A la crisis no se la enfrenta con un “Plan B” sino con una política antiimperialista

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La suspensión del pago de la deuda externa y su investigación, de acuerdo a lo reclamado por la justicia, o la nacionalización del comercio exterior y del sistema bancario para reorientar el crédito y bloquear la fuga de capitales, constituyen la primera línea de fortificación contra los embates de la crisis. La crisis económica mundial, la más grave de que se tenga memoria desde 1929, dejó al desnudo la verdadera naturaleza del capitalismo: una siniestra combinación de parasitismo empresario y aventurerismo financiero, asociada a las formas más brutales de militarismo imperial. Rasgos salientes de un capitalismo decadente, cuyos apologistas aseguraban que estaba a punto de alcanzar su consolidación definitiva, consumando la finalización de la historia. La presente crisis no es sólo un formidable crack financiero. Por debajo de la bancarrota de bancos, fondos de inversión, compañías aseguradoras y corporaciones inmobiliarias se acumula una crisis que apunta a los fundamentos mismos del régimen del capital. Por ahora lo que está a la vista es el estallido de la monstruosa hipertrofia financiera que ha signado al capitalismo en las últimas tres décadas. Una parte sustancial del proceso de acumulación de capital ha quedado en la órbita de una compleja trama de negocios especulativos, sobre la que los gobiernos han perdido todo control. Una idea del tipo de intereses que están en juego la da la siguiente estimación realizada por The Economist: mientras en 2007 el 40% de la ganancia de las empresas norteamericanas tuvo origen en el mercado financiero, treinta años atrás, antes de la desregulación del sector, ese porcentaje era sólo del 10%. Cada año una masa creciente de capital que no encuentra lugar en el proceso de producción alimenta una economía especulativa y rentística, fundamentalmente parasitaria. Su expansión exponencial cabalga sobre la contradicción central del régimen del capital: la contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada del producto; la contradicción entre lo que la fuerza de trabajo está en condiciones de producir y lo que puede llegar a consumir, de acuerdo a las condiciones de explotación a que está sometida. Es la crisis de un régimen anárquico de producción, que a medida que se amplía hacia la periferia de países atrasados y dependientes en busca de nuevas áreas de explotación, concentra y centraliza el capital en medio de una competencia despiadada, aumenta la capacidad productiva y termina acentuando las desproporciones básicas de todo el sistema. Es la crisis de la revolución conservadora que se abrió paso desde fines de los 70’, incrementando los niveles de expoliación laboral para reestablecer la tasa de ganancia —en declinación— hacia finales del reinado de la economía keynesiana; y es la crisis de los valores neoliberales que alcanzaron el status de verdades de sentido común en los 80 y los 90. Dos billones setecientos mil dólares es lo que se han comprometido a poner los países europeos, para salvar de la ruina al sistema de la especulación financiera. A esto hay que sumar (hasta ahora) setecientos mil millones, a ser aplicados por el gobierno norteamericano. Esta abultada cuenta la van a pagar los trabajadores y las capas bajas de clase media, amenazadas por la desocupación, despojadas del crédito, aplastadas por deudas que no pueden pagar y empobrecidas por el derrumbe de los fondos privados de pensión y el hundimiento bursátil. Pero no sólo eso. En las metrópolis, los voceros del parasitismo financiero han puesto la mirada sobre las reservas de los países “emergentes”, a cuyas administraciones les recuerdan que la obligación de concurrir al salvataje del sistema es una obligación de todos sus socios. Mientras los gobiernos capitalistas —que estimularon el despilfarro— se aprestan a comprar paquetes de corporaciones financieras en bancarrota, limpiar carteras de títulos “tóxicos”, levantar los restos del festín y socializar las pérdidas, las sombras de una prolongada recesión se han instalado en el horizonte global, anticipando mayores sufrimientos para las grandes masas trabajadoras. En Argentina la crisis sorprendió al gobierno kirchnerista a poco de haber anunciado el pago total de la deuda al Club de París, la reestructuración de parte de los vencimientos de 2009 a 2011 y la reapertura del canje de los Títulos en default. Su incapacidad para preveer el desastre en curso resultó notable. La propuesta de pago asomó la cabeza cuando la marejada que arrastraba las ruinas de bancos, aseguradoras e inmobiliarias estaba por alcanzar su pico más alto. Con esas iniciativas el gobierno de Cristina Fernández esperaba ganarse la voluntad de los “mercados”, y volver a contar con financiamiento internacional. Ese financiamiento ya no existe y la situación se ha vuelto crítica. La deuda pública aumentó alrededor de 24.000 millones de dólares entre 2005 y 2008, y se ubica en casi 150.000 millones —política de desendeudamiento mediante—, registro similar al de 2001, antes de declarar el cese de los pagos. Esto sin computar la deuda caída en poder de bonistas, bancos y fondos buitres. En lo que resta del actual gobierno los vencimientos suman 45.000 millones, y entre 2011 y 2017 otros 55.000 se agregarán a la cuenta. El modelo kirchnerista está pensado para pagar la deuda y responder, en primer término, a los intereses de la gran burguesía exportadora. Pudo afirmarse en condiciones especialmente favorables en el orden del comercio internacional, que se tradujeron en continuados superávits en la balanza comercial y en las cuentas fiscales. Sin embargo, el viento de cola de los últimos años se transformó en una tempestad que avanza de frente. Los signos de la crisis ya están presentes: caída del precio de la soja a 340 dólares la tonelada, desde casi 600 a mitad de año, con el consiguiente desequilibrio del balance presupuestario; fuga de más de 20.000 millones de dólares desde mediados de 2007 y presión devaluatoria sobre el peso; pérdida de 20.000 millones de pesos de los fondos de los afiliados a las AFJP en los últimos doce meses; estancamiento en la industria textil y la metalúrgica, suspensiones en la construcción, las terminales automotrices y las autopartistas… Frente al horizonte que se cierra, el “Plan B” del gobierno se reduce a una política de ajuste, cuyo peso impactará sobre los asalariados, los desocupados y las capas más desprotegidas de la sociedad. Por el contrario, la crisis en pleno curso exige un giro radical, muy lejos de los planes del matrimonio presidencial. Medidas tales como la suspensión del pago de la deuda externa y su investigación, de acuerdo a lo reclamado por la justicia, y la nacionalización del comercio exterior y del sistema bancario para reorientar el crédito y bloquear la fuga de capitales, constituyen la primera línea de fortificación contra los embates de la crisis y el punto de partida de un programa de Frente Nacional orientado en dirección a un realineamiento antiimperialista de las grandes masas obreras y populares. Socialismo Latinoamericano Octubre 2008 http://www.izquierdanacional.org/index.php/126/

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