de administrar democráticamente la gestión, deciden sobre el destino del plustrabajo. Las principales formas de propiedad que le corresponden a este sistema son la cooperativa, que abarca a los pequeños campesinos y a las pequeñas industrias y los emprendimientos de servicios, y cuyos instrumentos de trabajo son propiedad de sus integrantes; las pequeñas y medianas empresas autogestionadas, con medios de producción entregados directamente a los trabajadores mediante la venta o la cesión por parte del Estado; la empresa cogestionada con radio de acción en áreas de interés nacional o estratégico, cuya propiedad y administración es compartida o no por el Estado, propiedad que puede ser entregada total o parcialmente a los trabajadores en usufructo o arriendo. Los autores de la propuesta consideran que el grave error del socialismo estatal “ha sido la pretensión de administrar y dirigir la economía y sus leyes que existen al margen de los deseos humanos”. En consecuencia, en adelante el Estado debería limitarse a hacer viables las condiciones de producción, mientras que su antiguo lugar habrá de ocuparlo el mercado por un tiempo indeterminado, aunque con mecanismos antimonopólicos que eviten la especulación, y en el curso de una tendencia de transformación paulatina de las relaciones monetario- mercantiles en un intercambio de relaciones equivalentes. De forma tal, los controles estatales monopólicos deberán eliminarse y abrirse el camino a las relaciones mercantiles, así como liberalizarse el régimen que rige en las tareas de siembra y acopio, en los precios, el transporte y el mercado, luego de repartir la tierra ociosa en usufructo de por vida; medidas todas necesarias para consolidar la alianza obrero-campesina. La iniciativa de Pedro Campos y sus compañeros no es por completo una novedad. Entre sus lineamientos generales y los de la experiencia yugoslava de autogestión desarrollada según las reglas del “socialismo de mercado”, existe más de una coincidencia. Yugoslavia echó las bases de su proyecto de autogestión obrera entre 1950 y 1952. Por ese entonces el Partido Comunista (Liga de los Comunistas a partir de ese último año), fuerza dirigente del movimiento de liberación nacional contra la ocupación alemana y la guerra civil en el período 1941-1945, hacía tiempo que había consolidado un poder absoluto, expropiado a la burguesía, nacionalizado los medios de producción y realizado la reforma agraria. Al ser invadido por los ejércitos del Tercer Reich en 1941, Yugoslavia era un país campesino, atrasado, dividido, explotado y hundido en la miseria. La guerra lo dejó devastado, de modo que en una primera etapa la unidad nacional y la reconstrucción exigieron a los comunistas en el poder el máximo de centralización estatal. En los primeros años de la posguerra, el tipo de construcción soviética era la única referencia existente para una dirección política que se proponía avanzar hacia el socialismo, en medio del atraso secular de una sociedad predominantemente agraria, cuya clase obrera, poco numerosa, había sido diezmada por la guerra. Así las cosas, el modelo stalinista instaurado en la URSS, sirvió de guía durante los primeros pasos del régimen yugoslavo. Sin embargo, en 1948 las pretensiones de Stalin sobre Yugoslavia precipitaron una crisis, y obligaron a los dirigentes de Belgrado a abroquelarse en una posición independiente, lo que implicaba, al mismo tiempo, la búsqueda de una nueva vía para la construcción del socialismo. La respuesta fue la autogestión obrera. Para la dirección encabezada por Josip Broz Tito, la propiedad estatal, a la que se consideraba inscripta en el sistema de relaciones capitalistas-estatales, había constituido necesariamente la primera fase de la propiedad social, mientras que la autogestión debía ser el cauce de un proceso de desestatización. Sin embargo, el nuevo orden de relaciones de producción fue introducido verticalmente, cuando ya la burocracia del sistema partido-Estado estaba consolidada y había aplicado con puño de hierro la política de colectivización forzosa, venta obligada de tierras e industrialización a costa de la agricultura, según la fórmula utilizada por Stalin en los años 30’ en la Unión Soviética. El régimen autogestionario instaurado en Yugoslavia se desenvolvió a través de la liberalización de las leyes del mercado, y giró en torno a organizaciones laborales autónomas que obraban como productores independientes de mercancías. Dentro de las empresas los trabajadores controlaban las condiciones de producción y de reparto, y decidían la política de acumulación y el plan de negocios. La autogestión debía guiarse por el principio socialista: “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Por este camino habría de eliminarse toda forma de parasitismo y explotación, y producirse un proceso de desestatización de la plusvalía y de supresión de la relación salarial. Sin embargo las cosas no ocurrieron así. Las formas autogestionarias se desenvolvieron hasta cierto punto en el dominio de las empresas; no alcanzaron la gestión de los asuntos públicos. Más allá de los límites de las unidades laborales la tendencia inherente a la acumulación del capital, desenvuelta en las condiciones de las relaciones dinero-mercancía y del sistema de precios de mercado, impuso su propia lógica. Así, por ejemplo, el intercambio entre las organizaciones laborales no era equivalente, sino que tal como ocurre en el régimen capitalista, las diferencias en la composición orgánica del capital derivaron en una transferencia de plusvalía desde las unidades de menor tecnificación a las de mayor equipamiento productivo. El resultado fue la aparición de vínculos de dependencia entre las organizaciones de producción, agravadas por diferencias de productividad propias de desniveles de orden regional. El síntoma típico de esta desigualdad fueron las diferencias salariales con que se remuneraba un mismo trabajo, según cual fuera el desempeño de la empresa. Pero al mismo tiempo, la posición dominante de bancos, comercios y corporaciones de importación y exportación, devino en formas de explotación respecto de las industrias y otras unidades productivas. Bajo el reinado incontrastable del denominado “mercado socialista”, que hizo del individualismo, el consumismo y el snobismo los valores de la nueva ideología dominante, propagados por el discurso de los medios de difusión masiva, se fue consolidando una conciencia pequeño burguesa, cada vez más alejada de los principios del socialismo. Mientras tanto, la clase trabajadora, despojada del poder político y fragmentada, se debatía entre las huelgas salvajes, al margen de sindicatos estatizados o la emigración en gran escala. La NEP, el capitalismo de Estado y la cooperación Varias décadas más tarde, el planteo de los ex funcionarios cubanos combina las demandas de democratización del poder político y social con el establecimiento de formas cooperativas de propiedad, formalizadas en empresas que se relacionan entre sí a través del mercado, siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. Significativamente los autores de la propuesta advierten que no es el mercado lo que caracteriza al capitalismo sino sus relaciones de producción. Parecen pasar por alto el hecho de que son precisamente las relaciones de producción de naturaleza capitalista las que socialmente sostienen al mercado. ¿Acaso podría pensarse que el desplazamiento del principio de planificación, la generalización de las relaciones mercantiles y la afirmación de la ley del valor como regulador automático de la vida económica no habrían de fortalecer a las fuerzas sociales internas que empujan en dirección del capitalismo? En uno de sus escritos anteriores, Pedro Campos[5] sostuvo que el error original de la concepción stalinista residió en el desconocimiento u ocultamiento de la perspectiva cooperativista integral que Marx tenía del socialismo, y en la idea de que el socialismo se cimenta en la propiedad estatal y en el trabajo asalariado. En cambio, Lenin, antes de morir, habría entendido que la generalización del sistema cooperativo era la vía para pasar del capitalismo de Estado al socialismo. Desafortunadamente, la importancia de esta idea no fue comprendida por Stalin y sus seguidores. Campos se refiere a un documento escrito en enero de 1923 bajo el título Sobre la Cooperación, donde el jefe de la Revolución de Octubre efectivamente señaló que “siendo la clase trabajadora dueña del poder del Estado y perteneciendo a este poder estatal todos los medios de producción, en realidad sólo nos queda la tarea de organizar a la población en cooperativas”. Lenin explicaba que a través de la NEP (Nueva Política Económica) se conjugaban los intereses comerciales privados y los métodos de control por parte del Estado. Y decía que la nacionalización de los medios de producción y el Estado obrero, más la alianza de los obreros y los campesinos, especialmente los campesinos pobres, bajo la dirección del proletariado, “es todo lo que se necesita para edificar la sociedad socialista completa partiendo de la cooperación”. A su juicio este tipo de relación era el camino “más sencillo, fácil y accesible para que el campesinado avanzara hacia el socialismo”. Recordaba que en el régimen burgués la cooperativa es una empresa capitalista de carácter colectivo. Pero explicaba que en el marco del Estado Soviético la cooperación habría de adquirir un nuevo sentido: las cooperativas no se diferenciarían de las empresas socialistas, eso siempre y cuando la tierra que trabajaran y los medios de producción que empleasen pertenecieran al Estado. Lenin escribía estas líneas teniendo en cuenta que estaba en presencia de una nación campesina, que no había sido rozada siquiera por las revoluciones burguesas que estallaron en el oeste de Europa entre los siglos XVII y XIX y cuya población, en su mayor parte, había vivido hasta hacía muy poco bajo relaciones sociales de carácter precapitalista. La NEP fue impuesta por los dirigentes bolcheviques en la primavera de 1921, tras la situación de crisis extrema y de penurias extraordinarias en que derivó el “comunismo de guerra”, y ante la imposibilidad de mantener el régimen de requisas obligatorias en el campo. Significó la libertad de comercio, por lo menos a escala local, después que los campesinos hubieran pagado el impuesto en especie. Mediante ese impuesto el Estado tomaba lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades de los obreros y del ejército, y el resto lo cambiaba por productos industriales. Lenin consideraba que bajo las condiciones del poder soviético, la cooperación de los pequeños productores de mercancías era otra de las variantes del capitalismo de Estado, aunque menos simple y más confusa. Definía el capitalismo de Estado como un régimen que se apoyaba en el monopolio de los cereales y el control sobre los patrones, los comerciantes y los cooperadores burgueses. En ese sistema de relaciones, aunque sin mayor desarrollo hasta el momento (abril de 1921) se incluían los contratos con empresarios capitalistas encargados de comercializar la producción del Estado y acopiar las mercancías del pequeño productor, y el arriendo de compañías industriales, explotaciones, bosques o campos. Bajo la NEP, ante la necesidad de restablecer el intercambio con el campo, una parte de la pequeña industria fue arrendada, mientras que en el comercio se organizaron sociedades mixtas con el capital extranjero. Por entonces Lenin escribió: “Puesto que aún no tenemos fuerzas para realizar el paso directo de la pequeña producción al socialismo, por tanto, el capitalismo es, en cierta medida, inevitable”.[6] Sin embargo en ninguno de sus escritos sobre el capitalismo de Estado o sobre el papel de la cooperación en el tránsito al socialismo Lenin resignaba el papel dirigente de la economía estatal a favor del mercado, ni proponía sustituir el principio de planificación por leyes económicas “que existen al margen de los deseos humanos”, una suerte de regulador automático, tal como buscaban la autogestión yugoslava y las reformas soviéticas de los años 60. A mediados de la década de los años 30 León Trotsky observó, al analizar el período de la NEP, que la industria soviética, aún socializada, habría de necesitar durante un extenso período valerse de los métodos del cálculo económico, característicos del capitalismo, del mismo modo que el plan tendría que recurrir al juego de la oferta y la demanda, como base material y correctivo necesario. Trotsky señaló que en la primera fase de la sociedad postcapitalista el Estado asumía un doble carácter: socialista en la medida que resguardaba la propiedad colectiva de los medios de producción y burgués en cuanto a la distribución de los bienes; distribución desigual ante la imposibilidad de otorgar “a cada cual según su necesidad”. En la Rusia soviética esa imposibilidad inicial de asegurar una igualdad real elevó a la joven burocracia estatal de representación del proletariado (“órgano burgués de la clase obrera”), a la categoría de árbitro entre los trabajadores y la pequeña burguesía y, en consecuencia, facilitó su consolidación como capa independiente. Por entonces Trotsky advirtió sobre el peligro de que las contradicciones acumuladas en la sociedad crearan las condiciones de una restauración capitalista, y frente a tal derivación interpuso la alternativa de una revolución política que arrojara a la burocracia del poder, restableciera la democracia en los sóviets y los sindicatos, así como la libertad de los partidos soviéticos, restringiera la desigualdad en la retribución del trabajo y en la distribución de la renta nacional, en otras iniciativas democratizantes del Estado y la vida social en general. En un párrafo ciertamente significativo señaló que el partido que se hiciera cargo de esas tareas “no tendría que recurrir a medidas revolucionarias en materia de propiedad. Continuaría e impulsaría a fondo la experiencia de la economía planificada. Después de la revolución política, después de derribar a la burocracia, el proletariado debería realizar importantísimas reformas en la economía, pero no tendría que hacer una nueva revolución social”. En Cuba el documento de ex funcionarios y afiliados al Partido Comunista subraya la necesidad de un nuevo enfoque de construcción socialista que entierre el viejo modelo soviético y con él las prácticas burocráticas, democratizando la gestión en las empresas, en el Estado y en el conjunto de la sociedad. No hay duda que esta demanda figura en todo programa de democratización y profundización del socialismo. Sin embargo, las experiencias de las revoluciones del siglo XX enseñan que la liquidación de la economía planificada, y la aplicación de las leyes de mercado no sólo no abren el camino a la profundización socialista, sino que ni siquiera constituyen necesariamente un factor desburocratizante. En China, por ejemplo, el proceso de restauración capitalista ha probado que la existencia de un Estado altamente concentrado y burocratizado, además de no estar en contradicción con tales leyes, ha constituido una presencia decididamente favorable para el desenvolvimiento de la nueva burguesía surgida de las filas de la nomenklatura del partido-Estado gobernante. En todo caso el problema se centra en el siguiente punto: mientras dure el período de transición el principio de planificación será el vector dirigente de la economía. ¿Puede decirse que Cuba ha dejado atrás ese período? Aquí la discusión vuelve, en cierto sentido, a la polémica protagonizada en los años 60 entre los defensores de la planificación según el sistema presupuestario de financiamiento, y los partidarios del cálculo económico, y se focaliza en un punto débil del planteo de los primeros: el grado de decisión reconocido a los productores directos sobre las condiciones de la producción y el producto de sus trabajos, no sólo en la empresa sino en el conjunto de la economía, así como su gravitación política en la gestión de los asuntos públicos en todos los niveles de la sociedad. ¿Cuál es el desarrollo y cuánta la autonomía alcanzada por los organismos de masas?¿Cuánta es la vigencia de la democracia socialista? Todas preguntas que en en última instancia definen la naturaleza del poder. Si bien es cierto que la propiedad privada de los medios de producción para transformarse en propiedad social debe primero hacerse estatal, no es menos cierto que, tal como observó Trotsky, “la civilización socialista no se desarrollará sino con el decrecimiento del Estado”. En esta línea, las páginas que escribió Marx sobre la experiencia de la Comuna de París cobran nuevamente actualidad y señalan el punto neurálgico, irresuelto, de los procesos revolucionarios que en el siglo pasado arremetieron contra las formas de desigualdad, opresión y explotación de la vieja sociedad de clases organizada en torno a los intereses del capital. http://www.izquierdanacional.org/index.php/118/

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