El gobierno puso fin a nueve años de sociedad política con la multinacional Repsol y modificó abruptamente un cuadro político que le abría preguntas inquietantes luego de la aplastante victoria electoral de octubre pasado. El kirchnerismo había comenzado a perder la iniciativa política tras la tragedia ferroviaria de la estación Once, cuando se hizo materia de conocimiento general la relación de convivencia existente entre los funcionarios de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Planificación con el Grupo Cirigliano, responsable de la destrucción criminal en que ha caído la ex línea del Sarmiento. La perdió definitivamente durante algunas semanas a manos de los medios opositores, al tomar estado público las andanzas del vicepresidente, designado para el cargo por su insignificancia política, pero en definitiva con una humana preocupación por asegurar su futuro patrimonial. El vuelco de la situación que significó la crisis con Repsol desplazó todo esto a un segundo plano.

Lo cierto es que la expropiación del paquete accionario del grupo dominante en YPF se había convertido en una medida obligada, vista la política de descapitalización seguida por el señor Brufau y sus secuaces. La crisis presentaba aspectos inconfundibles. El directorio de Repsol-YPF no sólo no realizaba inversiones, sino que giraba al exterior una masa de dividendos que superaba el volumen de ganancias obtenidas, financiando de este modo la radicación de capital en mercados que consideraban más prometedores a costa de la petrolera local. El resultado de la maniobra fue una marcada caída de la producción y una no menos acusada reducción del horizonte de reservas, el fin del autoabastecimiento y una cuenta de 10.000 millones de dólares en materia de importación de combustibles durante 2011, que amenaza con aumentar aún más durante el corriente año.

El kirchnerismo pretendió elevar el acontecimiento a una dimensión épica. Sin embargo, más allá de la retórica del discurso, a nadie puede escapársele la complicidad de los funcionarios del gobierno, comenzando por el ministro De Vido, respecto a las maniobras seguidas por Repsol. En definitiva, todo lo que los directivos de la multinacional hicieron y deshicieron en YPF contó, hasta último momento, con el asentimiento de los representantes oficiales. El gobierno es, en consecuencia, el principal responsable de la presente crisis energética y de la situación en que ha quedado la que fuera, en otra época, la petrolera estatal.

Estatización fuera de discusión

Sin embargo, la progresividad de la medida adoptada es independiente de las circunstancias que la rodean. Sólo las fracciones más antinacionales de la UCR, del peronismo federal, de la Coalición Cívica y, por supuesto, de todo el macrismo, además del Grupo Clarín y La Nación, se alinearon contra la expropiación, clamando a voz en cuello por la seguridad jurídica vulnerada y, en definitiva, haciendo causa común con Repsol.

La iniciativa del gobierno es parcial, y lo seguirá siendo en tanto se mantenga intacto el régimen jurídico que en los años noventa abrió el camino a la privatización de YPF y a la desregulación del sector, otorgando a los concesionarios todo tipo de privilegios y el dominio sobre el eslabonamiento que va de la exploración, explotación y refinación hasta la comercialización de los hidrocarburos. Hay que tener presente que con la estatización parcial el Estado recupera el control sobre un tercio de la producción del petróleo y poco más de 20% del gas. El resto –el grueso de la explotación– sigue bajo el control de las multinacionales y de algunas corporaciones locales. Esa iniciativa es, asimismo, parcial porque el proyecto de ley no transforma YPF en una empresa estatal, sino que la mantiene en su condición de sociedad anónima, con fuerte presencia de capital privado, vale decir, una sociedad mixta, sometida a una lógica de rentabilidad que está en contradicción con las exigencias de un proceso de acumulación autónomo de capital en escala nacional.

Pero con esta iniciativa, el kirchnerismo puso de su lado a la mayor parte del país y dejó en claro la presencia de un balance de fuerzas que encierra posibilidades más allá del limitado horizonte que se ciñe en torno a la pequeña burguesía progresista. Existe una reserva de fuerzas populares, nacionales y antiimperialistas en condiciones de avanzar sobre los presentes límites que marcan la estatización parcial, y abordar los problemas de una nacionalización progresiva de los distintos eslabones de la producción hidrocaburífera, junto con la reconversión empresaria de YPF a partir de la intervención de los obreros, empleados y técnicos en su gestión.

No está de más repetir que cualquier avance en esa dirección depende, en gran medida, de la decisión política de los trabajadores y las grandes masas explotadas, cuya experiencia de lucha constituye el cauce profundo de un gran realineamiento nacional-antiimperialista. En definitiva, se trata de retomar lo que dejó pendiente el levantamiento de diciembre de 2001: la construcción independiente de una organización y de una política de masas que quiebre definitivamente los fundamentos del capitalismo semicolonial y abra el curso emancipador.

“Lágrimas de hielo. Torturas y violaciones a los derechos humanos en la guerra de Malvinas” es uno de los tantos libros muy malos que se han escrito Natasha Niebieskikweiat sobre el conflicto del Atlántico Sur en 1982. ¿Por qué razón, entonces, el periodista Osvaldo Gallone escribe en “Ñ” del 5 de mayo último el siguiente elogio: “el libro de investigación de Natasha Niebieskikwiat —la autora— es un cúmulo de datos probatorios y testimonios de primera mano en torno a las torturas y violaciones a los derechos humanos en el curso de la Guerra de Malvinas (que lo convierten en) un libro tan devastador como necesario”?

La respuesta es sencilla: Niebieskikwait es compañera de militancia de Gallone en las filas de ese poderoso aparato ideológico al servicio de la colonización pedagógica que es el multimedios Clarín. El elogio de Gallone, por lo tanto, debe ser leído con las mismas prevenciones con las que uno lee el elogio a un niño formulado por su madre o por la abuelita. O dicho de otro modo: entre bueyes no hay cornadas.

La pobreza intelectual de la investigación periodistica

No es en absoluto casual que el género conocido como investigación periodística haya eclipsado en las últimas tres décadas a otros géneros de divulgación como el ensayo de ideas o las producciones historiográficas. Salvo pocas excepciones (como “El Almirante Cero”, de Claudio Uriarte, el fallecido trotskista convertido postreramente al neoliberalismo), las “investigaciones periodísticas” se caracterizan por la incapacidad de sus autores para inscribir los episodios que refieren en un marco analítico que los dote de unidad de sentido. Y esto es así porque la contrarrevolución triunfante en 1976-1982 se encargó no sólo de hacer desaparecer a los sujetos individuales y colectivos que encarnaban la alternativa material al capitalismo trasnacionalizado, sino que hizo desaparecer, simultáneamente, al menos del horizonte inmediato, toda perspectiva ideológica capaz de disputar la hegemonía discursiva a ese chirle demoliberalismo derechohumanista que ha venido anestesiando y envenenando la conciencia colectiva, sin solución de continuidad, desde el año 1983 hasta hoy.

Natasha Niebieskikwait es entonces, al igual que su apologista Gallone, una hija dilecta de ese derechohumanismo que elude el examen de los fenómenos histórico-sociales reduciéndolos a los dramas individuales que experimentan sus protagonistas. De este modo, allí donde hay revoluciones y contrarrevoluciones, luchas de clases y guerras civiles, de opresión o de liberación nacional, etc., los derechohumanistas no ven más que “genocidios” en los que malvados “asesinos”, sin más razón que un aparente desequilibrio psíquico, acaban con la vida de “gente inocente”. El hecho social, que según Emilio Durkheim debe constituir el objeto de estudio de la sociología, es entonces ignorado en las múltiples determinaciones que lo configuran, como decía Marx, para aparecer como una suerte de charca informe cuya comprensión es posible con sólo mirarla desde el lugar del “sentido común”.

Así, Gallone asegura que “de ‘Lágrimas de hielo’ se puede inferir, sin forzar demasiado el argumento, que la Guerra de Malvinas fue la continuación de la dictadura por distintos medios”. Y como muchos otros Niebieskikwait nos vienen ametrallando con que “se puede inferir, sin forzar demasiado el argumento, que la dictadura fue la continuación del nazismo por distintos medios”, entonces el relato se construye solito; efectivamente, “sin forzar demasiado el argumento”. El “Mal Absoluto”, para decirlo con la terminología del fallecido abogado videlista-alfonsinista Carlos Nino, se corporiza en una línea de continuidad que va desde Hitler a Malvinas y pasa por Videla y los golpes militares, y por Perón, el “populismo” y la Triple A. Así, “sin forzar el argumento”, con la claridad y la espontaneidad que brinda la atmósfera ideológica post-contrarrevolucionaria en la que estamos inmersos, no hace falta más que referir hechos, registrar datos, contar anécdotas y… ¡nada más! Lo demás, que es lo principal, es decir, la incorporación de todas esos ingredientes discursivos en una trama significativa, es algo que va más allá de las “investigaciones periodísticas”. Ceferino Reato lo expresa con claridad en la introducción de su libro-reportaje a Videla: “en un libro de periodismo histórico el desafío es hablar con los protagonistas de esos hechos que ya ocurrieron. No importa qué pensemos de ellos y si nos caen simpáticos o no. Lo relevante es la información y para llegar a ella es necesario entrevistar a quienes la tienen”.

Ya se sabe: cuando a uno le hablan de moral, lo que conviene es resguardarse los bolsillos. Análogamente, cuando los “investigadores periodísticos” nos hablan de “información objetiva”, pongamos a resguardo nuestra inteligencia.

¿A quién le sirve el cuento de los estaqueos?

Un “libro demoledor”, con “datos probatorios” y “testimonios de primera mano” sobre la “violación de derechos humanos en Malvinas”. Así exalta Gallone el libro de su compañera de militancia. Veamos ahora si las cosas son como los militantes-rentados de Clarín nos las cuentan.

Según Gallone, son “numerosos” los “testimonios de soldados con nombre y apellido (que) documentan que fueron estaqueados de pies y manos, a modo de castigo, por espacio de dieciseis horas, vestidos sumariamente o, a veces, desnudos, soportando las temperaturas del invierno malvinense”. Y agrega que “luego del castigo, aquel que sobrevivía, podía escuchar la advertencia de algún suboficial, el subteniente Mario Benjamín Menéndez, por ejemplo, homónimo del gobernador militar de las islas, diciendo ‘esto es la guerra soldado, más vale que guarde silencio, porque si no lo vamos a mandar a una junta militar y lo vamos a fusilar’“.

Se trata de un párrafo sin desperdicio. “Deconstruyámoslo”, como aconsejan los académicos “posmodernos”.

En primer lugar, ¿qué tan numerosos son los testimonios de soldados estaqueados? La respuesta es: muy poco numerosos. Apenas unas decenas de testimonios sobre la base de un total de unos diez mil soldados movilizados a la Islas Malvinas. Es decir, aun si le diéramos crédito a los supuestos testimonios de soldados estaqueados, habría que concluir que se trató, desde el punto de vista cuantitativo, de casos excepcionales, a todas luces insuficientes para inferir a partir de ellos que fueron violados los “derechos humanos” de (todos o la mayoría de) los soldados combatientes. Pero sigamos.

Casi de pasada, Gallone señala que los estaqueos fueron una modalidad de castigo por faltas cometidas. No dice nada más al respecto, aunque en el libro de Niebieskikwait el tema se aborda con más detenimiento. La verdad es que los soldados tenían prohibido robarles a los kelpers ovejas para carnearlas. No obstante, algunos soldados lo hacían. Cuando eran descubiertos, naturalmente, se los castigaba. ¿Qué pretenden los derechohumanistas? ¿Qué en medio de una guerra los problemas de disciplina sean abordados por un psicopedagogo en una reunión de padres? En todas las guerras habidas y por haber el rigor disciplinario es extremo. Si así no fuera, ningún ejército sobreviviría al desorden y a la disolución que los amenazan desde la noche a la mañana. ¡Es la guerra, Gallone! ¡No es una excursión de boys scouts!

Ahora bien, ¿constituía el estaqueo una práctica tan monstruosa como se la pinta? Dieciseis horas de castigo no parece demasiado. Pero estar dieciseis horas desnudo en pleno invierno malvinense parece suficiente para acabar con la vida del más robusto de los soldados. Es lo que sugiere no sólo el sentido común, sino también el relato de Gallone, cuando menciona a “aquellos que sobrevivían” tras el castigo. ¿Y quiénes sobrevivieron? ¡Todos! No hubo ningún soldado que muriera a consecuencia del estaqueo. ¿No es algo verdaderamente extraño? ¿No es tan extraño que nos hace dudar tanto de los “testimonios de primera mano” como de quienes han registrado esos testimonios?

Queriendo darle verosimilitud al cuento derechohumanista de los estaqueos, Gallone reproduce el testimonio de un ex soldado llamado Mihalfi. Escuchémoslo: “El soldado Mehalfi rememora la tortura a que lo sometió el subteniente Flores: ‘Me estaquearon de las dos muñecas y de los dos tobillos (...). Flores agarró su granada y me la puso en la boca sin la espoleta para que yo no pudiera escupirla. Yo me estaba ahogando con la granada, y mandó a soldados a tirarme agua helada del lago (...). Y cada cinco minutos venía un soldado y me tiraba agua del lago hasta que en un momento perdí el conocimiento’’.

¿Puede alguien dar crédito a semejante relato? Louis Althusser aconsejaba hacer una “lectura sintomal” de los textos, para descubrir en ellos los engaños que contienen. Sigamos el consejo de Althusser y examinemos críticamente el relato, en vez de dejarnos impresionar por él. Resulta que un soldado desfalleciente es atado de pies y manos bajo el rigor de temperaturas bajo cero. Por si esto fuera poco, le echan cada cinco minutos agua helada de un lago. Increíblemente, el oficial colocó una granada sin espoleta, que estallaría ni bien el soldado dejara de morderla, volando no sólo al soldado castigado, sino probablemente a toda la compañía, incluyendo al propio oficial. Y el soldado finalmente se desmaya, pero… ¡he aquí que no se sabe por qué razón la granada no estalló volando al castigado y a los castigadores por los aires! Más adelante veremos por qué razón hay que desconfiar de la memoria de los testigos y protagonistas de un suceso, aun cuando sean sinceros, lo que no parece ser el caso del ex soldado Mehalfi (entre paréntesis: ¿por qué Niebbieskikwiat no ha obtenido testimonios de los soldados que protagonizaron este episodio y que abonen el testimonio de Mehalfi?). Por ahora sólo consignemos un hecho: el “suboficial homónimo” (sic) del gobernador Menéndez era en realidad el oficial Menéndez (h). Tanto ha insistido el discurso desmalvinizador en que los oficiales habrían mandado al frente a los soldados conscriptos mientras ellos se resguardaban en la retaguardia, que la presencia del hijo del Gobernador en el frente de combate merecería una reflexión de parte de los “periodistas investigadores”.  Pero será inútil buscarla. Los empleados de Clarín no hacen “lectura sintomal”. Su perspicacia investigativa tiene los límites establecidos por el aparato ideológico al que se reportan.

Las mentiras de la memoria

La psicología cognitiva ha establecido experimentalmente la existencia de un fenómeno en el que deberían reparar los derechohumanistas y todos los cultores de la “política de la memoria”: los seres humanos tenemos una tendencia a acomodar nuestros recuerdos del pasado a las creencias actuales sobre esos episodios del pasado. Esto significa que si los medios de comunicación nos bombardean diariamente haciéndonos creer, por ejemplo, que hubo un genocidio en Argentina en 1976, nosotros acomodaremos nuestros recuerdos de diferentes episodios de aquella época a la idea de que hubo un genocidio. Así, si un día de 1976 vimos a un policía reprimiendo un delincuente, por ejemplo, ese recuerdo será convertido en un dato confirmatorio del presunto genocidio. En cambio, si vimos a un policía ayudando a una anciana a cruzar la calle, ese episodio no será registrado por nuestra memoria.

Es perturbador reconocerlo. Pero así como vemos lo que esperamos ver, recordamos lo que esperamos recordar. O lo que se espera de nosotros que recordemos. O lo que los aparatos ideológicos controlados por las clases dominantes esperan de nosotros que recordemos. Y más perturbador todavía: la memoria nos trampea no sólo impidiéndonos recordar mucho de lo que realmente ocurrió, sino… ¡haciéndonos recordar lo que jamás ocurrió! Esto se debe a que la memoria no almacena todo lo que ha ocurrido, sino que toma lo que hemos vivido y lo asocia con lo que sabemos. El recuerdo, entonces, está impregnado de “interpretación”. Todo esto indica que debe ser tomado con pinzas el apoyo empírico que proporciona a una determinada tesis (que en Malvinas se violaron los derechos humanos, por ejemplo) la memoria de los testigos o protagonistas.

¿Inferencia o apriorismo?

Gallone pretende que creamos que los “datos probatorios” que Niebieskikwiat ofrece en su libro demostrarían que la Fuerzas Armadas argentinas (no las inglesas, para las que la autora de “Lágrimas de hielo” no tiene más que muestras de agradecimientos por el “buen trato” dispensado a nuestros soldados) violaron los derechos humanos. Pero nada de esto queda demostrado, a no ser que consideremos que, por definición, una guerra viola, por ejemplo, el derecho a la vida y a la libertad de quienes participan en ella. claro que si este fuera el caso, habría que condenar post mortem al propio general San Martín.

Los estaqueos, en tanto formas de un castigo necesario para quienes infligieran reglas disciplinarias, no prueban nada (ni siquiera que hayan sido de aplicación sistemática). Tampoco las dificultades para proveer de alimentos a las tropas, que fueron consecuencia directa de la superioridad político-militar del enemigo imperialista sobre Argentina semicolonial. Por lo demás, no se comprendería por qué razón los militares argentinos habrían querido “violar los derechos humanos de sus propios soldados”. La analogía con la supuesta “violación de derechos humanos” en la llamada “guerra antisubversiva” no cabe en este caso: la dictadura necesitaba exterminar política y físicamente a los militantes revolucionarios setentistas para aplicar el programa del imperialismo, pero no tenía razones para torturar y exterminar a sus propios soldados.

¿Es correcto, en cambio, “inferir” de los “datos” del libro que “la Guerra de Malvinas fue la constinuación de la dictadura por distintos medios”, como dicen Gallone y Niebieskikwiat? La respuesta a esta pregunta es contundente: en modo alguno. El cerebro “inductivista” de los militantes de Clarín les conduce a creer que una tesis determinada (la continuidad o “identidad significativa” entre dictadura y Malvinas, en este caso) es la conclusión lógica de una suma de hechos entendidos como “datos probatorios”. ¿No están allí, dispuestos para que los tomemos, los registros de la memoria de los ex combatientes? ¿No son esos registros hechos perceptibles? ¿Y los hechos perceptibles no son acaso “datos probatorios”? Pero todas estas creencias son equivocadas. La transformación de un hecho empírico en un dato probatorio de una tesis es una operación intelectual en la que intervienen presupuestos conceptuales. Aunque no lo sepan, tanto Niebieskikwiat, como Gallone y como los testimoniantes de “Lágrimas de hielo”, seleccionan aquello que convierten en “dato”, al tiempo que omiten considerar otros hechos que bien podrían ser considerados, si sus presupuestos conceptuales fueran otros.

Niebieskikwiat: siguiendo a Sarlo, Rozitchner y Lorenz, apoya al imperialismo británico

De su entusiasta comentario de “Lágrimas de hielo” en “Ñ”, pareciera desprenderse que Osvaldo Gallone ignora que el significado de un texto (del libro de Niebieskikwiat, por ejemplo) deriva de la conjunción entre su contenido y el “lugar” (conceptual, político, ideológico) de la enunciación. Atendamos, entonces, ciertos “hechos discursivos” presentes en el libro que para Gallone no parecen tener el estatuto de “datos”. Así, por ejemplo, para magnificar la presunta “violación de derechos humanos” que habría tenido lugar en Malvinas, Niebieskikwait escribe lo siguiente: “Como está comprobado, y pese a que los británicos casi empataron la cantidad de bajas que los argentinos tuvieron en los combates en tierra -sin contar los muertos por el hundimiento del Belgrano-  la mortalidad en la guerra de Malvinas fue más alta (151/1000) que la de la Segunda guerra (52/1000), que la de la guerra de Corea (43/1000), y la de Vietnam (18/1000) si se tienen en cuenta sus escasos días de duración”.

¿De dónde sacó la militante de Clarín esas cifras? Si hubo diez mil argentinos combatiendo en Malvinas, la cantidad de 600 muertos totales significa poco más de 50/1000, y poco más de 30/1000 sin contar los muertos del Belgrano. Por otra parte, si en Malvinas la base porcentual puede computarse a partir de la cantidad de tropas movilizadas, ¿sobre qué base se computan los muertos en Vietnam, en Corea o en la guerra interimperialista? Niebieskikwiat necesita inflar los números por la misma razón que los mercaderes del derechohumanismo necesitan inflar los números de la represión “procesista”: para darle cierto sustento empírico a la absurda y reaccionaria tesis del “genocidio”. Porque, ¿qué genocidio puede existir si en un país con casi 30 millones de habitantes, son exterminado 7 mil o 10 mil? Análogamente, ¿qué violación masiva de derechos humanos puede invocarse si una guerra que movilizó diez mil combatientes apagó la vida de sólo 300, sin contar el “crimen de lesa humanidad” de los caballeros británicos que tanto admira la “periodista de investigación”?

La “exageración numérica” está, en ambos casos, al servicio de lavar las culpas del imperialismo, tanto por la contrarrevolución sangrienta llevada adelante por sus títeres dictatoriales en 1976, como por la guerra colonial que libraron contra esos mismos dictadores en el instante en que, por obra de las determinaciones estructurales que son más fuertes que la voluntad de los individuos, ellos dejaron de ser sus títeres.

¿Acaso esta conclusión es descabellada? En la página 19 del libro, Niebieskikwait escribe el párrafo más alumbrador de todo su miserable trabajo: “A mi juicio, lo correcto es respetar el nombre de la capital, Puerto Stanley, que preexiste al bautismo de Galtieri tras el desembarco: Puerto Argentino”.

Para la autora de este pésimo libro, entonces, Puerto Argentino es Port Stanley, las Malvinas son las Falklands, y la Gran Gesta de Malvinas no fue más que una “aventura irresponsable” en la que los enemigos de la Patria eran nuestros propios soldados, oficiales y suboficiales, y no los mercenarios británicos. Natasha Niebieskikwiat pertenece a la nueva generación de “progresistas” pequeñoburgueses que no aspiran a emancipar la Argentina del imperialismo, sino a hacer carrera periodística o académica congraciándose con los amos. Una generación de pequeñoburgueses cipayos, derechohumanistas y desmalvinizadores. Por esa razón reivindican a “Rozitchner, un precursor de teorias sobre Malvinas que luego siguieron otros autores, como la ensayista Beatriz Sarlo o el historiador Federico Lorenz”.

Dime a quiénes reivindicas y te diré quién eres.

Socialismo Latinoamericano apoya la intervención y expropiación de YPF-Repsol. Constituyen un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente. La declaración de interés público nacional debe conducir a la expropiación total del sector, del 100 % de YPF y del resto de la industria petrolera que opera en territorio nacional.

Para el ejercicio pleno de la soberanía deberá modificarse el régimen jurídico vigente, que desde la nefasta década menemista hasta nuestros días, perpetúa la ausencia de planificación, control y regulación estatal en el sector.

La gran mayoría del pueblo argentino apoya que YPF vuelva a ser argentina. Tiene el mismo valor de ícono de la soberanía que Malvinas. Ante esta realidad el arco opositor sorprendido, no puede menos que acompañar a regañadientes, poniendo peros y lamentos admonitorios de terribles consecuencias para el país ante tamaño atrevimiento: la violación de la sagrada dama de la propiedad privada.

Una de las objeciones más fuertes y reales que se hacen contra esta iniciativa es la de que el grave problema del incremento de las importaciones energéticas y la caída de la producción no será resuelta sino con grandes inversiones que el estado no está en condiciones de realizar en estos momentos. O sea la renta expropiada de YPF no será suficiente para ello y se especula con la inversión de empresas extranjeras, cosa que el régimen jurídico de propiedad actual de la empresa permite.

Ante esta realidad el gobierno se enfrenta a la siguiente opción: o recurre a las inversiones de empresas extranjeras, posiblemente chinas, rusas u otras, lo cual sería cambiar de collar pero seguir siendo perro, como decía Jauretche, o recurre a los fondos provenientes del no pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta demostrada como tal en sede judicial.

El gobierno deberá tomar medidas como las de denunciar los lesivos Tratados Bilaterales, que dan seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, para lo cual está técnica y legalmente en condiciones de hacer y ganar seguridad jurídica para los ciudadanos argentinos. Deberá también la tomar decisión soberana de renunciar al CIADI, como hicieron Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En julio de 2011 la Biblioteca Nacional que dirige el abstruso pensador kirchnerista Horacio González publicó el libro Acerca de la derrota y de los vencidos, que reúne textos dispersos del fallecido escritor León Rozitchner.

Sabido es quién fue Rozitchner. Fue un antiperonista asumido. Siempre le interesaron más Walter Benjamin o Levinas que Jauretche y Scalabrini. A partir de 1982 fue, también, un antimalvinista militante. El Centro Editor de América Latina le publicó en la década del ochenta un librito en el que sostenía que la recuperación de Malvinas fue una “locura” y que hubiera correspondido oponerse a ella desde su comienzo mismo. Es decir, sostenía una tesis favorable a los intereses imperialistas. El libro era una crítica feroz a las organizaciones políticas de izquierda que dieron apoyo a la guerra librada por Argentina contra los británicos. Todavía hoy ciertos ultraizquierdistas universitarios como el grupo “Razón y Revolución” reivindican y hacen propias las vergonzosas posturas de Rozitchner respecto de Malvinas.

No es mi propósito ahora volver sobre el pensamiento antinacional de Rozitchner. Lo que me ha llamado poderosamente la atención es que sea la Biblioteca Nacional —o sea, el kirchnerismo— la que difunda este pensamiento. Y que no lo hace sólo por consideraciones “académicas”, sino que lo hace por filiación político-ideológica, lo demuestra el prólogo a los textos de Rozitchner que escriben María Pía López y Diego Sztulwark. María Pía López es una de las representantes más reconocidas de “Carta Abierta”, el “espacio” que reúne a profesores y escritores oficialistas y hasta ultra-oficialistas.

Dicen los prologuistas kirchneristas de Rozitchner: “En 1982, ante la ocupación de las gélidas islas, no pocos se templaron patrióticamente. Intelectuales importantes y formados hicieron un documento de apoyo a la aventura militar con retazos de lenguas políticas ya en extinción (…). Ante un entusiasmo colectivo, ante la ceguera que disponen las épocas y que los sujetos reciben, muchas veces, como generosa dádiva porque les permite transitar la oscuridad sin terminar de comprenderla, Rozitchner arroja escritos de impiadosa iluminación”.

He subrayado las “palabras clave” del texto. Las “gélidas islas” (una imagen que intenta tornarlas irrelevantes para los intereses argentinos) habrían sido “ocupadas” y no recuperadas por los argentinos. Esto es exactamente lo que dicen los imperialistas: las Malvinas son inglesas, o de los kelpers, y al “invadirlas” en 1982 los argentinos las habríamos “ocupado” ilegítimamente. Según los prologuistas kirchneristas, el mérito de Rozitchner habría sido “iluminarnos” a nosotros, pobres tontos que vivimos sumergidos en la “oscuridad”, mostrándonos que la reconquista del territorio irredento fue una “aventura militar” que algunos apoyaron mediante “lenguas políticas ya en extinción”. ¿Cuáles fueron esas “lenguas en extinción”? Está claro: las que hablaban de una “gesta patriótica”, una “lucha antiimperialista”, etc. ¿No es realmente extraño que intelectuales que adhieren a un movimiento que recurre a las luchas setentistas para legitimarse digan que son “lenguas en extinción” las que hablan el idioma del setentismo?

Ya va siendo hora de que los sectores nacional-populares que aún se mantienen dentro del kirchnerismo empiecen a delimitarse de los elementos liberal-progresistas ligados ideológicamente al imperialismo. La batalla político-cultural contra los cipayos de adentro y de afuera del gobierno es la tarea central de la hora.

I. La cuestión Malvinas: necesario contexto. Ocupación y colonialismo

La continuidad de la ilegítima e ilegal ocupación militar británica de las Islas Malvinas y sus espacios terrestres y marítimos circundantes en el Atlántico Sur, constituye uno de los problemas geopolíticos de mayor relevancia en los comienzos del convulsionado siglo XXI, caracterizado por una puja creciente entre actores estatales y empresas transnacionales por el acceso y el control de recursos naturales renovables y no renovables a escala planetaria.

Malvinas no es sólo una causa de irredentismo territorial perpetuada en el reclamo diplomático conducido por la Argentina en los más variados foros internacionales —comenzando por la Asamblea General de la ONU y los organismos regionales heredados de la guerra fría y aquellos de más reciente constitución y vocación integracionista regional, como la UNASUR— sino que, al mismo tiempo, es la consolidación de una presencia marítima y naval británica en el Atlántico Sur que va de la mano de la concreción de una cadena de hechos consumados por parte de Gran Bretaña en el “ejercicio fáctico de su ocupación colonial”, escenario que se ha tornado permanente en las últimas tres décadas, luego de la victoria militar británica sobre la Argentina.

En efecto, los primeros actos ilegítimos perpetrados por Gran Bretaña, estuvieron dirigidos a generar una estructura económica mínimamente viable a partir de las concesiones ilegales en la explotación de la riqueza ictícola de los espacios marítimos adyacentes a las Islas Malvinas, sobre los que el imperio británico declaró una zona económica exclusiva en 1987 protegida militarmente por su reforzada presencia geoestratégica.

En ese contexto, y en el marco de la denominada política de seducción y del paraguas de la soberanía, encarada por el menemismo en los ’90, surgió una nueva dimensión del conflicto, vinculada al comienzo de los estudios prospectivos y exploratorios para la búsqueda de hidrocarburos económicamente explotables en las regiones del sureste y del norte de la plataforma continental de las islas. No debe olvidarse, que en aquellos tiempos de la “Entente cordiale” entre ambos países, trascendieron informaciones sobre la factibilidad de encarar de manera conjunta una política de prospección y exploración en las regiones marítimas circundantes, que terminó dándose de bruces contra la incontrovertible e indisimulable continuidad de las decisiones unilaterales tomadas por Gran Bretaña a partir de su posición de fuerza.

A partir de todo ello, los ocupantes reforzaron el eje argumental que hoy vemos desplegado en el mundo: toda política viable sobre la cuestión Malvinas, debía girar sobre los intereses y deseos de los isleños, a partir de la consolidación del principio de autodeterminación de sus habitantes,^[1] borrando cualquier registro con ecos históricos sobre las reivindicaciones argentinas basadas en el principio de integridad territorial soberana y en la conciencia moral, jurídica e históricamente fundada a partir de la ilegitimidad de un acto de ocupación cercenatorio de los atributos soberanos de la Argentina.

Ante este cuadro de situación harto complejo, ¿qué dimensiones de la problemática están presentes en el escenario de conflicto estructural con perspectivas de agudizarse en el tiempo? A continuación, describiremos estos aspectos e intentaremos comprender la compleja trama que va más allá de las implicancias del conflicto para los países involucrados.

II. Control marítimo en el Atlántico Sur: las razones estratégicas de Gran Bretaña

Uno de los aspectos del conflicto Malvinas que frecuentemente se omite en el abordaje del cuadro de situación, es la renovada presencia marítima y naval británica en la región del Atlántico Sur en los últimos treinta años, que, en principio, es la continuidad histórica del juego geopolítico que Gran Bretaña impuso en la región en los últimos dos siglos de ocupación ilegítima e ilegal del territorio malvinense y de los espacios marítimos circundantes, pero, también, la verificación de nuevas condiciones geoestratégicas en el sistema internacional que posibilitan la consolidación de una política de influencia y control marítimos con aristas geopolíticas, comerciales y militares.

Las razones geopolíticas de la expansión británica se sustentan en el amplio triunfo militar obtenido en la guerra de 1982 por Malvinas y en la paulatina construcción de un anillo de control e influencia marítimos en toda la región del Atlántico Sur que tiene seis enclaves/pivotes insulares de gravitación fundamental en la política marítima y naval británica:

En conjunto, hablamos de un formidable despliegue de control marítimo y naval en el Atlántico Sur, que no tiene antecedentes en cuanto a la vastedad de sus objetivos en los dos siglos de presencia británica en la región. En efecto, este sistema de bases militares desperdigadas en la vastedad del Océano Atlántico, le permite a Gran Bretaña el monitoreo permanente de la costa oriental sudamericana (con proyección desde el Amazonas a la Antártida), como así también de la costa occidental africana y, además, la proximidad geográfica al espacio interoceánico Atlántico-Pacífico, si pensamos en el Estrecho de Magallanes en el extremo sur.^[3]

La consumación de esta política tiene, a su vez, dos ejes vectores que han dotado de gran dinamismo a la política atlantista británica en las recientes décadas, el estratégico-militar, por un lado, y el económico-comercial, por el otro.

En el plano militar, en las últimas dos décadas, Gran Bretaña incrementó sus dispositivos e infraestructuras navales, con la modernización y readecuación tecnológicas de toda su flota naval, al compás del creciente involucramiento en los teatros de guerra abiertos en la región de Medio Oriente, Cáucaso, Océano Índico y África del Norte, de la mano de la elusiva expansión de la “guerra contra el terrorismo” llevada adelante por los Estados Unidos.

Sobre ese fondo, se registra el paulatino avance del despliegue militar en el Atlántico Sur. Esta tendencia, es avalada por dos indicadores en la última década. Por un lado, el reforzamiento permanente de los dispositivos de la defensa militar de las islas sostenidos por presupuesto británico y, por el otro, la presencia renovada de buques de guerra, logística y transporte junto con la realización de ejercicios navales y simulacros de defensa.^[4]

Estas actividades se han incrementado notoriamente en la última década, lo cual señala la creciente relevancia geoestratégica de la región del Atlántico Sur en un contexto internacional en el que Gran Bretaña encara una política de profundización de su presencia e intervención en “zonas calientes” por su importancia en términos de acceso y control a recursos naturales renovables y no renovables.

Todo ello ha quedado plasmado en la nueva Revisión de la Seguridad y Defensa Estratégica británica, presentada en octubre de 2010, que “…muestra el verdadero objetivo estratégico de la base militar establecida en las Islas Malvinas: contar con un centro de apoyo para el despliegue militar británico a escala global.”^[5] Este preocupante escenario de conflictividad “montado” por Gran Bretaña en la región, se agrava aún más con la probable introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur, como parte de este despliegue intimidatorio permanente. Piénsese en la gravedad de la situación, teniendo en cuenta que, desde la vigencia del Tratado de Tlatelolco de la década de los ’60, la región latinoamericana renunció taxativamente al desarrollo de armas de destrucción masiva.^[6]

Por su parte, el desarrollo del eje económico-comercial ha sido fundamental en las últimas dos décadas con el objetivo de consolidar un esquema productivo que le permitiera a los habitantes de las islas retribuir con recursos genuinos el continuado esfuerzo presupuestario británico para el mantenimiento de su esquema de control en la región del Atlántico Sur. Ello fue de la mano de la profundización de una lógica diplomática desplegada por Gran Bretaña desde los ’90 y que tiene dos ejes: el principio de autodeterminación —como estrategia para “sentar” en la mesa de negociaciones a los kelpers como un tercer actor— y la consideración de los intereses y deseos de la población de las islas en lo que respecta a su necesidades y derechos políticos, económicos y sociales.^[7]

Esta estrategia ha sido contemporánea de la denominada “política de seducción” encarada en los ’90 por el gobierno argentino bajo la fórmula del “paraguas de soberanía”, heredada del gobierno radical,^[8] cuyo principal objetivo era normalizar las relaciones políticas y económicas con Gran Bretaña, lo cual incluía la posibilidad de encarar acuerdos conjuntos de explotación pesquera e hidrocarburífera a condición que los británicos no tomaran medidas unilaterales en el desarrollo de cualquier actividad económica. Así quedó plasmado en la Declaración Conjunta de 1995 para el establecimiento de una zona de cooperación para eventuales actividades de explotación hidrocarburífera que, ante la continuidad de los actos unilaterales de Gran Bretaña, se transformó en letra muerta (Ver recuadro).

Justamente, durante la década de los ’90, los británicos comenzaron a obtener avances importantes a partir del desarrollo de un esquema ambicioso de concesiones de licencias pesqueras para la explotación de la riqueza ictícola en las regiones marítimas que unilateralmente habían declarado como zona económica exclusiva en torno a Malvinas. Concretamente, la pesca ha sido la actividad económica excluyente en las últimas dos décadas y los principales ingresos de los kelpers en concepto de crecientes regalías provienen de las concesiones ilegítimamente acordadas en toda la región, uno de cuyos principales beneficiarios ha sido la Unión Europea^[9] y países asiáticos con gran desarrollo de las pesquerías.

En este punto, en el comienzo del siglo XXI, Gran Bretaña acentuó la crisis a partir de la entrada en escena de un viejo nuevo conocido: las potenciales riquezas hidrocarburíferas existentes en el lecho marino de las aguas malvinenses. De esta forma, comenzaron a trabajar en perspectiva en el desarrollo de la planificación de un esquema de explotación económicamente viable de esas potenciales riquezas hidrocarburíferas. A tales efectos, hacia el año 2007 comenzaron los aprestos más decididos para la realización de campañas prospectivas en áreas que habían sido sometidas a estudios exploratorios cuarenta años atrás.^[10]

Ahora, en lo que respecta a los recursos energéticos existentes en la región, planteamos estos interrogantes: ¿hay certezas sobre estos “descubrimientos” de los últimos años? ¿cómo explicar las contradicciones entre campañas fallidas y escenarios nuevamente promisorios?, ¿y qué decir sobre la fiabilidad de las fuentes? Tratemos de ver los aspectos relevantes y permanentes en esta situación, aunque el camino, en verdad, se presenta sinuoso y con muchos obstáculos.

III.Los potenciales recursos hidrocarburíferas en Malvinas: parte de la escena geoestratégica

Como señalamos anteriormente, hacia comienzos del nuevo siglo, Gran bretaña aceleró los pasos tendientes a encarar decididamente un programa de prospección geofísica y exploración hidrocarburífera en las aguas adyacentes a las islas Malvinas.

Tal decisión se encuadra dentro del arco de alternativas posibles a la luz de la consolidación del gran juego geopolítico desplegado por Gran Bretaña en la región del Atlántico Sur y, en tal sentido, la posibilidad de extraer en el mediano plazo recursos de hidrocarburos que puedan convertirse en reservas probadas y, por ello, comercialmente explotables, se ha transformado, en la presente coyuntura histórica, en uno de los instrumentos centrales para la perpetuación de los intereses británicos en la región.

Ahora, a pesar de estas evidencias y tendencias de mediano y largo plazo, nos preguntamos si hay certezas convincentes sobre la magnitud de los recursos existentes en el litoral y plataforma marítima de las islas, de tal manera que los kelpers y los británicos puedan encarar proyectos exitosos de explotación petrolífera.^[11]

Sobre ello, vale decir que en los últimos años, nos hemos cruzado frecuentemente con informaciones y fuentes de diverso origen que han instalado persistentemente la inminencia de los aprestos para la explotación hidrocarburífera en el Atlánticos Sur. En simultáneo, estas informaciones conviven con declaraciones del gobierno británico cruzadas por los históricos reclamos soberanistas de la Argentina que han encontrado, por primera vez en nuestra historia, un eco de rotundo apoyo político-diplomático en la región latinoamericana^[12] en su conjunto. En concreto, más allá de la hojarasca mediática y político-diplomática en torno a tan delicada situación, el gobierno británico y la administración kelper en las islas, desarrollan una hoja de ruta prefijada y que se comprende cabalmente a la luz de la presencia geoestratégica británica desde el norte del Atlántico hasta la Antártida.

Por otra parte, hay dos aspectos que merecen la debida atención si se quiere realizar un análisis fundado sobre la situación realmente existente.

Uno de ellos se refiere a la situación de persistente caída de los volúmenes de extracción y explotación hidrocarburíferas en las cuencas marinas del Mar del Norte, área geográfica de decisiva importancia estratégica para Gran Bretaña en el último medio siglo en términos de acceso seguro y eficiente a los recursos hidrocarburíferos.^[13] Ello configura, en el marco del escenario global descrito, una vulnerabilidad estructural que señala la ineluctable declinación productiva de una de las regiones fundamentales para la provisión de energía abundante y barata para Gran Bretaña.

El otro aspecto, remite a la necesidad de consolidar una industria hidrocarburífera sólida y con perspectivas de generación de divisas en el mediano y largo plazo, a fin de tornar sustentable no sólo la estructura de gobierno y el nivel de vida de los kelpers, sino de garantizar los intereses energéticos británicos en toda la región del Atlántico Sur de cara a la acentuación de la puja por los recursos en las próximas décadas.^[14]

Los actores que están detrás de la ambiciosa empresa de la explotación hidrocarburífera en las Malvinas, han conformado una compleja trama de intereses cruzados, en la que participan operadoras de hidrocarburos especializadas en la costosa exploración off-shore, empresas proveedoras de servicios, insumos y equipamientos para el desarrollo de las actividades, corporaciones financieras y sectores de lobby vinculados a la promoción permanente de los intereses de los kelpers en todo el mundo. El estudio minucioso y certero de esta trama de intereses cruzados, merecería, por cierto, un artículo aparte.

Esta matriz de intereses cruzados y la “militarización británica del Atlántico Sur”, han sido recientemente denunciadas por la Cancillería argentina en las Naciones Unidas,^[15] situación que podría dificultar crecientemente el margen de maniobra de los isleños y el gobierno británico, en pos de normalizar definitivamente el desarrollo de las actividades de explotación hidrocarburíferas en toda la región.^[16] Por ende, este escenario de creciente conflictividad y volatilidad, configura un cuadro de difícil pronóstico para la multiplicidad de intereses en juego.

A partir de todo ello, estimamos relevante comprender que las modalidades y los tiempos de la acción británica en la problemática del Atlántico Sur están fuertemente influidas por una visión geoestratégica de alcance mundial, que ha definido escenarios prioritarios de despliegue político-militar con el objetivo de asegurar una posición de preeminencia de los intereses británicos en el orden mundial. Esta decisión, emanada de una fuerte voluntad de control y proyección imperiales, es estructural y ha llegado para quedarse.

IV. Conclusiones

Finalmente entonces, ¿ en qué situación estamos hoy?.

Por un lado, la vigencia de la ocupación colonial británica en nuestras Islas Malvinas con todas las consecuencias políticas, económicas y estratégicas que ello genera, es hoy el problema central en materia marítima en nuestro país y uno de los aspectos esenciales de la problemática energética en el Atlántico Sur. Basta registrar los intentos persistentes de avance británico en la prospección y exploración offshore de petróleo en las áreas adyacentes a las Islas Malvinas- que se han acentuado durante la última década- y la profundización de las políticas de concesiones pesqueras que el gobierno kelper ha practicado en las últimas dos décadas como principal actividad extractiva proveedora de divisas, para corroborar hasta qué punto está comprometido nuestro reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes. He ahí, entonces, dos intereses vitales que tienen que ver con la construcción de una auténtica política de autonomía en el mundo actual: hidrocarburos y pesca, que hoy no aparecen en la agenda con la centralidad estratégica que merecen.

Por otro lado, el reverso casi simétrico de esta situación de extrema debilidad en la que nos encontramos, es la carencia de una política de presencia efectiva en nuestro mar territorial, lo cual tiene, por lo menos, dos implicancias graves: la falta de control sobre las actividades de la pesquería realizadas sobre nuestros litorales marítimos —con el agravante de la depredación acumulada en los últimos años, que llevó a la destrucción de los caladeros de especies como el calamar ilex y hubsi entre otras— y la ausencia de medios y presupuesto para una presencia disuasiva creíble de nuestras fuerzas de seguridad y militares: la Prefectura Nacional y la Armada Argentina.

Aquí es donde podemos visualizar, claramente, la necesidad de criterios generales de planificación que nos permitan pensar las problemáticas marítima, de transporte y energética como cuestiones inherentes al mismo desarrollo nacional y regional y, además, subsanar la falta de medios financieros y técnicos que puedan dar cuenta de la situación de vulnerabilidad estructural en esos órdenes. Es hora de comenzar a trabajar sin dilaciones, si pretendemos defender nuestros legítimos derechos soberanos en el Atlántico Sur.

El diario La Jornada de México publicó el pasado domingo 8 de abril bajo el título “La recurrente fiebre malvinera y el antiimperialismo” un artículo firmado por Guillermo Almeyra, marxista exilado en el país azteca desde la época del último régimen militar e integrante del colectivo Economistas de Izquierda (EDI). El texto tiene la virtud de exponer en todo su alcance el típico punto de vista del izquierdismo respecto del conflicto entre una semicolonia controlada por una dictadura terrorista y la “democracia” de un país imperialista.

Almeyra señala que en su inmensa mayoría la izquierda argentina “secundó la aventura militar de la dictadura”. Posición que considera “aberrante” y que tenía por base teórica el hecho de que Inglaterra era una nación imperialista y Argentina un país semicolonial. Recuerda que sólo unos pocos en el país y un puñado en el exilio se opusieron a la guerra. En su caso publicó en el diario mexicano Unomásuno un artículo explicando que “el enemigo principal era la dictadura, que las Malvinas eran argentinas pero también lo eran los muertos y desaparecidos, que una eventual victoria de la dictadura reforzaría a Galtieri y los demás asesinos, que la guerra dificultaría el desarme británico en curso (…) y reforzaría al sector más colonialista, empezando por fortalecer a la Thatcher”. En su nota Almeyra adjudica a Alberto Di Franco, Adolfo Gilly y a Sergio Bagú la misma posición.

Sin embargo Almeyra no puede dejar de señalar (erróneamente, en el caso de buena parte de la izquierda europea) que “hasta entonces” la posición de la izquierda mundial había sido apoyar la resistencia o la sublevación contra el colonialismo. Recuerda que incluso Trotsky había formulado la hipótesis que en caso de que Brasil, bajo la dictadura de Getulio Vargas fuera atacado por Inglaterra, había que defender al país semicolonial agredido. Pero para Almeyra la prescripción de Trotsky no puede aplicarse al conflicto que se libró en 1982 el Atlántico Sur por la sencilla razón de que “la guerra de Malvinas fue desatada por la dictadura argentina y no por Inglaterra”.

A esta altura la falta de consistencia del argumento de Almeyra es notoria. Trotsky en el texto de referencia (una entrevista con Mateo Fossa durante 1938) plantea la hipótesis de un conflicto armado entre un país semicolonial, bajo un régimen semifascista y una democracia imperialista, pero no señala cuál de los dos es el país agresor. Sólo se limita a señalar: “supongamos, sin embargo, que mañana Inglaterra entra en conflicto militar con Brasil”. En verdad, a Trotsky no le importaba quién hubiera desatado la confrontación armada sino la naturaleza del conflicto, característico de la época de la dominación imperialista.

Pero además de inconsistente, el argumento que fundamenta la nota resulta por demás incoherente. Almeyra inicia su nota diciendo: “Antes que nada, una premisa. Las Malvinas son argentinas pues fueron arrebatadas por la fuerza, pobladas con colonos extranjeros y mantenidas con la ocupación británica desde los primeros años del siglo XIX, en 1833”. ¿Quién es entonces el agresor, el país que durante casi 180 años ocupa un territorio arrebatado por la fuerza o aquel a quién ese territorio pertenece, y lo recupera? Sin embargo al autor de la nota no parece preocuparle la incongruencia. Su interés en calificar a la Argentina bajo el rótulo de país agresor gobernado por una dictadura proimperialista, reviste una importancia capital ya que en su razonamiento ésta es la condición que convierte la guerra de Malvinas en un caso especial, al que no puede aplicarse las consideraciones de Trotsky. ¿Cuánto hay de marxismo, de socialismo, de antiimperialismo en esta argumentación? Nada, absolutamente nada.

Por lo demás, el hecho de que según Almeryra la reconquista de las islas “se trataba de una maniobra diversionista realizada por un gobierno que colaboraba con la CIA, etc, etc”, ¿cambia en algo el carácter del conflicto? Más allá de los propósitos del régimen militar, cuyos jefes seguían alienados ideológicamente en un universo de ideas y creencias construido de acuerdo al discurso difundido desde las metrópolis dominantes, el carácter de un conflicto como el de Malvinas no se define por lo que los protagonistas piensan de sí mismos y de sus acciones, sino por la naturaleza de la contradicción de fondo sobre la que se desenvuelven los acontecimientos. En un mundo que gira en torno a un antagonismo fundamental entre naciones opresoras y naciones oprimidas, ese carácter sale a la luz aun cuando el país oprimido se presente bajo el aspecto de un régimen reaccionario y el país opresor bajo el falso brillo de una democracia secular.

Almeyra explica que frente a la guerra la posición justa era el derrotismo ya que “lo mejor para los trabajadores argentinos era la derrota de la aventura tan costosa en vidas de jóvenes movilizados, porque acortaría la vida de la dictadura (tal como sucedió) y porque la guerra inoculaba nacionalismo en Argentina y en Inglaterra en vez de desarrollar las ideas internacionalistas, pacifistas, socialistas”. Este razonamiento ignora que la guerra no fue un acontecimiento puramente militar, sino político-militar y que sin una política antiimperialista que movilizara a las grandes masas obreras y populares en el continente y profundizara su alcance nacional-latinoamericano, no había posibilidad alguna de victoria. Los comandantes de la dictadura no tenían interés alguno en seguir ese rumbo y los jefes de los partidos populares, en particular justicialistas y radicales, esperaban al igual que Almeyra y sus amigos, la derrota y la salida electoral. En esos días la única línea socialista revolucionaria, línea que siguió la izquierda nacional, fue la de apoyar al margen de la dictadura, al país semicolonial enfrentado a la democracia imperialista, con el propósito de abrir un cauce de masas que diera expresión nacional-popular y de clase al conflicto antiimperialista que se estaba desenvolviendo.

Es cierto, una confrontación militar con una nación opresora crea en el país oprimido condiciones para el desarrollo de tendencias nacionalistas. Pero hay una diferencia sustancial entre el nacionalismo de contenido antiimperialista que se genera en la periferia del capitalismo y el nacionalismo de rasgos xenófobos que florece en los centros dominantes. La radicalización del nacionalismo de masas en los países semicoloniales, atrasados y dependientes abre el camino a la lucha emancipadora y facilitan el desenvolvimiento de tendencias socialistas. Por el contrario, la radicalización del nacionalismo burgués en las metrópolis acentúa sus aspectos más reaccionarios y lo aproximan políticamente al fascismo.

Pero Almeyra condena por igual a uno y otro nacionalismo y declara su fidelidad a las ideas internacionalistas, pacifistas, socialistas. El suyo es un internacionalismo cosmopolita, superficial, sin arraigo alguno en las corrientes profundas de la sociedad, aquellas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Seguramente, pensando en este tipo de internacionalismo Gramsci escribió en uno de sus Cuadernos del Cárcel lo siguiente: “…la situación internacional debe ser considerada en su aspecto nacional. En realidad la relación ‘nacional’ es el resultado de una combinación ‘original’ única (en un cierto sentido) que debe ser comprendida y concebida en esa originalidad y unicidad si se desea dominarla y dirigirla. Es cierto que el desarrollo se cumple en la dirección del internacionalismo pero el punto de partida es ‘nacional’ y es de aquí que es preciso partir”. Y unos párrafos más adelante señaló: “Si se estudia el esfuerzo realizado desde 1902 hasta 1917 por los mayoritarios (se refiere a los bolcheviques) se ve que su originalidad consiste en depurar el internacionalismo de todo elemento vago y puramente ideológico (en sentido peyorativo) para darle un contenido de política realista”. En estas breves líneas hay más marxismo, muchísimo más, que en toda la nota “internacionalista”, “pacifista” y “socialista” que aquí se critica.

“Razón y Revolución” (RyR) es el nombre de un grupo de estudiantes y docentes de la UBA para quienes el gran problema que tiene el Partido Obrero (en cuya órbita giran) no es el exceso de cipayismo (es decir, incomprensión de la cuestión nacional argentina y latinoamericana) sino un déficit de izquierdismo.

En consecuencia, lo que RyR reprocha al PO no es, por ejemplo, que haya condenado la recuperación de las Malvinas cuando ésta se produjo, en abril de 1982, sino que la haya apoyado en forma oportunista un poco más tarde, al advertir que las grandes mayorías populares la apoyaban. Y la crítica de RyR al PO se extiende a todas las organizaciones de la izquierda argentina que hace 30 años llamaron a enfrentar al imperialismo británico: según RyR hubiera correspondido condenar la “invasión” argentina y trabajar en favor de la victoria de las fuerzas británicas.

Esta postura ultraizquierdista y ultradesmalvinizadora de RyR está expuesta con toda claridad en un libro que acaban de editar: La izquierda y la Guerra de Malvinas. Reúne textos de Adolfo Gilly, Alan Woods y Alberto Bonnet, añadiéndoles una introducción de Fabián Harari. El libro pone de manifiesto que la ofensiva desmalvinizadora desatada por el imperialismo admite socios muy “marxistas” y hasta muy “trotskistas”, como los autores del libro.

El método antimarxista de la ultraizquierda desmalvinizadora

Marx expresaba metafóricamente que el método correcto para abordar los fenómenos sociales debía consistir en “ir de la tierra al cielo, y no del cielo a la tierra”. Es decir: hay que dar primacía a la realidad objetiva (la materialidad de la tierra) por sobre las ideas o los discursos con los que los individuos revisten esa realidad (el cielo de las ideologías). Pues bien, como veremos a continuación, los “marxistas” de RyR hacen exactamente lo contrario.

Alberto Bonnet escribe: “La Guerra de las Malvinas fue una aventura profundamente reaccionaria (porque) los objetivos de dicha aventura fueron (…) restaurar las condiciones de dominación interna del propio régimen (…). Y el carácter reaccionario de estos objetivos define de manera concluyente la naturaleza de la aventura militar emprendida por la dictadura”. Es decir, según Bonnet, los objetivos perseguidos por Galtieri y cía son los que confieren un determinado carácter (reaccionario en este caso) a la acción político-militar emprendida por ellos.

¡La panzada que Marx y Engels se hubieran hecho con esta parrafada! Supongamos que mañana se descubriera un diario íntimo de Galtieri en el que confesara que su objetivo al “invadir” Malvinas fue desenmascarar ante la opinión pública mundial el carácter rapaz del imperialismo anglo-sajón. ¿Diría entonces Bonnet que el carácter antiimperialista de estos objetivos “define de manera concluyente la naturaleza de la aventura militar emprendida por la dictadura”? Si fuera consecuente con su método, debería decirlo. Porque Bonnet cree que la naturaleza de una medida política deriva de la intencionalidad de quien la ejecuta, y no de su significación objetiva, en tanto vehiculizadora de intereses sociales o generadora de consecuencias precisas.

Pero, además, Bonnet parece creer que Galiteri y sus amigos eran realmente imbéciles. Hasta un niño de pecho advertiría que si la dictadura deseaba fortalecerse congraciándose con el imperialismo, lo último que debía hacer era declararle una guerra a Gran Bretaña. Lo más extraño es que Bonnet parece saberlo, aunque evidentemente se trata de un saber no consciente de sí mismo. Dice Bonnet que el objetivo de la dictadura era asociarse con EEUU en el control del Atlántico Sur, pero “la conformación inmediata de esa alianza, incluyendo como socio principal a una dictadura latinoamericana en crisis y excluyendo violentamente al principal socio norteamericano en Europa era, naturalmente, un proyecto de las fuerzas armadas argentinas que resultaba inviable para Estados Unidos”. Pero esto no es todo. Además de oponerse objetivamente a los intereses de EE.UU., la “invasión” de Malvinas —agrega Bonnet— “fue una aventura impulsada por la propia dictadura a espaldas de los partidos burgueses y, en gran medida, de la propia burguesía”, lo cual habría precipitado el final del “sustento burgués de la dictadura”.

La conclusión es clara: la recuperación de Malvinas decidida por la dictadura, independientemente de cualesquiera hayan sido las intenciones de Galtieri y otros individuos, chocaba objetivamente contra los intereses imperialistas y apuntaba contra los intereses de la burguesía argentina que hasta entonces “había dado sustento a la dictadura”. Increíblemente Bonnet y sus editores de RyR confieren menos importancia a esta contradicción objetiva entre el imperialismo y la burguesía argentina por un lado, y la dictadura por el otro, que a las supuestas intenciones subjetivas de Galtieri y congéneres.

¡Extraño método de análisis el de individuos que presumen de “marxistas”!

Para RyR Argentina no es un país semicolonial y el imperialismo anglo-yanqui no existe

Veamos ahora cuánto más escandalosos que el método de análisis son los planteos teóricos efectuados por RyR y los autores que difunde.

Según Harari, el error de las organizaciones de izquierda que apoyaron la guerra por Malvinas librada contra Gran Bretaña partió de lo siguiente: “Argentina ha completado sus tareas nacionales y no tiene ninguna cuestión democrático burguesa por resolver. Entonces, la Argentina no es un país colonial o semicolonial (si existiese algo así). Hasta que la izquierda no modifique este punto de su programa, va a seguir enlazada, de una forma u otra, a la ideología burguesa”. Para que no haya dudas acerca de su planteo, el autor agrega: se trata de “la necesidad de una revisión profunda del programa trotskista en el cual predomina la hipótesis de que la Argentina es un país ‘semicolonial’, en donde la opresión nacional cumple un papel importante”.

Acá se advierte claramente la naturaleza de las críticas que RyR formula a organizaciones como el PO, PTS, etc. No les critica una inadecuada comprensión de la cuestión nacional, sino que les critica que crean en la existencia de una cuestión nacional sin resolver. Ciertamente, RyR reconoce que el grado de desarrollo capitalista alcanzado por EE.UU. o Gran Bretaña es superior al alcanzado por Argentina, pero se trataría simplemente de un problema de carácter meramente “cuantitativo”, y no de características cualitativamente diferentes y diferenciables en el marco de una estructura capitalista mundializada asimétrica en la que existen lugares “centrales” y lugares “periféricos”, es decir, países imperialistas y países semicoloniales. Para decirlo con las palabras de Bonnet: Argentina sufriría sólo “un atraso relativo respecto de estas potencias”. Es exactamente lo mismo que sostienen desde hace décadas los apologistas liberales del imperialismo. Y es exactamente lo contrario de lo que enseñaron Lenin y Trotsky.

Tras negar la condición semicolonoial de Argentina, RyR y sus autores preferidos nos invitan, consecuentemente, a negar también la existencia del imperialismo: “no puede hablarse de ningún ‘imperialismo anglo-yanqui actuando en el conflicto de Malvinas”, escribe contra toda evidencia Bonnet. Explica el absurdo del siguiente modo: “algunas vertientes de la izquierda argentina identificaron como enemigo al imperialismo anglo-yanqui, y esto merece ser analizado más detenidamente. Ante todo, es necesario advertir el carácter ambiguo de esta categoría, que sugiere una concepción conspirativa en la que grandes potencias imperialistas actúan mancomunadamente en la opresión de países dependientes (…). Yendo a la guerra de Malvinas, específicamente, no operó en el conflicto ningún actor que podamos identificar como ‘imperialismo anglo-yanqui’”.

Parece un chiste, ¿verdad? Uno esperaría leer esta clase de cosas en los artículos de Mariano Grondona en La Nación, por ejemplo, o en las declaraciones de intelectuales como Luis Alberto Romero, Beatriz Sarlo y Santiago Kovadloff. ¡Pero leer estas cosas en un libro editado por universitarios que se autoproclaman marxistas es realmente escandaloso!

Tenemos, entonces, que para RyR Argentina no es un país semicolonial y no existe ningún imperialismo anglo-yanqui. Semejantes creencias serían producto de “teorías conspirativas”. Veamos ahora las consecuencias concretas que esto supone en lo que respecta al a Guerra de Malvinas.

RyR: con Inglaterra y los kelpers y contra Argentina

Dice Bonnet que desatada la contienda bélica, “no había nada que ganar para los trabajadores de nuestro país y del resto del mundo. Había en cambio mucho por perder”. Porque si Argentina ganaba la guerra, entonces sobrevendría “una recomposición de las condiciones internas de dominación de la dictadura argentina, una de las más reaccionarias y criminales del continente”, lo cual implicaba “un grave retroceso para las luchas democráticas que estaban desarrollando los trabajadores y el conjunto de los explotados y oprimidos del país”.

A esta altura no corresponde exigirle a Bonnet que aplique algo de dialéctica marxista a sus juicios, puesto que luego de enterarnos de su negación del carácter semicolonial de la Argentina, así como de su negación respecto de la existencia del imperialismo anglo-yanqui, es evidente que el marxismo es algo totalmente ajeno a su conformación mental. Pero uno podría exigirle al menos cierta coherencia consigo mismo. ¿No nos había dicho que la dictadura “perdía sustento burgués” al “invadir” Malvinas? ¿No nos había dicho que EEUU no podía admitir que Argentina recuperara las Islas? ¿Entonces? ¿Cómo puede afirmar tan sueltamente que una victoria militar argentina hubiera “recompuesto las condiciones internas de dominación del a dictadura”. ¡Es evidente que habrían sido “condiciones de dominación muy diferentes” a las que existían cuando la dictadura tenía anudados sus lazos con los norteamericanos y con la burguesía argentina! Pero Bonnet ni siquiera advierte la contradicción en la que incurre. Está cegado por la propaganda desmalvinizadora que intentó y todavía intenta hacer creer a los argentinos que la derrota militar nos resultó favorable.

Y que Bonnet repite como loro el discursillo desmalvinizador no es una conclusión forzada. Escribe: “La invasión fue una agresión argentina y no un acto de legítima defensa ante una supuesta agresión británica”. O sea: las Malvinas son… ¡inglesas!, dice RyR. El inglés Alan Woods, otro de los escribas recopilados por estos infatuados cipayos de la UBA, dice más o menos lo mismo pero con un poco más de cuidado: “para nosotros es indiferente a quien de las dos partes pertenecen estas islas (…) nosotros planteamos la cuestión de los derechos de los isleños como uno de los elementos de la ecuación”.

Si las Malvinas son inglesas, como creen RyR y sus secuaces, entonces es natural concluir, como hace Bonnet, que lo que correspondía era “exigir el retiro incondicional de las fuerzas armadas argentinas de las islas, cuando ya habían sido invadidas (porque) el mejor desenlace posible de la aventura militar desde los objetivos clasistas e internacionalistas de la clase trabajadora era la retirada más vergonzosa posible de los militares argentinos de las islas, para profundizar la crisis del régimen y acelerar la caída de la dictadura en Argentina”.

¡Verdaderamente maravilloso! Toda una lección para las nuevas generaciones de militantes políticos acerca de lo que es la izquierda cipaya. Los objetivos “clasistas e internacionalistas” de RyR son exactamente los mismos que los objetivos no menos clasistas e internacionalistas de las burguesías británica y norteamericana. El corolario de todo este disparate ultraizquierdista es el siguiente: ahora “hay que exigir el juicio y castigo a los mandos militares responsables de la aventura, considerando a los soldados conscriptos muertos y mutilados física o psicológicamente en las islas en pie de igualdad con las víctimas de la represión interna, y pugnar por la resolución pacífica del diferendo por la soberanía que resulte acorde con los intereses de los argentinos y de los isleños”. Es el moño que faltaba a todo este asqueroso paquete desmalvinizador: castigar a quienes osaron “invadir” un territorio ajeno, como lo pidieron Rattenbach y hasta la misma Thatcher; y homologar a los soldados combatientes con las víctimas de la represión procesista, como proponen charlatanes como Edgardo Esteban y otros mercaderes “derechohumanistas” de la desmalvinización.

A 30 años del 2 de abril de 1982, el desembarco argentino en Malvinas constituye una gesta que marcó la recuperación de la soberanía nacional en nuestro Atlántico Sur y que puso en crisis la relación subordinada con las potencias anglosajonas que habían signado la historia argentina limitando nuestra independencia desde el momento mismo de la Revolución de Mayo de1810.

Aquel impecable y heroico desembarco argentino sumó un amplísimo apoyo popular interno a una causa nacional —no a un gobierno— y, al mismo tiempo, marcó el respaldo de las repúblicas hermanas de la Patria Grande, con notables movilizaciones a lo largo de la América Criolla, con la única excepción de la dictadura pinochetista, pero aún en Chile existieron voces valientes que sostuvieron la justicia de la acción argentina. Pero, sin dudas, este choque con las potencias occidentales tuvo la fuerza perdurable de colocarnos en nuestro auténtico lugar en el mundo, esto es como parte de la América Latina.

En la guerra por las Islas Malvinas el nacionalismo territorial no llegó al nacionalismo económico que hubiera implicado tomar medidas contra los capitales británicos radicados en el país y, de ser necesario, también contra las empresas norteamericanas en la Argentina continental —como propuso en aquel momento el historiador y político Jorge Abelardo Ramos. Sancionar a las empresas anglosajonas era un arma más importante que varios submarinos nucleares —que no teníamos— y el simple cálculo de la relación costo-beneficio por parte de la “city” londinense hubieran mantenido a la flota pirata en el Atlántico Norte al tiempo que hubieran buscado una salida elegante como la de Hong Kong.

Asimismo, y aunque en el conflicto bélico se dieron muchísimas muestras de coraje, esto no pudo compensar el hecho de que nuestras Fuerzas Armadas no estaban preparadas para una lucha contra un agresión externa imperialista como sí lo demostraron otros pueblos en la etapa anterior de las guerras de liberación nacional y poco tiempo antes Vietnam.

La lucha contra los ingleses demostró la falsedad del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) ya que Estados Unidos trabó su cumplimiento. Y, especialmente, mostró lo siniestro de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” dictada por instructores norteamericanos —y también argentinos—, que servía para: Derribar gobiernos electos democráticamente pero no aviones enemigos; para imponer políticas económicas semicoloniales pero no para equipar las tropas en el frío de Malvinas; y para reprimir toda resistencia interna a esas políticas entreguistas pero no para ganar una guerra que completara la integridad territorial y, menos aún, la definitiva independencia nacional. Y, sin embargo, hoy en Argentina nos encontramos con versiones locales de la teoría bushista de la lucha contra el “terrorismo” a través de una legislación impuesta desde los poderes financieros internacionales y con operaciones de inteligencia interna contra la protesta social y gremial ¡Parece mentira, pero es la cruel realidad!

La guerra del Atlántico Sur desnudó la falacia de la cooperación militar con los Estados Unidos que lejos de apoyarnos a nosotros le entregó información -especialmente satelital- y los misiles aire-aire determinantes del triunfo inglés. De esta manera, las enseñanzas yanquis —y también francesas— de torturas y de lucha contra insurgencia de nada sirvieron para lograr la superioridad naval, aérea y terrestre contra Gran Bretaña.

Por lo tanto, luego de tres décadas debemos madurar la experiencia del 2 de abril para comprender que, no solo el colonialismo se ha extendido en el mar austral, sino que hoy, el semicolinialismo es mayor que en 1982 ya que varias provincias son gobernadas por personeros de empresas extractivas (de minerales e hidrocarburos) total o parcialmente británicas. Al tiempo que la banca británica (el Barclay Bank) coordinan la “deuda” externa que se le atribuye al pueblo argentino. Y, todo esto, sin contar que la alianza anglosajona avanza sobre nuestra pampa sumergida, el Mar Argentino, respaldadas desde la poderosa base militar de Malvinas.

Pero, frente a estos atropellos y con un país completamente desarmado, el gobierno nacional no cumple con su deber de tomar sanciones económicas contra las empresas que saquean nuestro mar austral como lo establece la ley 26.659 presentada por el Diputado Fernando “Pino” Solanas y aprobada unánimemente por ambas cámaras y que lleva un año esperando que el Poder Ejecutivo la ponga en ejercicio. De esta manera, la presidenta Fernández de Kirchner comete la misma autolimitación que el general Galtieri en 1982.

Y, como si todo esto fuera poco, el gobierno nacional y el de Chaco, le entregan al Comando Sur de las fuerzas norteamericanas instalaciones en el aeropuerto internacional de Resistencia con la burda pantalla de ser un “Centro de Emergencias de Ayuda Humanitaria” junto a una pista donde pueden aterrizar cómodamente los cargueros Boeing Globmaster III de las Fuerzas Aerotransportadas (hasta tanques M-1 Abrams de 70 toneladas) y se instala un centro de radares por control satelital que permite comandar el despliegue estratégico y táctico en esta región del subcontinente.

A cambio de esta entrega a la principal potencia agresora mundial, la provincia norteña recibirá una inversión de la empresa estadounidense Forbes Energy para fabricará bioetanol, lo que destruirá más aún el ecosistema chaqueño para alimentar los grandes motores de los autos yanquis tanto como las ganancias de esta empresa extranjera.

En síntesis, a 30 años de aquel glorioso 2 de abril, es necesario recuperar esa vocación de ser una Patria digna, dueña de su territorio y su destino. Pero para ello debemos despertar de tres décadas de desmalvinización y crear una fuerza política capaz de tomar y sostener altiva (no de bastardear) la bandera de Belgrano y de los caídos en aquella guerra anticolonialista y recién entonces, la celeste y blanca volverá a flamear orgullosa sobre un pueblo feliz.

Por medios de comunicación alternativos se conoció la noticia de la instalación de un denominado Centro de Emergencias en el aeropuerto de Resistencia Chaco, construido por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Según declaraciones del gobierno del Chaco el Centro de Emergencias fue donado como parte de un programa de asistencia humanitaria que presta el Comando Sur. El centro está pensado para actuar en respuesta a “catástrofes naturales”, contando con sistemas de comunicación satelital que permiten el monitoreo de nuestros ríos y los espacios terrestres.

En una comunicación de la embajada yanqui del 13 de agosto de 2008 se informa que “Chaco fue elegido por el gobierno argentino para trabajar junto con la Embajada en la implementación de un programa de asistencia humanitaria que incluye personal de Defensa Civil de la provincia y los municipios”.

El ministro consejero de la embajada de Estado Unidos aseguró que “es uno de los proyectos más importantes que el gobierno norteamericano tiene con Argentina”.
En declaraciones recientes —ante la visita de una delegación de legisladores del país imperialista, miembros de la embajada y del Comando Sur—, el kirchnerista Jorge Capitanich convocó a construir “una relación estratégica entre América del Norte y América del Sur para que el continente, unido, pueda reposicionarse como potencia mundial”, el gobernador “nacional y popular” agregó que “defiendo una alianza estratégica y estoy dispuesto a luchas por esa idea”.

Socialismo Latinoamericano destaca la ubicación estratégica de la ciudad de Resistencia en relación al acuífero Guaraní y la cercanía a la triple frontera. Es preocupante la instalación de una base de monitoreo en territorio argentino en el contexto de la sanción de la Ley Antiterrorista, la sospecha de que el Proyecto X de la Gendarmería cuenta con apoyo técnico de Estados Unidos, así como la cesión de soberanía que implican los Tratados Bilaterales de Protección de Inversión. 

La política del actual gobierno argentino de cooperación con el Comando Sur se contradice con la retórica del mismo gobierno sobre la defensa de la soberanía argentina sobre

Malvinas e Islas del Atlántico Sur, retórica que no se ha traducido ninguna acción concreta contra los intereses británicos en territorio nacional, retórica que, además, se muestra vacía cuando se reclama por los recursos naturales en el Atlántico Sur, pero cedemos nuestros recursos naturales, en especial en el área de la minería, a corporaciones extranjeras que no representan ningún beneficio económico para la Nación y que son lesivas para la Soberanía nacional.

Socialismo Latinoamericano repudia la presencia del Comando Sur en territorio argentino y llama a todas las fuerzas nacionales, populares y antiimperialistas a unirse en una campaña para exigir su salida inmediata.

El gobierno se encontró finalmente con los límites del modelo instaurado hace una década, tras el estallido de la convertibilidad en diciembre de 2001. Los síntomas de la crisis estaban ya presentes bastante tiempo antes de las pasadas elecciones de octubre y se hicieron evidentes con inconfundible nitidez a poco de iniciado el segundo mandato de Cristina Fernández. Dos de ellos ilustran claramente el cuadro de situación. Nueve mil millones de dólares de importaciones en el rubro combustibles y lubricantes durante 2011 constituyen de por sí la denuncia de la crisis del régimen de concesiones al capital imperialista heredado del menemismo, que el kirchnerismo mantuvo y perfeccionó a través de la “ley corta” por la cual la nación resignó en favor de las provincias el dominio sobre los recursos naturales, consolidando de hecho la posición dominante de las corporaciones monopólicas.

El otro síntoma no es menos significativo. Al mismo tiempo que la insuficiente producción de las petroleras ha amenazado desbalancear la cuenta de comercio exterior, el multimillonario régimen de subsidios al capital llevó a un punto crítico el resultado fiscal, cuya primera corrección ha sido el fuerte tarifazo en curso en los servicios de electricidad, gas y agua, que el gobierno eufemísticamente ha llamado “sintonía fina”. La verdadera naturaleza de este régimen de corrupción, privilegios y complicidad entre funcionarios y concesionarios, fue subrayado brutalmente por la tragedia ferroviaria de la estación Once.

Un modelo que no se debe profundizar

Quienes honestamente asignan al gobierno y al kirchnerismo un potencial popular, nacional y democrático, todavía esperan lo que denominan “profundización del modelo”. Pero este modelo gira en torno a un patrón de acumulación en el que se mantienen intactas las reformas neoliberales que inicialmente puso en práctica la dictadura de 1976 y luego profundizó el menemismo (privatizaciones de los servicios públicos, régimen financiero y de inversiones extranjeras, apertura comercial, extranjerización de los hidrocarburos y la minería), por lo que la llamada “profundización” carece de sentido, al menos para los trabajadores y las grandes masas explotadas. En definitiva, los problemas y obstáculos que enfrenta la política gubernamental son la evidencia de que si no se pone en práctica un programa orientado a erradicar de raíz los factores estructurales que confinan al país a una condición semicolonial, lo que sobrevendrá una típica política de ajuste.

¿Está dispuesto el gobierno a imprimir un giro de este carácter a su política? La expectativa del kirchnerismo está puesta ahora en la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Si se trata de restituir a la autoridad monetaria sus facultades para direccionar la política crediticia, quebrando el mito liberal que la confinaba a la condición exclusiva de custodio de la moneda a través de un sistema de metas inflacionarias, la necesidad de la reforma está fuera de discusión. Asimismo está fuera de discusión la necesidad poner fin a la fórmula de la convertibilidad que exige una equivalencia de uno a uno entre el nivel de reservas y la base monetaria. Todos los argumentos que los propagandistas del gobierno han levantado contra el lobby financiero son válidos. Sin embargo a nadie puede escapársele que uno de los propósitos centrales del gobierno, es el de hacerse de las reservas necesarias para seguir adelante con su política de “desendeudamiento”, vale decir para seguir pagando una deuda externa que sustancialmente es fraudulenta e ilegítima. En definitiva, hasta aquí llega la progresividad de kirchnerismo, sin contar que nada se ha dicho de derogar las leyes 21.495 y 21.526, basamento del orden financiero mediante el cual Martínez de Hoz abrió el camino a la recolonización neoliberal del país en 1977, poniendo fin a la nacionalización de los depósitos bancarios y al control estatal sobre la tasa de interés.

Los trabajadores y el programa revolucionario

Los docentes, a quienes Cristina Fernández ha tratado de vagos y desconsiderados por reclamar un nivel salarial mínimo de 3000 pesos, mientras los zánganos de las cámaras legislativas se han aumentado las dietas más de 100%, podrían dar cuenta del verdadero significado de la política de “sintonía fina” destinada a rectificar los desequilibrios del modelo. Sin duda el conflicto docente encierra un contenido significativo. Hay que tener presente que la CTERA fue la organización que encabezó la ruptura de la CTA siguiendo la política del gobierno consistente en aislar a ATE, convertida en una organización decididamente opositora. Su respuesta, a través de un paro general y de la descalificación de las palabras de Cristina Fernández, sacó a la luz el hecho de que entre los intereses de los trabajadores y las exigencias del programa del oficialismo existe una contradicción que, en mayor o menor medida, ha comenzado a presentarse en algunas de las secciones del movimiento obrero. Moyano, envuelto en una puja de poder y movido por un interés particular, le dio de todas formas expresión política a las diferencias, levantando un programa reivindicativo que el gobierno no puede recusar, y oponiendo al discurso épico del kirchnerismo la tradición política del peronismo y al propio Perón.

Sin embargo, si la pequeña burguesía progresista enfrenta en el gobierno los límites de su propia naturaleza de clase, Moyano y sus compañeros carecen de programa en condiciones de convertirse en eje de convergencia de las clases y fracciones constituyentes del bloque nacional-popular. El peronismo que se afirma en los sindicatos no supera el nivel de la política, la práctica y la ideología del nacionalismo burgués; antes bien se mantiene por debajo de la experiencia de los gobiernos de Perón en los años 40’ y 50’. Ese peronismo fue derrocado en septiembre de 1955 porque en un momento crítico de la lucha de clases impuso como límite de su programa el sistema de la relaciones de propiedad vigente y renunció a liquidar socialmente a la oligarquía terrateniente, origen político del bloque contrarrevolucionario en formación. Volvió a ser derrocado en marzo de 1976, luego que perdiera el rumbo tras la muerte de su jefe, y cuando ya había quedado en evidencia que su programa no estaba en situación de abordar los problemas nacionales que se habían presentado bajo nuevas condiciones históricas, tras de dieciocho años de proscripción.

Desde entonces han pasado tres largas décadas y el país que conoció Perón prácticamente no existe, borrado por la obra de la reconversión neoliberal. La economía característica del período de sustitución de importaciones, centrada en el mercado interno ha quedado en el recuerdo, desplazada por la apertura comercial y financiera, mientras que el capital extranjero domina los resortes centrales del proceso de acumulación. Sin embargo está la clase trabajadora, protagonista decisivo cada vez que la crisis del viejo régimen creó las posibilidades de una victoria nacional; la clase capaz de formular un programa, una práctica, una organización y las ideas hegemonizantes de un amplio frente de masas nacional-antiimperialista, fundiendo en un único bloque las interpelaciones populares, democráticas y de clase. Vale decir está la clase que establece la continuidad histórica entre el pasado –17 de octubre y Cordobazo– el presente y un futuro de emancipación nacional y social.

Como no podía ser de otro modo, cuando están por cumplirse treinta años de la guerra en el Atlántico Sur, Le Monde diplomatique, ese auténtico vocero de las causas progresistas, hizo su aporte una vez más a la campaña de desmalvinización en nombre de los derechos humanos. En su número de marzo publicó bajo el título “Hay más cuadros que bajar” de Federico Llorenz, a quién presenta como historiador, integrante del IDES-CONICET.

La tesis del autor no es nueva. Sostiene que para los argentinos la naturaleza de la guerra estuvo determinada por el contenido histórico-social de la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976. En consecuencia, el juicio que pueda merecer el desenvolvimiento político-militar producido tres décadas atrás, surge por sí mismo desde el momento en que se restituye la historicidad de los acontecimientos de entonces, fuertemente predeterminados por la presión devastadora del terrorismo de Estado.

La nota exalta la política de derechos humanos puesta en práctica por el gobierno de Néstor Kirchner y continuada por el de Cristina Fernández. Llega a afirmar que “desde 1983 se ha abierto la posibilidad de (re)discutir el pasado” (!); y sostiene que “al impulsar los procesos de justicia, ofreció a los ex combatientes nuevas claves para pensar tanto sus experiencias como sus demandas históricas”. Inmediatamente, como es de rigor, se refiere a las denuncias sobre vejaciones sufridas por soldados argentinos a manos de la oficialidad, en este caso menciona a las difundidas en el preestreno de esa verdadera obra de culto de la desmalvinización que es el film Iluminandos por el fuego.

Sin embargo, desafortunadamente, para el autor, la posición del kirchnerismo frente a la cuestión Malvinas, encierra una contradicción insalvable respecto de la posibilidad de rediscutir el pasado y afirmar el rumbo derechohumanista: “El contenido ‘nacional” del relato ‘malvinero’ del discurso oficial entra en contradicción con la aproximación crítica al pasado que el mismo gobierno impulsa”. Pero además hay en ese relato algo igualmente inaceptable y es lo siguiente: “la reivindicación de la causa nacional que hace el kirchnerismo (se define como ‘malvinero’) alienta a los nostálgicos del pasado que relatan la Guerra de Malvinas como si el terrorismo de Estado no hubiera tenido lugar”.

Unos párrafos más abajo pone más en claro todavía el fondo de su posición: “Sin embargo, la retórica latinoamericanista y antiimperialista, el énfasis en la ‘recuperación de la autoestima’, o más específicamente, la reivindicación del carácter ‘malvinero’ de los presidentes, rasgos distintivos del discurso kirchnerista, alimentan otras visiones sobre la guerra más esencialistas. Ancladas en el repertorio de la izquierda nacional, reivindicándose populares y ‘revisionistas’ comparten con sectores conservadores o directamente reaccionarios la defensa de la ‘causa nacional’ por encima de sus circunstancias, ya que también incluyen la guerra de 1982 en una unicrónica lucha de la nación contra el imperialismo”.

En definitiva la guerra de Malvinas no reviste contenido patriótico, nacional o antiimperialista alguno, y reivindicarla desde esta perspectiva obstruye la revisión crítica del pasado, saca de foco el terrorismo de Estado, verdadero objeto del proceso de revisión crítica y de restitución de la memoria histórica. Sin quererlo, el gobierno al declararse “malvinero” favorece la operación simbólica de los sectores conservadores y directamente reaccionarios, que desde una posición “esencialista” elevan la guerra de Malvinas a las alturas inconmensurables de “causa nacional”, y sacan de foco los crímenes de la dictadura. Responsabilidad ineludible en este deplazamiento que involuntariamente propicia el gobierno, tiene la izquierda nacional por propiciar el “repertorio” que inserta la guerra “en una unicrónica lucha de la nación contra el imperialismo”.

La naturaleza objetiva del conflicto

La afirmación es singular. ¿Qué diría el agudo investigador del IDES-CONICET si supiera que la izquierda nacional se opuso militantemente a través del FIP y el PSIN al golpe de Estado de marzo de 1976 y luego también desde el PIN a la dictadura, en el período en que el terrorismo de Estado se cobró la vida de varios de sus integrantes? Cualquiera que examine esos años negros de la vida nacional comprobaría que la izquierda nacional, en cualquiera de sus expresiones, se integró militantemente a las líneas de resistencia contra la dictadura que, ejercida por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, tenía como inspiradores políticos e ideológicos, y también ejecutores prácticos, a los hombres del Consejo Empresario Argentino encabezado por Martínez de Hoz y sostenido por las grandes corporaciones locales y extranjeras. El juicio condenatorio sobre la dictadura no ha variado a través de los años: el terrorismo de Estado fue aplicado hasta sus últimas consecuencias porque de otra forma no hubiera sido posible iniciar una reconversión radical de la economía y la sociedad según los intereses de los grupos monopólicos nativos y del capital financiero internacional. Para alcanzar ese objetivo era imprescindible emplear el terror estatal, paralizar y desarticular el movimiento obrero y las organizaciones populares, eliminado parte de sus cuadros y llevar adelante la destrucción de las estructuras materiales que perduraban del modelo económico característico del período de sustitución de importaciones originado a mediados de la década del 30’ y consolidado bajo los dos primeros gobiernos de Perón.

Por desgracia para el autor de la nota, no existe contradicción alguna entre la condena a la dictadura y el reconocimiento del carácter antiimperialista de la guerra de Malvinas. El contenido de la contienda está más allá de la subjetividad de los protagonistas y se inscribe en el antagonismo que define toda una época histórica: el que opone las naciones oprimidas a las naciones opresoras. Fue León Trotsky el que puso en sus justos términos el problema en uno de los pasajes de su Historia de la Revolución Rusa. Escribió entonces: “…en una guerra entre la república democrática imperialista civilizada y la monarquía bárbara y atrasada de un país colonial, los socialistas deben estar enteramente del lado del país oprimido, a pesar de ser monárquico, y en contra del país opresor por muy ‘democrático’ que sea.”

“Para Lenin, una guerra de emancipación opuesta a un guerra de opresión imperialista, era solamente otra forma de revolución nacional, que a su turno se insertaba como un anillo indispensable en la lucha emancipadora de la clase obrera del mundo entero”.

En 1938, exilado en México, Trotsky volvió sobre el asunto durante una entrevista con el militante obrero argentino Mateo Fosa. En la oportunidad el antiguo jefe del Ejército Rojo se refirió a la situación en Brasil bajo la presidencia de Getulio Vargas. En esos años Vargas, aliado del imperialismo norteamericano, estaba construyendo el Estado Novo aplicando una política de terror policial, apresando a los dirigentes obreros, declarando ilegales las huelgas, y negando a través de la Constitución de 1937 los derechos de los trabajadores. Años más tarde volvió al poder y respaldándose en un sector la burguesía nacional se orientó hacia una política más popular con apoyo de las masas trabajadoras. En 1938 Trostky sostuvo que en Brasil imperaba un régimen semifascista al que ningún revolucionario debía apoyar. Sin embargo, ¿qué ocurriría si en el día de mañana Inglaterra entrara en un conflicto militar con Brasil? ¿De qué lado de ese conflicto estaría la clase obrera? Trotsky no dudaba: estaría del lado del Brasil “fascista” contra la Inglaterra “democrática”. Simplemente, porque no se trataría de una cuestión de democracia o fascismo. Trotsky decía que si Inglaterra saliera victoriosa pondría otro dictador en Río de Janeiro y consolidaría su dominio sobre Brasil. Por el contrario, si fuera Brasil el que saliera triunfante la conciencia nacional y democrática del país recibiría un fuerte impulso y llevaría al derrocamiento de la dictadura de Vargas. A su vez, la derrota de Inglaterra golpearía al imperialismo británico e impulsaría el movimiento revolucionario del proletariado inglés. 

Estos comentarios tienen valor indudable para descifrar la naturaleza de los acontecimientos que se desenvolvieron en Malvinas y en el continente entre abril y junio de 1982. Sobre este asunto es necesario tener presente que la guerra del Atlántico Sur se desarrolló en torno a una contradicción insuperable entre el carácter objetivamente antiimperialista de la contienda con Gran Bretaña y la OTAN y la conciencia colonizada de los altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas, prisioneros de la política y las ideas que los había subordinado al bloque hegemonizado por Estados Unidos. Basta recordar la sorpresa de esos mandos cuando Gran Bretaña decidió darle un corte militar al conflicto, su creencia de que Estados Unidos podía ser un mediador imparcial entre dos de sus principales aliados, el hecho de que Roberto Alemann, agente del capital extranjero, fuera durante los meses que duró la guerra el ministro de Economía y, en consecuencia, no adoptase medidas elementales como eran la expropiación de los bienes británicos en el país.

Bajo el signo de la desmalvinización

Pero ni el terrorismo de Estado ni la naturaleza de la dirección político-militar de las fuerzas argentinas, alteran el contenido antiimperialista de la guerra. Es precisamente este contenido el que ha estado bajo fuego por parte de “autorizadas” voces metropolitanas, replicadas por una parte de la intelligensia local, tras la caída de Puerto Argentino. Bajo el peso de esta derrota nacional se fundó la democracia del período que se inició en 1983, desplazando el sentido de los acontecimientos en el Atlántico Sur y constituyendo una historia oficial,cuya primera verdad fue denunciar como un despropósito el hecho de que un país atrasado y dependiente precipitara una guerra contra una de las potencias dominantes. La campaña de desmalvinización impulsada por los centros ideológicos de las metrópolis, con amplia repercusión local a través de una intelectualidad nativa domesticada y cobarde y apuntalada por las grandes corporaciones periodísticas, constituyó la más formidable operación de hegemonización a partir de la cual se constituyeron las identidades de la naciente democracia alfonsinista. La antinomia democracia-dictadura ocupó el centro de una escena pública impregnada por los crímenes de la dictadura, pero velando al mismo tiempo el papel que tuvieron los partidos pequeños burgueses y los políticos de la oligarquía, la gran burguesía y el capital extranjero en ese período infame de la vida nacional. El discurso de la desmalvinización, reproducido en gran escala por los medios masivos de comunicación, se convirtió en una verdad de sentido común para amplias capas fundamentalmente de clase media;pero no sólo para el ciudadano de a pie. Por el contrario, en las “alturas” del pensamiento ilustrado la penetración de la colonización ideológica llegó a tal punto que, recientemente, un grupo de intelectuales cómodamente apoltronados en los recovecos de la rosca académica, los staff periodísticos o encaramados en los privilegios de una diputación, salió gallardamente a proclamar el derecho de los kelpers a la autodeterminación. Si esta intellegentsia cosmopolita no fuese una expresión tan miserable e insignificante, se podría decir que el partido extranjero, del que hablaba Gramsci, tiene existencia entre nosotros.

La nota publicada por Le Monde concluye afirmando la necesidad de restituir la identidad de los muertos de la guerra de 1982, inscribiendo su sacrificio en una historia de lucha del pueblo por sus derechos, conculcados por quienes masacraron a compatriotas y buscaron esconder sus crímenes “y bañarse en la luz del heroísmo ajeno”. Muy lejos de esta apreciación, la restitución de la identidad pendiente apunta a quebrar la mistificación que transformó a los soldados argentinos en los “chicos de la guerra”, víctimas inocentes de la irracionalidad de una dictadura criminal, y restablecer la identidad de la que los ha despojado el discurso desmalvinizante: patriotas que combatieron valientemente y cayeron en una guerra nacional contra el opresor imperialista.

Cuando el pueblo argentino se ponga nuevamente en marcha como lo hizo en las jornadas de octubre de 1945, de mayo de 1969 y de diciembre de 2001, procederá a barrer de la escena pública los deshechos de la desmalvinización, apartará de su camino a sus servidores nativos, restablecerá la memoria histórica y juzgará la guerra del Atlántico Sur a la luz del antagonismo que enfrenta a las naciones oprimidas y las naciones opresoras, antagonismo que caracteriza toda una época.

La tragedia de la Estación Terminal de la línea del Sarmiento, que enlutó al pueblo argentino y en particular a sus trabajadores, con 51 muertos y 701 heridos, descubrió macabramente, de la manera más dura, una de las facetas ocultas del “modelo”. El proyecto de poder de Néstor Kirchner, fundado en la generación de una “burguesía nacional” adicta, a través de privilegios y prebendas, derivó en corrupción, complicidad entre funcionarios, concesionarios y cúpulas sindicales, que el gobierno intenta infructuosamente cubrir.

Recordemos el caso Taselli-YCRT en la provincia de Santa Cruz, en el 2001, cuando el empresario procesado por la justicia Federal, Sergio Taselli endeudaba a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio con compras fraguadas y utilizaba los subsidios para beneficiar a empresas de su grupo, mientras incumplía con el contrato de concesión deteriorando las condiciones de operación de la mina, ocasionando la muerte de 14 mineros. El gobierno premió a Taselli con otras concesiones y contratos en diversos lugares del país. En el caso de los Cirigliano, también con víctimas fatales para lamentar, parece repetirse el esquema.

Resulta patético y hasta vergonzoso, las actitudes adoptadas por diversos funcionarios y hasta por la misma presidente en sus discursos de Rosario y en el Congreso. La presidente defendió enfáticamente la política ferroviariadel kirchnerismo, continuidad de la menemista, como si todo funcionara bien y nada grave hubiera pasado, llegando al colmo de aducir que la Auditoría General de la Nación (AGN), nunca había pedido la rescisión de ninguna de las concesiones, como si esa fuese la función de la Auditoría.

Pero no puede alegar ignorancia. El gobierno conocía perfectamente la gravedad de la situación. El último informe que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) entregara hace un año al Secretario de Transporte, señalaba claramente el peligro potencial que encerraba el estado general del sistema ferroviario, ante la falta de mantenimiento y la desinversión. Los sucesivos informes de la AGN también son más terminantes. El gobierno, sin embargo, esquiva su responsabilidad directa y adopta una actitud de observador de una realidad en la que no interviene y llega al mamarracho de presentarse como querellante en la causa, es decir damnificado, cuando debiera ser el principal acusado por la responsabilidad política que le cabe. Por supuesto la justicia “independiente” aceptó al gobierno como querellante en la causa.

Se ofrece al pueblo argentino, la visión de un espectáculo alucinante, cual tragicómico videoclip: la intervención a TBA, llevada a cabo por el titular de la SIGEN, dependiente del Poder Ejecutivo, la conminación que hizo la presidente a la justicia para que se expida en quince días, la difusión mediática del interrogatorio al conductor Córdoba (quien seguramente no fue bien asesorado), la “claque” oficialista aplaudiendo la renuncia del secretario Schiavi, mientras que el Ministro De Vido lo defendía, luego de haberlo removido por indicación de la presidente, diciendo cínicamente y de manera auto exculpatoria que “no se puede imputar al funcionario de turno por accidentes que se producen por décadas de abandono” y las manifestaciones de los Cirigliano, quienes se lavan las manos acusando al gobierno de “no haber hecho las inversiones necesarias en infraestructura y de ¡no haberlos controlado! Así como también que los subsidios recibidos no alcanzan a cubrir todos los costos”. Todo esto parece señalar que, como siempre, el hilo se cortará por lo más delgado: la posible inculpación del conductor y la exculpación de TBA y del gobierno.

Los trabajadores ferroviarios, desde sus distintas organizaciones, habían también efectuado cientos de denuncias desde hace más de ocho años, advirtiendo de los peligros potenciales a los que se sometía a los usuarios y a los propios trabajadores. El viernes 2 de marzo, se realizó una masiva movilización a Plaza de Mayo, organizada por el cuerpo de delegados del Sarmiento, a la que adhirió el Movimiento Nacional Ferroviario (MONAFE), con cuyo presidente, Ramón Duarte, conductor y afiliado de la Fraternidad, Socialismo Latinoamericano marchó hasta la histórica Plaza. Los manifestantes partieron de Once y al pasar por el Congreso se sumaron la CTA y algunos partidos de izquierda. Al llegara la plaza se leyó un petitorio consensuado entre los distintos participantes. Se le solicitó al gobierno la formación de una comisión investigadora independiente, el cese de la concesión a TBA y la reestatización de los ferrocarriles bajo el control de trabajadores y usuarios. El compañero Duarte responsabiliza al “triángulo de la corrupción ferroviaria que lo conforman las direcciones sindicales de la fraternidad de Omar Maturano, la Secretaría de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna(al mismo tiempo subsecretario de Transporte y sindicalista de La Fraternidad) y las concesionarias como TBA del grupo Ciriglianoque matan, como lo venimos denunciando desde el MONAFE, carne de cañón somos los sufridos y maltratados pasajeros y trabajadores ferroviarios.” “Sobre 24 formaciones que debieran operar actualmente en el Sarmiento, por fallas detectadas se han retirado 9 formaciones las que son reemplazadas por colectivos de… ¡Cirigliano! “Como en hechos anteriores se intenta disimular y minimizar el fracaso de la política ferroviaria de concesiones que lleva adelante el gobierno nacional desde la época menemista y se trata de responsabilizar a los trabajadores, al compañero conductor de la formación y al guarda, de ésta tragedia anunciada”“ El gobierno ha creado un organismo denominado Administración de la Infraestructura Ferroviaria (ADIF) que tiene un presupuesto anual de 1.100 millones de pesos. Está supuestamente encargado de las inversiones para el correcto mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que es propiedad del Estado Nacional, por eso cuando roban rieles, es un delito federal (las malas lenguas dicen que los llevan como chatarra a la planta de Altos Hornos Zapla en Jujuy propiedad de Sergio Taselli). La ADIF es responsable de la compra de material ferroviario obsoleto, prácticamente chatarra en España y Portugal, material inservible, que está en las playas deteriorándose aún más. También es el organismo encargado de rematar como chatarra material ferroviario. Nadie cuestiona éstas compras ruinosas para el país, desde el gobierno, tampoco desde la oposición.” “Desde el MONAFE seguimos bregando por la reconstrucción del Sistema Ferroviario de Transporte del país, con participación de usuarios y trabajadores. Por un Ferrocarril del Estado al servicio del Pueblo y por un Sindicato Democrático al servicio de los Trabajadores”.

El MONAFE está preparando un plan de lucha para lograr el restablecimiento de la administración estatal de los ferrocarriles, bajo control de los trabajadores y usuarios. Hará una convocatoria amplia a todos los sectores políticos, sindicales y de usuarios.  Socialismo Latinoamericano se suma a esa lucha como parte inescindible de un programa nacional, democrático y antimperialista.

Un amigo católico y nacionalista nos atribuye a los militantes de la Izquierda Nacional apartarnos de las posiciones de Jorge Abelardo Ramos respecto de la Iglesia católica, las cuales habrían sido formuladas en un texto escrito para una revista comercial en el año 1986.

En primer lugar, habría que decir que en la Izquierda Nacional no leemos a Ramos de la manera como ciertos cristianos leen la Biblia: como si fuera la Verdad revelada ante la que sólo cabe inclinarse.

Si al propio Ramos no le tembló el pulso a la hora de rechazar ciertos juicios del mismísimo Marx, ¿por qué nosotros vamos a temer rechazar los juicios de Ramos cuando lo creamos necesario? Personalmente, además, creo que a partir de los años 80, y especialmente de los años 90, Ramos formuló una gran cantidad de juicios no sólo equivocados, sino incompatibles con las posiciones básicas del socialismo de la Izquierda Nacional.

En términos generales, podría decirse que en los años 80 Ramos efectuó un giro hacia el nacionalismo, y su concepción del Frente Nacional se modificó perceptiblemente respecto de la de los años 60 o 70. La clase obrera como sujeto de una revolución concebida como permanente (en el sentido trotskista) fue sustituida por el “movimiento obrero”, articulado corporativamente en la CGT; el socialismo como perspectiva estratégica cedió paso a un deliberadamente ambiguo “socialismo criollo”; y la diferenciación político-ideológica respecto de otras corriente nacional-populares, tendió a licuarse, por lo cual la lucha por la hegemonía del Frente Nacional desapareció del horizonte inmediato. Está claro que sin clase obrera como sujeto revolucionario, sin perspectiva socialista y sin lucha independiente por la conducción del Frente Nacional, la Izquierda Nacional pierde su identidad distintiva. Esto explica, en última instancia, ciertas tácticas de la época, como las alianzas electorales con desarrollistas y nacionalistas de derecha (Partido de la Independencia), el excesivo entusiasmo con el seineldinismo (aunque Ramos se burlaba en privado de la cosmovisión personal de Seineldín, propia de un cruzado medieval) y, también, explica la insólita participación del FIP en las marchas organizadas por la Iglesia contra la ley de divorcio vincular.

Sin embargo, este desviacionismo de los años 80 no sería nada comparado con lo que sucedió en los años 90, cuando Ramos pegó un salto hacia el campo del imperialismo. Su apoyo a Menem y a Cavallo, además de penoso, es por demás significativo al respecto.

Creo que el texto sobre la Iglesia al que nuestro amigo hace referencia debe ser enmarcado en este contexto.

Una cuestión de método

En segundo lugar, si de lo que se trata es de conocer la caracterización de la Iglesia católica que está presente en la obra de Ramos, creo que limitarse a un texto circunstancial, escrito casi a las apuradas y aparecido en una publicación irrelevante, tiene un valor muy relativo. En beneficio del rigor interpretativo, habría que rastrear todas las referencias al tema presentes en una obra vasta y bastante dispersa como la de Ramos. Luego, habría que cotejar esas referencias con las tesis básicas de la Izquierda Nacional, a fin de evaluar si el discurso conserva su consistencia interna, y no habría que perder de vista, obviamente la coyuntura política en que fueron hechas (Ramos una vez me dijo: “tenga presente que nosotros somos, en definitiva, periodistas políticos”. Es decir: escribimos y hablamos para la coyuntura, y no para formular “principios eternos”).

Creo que este es el método correcto que debería seguirse. De lo contrario, se corre el riesgo de perder de vista el núcleo conceptual y el entramado lógico de la producción intelectual en su conjunto. Para dar un ejemplo ya clásico: el texto de Marx sobre Bolívar puede ser legítimamente interpretado como ajeno al pensamiento marxista, no sólo porque no fue producto deliberado del trabajo científico o político de Marx (o sea, por las condiciones de su producción), sino también por sus resultados: las coordenadas centrales del trabajo científico o político de Marx no están presentes en ese texto. Del mismo modo, se ha dicho que el concepto de “alienación” manejado por Marx en sus escritos juveniles, que son más propios de un demócrata radical que de un “socialista científico”, no puede formar parte del tronco principal de su obra madura.

Todo esto es discutible, pero el caso es que carece de rigor el método consistente en tomar un texto aislado de un autor y considerarlo representativo de su obra.

La “Internacional Negra”

Sin haberme detenido a investigar el asunto en detalle (tal vez lo hayan hecho o vayan a hacerlo compañeros historiadores pertenecientes o vinculados a nuestra corriente, como Honorio Díaz, Roberto Ferrero, Fernando Pita o Alberto Regali), diría que si queremos conocer lo que Ramos pensaba sobre la Iglesia católica, tenemos que leer sus escritos reunidos bajo el provocativo título “La Internacional Negra”. Se trata de escritos que aparecieron originariamente en el diario “Democracia”, entre los años 1952 y 1955. Están, por tanto, signados por una coyuntura política que debe ser tenida en cuenta. Sin embargo, años más tarde, en 1959, cuando la coyuntura política ya era otra, Ramos reeditó estos escritos (“De Octubre a Setiembre, los ensayos políticos de Víctor Almagro”). Y, además, aclaró: “(En ‘Democracia’) no escribí sobre todo lo que hubiera querido escribir, pero jamás escribí lo que no quise. Lo escribí como revolucionario socialista; puedo suscribirlo ahora como tal”. Luego de 1959, los escritos sobre “La Internacional Negra” volvieron a reeditarse, hasta los años 70 por lo menos, lo cual autoriza a concluir que Ramos seguía suscribiéndolos. ¡Jamás se desdijo de ellos! Estamos hablando de un lapso de casi tres décadas. ¿Puede creerse, entonces, que el par de páginas enviadas por Ramos a “Politicón” en 1986, bajo el gobierno alfonsinista al que Ramos se oponía frontalmente, tengan entidad suficiente para contraponerse a todo lo anterior?

De todos modos, creo que no hay incompatibilidad entre el conjunto de la obra de Ramos y el articulito de “Politicón”. Vamos a considerar esta cuestión.

Tres tesis de Ramos sobre la Iglesia Catolica (y una más)

A grandes rasgos, pueden advertirse las siguientes tesis centrales en “La Internacional Negra”:

1º) La Iglesia católica es una institución supranacional.

Así, Ramos escribe: “La educación, la juventud y la mujer constituyen el campo político de la Iglesia. Si en relación con los niños y los jóvenes los clericales exigen el más completo control espiritual -esa labor formativa prepara en el futuro inmediato hombres más ligados a Roma que a su país (...)”. Y agrega: “De ahí que resulta al menos risible que precisamente los agentes de una potencia extranjera, por más eclesiástica que sea, hayan intentado durante mucho tiempo convertirse en los personeros más impolutos de un seudo nacionalismo clerical que ha propagado sus deformaciones particularmente al campo de la historia y de la política”.

Para evitar equívocos, Ramos se ocupa de precisar que “las creencias religiosas no estaban en debate, ni ayer ni hoy”. Lo que está en consideración es la Iglesia institucional, que no es una entidad sujeta a la soberanía argentina o latinoamericana sino, para decirlo con un lenguaje más actual, una “institución global”.

2º) La Iglesia católica, a lo largo de la historia, se opuso a las revoluciones burguesas.

Esto significa que la Iglesia católica desempeñó un papel reaccionario durante al menos cuatro siglos. Dice Ramos: “(...) de esta manera ratificábase una vez más el odio irreconciliable con que el Papado romano enfrentaba todas las revoluciones democráticas y sus desesperadas tentativas para oponerse al curso de la historia”. Y agregaba: “El Papado católico ha estado siempre contra las tentativas liberadoras de todos los pueblos”. Entre esas “tentativas liberadoras” Ramos incluía también al peronismo, por lo cual concluía lo siguiente: “La extirpación de la influencia clerical en la Argentina corona ideológicamente las grandes conquistas de su revolución” (Diré, de pasada, que este último párrafo lo desarrolló para la misma época, con su solidez característica, Jorge E. Spilimbergo, en su libro “Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario”).

3º) La Iglesia católica opera como cobertura espiritual del imperialismo.

Así lo expresa Ramos: “En nuestros días el imperialismo se ha convertido en el eje de la contrarrevolución capitalista. Por esa razón, y por tratarse del más poderoso guardián de los últimos privilegios, el Vaticano ha sellado una unión sagrada, transformándose en su brazo espiritual. No otra es la causa por la que todos los adversarios de la revolución argentina han encontrado en el clero su base de reagrupamiento”.

Recordemos que cuando Ramos escribía estas líneas el Vaticano y el Pentágono colaboraban en la construcción de partidos “demócrata-cristianos” orientados a apagar el fuego de la revolución socialista que amenazaba con extenderse. Esta misma colaboración se mantenía todavía en los años 80, cuando el “mundo libre” estaba comandado por Reagan-Thatcher -Wojtila, y cuando la Iglesia de Roma apoyaba a los mercenarios calvinistas ingleses contra los soldados católicos que peleaban en Malvinas.

Hay todavía, si se me permite, una cuarta tesis que aparece en “La Internacional Negra”, que viene a cuento del debate mantenido últimamente respecto de los derechos homosexuales (a los cuales nuestro amigo nacionalista católico, al igual que la Iglesia, se opone con toda energía). Es la siguiente:

4º) En los años 80 del siglo XIX confluyeron en nuestro país dos tendencias que fueron confundidas con frecuencia, pero que son “separables”, porque son diferentes: a) la “modernización” del país; b) la penetración imperialista.

Dice Ramos: “La modernización técnica y económica del país adquirió un formidable impulso, que hubo de hacerse en las condiciones legadas por la historia, es decir, mientras el imperialismo afirmaba sus posiciones claves en la vida argentina”. Y agregaba: “Si por un lado (Juárez Celman) actualizaba la legislación argentina, introducía un espíritu moderno en la educación (siguiendo en este camino a Roca) y estimulaba el desarrollo de la cultura, por el otro abría sin vacilar las puertas del país al imperialismo colonialista. La falacia de una historia escrita que no responde a la verdad, ha intentado asimilar el espíritu progresista de la generación del 80 con la entrega del país al extranjero, la ideología nacionalista democrática de esa época con el cipayismo antinacional”.

A partir de estas observaciones de Ramos referidas a los años del roquismo, podemos intentar distinguir hoy “el espíritu progresista” que supone, por ejemplo, el matrimonio igualitario, del “cipayismo antinacional” que sobre él se monta. La Izquierda Nacional debe, a partir de esta distinción, defender las reivindicaciones identitarias de las minorías sexuales denunciando al mismo tiempo el uso que de ellas hacen los estrategas del imperialismo, que las subsumen en el “derechohumanismo” y las contraponen a los procesos revolucionarios antiimperialistas y socializantes.

La religión católica como “escudo ideológico” frente al imperialismo

La última tesis que sostiene Ramos sobre el papel de la Iglesia católica no está explicitada en “La Internacional Negra” (aunque está insinuada en otros artículos de la época, referidos a la India de Gandhi), y es la que aparece en el texto de 1986 que tanto gustó a nuestro amigo nacionalista y católico:

5º) La Iglesia y la religión católicas son factores de “unidad espiritual” de las masas oprimidas y proporcionan un “escudo defensivo” contra la penetración ideológica del imperialismo.

Ramos escribe: “La fe católica es profesada por la mayoría de los argentinos y de los latinoamericanos y es, de algún modo, como la coránica en Medio Oriente, un peculiar escudo de nuestra nacionalidad ante aquellos que quieren dominarnos o dividirnos (...). La religión ejerce un doble papel: el teológico que le es propio y el de ideología nacional defensiva contra el dominador extranjero”. Esta es la tesis de Ramos que nuestro amigo festeja alborozado y que nos echa en la cara como si nosotros no la aceptáramos.

Pero nosotros la aceptamos, sólo que no de la manera como él cree que deben ser aceptadas las ideas inteligentes: como si se trataran de Verdades Absolutas, inmunes a la erosión que sobre ellas ejerce la temporalidad. Veamos.

En primer término, equiparar la función que cumple en Latinoamérica la religión católica con la que cumple “la coránica en Medio Oriente” tiene un valor relativo. Al menos por tres razones:

1) El Islam no parece estar estructurado de la manera piramidal como lo está la Iglesia Católica, lo cual permite a sus “cuadros medios” una libertad de acción infinitamente mayor que la que permite a los suyos la jefatura vertical del Papado de Roma. Si agregamos a esto la alianza estratégica tejida entre el Vaticano y el imperialismo anglosajón, entonces se concluye que resulta más que discutible la eventual eficacia de ese “escudo defensivo”;

2) el Islam ha penetrado y constituido la subjetividad de los pueblos de Medio Oriente de una manera mucho más profunda que como lo ha hecho el catolicismo en Argentina y en América Latina. Esto explica, por ejemplo, que las encuestas digan que hay una mayoría abrumadora de católicos en Argentina pero, al mismo tiempo, que la mayor parte de los argentinos apoya el divorcio vincular y hasta el matrimonio homosexual (“Soy católico, pero creo en Dios y no en los curas”, es una expresión extendidísima, como todos sabemos);

3) El antagonismo entre el Islam y Occidente imperialista es mucho más manifiesto que el supuesto antagonismo entre Occidente imperialista y el Papado romano. (Para decirlo a la manera maoísta: las contradicciones entre el Vaticano y los norteamericanos e ingleses son “contradicciones en el seno del campo imperialista”)

Por otro lado, aun cuando es cierto que “la religión coránica” puede constituir la argamasa ideológica que nuclea a las masas islámicas que resisten al imperialismo extranjero detrás de organizaciones políticas como Hamas, Hezbola o los Hermanos Musulmanes, también es cierto que los modelos de sociedad que esas organizaciones políticas proponen no constituyen el modelo al que nosotros aspiramos. ¡No queremos un Estado musulmán, ni judío, ni católico, sino laico y democrático donde todos sean libres de profesar o no una religión! Por tal razón, la delimitación respecto de ellos y la crítica formulada desde una perspectiva antiimperialista y socialista es enteramente legítima.

Hay todavía otra observación que se le puede hacer a Ramos. Dice: “Después de Juan XXIII y Pablo VI, después de Medellín y de Puebla, cuando la Iglesia descubre América por segunda vez y admite que la liberación del Nuevo Mundo recae en las manos del gran pueblo latinoamericano, la oligarquía tanto como la gran prensa se distancian de la cristiandad”. Dejemos a un lado que esto no es exactamente así. Basta leer “La Nación”, o escucharlo a Mariano Grondona para comprobarlo. Pero es cierto que en los años 60, cuando el pueblo latinoamericano se lanzó a la lucha por la emancipación nacional y social, la Iglesia católica tomó nota del hecho y se “aggiorno” doctrinaria y políticamente. Fue la época de la Teología de la Liberación y de los Sacerdotes del Tercer Mundo. La Izquierda Nacional siempre reivindicó este fenómeno (aun cuando no compartiera los métodos terroristas de muchos católicos de por entonces). Ahora bien, es cierto que cuando Ramos escribió las páginas de “La Internacional Negra” esta época no había llegado, y de allí cierta “unilateralidad” presente en sus escritos (¡los escritos de un “periodista político”!). Pero no menos cierto es que cuando escribió el articulito de “Politicón”, esta época ya había pasado, y la Iglesia institucional había reafirmado su alianza indestructible con Estados Unidos, Inglaterra e Israel.  En este contexto, creer que la religión católica podía servir de “escudo defensivo” para frenar la ofensiva imperialista era una afirmación que al menos debió haber explicado, además de enunciarla. ¿Iban a defendernos de Reagan y Thatcher los socios que Reagan y Thatcher tenían en el Vaticano?

En 1986 Ramos, al oponer al alfonsinismo con “los obreros, la Iglesia y las Fuerzas Armadas”, ponía de manifiesto que seguía concibiendo al Frente Nacional Antiimperialista en los términos que ese Frente había asumido casi medio siglo antes. Pero el país había cambiado. Y el Frente Nacional, cuya necesidad sigue vigente porque continúa vigente la dependencia respecto del imperialismo, ya no puede repetir la fisonomía que era propia de una época que ha pasado. Si el Frente Nacional en 1945 no fue la replica exacta del Frente Nacional de 1916, ¿por qué el del siglo XXI habrá de ser una réplica exacta del de 1945? Al fin y al cabo, el Frente Nacional es una categoría conceptual susceptible de adoptar distintas manifestaciones empíricas.

La reciente tragedia ferroviaria de la estación Once ha señalado la precipitación de una crisis terminal. Las muertes de 51 trabajadores y las heridas de otros 700 no fue obra de la fatalidad, ni se debieron a que el siniestro ocurriera en un día laborable en lugar de ocurrir en un feriado, ni pueden ser explicadas como una desgracia que cada tanto ocurre aquí y en otros lugares del mundo, como señaló con inmutable estupidez el primer funcionario a quien el gobierno mandó a abrir la boca, en medio del desconcierto reinante en Palacio.

La responsabilidad por esas muertes y lesiones tienen nombre y apellido: la concesionaria TBA y los funcionarios del gobierno encargados de ejercer el control de su gestión. Precisamente esa gestión es sintomática de la presencia de una burguesía prebendaria, enriquecida a la sombra del Estado a través de negocios desarrollados en un clima de corrupción. No otra cosa es el grupo Cirigliano, favorecido por el desmantelamiento y privatización del sistema ferroviario en la década infame menemista, y luego protagonista en las primeras líneas del intento gubernamental de constituir una burguesía palaciega instrumentado por el kirchnerismo.

El gobierno estaba perfectamente al tanto de la gravedad de la situación. El último informe que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) entregó un año atrás al secretario de Transporte, era más que explícito sobre los peligros que encerraba la infraestructura, el material rodante, el sistema de señalización y telecomunicaciones y el tendido de la red eléctrica del sistema ferroviario, ante la falta de mantenimiento y la desinversión. Los sucesivos informes de la Auditoría General de la Nación son aún más terminantes.

De cara a esta crisis la presidente Cristina Fernández, además de defender la política ferroviaria del kirchnerismo, sólo atinó a decir que la Auditoría nunca había formulado un pedido de rescisión de ninguna de las concesiones, como si ésa fuese la función de la Auditoría, y no hubiese bastado la elocuencia de las denuncias que contenían los informes que el Ejecutivo prefirió ignorar.

No hay necesidad alguna de esperar el pronunciamiento de la Justicia respecto de las causas del siniestro de Once para saber la decisión que hay que tomar. El grupo Cirigliano y por extensión el resto de los concesionarios no pueden seguir administrando las compañías ferroviarias. Esa solución, adoptada dos décadas atrás, correspondió a un plan de reconversión neoliberal del país que inició la contrarrevolución de marzo de 1976 y profundizó el menemismo. La estructura jurídica que aún subsiste (leyes de reforma del Estado, de entidades financieras, carta orgánica del Banco Central, etc) y sus implicancias prácticas (privatizaciones), deben ser desmontadas como parte de un programa de recuperación de las decisiones soberanas del país.

Sin embargo en este caso no se trata sólo de la restitución al Estado de su condición de administrador común de un servicio público. Son los trabajadores y los técnicos ferroviarios, a través de los mecanismos del control obrero, la más sólida garantía de gestión transparente y honesta al servicio del interés común, decisión que constituye el capítulo irremovible de un programa nacional, democrático y antiimperialista.

Socialismo Latinoamericano

El Veto explícito al proyecto de participación en las ganancias y el paulatino alejamiento de los núcleos más combativos de la CGT del gobierno, una creciente resistencia popular a la expansión del saqueo imperialista en la producción minera, la importación por medio de la estatal ENARSA de millones de litros de combustibles para cubrir el inmenso déficit energético que las multinacionales han producido deliberadamente, la desesperación estatal por equilibrar una balanza comercial que amenaza con agotar los superávits gemelos como producto de una industrialización dependiente centrada en la expansión del capital extranjero, cincuenta muertos como corolario de la desinversión, la especulación y la fuga de capitales con que las concesionarias del patrimonio ferroviario han sellado años de entrega, la traumática persistencia de la ocupación británica en nuestro territorio y la ausencia de una estrategia propia y viable para la recuperación de Malvinas.

La constante lucha de las mayorías populares contra el imperialismo económico, político y militar desnudando su trascendencia histórica. Clase obrera, minería y petróleo, ferrocarriles, balanza comercial y Malvinas constituyen los ejes decisivos para comprender la naturaleza semicolonial de la Argentina y definen una agenda sepultada por la partidocracia desde 1976 a la fecha. La coyuntura prevé complicaciones crecientes para el otro gran karma nacional post proceso: el sistema financiero y la deuda externa.

En casi una década de continuidad el kirchnerismo se limitó a operar una regulación política en clave redistribucionista de la explosiva cuestión social post 2001 manteniendo incólume la estructura material de la entrega legada por el terrorismo de estado. Ésta última no ha sido siquiera cuestionada durante el breve periodo que va de las invocaciones a la “profundización del modelo” al posibilismo conservador de la “sintonía fina”. Si las excusas de la militancia popular kirchnerista invocaban entreveradas correlaciones de fuerza que exigían un triunfo inobjetable durante las últimas elecciones, el festejado 54 % contrapone lo que el gobierno efectivamente hace con el despliegue de un programa histórico que, de entre sus bases, sólo exige el Moyanismo.

“Profundizar” era sinónimo, para la inmensa mayoría de votantes de octubre, de retomar fehacientemente un rumbo que encuentra su punto de inflexión bastante antes del “infierno” del 2001, remontándose al golpe cívico militar de marzo del ‘76. En definitiva, el “modelo” sostenido en el protagonismo de la gran burguesía exportadora, la relación favorable en los términos de intercambio, y un piso crítico e inédito sostenido en una brutal devaluación de los costos salariales en dólares, podía orientarse hacia un programa que recuperara el protagonismo excluyente de las mayorías populares argentinas y cortara de cuajo las bases de la estructura del coloniaje heredada por más de tres décadas de contrarrevolución.

Sin embargo, la posibilidad de trocar redistribucionismo por justicia social y neodesarrollismo por antiimperialismo ha comenzado a diluirse en relación directa a la forma en que el setentismo retórico que construía la épica k se desdibuja a favor de las exigencias de “gestión”, “eficiencia” y “racionalidad”. Discursos altisonantes y de ribetes anticolonialistas para el análisis de los territorios insulares de Malvinas contrastan con el servilismo hacia el capital extranjero en el continente, las exegesis grandilocuentes sobre un pasado teñido de lucha y de sangre no logran ocultar una política que comienza a priorizar la coacción y la represión como reguladores del conflicto social o político.

Un amplio apoyo popular, quórum propio en ambas cámaras, una oposición impotente y paralizada, y un poder territorial inédito desde el retorno de la democracia, no bastan para retomar un programa nacional, popular y antiimperialista. La coyuntura esta evidenciando tanto la naturaleza de clase como el contexto histórico de consolidación del kirchnerismo: el progresismo pequeño burgués, como emergente de la crisis del 2001 en su reflujo del 2003, define un programa de capitalismo “serio” que, ante la ausencia de una burguesía propia y fuera de los marcos elementales del nacionalismo político y económico, es difícilmente compatible con un proceso de liberación que retome programáticamente las banderas históricas del peronismo.

Las diferencias entre este último y el kirchnerismo han sido amplificadas en las iracundias con que la CGT moyanista intenta marcar la cancha: aún en los límites contradictorios de un capitalismo autocentrado, el peronismo reconoció claramente que el ingreso de los sectores nacionales y populares es una función derivada de la propiedad de los medios de producción. La justicia social fue el emergente de una aguda transformación en las relaciones de propiedad entre capital extranjero y nacional-estatal. El programa integral de estatizaciones permitió, no sólo sostener la más brutal redistribución del ingreso entre capital y trabajo de nuestra historia contemporánea, sino maximizar la participación política de los sectores populares como nunca antes… como nunca después. Aún hoy, las derivadas sociales de aquel proceso siguen definiendo los límites defensivos del movimiento popular e indican los núcleos desde los cuales se retomará la senda interrumpida.

El gobierno nacional, a través de las drásticas intervenciones del secretario Guillermo Moreno, trata de reducir las importaciones, a los efectos de mejorar el saldo comercial, en franco deterioro. Una política de intervención estatal en el comercio exterior nos parece correcta, lo que cuestionamos es la forma y no nos referimos precisamente a los modales del particular secretario. El tema es la estrategia que subyace tras esas intervenciones, o mejor dicho la falta de ella. En su afán de frenar las importaciones acomete sobre todo el conjunto, sin distinguir entre productos terminados y bienes intermedios, si es producido localmente o no, si son insumos para la industria farmacéutica o necesidades de equipamientos médicos, sin indagar acerca de la existencia o no de planes para la producción futura de alguno de esos productos que no son fabricados localmente.

Un análisis del comercio exterior de la industria nacional del año 2011, revela que la misma es, en su conjunto, deficitaria en su balance de divisas. Revisando renglón por renglón, prácticamente no existe rama industrial que presente balance positivo de divisas: la industria automotriz, que se exhibe como superavitaria en el orden de 1.200 millones de u$s al año (esto es la diferencia entre las divisas provenientes de la exportación de automóviles y las provenientes de su importación), debiera corregirse con el resultado rotundamente deficitario del intercambio de autopartes del orden de los 8.200 millones de u$s anuales. De ésta manera la industria automotriz mostraría un déficit de divisas del orden de 7.000 millones de u$s, y exhibiría su verdadera naturaleza de armaduría.

El renglón de la industria de bienes de capital, le sigue en importancia: su déficit de divisas es del orden de los 6.400 millones de u$s. Máquinas y aparatos electrónicos exhibe un déficit del orden de 4.700 millones de u$s. El déficit total de la industria es del orden de los 29.500 millones de u$s en el 2011. Este déficit había crecido respecto del año anterior un 30 %: esta es la evidencia de la gran dependencia del exterior que tiene la industria argentina de maquinarias, componentes e insumos. La estructura industrial es tal, que cuanto más crece la producción industrial, más crecen las importaciones y el consiguiente déficit de divisas. El programa desindustrializador aplicado desde marzo de 1976 en adelante desintegró al entramado de diferentes cadenas de valor y logró la desaparición lisa y llana de núcleos estratégicos de la matriz productiva doméstica. Se cumplieron plenamente los objetivos políticos del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”: volver a insertar a la Argentina en la división internacional del trabajo, reconvertir su economía, ir del desarrollo industrial científico y tecnológico instaurado por la Revolución Nacional dirigida por Perón, hacia una economía primarizada propia de una semicolonia, que es donde estamos ahora.

Estos objetivos, que respondían a los intereses de la rosca oligárquica imperialista, necesitaron de medios cruentos y violentos para su implementación. Según la cúpula del “Proceso” los objetivos eran dos. El primero fue expresado por el Teniente General Jorge R. Videla en su visita presidencial a los Estados Unidos: “el gobierno del Proceso será el gobierno de un escarmiento histórico”. El segundo, fue manifestado por el Ministro del Interior General Albano Harguindeguy: “el fin último del Proceso será retrotraer la Argentina al 3 de junio de 1943”. Los altos jefes militares del “Proceso” sabían bien de qué se trataba la cosa: no así los oficiales encargados de la tarea sucia, quienes creían que estaban librando una “cruzada” en defensa “de los valores occidentales y cristianos” contra la agresión “marxista internacional”. En nuestros términos podemos decir que los medios utilizados fueron la “violación de los derechos humanos” de miles, para imponer a millones, los objetivos del imperialismo (que coincidía con la fobia antiperonista de la cúpula militar). Los gobiernos “democráticos” a partir de 1983 juzgaron los “medios” que utilizó el “Proceso” pero no los “fines”. De manera que la partidocracia ha profundizado el modelo que impuso el “Proceso”, pero eso sí, con honorables medios “democráticos”. La política de defensa de los “derechos humanos”, que los gobiernos “democráticos” han seguido desde 1983 a la fecha, ha servido para ocultar que la partidocracia está de acuerdo con los “fines políticos” del “Proceso”, el modelo económico social que se impuso a sangre y fuego, dado que durante todos estos años desde 1983 a la fecha, se han dedicado a perfeccionarlo.

Para dar una idea de cómo retrocedió la industria desde el 24 de marzo de 1976, daremos algunos rápidos datos estadísticos. Un país industrializado consume alrededor de 500 Kg/cápita de acero/año. Argentina, en 1975 consumió 180 Kg, máximo histórico. Durante el “Proceso” se cerraron 18.000 fábricas, durante el gobierno de Alfonsín 42.000 y en el de Menem, 108.000. El consumo de acero fue evolucionando hacia abajo: 100 Kg con el “Proceso”, 42 Kg con Alfonsín, 40 Kg en el año 2000 y ahora estamos en 120 Kg. En 1975 había 1.000.000 de obreros metalúrgicos, en el año 2000, 300.000 y ahora hay 500.000. En 1975 la participación de toda la industria en el PBI era de 30 %, ahora es del 15 %.

Cuando en el año 1975 el PBI crecía un 1 %, el consumo de acero lo hacía en 1,5 %, era una economía que crecía en forma “acero-intensiva” es decir creciente industrialización. Actualmente por cada punto que crece el PBI el consumo de acero lo hace en 0,8 %, es decir, es una economía que crece en otros rubros. Este es el límite de la industrialización kirchnerista. La evidente recuperación industrial post-devaluación, solamente lo ha sido en las actividades que se irradian del “modelo” productivo, que no es otro que el que nos ha asignado la división internacional del trabajo: granero del mundo. Con el adicional de agregar valor a la soja para exportar aceite y agregar otro poco más de valor y exportar biocombustibles. Además del saqueo de los recursos energéticos y minerales metalíferos.

La estafa del endeudamiento externo, la más grave de las dependencias, se fue incrementando y perfeccionando año tras año. La deuda externa original, ilegítima y fraudulenta contraída durante el “Proceso”, 40.000 millones de u$s, probada como tal en sede judicial, fue creciendo en forma exponencial, gracias a distintos y variados “arreglos” de los negociadores “democráticos” de turno, hasta llegar a los más de 200.000 millones actuales, habiendo pagado durante ese lapso 200.000 millones, ¡5 veces los 40.000 iniciales que eran fraudulentos! Ese pesado lastre nos sigue succionando miles de millones de dólares al año, cuando no debiéramos pagar nada. Pero la estafa fue mucho peor. A partir de la “seguridad jurídica”, que se otorgaba a los inversores extranjeros, a través de la firma entre la Argentina y Gran Bretaña en 1990, de los infames Tratados de Paz por la Guerra de las Malvinas en Londres y Madrid, y luego la firma de similares Tratados con los países del Commonwealth, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, fue posible la política de privatizaciones. Con bonos a valor nominal se pagaron las empresas del Estado Nacional, cuando los mismos cotizaban entre 12 y 14 %. Como a su vez las empresas públicas fueron tasadas a valores muy bajos, la consecuencia fue que se entregaron al valor simbólico del orden del 2 %. Esta fenomenal estafa, que entregó el patrimonio nacional a la voracidad de empresas privadas, la mayoría extranjera, fue aprobada por el conjunto de la partidocracia, aunque algunos quisieron luego despegarse refiriéndose a las “nefastas políticas neoliberales de los 90” pero se cuidaron y se cuidan muy bien de no cambiarlas.

Para llevar esto adelante, se contó con la asistencia técnica y financiera del imperialismo. El Banco Mundial “ayudó” a la Argentina con sus técnicos y con sus fondos. Financió la reforma del Estado Nacional, de allí salieron los fondos para pagar los “retiros voluntarios” y las indemnizaciones de muchas decenas de miles de trabajadores estatales, no fuera cosa que las empresas privadas tuvieran que cargar con ese costo. Por supuesto, esos créditos se sumaron a la deuda externa que seguimos pagando. El Banco Mundial siguió “ayudando”, en el caso de la reforma minera, hoy en tela de juicio. Otorgó créditos para el financiamiento del “Programa de Asistencia al Plan Minero” en los denostados ‘90, que también contó con el beneplácito de la partidocracia. Este orden jurídico permite una actividad económica depredadora, con importantes ganancias remitidas al exterior, con trato impositivo privilegiado con estabilidad fiscal por treinta años, con laxas normas de protección ambiental. El carácter depredador de este saqueo es ocultado a la mayoría de la población por el triángulo corrupto conformado por los funcionarios gubernamentales, tanto Nacionales, como Provinciales y Municipales, las empresas mineras y las ONG ambientalistas transnacionales. El Banco mundial hoy presta dinero a la Argentina para pagar planes y subsidios: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Seguro de Capacitación y Empleo (SCE). También nos “ayuda” para mejorar la salud, infraestructura vial, agua y saneamiento. Otorga créditos a las provincias en forma directa, dada la facultad de las mismas de realizar negociaciones, celebrar acuerdos, contratos, y/o convenios con los organismos internacionales de crédito relacionados con los recursos naturales existentes en su territorio, derivada de la reforma constitucional de 1994, por supuesto pergeñada por la partidocracia a partir del “Pacto de Olivos” de Alfonsín-Menem. Los contratos que instrumentan estos préstamos incluyen un “monitoreo” y un “plan de asistencia técnica”, que le da al Banco Mundial, a través de sus agentes, el control de áreas específicas de nuestra economía y administración. Les permite el acceso a organismos legislativos, administrativos y judiciales. Presionan permanente e insistentemente para el logro de sus objetivos, influyendo en la sanción de leyes, decretos, y resoluciones administrativas que lesionan nuestra soberanía, condicionando el devenir económico y político. Estos agentes, destruyen los cimientos de nuestra economía, aumentan la deuda pública y profundizan nuestra dependencia económica.

Como se ve, el Banco Mundial es más dañino aún que el FMI, que tiene mala prensa. En realidad trabajan en conjunto, desde su creación en 1944 en Bretton Woods. Policía bueno, policía malo. El FMI no es un banco, es un organismo del cual nuestro país es miembro, pagamos una suscripción que nos da derecho a estar asociados. Debido al valor de nuestra suscripción, el FMI nos asignó una cuota de votación: representa el 0,87 % dentro de los 187 miembros. Ser socio implica aceptar su estatuto, que permite a sus técnicos auditar la economía una vez al año. El FMI ha estado monitoreando durante el año 2011 por medio de sus técnicos, los registros estadísticos y cálculos del INDEC.

La Argentina había rechazado la invitación a asociarse en 1946, mediante Ley aprobada en el congreso, impulsada por el presidente Juan D. Perón, quien opinaba que “el FMI es hijo putativo del imperialismo”. El gobierno militar fusilador que depuso al gobierno democrático de Perón, asoció a la Argentina al FMI el 20 de septiembre de 1956. El gobierno actual anunció que “nos liberamos de la tutela del FMI porque pagamos toda nuestra deuda con ellos”. Efectivamente nuestro país, ante la exigencia del FMI, pagó inmediatamente los 10.000 millones de u$s que debieron completarse con fondos del ANSES. El FMI, atento al riesgo crediticio a que estaba expuesto, pidió a la Argentina, Brasil, Rusia y Turquía que pagasen de inmediato sus deudas con el organismo, cosa que todos obedecieron al momento, salvo Turquía. Este pago, que el gobierno ha difundido como el comienzo de la “independencia del FMI”, por el contrario, indica la dependencia que tiene la Argentina respecto del FMI, para liberarse del mismo debe renunciar a su condición de socio, trámite muy simple, sólo requiere el envío de una nota escrita, cosa que por supuesto el gobierno no hizo. El gobierno necesita seguir perteneciendo al FMI dada su intención ya anunciada de pagar la “deuda con el Club de París”.

Por otra parte, el objetivo que se plantea el secretario Guillermo Moreno de llegar a un superávit en el comercio exterior de 10.000 millones de u$s, permitiendo, según expresa “importar un dólar por cada dólar que se exporte”, y las presiones que ejerce la Ministra de Industria Débora Giorgi a los industriales para que “inviertan en equipamiento para sustituir importaciones”, a cambio de mayor protección arancelaria, evidencian que el gobierno no tiene una acabada comprensión del funcionamiento de la industria argentina y/o del comercio exterior (subfacturación de importaciones y sobrefacturación de exportaciones). O tal vez sea peor: no les interesa saberlo. Esto se comprueba en forma más clara con la noticia del reemplazo en la conducción del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) del Ingeniero Enrique Martínez, de excelente desempeño durante nueve años al frente del Instituto, por el Ingeniero Guillermo F. Salvatierra, proveniente del Área de Competitividad de Desarrollo de Agronegocios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La Ministra Giorgi, al comunicar el cambio, anunció que el INTI se dedicará a trabajar “más codo a codo con las empresas, en lugar de dedicarse a problemáticas sociales”. Para aumentar la confusión, cuando el Ing. Salvatierra se hizo cargo, en diciembre del año 2011, pidió la renuncia a toda la conducción del Instituto, confirmando el cambio de orientación del mismo, abandonando los programas abocados a trabajar con Sectores de la Economía Social y Solidaria, y se focalizará en el sector privado. No suena muy “nacional y popular” que digamos. La reorientación que la ministra Georgi anunció consiste, según ella, “en el desarrollo en el país de avances tecnológicos que se hacen en el extranjero y adaptarlos a las características locales”. Eso significa que ya no se desarrollará tecnología localmente, como hasta ahora hacía el INTI con el pobre presupuesto con que contaba, sino que se adaptará a las características locales la desarrollada en el extranjero. Es coherente con el hecho de que el presupuesto del INTI es menos del 20% del asignado al INTA, y también el poner a su frente a un experto en agronegocios.

En fase con esto, las modificaciones que hace la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), organismo descentralizado que depende del Ministerio de Educación de la Nación, a los contenidos de las carreras científicas universitarias es revelador: se eliminan algunas materias científicas y se las reemplaza por otras económicas y financieras. De manera que nuestros técnicos y científicos actuales si quisieran saber lo mismo que los universitarios anteriores a la reforma tienen que hacer un post grado arancelado. Esto, además de ser elitista, da a los recién recibidos una “rápida salida laboral”, dado que estarán lo suficientemente capacitados como para trabajar en las grandes empresas transnacionales, por lo general extranjeras y poder gestionar la compra y/u operar las tecnologías desarrolladas en el extranjero, pero no lo suficiente como para desarrollar tecnologías en forma autónoma. 

De ésta manera, el Ministerio de Educación responde a la demanda de formación de profesionales que la semicolonia necesita, la que deriva a su vez, del mercado laboral dominado por la lógica transnacional: el desarrollo tecnológico, y las patentes, se hacen en las casas matrices y luego se transfieren a las filiales y se cobran las regalías por su utilización. 

El saldo del comercio exterior, además del impacto de la crisis económica mundial, recibirá, para aumentar los desvelos de Guillermo Moreno, otro impacto: la política de “sustitución de importaciones” que ha anunciado el gobierno, al difundir la promoción de la industria electrónica en Tierra del Fuego. Esta industria tendrá un evidente saldo comercial negativo, dado que la producción estará destinada mayormente al mercado interno y se necesitarán importaciones del orden del 90 % de las partes y componentes. Esta política, aumentará la ocupación, pero no desarrollará la industria de proveedores locales, será otra armaduría como la industria automotriz, la fabricación de motos, etc.

El promocionado “modelo nacional y popular” cruje, no sólo por los embates de la crisis económica mundial, sino también como consecuencia de sus propias erradas decisiones. En efecto, la crisis energética, que Socialismo Latinoamericano había denunciado en el 2007, mediante la publicación de “Energía para un Proyecto Nacional y Popular”, ha llevado a la situación de importaciones energéticas del orden de 10.000 millones de dólares para el 2012, precisamente el saldo positivo que busca Moreno.

El cuello de botella que se presenta en la evacuación de la producción agropecuaria, dada la saturación de la capacidad de los sistemas de autopistas, carreteras y rutas, hace más que necesario concretar el anunciado proyecto del gobierno de reactivar la industria ferroviaria y el transporte ferroviario de cargas, anuncio realizado en el 2003 en el gobierno de Néstor Kirchner, pero nunca concretado. Peor aún: la presidente argentina en su visita del año 2011 a la República Popular China concretó un crédito del orden de los 10.000 millones de dólares para la adquisición de material ferroviario, desdeñando la posibilidad de volver a fabricar en la Argentina rieles, locomotoras, vagones y todo tipo de material ferroviario, que incluso llegamos a exportar a la hermana República de Cuba, cuando en 1974 rompimos el bloqueo norteamericano.

La imagen idealizada del “modelo nacional y popular”, se desdibuja al vaivén de las crisis inevitables que acechan a toda semicolonia de economía primarizada, cuando el impacto de la crisis económica mundial, afecta al flanco débil del comercio exterior y muestra su verdadera cara: una economía de enclave, donde el saqueo se produce fundamentalmente mediante el flujo de divisas del pago de la deuda externa, las remesas de utilidades de las empresas estatales que fueron privatizadas-extranjerizadas y el broche de oro e ícono del modelo, la megaminería. El costo de producción de una onza (28 gramos) de oro es de 240 u$s, su cotización actual 1.730 u$s, deja un margen sobre el costo de 620 %, suficiente como para comprar muchas voluntades y eliminar todos los obstáculos que se opongan al saqueo. El gobierno nacional ha decidido apoyar a la megaminería, propone que los Estados Provinciales sean cómplices del saqueo: impulsa la formación de asociaciones de las provincias con las empresas mineras transnacionales, imitando el ejemplo de Santa Cruz donde la Anglo Gold está asociada con Fomicruz, quien tiene el 7,5 % de participación.

En toda economía de enclave, inevitablemente, quienes administran la semicolonia, se encuentran ante la necesidad de reprimir a la población, para asegurar la continuidad del saqueo, cuando la política de ignorar los reclamos, deja de ser efectiva. La política del Banco Mundial de financiar planes y subsidios, con el evidente objetivo de contribuir como un paliativo a reducir las tensiones sociales y asegurar la sustentabilidad del enclave, tampoco es suficiente. Ante la situación actual, en donde el gobierno intenta frenar el drenaje de divisas al exterior, por medio de distintos medios heterodoxos, y reducción del gasto público, en lo que configura un verdadero ajuste, llamado “sintonía fina”, en los cuales la actuación de Guillermo Moreno es primordial, las consecuencias de la decisión de la presidente de privilegiar los avances de la Agrupación La Cámpora, en detrimento de los miembros del movimiento obrero, complican la situación. Los justos reclamos de la CGT y de la CTA, en vísperas de las paritarias, entran en fase con las puebladas de Famatina y Andalgalá: se acercan momentos de máxima tensión.

En espacio de unos pocos meses –entre abril de 2011 y enero de 2012– el Partido Comunista de Cuba celebró su VI Congreso y su I Conferencia y tomó decisiones que han de gravitar sobre el futuro de la Isla y marcarán la suerte de la experiencia socialista. Ambos acontecimientos tuvieron por propósito convalidar el proceso de reformas que la dirección ha puesto en práctica en los últimos tiempos, y que tienen la finalidad de salir del estancamiento y la crisis del modelo de transición construido en base a la matriz stalinista adoptada gradualmente a partir de la segunda mitad de los años 60’, una vez finalizado el Gran Debate que enfrentó a Ernesto Guevara, dirigentes del Ministerio de Industrias y Álvarez Rom, entre otros, con los partidarios del proceso de reformas que por entonces se estaba produciendo en la Unión Soviética.

En sustancia este programa de reformas a la cubana tiende a disminuir la omnipresencia del Estado en todas las esferas de la vida nacional, y abrir nuevos campos de relaciones y prácticas sociales fuera de las áreas estatizadas. El cierre de 500.000 puestos en la función pública y la transferencia obligada de buena parte de esos trabajadores al terreno de los negocios privados, es el síntoma elocuente del sentido de la desestatización que ha adoptado la dirigencia cubana; también lo es la ausencia en los documentos oficiales del VI Congreso y de la I Conferencia, de indicación alguna sobre la voluntad de introducir formas colectivas de asociación obrera de tipo autogestionario en ciertas áreas de la estructura empresaria, que el Estado parece dispuesto a poner fuera de su órbita. Para tener una idea del alcance de este proceso de reconversión sirve tener presente una estimación del Ministerio de Finanzas y Precios: en 2015 algo más del 35% del total de la fuerza de trabajo estará empleada en el área no estatal. De acuerdo a la direccionalidad de las reformas puestas en práctica, la mayor parte de esa masa laboral quedará sujeta a relaciones económicas de corte mercantil.

No es socialismo, es capitalismo

En verdad el desarrollo del pequeño negocio y las relaciones capitalistas de producción y de cambio no son incompatibles per se con el proceso de transición socialista. En definitiva el capital existe antes y durante el período poscapitalista; vale decir, durante toda una época histórica en la que la antigua división de clases sociales ha desparecido. Esa tendencia, mientras se mantenga subsumida en la lógica de la acumulación originaria que establece el plan y rija la plena democracia socialista, no hace peligrar el rumbo de la revolución. Sí, encierra un peligro cierto, el hecho de ignorar el verdadero contenido de esas relaciones. 

En Cuba el pasaje gradual de medio millón de trabajadores al área no estatal de la economía ha de provocar una notoria expansión del sistema de relaciones salariales con su lógica repercusión sobre la relación social fundamental. El asunto fue tratado en la segunda de las cuatro comisiones en que fueron discutidas las resoluciones de la I Conferencia. Ante la preocupación de uno de los delegados sobre el hecho de que la contratación de mano de obra vulnera la letra de la Constitución que prohíbe la explotación del hombre por el hombre”, la crónica del debate señaló textualmente: “La interrogante, considerada legítima, fue esclarecida por Caridad Diego, igualmente en la presidencia de la Comisión, quién recordó que el artículo 14 de la Carta Magna establece la propiedad del Estado sobre los medios de producción, por lo cual las nuevas medidas introducidas en el modelo económico cubano no están en confrontación con ella, independientemente de que la contratación de un trabajador por cuenta propia no le quita sus derechos. Contratarlo y usar su fuerza laboral no significa que se le explote, apunto”.

La respuesta es, en el mejor de los casos, insólita. ¿Desde cuándo el hecho de que el Estado se constituya en propietario de los medios fundamentales de producción impide que la relación salarial que florece en los pequeños emprendimientos privados, resulte la forma característica de la explotación del capital sobre la fuerza de trabajo? La sola propiedad estatal no es garantía de nada. Ahí están para confirmarlo los procesos de restauración capitalista en la Unión Soviética, en todo el bloque oriental, China, Vietnam…, producidos a la sombra de la propiedad estatal, convertida en un fetiche del socialismo. Existe una diferencia apreciable entre este tipo de propiedad, típica del capitalismo de Estado, y la propiedad social de los medios de producción y de cambio, propia del socialismo.

La falsa interpretación sobre el significado de las relaciones salariales a las que ha abierto todo un campo de desenvolvimiento la reforma cubana, no es nueva. En una nota publicada en noviembre pasado,^[1] Camila Piñeiro Harnecker llamó la atención sobre este fenómeno: “De hecho, no se reconoce que la contratación de trabajadores de forma permanente –ya sea por cuentapropistas, campesinos privados e incluso cooperativas–, establece relaciones de trabajo asalariado, y que, por tanto, es una forma de subordinación y, en general, de explotación aun cuando el empleador trabaje junto con el asalariado”. Señala Harnecker que la situación llega al punto de que se haya propuesto incluir en un mismo sindicato a trabajadores contratados y a los cuentapropistas y cooperativas que los contratan. Esto no puede sorprender si se tiene en cuenta que la directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha afirmado que en “la contratación de trabajadores, autorizada por 83 opciones laborales no estatales (…) no se genera una tradicional relación entre empleador y empleado, pues al ser ambos trabajadores por cuenta propia convenían los términos de la contratación”. Creer que la contratación de trabadores por otro u otros, que son a la vez poseedores de los medios de producción, no genera una relación salarial y, en consecuencia, de explotación, lleva al peligroso error de ver socialismo donde no hay otra cosa que capitalismo. Una comprobación tan vulgar que incluso –señala Harnecker–, en Granma se han publicado cartas denunciando que algunas UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa) han dejado de pagar los salarios.

¿Hacia dónde va Cuba?

Está claro que Cuba necesita imperiosamente revolucionar en sentido socialista, un conjunto de relaciones sociales y políticas sobre las que se apoya un modelo definitivamente agotado. Bajos niveles de productividad en la economía, ausentismo e indisciplina laboral en las empresas públicas, burocracia y corrupción en el aparato estatal, son síntomas inequívocos, más allá de las implicancias del anacrónico bloqueo y de la conspiración permanente de parte del imperialismo norteamericano. En noviembre de 2005 Fidel Castro, durante un discurso pronunciado en la Universidad de La Habana, advirtió, luego de mencionar las experiencias históricas que terminaron en el derrumbe de la URSS y el bloque socialista, que el propio proceso cubano no podía considerarse irreversible. “Debemos estar decididos: o abordamos todas estas desviaciones y hacemos fuerte la Revolución destruyendo las ilusiones que pueden quedar al imperio, o podríamos decir: o vencemos radicalmente los problemas o moriremos. Habría que reiterar en este campo la consigna de ¡Patria o Muerte!” Las desviaciones y problemas a que se refería Fidel eran, entre otros, ciertos privilegios que habían aparecido en algunas capas de la sociedad cubana, especialmente durante el Período Especial, el surgimiento de una camada de “nuevos ricos” que hacían valer el interés individual por sobre el interés común, los robos en los circuitos de distribución de combustible y de bienes en las empresas, la desaprensión en el cuidado de la propiedad pública…

Casi siete años más tarde, durante la I Conferencia del PCC, Raúl Castro, volvió sobre el asunto al advertir que “la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, que tanta sangre costó a nuestro valeroso pueblo, dejaría de existir sin efectuarse un solo disparo por el enemigo, si su dirección llegara algún día a caer en manos de individuos corruptos y cobardes”, y denunció que “la corrupción es, en la etapa actual, uno de los principales enemigos de la Revolución, mucho más perjudicial que el multimillonario programa subversivo e injerencista de los Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera del país”. En la ocasión Castro aludió a procesos de investigación en marcha por parte de Fiscalía y la Contraloría General de la República que comprometían a ciertos niveles de la nomenclatura estatal.

La revolución cubana ha entrado en una nueva fase sin que su conducción haya definido un rumbo definitivo. La reforma implementada no es comparable con el giro que hace más de tres décadas imprimió la cúpula del PC de China en dirección a la restauración capitalista. Tampoco lo es con relación a las reformas implementadas progresivamente en los años 60’ en la URSS y el bloque del “socialismo real”, basadas en la reconversión de las empresas estatales en unidades autofinanciadas, guiadas por indicadores de rentabilidad y regidas por mecanismos de mercado. Sin embargo, la reforma cubana no constituye avance alguno hacia una profundización socialista. Antes bien, la desestatización de algunas áreas de la economía habrá de realizarse al precio de una ampliación de la capa de pequeña burguesía, con la correspondiente expansión del campo de relaciones mercantiles. En efecto, en los debates del VI Congreso y de la I Conferencia estuvo ausente un capítulo de capital importancia: el de la vía de transición que lleve progresivamente a la reconversión de la propiedad estatal en propiedad social; la vía que conduce, en palabras de Marx, a “una sociedad compuesta de la unión de productores libres e iguales, dedicados a un trabajo social con arreglo a un plan general y racional”. Antes de encontrar ese rumbo, las experiencias de transición poscapitalistas del siglo pasado se estancaron, entraron en descomposición y se derrumbaron. Cuba está ahora frente a ese problema de importancia histórica, que a casi un siglo del primer intento de revolución socialista, todavía no tiene respuesta.

Las razones exigen una investigación titánica. Quizás las primeras traducciones del PC, las lecturas de Pancho Aricó, o el ingenuo democratismo que Portantiero le adjudicó en su célebre “Los Usos de Gramsci”; quizás la amplitud política de una obra tan genial como polisémica, y su potencial para legitimar a un progresismo que siempre invoca pragmáticas relaciones de fuerza, inocuas guerras de posiciones, inalcanzables reformas morales e intelectuales para sostener su oportunismo histórico. Lo cierto es que si hay un teórico marxista que seduce al progresismo vernáculo debe buscarse en la producción del célebre fundador del PC Italiano. Es que la sofisticada y compleja producción de Gramsci ofrece un campo fértil para los macaneos teóricos y lingüísticos con que el progresismo llena páginas y páginas en clave revolucionaria.

Bastó con que el Moyanismo señalara las limitaciones de clase que comenzaron a desnudarse en el kirchnerismo durante la coyuntura que va de la “profundización del modelo” a la “sintonía fina”, para que todos los cañones de la poderosa prensa psicobolche salieran con los tapones de punta a cuestionar el corporativo y antipolítico comportamiento del burócrata. Ríos de tinta en las editoriales y los artículos centrales de Página 12 han evidenciado el horror de la pequeña burguesía ante cualquier gesto de autonomía ideológica y política en los “pelo duro” que hoy conducen la CGT. El último de estos gestos está firmado por Edgardo Mocca (EM) y lleva el sugestivo título de “Representación Sindical y Representación Política”.^[1]

EM reconoce que el moyanismo y su retórica ensayan una reivindicación del peronismo por encima de las relaciones con el gobierno o el PJ, se estructuran alrededor de una identidad social precisa, los trabajadores y, aquí esta el quid de la cuestión, “han creído ver en el acercamiento del gobierno a la conducción de la central empresaria (por la UIA) una señal de distanciamiento de los trabajadores”. Este último punto le sirve a Mocca para realizar dos movimientos simultáneos: acudir a Gramsci para legitimar sus posturas, y acusar al moyanismo de confundir lo que el célebre italiano distinguió como “conciencia económico-corporativa” y “conciencia política hegemónica”.

Según Mocca, la conducción de la CGT actual confunde su defensa corporativa de los trabajadores con la conciencia política que exige la hora: el kirchnerismo. El autor reconoce que “no se puede pensar la diferencia entre estas últimas de modo esquemático como si se tratara de áreas perfectamente distinguibles en la práctica social” reconociendo que toda acción sindical tiene una dimensión política irreductible. Sin embargo, Mocca se cuida de reconocer dos aspectos centrales de la producción gramsciana. En primer lugar que todo acto político también implica un posicionamiento con respecto a los intereses corporativos de los trabajadores, y que conciencia corporativa y conciencia hegemónica no constituyen líneas paralelas, sino que asumen relaciones de jerarquía en la problemática gramsciana. El veto de la presidenta al proyecto Recalde ante la aclamación de la UIA constituye un buen ejemplo del primer punto, las consecuentes réplicas del sindicalismo al kirchnerismo para asumirse como peronista, uno del segundo.

Qué la retórica presidencial se asuma como gobierno de los cuarenta millones de argentinos priorizando a los “más vulnerables” no distingue a este de ningún otro gobierno en términos de hegemonía. Mocca parece olvidar, deliberadamente o no,  que para Gramsci la hegemonía tiene anclajes materiales concretos que trascienden la retórica y que, en última instancia, se sostienen en los intereses corporativos de una u otra clase social. La burguesía financiera trasnacional durante los ‘90, la gran burguesía exportadora en la postconvertibilidad constituyen, por ejemplo, los núcleos corporativos que animaron la acumulación de capital en la Argentina contemporánea. Es esta la jerarquización que Gramsci establece entre conciencia corporativa y hegemónica. La segunda se constituye siempre sobre la base de la primera, su eficacia depende de su capacidad para encontrar aliados sociales articulando sus intereses inmediatos con los de la nación y hegemonizando un bloque histórico. 

Moyano, sin haber leído a Gramsci, es mucho más lúcido que Mocca en este punto: sabe que el ejercicio de la hegemonía no es una cuestión meramente discursiva sinoconcretamente política. La categoría moral que Mocca toma prestada del discurso oficial, “los más vulnerables”, es, en este sentido, antigramsciana y antimoyanista por varias razones: en primer lugar obtura la naturaleza de clase del colectivo invocado (¿quienes son los más vulnerables en una formación social periférica y dependiente?), en segundo, absolutiza esa distinción para evitar un análisis relativo, por ejemplo, a la cúpula empresarial a la que apuntaba el proyecto Recalde (¿quienes son los más vulnerables en las empresas del capital trasnacionalizado?).

En definitiva, todo proyecto hegemónico implica posicionamientos con respecto a las corporaciones empresariales o sindicales, y todo proyecto corporativo tiene proyecciones hegemónicas innatas. En eso andan kirchnerismo y moyanismo desde la última gran crisis aunque, claro está, con una salvedad decisiva: las condiciones económicas que permitieron el despliegue de un programa con eje en los intereses del capital exportador con el apoyo del sindicalismo organizado comienzan a agotarse, el moyanismo reconoce que el grupo hasta hace poco dirigente se trasforma en grupo dominante, reemplazando el consenso por la coacción y evidenciando, en definitiva, las dos caras que Gramsci reconoció en la moneda de la hegemonía.

La reconstrucción de una eventual unidad entre kirchnerismo y moyanismo no pasa por llamar al secretario general de la CGT a la cordura que exige el progresismo bien pensante, sino por reconocer una bifurcación inexpugnable, al menos por ahora, para el kirchnerismo: o profundizar el modelo en el sentido invocado durante el 2010, retomando un sendero interrumpido durante el golpe cívico militar del ‘76 y proyectado en el antiimperialismo popular que reivindica Moyano, o sintonizando fino a caballito de las corporaciones empresariales, rediseñando el modelo de acuerdo a la crisis global, y cargando los costos en los hombros del inmenso universo de vulnerables, marginados, hiperexplotados, sindicalizados y burócratas que constituyen a la clase obrera argentina.

En Página/12 del 21/01 el periodista Luis Bruschtein (LB) escribe una Editorial que lleva el título de “Patriotismo”, en donde reflexiona en torno al conflicto de Malvinas y su significado. Por tratarse de un intelectual influyente dentro del círculo oficialista podemos suponer que sus opiniones expresan la opinión de un sector del progresismo más o menos cercano al kirchnerismo.

La nota es interesante y merece un análisis exhaustivo pues va directo al tema central que evoca la reivindicación de Malvinas: la relación que existe entre la guerra de 1982 en el Atlántico Sur y la cuestión nacional en un sentido más general, es decir, la defensa integral de las riquezas del país, tanto en el plano material como inmaterial (cultura, valores, etc.).

Dice con acierto LB que la dictadura cívico – militar que gobernaba la Argentina en 1982 “representaba lo opuesto (a lo nacional) y sin embargo pudo apropiarse de esta reivindicación y usarla en contra de todos estos propósitos, en contra de su pueblo, de los intereses nacionales y finalmente en contra del territorio”. Más adelante agrega: “no se construye un discurso nacional sólo con elogios al gaucho, a la bandera y a las Malvinas, golpeándose el pecho y hablando a los gritos, porque ese es el falso discurso patriótico que reproducía los valores dominantes de un liberalismo conservador opuesto a lo nacional y popular (...). Se puede hablar de gaucho, bandera y Malvinas y cantar chacareras todos los días y al mismo tiempo subordinarse al ALCA, al FMI y reprimir a estudiantes y trabajadores”.

En suma, según LB la fraseología vacía, la retórica sobre la Patria y sus símbolos antes y después de 1982 fue puro macaneo, una operación de encubrimiento de la completa claudicación del país ante los poderes mundiales (FMI, multinacionales, etc.). La conclusión es exacta, sin duda. Baste mencionar el proceso de extranjerización de la riqueza nacional, que se puso en marcha bajo la dictadura de 1976 (Martínez de Hoz, L. Sigaut, W. Klein, etc.) y continuó ininterrumpidamente durante el período “democrático”, hasta alcanzar su plena consumación con el menemismo. Corresponde agregar que hasta el día de hoy dicha extranjerización se mantiene intacta en lo esencial, pese a que un gobierno que se autodefine del campo nacional y popular gobierna la Argentina desde el 2003.

Pero hay un contrasentido en el planteo de LB porque precisamente lo que distingue a los sucesos de 1982 de las ficciones pseudopatrióticas anteriores y posteriores es que, por primera vez en 150 años, la reivindicación de Malvinas pasaba del inocuo ámbito de las declamaciones diplomáticas o de los enunciados escolares, al campo ardiente de la ocupación territorial efectiva, a la recuperación de la soberanía plena en el Atlántico Sur, cualesquiera que hayan sido las motivaciones subyacentes de quienes promovieron la recuperación de la soberanía austral.

Esa duplicidad que enerva con razón a LB se quebró el 2 de abril. Malvinas se elevó de los discursos a los hechos, de lo abstracto a lo concreto (diría Marx), de las palabras huecas a la recuperación del territorio y sus riquezas. Y al pasar al plano de la realidad desató una fenomenal reacción popular de júbilo, produjo en menos de lo que canta un gallo un reacomodamiento en el sistema de alianzas internacionales de la Argentina (retorno a los No Alineados, ruptura con EE.UU. y Europa, acercamiento a Cuba y Latinoamérica, estallido del TIAR, etc.), así como una paulatina toma de distancia de sectores políticos y sociales que habían apoyado firmemente a la dictadura desde el golpe del 76. La fuerza de los hechos provocó un freno en los proyectos privatizadores que había puesto en marcha meses antes el ministro de Economía de entonces, Roberto Alemann, hombre del riñón del liberalismo y varias veces candidato a ocupar ese cargo en los años posteriores, ya bajo la plena vigencia de las instituciones de la democracia (colonial).

Los cimientos mismos sobre los que reposaba la dictadura que gobernaba el país desde el ’76, y que constituían su verdadera razón de ser en términos históricos (alineamiento con Occidente imperialista, reconversión privatizadora del aparato productivo, freno al alza de masas del período anterior, desmovilización popular, represión interna, etc.), fueron sacudidos por el acto soberano del 2 de abril y sus consecuencias, muchas de las cuales escapaban a las intenciones de sus actores. Las Fuerzas Armadas dejaban de apuntar hacia adentro y enfocaban sus cañones hacia los históricos enemigos de nuestra plena independencia nacional. La nación en su conjunto se movilizaba en las calles no en torno a un triunfo deportivo sino alrededor de la lucha antiimperialista contra la alianza angloyanqui. Es indudable que el comportamiento de la conducción político-militar de la guerra no estuvo a la altura de las circunstancias. Cometió graves errores de cálculo, vaciló entre avanzar o retroceder, rechazó ayuda de otros países de América Latina, fue incapaz de extender el conflicto al plano económico, cultural, etc., tuvo siempre una actitud ambivalente. En Malvinas, por ejemplo, salvo honrosas excepciones, los oficiales y suboficiales jamás ejercieron el rol de liderazgo y esclarecimiento que insuflara motivación y concientizara a los soldados para la lucha. En definitiva ¿qué podía esperarse de un Ejército cuya oficialidad estaba en buena medida imbuida de las hipótesis de conflicto impartidas por la Escuela de las Américas en la cruzada anticomunista encabezada por EE.UU.?

Pero pese a todo lo anterior, LB coincidirá en que la ocupación de Malvinas y sus consecuencias políticas, diplomáticas, culturales, etc., no fueron “hechos imaginarios”, ni “ensoñaciones discursivas”, ni “arengas de cuartel”. Fue un acto real, tangible, de una fuerza incontenible, que provocó un inmediato cambio en el panorama político nacional. Precisamente esa fuerza material y espiritual anticolonial, cimentada en la sangre y el barro del combate, fue la que se pretendió erradicar finalizadas las operaciones militares en el Atlántico Sur, iniciando la indigna etapa de la “desmalvinización”. No fueron las vacilaciones en la lucha por nuestra soberanía lo que se condenó, sino la lucha misma.

Desmalvinización, sus causas

Dice LB que el proceso demalvinizador posterior a la derrota “…intentó esconder la responsabilidad de los generales detrás de la desgracia de esos jóvenes soldados, víctimas también de la dictadura.”. No es posible coincidir con esta afirmación. Lejos de exculpar a los generales que ordenaron la ocupación de Malvinas, el objetivo político de la “demalvinización” fue justamente el opuesto, como lo rebela el Informe Rattenbach de 1983 que próximamente se hará público por pedido de la Presidente. Se trataba de condenar la gesta, a quienes la ordenaron y cubrir de fango todo lo acontecido con una pesada capa de infamias, distorsiones y mentiras. No debía quedar en pie ni un ápice de grandeza en nuestra guerra contra Inglaterra y EE.UU.. Es preciso situarse en el momento histórico en el que ocurren los hechos. El capitalismo iniciaba una ofensiva para resolver su crisis de acumulación a escala mundial derivada del agotamiento del modelo keynesiano vigente desde finales de la segunda guerra mundial. Esa ofensiva (globalización) implicaba, entre otras cosas, la completa sumisión de los países periféricos a las leyes de funcionamiento del capital en expansión (apertura económica, desnacionalización, etc.). Era preciso que las palabras “soberanía” y “patriotismo” quedaran afuera del vocabulario político y cultural de la época. De pronto se tornaron obsoletas, arcaicas, semifascistas. El capitalismo comenzaba a asimilar los valores “universalistas” que hasta entonces caracterizaban al pensamiento de izquierda y echaba por la borda el ya viejo e inútil discurso del nacionalismo anticomunista.

La operación desmalvinizadora, que instauró en el imaginario social una matriz interpretativa falaz y derrotista sobre los hechos, perseguía, desde el punto de vista político, el objetivo de impedir que el discurso nacionalista (“malvinero”) de defensa de la soberanía se articulara con una perspectiva de democracia real, de contenido social, para abrir un nuevo ciclo de nacionalismo popular (“populismo”, diría E. Laclau), sobre la base del impulso emotivo, la experiencia y las enseñanzas que, tanto en el campo civil como militar, emergieron de Malvinas.

El progresismo y Malvinas

Es sabido que el ancho y difuso campo del “progresismo” pequeño-burgués padece de una congénita desconfianza hacia las reivindicaciones nacionales. No corresponde aquí rastrear sus orígenes pero tal vez se trate de una rémora arcaica, nunca del todo elaborada, que se arrastra desde el surgimiento mismo del peronismo, cuando socialistas, comunistas (stalinistas) y radicales, más toda la intelectualidad anglófila, caracterizaron al naciente movimiento patriótico y popular de la versión criolla del fascismo.

Malvinas se vincula indisolublemente a la cuestión de la nacionalidad y la soberanía, dos términos sospechosos en los ambientes intelectuales sensibles a las modas europeas. Por esa razón siempre ha sido un tema tabú para el “progresismo”. Malvinas no ha logrado hacer pie en los ambientes académicos, no ayuda a ganar concursos ni a obtener cátedras. En nuestras universidades se discute con pasión militante la Comuna de París, la rebelión de Kronstad, el Termidor soviético y Sierra Maestra, cuando no la obra de Bordieu, Giddens, Zizek y hasta la “filantrópica” vida del burgués Steve Jobs, pero nuestra guerra contra el imperialismo no figura en ningún Programa ni en ningún Manual de estudio, si no es para denostarla. Brilla por su ausencia. Ensayar una defensa de la lucha de Malvinas en nuestras universidades es casi como defender a la dictadura liberal pro norteamericana que masacró a miles de argentinos en la década del ‘70.

De las usinas intelectuales del “progresismo” han brotado posiciones abiertamente derrotistas y pro-imperialistas. Un caso extremo es el del filósofo León Rozitchner, recientemente fallecido. Rozitchner escribió un texto que luego se hizo sagrado en los ambientes intelectuales, “Las Malvinas: de la guerra ‘sucia’ a la guerra ‘limpia”’. En él pregonaba abiertamente la derrota argentina durante la guerra, sustentando su posición en la infalible “lógica científica” de su deseo subjetivo de que fracasara la dictadura, su “enemigo principal”. Pero como en el fragor de un conflicto bélico la lógica es binaria, si no triunfaba la dictadura con sus aliados de América Latina y el Tercer Mundo, triunfaban Inglaterra, EE.UU. y los paises europeos, que fue lo que finalmente sucedió para alegría de L. Rozitchner. Tal postura, naturalmente, fue embellecida con un abstruso palabrerío freudiano,  y constituyó para muchos “progresistas” una verdadera proeza intelectual de Rozitchner, un acto de valentía por haber resistido el influjo maligno de las mayorías populares que festejaban la expulsión británica de Malvinas y alentaban a los soldados que combatíamos en las islas a derrotar a los invasores.

Otras posiciones del progresismo fueron más moderadas pero esencialmente tributarias (y en muchos casos generadoras) de buena parte de las mistificaciones desmalvinizadoras que entraron en circulación con enorme impulso tras la guerra. Hay una profusa literatura en este sentido. Un texto que se destaca en esta línea es el de H. Verbitsky “Malvinas, la última batalla de la Tercera Guerra mundial”. Más allá de la confusión presente en el mismo título (¿quién son las partes en esta batalla?), es claro el propósito del autor de derribar cualquier tentativa de erigir a Malvinas como una causa nacional que galvanice al pueblo argentino. Hasta el criminal hundimiento del Crucero Belgrano es presentado como una acción provocada por la Armada Argentina. Nada puede rescatarse de aquella guerra, ninguna enseñanza, ninguna experiencia fue digna, las muertes fueron estériles, todo fue un gran fraude. La única conclusión posible de su postura es que el triunfo inglés fue lo mejor que pudo sucederle al país. Se impuso la idea absurda, de que Malvinas era antitética con las aspiraciones democráticas del pueblo argentino. El triunfo en Malvinas le garantizaba 100 años de supervivencia a la dictadura (la “perpetuaba”, se decía). Tal es el paradigma que intenta imponer el texto de Verbitsky, y que fue uno de las principales zonceras desmalvinizadoras que se echaron a rodar tras la guerra, con un inocultable apoyo de la propaganda británica y norteamericana. Pero cualquiera que conozca apenas superficialmente la historia política del siglo XX (y suponemos que la intelectualidad progresista la conoce), ¿puede creer que es posible ganar una guerra contra el imperialismo sin movilizar a toda la sociedad en esa batalla y, en consecuencia, provocar conciente o inconcientemente una profunda democratización del país?

Mirándolo más de cerca es a todas luces sorprendente que intelectuales “progresistas” que se ufanan de pertenecer al campo “nacional y popular” sostengan posiciones sobre Malvinas que son básicamente idénticas a las de la intelligentzia antinacional y antipopular encaramada en los dispositivos de producción de saber del sistema semicolonial. Es inadmisible pues estamos hablando nada menos que de la única guerra que libró nuestro país contra el imperialismo mundial durante el siglo XX, lo que por ese solo hecho debería resultar un tema de enorme trascendencia para quienes abrevan en el campo nacional y popular.

Ese progresismo, que se proclama nacional, debería aportar hoy en sus múltiples manifestaciones y cartas públicas, un programa meditado de acción concreta orientado a la recuperación plena de la soberanía, en la senda antiimperialista y latinoamericana abierta por Malvinas. ¿Es coherente con el auténtico patriotismo, le preguntamos a LB, la presencia de fuertes capitales británicos en la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la industria alimenticia, la industria cultural, etc.?, ¿no es esto un síntoma claro de la misma duplicidad que acertadamente le adjudica LB a la dictadura?

El progreso social y cultural, la democratización real de nuestra sociedad, la lucha por la igualdad en sus múltiples aspectos y dimensiones, es inseparable de la defensa irrestricta de nuestra soberanía territorial. En el devenir de la historia nuestra, Malvinas representa la voluntad de la nación de ser independiente y libre de cualquier forma de dominación extranjera. Esa independencia es condición necesaria para el desarrollo de un proyecto nacional auténticamente progresista y autónomo. Por tal razón Malvinas debe ser una reivindicación primordial en cualquier programa auténtico que se autodefina como “nacional y popular”. De lo contrario, estaremos frente a una nueva versión de la retórica insustancial que denuncia acertadamente LB en la nota que comentamos.

Fernando Pablo Cangiano
Ex soldado Combatiente de Malvinas

La importante protesta social que iniciaron los pobladores de Famatina, recibió rápidamente una importante difusión periodística. Lo que comenzó como un legítimo y creciente reclamo popular, se transformó en un hecho mediático. Es así como rápidamente se alinearon con los pobladores riojanos, ONG transnacionales como Vida Silvestre Argentina, filial de WWF, cuyo presidente es el príncipe Felipe de Inglaterra y la filial argentina de Greenpeace, de origen canadiense. Entre los justos reclamos se colaron mensajes como “no a la minería del uranio”, “no al uranio” y las declaraciones de las asambleas comenzaron a adoptar algunas expresiones y léxico propio de las ONG transnacionales. El descontento social y los reclamos se difundieron y se reprodujeron rápidamente en varias provincias mineras. La empresa minera Osisko, de origen canadiense, ha desistido de continuar con los trabajos de exploración, según declara, si no cuenta con “licencia social”. El gobierno de la provincia de La Rioja ha anunciado una campaña de “explicación y argumentación con la participación de expertos, de la cámara minera y la empresa Osisko, para debatir con la gente y explicar que el proyecto no es contaminante”. De manera que ya se ha establecido a nivel nacional, la difusión del debate multimediático, por radio, por televisión, diarios, revistas, acerca de la contradicción “la minería contamina vs. la minería no contamina”.

Esta disyuntiva es falsa, ya que cualquier actividad industrial no debe contaminar, debe funcionar dentro de parámetros controlados para que tanto los trabajadores como el medio ambiente estén protegidos de la posible contaminación. La disyuntiva es otra: minería para un proyecto nacional vs minería para el saqueo transnacional. El promocionado debate es un velo que oculta el carácter depredador de la megaminería.

Los responsables de estas maniobras de ocultamiento, son los miembros del triángulo corrupto conformado por los funcionarios gubernamentales, tanto nacionales como provinciales y municipales, las empresas mineras y las internacionales ecologistas, que por supuesto cuentan con la complicidad de los medios de difusión, que responden a los intereses generales del imperialismo. Se completa el cuadro de complicidades en cuanto al ocultamiento del carácter depredador de la actividad, con la connivencia que se da con parte del sector académico, a través de acuerdos de empresas mineras con algunas universidades públicas y privadas.

Las condiciones para que las empresas mineras transnacionales, pudieran efectuar el saqueo de nuestros minerales en forma “legal” y “sustentable”, fueron establecidas a través de decisiones de los gobiernos que se sucedieron desde el golpe cívico- militar de 1976, hasta la actualidad. Comenzando con la legislación financiera de 1977 y la de inversiones extranjeras de 1980, establecidas en la gestión de Martínez de Hoz- Videla. Ambas leyes siguen hoy vigentes. En los años 90, el Banco Mundial financió la reforma del Estado Nacional, dentro de esto estuvo el “Programa de Asistencia al Plan Minero” y parte del cambio fue la reforma constitucional de 1994. Este orden jurídico permite que las provincias, dueñas de los recursos, los entreguen a la voracidad de las empresas extranjeras y se favorezcan los intereses de burocracias políticas corruptas asentadas en las provincias mineras. Este sector recibe trato impositivo privilegiado con estabilidad fiscal por treinta años, está exenta del pago de aranceles de importación y del pago de estadística.

Unos pocos números evidencian la magnitud del saqueo, en el trienio 2004-2006 la empresa La Alumbrera exportó concentrados de oro y cobre por valor de 2.200 millones de dólares, mientras que en el mismo período la provincia de Catamarca recibió, en concepto de canon, 48 millones de la misma moneda, el 2,2 % del valor. Lo más grave de esto es que la base de cálculo, tanto de lo exportado como lo pagado a la provincia, es una declaración jurada de la empresa que no tiene ningún tipo de intervención ni control estatal. Catamarca sigue siendo la provincia con mayor pobreza del noroeste argentino. La Alumbrera consume el 80 % de la electricidad de todo el NOA y tiene la energía subsidiada por todos los argentinos.

El virtuoso doble superávit, el fiscal y el del comercio exterior, así como las tan mentadas Reservas del Banco Central, que no tenían otro objeto más que asegurar el pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, están en peligro, acosados por la realidad del impacto de la crisis económica mundial. El gobierno responde con un ajuste “nacional y popular”, es decir llama “sintonía fina” a la reducción del gasto público vía reducción de ingresos de los trabajadores estatales, eliminación de subsidios y aumento de tarifas de los servicios públicos, la financiación con los fondos de las obras sociales sindicales y los “aprietes” de Guillermo Moreno para reducir las importaciones industriales, cuyo límite es el aumento del desempleo. El verano se calienta aún más con los justos reclamos planteados por la CGT y la CTA, y se recalentó todavía más, con la pueblada de Famatina.

Cada cual atiende su juego. El gobierno nacional intenta despegarse del tema de la megaminería, intenta que no se recuerde la participación que tuvo desde sus orígenes, en la época en que Néstor Kirchner era gobernador, en plena era de las “nefastas políticas neoliberales de los 90”, cuando se instaló en Santa Cruz la Anglo Gold asociada con Fomicruz, empresa provincial. Tampoco quiere que se recuerde la reunión con Peter Munk presidente de la Barrick Gold, ni el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares. Adopta un bajo perfil y promueve que el “debate esclarecedor” sea llevado adelante por el gobernador de La Rioja, los otros gobernadores afectados y las empresas. Juega al desgaste de la protesta, más que al efecto de esclarecimiento. Por su parte, Greenpeace, que por su origen canadiense, conocía el paño, no podía ignorar los oscuros orígenes, y peores procederes de Barrick Gold, ni los desastres ambientales y las demandas en su contra, que tenía la famosa minera canadiense. Durante los años 90, en que empezó a delinearse la política minera y se hicieron los planes para avanzar con la megaminería, en esos momentos Greenpeace, en lugar de alertar sobre lo que se venía, nos distraía con apocalípticos pronósticos con respecto al clima, nos hacía mirar hacia arriba, hacia la atmósfera, cuando lo que querían era llevarse los recursos que teníamos bajo nuestros pies. Ahora, cuando la megaminería es una realidad instalada y con miras a seguir en expansión, ante las resistencias populares se monta sobre las mismas y con su indudable capacidad de agitación social, logra incluir en parte, su agenda antinacional en los reclamos. El 3 de febrero pasado, Martín Prieto, Director Ejecutivo de la filial argentina de la transnacional ecologista Greenpeace, publica en Clarín, en lugar destacado, su artículo “Una agenda ambiental para la Presidenta” donde se atreve en cinco puntos a recomendar políticas a la Presidente argentina. El día 7 de febrero va más allá y publica en el mismo medio una solicitada en contra de la energía nuclear. Es notable cómo se ha dado vuelta con relación a éste tema, el cineasta Pino Solanas, quien en su magnífica película “La Argentina latente” muestra el importante desarrollo autónomo que tuvo por 60 años nuestro país y muestra en la misma, emotivos reportajes a quienes fueron pioneros en el tema y a quienes continúan la senda abierta. Pino ahora piensa como Greenpeace. Esperemos que el gobierno argentino mantenga el rumbo que ha adoptado en materia nuclear, continuando con los planes de Atucha II, y de otras centrales nucleares así como la construcción del CAREM, como ha anunciado.

Nos atrevemos también a proponer políticas a la presidente: que abandone las ilusiones de su programa neodesarrollista, el ajuste anunciado y encare un camino de enfrentamiento con el imperialismo, deje de pagar la deuda externa, denuncie los tratados de Londres y Madrid, y los similares con los países de la Unión Europea, con los países del Commonwealth, con los EEUU y con Japón. Nacionalice la banca y el comercio exterior. Estatice todas las empresa públicas que fueron entregadas a precio simbólico, no sólo YPF. Reforme la constitución, no para extender su mandato sino para que recupere el espíritu de la constitución del 49, que el Estado Nacional recupere la propiedad de los recursos y la planificación estratégica: la Revolución Nacional y Social es un sueño eterno.

Es notable hasta qué punto pueden coincidir la izquierda y la derecha cipayas cuando se trata de enfrentar a las fuerzas nacionales y populares de los países semicoloniales. Comparemos, si no, el artículo que transcribo abajo, aparecido en la prensa del Partido Obrero, con el diálogo entre el supuesto ex montonero Luis Labraña y el supuesto periodista Juan “Tata” Yofre, transcripto en el libro “Volver a matar”, de éste último.

Para el Partido Obrero Perón fue un contrarrevolucionario

Alejandro Guerrero, del PO, dice que el regreso al país de Perón en 1973 no fue resultado de las luchas populares que se sucedieron desde 1955 en adelante, como todo el mundo sabe, sino que “Perón regresó traído por los mismos que lo habían derrocado en 1955”. Es decir, a Perón no lo habrían traído el movimiento obrero y los sectores populares, sino que lo trajo la oligarquía para que desarrollara una “tarea contrarrevolucionaria”.

¿Está claro? Según PO las victorias electorales de 1973 significaron… ¡un triunfo del imperialismo y la oligarquía! En consecuencia, las organizaciones supuestamente “revolucionarias” como PO tenían el deber de enfrentar al gobierno peronista y tratar de derribarlo. Eso es lo que justamente hicieron en 1976: llevaron adelante una tarea de agitación tendiente a debilitar al gobierno peronista hasta su derrumbamiento final. Que la caída del gobierno peronista haya sido usufructuada por la rosca oligárquico-imperialista para liquidar al movimiento popular e imponer un programa retrógrado cuyos efectos aún se sienten, es un mero detalle. (Santucho y el ERP, en pleno delirio, creían que el golpe del 24 de marzo era la “antesala de la revolución socialista”). Lo importante es que “desde la Izquierda” PO enseña a sus militantes que Perón fue un contrarrevolucionario decidido a llevar adelante una contrarrevolución.

Las tesis centrales de la cloaca procesista

Lo mismo dice la derecha procesista del “Tata” Yofre y compañía. Veamos el diálogo que Yofre mantiene con el supuesto ex montonero Luis Labraña, un “arrepentido” que recoge aplausos en la cloaca procesista que rodea a Cecilia Pando.

Labraña le cuenta a Yofré lo que le dijo un interrogador policial poco antes de la asunción de Cámpora: “Usted se va a salvar, todos ustedes se van a salvar porque se van a subir a un barco en este momento, pero, acuèrdese bien, que el barco al que ustedes se suben se va a hundir porque lo vamos a hundir nosotros”. Entonces Yofre le responde a Labraña: “El barco era el gobierno democrático que surgiría después del 11 de marzo”. Labraña asiente y agrega: ““me estaba advirtiendo que no iba a durar mucho, porque todo el aparato estaba intacto, que no se iba a admitir el nuevo proceso que se abría”. Pero Yofre objeta: “¿Me permitìs que te corrija un poco? El que no lo iba a permitir era Juan Domingo Perón. Porque cuando vos escuchás hoy a algunos historiadores que hablan del aparato represivo que estaba montado… no, no, es Perón”.

La tesis de Yofre (y de otros autores más o menos ligados a la CIA o a la última dictadura, como Acuña, Márquez, el jovencísimo Laje o, incluso, Ceferino Reato) es que fue el mismísimo Perón el que inició la represión que luego continuarían los golpistas del 24 de marzo.

La tesis completa contiene los siguientes ítems:

1) En sus orígenes, los Montoneros eran rescatables: eran peronistas, católicos y salidos del pueblo llano, pero luego fueron copados por “las FAR, que eran tipos duros, muy alejados del pueblo, eran los rubios, hijos de familias de clase media y clase media alta” que servían “a las necesidades estratégicas dle Bloque del Este y de Cuba”, dice Labraña.

2) Bajo el gobierno militar de Lanusse, a través de la Cámara Federal en lo Penal creada en 1971, se enfrentó “el fenómeno subversivo”. Dice Yofre: “tuvimos la gran oportunidad de combatir el fenómeno subversivo con la ley en la mano”, pero “los terroristas fueron liberados (por el gobierno de Cámpora) y volvieron a cometer actos criminales”.

3) Entonces llegó Perón, dice Yofre, que “volvió a reformar el Código Penal, y luego María Estela Martínez de Perón intentó recrear un mecanismo similar al de la Cámara Federal Penal (…) pero ya era tarde. Se había perdido la confianza en la Justicia y en el Parlamento”.

4) La consecuencia de lo anterior —dice Yofre— fue que “frente a los hechos terroristas comenzó a imperar la respuesta de la ‘ley de la calle’ y llegaron las patotas, hasta que se ordenó a las Fuerzas Armadas ‘aniquilar’ a la subversión”.

Derecha e izquierda cipayas identifican a Perón con Videla (al nacionalismo burgués con el liberalismo oligárquico)

De los ítems precedentes surgen claramente dos cuestiones:

a) la implícita exculpación del terrorismo estatal de la dictadura de 1976, puesto que los militares habrían hecho lo que se les ordenó, y luego del fracaso de los “civiles”;

b) la co-responsabilidad de Perón en la política represiva.

Es notable que respecto de la co-responsabilidad de Perón en la represión, la derecha filoprocesista coincida con la ultraizquierda del estilo de PO. Unos y otros visualizan una línea de continuidad entre Perón y Videla. Sin embargo, esa línea de continuidad no existió jamás. Es cierto que Perón se decidió a reprimir con severidad a las organizaciones que practicaban la “lucha armada” contra su gobierno. Sin embargo, esa represión tenía como propósito defender un programa (inviable) de capitalismo nacional más o menos autónomo contra quienes lo objetaban “por izquierda” y “por derecha”.

Podríamos decirlo de la siguiente manera: el nacionalismo burgués encarnado por Perón se encontraba en 1973 sin posibilidades de controlar los aparatos represivos estatales (las FF.AA. infiltradas por la CIA le eran hostiles), y sufría simultáneamente el desafío que le presentaban las organizaciones militares irregulares, que durante un tiempo (sólo durante un tiempo) encarnaron una perspectiva de desenvolvimiento hacia el socialismo del proceso popular abierto. Para enfrentar a estas últimas, Perón debió entonces dejar la vía libre al terrorismo paraestatal (Triple A), ya que no controlaba los aparatos represivos estatales. Pero el enfrentamiento entre el terrorismo y el contraterrorismo favoreció el repliegue de las masas populares, y ese repliegue fue letal tanto para el nacionalismo burgués (Perón) como para sus críticos “de izquierda”. Quienes lo aprovecharon fueron las viejas clases dominantes, que tenían a su servicio a las Fuerzas Armadas infiltradas hasta el tuétano por la CIA y el Pentágono.

Vemos, entonces, que la política represiva desatada contra las organizaciones guerrilleras o terroristas (y contra el movimiento popular) debe ser distinguida según al servicio de qué intereses y qué política se lleve a cabo. No hacer esta distinción es un despropósito que conduce a trazar una línea de continuidad entre Perón y Videla, calificando a ambos como “contrarrevolucionarios”, tal como hacen la ultraizquierda y la ultraderecha. Conduce, en definitiva, a pasar por alto las diferencias existentes entre dos entidades complejas pero opuestas entre sí como son el Frente Nacional Antiimperialista, por un lado, y el Bloque Oligárquico Imperialista, por el otro.

El kirchnerismo ha lanzado un Instituto de Revisionismo Histórico. Este Instituto, en vez de limitarse a repetir de manera degradada las tesis expuestas por el “viejo” revisionismo respecto de temas mil veces abordados, debería estudiar estos problemas no tratados, ofreciendo una perspectiva diferenciada de lasque ofrecen la izquiersa y la derecha cipayas.

A quienes dispongan de tiempo para la lectura en este caluroso enero, les recomiendo el siguiente libro: Fórmula para el caos. La caída de Salvador Allende (1970-1973). Su autor es el profesor brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, un hombre comprometido políticamente con el gobierno de Joao Goulart derrocado en 1964 por Garrastazu Medici, y que por ese compromiso estuvo preso y debió exiliarse durante años.

Lo primero que debo decir es que no comparto la perspectiva teórica desde la que está escrito el libro. Moniz Bandeira parte de la concepción marxista según la cual una formación social no está agotada hasta tanto las relaciones sociales que en ella imperan no hayan sido rebasadas por el desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Mientras esto no ocurra, toda pretensión de hacer una revolución sonará utópica y acabará en el fracaso si se la intenta llevar a cabo. Aunque esto es cierto en términos generales, se trata de un esquema que debe ser evaluado a la luz de la dinámica del proceso histórico. Tomado al pie de la letra, o de manera esquemática, implicaría no sólo la inutilidad de toda labor política revolucionaria, sino de toda labor política a secas: la militancia sería definitivamente sustituida por “la gestión”, como dicen los “posmodernos”). A partir de este supuesto, Moniz Bandeira dice que en Chile, en 1970/73, no estaban dadas las condiciones para avanzar hacia el socialismo; ni por la “vía pacífica” pregonada por Allende, por el PC y por la derecha del PS, ni por la “vía insurreccional” pregonada por el MIR, por la izquierda del PS y tal vez por otras organizaciones como el MAPU. En consecuencia, la derrota final del gobierno de Allende estaba predetermiada y nada de lo que las fuerzas políticas revolucionarias hubieran podido hacer o dejar de hacer iba a evitarla. (Tengo la impresión de que Moniz Bandeir confunde el socialismo con las medidas nacional-democráticas tomadas por el gobierno de la UP, como estatizaciones, reforma agraria, etc.  Pero dejaré este punto para otro momento)

Es esta perspectiva “trágica”, y a mi modo de ver equivocada, la que paradójicamente le confiere un atractivo especial al libro, que puede ser leído como un “thriller” que nos atrapa desde la primera página con su intensidad. Son más de 400 páginas que se leen de corrido, y no voy a resumirlas acá. Sólo diré que gran parte del atractivo del libro de Moniz Bandeira obedece al hecho de que trabaja con documentos desclasificados recientemente en Estados Unidos que no dejan dudas acerca de cuestiones como:

1) El papel protagónico que tuvo la CIA en el fracaso de la “vía chilena al socialismo”. Se narran con detalle las “operaciones encubiertas” (como el financiamiento del diario “El Mercurio”, entre otros, o el de las campañas electorales de los partidos Nacional y Demócrata Cristiano) y las “operaciones de engaño” (como la adjudicación a la izquierda de acciones terroristas llevadas a cabo por agentes infiltrados). Verdaderamente, causa escalofríos conocer de las propias fuentes hasta qué punto la Inteligencia imperialista estaba infiltrada por entonces en el aparato estatal chileno (¡y no solo en el chileno! ¡y no sólo por entonces!).

2) La participación activa de la dictadura militar brasileña en la conspiración contra Allende (en Brasil, por ejemplo, se organizaban reuniones conspirativas entre los dirigentes del grupo ultraderechista y terrorista “Patria y Libertad” con militares golpistas). También menciona que hacia agosto de 1973, también militares argentinos estaban en contacto con los terroristas de “Patria y Libertad” para brindarles apoyo.

3) El abierto carácter nacional y de clase que tenía la divisoria de fuerzas entre la Unidad Popular, por un lado, y las fuerzas opositoras, por el otro. Mientras detrás de Allende estaba básicamente el pobrerío:  la clase obrera, junto a sectores de clase media baja, y la juventud radicalizada, en el arco opositor convergía lo que nosotros llamamos “rosca oligárquico-imperialista”: el entramado entre las empresas extranjeras, los latifundistas, las capas superiores de la clase media, los altos mandos militares, los partidos políticos tradicionales, el Poder Judicial, etc.)

Moniz Bandeira va siguiendo casi día a día el progresivo deterioro del gobierno de Allende, hasta el momento en que -trabado por sus propias contradicicones internas- ya no podía ni avanzar (como proponían dirigentes como Altamirano o Enriquez) ni retroceder (como quería el stalinismo), y sólo le quedaba esperar la caída. El libro nos pinta un panorama en el cual las fuerzas contrarrevolucionarias operaban simultáneamente en los niveles político, ideológico, económico y militar, con acciones que respondían a una suerte de “mando unificado” que estaba situado más allá de Chile, en el Pentágono, donde los norteamericanos tenían razones geopolíticas (su disputa con la URSS) y razones económicas (los intereses de las empresas dueñas del cobre) para liquidar a Allende. Y como trasfondo, nos cuenta también cómo la contrarrevolución se posicionaba más allá de Chile. La dictadura brasileña que derrocó a Goulart en 1964 consiguió imponer en Bolivia a Banzer en 1971, luego de liquidar el nacionalismo militar de Ovando y de Juan José Torres (con la complicidad de los “idiotas útiles” de la ultraizquierda). Con Banzer en el gobierno, los contrarrevolucionarios chilenos encontraron una base de apoyo logístico.

Paralelamente, en 1973 se había cerrado (tambièn con intervención de Brasil y de la CIA) el proceso de masas que se insinuaba en Uruguay: los Tupamaros habían sido derrotados, sus intentos de establecer vínculos con militares “peruanistas” estaban terminados y el propio referente del Frente Amplio estaba en prisión. En Perú, el estrangulamiento del proceso revolucionario se daría en 1975, cuando Morales Bermúdez desplaza a Velasco Alvarado. Chile fue el paso siguiente, en setiembre de 1973. Sólo quedaba Argentina. Y el 24 de marzo de 1976 los mismos protagonistas de la tragedia chilena (las “fuerzas vivas” de la oligarquía, los militares vendepatria al servicio de la CIA, la pequeña burguesía cipaya, la partidocracia) consiguieron derrotar al proceso revolucionario abierto años atrás derribando al gobierno peronista.

Tal vez quienes lean el libro de Moniz Bandeira compartiendo su perspectiva de análisis, concluirán que aquella época demostró una vez más que los ideólogos burgueses tienen razón cuando advierten que todo intento de construir el paraíso en la Tierra acaba con la construcción de un infierno. Tal vez lleguen así a la conclusión de que es mejor conformarse con algo de “democracia” y de “derechos humanos” sin pretender ir más allá y “despertar al monstruo”. Quienes lean el libro desde una perspectiva revolucionaria, en cambio, encontrarán grandes estímulos para revisar viejos errores y pertrecharse mejor para cuando vuelvan a soplar con fuerza los vientos emancipatorios en América Latina.

Jaime Corisepa, Presidente de la Federación Nacional del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD-PERU), entrevistado por Pablo Cingolani (Bolpress, 30-12-11), informa que en una “decisión histórica, la FENAMAD sancionó a dirigentes indígenas que favorecieron a las petroleras Hunt Oil y Repsol-YPF para que ingresen a la Reserva Comunal Amarakaeri. Los despojaron de su condición de dirigentes y comuneros. La sanción alcanzó al actual presidente y representante legal ante el Estado de la Reserva Comunal Amarakaeri, Adán Corisepa; al actual presidente de la comunidad nativa de Shintuya, Jacinto Bario, y a los comuneros Antonio Fernández y Rómulo Corisepa, por haber contravenido acuerdos soberanos que prohibían el ingreso de las petroleras nombradas a territorio indígena”. El dirigente añade: “Quisimos dar un ejemplo a todo el Perú con relación a la lucha contra la corrupción. El Estado y las empresas petroleras compran dirigentes para favorecer sus intereses”.

Cingolani, al terminar su entrevista, dice: “Nos despedimos de Jaime Corisepa, felices y confundidos. Felices de haber escuchado que la FENAMAD se fortalece –la sanción a los dirigentes vendidos a las petroleras es ejemplar en todo sentido- y que lo hace para enfrentar la ofensiva de las transnacionales sobre su hogar ancestral, sobre la selva. Confundidos porque, por momentos, no sabíamos si estaba hablando de lo que pasa en Perú o de lo que está pasando en Brasil o en Bolivia”. Paradójicamente, las organizaciones indigenistas guardan sepulcral silencio frente al convenio de los guaraníes de Tarija con Repsol, British y PAE E&P, el que, de acuerdo a comunicado del 15-III-11, “es el primero de esta naturaleza firmado en América Latina con una empresa multinacional petrolera y que, por tanto, esperamos que tenga repercusiones en las prácticas de la industria petrolera, siendo también un aporte específico y concreto a las reivindicaciones de las comunidades indígenas bolivianas y latinoamericanas”.

La Asamblea del Pueblo Guaraní en Itika Guazú (APG IG) indicó, en el mismo documento, que, en la fecha del comunicado, se dio comienzo a la actividad financiera del “Fondo de Inversión Itika Guazú”, que contará con una inversión de 14.8 millones de dólares (aportados por Repsol), cuya duración será de diez años renovables, los que fueron depositados en el Banco do Brasil, el que ha aceptado ser gestor del Fondo, lo que permitirá contar con su asesoramiento financiero a largo plazo. Añade que el uno por ciento de la suma citada (alrededor de 140.000 dólares), beneficiará mensualmente a los guaraníes de la zona, para luego aclarar que la negociación financiera ha sido dirigida por el argentino-español Gregorio Dionis, presidente de la ONG Nizkor, que opera en 40 países, cuyas oficinas principales están en España, Bélgica y EEUU (Bolpress, 26-12-11). La APG IG se ha negado, hasta ahora, a difundir sus acuerdos con Nizkor y Repsol.

Por otra parte, importantes personalidades, encabezadas por el ex Presiente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta, han dirigido una carta al Presidente Rafael Correa, en la que califican de “traición a la patria” los contratos para recuperar la producción que el gobierno suscribirá con Schlumberger, Baker y Halliburton, en las provincias de Sucumbíos y Orellana (Bolpress, 29-12-11). Tal vez el presidente Correa podría argumentar que el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aún no han incursionado en la explotación e industrialización de rubros estratégicos, como la minería y el petróleo, por lo que, infelizmente, debe suscribir acuerdos con consorcios privados. Pero, en cambio, ¿qué puede decir la APG IG para explicar su asociación con Repsol, operadora del mega campo de gas más importante del país? ¿Sus dirigentes también deberían ser acusados de traición a la Patria?

Repsol y Exxon Mobil

El convenio APG IG - Repsol abre perspectivas de otras alianzas con el indigenismo en América Latina a sus empresas asociadas, como la Exxon Mobil, de Rockefeller, considerada la compañía extractivista que más genocidios y conflagraciones internacionales ha causado en la historia de la humanidad. Veamos algunos de los vínculos de Repsol con Exxon Mobil.:

Repsol YPF es el socio de Exxon en los bloques Loma del Molle y Pampa de las Yeguas:

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/exxon-obtiene-dos-bloques-de-gas-no-convencional-en-argentina

Durante la segunda ronda de licitaciones de la Apertura Venezolana, el contrato de Quiamare-La Ceiba fue adjudicado por la petrolera estatal venezolana PDVSA a un consorcio de compañías formado actualmente por Repsol-YPF (operador, con el 50%), Exxon Mobil (25%) y Tecpetrol (25%). La producción actual del bloque es de 14.000 bpd y se estima que con los trabajos programados se duplicará esta cifra en el año 2004. http://www.bnamericas.com/news/petroleoygas/Repsol-YPF_Finaliza_Evaluacion_de_TAG-14.

Entre los socios de Repsol-YPF figuran BP, Exxon Mobil, EOG y Apache: http://mx.ibtimes.com/articles/19153/20111109/petrolera-argentina-ypf-hallazgo-crudo.htm.

Exxo comercializará productos de Repsol YPF http://www.mercado.com.ar/nota.php?id=4609

La petrolera española Repsol-YPF suscribió un acuerdo con la estadounidense Exxon Mobil Chemical para distribuir el 100% de oxo-alcoholes producidos en su complejo Ensenada, en Argentina, a través de su filial argentina de Exxon, Esso Petrolera Argentina

http://www.bnamericas.com/news/petroleoygas/Repsol_y_ExxonMobil_Suscriben_Acuerdo_de_Oxo-Alcoholes

Silencios de Nizkor

La APG IG ha suscrito un segundo convenio con Nizkor, la que asesoró a los guaraníes en su negociación con Repsol. La ONG, en nota titulada: “Algunas puntualizaciones a varios artículos de prensa y a Andrés Soliz Rada”, sostiene que “NUNCA” ha recibido financiación de la Fundación Rockefeller ni de George Soros (Bolpress, 29-12-11). El portal de Nizkor dice:

Un par de claras lecciones emergen del proceso de negociación que llevó al Fondo de Inversión Itika Guasu; una de cara al mundo de la filantropía, que Rebecca Adamson, fundadora y presidenta de First Peoples Worldwide (FPW) expone del siguiente modo:

“El Fondo de Inversión Itika Guasu es un gran logro para todos”. “Con frecuencia escuchamos a los financiadores decir que no pueden financiar a los pueblos indígenas directamente porque carecen de capacidad. Pasar por alto capacidades y habilidades como las demostradas por los guaraníes de la Itika Guasu debieran llevar al mundo filantrópico a repensar sus propias capacidades y relaciones con las comunidades indígenas, porque ahí fuera hay muchas más experiencias exitosas como ésta”. http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/convenio6.html

FPW, patrocinadora de Nizkor, “se convirtió en un proyecto del Centro Tides, en febrero de 2007… Ofrece apoyo a la organización FPW” http://www.nativewiki.org/First_Peoples_Worldwide. A su vez, el Centro Tides recibe importante financiamiento de la Open Society de George Soros http://kleinonline.wnd.com/2011/10/16/proof-wall-street-protests-no-

Cabe añadir que FPW es una de los 28 miembros del Global Philanthropy Committee del Council on Foundations, junto con la Rockefeller Foundation y la Open Society Foundation… http://www.cof.org/whoweserve/international/committee/index.cfm?navItemNumber=15638

El Centro Tides está asociado también a otras ONG, como las fundaciones Ford y Bush. http://www.nativephilanthropy.org/news/first_peoples_fund_announces_2012_artist_business/112811 (Revelación de Global Research de Michel Chossudovsy. es.wikipedia.org/wiki/Michel_Chossudovsky)

Nizkor y la “sentencia ejemplar”

La forma nebulosa con que Nizkor maneja sus fuentes de financiamiento contrasta con sus elogios a la Sentencia Constitucional (SC) de 25-10-10, que favorece a la APG IG en una demanda del Servicio de Caminos (SEDECA), que trataba de alquilar, durante cuatro meses, un campamento en la Comunidad de Cañadas (territorio de la APG) a la Compañía de Servicios Petroleros Petrosur SRL, a cambio de mejoras en sus instalaciones. El relator de la sentencia, Marco Antonio Baldivieso Jinés, en lugar de atenerse a la controversia, introduce temas ajenos a la misma, como las denuncias de esclavitud en la región del Chaco o el relativo a la pugna entre el pueblo Samaraka contra el Estado de Surinam, que violentó el derecho a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas, originarios y campesinos cuando se afecta su hábitat.

Las denuncias de esclavitud en el Chaco y la pugna Saramaka versus Surinam motivaron resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que se sostiene que, en determinadas circunstancias, el derecho de consulta puede transformarse en veto. Este pronunciamiento adquiere después carácter de jurisprudencia internacional, para debilitar aún más a Estados nacionales in constituidos, como Bolivia, Ecuador y Perú, acelerando los riesgos de su desintegración. Nizkor, en su nota de 29-12-11, califica de “Sentencia Ejemplar”, la decisión judicial elaborada por Baldivieso Jinés, la que también es presentada ahora como antecedente internacional en controversias sobre consulta previa, entre países y comunidades indígenas. La SC, frente a la que no existe apelación alguna, pretende que la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), conocida por su indigenismo, sea aún más fundamentalista, equipare la consulta previa con derecho a veto.

El Secretario de Hidrocarburos de Tarija, Dino Beltrán, advirtió que este departamento corre el riesgo de un colapso energético por la sistemática oposición de la APG IG a la ampliación del Gasoducto Tarija Villamontes (Periódico “El Nacional”, Tarija, 04-01-12). En Villamontes, zona fronteriza con Paraguay, se hallan los mega campos de gas más importantes del país, los que cuentan con enormes gasoductos de exportación, cuyas compañías más beneficiadas son Repsol, British Petroleum, Petrobrás y Panamerican Energy.

La “perspectiva de género”, con toda la vaguedad que la expresión conlleva, ha intentado constituirse en los últimos tiempos en el basamento teórico de las reivindicaciones identitarias de las llamadas “minorías sexuales”. Sin embargo, estas últimas no presuponen necesariamente la primera. Siempre será posible inscribir las reivindicaciones identitarias en un marco teórico alternativo, lo cual no será indiferente para sus potencialidades emancipatorias.

El pasado martes 27 de diciembre Clarín publicó una nota de Leticia Sabsay, quien adhiere a las concepciones de Judith Butler, una académica norteamericana “lesbo-feminista”. Por detrás del apoyo a la ley de identidad de género recientemente sancionada, fluyen en el artículo de Sabsay una serie de conceptos que están reñidos no sólo con el conocimiento científico más elemental fundamentalmente, el referido a la bipartición sexual inherente a la especie humana), sino hasta con el sentido común. He marcado en rojo esos conceptos, pero me permitiré reseñarlos:

Primero. Sabsay reclama el derecho de todos a “ser reconocidos —dice “reconocidxs“— de acuerdo al género con el que nos identificamos”. Esto significa que si un señor entrado en años decide autoproclamarse señorita quinceañera, habrá que tratarlo como señorita quinceañera. Si algún esencialista extraviado le dijera: “¡pero usted no es una señorita quinceañera sino un señor entrado en años!”, entonces estaría discriminándolo. El señor-señorita quinceañera podría recurrir al INADI para exigir que se respete su “derecho humano” a ser considerado señorita quinceañera.

Segundo. Sabsay nos informa que nuestro señor entrado en años tiene derecho a ser considerado señorita quinceañera porque de ese modo se estaría reparando la “arbitraria” “asignación de género” que al nacer le impuso “la institución médica” de acuerdo a la determinación de una “presunta anatomía”. Esto significa que así como a nuestro señor entrado en años se le “asignó” al nacer un nombre determinado, pongamos Pedro, o Manuel, pudiéndosele haber asignado otro diferente, como José o… ¿por qué no? María, también se le podría haber asignado la condición de mujer, en vez de la de varón. Es decir que para Sabsay no existen más razones para que una persona sea considerada varón o mujer que las que existen para que esa persona se llame Pedro o María: se trata sencillamente de la “arbitrariedad” del asignador. ¿Sabrá Sabsay cuáles son las diferencias existentes entre las leyes científicas y las leyes jurídicas?

Tercero. El problema de la “presunta anatomía” está aclarado (aclarado es un decir) de la siguiente manera. Cuando nacemos —dice Sabsay— no somos niños o niñas, como todo el mundo cree, sino “niñxs”. A diferencia de un niño o de una niña, que estarían signados por “su supuesto ‘sexo’“, un “niñx” es una entidad que será “considerada sociológicamente como de sexo femenino o masculino” a partir de “una categoría sociológica que pasa por médica”, es decir, a partir de “una definición social de la anatomía que se fundamenta en el saber-poder de la institución médica”. Dicho en criollo: ser nene o nena no depende de tener pito o cachucha, sino de una “definición social” que, como ya nos dijera la propia Sabsay, es impuesta por el dispositivo médico-psiquiátrico de manera “arbitraria”.

Personalmente, creo que toda esta ensalada terminológico-conceptual no tiene pies ni cabeza. Pero no es una preocupación teórica, científica o filosófica la que me conduce a salirle al cruce, sino una preocupación política: el legítimo derecho que tenemos todas las personas de vivir nuestra sexualidad de la manera más libre y plena posible, no puede depender del transitorio atractivo que una moda académica de los países imperialistas ejerza sobre la intelligentzia colonizada. Porque la moda va a pasar, y las demandas identitarias seguirá vigentes, por lo cual es imprescindible comprender su verdadero significado, entrelazarlas con otras demandas igualmente legítimas y articularlas a un proyecto de crítica social y cultural al capitalismo global.

Una observación final. El artículo de Sabsay recurre una y otra vez a la palabra “género”. En su libro Fronteras sexuales editado por Paidós hace unos meses, la autora reconoce abiertamente que ese término “puede funcionar como instrumento analítico (debido) a que se ha dado como un concepto inestable”. Es decir: el término “género” aparece como un concepto-comodín al que se puede recurrir cuando no se sabe bien qué se quiere decir o cuando se quiere matizar el significado más preciso que tiene el término “sexo”. En un comienzo, con el empleo de “género” se quería hacer referencia a la dimensión cultural o social que está presente en la sexualidad, además de la dimensión biológica. Pero posteriormente, las feministas posmodernas (o “posfeministas”) como Butler empezaron a reemplazar el térmimo “sexo” por el término “género” y a decir que el género es “performativo”, lo cual significa que se crea a sí mismo “en el discurso”. Hemos visto que Sabsay adhiere a este punto de vista que, entre otras cosas, es filosóficamente antimaterialista y por tanto antimarxista.

Aunque el libro “Fronteras sexuales” se torna por momento tedioso por su lenguaje abstruso, conviene leerlo para advertir las implicancias políticas de estos discursos que pretenden pasar por “progresistas” pero que están dirigidos contra el pensamiento socialista y de izquierda. Mencionaré sólo dos de esas implicancias:

1) la defensa desvergonzada de la prostitución, es decir, de la mercantilización de la sexualidad y la captura del erotismo por la sociedad capitalista, llamando eufemísticamente a las prostitutas y prostitutos “trabajadores sexuales independientes”. Sabsay deplora “la cantidad de Estados que al tiempo que implementan políticas sexuales de lo más progresistas, siguen criminalizando el trabajo sexual independiente, una zona que, de hecho, parecería marcar el límite de lo que entendemos por democracia sexual”. O sea que la “democracia sexual” incluye para Sabsay el libre ejercicio de la práctica alienante de la prostitución.

2) la defensa vergonzante de la pedofilia, que aparece cuando la autora denuncia “exclusiones que están siempre implicadas en las políticas de reconocimiento de una limitada y la mayor parte de las veces ya normativizada diversidad, y en la que ciertos sujetos, como las trabajadoras sexuales, u otras minorías no normativas, suelen quedar fuera del espectro de las reivindicaciones a atender”. Si el reconocimiento de la “diversidad sexual” abarca lesbianas, gays, transgéneros, travestis, transexuales, bisexuales e intersexos (como indica la sigla LGTTTBI), ¿qué “minoría no normativa queda fuera del espectro de las reivindicaciones a atender”, que no sea la de los pedófilos?

Entre las muchas publicaciones aparecidas a propósito de los diez años transcurridos desde el estallido de diciembre de 2001, hay un libro que aporta elementos interesantes para comprender aquellas jornadas: “2001. Relatos de la crisis que cambió la Argentina” (Editora Patria Grande, Buenos Aires, octubre de 2011). Los periodistas Manuel Barrientos y Walter Isaía realizan entrevistas a diversos protagonistas y analistas. En su conjunto, esas entrevistas permiten a mi juicio sacar algunas conclusiones políticamente importantes. Las mías son las siguientes.

Dolarizadores vs. Devaluacionistas

¿Cuáles fueron las razones de fondo -más allá de la estupidez de De la Rúa y de sus secuaces- que explican el estallido social? Las entrevistas a Mario Cafiero y a Daniel Azpiazu (+) ayudan a comprenderlas. Había que salir de la convertibilidad. Dice Azpiazu: “Desde 1998 se discutía cómo salir de la convertibilidad y había dos grandes posiciones. Finalmente ganaron quienes promovían la devaluación. Es decir, los Techint, los Cargill, los grandes grupos extranjeros vinculados al agro, quienes con la devaluación inan a exportar. Por su parte , las privatizadas y el sector financiero apostaban a la dolarización como fase superior de la convertibilidad, como señalaba Menem. Su objetivo era dolarizar y mantener sus ingresos en dólares. Con ese plan, tenían cartón lleno”. El sector devaluacionista de las clases dominantes logró imponerse, entre otras razones, “porque su discurso incorporaba cierto componente de un ‘modelo nacional productivo’ más proclive a los sindicatos -dice Azpiazu-. Y agrega: “De hecho, ese fue el eje de Eduardo Duhalde. Pero todos sabían que se venía una reducción del salario real superior al 30% en un año”.

Impotencia de autonomistas, izquierdistas y derechohumanistas. La salida partidocratica

El bloque de clases dominantes, entonces, impuso la salida devaluacionista a nivel económico estructural. Pero, ¿qué salidas se plantearon en el seno del campo popular y a nivel político institucional? A través de la voz de los entrevistados por los autores del libro, esas salidas posibles se van dibujando.

Tenemos las siguientes:

1) La salida “autonomista”

Integrantes del Colectivo Situaciones explican en qué consistìa esta salida para la crisis desencadenada. Dicen: “Con respecto al Estado, lo que nos planteábamos, en una discusión bastante intensa, era desarrollar la premisa zapatista de no tomar el poder”, porque “esa idea de que el socialismo se iba a hacer a partir de controlar el aparato de Estado había que declarala nula”. Puede discutirse si el socialismo se va a construir a partir del control del aparato estatal. Pero lo que no merece discusión es lo siguiente: si en el instante mismo en que estalla el régimen político como producto de una profunda crisis económica y social, los trabajadores y el campo popular renuncian por adelantado a disputar el poder, entonces semejante “salida” no es en realidad salida alguna. El “autonomismo”, inspirado en las enseñanzas de intelectuales burgueses como Negri o Holloway, expresa la impotencia pequeñoburguesa para abrir una vía de desenvolvimiento político propia. Sus apariencias “izquierdistas” esconden en realidad su naturaleza derechista. Dicen los referentes del Colectivo Situaciones: “no se trata tanto de tener la ilusión de que el Estado desaparezca sino de aumentar la dosis de autonomía colectiva que una sociedad con Estado debe soportar”. Es decir: el “autonomismo” se rinde ante el poder estatal burgués y se conforma con “espacios de autonomía relativa”. Los partidarios de estas posiciones neo-anarquistas controlaron durante un tiempo las “asambleas populares”, en las cuales la figura raída de Luis Zamora pareció recuperar atractivo. Pero el propio Zamora dice a los autores del libro: “Las ideas de Holloway nos resultaron muy atrayentes (...). Trabajamos mucho con los conceptos del zapatismo y de su libro ‘Cambiar el mundo sin tomar el poder’, (según el cual) hay que construir poder desde abajo y no hay que construir direcciones”. Sin embargo, “los errores que cometimos son por ir más allá de lo aconsejable, no por restringir la horizontalidad de nuestras prácticas”. Es decir, el “horizontalismo” de los “autonomistas” se cocinó en su propia salsa, para decirlo de una manera gráfica. Ezequiel Adamovsky, uno de los “horizontalistas” más lúcidos, lo reconoce: “Los movimientos (de las asambleas populares) no pudimos ofrecer nada muy factible, porque no teníamos propuestas alternativas concretas (...). El supuesto horizontalismo en algún punto es inviable”. La salida “autonomista”, entonces, no era en realidad salida algúna; era, más bien, un callejón sin salida.

2) La salida de la izquierda tradicional

A las organizaciones ultraizquierdistas que intervinieron en las jornadas de diciembre de 2011 (PO, PTS, MST, etc.) se les critica que hayan pretendido manipular en provecho propio las asambleas populares. Se trata de una crítica en esencia incorrecta. Es natural que una fuerza política intervenga en un movimiento de masas tratando de encauzarlo en la dirección que considera correcta. Lo criticable, en el caso de la ultraizquierda, es la inviabilidad de la salida propuesta. ¿Cuál era esa salida? Nos lo dice Christian Castillo, del PTS: “Ese era nuestro modelo de lo que tenía que surgir. Una especie de coordinadora o soviet que organizara la lucha”. Castillo critica con razón la inviabilidad de la propuesta “autonomista”, que proponía “hacer un nuevo mundo dentro del mundo capitalista, una suerte de mundo paralelo”. Pero, ¿acaso era más viable la propuesta de crear “soviets” en la Argentina de 2001? Al final, la izquierda en términos generales (no es el caso del PTS) terminò administrando planes sociales y, de ese modo, contribuyendo a descomprimir la situación social en beneficio de quienes sí proponían una salida viable. Como tantas veces se ha dicho respecto de estos izquierdistas universitarios: maximalismo táctico y minimalismo estratégico.

3) La salida progresista o derechohumanista

Luis D’Elía relata: “En ese momento, el candidato a presidente podía haber sido Víctor De Gennaro, si no se hubiese dejado atravesar por las dudas, porque el tren de la historia pasa en determinado día y a tal hora. No sé qué pasó. No le dio, no pudo, no supo, no quiso”. De Gennaro, por su parte, confirma con su relato hasta qué punto una crisis capitalista profunda descoloca a las fuerzas catalogadas como “centroizquierdistas”. Dice: “Hubo una discusión acerca de si el 20 había que ir o no a la Plaza. Nosotros creímos que había que preservar. Ya se había logrado el objetivo político de la renuncia de De la Rúa y se estaba en otra etapa. Por eso, no fuimos el 20. No teníamos que ir a tomar la Casa de Gobierno. Ese no era nuestro objetivo. No creo en hacer una práctica de confrontación. En otra época hice una práctica insurreccional y creía que se tomaba el poder de esa manera. Pero no me parecía que ese fuera el camino en 2001”. De Gennaro, junto a Carrió y Zamora, insinuaban una salida propia, de carácter “progresista” y “derechohumanista”. Está claro que semejante “salida” no era tal.

4) La salida partidocrática

El primero de los entrevistados en el libro es Wado de Pedro, representante de la organización para-estatal La Cámpora. Militante de la organización derechohumanista HIJOS, De Pedro fue cooptado rápidamente por el kirchnerismo. Informan Barrientos e Isaía: “fue invitado a la Casa Rosada para el anuncio de la promulgación de la ley de indemnización para los hijos de desaparecidos durante la última dictadura y cuando se sancionó la ley de indemnización para los familiares de las víctimas asesinadas en diciembre de 2001”. El kirchnerismo hizo con las agrupaciones derechohumanistas lo mismo que Menem había hecho con las agrupaciones de ex soldados de Malvinas: suculento reconocimiento crematístico. Así, naturalmente, ganó su apoyo.  De Pedro entonces pasó de HIJOS a estudiar administración pública en la Universidad de San Andrés. En 2009 fue nombrado vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y en 2011 fue elegido diputado nacional. Pasó de la militancia a “la gestión”, es decir, del “llano”, a la cumbre del poder estatal. Y su reflexión, no se sabe si cínica o ingenua, es la siguiente: “La gestión es parte de la militancia (...). Son la misma cosa, uno en la gestiòn del Estado trabaja como milita, todo el día”.

¿Cómo fue posible esto? Mario Cafiero dice: “El régimen pudo reconstruirse. Del ‘que se vayan todos’, volvieron todos y la politica sigue manejada por dos partidos, que tienen acuerdos sobre los grandes temas de la Argentina. tienen el acuerdo de que no hay que investigar la deuda, y que hay que pagarla. tienen el acuerdo de que hay que abrir los recursos naturales a las multinacionales”. Las razones por las que “volvieron todos” no es muy difícil de entender, si consideramos las seudo-alternativas de autonomistas, derechohumanistas y ultraizquierdistas. Replanteada la correlación de fuerzas en el seno de las clases dominantes, con primacía de la burguesía exportadora, el elenco partidocrático volvió al ruedo para administrar los intereses de sus mandantes, como lo venía haciendo sin solución de continuidad desde 1983. Claro que, como bien apunta Ezequiel Adamovsky, el estallido de diciembre había dejado sus huellas, las que debían ser tomadas en cuenta a la hora de reconstruir la representatividad política. Dice Adamovsky: “Sin 2001 no existirìa el kirchnerismo, lo cual no quiere decir que el kirchnerismo sea su representante o heredero. Es su producto, al mismo tiempo que su primer sepulturero (...). Uno puede decir que el 2001 fracasó porque no logró cambiar el mundo con la radicalidad que se propuso en el momento de mayor desarrollo, pero al mismo tiempo ‘triunfó’ porque, en su fracaso, marcó un antes y un después, dejó cambios concretos, algunos institucionales y otros más moleculares. (Por eso al kirchnerismo) la clase media de los que ganaron en los noventa, la de los countries, lo detestan. Pero una buena porción de los sectores medios lo ve con simpatía, lo mismo que los más pobres. La política del kirchnerismo, como ellos mismos lo dicen, es la de un ‘capitalismo en serio’. La apuesta de los movimientos sociales en 2001 fue otra: la de politizar a ese sujeto múltiple en un sentido anticapitalista”.

Lo que el 2001 no generó y explica su fracaso parcial: un Frente Nacional Antiimperialista

Si autonomistas, izquierdistas y derechohumanistas estaban “estructuralmente” imposibilitados de ofrecer una salida concreta a la crisis económico-social y político-insititucional que afectaba al país, entonces la única alternativa viable era recomponer el règimen partidocrático haciendo algunas concesiones transitorias al bloque de clases subalternas. Quienes apoyan al kirchnerismo desde posturas nacional-populares encuentran acá el argumento central para el poyo: frente a la burguesía exportadora y “desarrollista” y su expresión política kirchnerista, estaba la burguesía dolarizadora y su expresión política menemista (o neomenemista). Autonomismo, izquierdismo y derechohumanismo no eran alternativas reales. ¿Cómo no apoyar, entonces, al kirchnerismo, definido por publicistas como Norberto Galasso como “movimiento seminacional”?

Sin embargo, lo que estos “nacional-populares” olvidan es que la realidad no se compone únicamente de lo que fácticamente “es”. También forman parte de la realidad aquellas tendencias objetivas que potencialmente pueden concretarse si encuentran el factor “subjetivo” que lo permita.  La conformación de un Frente Nacional Antiimperialista es una posibilidad que está inscripta en la condición misma del país semicolonial. Los elementos constituyentes de ese Frente estaban en 2001 fragmentados y debilitados al extremo: la clase obrera industrial estaba afectada por elevados índices de desocupación; las Fuerzas Armadas habían contenido a la corriente nacionalista expresada en la figura de Seineldin; la clase media intelectual estaba intoxicada de pensamiento antinacional; Y nosotros, los socialistas de la Izquiera Nacional, no nos recuperábamos del duro golpe que significaron la fuga de muchos cuadros militantes hacia le justicialismo menemizado y la destrucción de nuestras organizaciones partidarias. Por tanto, tampoco el Frente Nacional Antiimperialista era en diciembre de 2001 una alternativa real. El régimen demoliberal y partidocrático encontró en esta ausencia la garantía absoluta de su reconstrucción político-hegemónica.

Parece que la elección presidencial de 2012 ya se realizo. Muchos sostienen desde hace tiempo que “el PRI regresará en 2012 a Los Pinos”. Algunos se espantan porque después de “acabar con setenta años de PRI” en el año 2000, sería un “retroceso”. Pero ¿se acabó en el 2000 con setenta años de PRI? ¿Todo lo que el PRI hizo en setenta años fue negativo? ¿Existe un solo PRI?

Desde hace aproximadamente 30 años, cuando se impuso en el mundo y en México el neoliberalismo –que es una ideología, no simplemente una corriente económica–, los partidos políticos se han venido transformando en franquicias comerciales. Políticos “profesionales” se postulan a cargos de elección popular para representar a la ciudadanía, pero no terminan de asumir el cargo cuando se olvidan de sus electores, si es que alguna vez los consideraron seriamente. En los hechos, responden en bloque a los intereses de quienes controlan la franquicia, no a los de quienes se suponen representarían.

Las campañas tienen un abrumador perfil mercantilista, con frases convencionales, caras sonrientes y poca sustancia que debatir. Este fenómeno es la razón de fondo por la cual la gran mayoría de la ciudadanía desprecia y repudia a “los políticos” y, por relación directa –aunque errónea e injusta– a la política, pero políticos y política son cosas muy distintas.

Sin entrar al terreno de las disquisiciones semánticas, digamos que los políticos esencialmente somos todos los ciudadanos (abogados, amas de casa, albañiles, doctores, ingenieros, estudiantes, campesinos…). Tenemos el derecho y la obligación de participar activamente de los asuntos de la sociedad en que vivimos, participación que no debe limitarse al voto. Los conocidos como políticos “profesionales” –al menos la abrumadora mayoría–, son empleados privilegiados de las franquicias.

La futbolización de la política

Hay quienes se identifican con un partido político como si fuese un equipo de futbol. Algún día se hicieron simpatizantes o fanáticos del Cruz Azul, o del Atlas, o del América y llevan la camiseta pegada a la piel, sucede así en casi todo el mundo, es raro quien cambie de equipo. Así actúan muchos en el ámbito de la política, algún día se identificaron con el PRI, el PAN o el PRD… pero el futbol y la política son asuntos muy distintos.

Esta actitud es promovida y aprovechada por las franquicias para consolidar lo que llaman su “voto duro”. A ello se suma el voto oportunista, por necesidad o comodidad. No menos importante es el abstencionismo, resultado de dos fenómenos: el desprecio por la política y la ignorancia. Entre paréntesis, el abstencionismo es ignorado electoralmente pero juega un papel importantísimo y debe ser considerado seriamente a la hora del análisis político.

El voto sin sustento e inducido por la mercadotecnia así como el abstencionismo, tienen su principal fundamento en la ignorancia, que no es un fenómeno casual. No faltan recursos para invertir en educación, existe una política deliberada por mantener a amplios sectores sociales –sin distinción de nivel socioeconómico– en la ignorancia. Es desde las aulas y los medios de comunicación masiva que se impulsa esta política de desinformación colectiva. Aquí cabe modificar la celebre frase de Decartes “pienso, luego existo”, por la más apropiada al caso que nos referimos de “pienso, luego estorbo”.

Una mirada superficial al sistema partidocrático nos permite comprobar que efectivamente los partidos políticos funcionan no con base en premisas ideológicas sino de intereses particulares. El mismo día, un partido comparte con otro la boleta en una elección municipal y con un tercero en una estatal. Otro, o el mismo, comparte la boleta con un partido en una elección presidencial y con otro muy distinto en la siguiente. No hay compromisos ideológicos, sino componendas por intereses particulares o de grupo. Los intereses de los ciudadanos y de la nación sólo se mencionan en campaña electoral.

Es posible que alguien descubra que la organización política con la cual se identificó, en algún momento abandona o traiciona la ideología y los principios que ese alguien comparte, y encuentre que ahora es otra la organización que sí los representa. Aunque parezca contradictorio, en tal situación cambiar de partido resulta congruente, lamentablemente no es lo que sucede en la mayoría de los casos, menos aún con los políticos “profesionales”.

Varios partidos en un mismo partido

La transformación de los partidos políticos en franquicias ha propiciado que en su seno se generen diferencias que nos permiten hablar de varios partidos dentro de un mismo partido. No se trata de diferencias menores, incluso en ocasiones sectores de un partido tienen más coincidencias con algunos de otros partidos que del propio. Este es un fenómeno característico del sistema partidocrático. Los ejemplos sobran y las alineaciones de senadores en la discusión de la llamada

fue reveladora.

¿Cuándo hablamos del PAN, hablamos del de Manuel Gómez Morín y Luis Calderón Vega, o el de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa? ¿Cuándo hablamos del PRD, hablamos del de Cuauhtemoc Cárdenas y Heberto Castillo, o el de Jesús Ortega y Carlos Navarrete? ¿Cuándo hablamos del PRI, hablamos del de Lázaro Cárdenas (aún no se llamaba PRI), del de López Portillo o del de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto?

Si no queremos personalizar ¿Hablamos del PRD que nació con el propósito de fomentar la democracia popular o del que hoy se debate en disputas que lo tienen siempre al borde de la escisión? ¿Hablamos del PAN que nació queriendo acabar con la hegemonía del PRI, o del que hoy ha hecho suyos todos los vicios de partido al cual se propuso quitar del poder? ¿De cuál PRI hablamos, el del

que durante veinte años permitió un crecimiento promedio anual del PIB del 6%, o el de los últimos 30 años, que por su cuenta o aliado al PAN, instauró y consolido la ideología neoliberal en México, con las consecuencia conocidas?

Julio de 2012

Prácticamente definidos los principales candidatos a la presidencia de la república para el período 2012-2018, muchos dan por hecho que el PRI regresará a Los Pinos abanderado por Enrique Peña Nieto. Resulta aventurada tal conclusión. ¿Cómo estar seguros de lo que habrá de suceder en julio de 2012?, si hace unas semanas el PRD y sus aliados estaban al borde de la división y el PRI se mostraba consolidado en la unidad tras su más firme candidato, y hoy, son el PRD y sus aliados los que se muestran unidos (al menos en apariencia) detrás de su único candidato, siendo el PRI el que está en conflicto por diferencias entre sus dos conocidos candidatos (las filosas declaraciones de Beltrones, en su desplegado y posteriores, tienen un inconfundible destinatario) y la disputa por el reparto de los cargos de elección popular.

Sí estoy convencido –aunque pueda equivocarme, obviamente– de que en julio de 2012 habrá un escenario similar al de 2006 pero con personajes distintos. Quien sea, el candidato del PAN obtendrá un cómodo tercer lugar y Peña Nieto y López Obrador se disputarán la presidencia con resultado cerrado.

Sí hablamos del “regreso del PRI a Los Pinos”. Un PRI regresará a Los Pinos, pero tengo serias dudas de que sea el que llevará como candidato a Enrique Peña Nieto (EPN). Me atrevo –y me arriesgo– a considerar la posibilidad de que sea otro PRI, el que de alguna manera representa Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Faltando ocho meses para la elección presidencial, mucho puede pasar. En mi opinión, veremos reflejarse en las encuestas que Peña Nieto comenzará a perder puntos desde el techo que obtuvo, y López Obrador crecerá desde su piso, para arribar a las elecciones de julio con estadísticas apretadas en las preferencias electorales por uno y otro.

Muchos datos me llevan a pensar así. En primer lugar, todo parece indicar que AMLO aprendió de sus errores –los reconozca o no– en la lección de 2006. Aunque son muy pocos los que sepan fehacientemente si hubo o no fraude en esas elecciones presidenciales, son muchos los que lo suponen, e incluso varios de quienes votaron por Felipe Calderón me afirmaron que piensan que sí lo hubo pero que “fue necesario porque AMLO era un peligro para México”. Fraude o no, lo cierto es que la responsabilidad de la derrota deben asumirla AMLO y su gente.

No se debe semanas antes de cualquier elección, menos en las de México, promover calcomanías con la leyenda “sonríe, ya ganamos”, menos aún se puede pretender garantizar resultados ciertos cuando no se está en condiciones de tener representantes en cada una de las casillas y despreciar a sectores importantes de la sociedad. Además, hay factores adicionales, si se quiere subjetivos, como la estrategia de comunicación del candidato, entre otros.

Todo parece indicar que AMLO y su gente tomaron nota. Durante cinco años se dedicaron a recorrer varias veces cada municipio del país y, a pesar de ser sometidos a un apabullante “olvido” por parte de los principales medios de comunicación masiva, cuando no escarnio, lograron mantenerse vigentes en el escenario político.

Constituyeron el Movimiento de regeneración Nacional (Morena), con comités en todo el país que reúnen a la fecha –según dicen– a más de cuatro millones de mexicanos militantes políticos. Esperan que esta organización garantice un conteo cierto de los votos.

Uno de los puntos críticos de la campaña en 2006 fue la polarización que generó AMLO. Por un lado recibió el apoyo firme de sectores populares y por otro el rechazó de sectores de clase media y alta. A esto último contribuyeron el estilo del candidato y una campaña mediática que estigmatizó tan falaz como efectivamente aspectos de su discurso.

El giro en la opinión de muchos empresarios

Por medio de México Despierta (MD), organización creada por empresarios que abiertamente apoyan su candidatura, hace unas semanas AMLO se reunió con mil doscientos empresarios regiomontanos, entre quienes estaban Fernando Canales Stelzer, hijo del ex gobernador panista Fernando Canales Clariond, y Mauricio Sada Santos, aspirante a la candidatura del PAN para la presidencia de San Pedro Garza García), los asistentes lo recibieron con cautela, en silencio, y lo despidieron con efusivos aplausos. Más recientemente hubo reuniones simlares en otras ciudades del país.

Tan cierto es que no se trata de los más encumbrados empresarios, como lo es el hecho de que más el 50% de la producción y el 70% de la generación de empleo es responsabilidad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes); otro dato no menor es que el 99% de las empresas mexicanas son Pymes, y los votos son individuales, al menos en teoría.

Días después de la reunión en Monterrey, el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), una de las organizaciones empresariales más representativas del sector y activa militante contra AMLO en 2006, declaró que no ve hoy en AMLO “a un peligro para México” y destacó el perfil conciliador y propositivo que hoy exhibe el candidato.

Por otro lado, el empresario Fernando Turner Dávila, militante del PAN durante 30 años, renunció a su partido porque se sintió  –dijo– “traicionado por la política económica nefasta aplicada desde el gobierno de Felipe Calderón, que ha empobrecido al país a niveles históricos.” Señaló que en los últimos seis años su inquietud le llevó a encabezar junto a otros empresarios regiomontanos, como Alfonso Romo y Alberto Santos, un movimiento para intentar dinamizar la economía, pero en Los Pinos los ignoraron. “Es un pecado social y moral tener a la mitad de los mexicanos en la pobreza”, dijo. Luego agregó: “las ideas económicas y sociales de Andrés Manuel López Obrador coinciden con las nuestras”. No son las únicas manifestaciones empresariales a favor de AMLO.

Otro dato a tener en cuenta, más aún si consideramos que AMLO y muchos de sus seguidores son ex priistas, y que éste siempre convoca a simpatizantes y militantes de otros partidos a marchar junto a él, distinguiéndolos de sus dirigentes partidistas, es el enfrentamiento que se está dando en el PRI como resultado de la repartición de cargos electorales que la dirigencia del partido hizo a favor de sus nuevos aliados, el Partido Verde Ecologista (franquicia de la familia González) y Nueva Alianza (franquicia de Elba Esther Gordillo).

Televisa y algunas encuestas

Antes, un día después de haberse confirmado que sería el candidato de la izquierda, sorpresivamente para muchos, en el principal noticiero de Televisa se entrevisto en vivo a AMLO durante más de 13 minutos. Es motivo de un análisis que aquí no intentaré, pero merece la atención el buscar comprender las razones de fondo que llevaron a la cadena televisiva que durante cinco años ignoró e hizo escarnio de AMLO, según los casos, a dedicarle gratuitamente más de 13 multimillonarios minutos al flamante candidato.

En la entrevista, AMLO reiteró abiertamente su crítica a televisa, se mostró firme, pero también propositivo y conciliador. Recomiendo invertir esos 13 minutos para ver y oír la entrevista completa.^[1]

Ese mismo día se dio un dato menor, no representativo, pero curioso: los diarios El Universal, Excelsior y Milenio –no sé si otros también– publicaron por separado sendas encuestas cuya única pregunta apuntaba a lo mismo en los tres casos, palabras más, palabras menos, decían: “¿cree que AMLO puede ganar las elecciones en julio de 2012?” las respuestas positivas fueron del 43%, 47% y 43% respectivamente. Por otra parte, según el promedio de varias encuestas –elaboradas con anterioridad a que fuera elegido formalmente candidato– AMLO está en un cómodo tercer lugar de las preferencias, con un 14%, detrás de Josefina Vázquez Mota que tiene un 22% y EPN con un 49%.

Final abierto

Líneas arriba señalé que muchos dan por hecho que el PRI regresará a Los Pinos abanderado por Enrique Peña Nieto y que yo no estoy seguro de ello. Es imposible hoy saber quien será el próximo presidente de México. Lo cierto es qué, quienes no tengan decidido su voto tienen suficiente tiempo para reflexionarlo. Aquellos que sin convicciones ideológicas y políticas votan con base en sus intereses estarán pensando seriamente en seguir el ejemplo de muchos empresarios de todos los niveles –los de Televisa incluidos– y no “casarse con ninguno.”

Aunque ha ido en aumento en los último años, la participación activa en los acontecimientos políticos sigue siendo poca. Es más fácil criticar lo que otros hacen o dejan de hacer, pero también es irresponsable. “Nadar de muertito” es muy cómodo pero ineficiente y peligroso en términos políticos, sólo hay que ver en la situación que estamos. Debemos dejar de vernos como víctimas, responsabilizarnos, involucrarnos, no dejarnos manipular, razonar, debatir con ideas, ir de los hechos a la convicción, no a la inversa, y asumir una actitud militante.

Cada ciudadano debe asumirse como lo que es: un político, sin comillas, que tiene el derecho y la responsabilidad de participar permanentemente –y de tanto en tanto con su voto– de los asuntos que hacen a su destino y el de la Patria.

La tensión existente entre el gobierno y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se ha convertido en uno de los rasgos salientes del cuadro político poselectoral. El último de los cruces protagonizado por Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, no dejó duda alguna sobre el giro que ha tomado la relación entre el kirchnerismo y el jefe de la central obrera. Moyano hijo advirtió “hasta acá se llegó”. A continuación hizo referencia a la resistencia de la Casa Rosada a aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que afecta al salario, con un comentario terminante: “Es una vergüenza y da bronca que se cobre un impuesto al trabajo. Vamos a reclamar de la forma que tenga que ser. Somos consecuentes, no obsecuentes”.

Es un hecho que el gobierno no lo quiere al jefe de los camioneros al frente de la CGT y que ha puesto en marcha un plan de relevo que tiene como entusiastas impulsores a los denominados Gordos, un núcleo de burócratas archicorrompidos, cómplices incondicionales de la política antiobrera que desarrolló el menemismo en los 90’ y luego la Alianza hasta que estalló la crisis de diciembre de 2001. La CGT encabezada por Moyano ha sido una pieza fundamental en el sostenimiento del gobierno kirchnerista, especialmente tras sus derrotas ante el bloque agrario y el Grupo Clarín en 2008 y frente a la oposición en las elecciones de 2009. Lo ha sido también en el mecanismo de fijación del salario en un nivel compatible con la prosperidad de los negocios de la burguesía y la reproducción del “modelo productivo”. Sin embargo, Moyano había alcanzado un grado considerable de poder y tenía la idea de seguir avanzando.  Por ejemplo, quería ubicar a uno de sus hombres como segundo en la fórmula presidencial; pretendía asimismo obligar a las empresas a que distribuyesen parte de sus ganancias y abrieran a los dirigentes sindicales sus libros contables, alternativa que pone muy nerviosos a los sufridos patrones. Cuando Pablo Moyano dice “somos consecuentes, no obsecuentes”, está indicando claramente que el apoyo al gobierno tiene un precio, que hay una negociación de por medio, que en definitiva ese apoyo forma parte del equilibrio que Néstor Kirchner construyó bajo su gobierno con los sindicatos y la burguesía industrial para desarrollar una política de corte desarrollista.

Para Cristina Fernández las pretensiones de Moyano, especialmente tras el resultado del 23 de octubre, se han vuelto excesivas. De ahí la decisión de desplazarlo de la titularidad de la CGT. Sin embargo, la maniobra no pasa de ser el recambio de una burocracia por otra, con el agravante que “lo nuevo” incluye lo más podrido de la rosca sindical. ¿La promoción de Andrés Rodríguez o de Lingneri, la resurrección de West Campo, Gerardo Martínez, Lezcano o Cavalieri, todos ellos cómplices de las infames “reformas laborales” de los gobiernos de Menem y De la Rúa, constituye el primer paso de la llamada “profundización del modelo”?

Qué encierra la lucha por el poder

Moyano sabe que la clase trabajadora tiene reivindicaciones pendientes (derogación del impuesto al salario, aumento de las asignaciones familiares, negociación salarial sin topes, etc y otras, como la democratización de los sindicatos, que él no menciona) y parece decidido a apoyar su línea de resistencia sobre esos puntos de tensión en la relación Estado-sindicatos. También sabe que se avecinan ajustes inevitables para compensar los desequilibrios de la política económica y con ellos una mayor puja por la distribución del ingreso entre los trabajadores y la burguesía. Encerrado en la lucha por el poder dentro de la CGT, lo que en el fondo se dirime en la disputa entre las distintas fracciones sindicales es la política que ha de seguir el movimiento obrero ante el Estado tras el advenimiento de un nuevo período presidencial. Los enemigos de Moyano ya han dado muestras inequívocas de su disposición a ponerse a las órdenes del gobierno para lo que sea. Están ampliamente calificados. En los años 90’ y hasta fines del 2001 se acostumbraron a hacer el trabajo sucio que les exigían los funcionarios y las patronales y fueron generosamente recompensados.
Moyano, por su parte, ha dado señales de su decisión de dar pelea. ¿Hasta dónde está dispuesto a sostener la puja que mantiene con el gobierno de Cristina Fernández? Desde hace un tiempo Moyano viene sosteniendo la necesidad de “profundizar el modelo”. Es bueno que tenga en cuenta que este modelo se sostiene en base al nivel excepcional de los términos del intercambio, producto de los altos precios internacionales de los productos primarios, mientras mantiene intactas las estructuras de un capitalismo dependiente, fundado en la privatización de las empresas estatales, la enajenación de los recursos naturales a favor de las corporaciones extranjeras y la apertura de la economía al capital financiero internacional.

Hablar de profundizar en el sentido que pueden darle clase obrera a este término significa poner en cuestión esos fundamentos y, a la vez, formular un programa que constituya un giro radical tomando puntos de apoyo en la nacionalización del sistema bancario y del comercio exterior, y afirmando un rumbo autocentrado a través de la planificación democrática de la economía. Mientras tanto las grandes masas obreras y populares seguirán apoyando al gobierno; lo harán hasta que el ciclo kirchnerista alcance sus límites. Cuando esa hora se acerque se hará presente, no sólo para los cuadros avanzados, la necesidad de conquistar una posición independiente y formular una política de Frente Nacional Antiimperialista, superadora del nivel histórico que el peronismo alcanzó seis décadas atrás.

Resulta comprensible que el fallecimiento de Gregorio Flores, el histórico dirigente de SITRAC-SITRAM en los años 60, no haya sido pasado por alto en el campo de la izquierda argentina. Así, por ejemplo, lo homenajean desde el Partido Obrero, al cual se sumó Flores a partir de 1983, hasta Néstor Kohan, referente político-intelectual de un sector de la militancia del PC que rompió con este partido “por izquierda” girando hacia posiciones “guevaristas”. Lo que no debería resultar tan comprensible, en cambio, es que las simpatías que la figura de Flores (como la de todos los luchadores obreros) pueda despertar en la izquierda, opere como obstáculo emocional para emprender una profunda e imprescindible crítica teórico-política de su actuación militante.

En 2006 el grupo ultraizquierdista universitario “Razón y Revolución” editó el libro de Flores Lecciones de Batalla. Una historia personal de los ‘70. Tiene razón Kohan cuando afirma que ese libro es “un texto fundamental que debería ser estudiado en Argentina y en América Latina”. Pero no solamente por tratarse del testimonio de un protagonista central de las luchas obreras de hace cuarenta años, sino porque, al mismo tiempo, nos ilumina acerca de los profundos errores que condujeron a la derrota de aquellas luchas.

¿Quién es revolucionario? Objetivismo y subjetivismo

Empecemos nuestra crítica por lo que sería una “cuestión de método”.  Flores militó en el PRT hasta entrada la dictadura militar. En uno de los capítulos de su libro reivindica a ese partido y a su máximo dirigente, Mario Roberto Santucho. Dice de éste: “Mario Roberto Santucho fue a mi entender un auténtico revolucionario. Puso a toda su familia al servicio de la revolución. El trágico saldo: siete muertos, cuatro desaparecidos, nueve exiliados son un testimonio elocuente de lo que digo”. Ahora bien, la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿constituye el “trágico saldo” de la familia Santucho una razón suficiente para caracterizar al jefe del PRT-ERP como “auténtico revolucionario”?

Existen dos criterios diferentes a partir de los cuales se puede caracterizar a un individuo o a una organización política como revolucionarios. Uno es un criterio que podríamos denominar “objetivista”. El inspirador de este criterio fue el propio Marx, al afirmar que los individuos deben ser considerados por lo que objetivamente son, y no por lo que ellos creen que son. Siguiendo este criterio, Santucho y el PRT habrían sido revolucionarios sólo en el caso de que su práctica política hubiera favorecido a las fuerzas revolucionarias, y no a las contrarrevolucionarias, sin importar la idea que ellos hubieran tenido acerca de sí mismos. Un criterio opuesto, que podría denominarse “subjetivista”, sería el de fundamentar la condición revolucionaria de un individuo o de una organización política en aspectos que tienen que ver con la subjetividad de esa entidad individual o colectiva: la intencionalidad, las motivaciones, los deseos, etc. Cuando Flores recurre al “trágico saldo” de la familia Santucho como prueba del carácter revolucionario de Santucho y del PRT, está incurriendo en el error “subjetivista”.

Hay en su libro innumerables ejemplos de este error, que es verdaderamente sorprendente en alguien que dice ser marxista. Por ejemplo, Flores escribe lo siguiente: “los objetivos del PRT-ERP eran la revolución socialista. Esto está fuera de toda duda. Que los caminos elegidos hayan sido los correctos o no, es parte de otra discusión”.

Hay que disentir con Flores ¡Que los caminos elegidos hayan sido los correctos o no para obtener el fin que el PRT-ERP decía perseguir, es el nudo de toda la discusión político-estratégica que la izquierda debe realizar! Y es lo que determinará, en última instancia, que el PRT-ERP sea ubicado como una fuerza revolucionaria o como una fuerza contrarrevolucionaria.

Sirva el siguiente ejemplo para entender mejor el punto. Supongamos por un instante que Alfredo Astiz haya realizado sus actividades de infiltración en los organismos de derechos humanos con la plena convicción subjetiva de que estaba actuando en favor de su país y de sus compatriotas, a quienes defendía del peligro de una dictadura totalitaria que los sumergiría en el peor de los infiernos. ¿Diríamos en tal caso que entonces Astiz no ha desempeñado la función política contrarrevolucionaria, antinacional y antipopular que efectivamente desempeñó? Es decir: ¿resulta la subjetividad de Astiz un factor determinante o prioritario a la hora de caracterizar su conducta política? Y si para caracterizar a Astiz desestimamos las intenciones subjetivas que motorizaron su conducta, ¿por qué no vamos a proceder del mismo modo para caracterizar a Santucho?

Digamos, además, que la misma crítica que se le puede hacer al subjetivismo de Flores respecto de su caracterización de Santucho, podría hacérsele a quienes -como Kohan o como el jefe de “Razón y Revolución”, el profesor Sartelli- reivindican a Flores en función de las “buenas intenciones” que sin duda presidieron su militancia política y gremial. No hay motivos para desconfiar de la honestidad personal de Flores y de su deliberada intención de acompañar la lucha de los más humildes en favor de un cambio social. Sin embargo, tanto su compromiso militante -primero en el PRT-ERP, y luego en PO- como sus puntos de vista políticos, son merecedores de una severa crítica, puesto que no conducen al propósito que supuestamente lo guió en vida.

Cóctel ultraizquierdista: lucha armada y “clase contra clase”

Veamos el siguiente párrafo del libro de Flores, escrito en 2005: “Para aplastar a la resistencia de los burgueses y sus funcionarios, no hay otra forma que la lucha armada, es decir, el enfrentamiento clase contra clase. Hasta hora, julio de 2005, no estoy enterado de que alguien haya logrado despojar del poder a la burguesía por otros medios que no sea el enfrentamiento armado. Es más, todas las experiencias tratando de ir reformando los estados burgueses para algún día llegar al socialismo, han terminado con el aplastamiento de la clase obrera, como sucedió en España, o más recientemente en Chile con el Frente de Unidad Popular. Para que haya socialismo en un determinado país es necesario, inevitable que los explotados sometan, aplasten a los explotadores. Sólo así la clase obrera podrá erigirse en clase gobernante. Esto, qué duda cabe, se logra por la vía armada. Mario Roberto Santucho fue consecuente con lo que pensaba, por eso está vivo en la memoria de quienes lo conocimos y lo estará seguramente en las nuevas generaciones”.

Se trata de un párrafo sin desperdicios, porque contiene una suma de errores fácticos, interpretaciones erróneas, verdades a medias y afirmaciones sin sustento. Dice Flores: “no hay otra forma que la lucha armada, es decir, el enfrentamiento clase contra clase”. Pero el primero de los términos hace referencia a un método de lucha, y el segundo al contenido de la lucha. Por tanto, la equivalencia que sugiere el “es decir” es incorrecta y sólo consigue confundir al lector. Por lo demás, es falso que la experiencia histórica indique que la “lucha armada” y no “otra forma” (de lucha)  ha conseguido “aplastar la resistencia de los burgueses”. Es una frase que puede sonar bien a ciertos oídos, pero que es decididamente falsa. En Argentina, por ejemplo, la “lucha armada” del ERP o de Montoneros no sirvió para “aplastar la resistencia de los burgueses” sino para que los burgueses aplastaran la resistencia popular. Lo mismo en otros países latinoamericanos, como Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, etc. Por su parte, la experiencia revolucionaria paradigmática del siglo XX, la Revolución Rusa, fue posible entre otras cosas porque los bolcheviques derrotaron a los partidarios de la “lucha armada”. ¿Y qué decir del “enfrentamiento clase contra clase”? Lenin y Trotsky enseñaron una y otra vez que en los países semicoloniales la clase obrera se condena al aislamiento y a la derrota si en vez de intentar acaudillar a otras clases interesadas en luchar contra el imperialismo, plantea su enfrentamiento contra todas ellas. “Clase contra clase” es el eslogan con el que la ultraizquierda quiere ganar las simpatías de adolescentes de clase media, pero su significado profundo es y ha sido siempre absolutamente perjudicial para los intereses históricos del proletariado.

Para no hacer demasiado extensa la crítica a tan desafortunado párrafo, digamos por último que hoy está más que claro que el socialismo no surge necesariamente a partir del “aplastamiento” de la burguesía, como lo prueban los trágicos destinos de las revoluciones rusa y china, cuya función hstórica hoy parece haber sido “crear” una burguesía, en vez de destruirla (y también el de la Revolución Cubana, donde el socialismo brilla por su ausencia a pesar de que la burguesía ha sido “aplastada” hace décadas). Y digamos también que el hecho de que Santucho haya sido “consecuente con lo que pensaba” no añade verdad alguna a ese pensamiento. Más bien podría afirmarse que Santucho fue absolutamente consecuente con los pensamientos erróneos que sustentaba, los cuales lo llevaron a él a la muerte y a su partido a la destrucción. En lugar de criticar estos pensamientos erróneos, que es lo que debe hacer todo revolucionario, Flores se conforma con destacar la “consecuencia” o la “honestidad” de quien los postulaba. Extraño método de análisis, sin duda.

Clasismo y Frente Nacional Antiimperialista

Lamentablemente, el párrafo arriba citado no es una excepción en el libro de Flores, cuyo primitivismo teórico-político asoma en cada renglón.

Véanse los términos en los que plantea sus críticas “fraternales” a Agustín Tosco, aquel gran luchador obrero antiperonista de la época, que osciló entre el ultraizquierdismo foquista del PRT y sus “organizaciones de masas” (como el FAS), y el “etapismo” stalinista pro-ruso. Escribe Flores: “El clasismo afirma la necesidad de la independencia de la clase obrera del Estado Burgués en todas sus variantes y postula la dirección de la clase obrera en la lucha nacional a través de su propio partido. En cambio, el presupuesto del ‘sindicalismo de liberación’ es que entre la clase obrera y la burguesía nacional existiría un terreno común que sería el de la ‘liberación nacional’, poniendo un signo igual entre el programa democrático de los explotadores y el de los explotados. La lucha de clases, presupuesto sobre el que se basa el clasismo, sería reemplazado por la ‘unidad nacional’, y los sindicatos, como agrupaciones de la clase obrera no debían ofrecer fronteras con los patrones ‘nacionales’ o sus agentes en los sindicatos. A esta política adhirió Agustín Tosco, y por eso se llevó a la tumba sus diferencias con el sindicalismo clasista”.

Se trata, otra vez, de un párrafo digno de ser analizado con detenimiento. Flores contrapone, como si fuesen categorías antagónicas, la política “clasista” con la política de “liberación nacional”, que atribuye (ya veremos que equivocadamente) a Tosco. ¿En qué consiste la política “clasista”? Su definición ahora ya no parece ser la típica definición ultraizquierdista de “clase contra clase”, sino la de “postular la dirección de la clase obrera en la lucha nacional a través de su partido”. Pero se trata de una mera coartada discursiva que deja intacto el ultraizquierdismo de base que hay en su concepción. Dice Flores: “Se puede, en determinadas circunstancias, conformar un frente donde esté la burguesía, siempre y cuando la dirección esté en manos de los trabajadores y estos tengan un partido propio que los dirija y en cuyo programa esté explicitado cuál es la clase que debe gobernar, o la destrucción del estado burgués”.

Ahora bien, si los trabajadores tienen la fuerza suficiente para conducir el Frente, para explicitar que son ellos los que van a gobernar y que están dispuestos a destruir el estado burgués, ¿para que van a construir “un frente donde esté la burguesía”? ¿No sería absurdo que los trabajadores, masivamente encolumnados en partidos como el PRT o el PO convocaran a “la burguesía” a hacer un frente dirigido a destruirla? Pero este absurdo se encuentra con un problema previo en el cual no parecen reparar los ultraizquierdistas: guste o no guste, la clase obrera real participa en esos frentes nacionales cuya conducción y cuyo programa no son los propios. ¿Qué hacer entonces? ¿Darles la espalda proponiendo esa política de “clase contra clase” que pretende ser la de la clase obrera contra la burguesía, pero que es en realidad la política de la pequeñaburguesía nihilista contra el Frente Nacional Antiimperialista de obreros y “burgueses”? ¿O participar de ese Frente Nacional desenvolviendo una política de Revolución Permanente, que consiste en el “apoyo crítico”, es decir, en el apoyo a la conducción no obrera del Frente desde una posición independiente, dirigida estratégicamente a disputar la hegemonía? La primera opción fue la del PRT, PO y demás organizaciones de la izquierda cipaya. La segunda opción, la que intentó desenvolver la Izquierda Nacional y Revolucionaria.

Pero si el “clasismo” de la ultraizquierda entra en cortocircuito con los intereses estratégicos de la clase obrera, tampoco el “frente de liberación nacional” de la izquierda reformista encarnada por Tosco y el PC constituye una alternativa viable para los intereses emancipatorios. Flores recuerda que Tosco le explicaba que “sin un frente nacional es impensable la revolución en la Argentina”, pero que a la hora de operacionalizar políticamente esa perspectiva teórica, Tosco se sumaba al Encuentro Nacional de los Argentinos, donde confluían el PC, el Partido Intransigente de Oscar Alende y la Democracia Cristiana. Ni Tosco, ni tampoco Flores, parecían advertir que la convergencia PC-PI-DC expresaba una convergencia centroizquierdista de la pequeñaburguesía objetivamente enfrentada con el Frente Nacional real y concreto (con sus claros y sus oscuros) que se constituía en torno de la figura de Perón. En tal sentido, el ENA era más parecido a una “unión democrática” como la de 1946, o a un “frente popular” como los que juanbejustistas y stalinistas ensayaban de la “década infame”, que a un Frente Unico Antiimperialista como los que postulaban Lenin y Trotsky en los países semicoloniales.

Gregorio Flores: militante antiperonista

Como “Rayuela” de Cortázar, el libro de Flores permite ser leído a partir de cualquier tramo, y los extravíos ultraizquierdistas que lo caracterizan no tardan en aparecer. Por ejemplo, dice en la página 82: “Cuando uno estudia la historia de la clase obrera argentina, cae en la cuenta de que la violencia contra los trabajadores ha sido una constante, bajo todos los regímenes políticos, se trate de gobiernos conservadores, oligárquicos, de gobiernos democráticos elegidos por el voto popular y ni qué hablar de las dictaduras militares cuya única razón de ser ha sido y será imponer la paz de los cementerios”.

Uno no puede menos que preguntarse: ¿qué historia de la clase obrera argentina ha estudiado Gregorio Flores? ¿La de Milcíades Peña? ¿La que estudian los pobres alumnos del profesor Sartelli?  Porque es absolutamente falso que “todos los regímenes políticos” y “todos los gobiernos” hayan significado la misma “violencia contra los trabajadores”. ¿Es para Flores idéntico un gobierno como el de Perón, que promovió la organización de los sindicatos, que un gobierno como el de Videla, que los prohibió y persiguió? Aunque parezca mentira, esto parece ser lo que pensaba Gregorio Flores, quien escribía lo siguiente: “Lo he dicho muchas veces, la burguesía tiene más de dos siglos de experiencia y tiene muy buenos reflejos. Por esta razón, cuando vio que sus intereses estaban en peligro prendió la luz roja y sin ningún prurito trajo al líder de los trabajadores para abortar el proceso que se había iniciado con el Cordobazo. Esa fue la razón del regreso de Perón: frenar las movilizaciones y desbrozar el camino para la llegada del golpe de Videla-Massera”.

Pero la realidad es que no fue Perón quien “desbrozó el camino para la llegada de Videla-Massera”, sino que quienes lo desbrozaron fueron, entre otros, las organizaciones ultraizquierdistas y terroristas como el PRT, que creían que Perón era el gran obstáculo para el triunfo de la “revolución socialista” que ellos supuestamente encarnaban. No advirtieron que, si el socialismo es una perspectiva viviente, esa perspectiva sólo tiene lugar en el curso mismo del desenvolvimiento de un Frente Nacional Antiimperialista, y no en la vereda de enfrente, donde está el imperialismo. Gregorio Flores pertenece a una generación de luchadores populares que no supieron verlo, y que por ello terminaron desempeñando un papel político opuesto al que pretendían. Hay que sacar las conclusiones del caso, pensando en los tiempos que vendrán.

Por gentileza del CEPEN nos llega este trabajo del chileno Pedro Godoy Perrin *, desde tiempo atrás vinculado a la corriente de izquierda nacional en la Argentina. El estudio se encuentra precedido de un “Prólogo para argentinos” realizado por Roberto A. Ferrero, de eficaz utilidad didáctica. Pese a la síntesis que campea en el ensayo, queda posibilitada una lectura instructiva y enriquecedora.

Godoy Perrin es titular de la Sociedad Científica de Chile y cofundador del Centro de Estudios Chilenos que se permite caracterizar con estas palabras: “CEDECH se articula en torno a 1982 y es la única entidad que, en medio de la oceánica anglofilia, apoya a Argentina en la guerra de Malvinas. No sólo eso, ha insistido en la conveniencia económica y geoestratégica de desenclaustrar a Bolivia, coincide con el P. Ejecutivo en evitar el conflicto con Argentina por el Beagle y aplaude el Tratado de Paz y Amistad que pone fin a ese peligro de conflagración. Así como ayer acata el fallo arbitral sobre Laguna del Desierto hoy apuesta al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en lo que al límite marítimo con Perú se refiere” (p. 6). Fundado por personalidades de distintas vertientes, postula una concepción nacionalista iberoamericana tendiente a superar la fragmentación de la nación continental.

Resulta evidente el afán de diferenciación con el nacionalismo de la “patria chica” y de sus cambiantes adhesiones a Hitler, Mussolini o Franco. Convoca a los chilenos a abogar por la “patria grande” despreciando los enfrentamientos fronterizos y los hechos de armas justificados desde un racismo blancocrático, que presenta un país acorralado por el imperialismo argentino que apoyan Bolivia y Perú.

En la década del Centenario emerge un nacionalismo originario crítico de la oligarquía gobernante. El mismo se robustece con la presidencia de Arturo Alessandri (1924) y un amplio apoyo popular. Posteriormente ibañismo y el govismo pasan a ocupar el espacio político de los años treinta. Todos estos procesos son sintéticamente esbozados en el trapajo de Godoy Perrin.

Posteriormente aborda la apertura hacia el camino de encuentro latinoamericanista que entraña el proyecto del ABC, que considera “tan distante de la Casa Blanca como de Moscú” (p.4). Explica su desarticulación por el congelamiento de Vargas y el estancamiento de Ibáñez, para desintegrarse en 1955 cuando Perón es derrocado.

Al finalizar se refiere al apoyo crítico brindado al gobierno de Allende. Pero señala errores de conducción y deplora el sectarismo que significó la cubanización de la política intercontinental. El desabastecimiento, el mercado negro, y la inflación llevaron a la crisis de 1973 que desmoronó súbitamente al oficialismo.

Para el lector interesado resultará aconsejable complementar la lectura de este texto con el libro de Ferrero Enajenación y nacionalización del socialismo latinoamericano, que posee un capítulo dedicado al caso chileno.

Pese al título del estudio, Godoy Perrin manifiesta que prefiere como menos impreciso el nombre de “nacionalismo popular” al de “nacionalismo izquierda”. Pero a esto se agrega la falta de uso de la expresión “izquierda nacional”, lo que hace suponer una diferenciación conceptual concreta. Ello lleva a plantear un interrogante sobre las relaciones teóricas y prácticas, de similitud y desemejanza, entre el nacionalismo de izquierda y la izquierda nacional en Chile que no posee respuesta en el trabajo glosado.

Hay una afirmación de base indudable: existe, en el campo comunicacional, la disputa del poder simbólico entre dos polos concentrados. Desde esa certidumbre partimos, como para dejar, de entrada, las cosas claras.

El terreno de significación, en la Argentina, se resuelve de la lucha hegemónica entre los medios corporativos –Grupo Clarín y adláteres, que sostienen una perspectiva de corte liberal-conservadora– y los medios oficiales –cuyo discurso campea entre el progresismo reformista y cierto conformismo pequeñoburgués que todo lo explica–. Los unos proclamando virtudes constitucionales que remiten a las más amargas experiencias nacionales; los otros enunciando con tono épico sus conquistas, al mismo tiempo que argumentan con detenimiento las razones de por qué no se avanzó más.

Estos dos extremos concentran la discusión por el poder simbólico: es de su tensión, de los efectos de esta, de dónde surge el sentido que se le adhiere a las cosas.

En los últimos tiempos –gracias a la Ley de Medios, huelga reconocer– se ha alcanzado un punto de crudeza quizás inédito: hay dos posiciones nítidamente definidas que pelean por la capacidad de imprimir un significado a las cosas y de generar las categorías de pensamiento que configuren las interpretaciones. En el medio de esas dos posiciones, hay un abismo insalvable. ¿Cómo cobran notoriedad los discursos menores en fuerza ante un escenario de tamaña contradicción? ¿Deben, las voces alternativas, volcarse hacia alguno de los focos de tensión para limitarse a favorecer a la posición más “amigable”?

El grado de independencia de las terceras voces es particularísimo: solo logran visibilidad en tanto y en cuanto sean útiles para los objetivos de uno de los bloques enfrentados. De ese modo, su existencia es fugaz, cuanto mucho esporádica, y está caracterizada por su irresoluble instrumentalidad: existen para servir; o, peor aún, existen cuando sirven. 

Ley de Medios, temporal y después…

La Ley de Medios tuvo una destacable utilidad para desmenuzar el discurso hegemónico de las corporaciones y abrir un escenario de mayor participación y, sobre todas las cosas, de desacralización de las “palabras sagradas”. Los sacerdotes del periodismo perdieron sus credenciales incuestionables. Con la sanción de la ley, el vocabulario sufrió alteraciones y el lenguaje asumió nuevas formas: las palabras dejaron de significar unívocamente, como si resultaran de un designio divino; la lucha por la formulación de los conceptos pasó a ser visible, al menos algo más que antes; los actores, ahora, con el mero acto de enunciar, estaban comprometiéndose.

Pero la Ley de Medios, su uso político –legítimo y esperable: no vamos a pretender zonzamente que medidas de corte progresivo no sean utilizadas políticamente, tal como si nos esforzáramos por cobrar una ingenua posición democratista y parecernos al siempre frágil Ricardito Alfonsín–, produjo que ese campo de cuestionamiento a la hegemonía corporativa sea ocupado por una fuerza igualmente conglobada. Esta tendencia a la uniformidad –no la “uniformidad de criterios”, proclama insostenible desde el moralismo liberal; hablamos, más bien, de hegemonía del discurso oficial –o de los medios simpatizantes– no solo se da por el crecimiento en la cantidad de órganos de difusión, aunque aquí bien puede objetarse que su cantidad y propagación ni se compara con los medios corporativos. Sin embargo, la multiplicación existe sino –y fundamentalmente– por la conformación de su discurso en base a ciertos preceptos incuestionables que adjuntan a su predicamento un acento cuasi sacramental.

Ambos discursos parten de una base común: en el fondo más remoto del ser humano, lo que hay es nobleza, y la función de los sistemas políticos es lograr que esa nobleza emerja y así reine la paz y la concordia.

El moralismo liberal del que se jactan las corporaciones –y sus satélites– es idéntico –en cuanto a su lógica– al moralismo progre del oficialismo. Tanto para unos como para otros existen ejes inamovibles para el desarrollo de sus interpretaciones y todo elemento que los ponga en cuestión, debe ser desplazado; ambos sostienen esquemas de pensamiento similares, pese que difieren en sus conclusiones. Piensan igual, aunque no lo mismo.

A partir de ahí, el cuadro conceptual se consolida y es prácticamente imposible interceder con un planteo disruptivo. No hace falta apoyar explícitamente a uno o a otro, basta con encaminarse de la misma manera, es decir, pensar igual, utilizando los mismos recursos conceptuales y aplicando iguales metodologías racionales.

El tercer lugar

Los conflictos políticos son la resultante de la toma de conciencia de una contradicción material. Detallemos el movimiento: la contradicción material –propia del desarrollo productivo– existe. El lenguaje la atraviesa y la expresa –y configura– en un discurso. Entonces, la contradicción se hace consciente y, por lo tanto, toma forma de conflicto que se resuelve en el campo político.

Ahora bien: ¿Cómo hace una voz alternativa al liberalismo conservador de Clarín y afines y, al mismo tiempo, alejada del progresismo pequeñoburgués del oficialismo para cobrar dimensiones suficientes como para ser capaz, con autonomía, de atravesar con el discurso las contradicciones materiales para hacerlas conscientes y, por lo tanto, que emerjan los conflictos en el campo político?

Porque, vamos al grano, de lo que se trata es de intervenir una contradicción material –y, como tal, aún no puesta en discurso y, por lo tanto, no consciente– y, mediante el lenguaje, hacerla aparecer, cobrar dimensión real, ya que mientras el lenguaje la ignora, esa contradicción es “como si” no existiera.

De esa forma, usufructuando su hegemonía, los medios corporativos tienen la capacidad de mantener en la inconsciencia determinadas contradicciones existentes. Como son los dueños del poder simbólico que permite “hacer consciente” las condiciones materiales, ellos también eligen qué existe y qué no. Ese es el trasfondo del –en apariencia– banal “fijar la agenda”.

Entonces, el motivo de una comunicación que tercie en esa bipolaridad es el de lograr poner en discurso contradicciones que los otros bloques ignoran y, de esa manera, ejercer presión para que ese conflicto cobre lugar en el campo político. Los medios y las estrategias para lograrlo, depende de la creatividad de los actores. En eso, hay una certeza: hasta ahora, quienes proponen una opción transformadora, han estado errando.

En enero de 1937 León Trotsky desembarcó junto con su compañera Natalia Sedova en el puerto petrolero de Tampico, en tierra mexicana. Ocho años antes había sido expulsado de la Unión Soviética, luego de que el stalinismo consolidase su poder y el termidor soviético cerrase definitivamente el ciclo abierto por la Revolución de Octubre. En esos años que median entre la partida desde su confinación en Alma Ata, junto a la frontera china, y la llegada a México, Trotsky había encontrado refugio en las isla turca de Prinkipo, residió en Francia, de donde fue deportado y luego en Noruega, cuyo gobierno “socialista”, presionado por la burocracia del Kremlin, su principal socio comercial, lo alejó de Europa en dirección a América Latina. Cincuenta países le habían negado asilo político.

El recién llegado traía tras de sí un historia estrechamente ligada a los más trascendentes acontecimientos de las primeras décadas del siglo XX. Copresidente del Soviet de Petersburgo en 1905 y animador principal de la primera de las revoluciones contra el régimen zarista; dirigente junto con Lenin de la Revolución de Octubre; titular, primero del Comisariado de Relaciones Exteriores, desde donde negoció con Alemania el acuerdo de paz de Brest-Litovsk, y luego del Comisariado de la Guerra; organizador del Ejército Rojo a cuyo frente logró la victoria contra los ejércitos blancos de la contrarrevolución y las fuerzas invasoras extranjeras; opositor a Stalin y la burocracia, contra quienes libró una desigual batalla hasta que la derrota de la oposición conjunta que integró junto a Zinóviev y Kámenev, selló la suerte de la revolución… Trotsky, además de su singular elocuencia como propagandista y agitador, fue una de las plumas políticas más brillantes de su época. Resultados y Perspectivas, 1905, la magnífica Historia de la Revolución Rusa, La Revolución Traicionada, Literatura y Revolución, Su moral y la nuestra, entre otras obras, integran las páginas más notables de la política y la teoría, la literatura y la cultura marxista.

La clase obrera y las tareas nacional-democráticas

En México, su último y definitivo destino, la revolución democrática iniciada casi tres décadas atrás había cobrado nuevo impulso bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Las insurrecciones agrarias y la guerra civil habían puesto fin en 1910 al régimen del general Porfirio Díaz, expresión de una sociedad caracterizada por la formidable concentración de la tierra en poder de un reducido grupo de terratenientes nativos y compañías extranjeras, aliados al capital estadounidense y británico, radicado en la explotación de la minería y el petróleo. En contraste con este polo de prosperidad, riqueza y poder, una inmensa masa campesina, sometida a las más brutales condiciones de servidumbre, sobrevivía en la más completa miseria y desamparo. El México que conoció Trotsky era un típico país semicolonial, signado por un dualismo característico: focos de civilización construidos en torno a puertos, telégrafos, ferrocarriles, etc, necesarios para la incorporación de la economía nativa al mercado mundial, y una inmensa periferia agraria donde el capitalismo revelaba un carácter atrasado y fragmentado. En 1937 los problemas irresueltos de la revolución, habían sido puestos nuevamente en el orden del día por el cardenismo.

En marzo de 1938 el gobierno mexicano nacionalizó las empresas petroleras, propiedad de capitales estadounidenses y británicos. El año anterior había hecho lo mismo con la red ferroviaria, poniendo en evidencia la naturaleza nacional-democrática del proceso de transformaciones en marcha. En junio de ese año bajo el título “México y el Imperialismo Británico”, Trotsky escribió un artículo señalando que la lucha por la independencia nacional, tanto en el plano político como en el económico, encerraba el significado profundo de la etapa revolucionaria en el país azteca. A su juicio, México, bajo el gobierno de Cárdenas, estaba realizado la tarea histórica que en los siglos XVIII y XIX había desarrollado Estados Unidos durante las guerras de la independencia y por la abolición de la esclavitud y la unidad nacional. Al igual que en el país del norte, en México la revolución estaba limpiando el terreno para un desarrollo de la sociedad burguesa, democrático e independiente. En septiembre de ese mismo año destacó que en este caso los problemas democráticos revestían un carácter progresivo y revolucionario. Aclaraba que el término democracia difería sustancialmente en cuanto a su contenido, si se lo pronunciaba en un país atrasado y dependiente o, si por el contrario, se lo nombraba en una nación imperialista. Quién fuera junto con Lenin jefe de la Revolución de Octubre, advertía que mientras en la periferia colonial y semicolonial el concepto de democracia aludía a tareas de contenido emancipador, en las metrópolis ese mismo término significaba la preservación del orden existente, sobre todo el dominio sobre las colonias. “En estos países las banderas de la democracia ocultan la hegemonía imperialista de la minoría privilegiada sobre la mayoría oprimida”, escribió.

La revolución permanente en las semicolonias

Este asunto tenía suma relevancia para la formulación de una política revolucionaria. En noviembre de 1938 se celebró en la residencia de Trotsky en Coyoacán una discusión en torno a las tareas de la revolución en América Latina. Charles Curtiss, representante del Secretariado Internacional de la IV Internacional para la sección mexicana, abrió el debate mencionando la incomprensión de los trotskystas locales respecto de la posición de Trotsky ante el gobierno de Cárdenas. Interpretaban que esa posición estaba determinada por el interés en preservar su condición de refugiado político. Curtiss explicaba que esta interpretación reflejaba el desconocimiento de la política que la sección mexicana debía adoptar respecto de la burguesía liberal, incomprensión que abarcaba la relación con el movimiento democrático en general. A su juicio, sólo si la revolución proletaria triunfase en Estados Unidos, sería posible saltar las etapas intermedias, pero en el presente el falso enfoque del problema democrático interponía obstáculos que tornaban prácticamente imposible desarrollar una política en el movimiento de masas.

Trotsky se manifestó de acuerdo con el punto de vista de Curtiss y señaló que el esquematismo aplicado a la teoría de la revolución permanente, resultaba “extremadamente peligroso” para la política de la clase obrera. Los lineamientos generales de esa teoría habían sido formulados por Trotsky en el curso de los acontecimientos que precedieron y culminaron en la Revolución Rusa de 1905. En suma, el entonces presidente del Soviet de Petersburgo sostenía que la negativa de la burguesía liberal a hacerse cargo de las tareas de la revolución burguesa destinadas a poner fin al régimen zarista, desplazaba hacia el proletariado la responsabilidad política de incorporar a ese imperio multinacional, “cárcel de pueblos”, a la corriente de la historia. Coincidía con Lenin y los bolcheviques contra los mencheviques que deducían el papel directivo de la burguesía del contenido de las tareas, pero se diferenciaba de la fórmula de la dictadura democrática de obreros y campesinos, que los primeros atribuían al contenido del futuro gobierno provisonal. En definitiva, si la burguesía liberal se oponía a la revolución y el campesinado no estaba en condiciones de desempeñar un papel independiente, la realización de la dictadura democrática sólo tendría posibilidades de realización a través de la fórmula de la dictadura del proletariado, apoyado en el campesinado. Trotsky explicaba que la historia no sigue un curso lineal, ni necesariamente reproduce en los países atrasados de la periferia las etapas recorridas en los países avanzados. En las naciones del mundo colonial y semicolonial era especialmente perceptible el carácter desigual y combinado del desenvolvimiento histórico, incrustando énclaves de civilización burguesa en sociedades regidas por relaciones sociales de índole precapitalista. De forma tal, el papel de las clases sociales —esperable desde un punto de vista eurocéntrico— quedaba alterado por un desplazamiento singular de la relación entre clases y programas, abriendo un terreno nuevo a la lucha política y a la dimensión del concepto de hegemonía. La Revolución de Octubre fue la confirmación de estos lineamientos.

Sin embargo, en México Trotsky alertaba sobre la tendencia a abordar de manera abstracta el problema del salto de etapas, derivando en un planteo que pretendía saltar “por encima de la historia en general, y sobre todo por encima del desarrollo del proletariado”. Precisamente, su teoría tenía como condición para la superación de los límites burgueses de la revolución, la elevación de la clase obrera a una posición de hegemonía desde la cual asumir la representación de la nación. Esto es lo que había ocurrido en la Rusia que había emergido de la Revolución de Febrero. Ahí la clase obrera fabril, el movimiento de los soviets y el partido bolchevique, eran fuerzas político-sociales en condiciones de llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias. No era la situación del México de Cárdenas, donde los trabajadores y los campesinos seguían a una jefatura burguesa y no existía un partido revolucionario en situación de luchar por el poder. Trotsky consideraba que por las traiciones y la inconsencuencia de la burguesía nativa, la Revolución Mexicana era una revolución inconclusa, e insistía que bajo tales condiciones la clase obrera estaba obligada a participar en la lucha por la independencia del país y por la democratización de las relaciones agrarias. Decía que si actuaba resueltamente en esta dirección, podía llegar al poder antes de que esas tareas hubieran sido realizadas, y en ese caso el gobierno obrero podía convertirse en la herramienta con la que habría de resolverse esas cuestiones. Había sostenido ya en vísperas de la Revolución Rusa de 1905, que las burguesías nativas de los paises atrasados eran incapaces de resolver las tareas democráticas. Este juicio era particularmente válido en América Latina, y de ahí deducía que en el curso de realización de esas tareas, había que oponer a la burguesía el proletariado, en especial en la lucha por la revolución agraria, ya que la clase que lograse el apoyo del campesinado sería la clase que gobernaría. Si ese apoyo lo lograba la burguesía el resultado sería un tipo de Estado semibonartista, semidemocrático con tendencias hacia las masas, como el que existía en México por esos días.

Revolución agraria y lucha antiimperialista

En consecuencia, el eje de las tareas democráticas era, en un país de mayoría campesina, la revolución agraria. Trotsky señalaba el carácter prioritario que revestía en el programa de transformaciones radicales la liquidación de formas feudales de explotación y de relaciones de corte esclavista que perduraban en el campo mexicano, así como la abolición del trabajo agrícola forzado y del cuasi patriarcal sistema de medianería. Puntualizaba que el campesino mexicano era aún más pobre que el ruso en la época de la Revolución de Octubre.

Desde su perspectiva, en los países latinoamericanos, la revolución agraria estaba indisolublemente ligada a la lucha antiimperialista. La importancia del asunto la puso de relieve en ocasión de la nacionalización de la industria petrolera dictada por el gobierno de Cárdenas en marzo de 1938. La expropiación de las empresas petroleras no era una tarea comunista ni tampoco socialista, sino una medida de defensa nacional de naturaleza marcadamente progresiva, que él, por su parte apoyó sin reservas a diferencia muchos socialistas y comunistas metropolitanos. A este respecto señalaba la posición de Mariane, una de las principales publicaciones del Frente Popular en Francia, para cuyos editores, en la nacionalización del petróleo el gobierno de Cárdenas no había actuado sólo: además de la intervención de Trotsky, la medida había obrado a favor de Hitler. Para la socialdemocracia y el stalinismo las luchas nacionales en las colonias y semicolonias debían subordinarse a las exigencias del enfrentamiento con el fascismo. En esos días en que Mariane acusaba a Cárdenas de estar bajo la influencia de Trotsky y Hitler, Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista francés, sostenía que “si el problema decisivo de este momento es la lucha contra el fascismo, el objetivo de los pueblos coloniales reside en su unión con el pueblo de Francia y no en una actitud que podría favorecer las maniobras del fascismo y colocar, por ejemplo, a Argelia, Túnez y Marruecos bajo el yugo de Mussolini o de Hitler o convertir a Indochina en una base de operación del Japón militarista”. Semejante política aplicada en las colonias y semicolonias, no podía dejar de tener resultados desastrosos. En la India, por ejemplo, ya iniciada la segunda guerra mundial, el Partido Comunista se sumó al esfuerzo bélico de Gran Bretaña, a pesar de que los dirigentes del Partido del Congreso estaban presos por reclamar la independencia. Terminó por perder todo vínculo con el movimiento de masas. Algo similar les ocurrió a los comunistas argentinos, empeñados en el combate contra el “nazi-peronismo”, de la mano de los imperialismos democráticos.

Naciones opresoras y naciones oprimidas

En este punto la nítida diferencia que Trotsky sostenía respecto al planteo de los partidos del Frente Popular reviste una importancia capital para dilucidar las cuestiones centrales de la revolución en los países atrasados. El antagonismo entre naciones opresoras y naciones oprimidas es, para el marxismo, la clave para interpretar el significado histórico de la presente época. “Desde esta perspectiva y solamente desde ella, debe ser considerando el problema tan complejo de fascismo y democracia”, sostuvo en septiembre de 1938. Las implicancias que se desprenden de este enfoque delimitan todo un campo de problemas políticos y teóricos de gravitante significación. En esos momentos Brasil estaba bajo un régimen que Trotsky caracterizaba como semifascista. Sin embargo, en el caso de que estallara una guerra entre el Brasil semifascista y la Gran Bretaña “democrática”, el deber de los revolucionarios era el de estar junto al país semicolonial. El conflicto no sería entre el fascismo y la democracia. En caso de que la victoria correspondiera al bando imperialista, Londres colocaría otro dictador en Río de Janeiro, mientras que si el vencedor fuera el país dependiente, el resultado favorecería el desenvolvimiento de una conciencia nacional y democrática que pondría fin la dictadura. A su vez, la derrota de la burguesía imperialista daría impulso a la lucha del proletariado británico.

Desde esta posición Trotsky calificaba como quimérica, cuya única finalidad era la de engañar a las masas, la idea proveniente de los círculos de la intelligentzia, que postulaba la “unidad de todos los estados democráticos” contra el fascismo. Preguntaba por qué, si Gran Bretaña amaba tanto la democracia, no les daba la independencia a sus colonias; por qué Francia no hacía otro tanto con las suyas. En cambio, el gobierno británico prefería a Franco en España y rechazaba el gobierno de los obreros y campesinos, porque el “caudillo” era, en definitiva, un complaciente agente imperialista. Señaló que los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia no se opusieron a la conquista de Austria por parte Hitler, pero que sí lo hubieran hecho si lo que estuviese en juego fuesen sus colonias. Sobre este asunto ningún revolucionario podía tener dudas. “Es imposible combatir el fascismo sin combatir el imperialismo. Los países coloniales y semicoloniales deben luchar antes que nada contra el país imperialista que los oprime directamente más allá que lleve la máscara del fascismo o de la democracia”.

La certeza de esta aserción la confirmaron los trabajadores argentinos en los primeros años de la década del 40, al resistir la presión de socialistas y comunistas para embarcarlos en el navío de la Unión Democrática en dirección al campo de batalla de las “democracias” imperialistas. “Las clases obreras y los pueblos de los países atrasados no quieren ser estrangulados ni por un verdugo fascista ni por uno “democrático”, anticipó Trotsky en un artículo fechado en agosto de 1938 bajo el título “El fascismo y el mundo colonial”. Más aun: “Estos ‘dirigentes obreros’ que quieren atar al proletariado al carro de guerra del imperialismo que se cubre con la máscara de la ‘democracia’ son ahora los peores enemigos y los traidores directos de los trabajadores”, escribió un mes más tarde durante una entrevista realizada por el dirigente obrero argentino Mateo Fossa. En los países de América Latina —explicaba— el camino más seguro para combatir al fascismo era el de la revolución agraria. Lo confirmaba en un cierto sentido el fracaso del levantamiento contrarrevolucionario del general Cedillo, aislado y sin base social debido a los avances de la política agraria del gobierno mexicano; y lo demostraban también, en sentido contrario, las crueles derrotas de los republicanos españoles, originadas en el congelamiento de la revolución agraria y del movimiento independiente de los trabajadores, resuelta por el gobierno de Azaña en combinación con Stalin.

Bonapartismo y revolución nacional

Durante los años 30 se había desarrollado en México un acelerado proceso de industrialización. En la primera mitad de la década la radicación de capital en las ramas fabriles se había duplicado, mientras que la producción se había incrementado en igual proporción y el valor de las exportaciones superaba en dos tercios el de las importaciones. El impulso fundamental de este proceso provino de capitales norteamericanos y en un grado menor de inversiones británicas, que centralmente se volcaron en las ramas extractivas y productoras de materias primas y semielaboradas y en la construcción de la red ferroviaria. Junto a la edificación de este aparato industrial se produjo un importante proceso de proletarización. A fines de los 30 un millón de asalariados formaban el contingente de la clase trabajadora, un quinto en el Distrito Federal.

En México el poder gubernamental no lo ejercía directamente la burguesía nacional, sino los cuadros de una pequeña burguesía nacionalista de origen civil y militar, que desarrollaba el programa de la reforma agraria, la sindicalización de los campesinos, las nacionalizaciones, la generalización de la educación pública y de los planes de salud en las capas populares, apoyados en el campesinado y el proletariado fabril.

Trotsky vivió en México algo más de tres años y pudo estudiar las características del Estado de excepción que se había conformado desde mediados de los años 30, bajo el gobierno de Cárdenas. El asunto lo abordó en dos escritos: “La industria nacionalizada y la administración obrera” de mayo de 1939, y “Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista”, redactado en agosto de 1940, días antes de su asesinato. En estos trabajos destacó que en los países atrasados el papel central en la vida nacional lo desempeña el capital extranjero. Su control de los resortes claves de la estructura económica impone una particular presión en las luchas políticas y sobre los programas gubernamentales. El hecho es que las corporaciones imperialistas proletarizan a una parte de la población, creando las condiciones para el surgimiento de un movimiento obrero que con el tiempo desenvuelve experiencias de clase, unifica sus fuerzas en organizaciones de masas y se lanza a la lucha política. En cambio, la burguesía nacional, flanqueada por el imperialismo y por el emergente movimiento de los trabajadores, es una clase orgánicamente débil, incapaz de conformar sus intereses como representación del interés general y de asumir, a través de representantes directos, el manejo de los asuntos públicos. Bajo estas condiciones Trotsky destacó que el gobierno oscilaba entre el capital extranjero y el capital nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esta particular circunstancia le otorgaba al gobierno un carácter bonapartista sui generis. El singular equilibrio que derivaba de esta correlación le permitía al gobierno elevarse hasta cierto punto sobre las clases sociales. Pero el grado de autonomía que de este modo alcanzaba encerraba la siguiente alternativa: o el gobierno se hacía cargo de los intereses del capital extranjero, imponiendo una férrea dictadura a las masas obreras, o giraba en sentido contrario y, apoyándose en los trabajadores, resistía las presiones del imperialismo. Trotsky señalaba que el gobierno mexicano se ubicaba en la segunda de esas variantes. Sus mayores conquistas eran las expropiaciones de los ferrocarriles y la industria petrolera. Destacaba que semejante régimen revestía un carácter oscilante. El empresariado nativo tenía un fuerte interés en el sostenimiento del mercado interno, pero esta posibilidad dependía en mayor medida del consumo de origen campesino. De forma tal, las expropiaciones de la reforma agraria, especialmente cuando afectaban al capital extranjero, favorecían en general a esas capas de la burguesía. A su vez, el régimen gobernante obtenía de esta forma el apoyo de los campesinos, y con ese apoyo estaba en condiciones de disciplinar a los obreros.

Sin embargo, un gobierno de este tipo nunca podía estar seguro de hasta qué punto los industriales y comerciantes locales habrían de respaldarlo, o en qué momento el imperialismo decidiría una intervención. De ahí que, según los cambios en el balance del poder, se inclinara en una u otra dirección. El período en que el gobierno mexicano llevó adelante las nacionalizaciones y expropiaciones, fue el período en que la burguesía nacional intentó ganar una mayor independencia respecto al capital extranjero, y este propósito la había obligado a aproximarse a los obreros y los campesinos. En la medida en que su política la llevara a un enfrentamiento con el imperialismo y sus agentes nativos, Trotsky sostenía que el apoyo a sus medidas debía ser pleno, con la advertencia de que el partido revolucionario debía asegurar la independencia del programa y la libertad de crítica. También subrayaba que el apoyo a las medidas antiimperialistas no significaba la renuncia a la lucha por el poder, pero señalaba que para aspirar a conquistarlo, derrocando a la burguesía, el partido revolucionario debía ganar el respaldo del proletariado y de gran parte del campesinado. En el momento en que escribía estas líneas Trotsky pensaba que el gobierno de Cárdenas, posiblemente había alcanzado el límite de sus posibilidades.

Los sindicatos bajo el capitalismo de Estado

Al estudiar los problemas de la administración obrera en la industria nacionalizada, Trotsky explicó que las expropiaciones de los ferrocarriles y las empresas petroleras se inscribían en el marco de una política de capitalismo de Estado. Apuntaba que en un país semicolonial ese tipo de Estado se desenvuelve sometido a la presión del capital extranjero y de los gobiernos de los países imperialistas, de forma tal que para ganar cierto grado de autonomía se ve precisado a recurrir al apoyo de los trabajadores. Veía entonces en el gobierno mexicano lo que una década más tarde, con características propias, reproduciría en Argentina el gobierno de Perón, respaldado en las masas obreras, el ala nacionalista del Ejército y la burocracia estatal. Siguiendo su propio camino y organizado en torno a una estructura de poder de tipo bonapartista, el gobierno peronista de 1946 a 1955, desarrolló un programa de contenido nacional-democrático, llevando adelante las tareas que la burguesía nacional no estaba en condiciones de afrontar. En este caso la nacionalización parcial del comercio exterior y del sistema bancario, junto con una política redistributiva, fueron los resortes básicos sobre los que se erigió una estructura de capitalismo de Estado que le permitió, con el respaldo de los sindicatos obreros, resistir la presión del bloque terrateniente comercial y del capital imperialista durante una década.

Pero un balance de poder basado en una solución de corte bonapartista encierra una suerte de dualidad. Por una parte el gobierno, mediante una serie de concesiones logra ganarse el respaldo de las masas obreras y campesinas y, en general, de capas no proletarias del campo popular. Pero por la otra, el apoyo que obtiene de la movilización de la clase trabajadora encierra el peligro de una radicalización que, según las circunstancias, pude poner en crisis los límites burgueses del programa nacional. Trotsky observó que en México el gobierno abordó este problema integrando a los dirigentes sindicales a la administración de las compañías nacionalizadas. Mediante esta medida lograba dos objetivos de suma importancia: se aseguraba un sólido punto de apoyo en una clase fundamental de la sociedad y, al mismo tiempo, establecía un férreo control sobre las organizaciones obreras. En la segunda mitad de los años 30, cuando se unificó el movimiento obrero en la CTM (Confederación de Trabajadores de México), la integración de los sindicatos a la estructura estatal había dado lugar a la consolidación de una burocracia corrupta e inescrupulosa, dispuesta a apelar a todo tipo de maniobras para mantener el poder. Sin embargo, las medidas democráticas y antiimperialistas del cardenismo encontraron en los sindicatos obreros la más sólida base de apoyo.

Trotsky advirtió que la administración de las empresas nacionalizadas por parte de los trabajadores encerraba las más grandes oportunidades y los mayores peligros. Las posibilidades residían en el hecho de que los obreros, instalados en la dirección de ramas claves de la producción, lograsen establecer una lucha exitosa contra las fuerzas del capital y del Estado burgués. En cambio, el peligro consistía en el vínculo que se creaba entre los representantes sindicales y el aparato del capitalismo de Estado, vale decir en la transformación de los dirigentes obreros en rehenes del aparato estatal. Sin embargo este riesgo formaba parte de un peligro más general, consistente en la degeneración burguesa de los sindicatos en la época del imperialismo, fenómeno que podía apreciarse tanto en las viejas metrópolis como en las colonias y semicolonias.

En su estudio sobre la situación de los sindicatos en la época del imperialismo, Trotsky apuntó que bajo el régimen de concentración impuesto por el capital monopólico, estrechamente vinculado al Estado, se había cerrado definitivamente a los sindicatos la posibilidad de aprovechar la competencia entre los distintos capitales, característica del período del capitalismo de libre concurrencia. Así como esa puja era cosa del pasado, de igual modo la democracia sindical había quedado sepultada bajo los cambios estructurales producidos en el patrón de acumulación. Trotsky señaló que en las colonias y semicolonias el imperialismo, junto con la proletarización de una parte de la población, crea un estrato de aristocracia obrera y de burocracia sindical, cuya aspiración es que el Estado desempeñe el papel de protector, de patrocinador y, a veces, de árbitro. “Esta es la base social más importante del carácter bonapartista o semibonapartista de los gobiernos de las colonias y de los países atrasados en general. Esta es también la base de la dependencia de los sindicatos reformistas respecto del Estado”, escribió. Observando este fenómeno a la luz de la experiencia que tenía a la vista, señaló que en México las organizaciones obreras se habían convertido por ley en instituciones semiestatales, y adquirido un carácter semitotalitario. Advirtió que bajo las condiciones de la administración obrera de las empresas nacionalizadas, los dirigentes sindicales se estaban transformando en agentes administrativos directos del Estado.

Sin embargo, aún en el curso de una época histórica desenvuelta bajo el dominio del imperialismo, la suerte de los sindicatos no era inexorable. Podían efectivamente, convertirse en instrumentos de la burguesía para someter a las masas o, por el contrario, transformarse en una decisiva herramienta de clase, si los puestos de mando eran ocupados por los cuadros de una vanguardia revolucionaria que hiciera prevaler la completa autonomía respecto del Estado y de los aparatos ideológicos y partidos de la burguesía, y la más plena democracia obrera en la vida sindical. Que la lucha se resolviese en uno u otro sentido dependía de la gravitación política que alcanzase a ejercer el partido de la clase trabajadora.

“Si hubiera de comenzar otra vez…

Las líneas de este manuscrito, posiblemente de las últimas que escribió Trotsky, fueron encontradas tras su muerte a manos de un sicario stalinista el 21 de agosto de 1940. En ese año la época de reflujo de los movimientos revolucionarios y de las luchas populares y democráticas, parecía haber alcanzado su clímax. En Alemania, Austria y Checoslovaquia bajo el dominio del nazismo y en Italia bajo la dictadura del fascismo, los trabajadores habían sufrido crueles derrotas y los sindicatos estaban desmantelados. En Francia el gobierno del Frente Popular se había desmoronado sin remedio. En España el franquismo había derrotado una revolución que antes el stalinismo se había encargado de desarmar políticamente. En la Unión Soviética el último de los procesos de Moscú habían terminado en 1938, enviando a la muerte a los representantes que aún quedaban de la vieja guardia bolchevique, víctimas de las más burdas difamaciones. En una sociedad muda e inmovilizada, en medio de un silencio sepulcral, reinaba Stalin, jefe de una burocracia estatal y partidaria completamente extraña a la Revolución de Octubre. En el resto de Europa las democracias liberales se debatían en la decadencia y la impotencia.

Sin embargo, las condiciones de derrota y retroceso general no impidieron que hasta el fin de sus días Trotsky mantuviera firme sus convicciones y su confianza en la victoria final. Esperaba que la guerra mundial en curso, al igual que la de 1914, abriera una nueva era de revolución. Desde esta perspectiva, y convencido de que el reflujo de la clase obrera en buena medida era producto de la ausencia de una dirección revolucionaria, impulsó la fundación de la IV Internacional sobre la base de pequeños grupos militantes en un puñado de países. En mayo de 1940 en un manifiesto escrito a propósito de la guerra imperialista y la revolución mundial dejó constancia de esta confianza, y señaló significado que las luchas emancipatorias habrían de adquirir en Latinoamérica: sólo la unidad de los Estados de Centro y Sudamérica en una poderosa federación podría quebrar el atraso y la dependencia que aprisionaba a la región. Sin embargo no serían las burguesías locales, enfeudadas al capital extranjero, sino el joven proletariado el que consumaría la tarea bajo la fórmula de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

En esos días trágicos, a quienes habían perdido la confianza en las posibilidades históricas de la clase trabajadora y en la viabilidad del socialismo, les señaló que cuando se trata de los cambios más profundos en los regímenes sociales y culturales, veinticinco años en la balanza de la historia pesaban menos que una hora en la vida de un hombre. Qué valdría un hombre que a causa de los reveses sufridos en una hora o en un día, renegase del propósito que se había fijado en base a toda la experiencia de una vida, les preguntó. Pocos meses antes de morir escribió en su testamento: “Durante cuarenta y tres años de mi vida consciente es sido un revolucionario, y durante cuarenta y dos he luchado bajo la bandera del marxismo. Si hubiera de comenzar otra vez, trataría… de evitar tal o cual error, pero el curso general de mi vida permanecería inalterado. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, por consiguiente, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es menos ardiente, sino más firme hoy, de lo que era en los días de mi juventud”.

En los años setenta la ultraizquierda argentina construyó lo que se puede denominar “Teoría del Desvío”. Esta teoría pretendía explicar el regreso de Perón al gobierno, después de 18 años de exilio y proscripción, como resultado de la voluntad política de la oligarquía que había dado el golpe en 1955, y no como resultado de las luchas obreras y populares. La teoría afirmaba que los mismos que echaron a Perón decidieron años más tarde ir a buscarlo. ¿Y por qué razón lo habrían hecho? Para que Perón apagara el incendio de la revolución socialista que se encontraba -supuestamente- a la vuelta de la esquina.

Esta teoría contenía un elemento de verdad, pero era unilateral (y por eso mismo era falsa): el fracaso del régimen de la “revolución libertadora”  (o “revolución argentina”) había generado tal estado de efervescencia política y social que en la clase obrera se advertían signos de querer superar los límites inherentes al Frente Nacional del 45. Llevadas por la dinámica misma de la lucha de clases, las masas populares tendían a manifestarse por fuera de las estructuras burocráticas sindicales y políticas del “justicialismo del 45”. Y a las nuevas formas de manifestación les correspondían definiciones ideológicas y objetivos programáticos que empezaban a entrelazar, no sin cierta dosis de vaguedad, el nacionalismo popular con el socialismo antiimperialista. La “unión democrática” que había hecho posible el golpe del 55 se desarticulaba a pasos acelerados, y el Frente Nacional se reconfiguraba con la presencia de sectores medios que contribuían a dinamizarlo. En este contexto, las corrientes más lúcidas del régimen militar (el lanussismo) optaron por un repliegue transitorio y se resignaron al regreso de Perón. La ultraizquierda, con un sorprendente grado de simplificación analítica, concluye que fue el propio régimen militar el que recurrió a Perón para “desviar” el inexorable rumbo de la lucha popular hacia el socialismo. Se trata de una estupidez de proporciones colosales cuyas consecuencias políticas, como veremos, son calamitosas. ¡La salida electoral de 1973 no fue una concesión graciosa de la dictadura, sino que fue una conquista obtenida luego de más de tres lustros de resistencia popular! ¡A Perón no lo devolvieron al gobierno ni la UIA ni la Sociedad Rural, sino la lucha de la clase obrera y sus aliados “plebeyos”!

Perón y el Cordobazo

En el libro Qué es y qué fue el peronismo, escrito por Ernesto González, un dirigente de la línea de Nahuel Moreno que militó sucesivamente en el PRT-LV, el PST, el MAS, el MST y, poco antes de fallecer, en IS, se afirma: “La posibilidad que tuvo el peronismo de presentarse a elecciones y ganarlas se debió al acuerdo entre toda la burguesía y el Ejército, quienes aterrorizados por el ascenso del movimiento obrero no encontraron otra vía más efectiva que volver a llamar a Perón para que desviase el proceso iniciado a partir del Cordobazo”. La idea de González -que es común a todo el arco político de la pequeña burguesía ultraizquierdista- es que el peronismo constituyó desde sus orígenes algo así como una anomalía histórica, que había impedido a la clase obrera encolumnarse detrás de las organizaciones que supuestamente debían representarla. En vez de partir de la realidad existente (la irrupción de la moderna clase obrera conformando un Frente Nacional bajo la conducción de un jefe bonapartista y un programa de capitalismo nacional) y, a partir de ella, construir una estrategia de poder desde la perspectiva emancipatoria del socialismo, la ultraizquierda parte de un preconcepto según el cual la norma del comportamiento de la clase obrera ha sido apriorísticamente establecida en otro tiempo y lugar; al no coincidir la realidad con la norma, entonces se declara equivocada a la realidad introduciendo la noción del “desvío”. Así, González dice que el regreso de Perón en 1973 “desvió” el proceso iniciado a partir del Cordobazo, del mismo modo que un trauma infantil puede “desviar” el desarrollo psíquico de su curso natural. Pero, ¿qué justifica tal apreciación de González? Sin duda, la creencia infundada de que “a partir del Cordobazo” estaba superada la adscripción del proletariado al peronismo.  Esto le permite concluir a González que “Perón llega al poder no para profundizar la brecha abierta con el Cordobazo, sino para tratar de cerrarla en un acuerdo con todas las fuerzas patronales, incluido el Ejército”. Aunque pocos meses después de estas palabras de González “todas las fuerzas patronales, incluido el Ejército” volvieron a derribar al gobierno peronista, la ultraizquierda no ha revisado su caracterización y todavía hoy la repite, transmitiendo a las nuevas generaciones un inmenso error fáctico y conceptual. Para comprobarlo, basta con leer el libro de Alejandro Guerrero, de PO (“El peronismo armado”), o el de Ruth Werner y Facundo Aguirre, del PTS (“Insurgencia obrera en la Argentina. 1969-1976”), o el de Daniel De Santis (“La historia del PRT-ERP por sus protagonistas”). Inclusive una prestigiosa académica como Inés Izaguirre es tributaria de este error ultraizquierdista (ver “Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina”).

Si Perón expresaba ”el frente único de casi toda la patronal para frenar el movimiento de masas” -como afirma González-, su significación era entonces obviamente contrarrevolucionaria. La lucha contra Perón y el peronismo se convertía, así, en un deber para los “auténticos revolucionarios”. No extraña, entonces, que toda la ultraizquierda de la época, desde el PST hasta el PRT, pasando por PO, OCPO y grupos semejantes, se haya pronunciado en favor del derrocamiento del gobierno peronista en 1976. No era un hecho novedoso, por otra parte. En Argentina, la izquierda cipaya ya había participado activamente en los derrocamientos de los gobiernos populares en 1930 y en 1955. En 1946 también dio la espalda a la clase obrera acompañando al imperialismo yanqui en la “unión democrática” o asumiendo posturas “neutrales” entre la “burguesía proyanqui” y la “burguesía proinglesa” (el morenista Milcíades Peña estuvo a la vanguardia de quienes calificaron al peronismo como agencia del imperialismo británico).

La teoría de la revolución permanente y el Frente Nacional

La Teoría del Desvío constituye la contrafigura de la Teoría de la Revolución Permanente. Desde la perspectiva de esta última, la participación de la clase obrera en el “frente único antiimperialista” o Frente Nacional no es el resultado de una maquinación diabólica de “todas las fuerzas patronales”, ni tampoco un hecho excepcional o un accidente de la historia. Es, por el contrario, la lógica manifestación en el plano político-estratégico de las determinaciones estructurales de un país semicolonial. La clase obrera no se “desvía” al formar parte de un Frente Nacional, aun cuando sea conducido por un líder bonapartista (Perón), sino que ingresa por esa vía en el único camino históricamente posible que puede conducir a su propia emancipación a través de un proceso ininterrumpido que entrelace los objetivos de la revolución democrático-burguesa (independencia económica, soberanía política, justicia social) con los del socialismo (expropiación de la burguesía, poder obrero y creación del “hombre nuevo”). Pero para que esto sea posible, la clase obrera, con su partido, sus métodos y su programa, debe poder constituirse en la cabeza conductora del Frente Nacional.

La ultraizquierda, por el contrario, directamente ignora el significado de los frentes nacionales antiimperialistas. Uno de sus primeros ideólogos -convertido hoy en un autor de culto en la Universidad semicolonial- fue el mencionado Milcíades Peña. Escribía en 1957, prologando un texto de su jefe político Nahuel Moreno: “Rodolfo Puiggrós, Jorge Abelardo Ramos, Eduardo Astesano, Enrique Rivera alias Peñaloza, y otros que giraban en torno a ellos, sostenían que el gobierno peronista realizaba una Revolución Nacional y la clase obrera debía apoyarlo mediante la estrategia del Frente Nacional, o sea, mediante la colaboración entre los obreros y los patrones que apoyaban al peronismo. Según esta corriente la clase obrera tenía que apoyar al peronismo hasta que Perón hubiera realizado la industrialización del país. Recién entonces, sólo después de eso, la clase obrera podía pensar en gobernar el país”. Es difícil entender cómo una persona capaz de decir de modo simultáneo tantos disparates pueda ser tomada en serio por presuntos “académicos” y aspirantes a “dirigentes del proletariado”.

En primer término, como nadie que esté medianamente informado ignora, los autores nombrados por Peña tenían opiniones diferentes respecto del peronismo y de la estrategia a seguir frente a él: Puiggrós, por ejemplo, terminó militando en Montoneros, es decir, asumiendo una identidad peronista; Abelardo Ramos, por el contrario, en todo momento subrayó las diferencias entre el peronismo y el socialismo. En segundo lugar, ¿a quién sino a un muchacho atolondrado como Peña —-cuyo suicidio tal vez simbolizara su impotencia teórico-política— se le podía ocurrir que la izquierda debatía sobre si la clase obrera debía o no debía apoyar al peronismo? ¡La clase obrera de hecho apoyaba al peronismo! Guste o no guste, así era. Más aún: la clase obrera era parte constitutiva del peronismo. Es a partir de este hecho irrefutable que se debatía cuál debía ser la línea político-estratégica, no “de la clase obrera”, sino de las organizaciones políticas que aspiraban a que en un momento se canalizaran a través de ellas los intereses históricos del proletariado. Para Peña, esas organizaciones debían asumir una postura francamente antiperonista, puesto que “la Revolución Nacional de que se hablaba sólo existe en las palabras porque ni la independencia económica, ni la industrialización del país, ni la soberanía política pueden lograrse sin que la clase obrera tome el poder en sus manos y liquide a la patronal nativa, que es socia y agente del imperialismo”.

Ahora bien, de la imposibilidad del peronismo —es decir, del Frente Nacional con conducción nacional-burguesa— para llevar a su término la Revolución Nacional, no se sigue que haya que asumir una postura antiperonista. Tal cosa significaría confundir el punto de llegada de un proceso revolucionario con su punto de partida. Significaría negarse a acompañar la experiencia política concreta de las masas populares para encerrarse en el gabinete de estudio a enunciar profecías de corte sociológico. Para Peña, “la estrategia del Frente Nacional” implicaba “apoyar al gobierno peronista”, a diferencia de “la táctica marxista revolucionaria del Frente Unico Antiimperialista” que suponía “luchar junto al peronismo contra los golpes de Estado pero sin depositar ninguna confianza en la política de la dirección peronista y explicando constantemente a la clase obrera que sólo ella, armada, confiando en sus propias fuerzas, actuando independientemente de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Guerra, sólo ella, podría aplastar las intentonas patronal-imperialistas y defender las conquistas logradas por Perón”.

El proletariado en la revolución nacional-democrática

¿No es un disparate? ¿De qué “frente único antiimperialista” está hablando Peña cuando ese Frente ya existía en su modalidad peronista? Peña parece estar pensando en un “frente único antiimperialista” establecido entre el peronismo por un lado, y… ¡el grupo de Nahuel Moreno por el otro! Pero los frentes antiimperialistas los conforman básicamente las clases sociales y las franjas sociales, o los partidos de masas, y no los grupos numéricamente insignificantes. El peronismo había irrumpido en 1945/46 como un Frente entre la clase obrera, las franjas nacionalistas de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, las franjas más plebeyas de la pequeña burguesía y la incipiente burguesía nacional. A la cabeza de ese Frente estaba Perón, un líder bonapartista que imponía un método y un programa nacional-burgueses a ese Frente. Lo que la Teoría de la Revolución Permanente enseña es que en la medida que la clase obrera no se coloque a la cabeza del Frente Nacional (o Frente Unico Antiimperialista), la Revolución Nacional (el programa nacional-democrático) no podrá llevarse a feliz término. Pero —sigue enseñando Trotsky—, si la clase obrera se convierte en la clase hegemónica dentro del Frente —lo cual sólo puede suceder si tiene un partido templado que la represente—, su marcha no se detendrá en los límites nacional-democráticos sino que avanzará ininterrumpidamente hacia el socialismo.

No se trataba, entonces, de decidir si la clase obrera debía o no debía apoyar al peronismo. Había que partir del hecho de que la clase obrera efectivamente apoyaba al peronismo. A partir de esto, lo que debía decidirse era si se acompañaba la experiencia política de la clase obrera procurando que su natural desenvolvimiento condujera a la reconfiguración del Frente Nacional en una perspectiva superadora de los límites del 45, o si, como aconsejaban Peña y demás ultraizquierdistas, había que oponerse al peronismo acusándolo de “conciliar con la oligarquía y con el imperialismo”. El primer camino es el de la Revolución Permanente. El segundo camino, en cambio, es el que conduce a la “Teoría del Desvío” de la izquierda cipaya en los setenta.

La decisión de expropiar el paquete accionario de Repsol en YPF colocó nuevamente al kirchnerismo en la iniciativa política y obligó al grueso de la oposición a aceptar el giro de los acontecimientos.

La desazón del establishment semicolonial se hizo patente de inmediato a través sus voces más autorizadas. En La Nación, Morales Solá escribió que el país acababa de entrar en la peor crisis internacional desde la guerra de las Malvinas, denunció que el gobierno había violado la Constitución por no haber seguido los pasos exigidos para la expropiación a la que llamó confiscación, aseguró que los españoles habían sido “desplumados”, y pronosticó que la decisión del gobierno había sacrificado la confianza y la inversión por muchos años. Los abogados de Repsol no habrían podido argumentar mejor que el periodista de Clarín en favor de sus patrones.

Sin embargo, la prédica del periodismo domesticado encontró eco en una minoría de las fracciones políticas de oposición; en personajes como Aguad, expresión del liberalismo oligárquico en las filas del radicalismo; en Terragno, quién proclamó que así como había que estar contra la guerra de las Malvinas y la convertibilidad había que estar contra la expropiación de Repsol; en Carrió y en De Narváez y en alguno que otro personaje insignificante de la vieja partidocracia. Desde ya, el macrismo en bloque cerró filas en defensa de los intereses del capital multinacional, confirmando su unidad de hierro en torno al programa de colonización imperialista.

La Nación no pudo menos que confirmar la derrota. Su escriba de los domingos expresó sin matices decepción por la “defección” del radicalismo. Señaló que su dirigencia ni “siquiera se detuvo en las formas y en el por qué apoyar la expropiación”; malvendió la defensa de la Constitución y de la legalidad, que eran su principal capital político. La conclusión no resultó menos patética: “Macri es el único político opositor que apostó claramente a ser en el futuro una opción electoral al eventual fracaso de los políticas kirchneristas”. Triste consuelo el del viejo paquidermo oligárquico.

El discurso de los grandes formadores de la “opinión pública”, así como el de sus políticos afines, ha quedado congelado en el tiempo. Para ellos la crisis del 2001 ha sido un episodio pasajero y creen que todo ha vuelto a ser como antes. Son absolutamente incapaces de reconocer los cambios que se han producido en el balance del poder social y su repercusión sobre la correlación de fuerzas políticas. Forman parte de un pasado al que hace rato le ha sonado la hora final.

La instalación del Centro de Emergencia y Ayuda Humanitaria en la provincia del Chaco con la asistencia del Comando Sur de las fuerzas armadas yanquis devela la existencia de más continuidades que rupturas en la política exterior de Cristina Fernández.

Capitanich ha cuestionado las críticas y minimizado la significación de la donación de dinero por parte de la embajada norteamericana. Ha sostenido que este centro de emergencias se construyó para dar respuesta a la necesidad de contar con un sistema de asistencia humanitaria. Dicho argumento carece de solidez; nuestro país cuenta con organismos especializados (un consejo federal especializado) y un sistema en escala Mercosur como es la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección y la Asistencia Humanitaria (integrada en representación de nuestro país por la Dirección Nacional de Protección Civil y la Comisión de Cascos Blancos).

Por otro lado, ¿por qué es un organismo militar, como el Comando Sur, el que presta asistencia en desastres? No es la función del Comando Sur, al menos no la verdadera, apoyar a la población que sufre desastres humanitarios. Detrás de la política humanitaria encontramos la cabecera de playa para el desembarco futuro de una base más avanzada, como lo hicieron en Colombia, Ecuador o Aruba y Curazao. Luego vendrá, quizás, un centro de asistencia en la lucha contra el narcotráfico. Todas formas de “cooperación” que evitan el trámite parlamentario de ingreso de tropas extranjeras. Estos centros también permiten que nuestras tropas fraternicen con miembros de las fuerzas imperialistas, a modo de establecer lazos de confianza. Además, su posible participación en programas de asistencia humanitaria sirve de propaganda para hacer más amigables entre la población local a las tropas del imperio.

Esta política revela la continuidad de la subordinación de nuestro país a los intereses anglo-norteamericanos, como el oprobioso desarme argentino producto de la política de desmalvinización impuesta por el imperialismo, a instancia de sus servidores locales de la partidocracia democolonial. Detrás de las declaraciones nacional-populares, el actual gobierno ha mantenido una estrecha colaboración con Estados Unidos; la instalación de la base en Chaco se realizó a instancias de la ministro Nilda Garre, cuando estaba a cargo del Ministerio de Defensa, en encuentro con la embajadora norteamericana Vilma Martínez. También participó Aníbal Fernández, cuando era ministro, impulsando en 2006 el Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias. En diciembre de 2011, el gobernador Capitanich recibió a Edwin Passmore, representante del Comando Sur, quien fuera echado de Venezuela por actividades de espionaje. En aquella oportunidad el gobernador, uno de los favoritos para la vicepresidencia de Cristina Fernández, declaró: “Defiendo una alianza estratégica y estoy dispuesto a luchar por esa idea.” Participaron en el encuentro, además, legisladores norteamericanos, quienes fueron recibidos con comentarios muy elogiosos.

Se trata de una seria lesión a la soberanía nacional y una amenaza potencial para nuestra defensa nacional; pero que se corresponde con la participación de nuestro país en las empresas imperialistas norteamericanas como la Minustah, otro ejemplo de “asistencia humanitaria”.

¡Nuestro país debe abandonar la política de participación en las empresas imperialistas! No habrá posibilidad de ejercer ningún tipo de soberanía sobre nuestros recursos energéticos y naturales mientras persista este tipo de subordinación. ¿Cómo expropiar sin indemnización a quienes saquearon nuestro petróleo si nuestro país tiene 57 tratados bilaterales de inversión?

¡Estamos recibiendo asistencia para tareas humanitarias del país que fue incapaz de responder a la tragedia provocada por el huracán Katrina!

Socialismo Latinoamericano repudia la presencia del Comando Sur en territorio argentino y llama a todas las fuerzas nacionales, populares y antiimperialistas a unirse en una campaña para exigir su salida inmediata.

Si observamos nuestra historia, advertimos que los “movimientos nacionalistas” o frentes nacionales, como les llamamos en Socialismo Latinoamericano (donde no entra, naturalmente, esa “unión democrática” que fue el alfonsinismo), se construyen sobre la base de clases y sectores sociales que, en la arena política, son “interpretados” por diferentes organizaciones. Este punto es de gran importancia. Por no considerarlo, los nacionalistas católicos terminaron sirviendo proyectos opuestos a sus propósitos, por ejemplo, apoyando a Videla en 1976 para que destruyera el tejido nacional-popular que podía oponer resistencia a la política depredadora de Martínez de Hoz.

El yrigoyenismo, primera expresión de frente nacional en el siglo XX, se construyó sobre la base de la pequeña burguesía urbana y rural, y de sectores incipientes del proletariado. El peronismo, por su parte, se conformó sobre la base de una alianza entre una clase obrera estatizada por el nacionalismo burgués y unas fuerzas armadas que fungían como burguesía industrialista, es decir: tanto el yrigoyenismo como el peronismo se nutrían de lo que en sus épocas respectivas era el “bloque de clases subalternas”.

Ahora bien, ¿cuáles son las bases sociales sobre las que se edifica este “cuarto movimiento nacionalista” que para algunos resulta ser el kirchnerismo (quizá pronto cristinismo)? Según reportes de algunos asistentes, en Vélez no hubo obreros metalúrgicos, ni trabajadores estatales, ni comisiones internas de fábricas, ni ferroviarios, ni camioneros, etc. Tampoco hubo centros de estudiantes, trabajadores de prensa, peones rurales, docentes y demás. Hubo, en cambio, agrupaciones que operan al interior del kirchnerismo, que prosperan al calor del aparato estatal y que carecen de autonomía política.

Alguien podrá decir: “sí hubo trabajadores en Vélez” (obviamente, la inmensa mayoría de la gente es trabajadora), en consecuencia, mayoría de trabajadores tiene que haber en las manifestaciones kirchneristas, así como en las antikirchneristas; en las que convoca la Iglesia para agradecer a San Cayetano y en los festejos por un campeonato de Boca. Pero desde la perspectiva de Socialismo Latinoamericano, representante de la izquierda nacional, no es esto lo que importa. Lo que importa es averiguar si la clase obrera, en tanto clase social y no en tanto suma de individuos interpelados como “ciudadanos”, estuvo presente. Y, en tal caso, también es importante averiguar si la presencia de la clase obrera adquiere un carácter autónomo o heterónomo.

Hubo en el acto de Cristina Fernández en Vélez, en definitiva, organizaciones que no representan un sujeto social en condiciones de poder llevar adelante una lucha antiimperialista y emancipadora. Si la composición de los asistentes fue la que se observó en televisión y reportaron algunos asistentes, entonces hay que concluir que dicho acto no surgió “desde abajo” para dar un apoyo a una perspectiva de poder, sino que fue una movilización instrumentada desde el poder mismo. Pero lo más significativo no fue esto, sino la ausencia del movimiento obrero organizado. Es decir, la ausencia de una clase social sin la cual sólo puede avanzarse muy limitadamente en la disputa con el imperialismo.

Esto puede decirse incluso desde la “observación pura” y no desde un a priori teórico: la dictadura procesista, por ejemplo, quiso enfrentar al imperialismo anglo-yanqui sin contar con el apoyo social del movimiento obrero, y así le fue. Si el alfonsinismo quiso tal cosa (lo cual es dudoso), tampoco le fue posible hacerlo: su base social era la clase media de las grandes ciudades portuarias, como lo fue la base social de los sectores de “izquierda” que en 1955 participaron en el derrocamiento de Perón.

No se puede luchar contra el imperialismo sin contar con la participación y la movilización activa de la clase obrera y de los sectores más plebeyos de la sociedad. Si el kirchnerismo aspira a completar lo que apenas ha iniciado con la estatización parcial del negocio petrolero o con medidas asistencialistas como la “asignación universal por hijo”, deberá tener esto presente.

La expropiación de 51% de Repsol-YPF y su intervención fueron, tal vez, las más importantes decisiones que haya tomado hasta ahora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Estas decisiones deben ser apoyadas, considerando que constituyen un paso en la dirección correcta, pero son insuficientes. La declaración de interés público nacional debe conducir a la expropiación total del sector, no sólo 100% de YPF sino también al resto de la industria petrolera.

Hay que modificar la legislación menemista

Para el ejercicio pleno de la soberanía, deberá modificarse el régimen jurídico vigente que, desde la nefasta década menemista hasta nuestros días, perpetúa la ausencia de planificación, control y regulación estatal en el sector.

La gran mayoría del pueblo argentino apoya que YPF vuelva a ser una empresa argentina. Tiene el mismo valor de ícono de la soberanía que las Malvinas. Ante esta realidad, el arco opositor sorprendido no puede menos que acompañar a regañadientes, poniendo peros y lamentos.

YPF debe ser sociedad del Estado

Una de las objeciones más fuertes y reales que se hacen contra esta iniciativa es que el grave problema del incremento de las importaciones energéticas y la caída de la producción no será resuelto sino con grandes inversiones que el estado no está en condiciones de realizar en estos momentos. Es decir, la renta expropiada de YPF no será suficiente para ello y se especula con la inversión de empresas extranjeras, cosa que el régimen jurídico de propiedad actual de la empresa permite.

No pagar la ilegítima y fraudulenta deuda externa

Ante esta realidad, el gobierno se enfrenta al siguiente dilema: o recurre a las inversiones de empresas extranjeras, lo cual sería cambiar de collar pero seguir siendo perro (como decía Jauretche), o recurre para las inversiones necesarias a los fondos provenientes del no pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, probada como tal en sede judicial.

No importar capitales e impedir que los generados en el país se vayan

Ante la decisión del gobierno argentino, nuestro país recibió muestras de solidaridad latinoamericanas, así como advertencias y amenazas de los países imperialistas. “No habrá más crédito para Argentina”, “no se conseguirán inversores”, etc. Ésta es una buena oportunidad para demostrar que no son necesarios los capitales extranjeros; hay que hacer todo lo contrario: evitar que los capitales generados en el país salgan.

Para prepararse contra las previsibles represalias, el gobierno deberá tomar medidas como denunciar los lesivos tratados bilaterales, que dan seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, lo cual está técnica y legalmente en condiciones de hacer, y ganar así seguridad jurídica para los ciudadanos argentinos y para el futuro desarrollo del sector energético. A su vez deberá tomar la misma decisión soberana de renunciar al CIADI, que tomaron Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Auditoría integral

Se deberá encarar una auditoría integral (legal, impositiva, técnica, contable, económica y financiera) sobre todos los campos en que opera Repsol-YPF y sobre el resto de los operadores privados, y verificar las reservas comprobadas de hidrocarburos que conforman los activos estratégicos de toda empresa petrolera. Esta auditoría deberá, por supuesto, considerar los pasivos acumulados bajo la gestión Repsol-Eskenazi, así como los posibles pasivos ambientales, para permitir la determinación del patrimonio neto de la empresa, y así obtener el precio real de la compañía, distinguiendo el valor de libros de la empresa del de mercado, fruto de la especulación bursátil. Por supuesto que si de esta auditoría integral surgiera en forma fehaciente que el patrimonio de la empresa ha sido afectado por la gestión de Repsol-YPF, el Estado argentino podrá rechazar cualquier pago indemnizatorio por lo expropiado.

Al ser YPF sociedad del Estado, se cerraría la puerta a cualquier posibilidad de entrada de empresa extranjera alguna y, además, se lograrían los objetivos de soberanía energética para industrializar el país, expresados en términos de planificación, regulación e intervención en la cadena de producción, distribución y consumo, buscando el logro del autoabastecimiento y la recuperación para el Estado de la renta petrolera. Para asegurar el logro de estos objetivos, deberá confiarse a los trabajadores y técnicos de YPF la gestión de la empresa, y su control estará, como corresponde, bajo los organismos estatales correspondientes como la AGN y el SIGEN.

La expropiación parcial del capital accionario de YPF y la reclamación de la soberanía sobre las islas Malvinas tienen muchos puntos en común. Ambas medidas de gobierno resultan incuestionables para la enorme mayoría de los argentinos. Tanto una como la otra son resultado de la improvisación, por estar inspiradas más en la búsqueda de efectos propagandísticos que en una estrategia y una planificación propias de una política de Estado. También, en los dos casos se manifiestan las incongruencias del gobierno de Cristina Fernández.

El reclamo de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas es histórico. A partir de la transitoria recuperación durante 1982, no ha habido gobierno argentino –incluso a su pesar– que no haya reclamado su recuperación. Se trata de un hecho cuya enorme trascendencia no ha podido ocultarse tras una abrumadora campaña “desmalvinizadora”, motivada en su profundo significado emocional, histórico y, fundamentalmente, político. Trascendencia y significado que en www.izquierdanacional.org han sido abordados ampliamente en diversos artículos.

La única diferencia sustantiva que distingue la acción de los gobiernos anteriores de los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es, paradójicamente, la forma. Para ambos presidentes, las Malvinas formaron parte de su discurso propagandístico. Debe reconocerse que se han tomado medidas diplomáticas con mayor ímpetu, pero en los hechos tales acciones han sido insustanciales para los fines planteados. Y digo planteados y no propuestos pues, al mismo tiempo que se reclama el fin del colonialismo británico en las tribunas, se obtienen medidas solidarias de países latinoamericanos y se amenaza con medidas legales a empresas extranjeras que exploran yacimientos de petróleo en el mar de Malvinas, se permite que empresas multinacionales británicas participen del negocio petrolero en territorio argentino —British Petroleum (BP) posee 60% de Pan American Energy (PAE), la segunda productora de hidrocarburos de Argentina—, negocien la ilegítima y fraudulenta deuda externa argentina —Amado Boudou designó, por la Resolución 267/09, como “coordinador global” del canje al banco inglés Barclays—, actúen en el sistema financiero nacional y exploten recursos naturales estratégicos, en la minería por ejemplo.^[1]

En el caso de YPF sucede algo muy similar: existe un gran despliegue propagandístico además de abundante improvisación e incongruencia.

Vista en perspectiva y objetivamente, la decisión del gobierno argentino no tiene nada de sorprendente ni de inusual. Los datos duros son reveladores: de 2003 a 2011, la importación de energéticos aumentó 1.600%, al pasar de 538 a 9.397 millones de dólares. Por primera vez en los últimos 17 años, Argentina se transformó en un importador neto de gas y petróleo. Entre 2001 y 2010, las reservas probadas de gas cayeron 53%, lo que equivale a casi ocho años de producción, y las de petróleo disminuyeron 12%. La producción de petróleo ha ido en picada desde 1998 y la de gas está cayendo desde 2004. Estos datos, además de revelar una enorme pérdida de riqueza para nuestro país, implican un riesgo latente de hacer inviable el desarrollo económico argentino. En términos de soberanía, tal dependencia energética es gravísima.

Sin embargo, paradójicamente, a la empresa YPF-Repsol no le iba nada mal: de 1999 a 2011, sus utilidades fueron de 16.450 millones de dólares, de los cuales se distribuyeron dividendos por 13.246 millones de dólares entre sus accionistas. Se entiende así que los hasta hace poco propietarios mayoritarios españoles hayan puesto el grito en el cielo, con el respaldo de su gobierno. La empresa daba un servicio cuestionable, pero obtenía grandes dividendos.

Pero ¿fue responsabilidad exclusiva de la iniciativa privada la obtención de dichos resultados o el gobierno argentino compartía esa responsabilidad? La respuesta puede hallarse al atender algunos datos: el primero es que, siendo diputada, la actual presidenta argentina fue promotora de la privatización de YPF que impulsó Carlos Menem, de cuyo gobierno el actual se considera la antítesis –y, a pesar de esto, como senador Menem ha votado en los temas claves junto al gobierno que lo estigmatizó; curioso, ¿no?

El segundo dato: la importación de energéticos por la baja producción nacional no se dio de la noche a la mañana. En números redondos, se importaron 550 millones de dólares en 2003; 1.000 millones en 2004; 1.550 millones en 2005; 1.700 millones en 2006; 2.800 en 2007; 4.300 en 2008; 2.600 en 2009; 4.500 en 2010, y 9.400 millones de dólares en 2011.

Un tercer dato: este proceso se desarrolló durante el período de gobierno de Néstor Kirchner y de su esposa, la actual presidenta. Obviamente, ambos gobiernos tenían injerencia y autoridad para supervisar y, en su caso, encauzar oportunamente el rumbo… pero vieron, aprobaron y callaron.

Lejos de ser una medida “revolucionaria”, como algunos defensores apuntan, o que “aleja a la Argentina del mundo”, como señalan sus detractores, se trata de una medida en la dirección correcta, pero parcial, improvisada y plagada de incongruencias.

Triste destino el del ex dictador Videla y sus centuriones de los Falcon verdes. En el “éxito de su misión histórica” está la razón misma del oprobio que hoy los envuelve. Asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976 con el propósito de imponer el “orden” y acabar con una sociedad “anarquizada”. Engalanaron su tarea presentándola como una cruzada contra la “subversión marxista”. Tuvieron éxito. En sólo dos años de feroz represión, ya habían liquidado al “enemigo subversivo”, entendido éste tanto en su acepción estrecha, que lo limitaba a la guerrilla urbana y rural del ERP y Montoneros, como en su acepción más amplia, que abarcaba todo el entretejido de organizaciones populares maduradas en las dos décadas anteriores.

A comienzos de 1973, el sueño de “construir el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel” parecía una realidad palpable. Tres años más tarde, gracias a Videla y sus centuriones, ese sueño estaba muerto. ¡Podían respirar tranquilos los dueños del Sheraton Hotel, que ya habían abortado sueños semejantes en Chile, Bolivia, Uruguay y Perú! Los Pinochet, los Banzer, los Bordaberry y los Morales Bermúdez fueron los enterradores de sueños en los países hermanos; Videla lo fue en el nuestro. En términos menos románticos, lo que estos personajes hicieron fue cumplir con el objetivo encomendado en los cuarteles del Pentágono y en las oficinas de la Casa Blanca, donde mandaban los Rockefeller y los Kissinger: había que aplastar con el fuego de la contrarrevolución la osadía de los pueblos que luchaban por la emancipación nacional y social. Y Videla lo hizo con gran eficiencia. ¿Por qué, entonces, los beneficiarios del “orden” que él contribuyó a edificar no sólo no le rinden homenaje, sino que incluso hasta lo repudian?

Miles de argentinos debían morir para que triunfara el “proceso”

Refiriéndose a las declaraciones de Videla transcriptas en el libro Disposición Final, del periodista Ceferino Reato, el editorial del diario La Nación del pasado 29 de abril, titulado “La confesión de Videla”, resulta revelador sobre cuál es la estrategia discursiva actual de los intereses oligárquico-imperialistas que recurrieron a Videla en 1976.

La Nación pretende escandalizarse ante la siguiente declaración del ex dictador: “Eran siete u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. Era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que la sociedad no se diera cuenta”. La verdad es que Videla tiene razón: miles de personas debían morir en Argentina de 1976 si se quería “ganar la guerra contra la subversión”. Pero, ¿qué significaba “ganar la guerra contra la subversión”? Significaba aplastar a sangre y fuego el movimiento popular que desde 1955 enfrentaba la violación de la soberanía, que desde 1969 había abierto un horizonte de radicalización política en la perspectiva de un gobierno obrero y popular, y que en 1973 había apoyado la continuidad del ciclo nacional-popular interrumpido 18 años antes. Significaba, en suma, responder a las fuerzas revolucionarias que cuestionaban la condición semicolonial del país con el peso mortífero de una contrarrevolución asentada en los intereses conservadores de las clases dominantes.

En el libro de Reato, Videla no sólo nos recuerda que una contrarrevolución, siendo uno de los polos que tironean a la sociedad en momentos de guerra civil, no puede andarse con chiquitas, porque en la lucha entre la revolución y la contrarrevolución están implicados todos los sectores sociales y su desenlace determinará quiénes viven y quiénes mueren. Videla nos recuerda, también, algo que La Nación quisiera olvidar: que sus centuriones no actuaron por iniciativa propia, sino que detrás de ellos estaban los empresarios, los medios de prensa, los políticos partidocráticos, los hombres de la cultura y, detrás de ellos todavía, alentaban a los centuriones los “poderes fácticos” que gobiernan el capitalismo trasnacionalizado.

Herederos de Videla se hacen derecho-humanistas

El editorial de La Nación es tan hipócrita como Graciela Fernández Meijide, quien entrevistada por Joaquín Morales Solá (el 30 de abril en TN) sostuvo que la represión procesista no sirvió de nada porque “el comunismo, en la URSS, caería por sus propias contradicciones internas”. Según parece, la ex frepasista ignora que el objetivo de Videla no era derrotar al “comunismo” en la URSS sino en Argentina, y que lo hizo con tanta precisión que todavía hoy sufrimos los efectos de esa derrota.

Veamos lo que dice La Nación: “En los 90, las fuerzas armadas produjeron significativas declaraciones de autocrítica, asumiendo la responsabilidad por los excesos y abusos cometidos […] También la Iglesia formuló su autocrítica por no haber hecho más de lo que hizo para evitar que el país retrocediera en la década del 70 hacia formas de violencia estremecedoras”.

Pasemos por alto el hecho de que “criticar” el abuso de violencia contrarrevolucionaria por parte de las fuerzas armadas no significa criticar el uso mismo de esa violencia, y que autocriticarse por “no haber hecho más de los que se hizo” implica reconocer que algo se hizo, lo cual es más que dudoso en el caso de la iglesia católica. Aun pasando por alto estas trampas discursivas del editorialista, no aparece por ningún lado la crítica concreta de La Nación a Videla. O mejor dicho, sí aparece: le critica no que haya hecho lo que hizo, sino que diga que lo hizo. “Desde esta columna editorial –dice– hemos abogado […] por la necesidad de avanzar hacia la reconciliación nacional a partir de […] una memoria integral […] Y tanto la actitud de Videla como la de los cabecillas de las agrupaciones terroristas […] constituyen una traba real […] Ni el rencor ni la memoria parcial permiten cicatrizar heridas […] Y en la defensa de los derechos humanos deberían estar alcanzados tanto quienes murieron o desaparecieron a manos del terrorismo de Estado como las muchas víctimas del accionar guerrillero.”

Está claro. Una contrarrevolución oligárquico-imperialista como la de 1976 tiene permiso de las clases dominantes para matar a quienes haga falta matar. Pero esto no significa que sus agentes puedan alardear del trabajo sucio. ¿Cuántas familias aristocráticas no se desacreditarían si salieran a luz las miserias que se encuentran ocultas en el origen de sus linajes? Lo mismo pasa con esta democracia colonial parida por la picana de Videla y sus centuriones. La “defensa de los derechos humanos” no es más que el cuento con el que los vencedores de 1976 quieren que olvidemos lo que nos hicieron. Pero no olvidaremos. Y no olvidar significa oponer a la contrarrevolución de los poderosos, no el opio derecho humanista, sino la revolución emancipadora de las mayorías oprimidas.

La de dios es, sin lugar a dudas, una de las mejores ideas del ser humano. Apenas toma éste conciencia de encontrarse en el universo, adquiere la principal de las angustias: la existencial. La fe —en su acepción más amplia: “conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas”— es la que permite, si no suprimir, al menos atenuar la angustia existencial.

Pero no sólo en dioses tienen fe las personas; la fe tiene innumerables manifestaciones, aunque sin duda la religiosa es la más difundida, al punto de que muchos, al hablar de fe, lo hacen como sinónimo de la religiosa, lo cual es un obvio error.

Es casi innumerable la cantidad de dioses a los cuales los seres humanos a lo largo de su historia rinden culto (para tener un panorama amplio de este fenómeno, es recomendable la lectura de “El atlas de las religiones”, un ensayo breve pero documentado, editado por Le Monde Diplomatique).

Marx se refirió al —importante— papel que desempeña la religión en la sociedad: “La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el corazón de un mundo sin corazón, como es el espíritu de una época sin espíritu. La religión es el opio del pueblo.” Y no es casualidad que la cita fuera convenientemente amputada por sus detractores y supuestos seguidores, como bien lo explica Roberto Ferrero en “El catolicismo en Latinoamérica y la Izquierda Nacional”.^[1]

Distinciones imprescindibles

Resulta necesario distinguir entre la religiosidad popular que manifiestan honesta y congruentemente millones de personas, las instituciones políticas que pretenden ser intermediarias entre creyentes y sus dioses, y las jerarquías de dichas instituciones políticas.

Siendo la fe religiosa una experiencia esencialmente íntima (dice Spinoza en palabras que atribuye a dios: “No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro… ahí estoy latiendo en ti.”),^[2] no por ello deja de compartirse y tener manifestaciones públicas y colectivas, con obvias consecuencias políticas.

La necesidad y el derecho de cada persona a creer en uno o más dioses, así como a manifestarlo son absolutamente legítimos y respetables. Pero de ninguna manera la legitimidad y el respeto son extensibles acríticamente a las instituciones político-terrenales a las que se atribuye la intermediación entre los creyentes y sus dioses, mucho menos aun a los funcionarios y jerarcas de dichas instituciones.

Es una realidad comprobable que, siendo aún cientos de millones, paulatina y consistentemente cada vez son menos quienes manifiestan fe religiosa; las razones son muchas y no motivo de estas líneas, aunque varias están directamente relacionadas con lo que aquí expongo. De entre quienes sí la manifiestan, muchos —y aquí también la tendencia es creciente— están inscriptos en el deísmo (doctrina que reconoce un dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo).

Es común encontrar, por ejemplo, a quienes se consideran católicos pero no asisten jamás o casi nunca a una misa, e incluso critican o repudian a curas y jerarcas de manera específica o genérica. Cada vez más hasta los propios creyentes ponen en tela de juicio —implícita o explícitamente— la representatividad de estos funcionarios o su carácter de intermediarios entre la divinidad y sus creyentes. El cuestionamiento tiene fundamentos diversos, por un lado los cada vez más difundidos actos de corrupción, de todo tipo, en distintos niveles de la organización político terrenal llamada iglesia católica, por otro el hecho de que estando su dios en todas partes no parece necesaria la existencia de una organización si no es para fines políticos, no divinos.

Instituciones político-terrenales

Cada institución autodenominada iglesia no es una sucursal del cielo en la Tierra. Se trata de organizaciones terrenales, forjadas por hombres con claros fines políticos. Como parte de su estructura administran —además de la fe religiosa— recursos económicos multimillonarios, muchos de los cuales surgen de los aportes voluntarios de los creyentes y de transacciones financieras muchas veces puestas en tela de juicio, al igual que su utilización;^[3] no hace falta ir muy atrás en la historia: están los casos recientes en los que el Vaticano resolvió destinar miles de millones de dólares para el encubrimiento (lo cual implica complicidad) y la protección ante la ley de curas y jerarcas pederastas.

Para quienes actúan con honestidad, no cabe duda de que la institución político-terrenal conocida como iglesia católica (me refiero a ella no por ser la única, sino por ser la que mayor influencia tiene en nuestra Patria Grande, América Latina) tiene una historia —en términos generales y de manera abrumadora— nefasta, aliada como institución, casi siempre, a los peores interés. Son tantos los testimonios de las perversiones y corruptelas de las jerarquía católicas —particularmente de quienes se atribuyen ser “herederos de Cristo”, los papas—^[4] que resulta imposible dar una referencia que los sintetice; cualquiera que pueda destinar tiempo se sorprenderá al hacer la más elemental investigación.

Teresa de Calcuta y Marcial Maciel

Podríamos pasarnos horas contraponiendo ejemplos de religiosos y jerarcas “buenos” y “malos”, entre quienes no podrían faltar Teresa de Calcuta, ampliamente conocida por sus enormes virtudes y dedicación a los más necesitados, y Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, menos famoso que Teresa de Calcuta pero reconocido por los multimillonarios recursos aportados al Vaticano y porque su congregación posee escuelas famosas por haber sido muchos de sus alumnos víctimas de pederastas —siendo Maciel uno de ellos, que llegó incluso a violar a sus propios hijos—; a pesar de esto último, y muy probablemente gracias a los millonarios aportes, fue protegido por Karol Wojtyła y por Joseph Ratzinger, los dos más recientes líderes del Vaticano. ¡Tuvieron hasta la pretensión de beatificar y canonizar a Maciel!, acto frustrado por la difusión mediática de las irrebatibles pruebas de sus atrocidades.

Son tan abrumadores —por cantidad y contundencia— los testimonios de que la iglesia católica ha estado y está controlada por un grupo mafioso al amparo de cúpulas reaccionarias, que hasta muchos católicos lo reconocen —me consta en lo personal, y seguramente no habrá lector de estas líneas que no conozca un testimonio—. Hace falta ser un ignorante (lo cual resulta un atenuante, jamás una justificación), un cínico o una persona culta e inteligente pero cegada por el fanatismo, para no reconocer algo tan evidente y documentado.

Ahora bien, ¿significa lo anterior que los honestos deístas, los creyentes en general, los católicos en particular, desvinculados del negocio religioso deban compartir la condición de mafiosos y reaccionarios? No nos enredemos ni pretendamos confundir con fárragos de palabras y disquisiciones semánticas… la respuesta, evidentemente, es no.

Pero hay una distinción tan relevante como la que acabo de precisar: la referida a la importancia que tiene la religión en la historia y la cultura de nuestra Patria Grande. Hernández Arregui definió así al Ser Nacional:

“En primer término, un concepto general y sintético, compuesto por una pluralidad de subconceptos subordinados y relacionados entre sí. Es un hecho político vivo empernado con múltiples factores naturales, históricos y psíquicos a la conciencia histórica de un pueblo. Es una comunidad establecida en un ámbito geográfico y económico, jurídicamente organizada en nación, unida por una misma lengua, un pasado común, instituciones históricas, creencias y tradiciones también comunes en la memoria del pueblo, y amuralladas, tales representaciones colectivas, en sus clases no ligadas al imperialismo, en una actitud de defensa ante embates internos y externos, que en tanto disposición revolucionaria de las masas oprimidas, se manifiesta como conciencia antiimperialista, como voluntad de destino.”

La definición nunca hace referencia a la institución político-terrenal conocida como iglesia católica, aunque sin duda alguien —por ignorancia, cinismo o fanatismo— podría incluirla, como a muchas otras… Podría, pero hacerlo iría en contra de la esencia de la definición de Ser Nacional literalmente planteada en las últimas líneas de la definición de Hernández Arregui. Por lo tanto, no es posible argumentar tajantemente que repudiar y combatir a la cúpula de individuos que tienen el control de la iglesia católica es ir en contra de los creyentes o del Ser Nacional tal como lo definió Hernández Arregui. Además —y este no es un asunto menor— la iglesia católica no es una institución ni mexicana (o argentina, brasileña o venezolana…), ni latinoamericana, es una organización global, que tiene su propio Estado y responde a los intereses inherentes a su condición, los cuales son muy evidentes e históricamente se han demostrado distintos y hasta contrapuestos a los de México y América Latina en su conjunto.

Pero, además, no podemos olvidar que sus jerarcas han hecho cumplir a la institución político-terrenal iglesia católica un papel reaccionario, siempre aliada a los peores intereses en América Latina y en el mundo. Claro está, hay casos individuales, como el de los curas Hidalgo^[5] y Morelos,^[6] héroes de la independencia de México, excomulgados por la jerarquía de la iglesia de su época no por haber tenido hijos —algo común en muchos papas—, sino por su actitud revolucionaria; o el de Leonardo Boff, que no renunció a su fe religiosa pero sí a la iglesia católica, acosado por los jerarcas que la dirigen. Morelos, Hidalgo y Boff (también los hay obispos, como Hans Küng que se atreven a cuestionar contundentemente a Joseph Ratzinger)^[7] son excepciones honrosas y merecedoras de reconocimiento, como muchas otras alejadas del centro del poder del Vaticano, pero han sido eso: excepciones.

Merece destacarse que quienes constituyen la excepción son los primeros en resultar víctimas de la jerarquía reaccionaria al acceder a algún espacio de poder que pueda salírsele de “control” al Vaticano.

Insisto: podríamos invertir horas en nombrar, enlistar y reproducir imágenes de casos de uno y otro lado, pero finalmente sabemos que no predominarán las excepciones.

Creyentes, instituciones y funcionarios

Hernández Arregui no refiere a la iglesia católica, menos a sus jerarcas; explícitamente señala a “las creencias y tradiciones”. Sin duda aquí sí tiene importancia y reconocimiento la religiosidad popular manifestada de muy diversas formas, religiosidad popular que de ninguna manera es sinónimo de la institución político-terrenal iglesia católica, aunque los jerarcas que controlan a la iglesia católica pretendan atribuirse el mérito cuando lo que en realidad hacen es usufructuarla en su propio beneficio.

Un ejemplo de distinción entre la religiosidad popular y la jerarquía católica lo da la popular imagen de los revolucionarios mexicanos ingresando a la ciudad de México con la virgen de Guadalupe como estandarte, aunque entre sus enemigos reaccionarios estaba la jerarquía de la iglesia católica. No hay contradicción en ello: una cosa es la religiosidad popular, otra la jerarquía de la institución política terrenal llamada iglesia católica.

Otro personaje de la política latinoamericana, reivindicador del latinoamericanismo y poco antes de su muerte embajador en argentino en México, Jorge Abelardo Ramos, también se ha referido al papel de la religiosidad popular, de la iglesia católica y de sus funcionarios en la realidad política de América Latina. A lo largo de su historia, Ramos resaltó el papel reaccionario desempeñado por las jerarquías de la iglesia católica; sin embargo, en un texto de 1986 donde aborda el tema para la revista Politicón podría atribuírsele un cambio de opinión o una incongruencia, pero no es así.^[8] Ni la cúpula de la iglesia católica había modificado su política reaccionaria ni Ramos su opinión sobre ella.  Dice Ramos: “La fe católica es profesada por la mayoría de los argentinos y de los latinoamericanos y es […] un peculiar escudo de nuestra nacionalidad ante aquellos que quieren dominarnos o dividirnos […]. La religión ejerce un doble papel: el teológico que le es propio y el de ideología nacional defensiva contra el dominador extranjero.”^[9]

Ramos apunta que: “la fe católica es profesada por la mayoría de los argentinos y de los latinoamericanos”; no dice “la iglesia católica”, o “la jerarquía eclesiástica”. Son elementos muy distintos que no deben confundirse.

Es necesario reconocer que la religiosidad popular (mayoritariamente católica) —no la iglesia católica, no su jerarquía— es factor en la definición de la identidad latinoamericana. Pero la jerarquía católica no sólo no es factor en la definición del Ser Nacional sino que tiene intereses que se le contraponen. Por cierto, hay varios puntos en común entre la jerarquía de la iglesia católica y los líderes sionistas: ambos han constituido estados con interés globales que se atribuyen la representación de ciudadanos de otros estados legalmente constituidos. Desde el Vaticano los jerarcas católicos y desde el enclave que ocupa en territorio palestino, conocido como Israel,^[10] los sionistas, ambos grupos pretenden —muchas veces con éxito— influir en las políticas de otras naciones. También ambos —con distintas motivaciones, por acción y omisión han sido cómplices en su momento del nazismo y luego de las potencias imperialistas en turno. Los católicos y judíos honestos deberían ser los primeros en repudiar denunciar a las jerarquías del Vaticano e Israel, para diferenciarse y desligarse de las políticas de ellas. Una cosa es ser católico y otra ser cómplice de los líderes del vaticano, una cosa es ser judío y otra es ser sionista.^[11]

La virgen de Guadalupe y Joseph Ratzinger

Joseph Ratzinger no llega a México para promover o consolidar la identidad nacional mexicana y latinoamericana, llega a México a promover y consolidar los intereses de la organización global a la cual representa, montándose en la religiosidad popular que históricamente caracteriza a la mayoría de los mexicanos, pero una cosa es la imagen venerada de la virgen de Guadalupe y otra Joseph Ratzinger de carne y hueso. Este es un asunto toral que no debe perderse de vista y que la parafernalia ampliamente difundida por los medios de comunicación no puede ocultar.

La historia de México da muestras claras de la diferencia existente entre el papel que juega la religiosidad popular y el papel que juega la jerarquía representante de los intereses globales del Estado Vaticano. Durante la independencia y la revolución se levantaba como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe en luchas que tenían de un lado al pueblo —con quien se identificaban muchos curas— y del otro la jerarquía de iglesia católica junto a las oligarquías en turno.

La identidad nacional, el ser nacional de los latinoamericanos es resultado de factores muy diversos y patrimonio de agnósticos, ateos, deístas y creyentes de las más diversas religiones, los cristianos en particular. Entre estos últimos, quienes se sienten identificados y representados por la institución político-terrenal llamada iglesia católica tienen la responsabilidad de evitar la soberbia y ejercer la autocrítica honesta y franca, ya que, de no hacerlo, por acción u omisión estarán tolerando y así siendo cómplices de las cúpulas que la han controlado históricamente en defensa de intereses globales, ajenos y la mayoría de las veces contrapuestos ser nacional mexicano y latinoamericano.

Nuevamente se repiten las mismas denuncias sobre el Estado de los ferrocarriles, no sólo del material rodante sino de la infraestructura ferroviaria. No hay ya posibilidad de acusar al fantasma del menemismo, excusa de la pequeñaburguesía progresista para no asumir sus propias responsabilidades políticas en sobre el estado de abandono del sistema ferroviario. A pesar de las promesas del gobierno de invertir en los ferrocarriles, en especial a partir de 2006, la realidad es que si el gobierno destinó partidas para el ferrocarril estas no llegaron nunca a sus destinos. El recientemente publicitado informe de la AGN es elocuente de datos sobre la situación de los FF.CC., en especial los ramales a cargo de TBA que es el objeto del informe. A título de ejemplo mencionamos sólo algunas cuestiones. La concesionaria del servicio, TBA de Cirigliano, propuso en 2006, a causa de la situación de hacinamiento en que se viajaba, la construcción de coches de doble piso. Sobre este acto no existen los actos administrativos correspondientes (pliego de condiciones, llamado a licitación, etc). Directamente fue adjudicada a la empresa de los Cirigliano. Los primeros 4 prototipos se realizarían sobre la base de los trenes Toshiba actualmente en circulación. Para cuando el Estado aprueba la obra (por una resolución que no se encuentra en internet, que podemos ver en el Anexo del informe de la AGN) la empresa ya había realizado gran parte de los trabajos, 21 días después la CNRT aprueba el primer certificado de obra (por nueve coches) ¡por un 86,59 % de avance! Sin que existan informes previos, y con el expreso reconocimiento de que la obra se realizó antes del 31 de mayo, fecha de la resolución de la Secretaría de Transporte. El último certificado de obra se entrega 2 años, 3 meses y 30 días desde el momento de iniciada la obra. Dos años y dos meses para terminar el 13,41 % de la obra de reciclado de trenes. ¡Tamaña hazaña de productividad le costó al Estado 25 millones de pesos!

El informa también indica el Estado deplorable de las vías férreas, denunciadas por trabajadores del Sarmiento y usuarios reiteradas veces. Durante 2006 y 2007 no se realizaron trabajos de vías, y durante 2009 al ritmo de los trabajos realizados ese año permitirían reemplazar el total de la vía entre Once y Moreno en un plazo de 10 años. El estado de las vías férreas produjo sendos descarrilamientos durante los años que pasaron.

Se desprende también, y esto debería haber sido una advertencia para prevenir la tragedia de Once, que la empresa no cumplía con el plan de mantenimiento acordado en los Pliegos de Concesión, e incluso se advierte un incumplimiento del 91 % en tareas que incluyen sistemas de frenos y rodamientos. En otra inspección de la CNRT se detectan entre otros “compresores que no funcionan”.

Es increíble que la presidenta señalara en su discurso de que los organismos de control no le hayan avisado de la situación, cuando se desprende en la informe de la AGN que hasta la misma CNRT (que no es conocida por su “transparencia administrativa”). La sola lectura de un par de informes y la falta de respuesta por parte de la empresa a las notificaciones de los organismo debería haber dado motivos a cualquier funcionario con un poco de responsabilidad hacia las obligaciones de un funcionario público, o con la sola demanda a un sentimiento de solidaridad social —que tanto exclaman que tienen—, de que era necesario levantar la concesión, porque no sólo atentaba contra la seguridad de los pasajeros sino que se estaba viviendo un asalto a las arcas públicas, que son el IVA que un pobre trabajador paga por un paquete de fideos.

El sistema de concesiones de servicios públicos sigue mostrando los mismo problemas que tenía durante la satánica década del los 90. El modelo aplicado a partir de la última dictadura para la gestión de los bienes públicos no tiene por objetivo una utilización eficiente de los recursos desde el punto de vista del buen funcionamiento del servicio, la calidad de la prestación, la optimización de recursos, sino por el contrario, desplazar al Estado en la gestión de los servicios, para obtener una alta rentabilidad en la explotación con mínimos costos. Los concesionarios no se hacen responsables de los costos de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, porque les quita margen de rentabilidad. Es así que explotan el servicio sin realizar mantenimiento, obteniento la máximo rentabilidad posible, mientras que la infraestructura, propiedad del Estado, se va deteriorando paulatinamente, convirtiendo el negocio ferroviario en un negocio rentístico a cargo de empresarios amigos del poder político que no realizan inversiones y obtienen ganancias extraordinarias, que es en realidad renta. El gobierno de la burguesía nacional no promueve negocios “capitalistas” sino un modelo rentístico-extractivo que no produce una valorización del capital —en el sector de servicios públicos— sino su depreciación.

Esta vista de pájaro sobre los problemas en TBA no nos debe hacer olvidar de lo fundamental, porque, independientemente del curso que tome la vía judicial —que hasta ahora pareciera que fuera hacer recaer la responsanbilidad en el conductor del tren (poner ver nota de Guillermo Hamlin en SL)— su resolución dará con algún culpable pero no resolverá el problema. La justicia, confiemos o no en ella, no resuelve los problemas que están en el orden de la gestión, y que no son producto de la mayor o menor capacidad de gestión de un gobierno, sino el resultado de las relaciones sociales que un Estado semicolonial expresa, subordinadas al capital trasnacional, y de la promoción del capital parasitario rentístistico y el capitalismo de amigos.

Frente a la evidencia de la naturaleza del problema, se hace necesario una respuesta por abajo, que ponga a las masas plebeyas en la primera línea, como única posibilidad de resolver el problema. Es necesario una nacionalización de los ferrocarriles, y que la administración sea bajo gestión de los trabajadores ferroviarios con participación de los usuarios a través de organismo electivos. La democratización de la administración asegurará la prestación adecuada de los servicios. A la vez debe diferenciarse esta intervención de los trabajadores de un modelo de administración por parte de los sindicatos, sindicatos que han participado ya en la gestión de servicios deficientes, cuyos dirigentes —como Luna de La Fraternidad— son funcionarios públicos a la vez, y son responsables directos de la situación actual, siento parte de que los compañeros del MONAFE llaman el triángulo de la corrupción, la estructura que relaciona a los concesionarios, las dirigencias de la burocracia sindical y los políticos de turno en el reparto de los subsidios.

Diferenciar una administración democrática de los trabajadores enfrentado al modelo de la burocracia sindical es la tarea que se presenta hoy día para las organizaciones de bases de los trabajadores ferroviarios, como los trabajadores del Sarmiento. Es necesario un plan de lucha para terminar con las concesiones, y no hay nadie que pueda suplir la tarea que deben encarar los obreros ferroviarios.

Cuando Alain Rouquié se permitió sugerir la necesidad de “desmalvinizar a la sociedad argentina” todavía ardían las heridas de nuestros silenciados combatientes. El reconocido intelectual francés tenía buenas razones para aquella invocación: su módico socialismo se asentaba, en definitiva, en los intereses materiales de su patria. Dirigida entonces por otro célebre progresista, Francois Miterrand, Francia había apoyado indisimuladamente a la OTAN contra la inesperada reivindicación patriótica con que la Argentina se había permitido cuestionar la dominación inglesa en el atlántico sur. Si el trauma argelino obligaba a la izquierda reformista francesa a marchar tras los portaaviones de la derecha conservadora inglesa, los “condenados de la tierra”, el 3° mundo en lucha antiimperialista, saludaba la gesta patriótica argentina concitando el apoyo de un amplio abanico ideológico y geográfico que iba de la Cuba de Fidel Castro a la Libia de Muhammar Gadaffi.

Además del aterrado bloque oligárquico, sólo un preciso sector social permaneció indemne a la euforia antiimperialista que llenaba las plazas con consignas como “Las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores” o “Malvinas si, dictadura no”. La pequeña burguesía ilustrada, base social clásica del progresismo, satélite estratégico de la colonización pedagógica, y principal bastión del servilismo ideológico hacia las pretenciosas creaciones del espíritu europeo, ocupo su lugar de acuerdo a la implacable lógica dicotómica de la guerra. Elevando la sugerencia de Rouquié al status de mandato divino, festejó el triunfo de la “democracia civil” de Tatcher, Reagan y Miterrand contra el “autoritarismo militar” de Castro, Gadaffi o Galtieri, haciendo de la desmalvinización una irritante realidad desde sus refugios tradicionales: universidades, magisterios, medios de comunicación.

Aún cuando el progresismo goza de la hegemonía intelectual en el seno kirchnerista, el oficialismo con sólo situar a la cuestión Malvinas en el marco de la liberación latinoamericana ha hecho muchísimo más que sus antecesores partidocráticos. Sin embargo, esperar una efectiva malvinización de la política nacional por parte del kirchnerismo resulta demasiado audaz por razones varias. Emergente político de aquella intelectualidad angustiada por los riesgos de “naserismo” durante el ‘82, asfixiada por el macaneo eurodirigido entre democracias o dictaduras, civiles o militares, para la progresía criolla “...nada de lo que haya hecho el proceso puede ser reivindicado”. En ese marco, los ánimos grandilocuentes de soberanía que engalanan los discursos oficiales, contrastan agudamente con la pleitesía del kirchnerismo hacia el capital anglo europeo en el continente. Repasar sus decisiones políticas mas trascendentes en relación a la cuestión Malvinas arroja sinsabores inexpugnables para toda lectura critica.

En 2005, Néstor Kirchner nombró como ministra de defensa a Nilda Garre. El prontuario desmalvinizador de la ex funcionaria aliancista es aleccionador: a sus sugerencias de considerar a los excombatientes y caídos en Malvinas como víctimas del terrorismo de estado, ha sumado numerosas declaraciones como ministra explicitando que las fuerzas armadas, a pesar de casi 180 años de ocupación extranjera en nuestro territorio, no tienen hipótesis de conflicto. La ministra no se ha quedado en declaraciones, su gestión se ha caracterizado por un virtual desmantelamiento de la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

Dos años después, en el 2007, la Unión Europea incorporó a su constitución a las Islas Malvinas, Georgias,  Sandwich del Sur y Antártida considerando a esos territorios como propios en flagrante contradicción con numerosas resoluciones de la ONU. Hasta la fecha es imposible evaluar las respuestas políticas del oficialismo. No hubo ninguna.

En marzo del 2011 el senado aprobó por unanimidad la denominada ley de hidrocarburos. Entre su articulado se destaca el nº3 prohibiendo todo “acto de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría” con cualquier empresa o persona que trabaje en la plataforma continental sin autorización de la Argentina. A casi un año de su aprobación, estimar su aplicación concreta es imposible: el ejecutivo nacional no la ha reglamentado. Hacerlo implicaría prohibir las actividades de, entre otros, los responsables de las operatorias de canje de deuda externa (JP Morgan, Citigroup o Credit Suisse) financistas del capital multinacional minero (BNP Paribas, Barclays Capital, Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Scotland, HSBC Holdings y Morgan Stanley), o del capital extractivo hidrocarburífero (Pan American Energy o British Petroleum) concesionarias, entre otras, de “Cerro Dragón”, el mayor yacimiento petrolífero argentino. Estas multinacionales o financian o son accionistas del capital anglo-europeo que, mientras se escriben estas líneas y alguien las lee, explora la cuenca hidrocarburífera de Malvinas en una insultante violación a la soberanía argentina sobre su plataforma continental.

El 7 de febrero pasado la presidenta le dedico varias estrofas a la cuestión Malvinas. Remarcando el carácter latinoamericano de la causa del atlántico sur, el discurso evitó, sin embargo, pronunciarse sobre las medidas con que Argentina debería resistir el saqueo pesquero o petrolífero en las islas; extractivo, financiero o comercial en el continente. La impugnación a la histórica recuperación del 2 de abril, la recurrente alocución sobre “la plaza de la vergüenza”, la explícita renuncia a toda estrategia no negociada y pacífica, o el sometimiento de la cuestión nacional a las disquisiciones entre gobiernos de hecho o de derecho, evidencian los tentáculos desmalvinizadores que sostienen sus argumentaciones. En ese marco, los avatares de la cancillería argentina se agotan en una “estrategia” diplomática construida sobre la misma presunción con que la junta sostuvo la guerra: Timerman hoy, como Galtieri hace tres décadas, supone que Estados Unidos puede ser un factor de presión a favor de la Argentina.

Sin embargo, la insistencia presidencial sobre una causa siempre sospechada de chauvinismo fascistoide, generó la réplica de los núcleos más serviles de la intelligentzia. Con la firma de Sebreli, Sarlo, Romero y Lanata, entre otros, la propuesta de “Una visión alternativa sobre Malvinas” apostaba a seducir a los isleños haciendo propia la estrategia británica: respetar el derecho a la autordeterminación de los usurpadores kelpers. Las respuestas del oficialismo no pudieron ser más patéticas. Mientras el inefable Aníbal Fernández se deshacía en acusaciones de “cipayismo básico” y patriotismo impostado, la ministra de industria Débora Giorgi visitaba a una serie de empresas que reponen bienes de capital o materias primas en Gran Bretaña sugiriendo la posibilidad de sustituir el origen de esas importaciones. ¿A qué empresas pretende la ministra aunar en su ofensiva antiimperialista? Syngenta, Finning y New Holland. Una exquisita muestra de las multinacionales de origen yanqui, canadiense y europeo que operan en el saqueo de nuestro suelo continental vía sojización.

Algunas horas antes de la publicación de estas líneas, en el discurso de apertura de las sesiones extraordinarias del congreso, después de reivindicar el proyecto de “tren bala”, pedir aplausos para los Roggio, y diluir las expectativas nacionales con respecto a los ferrocarriles o los hidorcarburos, Cristina Fernández de Kirchner festejó en tono de patriada histórica la incorporación de nuevos vuelos con destino insular.

Hace dos siglos, el padre de la teoría militar moderna, Carl Von Clausewitz, sostuvo que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. El brillante general prusiano sugirió, además, que los términos de esa máxima pueden conmutarse: la política es, a su vez, la continuación de la guerra por otros medios. En esa traducción descansa la posibilidad de reiniciar un camino interrumpido hace décadas que exige la recuperación de la soberanía económica y política en el continente, como prerrequisito excluyente para toda reivindicación insular auténtica. Supone el despliegue de un programa antiimperialista en aquellos territorios en que la soberanía formal se corresponde con la soberanía real, y define un enemigo histórico que ha dejado la fajina militar para camuflarse entre los trajes ejecutivos en que el omnipotente capital extranjero se personifica.

No habrá resolución militar o diplomática favorable sin una resolución política precedente proyectada estratégicamente hacia esa inevitable hora en que las Malvinas dejaran de ser las Falklands, para insertarse definitivamente como uno de los capítulos más insignes de la liberación latinoamericana.

Cualquier país que pretenda posicionarse en un sitial geoestratégico antimperialista, necesita un anclaje material que le permita el desarrollo y articulación de una política de tal naturaleza.

Los conflictos en torno a la soberanía deben tener una cercanía para ser asumidos: difícilmente una nación pueda ejecutar un activo programa antiimperialista si no sufre en carne propia las perversidades del vejamen.

La Argentina tiene, en Malvinas, ese gancho de materialidad para asentarse en una posición de antiimperialismo práctico: a través del conflicto por las islas, la Argentina asume como propio el problema del imperialismo y se ubica como parte activa y concreta del Tercer Mundo víctima de invasiones y sabotajes.

Es una funcionalidad política, que no responde tanto a las justicia de los tribunales sino a la arquitectura estratégica.

Sin Malvinas, la Argentina carecería de ese lazo de pertenencia con la problemática imperialista y sería solo un espectador de los conflictos, cuanto mucho, un mero apoyo diplomático. Acaso las bases militares norteamericanas en suelo sudamericano; la asesina ocupación israelí de los territorios palestinos; el sabotaje a las soberanías de los pueblos libios, sirios, iraquíes y afganos; la amenaza permanente al pueblo iraní; los intentos de golpe de Estado perpetrados en Bolivia, Ecuador y Venezuela; el golpe concretado en Honduras; y demás acciones imperialistas, son verdaderas ignominias, pero no permiten una conexión directa que tienda a la “apropiación” del dilema.

En efecto: la “causa Malvinas” no es solo una necesidad de reivindicación histórica, sino una necesidad política para poder legitimar el posicionamiento en las filas antiimperialistas y poder desplegar una estrategia fiable que tienda a la liberación de los pueblos sojuzgados.

Desde este punto de vista, la reserva en el reclamo o la oposición lisa y llana al mismo, tal como muchos intelectuales lo han promovido, representa un total servilismo al accionar imperialista: negando la unidad material y concreta de la Argentina con la problemática imperialista, resquebrajando su condición de víctima, se limita su campo de acción y se deslegitima su colocación dentro de una estrategia antiimperialista, pasándose directamente a las filas adversarias. Es decir: se trata de una posición proimperialista.

Lo que allá es traición, acá es negocio

Viciosos de la pantomima, el Gobierno argentina promueve una reivindicación nacional en torno al “tema Malvinas” que olvida hacia dentro del territorio. Mientras condena la avanzada imperialista del Reino Británico y sus socios de la Otan en las Islas Malvinas, nada dice sobre la intensa actividad expoliadora que los mismos intereses llevan a cabo dentro del territorio nacional.

No es una ocupación clásica: dentro de las fronteras no se burla la soberanía política, como se lo hace –entre otras burlas- en Malvinas. Sin embargo, la perfidia tiene otras dimensiones para expresarse.

Las multinacionales mineras que chupan las riquezas de la cordillera de los Andes pertenecen a los mismos dueños, cuervos universales, que financian las exploraciones de petróleo en las Islas Malvinas. Los mismos actores, diferentes personajes: mientras que en las islas son los malvados que usurpan la soberanía y se aprovechan de las riquezas, en el territorio nacional son generosos inversores que contribuyen al desarrollo económico.

De todos modos, ese desarrollo es el engorde de los patrones y el hambre de los empleados: las empresas se llevan la parte el león y dejan las migajas para los trabajadores.

Minera Alumbrera, que tiende uno de sus tentáculos en la provincia de Catamarca, logró solo en 2010 beneficios por 6390 millones de pesos. Negocio provechoso, en menos de un año recuperó la inversión inicial. Manual para ganar dinero, de esa enorme torta de dinero, los trabajadores reciben solo una tajadita equivalente al 2,5%.

Abusador expandido, uno de los capitales accionista de Minera Alumbrera es el Barclays Bank, que no solo supo limpiar dineros a través de la publicidad en camisetas de la Premier League inglesa, sino que pertenece al grupo inversor propietario de Desire Petroleum y Borders and Southern Petroleum, dos de las principales empresas que succionan los suelos malvinenses en busca de oro negro.

El Barclays Bank participa también en las acciones de otras de las empresas famosas por sus ataques a la cordillera: la Barrick Gold Corp. En esta minera, que tiene concesiones en minas de San Juan y Santa Cruz, y se transformó prácticamente en el emblema de las transnacionales mineras que asechan las riquezas minerales de la Argentina, participan otras grandes instituciones famosas universalmente no precisamente por su generosidad e interés por el desarrollo económico de las naciones subdesarrolladas: capitales como los de Morgan Stanley, el Bank of New York, J.P. Morgan Chase & Co., entre otros timberos globales. 

El mar de Malvinas guarda aproximadamente 60 mil millones de barriles de alta calidad, según algunas estimaciones, algo más que los 2.600 millones de barriles que almacenan las reservas argentinas. Se comprende la voracidad.

Las hermandades rapaces son como los hilos de una madeja que van y vienen, entrelazándose. Los actores que participan, harían temblar al más inescrupuloso de los criminales.

El fondo de inversión BlackRock Group, que pertenece al Bank of América, también es accionista de la Barrick Gold. Pero como no es cuestión de limitarse en las inversiones, además amasa acciones de Rockhopper Exploration, Desire Petroleum y Falkland Oil. Todo queda entre socios.

Unión y acción de acuerdo al lugar

“La nueva escalada británica sobre el archipiélago no puede tomarse a la ligera, ni siquiera restringirse a una cuestión de demagogia chauvinista del primer ministro Cameron para tapar la crisis profunda por la que atraviesa el Reino Unido”, se entusiasma Federico Bernal en la revista Caras y Caretas, con simpatías hacia el Gobierno nacional. El sentido de la frase es correcto, pero es curioso que ese mismo criterio no se utilice para denunciar la invasión económico-financiera que esos mismos capitales hacen sobre nuestro territorio nacional.

Si fuera una cuestión de rentas, el argumento cobraría vigor. Pero las multinacionales tienen dos movimientos: juntan y se llevan. Mientras los trabajadores de las provincias cordilleranas sudan y van dejando en jirones sus existencias para agrandar las ganancias, los trabajadores del litoral colocan esas ganancias sobre los barcos y los ven partir.

“De la misma manera que luego de las invasiones inglesas de 1833 (Malvinas) y 1845 (Vuelta de Obligado), Malvinas es esgrimido por el gobierno argentino como un elemento geopolítico fundamental y también lo es hoy a la hora de repensar y rediseñar una estrategia de defensa de la soberanía unasureña”, agrega en la nota Bernal.

La legitimidad de las acciones antiimperialista y el favor que se le hace a la defensa de la soberanía unasureña se ponen en cuestión en el preciso momento en que uno toma acá como socio a quien es allá su enemigo.

Tal vez esa dicotomía –propia de la condición de clase del Gobierno nacional- sea el principal obstáculo para una recuperación fáctica de la soberanía en Malvinas y una consolidación definitiva de la independencia y soberanía nacional, en toda la extensión de su territorio.

En el último párrafo de una declaración reciente, la DAIA señala: “La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina…”.

Sin embargo, toda la declaración no hace más que repetir el discurso del imperialismo estadounidense y de su protectorado israelí. La DAIA condena el “programa nuclear ilícito” (sic) de Irán, pero nada dice de las armas atómicas que poseen EEUU e Israel. ¿Será porque ese arsenal destructivo es “lícito”? Acusa a Irán de “incitar al genocidio” (sic), pero nada dice del genocidio concreto desatado por contra el pueblo palestino desde hace más de medio siglo, o contra el pueblo iraquí desde la invasión estadounidense.

Toda la declaración de la DAIA, desde el primero hasta el último párrafo, parece salida de las oficinas de Inteligencia de la CIA o del Pentágono. Es pura acción psicológica.

No es casual que junto a Irán, sean atacados Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y que, de manera indirecta, se advierta a los gobiernos de Brasil y la Argentina que no deben vincularse a Irán.

¿Qué le preocupa más a la DAIA? ¿Que los ingleses ocupen nuestro territorio en Malvinas? ¿O los intereses geopolíticos de los EEUU?

Es un deber moral y político de los judíos argentinos hacer oír su voz denunciando que la DAIA no representa a la comunidad judía argentina.

En una segunda nota referida a posiciones sostenidas desde Socialismo Latinoamericano y publicada en su Página web,^[1] los compañeros de El Frente Negro reafirman posiciones respecto a dos asuntos que en el presente revisten importancia política capital: la caracterización de la burocracia sindical de una parte, y el potencial transformador del kirchnerismo, de la otra. Todo esto a la luz de la confrontación que se desarrolla entre el gobierno y la fracción de la CGT encabezada por Hugo Moyano.

La nota en cuestión sale al cruce de la siguiente afirmación: “a través de una fracción de la burocracia, ha comenzado a expresarse la tensión creada por el programa de ajuste gubernamental en un sector del movimiento obrero”.^[2] Si uno se atiene literalmente a la réplica de El Frente Negro no hay tal ajuste ni tensión alguna: “dudamos mucho que la actitud de Moyano sea expresión de una tensión existente entre la clase trabajadora y el gobierno, que en todo caso, con su ‘ajuste’ está afectando a los sectores más pudientes de la sociedad y pidiendo racionalidad a los reclamos de los ‘obreros’ más privilegiados”. Resulta un tanto difícil de aceptar que el ajuste (sin comillas) en los servicios públicos, el congelamiento de las escalas del impuesto al salario o los topes de las asignaciones familiares, así como la revisión de los plus salariales de los empleados públicos o el intento de establecer un límite a los aumentos paritarios por debajo de la inflación, afecte sólo a los “sectores más pudientes”, éstos sí verdaderos privilegiados por la política de subsidios al capital de los últimos años.

Simplemente, para El Frente Negro “la tensión que encarna Moyano es la de sus pares de la oligarquía sindical”. Sin duda Moyano expresa intereses particulares y personales que tienen que ver con posiciones de poder, con sus negocios y también con su situación judicial. Pero, ¿se trata sólo de esto? La nota en cuestión admite que “sin duda muchos de los reclamos que enarboló Moyano son legítimos”, pero señalan que lo sustancial del asunto es el corte político que estableció respecto del gobierno. Éste es sin duda uno de los centros de la presente discusión. En efecto, una vez consumada, la ruptura política se independiza de sus motivaciones iniciales y adquiere un significado más complejo de acuerdo al contexto en que se inserta. A este significado no son ajenos los cambios que se han producido en la relación entre el gobierno y la dirección de la CGT desde la muerte de Néstor Kirchner, claramente visibles a la luz de la exclusión de representantes sindicales en las listas electorales del Frente para la Victoria, con casos sintomáticos como los desplazamientos de Piumato y Schmid.

Burocracia y kirchnerismo

Esta decisión reveló en todo su alcance la idea que tiene la actual dirección del kirchnerismo respecto del movimiento obrero y de la burocracia. Pero quienes la expresan con todas las letras son los militantes de El Frente Negro. En uno de los párrafos más significativos de su nota dicen lo siguiente: “Los burócratas nunca apoyaron al kirchnerismo realmente, sino en la medida en que pudo revestir beneficio para sus intereses egoístas inmediatos. Del mismo modo no apoyan a la clase trabajadora ni a la causa nacional, sino en la medida en que son instrumentos para su sed inagotable de poder”. De un solo golpe el texto reduce a la burocracia a la condición de capa puramente parasitaria, enquistada en los aparatos sindicales con un único objetivo: la reproducción ampliada de sus propios intereses materiales. Solo faltó clasificarla como una anomalía, externa a la experiencia de clase. El enfoque es, en el mejor de los casos, unilateral. No puede explicar, por ejemplo, por qué en los 90’ el MTA rompe con la CGT menemista y enfrenta la política neoliberal del gobierno y, luego, en el 2000 se convierte en la fuerza que encabeza la resistencia obrera a la nueva vuelta de tuerca de la flexibilización laboral del régimen de la Alianza. ¿Acaso es posible explicar esos enfrentamientos reduciéndolos simplemente a la defensa de intereses estrechamente corporativos? Por el contrario, en ambas experiencias, sectores importantes de la clase trabajadora se valieron de lo que tenían a mano –los sindicatos controlados por la burocracia– para resistir la presión estatal impuesta por los círculos dominantes del gran capital.

Tampoco esta simplificación es válida para explicar la alianza entre la dirección de la CGT y el kirchnerismo. En realidad la política de los sindicatos originalmente alineados en el MTA, que luego conquistarán la dirección de la central obrera y establecerán la alianza con el gobierno de Néstor Kirchner, se desarrolla desde la segunda mitad de los 90’, y bajo el gobierno de De la Rúa sigue un curso paralelo a la línea de diferenciación establecida en los círculos de los grandes negocios por el llamado Grupo Productivo (UIA, Cámara de la Construcción, CRA) en busca de una política burguesa con centro de gravedad en el capital productivo, que abortara los planes de dolarización provenientes de la banca multinacional. Esa orientación se expresó en el apoyo primero al gobierno de Duhalde-Lavagna y luego al de Kirchner-Lavagna. De esa orientación formó parte también la política de la CGT.

Difícilmente pueda pasarse por alto que la burocracia sindical, hoy repudiada por muchos kirchneristas,  jugó el papel de fundamental importancia en el sostenimiento de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, en las horas más difíciles del enfrentamiento con las patronales agrarias, las corporaciones periodísticas y la vieja oligarquía partidocrática, y también en la contención de las demandas salariales que no se ajustaban a las exigencias del modelo. Es esto lo que le echó en cara, con todo derecho, Moyano al gobierno. A través de los cuadros de los aparatos sindicales, aún con todas las distorsiones y deformaciones conocidas, los trabajadores expresaron consentimiento o apoyo; en todo caso, afirmaron su decisión de no retroceder a una correlación política anterior a la crisis de diciembre de 2001. Muchos de los dirigentes de esa burocracia son genuinamente peronistas, cosa que no podrían demostrar más de uno de los actuales funcionarios de palacio. Desde esta ubicación Moyano opone el peronismo al kirchnerismo y establece un quiebre en el relato oficial.

¿Profundización del modelo?

Naturalmente, si como sostienen nuestros críticos, el ajuste sólo afecta a “los sectores más pudientes de la sociedad” y, en consecuencia, no genera tensión alguna en las bases obreras, el conflicto quedará circunscripto a la relación del gobierno con una fracción de la cúpula sindical. En este caso el desenlace es fácil de predecir.  Pero los compañeros de El Frente Negro no ignoran que la situación no es tan sencilla. En su escrito destacan la capacidad que ha demostrado el kirchnerismo para tomar la iniciativa en situaciones críticas (ley de medios, estatización de las AFJP, etc), pero inmediatamente reconocen que no se han conmovido los “cimientos fundamentales” heredados del neoliberalismo: “ley de entidades financieras, privatizaciones de los servicios públicos y provincialización de los recursos naturales. Entre otros temas”. Bien, éste es el punto. Esta herencia es una pesada carga que, a medida que pasa el tiempo, gravita en forma creciente sobre el balance del poder, y llegado el momento exigirá una definición. Ese momento no está en un tiempo indefinido. En su respuesta El Frente Negro cita un artículo publicado en Miradas al Sur, en uno de cuyos pasajes se afirma que “cambiar un estado de cosas en temas que son el corazón del capitalismo financiero (reforma financiera, impositiva y del Banco Central) significa ponerse a las corporaciones del poder económico en contra sin la certeza que los propios beneficiarios mantengan una conducta sostenida de compromiso político con el cambio. Por otro lado, no avanzar en esa dirección deja dos flancos delicados. El primero es que con el contexto de crisis internacional o se pone un dique a las multinacionales y a los grandes bancos o son los trabajadores y la clase media los que pagan. El segundo es que buena parte de la militancia que sostiene el kirchnerismo va en esa dirección y espera un debate seguido por medidas efectivas”. 

Está claro que la situación ha de definirse en un sentido u en otro: o el kirchnerismo decide enfrentar el poder de los bancos y las multinacionales o, por el contrario, sigue sin tocar los “cimientos fundamentales” de la estructura heredada de los 90’, y entonces los costos de la crisis y del sostenimiento del modelo lo pagan los trabajadores y las capas populares de clase media. Por eso cuando en la nota que dio origen a esta discusión señalamos que la consigna “profundizar el modelo” no tiene sentido, ya que ese modelo ha dado todo lo que se podía esperar de un programa de matriz desarrollista, lo que estábamos afirmando es que los factores estructurales heredados del período neoliberal son internos (no externos) al presente patrón de acumulación de capital, vale decir, resortes determinantes de su funcionamiento. Aludíamos, en consecuencia, a la necesidad de que los trabajadores formulen su programa político general por fuera del modelo, apuntando a la desarticulación de esos factores y afirmando una línea de construcción autónoma.

Viernes 6 de Enero 10hs – Concentración y Marcha por Justicia y esclarecimiento de la Masacre de Rosario

Como ya es de amplio conocimiento público, en la madrugada del 1º de Enero de 2012 fueron brutalmente masacrados tres compañeros jóvenes militantes populares del Barrio Moreno de la ciudad de Rosario, por una banda de sicarios con armamento de guerra.

Jere, Mono y Patom, como los conocíamos en el barrio, eran pibes de entre 17 y 21 años que tenían familia, amigos, compañeros. Los tres militaban en el Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán. Los tres soñaban con construirse un futuro diferente al que les impone este sistema injusto, en una sociedad igualitaria donde los y las pibas del barrio puedan vivir una vida digna. Los tres eran parte del grupo de Jóvenes del movimiento, habían participado recientemente de un masivo Campamento Nacional del FPDS, acababan de inaugurar el local comunitario que habían aportado con su esfuerzo y trabajo a construir, estaban armando una banda de cumbia porque “nos cagamos de risa y sirve para sacar a los pibes de la esquina” (como alguna vez dijo Patom) y esperaban comenzar en Febrero con un emprendimiento de trabajo cooperativo.

Lo que mató a Jeremías, Claudio y Adrián no fueron solamente las balas de los matones a sueldo de los narcos y las barras. El aparato policial que ampara, oculta y vive del “crimen organizado” es responsable también de cada una de las balas que recibieron nuestros compañeros. No alcanza con pasar a disponibilidad al “poli” que ocultó en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez a uno de los presuntos asesinos. Es imprescindible que de una vez por todas se actúe a fondo contra esa maquinaria de negocios sucios, control territorial, amparo estatal y violencia que condena y mata a nuestros pibes.

Los verdaderos responsables de los asesinatos de Jeremías Jonathan Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez son quienes desde el Estado siguen sosteniendo un sistema que margina, que condena, que mata todos los días a cientos de pibes en todos los barrios de nuestro país. Los distintos estratos del Estado, local, provincial y nacional, son los responsables cotidianos de que los y las pibas en los barrios dejen de ser carne de cañón de un sistema que sólo los considera para ser mano de obra barata de transas, números en la negociación de punteros, caídos en “ajustes de cuentas” en las crónicas policiales de la corporación mediática así como en los discursos oficiales, como los del Gobernador Bonfatti y la Intendenta Fein.

Desde el FPDS estamos especialmente preocupados y ocupados en la seguridad y dignidad de quienes seguimos viviendo en los barrios populares, de quienes vemos amenazada nuestra cotidianeidad por estas bandas que actúan como amos y señores de la ciudad.

Desde hace años, en Rosario, crecen y se ramifican las bandas armadas, los narcos y las organizaciones delictivas promovidas desde una policía corrupta, y por gobiernos de diferentes colores políticos, absolutamente impotentes o cómplices de este accionar.

Nuestros compañeros habían optado por organizarse, por luchar contra este sistema, por generar espacios para que los y las pibas del barrio no terminaran en el abandono o la delincuencia. Ellos eligieron hacer su sueño colectivo, construir un nosotros dentro del cual estuvieran todos y todas. Y nosotros no los vamos a dejar solos.

Exigimos Justicia y Esclarecimiento. Cárcel a todos los responsables materiales e intelectuales, y a todos los encubridores del crimen.

Esclarecimiento de las responsabilidades institucionales por otra masacre en nuestros barrios y a nuestros pibes.

En este sentido, responsabilizamos específicamente al gobierno provincial de la seguridad y la vida de los y las vecinas y cumpas del barrio Moreno.

Para elevar estas demandas, exigimos audiencia con el Gobernador Antonio Bonfatti y con los Ministros de Justicia Juan Lewis y de Seguridad Leandro Corti para el viernes 06 de enero, en ocasión de la movilización que protagonizaremos en conjunto con un amplio arco de organizaciones sociales.

Jornada de Movilización Nacional por Justicia y Esclarecimiento de la Masacre de Rosario.

En Rosario: Viernes 6 de Enero – 10hs – desde Tribunales Provinciales hasta Sede de Gobernación.

También habrá movilizaciones y actividades en distintos puntos del país horarios y lugares a confirmar.

Jere, Mono y Patom ¡PRESENTES!

El “terrorismo” es el recurso argumentativo con que Occidente avanza en su gesta imperialista. Apelando a las bondades del alma humana —en línea recta con los principios cristianos que motorizan la moralidad de éste lado del planeta— las potencias occidentales desenvuelven su política globalizadora.

La multiplicación de identidades parcializadas –el triunfo de la “pluralidad”– constituye la argamasa fundamental de la democracia liberal que promueven los gendarmes de Occidente. De esa forma, a través del estímulo de estas aguadas versiones democráticas y en nombre de los valores religiosos del cristianismo, el mundo occidental totaliza la historia y arrasa sobre las construcciones alternativas.

El movimiento puede sintetizarse: se produce la equivalencia de voces –estratagema encubierta detrás del tolerante precepto de “libertad de opinión”-; de tal modo, se dan las condiciones para que se vuelva imposible establecer un suelo conceptual común desde donde desarrollar y resolver los conflictos: la eterna postergación del conflicto. 

Como todas las opiniones tienen un valor idéntico, no es necesario el acuerdo conceptual: la posibilidad de hacer consciente por medio del discurso las diversas contradicciones materiales existentes se evapora.

La emergencia del conflicto –como instancia consciente/discursiva del antagonismo fáctico- se retarda una y otra vez.

El universo de complejidades que aparenta este nuevo orden democrático de las “pluralidades”, es en verdad un universo de la extrema simpleza: la totalización histórica del liberalismo financiero occidental.

La farsa de los múltiples relatos constituye el cemento con que está construido el gran relato de Occidente: donde los valores cristianos comienzan –desde la autoridad que surge de su totalización: son “el relato” histórico- a avanzar sobre las diferentes culturas, desmoronando soberanías e intentando asegurar un orden geoestratégico de dominación.

Ese es el contexto global en el que se inscriben las políticas antiterroristas: son una de las articulaciones de la estrategia imperialista. En ese marco, entonces, se comprende el nuevo proyecto de ley antiterrorista enviado al Congreso nacional por el Gobierno argentino el 14 de octubre.

* * *

El texto remitido al Congreso dice lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código (Penal) hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala”.

De modo tal que las protestas no pueden realizarse para presionar a las autoridades “públicas nacionales” o a “gobiernos extranjeros o agentes de organizaciones internacionales” a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, es decir, las funciones básicas de cualquier reclamo social.

Las posibilidades de acción de cualquier organización –e, incluso, cualquier individuo- se limitan escandalosamente: prácticamente no puede hacer sonar su voz exigiendo que el Estado –o alguna organización internacional- cumpla con sus derechos.

Pero no solo el acto mismo de reclamo está condenado a las perversiones “terroristas”, sino que también la rigurosidad de la ley caerá sobre aquellos que financien a organizaciones “terroristas”: “Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de ‘financiación del terrorismo’, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el ‘financiamiento’ aun cuando se trate de personas acusadas de delitos de ‘terrorismo’ ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años”, afirma la agencia informativa Rodolfo Walsh.

La letra misma del proyecto, así lo confirma: “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento (…) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito sea cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”.

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El discurso derechohumanista del que hizo gala a lo largo del tiempo el gobierno de Cristina Fernández no resulta contradictorio de ésta criminalización de la protesta social.

Es, más bien, su logro más alto: todo el edificio discusivo del derechohumanismo está construido sobre la base conceptual del humanismo occidental-cristiano. Este acento estigmatizador sobre la “violencia terrorista” es una consecuencia lógica del mismo y no una incoherencia.

¿Pero, acaso, una concepción derechohumanista que condene los actos criminales de la dictadura setentista sobre los militantes políticos y sociales, no debería, asimismo, considerar la legitimidad de los reclamos sociales y las acciones reivindicativas o de protesta? No necesariamente, en tanto y en cuento aquella condena se la realiza desde un punto de vista ético –es decir: desde el esquema categorial del cristianismo occidental-.

No se trata de una manifestación de fuerza histórica superior, como simple voluntad, sino que para condenar a los verdugos, se apela a los mismos argumentos que estos empleaban para ultimar a sus víctimas. Hay una lógica compartida, un mismo sistema de concepciones.

Suena dudoso que las restantes fuerzas progresistas declinen el proyecto, mientras es de esperar que las fuerzas opositoras derechosas aprueben con amplia conformidad.

El poder de esta occidentalización universal tiene el poderoso influjo de operar desde la humanismo: son los preceptos éticos del humanismo cristiano los que rigen sus acciones y permiten configurar el cuadro de “choque de civilizaciones”, donde el Occidente cristiano debe asumir las responsabilidades –aún la más crueles y abominables- para salvar al universo de las fuerzas retrógradas que pretenden atentar contra los “buenos valores”.

La Argentina, de aprobar esta iniciativa, estará dando el visto bueno a la avanzada imperialista sobre el Oriente islámico y se sumará a la cruzada por la cristianización del planeta. Luego, será demasiado tarde para lágrimas.

En su edición del pasado 22 de diciembre la Página de El Frente Negro se ocupa de la izquierda nacional. Cita críticamente tres notas, dos de ellas publicadas en Izquierda Nacional.org en las que se discute el conflicto planteado entre la fracción de la dirigencia sindical encabezada por Hugo Moyano y el gobierno de Cristina Fernández. A juicio de los autores del escrito, las notas proceden de un “rígido análisis clasista”, análisis que se queda corto al enfocar la realidad porque se trata de una lectura no política sino economicista. La comprobación es ciertamente singular. Lo que hacen las notas publicadas en la Página y, en definitiva, las posiciones sostenidas por Socialismo Latinoamericano en relación al gobierno kirchnerista, es caracterizar la naturaleza de clase de los intereses que encierra su programa, teniendo en cuenta la serie de mediaciones a través de las cuales ese programa se expresa en la esfera política, por ejemplo la evolución del equilibrio asentado en el apoyo de la burguesía industrial, una parte de la clase media y los sindicatos. Cuando se menciona a la pequeña burguesía kirchnerista no se está aludiendo simplemente a una comprobación sociológica, sino a la índole de la política en curso, a sus límites y contradicciones, a la cosmovisión del determinando grupo social que ejerce funciones dirigentes. El economicismo, por el contrario, asigna a los factores estructurales un poder de determinación de carácter excluyente, con marcado sesgo mecanicista, por lo que tiende a transformar el terreno de las luchas políticas y sociales en un mero reflejo del modo de producción. Por supuesto que “a la hora de analizar la realidad, encontramos muchísimos pormenores y un dinamismo que sobrepasa cualquier esquema rígido”. Sin embargo esta generalidad en sí no dice nada, a menos que se tengan en cuenta la naturaleza social de las fuerzas en pugna, el nivel de conciencia alcanzado por los distintos contrincantes, y la índole de las identidades que se constituyen en el transcurso de la confrontación política.

La nota de El Frente Negro señala que en el enfrentamiento con el gobierno Moyano persigue la defensa de sus intereses particulares, que tienen que ver con la conservación del poder que detenta en el aparato sindical y con la preservación de su propia seguridad personal, amenazada por las causas abiertas en la justicia. Todo esto es cierto. Pero no lo es menos que para realizar sus fines Moyano no tiene otra alternativa que buscar apoyo en la base del movimiento obrero, dando curso a demandas que diferencian el interés de los trabajadores de la política del gobierno. Todos los reclamos que formuló durante la concentración realizada en el estadio de Huracán son enteramente legítimos y expresan el interés de los asalariados. En consecuencia, no es cierto que “la respuesta del gobierno ha demostrado su fortaleza: la ignorancia; el menosprecio de Moyano”. Simplemente ha demostrado que el gobierno no tiene qué responder y opta por el silencio.

Nadie ha afirmado ni se desprende de las notas criticadas que Moyano sea “un auténtico representante de los trabajadores organizados”. Lo que indican esas notas es que a través de una fracción de la burocracia, ha comenzado a expresarse la tensión creada por el programa de ajuste gubernamental en un sector del movimiento obrero. Y en este enfoque poco importa si Moyano y su grupo sólo cuentan con el apoyo del duhaldismo en retirada, porque el aspecto sustancial del asunto no es éste, sino el que deriva de la relación entre los trabajadores y el kirchnerismo, encerrado éste último en los límites y contradicciones de un programa de corte desarrollista. Hoy por hoy la relación de fuerzas es claramente favorable al gobierno en el orden político general. Incluso también lo es en el plano sindical. Sin embargo, lo que ha puesto de manifiesto la concentración en Huracán es un principio de escisión, cuya evolución dependerá en buena medida de las decisiones que adopte el gobierno para superar los desequilibrios que acumula el llamado “modelo productivo”.

El escrito de El Frente Negro anticipa la posibilidad de una futura intervención del Estado a las obras sociales. “Imaginemos por un segundo –señala– la capacidad de movilización de los sindicatos sin los fondos de las obras sociales. He ahí otra razón para llamar a la unidad del sindicalismo ortodoxo”. No hace falta imaginar demasiado. Si el Estado incorporase a su esfera la administración de las obras sociales, sin duda los sindicatos quedarían debilitados, pero también los trabajadores. Si de lo que se trata de poner fin a la corrupción, las prebendas y la concentración de poder que encierra el manejo de las obras sociales, la solución no puede plantearse si no es a partir de la democratización de las organizaciones obreras, nunca del traspaso de jurisdicción de una burocracia a otra.

Este punto tiene una importancia decisiva. Los compañeros de El Frente Negro se regocijan con la idea de que Moyano lance una huelga general ya que de hacerlo “sólo podría lograr ampliar la base de apoyo del gobierno kirchnerista entre los sectores medios, y una buena oportunidad para desprenderse del sindicalismo adicto, y propiciar la libertad sindical y el recambio sindical con una intervención directa y control del estado sobre sus cajas negras”. Para desgracia de los inspiradores de la idea, Moyano no es ningún estúpido ni tiene intención de suicidarse dada la presente relación de fuerzas. El problema sigue siendo el mismo. La tarea que tiene por delante la clase trabajadora es la democratización de sus organizaciones y la conquista de una posición autónoma respecto del Estado, de los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía y de cualquier corporación patronal. Y esto es bastante más que “un recambio sindical” mediante la intervención del Estado.

Desde el punto de vista de nuestros críticos sacarse de encima a la burocracia sindical no debería ser un asunto complicado para el gobierno. En uno de los párrafos de su escrito precisan la idea que tienen de esa dirigencia: “Muchos, ya no son representantes de los trabajadores, sino de sus propios intereses empresariales con forma de sindicato. Esposa, hijos y amigos se reparten el manejo de hospitales del sindicato, los hoteles del sindicato, el catering, el transporte y la construcción de edificios. Todas las obras del sindicato quedan en familia. Es más, el cargo de jefe del gremio es vitalicio, y se hereda. Sindicalistas octogenarios manejan con mano de hierro el gremio, y sus hijos y yernos son la juventud renovadora que va a heredarlos”. Lo que falta agregar a estas líneas es el hecho de que muchos de estos burócratas se sostienen indefinidamente en el poder gracias a la complicidad de los ministros de Trabajo de turno (incluido el actual), avalando las prácticas fraudulentas y la proscripción de las listas opositoras. Si como asegura el escrito, en muchos casos la burocracia es una incrustación parasitaria en la organización obrera, carente de la mínima representatividad, su remoción debería estar en el interés de un gobierno que tenga inscriptas en su horizonte ideológico transformaciones de fondo, la famosa “profundización del modelo”. Sin embargo, la democratización de los sindicatos nunca estuvo en los planes de la administración kirchnerista, cuya intención “renovadora” no va más allá de una maniobra de desplazamiento, consistente en reemplazar una fracción de la burocracia que ya no le es adicta por otra más confiable.

Por lo demás, los síntomas de corrupción y nepotismo evidentes en algunos sectores de la dirigencia sindical, así como las prácticas coercitivas contra los opositores, no son el único aspecto que caracteriza a la actual burocracia, ni el factor que por sí solo explique su prolongada permanencia. Para sostenerse en sus posiciones las cúpulas gremiales se ven obligadas a desempeñar un papel en la negociación del salario y de las condiciones laborales, que garantice en un cierto nivel la reproducción de la fuerza de trabajo. En muchos casos esta política “minimalista” logra consenso en las capas cuya conciencia oscila en los límites de una concepción corporativa respecto de los intereses de clase. Al mismo tiempo la burocracia suele jugar un papel políticamente conservador, dificultando o bloqueando el desenvolvimiento de las corrientes cuyas prácticas revistan un carácter democrático y autónomo.

En el sentido más general el rasgo que caracteriza el cuadro de situación en el movimiento obrero es la crisis de dirección. Buena parte de las actuales conducciones gremiales pertenecen a una etapa agotada, mientras que las experiencias de clase que siguen un curso independiente están aún en una fase de desenvolvimiento inicial, sin haber alcanzado a formular un programa político que englobando el interés de las clases populares, eleve a los trabajadores al nivel de representación del interés general.

Luego de cuatro años de gestión, el “progresismo” binnerista se ha mostrado incapacitado para resolver los principales problemas de la ciudadanía santafesina. Sin lugar a dudas que ello se vio reflejado en las últimas elecciones, cuando apenas pudo ganar por unos puntos de diferencia, siendo que las elecciones anteriores había rescatado una importante cantidad de votos, votos que luego de cuatro años de gestión buscaron otro camino.

El binnerismo, que se ha cansado de pregonar los “nuevos tiempo” en la provincia, no ha avanzado en la resolución de dos de los problemas más acuciantes para los santafesinos en general y para los capitalinos y rosarinos en particular. Estos son la falta de agua potable y redes cloacales y los problemas de energía en las épocas de mayor frio y, aún peor, en la época estival.

En estos momentos, gran parte de la ciudad de Rosario se haya a oscura y la respuesta del gobierno es pedir disculpas, avisarnos que si hace calor seguirá habiendo cortes de luz y que para solucionarlos se necesitan inversiones… chocolate por la noticia!!! El problema es que el socialismo binnerista hace ya cuatro años que es gobierno, y en vez de haber priorizado su gestión en la resolución de éste, ya a esta altura, endémico problema provincial, ocupó su agenda en otros temas.

Una de sus preocupaciones centrales y eje de su gestión fue la proyección del Puerto de la Música, a construirse en el puerto de Rosario. En su momento varios concejales y diputados denunciaron que el costo de la mega obra equivalía al dinero necesario para proveer a la ciudad de Rosario de cloacas. También pudo haberse invertido ese dinero en la Empresa Provincial de la Energía o en Aguas Santafesinas, a los efectos de resolver los problemas de falta de energía y de agua potable que estacionalmente (y durante todo el año en algunos sectores de las principales ciudades) sufren los santafesinos.

Para peor el mega proyecto del arquitecto Oscar Niemeyer, que fuera uno de sus principales ejes de gestión, se vio truncado por la fuerte resistencia de los trabajadores portuarios que impidieron el inicio de las obras por considerar que corría peligro su fuente de trabajo, ya que el Puerto de la Música iba a ser levantado sobre muelles en funcionamiento y aún no se había iniciado las obras de los nuevos muelles donde se trasladaría el trabajo realizado por ellos.

De esta manera Binner se quedo sin Puerto de la Música y los santafesinos sin agua, sin cloaca y sin luz.

El nuevo gobernador Bonfatti, quien fuera ministro de Gobierno de Binner, prometió inversiones… pero claro, con los binneristas vale aquella máxima: ver para creer.

Tampoco demostró Binner demasiada vocación democrática (algo con lo que se llena la boca declamatoriamente y exige a otras fuerzas políticas), pues ya antes de cumplir su mandato se le abrieron varios frentes de conflicto con sus propios socios políticos: radicales, aristas y demócratas progresistas. Los aliados del socialismo se vieron ninguneados durante cuatro años de gestión y en las últimas elecciones se lo hicieron saber, al punto de que el socialismo debió sufrir demasiado antes de asegurarse el triunfo con un escaso porcentaje de diferencia.

Pero no solamente con sus socios políticos tuvo problemas. El muy democrático gobierno binnerista, cumpliendo con la nueva Ley de Medios se dispuso a crear los medios de comunicación públicos provinciales mediante una ley que no fue consensuada ni discutida con ninguna fuerza política, ni gremial, ni con la sociedad santafesina. Al punto tal que la ley fue fuertemente criticada por los sindicatos de prensa y ONGs, que se vieron discriminadas a la hora de opinar y hasta de participar. No así, claro está, los multimedios santafesinos.

Aún así, el socialismo en Santa Fe tiene su mayor fortaleza partidocártica (como sucede con el kirchnersimo a nivel nacional) en la desacredita oposición, pues el peronismo durante 17 años de gobierno ininterrumpido no se ocupó de gobernar para el pueblo santafesino, sino que, al igual que el socialismo, se preocupó por cuidar la buena senda de los negocios partidarios y de las grandes multinacionales.

La provincia Invencible, al igual que todas sus hermanas, adolece de una fuerza política verdaderamente progresista que ocupe su agenda en los problemas más acuciantes de la ciudadanía, como por ejemplo el que todos los santafesinos puedan tener agua potable, redes cloacas y energía eléctrica… es mucho pedir para una de las provincias más ricas del país, en pleno siglo XXI?!

Socialismo Latinoamericano repudia la agresión sufrida en el día de ayer por el compañero Matías Diez, mientras se acercaba a la Plaza de Mayo junto a miembros de la Minoría de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Buenos Aires, participando de la marcha que conmemoraba las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Diego Martínez, miembro de la Mayoría de la CGI, con alevosía agredió brutalmente a Matías y huyó de inmediato sin darle oportunidad de defenderse, repudiado por los testigos. Matías debió ser llevado en ambulancia y afortunadamente se recupera de las heridas. El compañero Matías Diez pertenece a una fracción de la CGI que fue apartada de la misma a raíz de sus críticas a los compañeros que se abrazaron con la patronal, en apoyo a la candidatura del vicegobernador Mariotto; en el marco también de una progresiva
burocratización de esa conducción gremial, y de un creciente apego y subordinación a las políticas de la burocracia sindical y el Estado. Gremial que ha llevado a la cuasi desaparición de los Plenarios de Delegados de Base, órgano democrático y de organización del poder de los trabajadores.

Los compañeros, como Matías, de la Minoría de la CGI están trabajando por la democracia sindical, luchar contra el plan de ajuste en el Banco Provincia y constituir a nivel bancario una alternativa a la burocracia sindical de Zanola y sus personeros al frente del sindicato.

El discurso de Hugo Moyano en la concentración realizada en Huracán ha constituido el acontecimiento político más importante desde el abrumador triunfo del oficialismo en las elecciones del pasado 25 de octubre. Desaparecida de la escena la oposición partidaria de carácter anacrónico, una línea de resistencia de significado muy diferente al parecer despunta en una fracción de la organización sindical. Su irrupción es doblemente significativa por el hecho de haber establecido un principio de diferenciación desde dentro del sistema de fuerzas que apoyan al gobierno de Cristina Fernández. Junto con la serie de legítimos reclamos obreros ante los que el gobierno no tiene respuesta, Moyano llevó hasta el límite el cuestionamiento al oponer el peronismo al kirchnerismo (“El mejor gobierno de la historia fue el de Perón, que no nos confundan”) y los trabajadores a la pequeña burguesía cristinista a la que identificó como “los chicos bien”. Para que no quedaran dudas sobre el carácter político del enfrentamiento renunció a los cargos partidarios (“No tengo vocación de bufón. No puedo aceptar que otros tomen la decisión que se debe tomar en el seno del PJ”), y definió al partido como una cáscara vacía.

Las palabras del secretario general de la CGT constituyen un desafío a la unanimidad que reina en las filas del movimiento oficialista y más importante aún, significan un corte en el relato épico en torno al que gira la dimensión simbólica del kirchnerismo, y sobre el que éste construye su capacidad de hegemonización respecto de una serie de capas subalternas. Por ahora se trata de un principio de escisión, pero que originado en el movimiento obrero encierra, más allá de las intenciones de Moyano, condiciones de un potencial realineamiento político.

La crisis del equilibrio K

Durante sus ocho años de gobierno el kirchnerismo ha desarrollado las grandes líneas de un programa próximo a los intereses del bloque de clases que tiene por eje a la gran burguesía industrial, burguesía en cuyo seno el capital extranjero conserva una posición gravitante. Ese programa fue realizado a través de una política basada en un cierto equilibrio entre el componente burgués y el componente obrero-sindical y tuvo como soporte, más allá de las diferencias de índole corporativo, un acuerdo objetivo entre la UIA y la CGT para respaldar una línea de corte desarrollista. A su vez los cambios en el patrón de acumulación respecto al período neoliberal ortodoxo de los años 90’ se tradujeron en modificaciones en el desenvolvimiento de la función estatal, que el gobierno de los Kirchner consolidó, centralizando en todo lo que pudo los procedimientos y mecanismos administrativos, para horror de la casta oposición republicana. Desde esa posición el gobierno jugó un papel arbitral negociando con unos y con otros cada una de las demandas sectoriales.

El modelo funcionó a pleno hasta que los cambios de la tendencia económica, producto de la crisis mundial del capitalismo y los desajustes internos (alto nivel de inflación, porcentaje insuficiente de inversión respecto a las tasas de PBI, déficit de las cuentas fiscales) comenzaron a achicar el margen de acumulación y decidieron al gobierno a imponer un programa de ajuste. Para los trabajadores ciertos hechos resultan sintomáticos del giro que están tomando los acontecimientos: el intento de imponer un tope a las paritarias, cuya primera manifestación fue el recorte en diez puntos del acuerdo que habían llegado los peones rurales con la patronal agraria; las advertencias desde la presidencia sobre el derecho de huelga, equiparando ciertos conflictos al chantaje y la extorsión; la extensión de hecho del impuesto al salario considerado como ganancia; la acumulación de deuda con las obras sociales; la reducción de beneficiarios de las asignaciones familiares. Simultáneamente, el rechazo del proyecto de participación en las ganancias y control sindical sobre los libros de las empresas, ha indicado claramente cuál es el sentido del equilibrio de clases sobre el que el gobierno sostiene su política.

Los trabajadores apoyaron el ciclo kirchnerista en tanto la política derivada posibilitaba la recuperación de los derechos laborales confiscados durante los gobiernos del menemismo y de la Alianza, mientras que el programa organizado según la lógica de reproducción del capital productivo, posibilitaba la acumulación de nuevas fuerzas. Para esto les bastaba una práctica sindical, que más allá de las distorsiones impuestas por la mediación burocrática, alcanzaba a realizar las reivindicaciones inmediatas. Sin embargo lo que ahora está en discusión no es la ampliación de esas conquistas, sino simplemente su mantenimiento. Para estos fines los trabajadores necesitarán más que antes de los sindicatos como organizaciones defensivas, y en este plano es de prever el fortalecimiento de las líneas más honestas y combativas. Pero la práctica sindical no será suficiente, porque el sindicato a lo sumo llegará a discutir el problema de la distribución de la renta desde dentro del modelo, y lo que en definitiva estará en cuestión a la luz de las implicancias de la crisis capitalista, será el modelo mismo.

Se dijo más arriba que las condiciones de acumulación que favorecieron al kirchnerismo, especialmente hasta la crisis que comenzó en 2007, han cambiado. Europa entra inevitablemente en recesión y Estados Unidos tiene por delante un horizonte de estancamiento; como consecuencia de estas tendencias contractivas la economía china, el mercado exterior más importante para la producción primaria local, pierde impulso. En Argentina la burguesía que se ha enriquecido en estos años invierte lo estrictamente necesario y aún menos si le es posible, mientras fuga masivamente capital. Por lo demás, en ocho años de kirchnerismo se ha acentuado la tendencia a la concentración y extranjerización del capital, las corporaciones imperialistas radicadas en la explotación minera y petrolera conservan sus privilegios, la especulación financiera se sigue beneficiando con la legislación de Martínez de Hoz, los leoninos tratados de protección al capital extranjero de los años 90’ continúan sin ser denunciados a pesar de estar todos vencidos…

Los límites de respuesta sindical

En este punto el problema se presenta en todo su alcance político: la “profundización del modelo” que pide el ala izquierda del kirchnerismo no tiene sentido. El llamado modelo ha dado todo lo que puede dar un programa de matriz desarrollista cuyo contenido no cuestiona la estructura de un capitalismo en cuyos fundamentos perdura la herencia semicolonial de los 90’. Al respecto los límites políticos de la fracción sindical que encabeza Moyano son patentes: se opone al giro que está tomando la relación entre el gobierno y los trabajadores, pero reafirma su apoyo al modelo al que caracteriza como nacional y popular. De forma tal hace presente la subordinación ideológica que el sindicalismo peronista ha tenido a lo largo de su existencia respecto del nacionalismo burgués desde sus orígenes, cuando Perón interpelaba al obrero como sujeto sindical y sus organizaciones se unificaban políticamente en torno a la jefatura bonapartista. Pero si en aquel momento el peronismo desempeñó un papel históricamente progresivo, medio siglo más tarde su contenido está agotado.

Por lo demás, el enfoque del problema desde el ángulo sindical es un enfoque realizado desde el interior de un capitalismo que sigue siendo atrasado y dependiente, a pesar de la reestructuración producida tras la crisis de diciembre de 2001; enfoque que, en consecuencia, ha incorporado como propios los límites en los cuales ese capitalismo se desenvuelve. En cambio, los problemas de fondo que debe afrontar la clase trabajadora y el conjunto de las masas explotadas sólo pueden ser abordados desde una perspectiva más amplia, centrada en el plano de una práctica política autónoma. Esto quiere decir que la defensa de las reivindicaciones inmediatas y la lucha por impulsar un realineamiento de masas de carácter nacional-antiimperialista forman un mismo cauce. Quiere decir, asimismo, que antes o después la profundización de esta experiencia pondrá a los trabajadores ante la necesidad de construir una organización política independiente, desde donde formular un programa y una línea de acción dirigidos a desarticular la hegemonía de los círculos dominantes y unificar en un bloque popular-nacional y revolucionario al conjunto de las clases empobrecidas y explotadas.

Las ONG han logrado que transnacionales petroleras y “naciones” indígenas suscriban en Bolivia un primer acuerdo de espaldas a los Estados de la región. Un comunicado de la Asamblea del Pueblo Guaraní en Itika Guazú (APG IG) considera que el convenio firmado por los guaraníes del departamento de Tarija con Repsol, British y Total E & P “es el primero de esta naturaleza firmado en América Latina con una empresa multinacional petrolera y que, por tanto, esperamos que tenga repercusiones en las prácticas de la industria petrolera, siendo también un aporte específico y concreto a las reivindicaciones de las comunidades indígenas bolivianas y latinoamericanas. Este comunicado tiene la finalidad de cumplir con los principios de transparencia financiera o corporativa y debe servir como notificación a los efectos legales oportunos”. El comunicado, expedido el 15-III-11, lleva las firmas del directorio de la APG IG.

Al Acuerdo entre la Asamblea y la española Repsol, se sumaron la inglesa British Gas y la francesa E & P (Total), las que operan en los mega campos de gas que tiene Bolivia en su frontera con Argentina. El comunicado da cuenta que en marzo de 2011 se dio comienzo a la actividad financiera del “Fondo de Inversión Itika Guazú”, que contará con una inversión de 14.8 millones de dólares, cuya duración será de diez años renovables. Explica que los fondos fueron depositados en el Banco do Brasil, el que ha aceptado ser gestor del Fondo, lo que permitirá contar con su asesoramiento financiero a largo plazo. Añade que el uno por ciento de la suma citada (alrededor de 135.000 dólares-mes), beneficiará mensualmente a los guaraníes de la zona, el que será invertido en programadas de salud, educación y vivienda. Puntualiza que el Acuerdo, cuyos detalles aún no se conocen, fue aprobado por la Asamblea el 01-XII-2010 y firmado en acto público ante notario, el 29-XII-2010. Todo parece indicar que la suma citada será cobrada al Estado, a título de “costos recuperables” a las que las empresas tienen derecho en la actividad petrolera.

Se destaca que el asesoramiento a los guaraníes para la implementación del Acuerdo, así como la negociación financiera ha sido dirigida por el argentino-español Gregorio Dionis, presidente de la ONG Nizkor, que opera en 40 países, cuyas oficinas principales están en España, Bélgica y EEUU. Advierte que el equipo Nizcor está especializado en derecho mercantil y financiero internacional, así como en derecho indígena. La APG IG designó en la referida Asamblea a un “Consejo de Sabios” para recibir los informes de la ONG. La cooperación APG IG y Nizkor se basa en el reconocimiento jurídico de los usos y costumbres ancestrales, así como en el derecho internacional en su vertiente de derecho indígena.

El convenio, pese a su supuesto carácter público, fue mantenido en reserva hasta que el representante tarijeño en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luís Lafuente, hizo saber que los guaraníes se oponen a la ampliación del gasoducto Villa Montes (lugar de los megacampos) y la ciudad de Tarija. Dejó constancia que el acuerdo había sido suscrito de espaldas a YPFB y al gobierno de Evo Morales y que vulnera la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), la que, pese a su carácter indigenista, prescribe que YPFB es la única empresa facultada para ocuparse de la producción y comercialización de hidrocarburos y que no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o in directamente (Artículo 361).

Por su parte, la autoridad denominada “Defensor del Pueblo de Tarija”, Andrés Tablada, advirtió que había surgido en el país una especie de “Super Estado”, ya que no le permitieron ingresar a la zona en que habitan los guaraníes, por no haber obtenido previamente una autorización de la APG. Los hechos descritos fueron informados por el periódico “El País”, de Tarija, en sus ediciones del 8, 9 y 12 de diciembre, en las que publicó declaraciones de Lafuente y Tablada, lo que motivó una dura reacción de Gregorio Dionis, quien exigió que se le envíe la lista de los propietarios de “El País” y de quienes publican anuncios en ese medio, para después añadir que los guaraníes estaban recibiendo “ataques racistas”, que desconocen los derechos indígenas. El resto de medios de comunicación, oficialistas y opositores, no se han ocupado, hasta ahora, de tan importante tema.

El avance del indigenismo fundamentalista (o pachamamismo) no encuentra límite. Los días 7 y 8 de diciembre pasados la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), auspició, en Cobija, Pando (frontera con Brasil), un amplio encuentro destinado a lograr el absoluto cumplimiento del artículo 31 de la NCPE, cuyo texto dice: “Las naciones indígenas y pueblos originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos en sus formas de vida individual y colectiva… Gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan”. El artículo 17, concede a las naciones y pueblos indígena, originario campesinos “el derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio…”

Asistieron al encuentro, además de representantes de ONG, la viceministra de justicia, Isabel Ortega, y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en La Paz. En la oportunidad, se elaboró un anteproyecto de ley, en el que se pone de relieve que las naciones y pueblos originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, también tienen derecho a su autodeterminación. En este marco, se informó que el 90 % de los 327 municipios existentes en el país tiene problemas limítrofes. Los municipios que rodean a la ciudad de La Paz reclaman territorios ancestrales, los que, por falta de delimitación, podrían llegar a territorios de países vecinos. La debilidad del gobierno central se puso de manifiesto ante el avance del narcotráfico y la imposibilidad de detener el ingreso ilegal de 110 mil automóviles usados, altamente contaminantes, que fueron legalizados en octubre pasado.

La llamada a una Cumbre Social que elabore una nueva agenda estratégica para Bolivia descartando la “Agenda de Octubre de 2003”, convocando solamente a los sectores sociales allegados al gobierno y perdiendo una gran oportunidad de establecer una perspectiva antiimperialista, latinoamericana y de liberación nacional, parece destinada a repetir los pasos de un proceso truncado y que se aleja cada vez mas del sentimiento y la lucha del pueblo labrados durante los últimos diez años.

Sin duda que las transformaciones sociales y políticas del 2003 al 2008 han sido revolucionarias porque han transformado las estructuras culturales, ideológicas e institucionales, han hecho protagonistas a las clases, grupos y sectores sociales excluidos y discriminados, han cambiado a los actores de la toma de las decisiones públicas y han barrido con las formaciones políticas y partidarias tradicionales que implementaron el plan neoliberal en el país.

Sin embargo, el proceso se ha truncado al haberse canalizado en la nueva Constitución Política del Estado la trampa tendida por el imperialismo, a través de ONGs y Fundaciones, de reconocer a presuntas 36 naciones indígenas con derechos de autodeterminación y de control de los recursos naturales; de haber asegurado la presencia de transnacionales petroleras y mineras que están ya negociando directamente con las “naciones” indígenas y de la ausencia de transparencia en el manejo de la cosa pública.

Parte de esto se manifiesta en el desencadenamiento de múltiples enfrentamientos entre departamentos, regiones, comunidades, municipios y localidades; en la defensa que realizan algunos grupos sobre pretendidos territorios libres donde se realizan actividades vinculadas al contrabando y el tráfico ilegal; y otros donde se impide la construcción de carreteras de integración nacional.

La oportunidad y posibilidades de un diálogo abierto, crítico y autocrítico aun son posibles, siempre y cuando participen del mismo tanto las fuerzas sociales y políticas del oficialismo, como aquellas que, siendo parte y protagonistas del proceso de transformaciones, tienen posiciones críticas frente a las políticas del gobierno, como la Central Obrera Boliviana (COB), las Federaciones de Juntas Vecinales (FEJUVE) y otras organizaciones populares. Asimismo, deberá estar abierto a instituciones como las Universidades Públicas y los Colegios Profesionales que pueden realizar importantes aportes a una propuesta de desarrollo nacional.

La defensa e integración nacional, la recuperación plena para Bolivia de los recursos naturales, la industrialización y masificación del uso del gas, la distribución de tierras en manos de terratenientes, el uso productivo de los excedentes y la vinculación militante con los procesos de unidad latinoamericana son algunos de los puntos de una agenda prioritaria en el país.

Asimismo, el gobierno debe evitar que se repitan las experiencias del “gasolinazo” y su retroceso posterior, los enfrentamientos con los sindicatos y las regiones que tradicionalmente le han apoyado, la desinformación y el autismo que le impiden tomar en cuenta y asimilar las demandas y propuestas que buscan evitar el fracaso total de un proceso que generó esperanza e ilusión populares.

Más aún en un momento en que América Latina y el Caribe están dando pasos importantes para la unidad y la integración con iniciativas como la Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y cuando el capitalismo europeo y norteamericano sufren una crisis de grandes dimensiones.

Si algo ha caracterizado la política argentina de los últimos tiempos, es la ausencia en ella de los trabajadores. Y es precisamente su arrolladora presencia la que ha empezado a incomodar a la pequeña burguesía.

Hasta ahora ella, que ha ostentado el poder estos últimos años, se venía sintiendo cómoda con una clase trabajadora que parecía no exigir demasiado políticamente. Crecimiento del empleo, discusiones paritarias, ciertas mejoras sociales hacía creer a la pequeña burguesía que los trabajadores permanecerían inclaudicablemente a su lado, pero la cerrada postura del gobierno respecto a algunos reclamos cegetistas (económicos y políticos) y su acelerado acercamiento hacia los industriales han puesto en tela de juicio el tambaleante romance que existió entre los trabajadores y la pequeña burguesía desde el 2003.

Terminado el acto moyanista de Huracán, las voces oficialistas y opositoras negaron el hecho más trascendente: 50 mil trabajadores se movilizaron a un acto de carácter puramente político, en el que se exigieron no sólo reivindicaciones económicas sino fundamentalmente políticas. 50 mil trabajadores se movilizaron para exigir ser tenidos en cuenta a la hora de las grandes decisiones.

Oficialistas y opositores por igual, enmarcan las críticas moyanista en la mera pelea pejotista por una porción del poder. Pero lo que evidencia el acto es que más allá de los intereses personales o corporativos que puedan tener los moyanos y la cúpula cegetista, los trabajadores han vuelto a la calle dispuestos a poner el cuero en una lucha política. Y eso asusta.

No podemos vaticinar cual será la resolución de ésta disputa entre la CGT y el gobierno, pero sin lugar a dudas que luego de la demostración de fuerza que han hecho los trabajadores, no podrán resolver sus rencillas domésticas ninguneando a la clase trabajadora. Una vez que se ha puesto a los trabajadores en la calle, ya no es fácil mandarlos tranquilamente a su casa.

Por otra parte, hacia dentro del kirchnerismo se presenta una nueva grieta. Hasta ahora ellos han podido construir aquel discurso oficial de que ellos representan el campo nacional y popular y teniendo enfrente la oposición gorila-liberal, les ha sido fácil crear es imaginario. La pregunta que se abre a partir del acto de Huracán es cómo podrá el kirchnerismo sostener su ideario de nacional y popular con un enfrentamiento con los trabajadores? No existe algo más nacional y popular que los mismos trabajadores, no estando ellos con el gobierno, cómo puede el oficialismo pretenderse los representantes de los nacional y popular?

Sin lugar a dudas el 2012 se presentará como un año conflictivo. Con una inflación que no puede ser detenida y se traga el salario, con la pretensión del gobierno de ponerle techo a las paritarias, con la CGT decidida a salirle al cruce en defensa de las reivindicaciones obreras y mientras la gran burguesía nacional e internacional sigue siendo la gran benefactora del modelo desarrollista, el kirchnerismo pare ser conducido a un callejón sin salida.

Quedará en manos de los sectores verdaderamente nacionales, populares y revolucionarios poder construir una alternativa revolucionaria que esclarezca la situación y pueda erguirse como una verdadera opción de poder.

Si el año 2001 encontró a la clase obrera en una situación de retroceso, debilitada, depresiva, maniatada, con falta de confianza en su fuerza y descompuesta políticamente, al punto de no haber podido erguirse como protagonista fundamental de los sucesos del 19 y 20 de diciembre (siendo este uno de los hechos que imposibilitaron la resolución revolucionaria de la crisis), 10 años después vemos una clase trabajadora decidida, que poco a poco recupera la autoconfianza y que se pone en condiciones de volver a luchar. Dependerá de los revolucionarios saber como aprovechar el momento para ir preparando el terreno para la definitiva independencia nacional y la revolución social.

En la edición del 09/12 Página 12 publica una nota firmada por Federico Lorenz, historiador que ya lleva escritos 2 libros sobre Malvinas, “Fantasmas de Malvinas” y “Malvinas, una guerra argentina”.

En la nota Lorenz se refiere a la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico ‘Manuel Dorrego’ y menciona el hecho “sintomático” de que en 2 artículos publicadas en los días previos sobre dicho Instituto se aluda a los acontecimientos de 1982 en el Atlántico Sur.

Con acierto Lorenz anticipa un recalentamiento del debate sobre el conflicto bélico en el año venidero, con motivo de celebrarse tres décadas de la guerra de Malvinas. Quizás por esa razón se apresura en su nota a fijar una posición sobre los sucesos de 1982, delimitándose de lo que denomina en tono despectivo la “concepción nacionalista sobre el reclamo”. Cabría aclarar, con la sola finalidad de no sembrar confusión sobre el uso de los términos, que el “nacionalismo” que desagrada a Lorenz es el nacionalismo argentino (y latinoamericano), pues el nacionalismo inglés ha desarrollado una concepción bien diferente sobre el conflicto de Malvinas, que en sus mistificaciones, encubrimientos y falsedades se parece mucho (y esto no es una chicana sino un dato objetivo) a la que despliega Lorenz en la nota y en los libros que ha escrito.

Lorenz analiza críticamente algunos párrafos de un Manual de reciente aparición para circulación escolar: Malvinas en la historia. Una perspectiva suramericana (1492-2010). El trabajo fue publicado por la Universidad de Lanús, cuya rectora, Ana Jaramillo, había participado previamente en la organización del Primer Congreso Latinoamericano “Malvinas, una Causa de la Patria Grande”, que se llevó a cabo en septiembre de 2010 en Buenos Aires, con la asistencia de decenas de historiadores, académicos e intelectuales de diversos países de América Latina (Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, etc.).

Dice Lorenz que en el Manual se pretende “descontextualizar” la guerra de Malvinas, al escindirla de la dictadura cívico / militar que ocupó las islas en 1982. “Así sus miradas sobre la guerra están inexorablemente condicionadas por la idea de separar el “hecho político” que “expresa una aspiración histórica”, de su contexto.

Pero si algo se subraya hasta el cansancio, tanto en el Manual como en el Congreso, es la necesidad de interpretar lo acontecido en 1982 en la historia y no fuera de ella, mucho más allá de las mezquinas aspiraciones de Galtieri y las cúpulas militares liberal-oligárquicas que gobernaban el país. Situar la guerra de Malvinas en la historia larga de la Argentina como una aspiración de legitimidad inapelable, con profusos antecedentes políticos, diplomáticos, geográficos, culturales y hasta militares,  permite comprender la formidable explosión de euforia popular que concitó la ocupación, pese a la paradoja de que fue ejecutada por una dictadura cívico / militar antipopular, que durante 6 años de horror había alineado a la Argentina en el campo occidental, hegemonizado por EEUU e Inglaterra. Si no se entiende ese anclaje histórico, no se entiende nada de lo ocurrido en esos dos meses. No se entiende el masivo apoyo de los países latinoamericanos a la causa Argentina, y es imposible explicar cómo hasta en las cárceles de la dictadura los detenidos políticos se ofrecieron como voluntarios para combatir al agresor imperialista.

Para los ex combatientes y los familiares de los caídos es un hecho conocido que desde junio de 1982 uno de los objetivos primordiales de la propaganda británica (y de sus aliados internos) fue, justamente, disolver ese espíritu anticolonial y latinoamericanista que despertó en Malvinas. Se inició lo que denominamos un proceso creciente de “desmalvinización”.

Poco se ha debatido sobre el significado de esa expresión y sobre las distintas formas y giros político-culturales que adoptó, pero es bastante claro que no se limitó al puro silencio u ocultamiento de lo acontecido en las islas. La “desmalvinización” fue mucho más que eso, fue una operación simbólica sutil y compleja, bien articulada, que procuró imponer una matriz interpretativa que, a la manera de una “leyenda negra” o de un conjunto zonceras jauretcheanas, presentó los siguientes núcleos de construcción de sentido.

1. Falacias y/o mentiras lisas y llanas sobre lo sucedido en las islas. Verbigracia,  torturas masivas a soldados, cobardía de oficiales y suboficiales, campo de exterminio, etc.

2. Invisibilización de los crímenes británicos. Ni un renglón sobre el crimen de guerra contra el Crucero Belgrano, ordenado por M. Thatcher, y que le costó la vida a más 300 argentinos. Tampoco sobre los ataques al Buque Hospital y los bombardeos británicos que provocaron las únicas 3 víctimas kelpers durante la guerra.

3. Víctimización de los ex soldados. No fuimos héroes sino víctimas. No padecimos hambre no por el estricto bloqueo inglés sino por la brutalidad de los propios argentinos de uniforme que gozaban con nuestro sufrimiento.

La intencionalidad política de este relato innoble e injusto fue apenas disimulada. Había que recomponer las relaciones dañadas con el Primer Mundo, dar vuelta la página y reubicar al país en el escenario internacional, eliminar de la conciencia colectiva la experiencia de habernos enfrentado a uno de los imperios más infames de los últimos 2 siglos, apoyado por la gran potencia hegemónica. En definitiva, había que “des-historizar”, por la vía del empequeñecimiento, lo sucedido entre abril y mayo de 1982. Se impuso en toda la línea el “punto de vista del loco”, como acertadamente señaló Julio Cardozo en su excelente ponencia para el Congreso mencionado al inicio de esta nota. Todo habría sido obra de un general borracho y, con su destitución, todo debía volver a la situación anterior. Desaparecieron del relato sobre Malvinas nociones tales como las de “Héroe”, “Patria”, “América Latina”, “Imperialismo”, “Soberanía”, “movilización popular contra el agresor”, etc. Su lugar fue ocupado por una retahíla de significantes desmovilizadores y derrotistas, tales como “víctima”, “chico de la guerra”, “locura irresponsable”, “sin sentido”, “aislamiento internacional”, “reinserción en el mundo”, y últimamente, disparates tales como “plan sistemático de torturas”, “campo de exterminio”, etc.

La mayor parte de los ex combatientes y los familiares de los caídos luchamos desde el comienzo contra esa trama innoble de representaciones que vaciaban de sentido la sangre de nuestros 1000 muertos Nos resistimos con nuestros escasos recursos materiales, pero con nuestra poderosas autoridad espiritual, a una historia que convertía en un absurdo nuestro sacrificio, en vana la muerte de nuestros compañeros y que pretendía transformar en definitiva una derrota circunstancial en el campo militar, que debía ser revertida en el campo político, económico y cultural. Dijimos a quienes nos quisieron escuchar “Malvinas, yo no me rendí”, “Malvinas, volveremos” desarmando la identidad de víctimas que una Argentina espiritualmente derrotada pretendía asignarnos.

Como sucede casi siempre en la historia, y Lorenz debe saberlo porque es su profesión, las batallas culturales son el anticipo de las batallas políticas. La “etapa superior” de esa “leyenda negra” fue el programa neoliberal de los ’90. La rendición en el campo cultural, expresada en la aceptación del relato “desmalvinizador”, era el prerrequisito necesario para la completa enajenación nacional en beneficio de las grandes potencias agresoras en Malvinas y de sus socios. Pocas veces quedó tan en claro cómo la derrota cultural precede a la política y económica. ¿Cómo podía aceptarse el despojo menemista sin una previa operación de tergiversación y ocultamiento de las enseñanzas que dejó Malvinas y del espíritu que la acompañó (lugar de Argentina en el mundo, soberanía nacional, naturaleza criminal del imperialismo, etc.)?, ¿cómo podía una sociedad imbuida de los valores que reverdecieron en Malvinas tolerar que nuestras riquezas cayeran en manos de quienes mataron a 1000 argentinos apenas unos años antes?

La conexión íntima entre la construcción del relato histórico y sus efectos políticos concretos en el presente pocas veces resultó tan transparente como en los ‘80 y ‘90. Quizá en eso resida la feroz virulencia que desencadenó entre los “científicos de la historia” la auspiciosa creación del Instituto “Manuel Dorrego”.  Hay una intuición profunda en el establishment cultural anglófilo y europeizante de que la discusión sobre el pasado es discusión sobre el presente y sobre el futuro. El presente es historia inconclusa.

Por último, en su nota Lorenz hace mención al rubor que sintió la hija del Colorado Ramos al visitar Malvinas en pleno conflicto. Con todo respeto, y como ex combatiente de Malvinas,  me permito decirle a Laura Ramos que no cabe un sentimiento de rubor, sino más bien de orgullo, cuando su padre escribía por entonces líneas como las que siguen: “Nuestra guerra contra el imperialismo mundial replantea con fuerza irresistible todos los problemas postergados de la Argentina y América Latina. Un acelerado curso de formación “antiimperialista” se está exhibiendo ante el mundo dictado por los grandes maestros de la mistificación occidental. La actual generación civil y militar no olvidará jamás esta lección. Los argentinos del futuro sabrán de qué modo resuelto la Argentina se elevó por sobre sus antiguos dolores y crisis internas para dar la batalla a uno de los más pérfidos imperialismos que la historia ha conocido”. Ramos, que además de historiador era un político revolucionario, apostó a un desenlace latinoamericano del conflicto, el cual resultó fallido. Luego, en el epílogo de su vida, torció el rumbo, suponemos que influido por la desmoralización y el desánimo ante una década despiadada. Pero sus enseñanzas —y las de tantos otros— nos sirvieron para darle un marco histórico a nuestro esfuerzo y un sentido superior a quienes cayeron bajo las balas del imperialismo británico.

Fernando Pablo Cangiano

DNI 14.189.366

Mariano Grondona expone en “La Nación” de hoy, domingo 4 de diciembre, su punto de vista respecto de la creación del Instituto de Revisionismo Histórico presidido por Pacho O’Donnell (ver “La ‘batalla cultural’, ¿ha llegado hasta la historia argentina?”, página 33).

Grondona dice que los argentinos contamos con “tres historias para consultar”. Y serían las siguientes:

1) la “clásica”, también llamada “liberal” por sus adversarios, aclara Grondona. Ejemplo de esta historia, dice, son las biografías de San Martín y de Belgrano escritas por Bartolomé Mitre.

2) la “revisionista”. Grondona cita como ejemplo de esta historia a José María Rosa.

3) quienes habrían llegado a “una versión abarcadora” valiéndose de “los modernos elementos de la investigación”.

Grondona se extiende en calificativos elogiosos respecto de esta supuesta “tercera historia”, que sería diferente de las dos anteriores. Dice que los partidarios de la “visión abarcadora” proponen una “visión pluralista” y cuentan con “un espíritu de seriedad científica y tolerancia ideológica”, persiguiendo una “intención pacificadora” en el debate historiográfico. Sus representantes más notorios, dice Grondona, son Tulio Halperín Donghi y Luis Alberto Romero.

El esquema grondoniano tiene una falla de base: establece una diferenciación entre la historia “clásica” o “liberal”, por un lado,  y la historia “pluralista”, por el otro. Pero esta diferencia en realidad no existe. Además, pretende que esa diferencia se sustenta en dos factores que caracterizarían a la “visión pluralista”:

1) la “seriedad científica”;

2) la “tolerancia ideológica”.

Ahora bien, ¿en qué consistiría la presunta “seriedad científica” de los textos que escriben Halperín Donghi, Romero y sus secuaces de la calle Puán? Supuestamente en que recurrirían a “modernos elementos de investigación”. La cientificidad de un cuerpo de conocimientos, entonces, sería consecuencia de las técnicas empleadas para recoger y analizar datos. Pero esta es la posición del instrumentalismo metodológico, de matriz positivista, a la que cientistas sociales como Wright Mills mandaron al desván de los trastos viejos hace medio siglo. Esta creencia tuvo su época de oro en la Universidad “desarrollista” de los ‘50 y los ‘60, cuando la contrarrevolución gorila que derrocó al peronismo instaló a Gino Germani y otros cientificistas “yancófilos” (Halperín y seguidores, entre otros) al frente de las cátedras y los institutos de investigación. Sería largo demostrar acá el carácter no-científico y meramente político-ideológico de esta gente. Pero si uno considera que Halperín Donghi caracteriza al más importante fenómeno de masas de la Argentina del siglo XX como “fascismo”, puede hacerse una idea del rigor científico de sus trabajos. Confundir al peronismo con el fascismo (homologándolo o analogándolo), significa para un historiador lo mismo que significaría para un astrofísico confundir un planeta con una estrella o seguir sosteniendo la cosmología tolemaica. Por añadidura, esta caracterización del peronismo por parte de los historiadores que Grondona llama “pluralistas”, es un claro indicador de que el “pluralismo” está por completo ausente en sus trabajos. Quien lea las notas periodísticas de Romero en el diario de Magnetto o en “La Nación”, con su indisimulable carga de odio contra todo lo que huela a pueblo, podrá advertirlo también. Más aún: que Magnetto y “La Nación” abran sus páginas a Romero, está indicando cuál es la catadura moral e intelectual de este historiador “científico”.

¿Y por qué entonces Grondona inventa una tercera línea historiográfica, cuando la realidad indica que hay una única línea hegemónica en los aparatos ideológicos —la historiografía mitrista debidamente “aggiornada” por los Halperín y cía, inclusive con sus versiones “marxistas” estilo Milcíades Peña—, y una línea opositora cuya heterogeneidad interna es compatible con el nombre unificador de “revisionista”? Porque lo que le importa a Grondona es atacar la intervención del gobierno en un campo intelectual que las clases dominantes hegemonizan absolutamente y sin solución de continuidad al menos desde la contrarrevolución de 1976. Grondona lamenta que el gobierno pretenda “volcar partidas del Presupuesto Nacional” a un instituto que se propone imponer una “versión maniquea” de la historia según la cual en nuestro pasado hubo “héroes y villanos”. Grondona desea que sigan siendo los aparatos ideológicos de la Argentina semicolonial —la gran prensa, el sistema escolar, las sociedades de escritores, etc.—, con sus camarillas bien alimentadas, los encargados de imponer una versión de la historia que —aunque él no lo diga— es igualmente “maniquea”, sólo que presentaría a los villanos como héroes y a los héroes como vilanos.

Ciertamente, la figura políticamente oportunista e intelectualmente discutible de Pacho O’Donnell no es un dato para entusiasmar a nadie respecto de la posibilidad de emprender una auténtica batalla cultural contra el pensamiento colonizado en sus múltiples variantes. Sin embargo, no hay que perder de vista que es la primera vez desde que triunfó la contrarrevolución oligárquico-imperialista en 1976 que el pensamiento nacional-popular, también en sus múltiples versiones, puede presentar batalla.

Veremos qué sucede. Los temores de Grondona deben ser nuestras esperanzas.

No es la primera vez que la intelligentzia nac & pop intenta, contra todas las evidencias, construir un discurso que logre por fin disciplinar a la clase obrera y todo gesto de autonomía con respecto al poder de estado. Las crónicas dominicales de Verbitsky constituyen algo así como la quinta esencia de estos complejos ejercicios en que las veleidades académicas y los prejuicios políticos se combinan sobre el trasfondo ideológico del progresismo pequeño burgués.

En su nota titulada, precisamente, “Disciplinamiento”  la manipulación ideológica y teórica con que el Perro construye el sentido de la épica k roza los límites del absurdo si se considera que se trata de un periodista que los lectores bien alimentados del diario fundado por Jorge Lanata no dudarían en definir como “de izquierdas”.

Lo curioso es que en este caso, el autor de la nota no duda en recurrir a un conjunto de fuentes que son inasimilables a las operaciones interpretativas con que intenta dar cuenta de las tensiones entre el sindicalismo moyanista y el gobierno nacional, las rentabilidades empresariales y las disputas por las superganancias en el contexto del “modelo de crecimiento con inclusión”.

Cada línea publicada por Verbitsky constituye una razón para legitimar las aspiraciones que el autor se esfuerza, precisamente, por contener.

Desde el primer párrafo, el artículo constituye una joya para desmentir al colaborador del genial Rodolfo Walsh. Sí hasta hace algunas semanas el Perro dedicaba mares de tinta a contener las proyecciones políticas del moyanismo invocando un curioso “sindicalismo no político”; la introducción de “Disciplinamiento” se dedica a destratar al jefe de la burguesía industrial argentina para remarcar el carácter popular del oficialismo. Lo curioso, es que para Verbitsky, la euforia kirchnerista de De Mendiguren no obedece al explícito veto de Cristina sobre el proyecto Recalde sino al “amable trato personal” con que atiende a José Ignacio.

En una curiosa recuperación de aquella tercera posición que denostó en sus años mozos, para Verbitsky ni De Mendiguren ni Moyano parecen estar a la altura de las circunstancias. Impugnando las desrazones de la burguesía industrial, exultante tras la negativa de la presidenta a apoyar la participación laburante en la rentabilidad empresaria, y de la clase obrera, resentida en sus lúcidas intenciones de disputa de las ganancias extraordinarias, el Perro desautoriza el proyecto Recalde cuestionando, precisamente, aquello que el proyecto no se propone. Para ello, Verbitsky sugiere que el proyecto no sería auténticamente “popular” en tanto no reduce la “heterogeneidad” de las remuneraciones de los trabajadores. Curioso izquierdismo el del autor de “El Vuelo” que impugna la posibilidad de dotar a la clase obrera de una nueva herramienta, reconocida constitucionalmente hasta por la revolución fusiladora, para renegociar la tasa de explotación.

El carácter homogeneizador que Verbitsky le reclama al proyecto Recalde no debe buscarse en el seno de la clase obrera, sino en el entramado social en su conjunto: la progresividad del proyecto radica en que reduce la heterogeneidad entre propietarios y no propietarios impugnando el monopolio intelectual de los primeros sobre el proceso de acumulación, permitiendo que la información de los libros contables juegue un papel decisivo no sólo hacia el cierre de los balances en una hipotética participación, sino también en las aperturas y sus paritarias e, inclusive, garantizando un nivel de control popular sobre los procesos de fuga de capitales con que el propio Verbitsky se indigna algunos párrafos más abajo.

La hipocresía izquierdista y la obsecuencia oficialista del autor se acentúan: “Hasta el autor del proyecto –dice el popular Perro- cree que si los trabajadores esperaron 54 años desde que una reforma constitucional incluyó la participación obrera en las ganancias, pueden esperar otro año para poner a prueba la voluntad patronal de acordar en paritarias como planteo Cristina”. ¿Qué más debería esperar la CGT? ¿No son las editoriales semanales del propio Página12 las que festejan el cambio en la correlación de fuerzas que supone el 54% de apoyo popular? ¿No constituye el arrollador triunfo oficialista una posibilidad única para “profundizar el modelo” en un sentido popular? Si no es ahora ¿cuándo Perro? Los macaneos de Página por conocidos, no dejan de ser eficaces. No interesa aquí que una ley implique hacer del proyecto una política de estado que superaría cualquier coyuntura gubernamental, lo más relevante del párrafo de Verbitsky es precisamente lo que no dice. El proyecto Recalde es un proyecto de participación por empresa, es decir, por unidad de producción, a diferencia de las paritarias, ámbitos de negociación por rama de producción. Es imposible darle cauce al proyecto Recalde de acuerdo a las sugerencias de Cristina y los pobres avales de Verbitsky. Es una ley que apunta a los sectores más concentrados del capital definidos por empresa. Negociar ganancias en paritarias no sólo es imposible sería, además, sumamente riesgoso para los sectores pymes que el oficialismo se esmera en confundir con la mítica “burguesía nacional”. La ley, en tal sentido, democratizaría las instancias mismas de la producción y reproducción social trascendiendo los espacios que el estado, capitalista muy al pesar de los titiriteros del progresismo vernáculo, ofrece como espacio para las negociaciones salariales.

Verbitsky lo sabe, pero no puede reconocerlo en tanto escribe implícitamente contra la CGT desde un conjunto de datos que, paradójicamente, avalan a esta última. Dice el Perro: “…en las empresas de la cúpula se han obtenido rendimientos excepcionales gracias a sus costos laborales muy inferiores al incremento de la productividad, lo cual arroja un costo laboral unitario menor al del 2001”.

En consonancia con los datos que ofrece, la interpretación verbitskiana avergonzaría a cualquier estudiante de historia. Tanto que el cuadro de datos en que se apoya la lectura de la nota realizado por el Cifra, centro de estudios de la CTA dirigido por Eduardo Basualdo, difícilmente pueda ser utilizado para legitimar por izquierda el proceso de acumulación económica y su forma de regulación política desde el 2003 a la fecha. Lo que los datos aportados por Verbitsky demuestran es que, al menos en el caso de las 200 empresas de mayor facturación de la Argentina, la redistribución del ingreso ha sido inversa a la publicitada por el oficialismo.

Alcanza ver para ello los datos sobre la evolución post 2001 del costo laboral unitario. Un índice que relaciona la productividad de las empresas con sus costos de reproducción de la fuerza de trabajo. En definitiva, un indicador indirecto de lo que el marxismo define como explotación y un excelente eje para comprender aquella máxima que definía al capital como una relación social.

Los datos aportados por Verbitsky evidencian que a caballito de los aumentos de la productividad post crisis, y a pesar de una recuperación del costo salarial que recién en 2009 alcanzó los valores del 2001, el costo laboral unitario se ha mantenido curiosamente muy por debajo de los valores de base. Durante la última década la productividad de la cúpula ha aumentado muchísimo más que los salarios y por lo tanto los costos laborales unitarios se han mantenido comparativamente bajos.

El propio Verbitsky reconoce que son esas híper “utilidades” las que han sostenido estructuralmente el continuo proceso de fuga de capitales de los últimos años: “…los incrementos de productividad alimentaron las utilidades patronales que a su vez explican la fuga de capitales”, es decir, aún con palabras que el Perro parece haber olvidado, los datos evidencian que en términos de valor la tasa de explotación de la fuerza de trabajo ha aumentado en relación al 2001. El aumento del salario real ha ido acompañado de un aumento comparativamente mayor de la rentabilidad. En resumidas cuentas, el capital como el emergente de las relaciones sociales asimétricas con que el modelo socializa la producción y privatiza la “rentabilidad”. Los trabajadores ganan más pero los empresarios ganan muchísimo más. El propio Verbitsky ofrece los datos para comprender el núcleo de intereses que el proyecto Recalde pretendía afectar: “la tasa de rentabilidad promedió el 3,5% durante el periodo 1991-2001 y saltó al 8,5% entre el 2003- 2010”.

Son estos datos los que explican las alegrías empresarias y las broncas cegetistas, no las extrañas elucubraciones de un análisis que llega a equipar los reproches con que la presidenta intenta “concientizar” a la cúpula empresarial con las prácticas extorsivas y cuasimafiosas de fuga y especulación con que el capital trasnacionalizado le marca la cancha a la presidenta: “En las relaciones con el estado los reclamos y exigencias siempre provenían de las grandes empresas. Ahora también se recorre el camino inverso” dice el Perro. Ese camino no se consolidará a base de un voluntarismo retórico que ha demostrado su absoluta incapacidad para comprometer a la “cúpula” con los intereses de la nación, sino con una política que reconozca la necesidad y posibilidad de sostener un programa antiimperialista aprovechando el inédito respaldo popular con que cuenta el gobierno k.

En la tarde de ayer, miércoles 16 de noviembre, la comunidad de San Antonio comunicó, que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, sicarios de empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la muerte a Cristán Ferreyra de 25 años e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves. [Cristán es miembro del del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, una de las organizaciones campesinas más fuertes del país.]

La comunidad de San Antonio, a 60 km de Monte Quemado, miembro de MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero. Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indigenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL.

Esto ocurre con complicidad y alevociía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien AUTORIZO desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indigenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian.

Desde éstos territorios campesinos indígenas, se viene denunciando los atropellos, tal es así que el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona. También el Comité de Crisis supo hacer relevamiento de las situaciones de atropellos. Hasta el momento, sólo la organización de las comunidades ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas.

En varias oportunidades el empresario Cicciola, amenazó públicamente que mataría a un campesino del MOCASE-VC para que dejen de” molestar”.

El asesinato de Crístian Ferreyra no va a quedar impune y con toda la rabia y dolor que sentimos sus compañeros y compañeras, reafirmamos una vez más, que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias.

¡¡¡Cristian Ferreyra Presente!!!

Ni un metro más, la tierra es nuestra!

Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos

La reciente aparición del libro Escritos y Crónicas Políticas, que reúne textos de Julio Antonio Mella y contiene un estudio preliminar de Hernán Camarero (Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011), ofrece una oportunidad para plantear a viva voz un viejo interrogante: ¿Por qué La Mella se llama “La Mella”?

La Mella es una agrupación estudiantil de la UBA que se autodefine “de izquierda independiente”, en oposición a las agrupaciones de izquierda no-independientes, es decir, adscriptas a alguna organización partidaria. Pero, ¿saben los integrantes de La Mella quién fue Julio Antonio Mella? Empecemos por decir que si algo no fue Mella es un “izquierdista independiente”. Desde 1924 hasta 1929, cuando murió a la corta edad de 25 años, militó en las filas del comunismo prosoviètico, es decir, de la “izquierda no-independiente”.

Una historia de sexo y sangre

Cuenta la historia oficial que un sicario contratado por el dictador cubano Machado asesinó a Mella en México, donde se hallaba exiliado. Sin embargo, con el tiempo empezó a ponerse en duda esta historia oficial.

Hace unos años el periodista italiano Pino Cacucci escribió la biografía

Tina Modotti

(Ed. Circe, Barcelona, 1995), donde deja entrever la posibilidad de que Mella haya sido asesinado no por Machado, sino por los agentes stalinistas que para entonces ya habían tomado posesión de la Internacional Comunista y la utilizaban como agencia de la burocracia soviética. La célebre fotógrafa y actriz holywoodense Tina Modotti era la amante de Mella y quien lo acompañaba la noche en que lo asesinaron por la espalda en una suerte de ratonera. La policía mexicana consideró a Modotti sospechosa y la detuvo por algún tiempo. Luego fue liberada, pero las sospechas sobre ella, desde el punto de vista de la investigación histórica, no han dejado de acrecentarse debido a que aún no se había enfriado el cadaver de Mella cuando se conoció su vínculo sentimental con Vittorio Vidali. Vidali era un agente stalinista que sería conocido en España como “Comandante Carlos” (bajo este nombre escribió su autobiografía, publicada en México en 1986 por la editorial del hoy afortunadamente desaparecido Partido Comunista mexicano). Junto al histórico jefe de los comunistas argentinos, Victorio Codovilla, Vidali se dedicó a torturar y asesinar revolucionarios marxistas y anarquistas acusándolos de “trotskistas”. Según se cree, la misma Tina Modotti, a la vuelta de los años, habría sido una de sus víctimas, cuando un extraño envenenamiento acabó con su vida en 1942.

Pero si Mella era un “revolucionario profesional” al servicio de la Internacional Comunista orquestada desde Moscú, ¿por què razón Vidali, con o sin el concurso de Tina Modotti, habría querido acabar con su vida? Para responder a esta pregunta hay que situarse en el contexto de la época.

En 1927 León Trotsky debe abandonar el Partido Comunista, y un año después es deportado a Alma Ata, en la frontera con China. Al año siguiente, en 1929, Trotsky es definitivamente expulsado de la URSS y la presecución más despiadada se desata contra sus partidarios. Apenas habían transcurrido diez años desde la Revolución de Octubre, y los sueños socialistas se trastocaban en una pesadilla sangrienta. Cuando Mella se integra al “movimiento comunista internacional”, todavía soplaban con fuerza los vientos de Octubre. Lenin estaba vivo, Trotsky era el más prestigioso de sus colaboradores, y Stalin aún no emergía de las sombras. Mella fue uno de los tantos jóvenes iconoclastas que se incorporaron en aquellos tiempos primigenios y prometedores al movimiento revolucionario. A medida que la maquinaria burocrática de la Internacional Comunista empezó a desarrollar su labor disciplinadora y contrarrevolucionaria, estos jóvenes se encontraron ante un dilema: o se sometían a la maquinaria o, de lo contrario, la maquinaria los trituraba. Mella entró en conflicto con el Partido Comunista cubano, que lo sancionó en 1926 por su “izquierdismo”. Pero en 1927 le levantaron la sanción y lo invitaron a la URSS con el propósito de domesticarlo definitivamente. Un año después, sin embargo, Codovilla y otros jerarcas de la Internacional atacaban a Mella. Vidali le habría espetado en esa oportunidad: “no te olvides nunca de que de la Internacional se sale sólo de dos maneras: expulsado o muerto”. Es sabido que a Mella no alcanzaron a expulsarlo.

Mella y Codovilla: ¿stalinismo bueno vs. stalinismo malo?

En 1928 se reunió en Bruselas el Congreso Antiimperialista Mundial, convocado por la Internacional Comunista. El año anterior el stalinismo había ordenado a los comunistas chinos integrarse al Kuomingtang, que era el partido de la burguesía nacional dirigida por Chiang Kai Shek. El stalinismo consideraba “progresista” a la burguesía de los países coloniales o semicoloniales, y por eso obligaba a los comunistas a cobijarse bajo sus alas, renunciando a su independencia político-organizativa. Las consecuencias de esta “teoría” y de esta decisión fueron los miles de muertos cuya tragedia describió literariamente André Malraux y explicó sociológicamente el propio Trotsky. Bajo el influjo de esta “teoría”, el Congreso Antiimperialista invitó a Bruselas a representantes de la “burguesía nacional” o de la “pequeña burguesía democrática”, como Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA peruano.

Pero el idilio del stalinismo con la “burguesía nacional” de los países semicoloniales no iba a durar demasiado. En 1929 la Internacional Comunista declara que comienza un “período de radicalización de las masas” y se produce uno de sus habituales giros, esta vez hacia la ultraizquierda. Es entonces que, a regañadientes, los burócratas stalinistas más obsecuentes, como Codovilla o Vidali, deben recurrir a los servicios de los revolucionarios más indóciles que todavía sobrevivían en sus filas. Mella publica entonces en México, en abril de 1928, su folleto “¿Qué es el APRA?”, que constituye su obra “más elaborada y polémica”, para decirlo con las palabras de Camarero.

Tanto el contenido del trabajo como las circunstancias de su publicación y su carácter prácticamente póstumo, determinan que en él se encuentre condensada la significación histórica y política de la figura de Mella. En primer término, hay que subrayar que no es el trabajo de un “revolucionario independiente”, ni tampoco el de alguien que se encuadre en las filas de la Oposición de Izquierda ligada a Trotsky, sino el de un hombre perteneciente al aparato stalinista. Sus críticas “izquierdistas” al APRA, entonces, se explican a partir de ese transitorio giro ultraizquierdista y oportunista que la propia Internacional ensayó tras el desastre de la política china (y por las necesidades de la política interna de la URSS, ya de vuelta de la NEP). Es decir: Mella no dirigió sus críticas contra el stalinismo que estaba ahogando en sangre las esperanzas emancipatorias del Octubre Rojo, sino que sus críticas se inscribían como parte de las volteretas tácticas con las que el stalinismo pretendía encubrir su papel abiertamente contrarrevolucionario.

¿Por qué entonces reivindicar hoy a Mella? La pregunta correcta, en realidad, es otra: ¿quiènes son los que hoy reivindican a Mella? ¿Y por que presentar esa reivindicación como si fuera parte de la construcción de una “izquierda independiente”? La respuesta es la siguiente: el derrumbe definitivo de la URSS y del “socialismo real” ha dejado a los miembros más honestos de los partidos comunistas prosoviéticos en situación parecida a la de esos perritos que han perdido a su amo y van y vienen por la calle sin rumbo fijo, hasta que de pronto el tufillo de algún transeúnte les hace creer que allí está el amo extraviado, y entonces van tras él. ¿Es que acaso no hay nada reivindicable en el otrora endiosado “movimiento comunista internacional”?, se preguntan estos perritos abandonados. ¡Claro que lo hay! Aquí y allá siempre es posible encontrar un Mella, un Mariátegui, un Penelón o hasta un Che Guevara a quienes aferrarse con el propósito de que una gota de vida resista ante el peso de tanta muerte. ¿Será posible entonces recrear un Partido Comunista, aun cuando sus próceres ya no sean Codovilla y Ghioldi? ¡No! Eso no es posible, obviamente. Sería como intentar reivindicar un nazismo “bueno” contraponiendo la figura de los hermanos Strasser a la de Hitler. Entonces, no queda otro recurso: hay que invocar a “la izquierda independiente”. La palabra “independiente” siempre suena bien, aunque el marxismo, con toda razón, siempre haya desconfiado de ella.

Hay que decirlo entonces, dudosa independencia es aquella que no rompe con las cadenas ideológicas, que suelen ser más sólidas que las materiales. La “independencia” de una agrupación universitaria no debe medirse sólo a partir de su condición de colateral de alguna organización partidaria. Bautizar una agrupación “independiente” con el nombrte de Mella significa borrar con el codo la independencia que se escribe con la mano. Significa inscribir la agrupación así bautizada en la tradición de una izquierda cuyos desvaríos políticos de derecha o de “izquierda” fueron consecuencia de su alienación a una potencia extranjera. Mella fue un joven honesto y vigoroso. Nadie lo discute. Pero su folleto contra el APRA, que es su aporte póstumo a la construcción teórica revolucionaria en América Latina, contiene todos los errores de los que hay que precaverse. Echémosles un vistazo.

Mella y el Frente Único Antiimperialista

La primera gran crítica de Mella a Haya de la Torre apunta a la consigna aprista: “frente único contra el imperialismo”. Dice Mella: “la fórmula es ambigua, oscura y susceptible de varias interpretaciones, para que acomode a todos (...) Por ninguna parte aparece el principio fundamental en la lucha social: la hegemonía del proletariado y la aplicación de su dictadura para la realización del socialismo”.

Ciertamente, no cabía esperar que fuera el aprismo pequeñoburgués el que planteara la hegemonía obrera del frente antiimperialista. El papel histórico del APRA se limitó a plantear el frente antiimperialista. Y ello debió ser suficiente para que los marxistas descubrieran su carácter progresivo, en vez de arremeter contra él frontalmente, como lo hizo Mella: “el APRA representa los intentos de organización del oportunismo y del reformismo latinoamericanos (y por eso) estamos contra el aprismo”. A Mella le parece contraproducente que la fórmula aprista “acomode a todos”, cuando ese es justamente su mérito. Un mérito limitado, sin dudas, porque no establece quién debe conducir el frente antiimperialista. Pero, ¿qué clase de frente podría edificarse sobre una fórmula que “no contenga a todos” sus componentes? Además, ¿cuál es la fórmula alternativa que propone Mella, luego de invocar verbalmente la “hegemonía del proletariado”? Escribe: “para hablar concretamente: liberación nacional absoluta, sólo la obtendrá el proletariado, y será por medio de la revolución obrera”, porque “la burguesía es traidora clásica de todos los movimientos nacionales de verdadera emancipación”. Y de inmediato se dedica a apostrofar contra los diferentes sectores pequeñoburgueses con los que Haya también quería construir el frente antiimperialista: “los abogados representan el papel de criados del imperialismo. Los profesores: por cada dos revolucionarios hay mil reaccionarios y fosilizados. Quedan los estudiantes, pero su revolucionarismo puede calcularse en un tanto por ciento ínfimo. Los intelectuales, en conjunto, son reaccionarios”. ¿Acaso Mella pensaba en un frente con el pobrerìo indígena no proletarizado? Tampoco: “la penetración del imperialismo termina con el problema de la raza al convertir a los indios, mestizos, blancos y negros en obreros”. Es decir, el frente único antiimperialista, en la concepción de Mella, era un frente del proletariado consigo mismo, lo cual, obviamente, se parece tan poco a un frente único antiimperialista como el “frente de izquierda” recientemente constituido entre PO, PTS y otros grupos ultraizquierdistas.

Hay que comprender a Mella. Tenía sólo 25 años, que es la edad en que el poder seductor de las fórmulas maximalistas inhibe toda posibilidad de pensamiento crítico. A esa edad, suele creerse que es más revolucionario quien grita más fuerte. Además, en aquella época no existía evidencia histórica de que la “revolución obrera” iba a encontrar obstáculos tan grandes para cumplir sus promesas comola que encontraron los nacionalismos burgueses estilo APRA o el peronismo entre nosotros. Pero comprender a Mella no debe impedir afirmarque sus juicios conducen lisa y llanamente a la renuncia de toda politica frentista, con o sin “ hegemonía proletaria”. Y la renuncia a una politica de frente único antiimperialista en una semicolonia, aun cuando se la postule desde una perspectiva “obrerista” o de “clase contra clase”, constituye “más que un error, una traición”, como decía Trotsky. Que en este error incurría Mella queda claro leyendo la siguiente frase: “la histórica lucha entre las clases antagónicas se lleva a cabo en América lo mismo que en Europa: insurrecciones proletarias en Buenos Aires y Chile; huelga petrolera de Colombia; masacre de inquilinos en Panamá; huelgas revolucionarias de Puerto Rico y Cuba en la industria azucarera; movimiento proletario de México, etc.” Verdaderamente, hay que estar ciego ante la realidad, y hay que ignorar todo lo que enseñaron Lenin y Trotsky, entre otros, para afirmar tan categóricamente que la lucha de clases se desarrolla de manera idéntica en los países imperialistas que en sus periferias coloniales y semicoloniales.

¿Por qué no hay agrupaciones estudiantiles nacionalistas en la UBA? ¿Por qué se llama “Gino Germani” el instituto de investigaciones?

Ten enigmático como por qué La Mella se llama “La Mella”, es por qué en las universidades públicas de un país que tiene parte de su territorio (y el grueso de su cultura y su economía) ocupado por una potencia extranjera, no han surgido agrupaciones estudiantiles nacionalistas o malvinistas. ¿Por qué una agrupación universitaria se llama “La Mella”, y no “La 2 de Abril”, por ejemplo? Es como preguntarse por qué el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales se llama “Gino Germani”, y no “Arturo Jauretche”, o “Scalabrini Ortiz”. Tal vez la absurda creencia en que la lucha de clases se desenvuelve con idénticas características en las metrópolis y en las semicolonias, en Francia e Inglaterra que en Bolivia y Argentina, pueda explicar en parte esta circunstancia penosa: para la izquierda eurocéntrica (y también para la derecha eurocéntrica) “nacionalismo” es una mala palabra. Mella contribuyó, tal vez por su candor juvenil, a expandir esta idea políticamente perniciosa. Criticando el programa aprista que proponía nacionalizar la tierra y la industria, escribía: “Dice el APRA: ‘queremos la nacionalización de nuestra riqueza; nuestro programa económico es nacionalista’. ¡También los fascistas son nacionalistas!”

Jorge Abelardo Ramos, en su Historia de la Nación Latinoamericana, dedicó unas edificantes páginas a la polémica entre Haya de la Torre y Mella, y así evaluó a la afirmación de este último: “Nada más erróneo que identificar las nacionalizaciones en un país imperialista con las de un país semicolonial. De este modo, la nacionalización del petróleo mexicano por Cárdenas tendría el mismo significado imperialista que la realizada en Francia en la industria automovilística en 1946. Esta última obedecía al déficit de esa industria, salvado por el Estado imperialista mediante una generosa indemnización. Pero los propietarios ‘nacionalizados’ en Francia eran franceses, no extranjeros, y la Francia burguesa nada tenía que temer de ellos. La nacionalización en México, por el contrario, era un acto defensivo de un país revolucionario ante los capitales extranjeros”.

Pero quienes bautizaron “La Mella” a La Mella no leen a Ramos. Tampoco parece que leyeran a Marx, a Lenin ni a Trotsky. No los culpamos. La contrarrevolución de 1976 fue de tal magnitud destructiva, que las nuevas generaciones creen que el socialismo revolucionario latinoamericano se encarna en seudohistoriadores como Milcíades Peña, en terroristas pequeño-burgueses como Roby Santucho o en jóvenes malogrados como Julio Antonio Mella. Hay toda una “política de la Memoria” que trabaja para prolongar el equívoco.

Pero más tarde o más temprano, la verdad se abrirá camino.

El eticismo consiste en el análisis de una situación particular de acuerdo a principios abstractos –es decir, que requiere un mínimo grado de generalización para poder existir. El procedimiento es sencillo: se toma un episodio histórico puntual, se lo aísla y se aplican sobre el todo la artillería de categorías éticas. De esa forma, el suceso –que ha dejado de existir en la historia para cobrar vida por sí mismo- es resignificado en base a las consignas éticas.

Los acontecimientos históricos, bajo la mirada moralista, carecen de continuidad: son fragmentos separados unos de los otros y absolutamente pasibles de ser analizados en su singularidad, como si no fueran “consecuencia” ni “causa” –esto es, como si no estuvieran circunscrito al desarrollo de las fuerzas históricas.

La historia, entonces, se sacraliza: ya no se realiza una comprensión de lo ocurrido, sino que el trabajo intelectual se limita a la valoración y catalogación: la historia se divide entre el bien y el mal.

No hay lazos, interconexiones o relaciones lógicas: los hechos existen por sí mismo y de ese modo deben ser observados y designados al espacio del “bien” o del “mal”. Todo el complejo entramado de las relaciones sociales queda desmontado a la más simple expresión. La concretud de la historia se subyuga a la abstracción de los principios éticos.

Un asesinato –malo por sí mismo- no se comprende dentro de un contexto más amplio que le otorga un sentido. Los sucesos más sangrientos de la historia son depositados en el panteón de la maldad para nunca más ser revisados. La maldad no puede ser comprendida: simplemente debe ser rechazada.

De modo tal que el eticismo tiene un horizonte de desarrollo más bien acotado: uno nunca puede trascender las fronteras de lo éticamente permitido para profundizar su comprensión. Sin embargo, aún el más repugnante de los crímenes guarda un sentido y merece ser analizado; es más: debe ser comprendido para, entonces sí, lograr darle un significado más amplio a la totalidad de los hechos vinculados. Es difícil comprender con cierta amplitud la dictadura cívico-militar de los años ’70 desde el mero eticismo que castiga como seres perversos –monstruos ahistóricos y infrahumanos- a los responsables de la Junta Militar: es necesario desentrañar su lógica –aún cuando se quiera reducir todo a un “simple arrebato irracional”: la irracionalidad posee su estructura lógica- para alcanzar una dimensión más amplia y verosímil de lo sucedido.

El eticismo, contaminado por su devoción al bien, es incapaz de preguntarse por qué alguien es capaz de matar y no puede concebir un esquema lógico detrás de aquellos episodios que no se corresponden con los preceptos del “bien” –que recaban en la fortísima tradición de la moralidad cristiana en Occidente y que es la espada con que se intenta quebrantar la autonomía de los sitios aún no colonizados-.

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La sanción ética a Irán –más allá de la hipocresía: quienes se alarman por la fabricación de una bomba atómica son los países principales en desarrollo de armamento atómico; quienes lo acusan de dictadura, son los países que invaden, asesinan y sostienen el mayor genocidio de nuestra época- se constituye, quizás, como el emblema del eticismo: la sola mención de las actividades iraníes merecen la reprobación de todos los “biempensantes” del mundo, como si tales movimientos no se correspondieran con un contexto mundial en donde actúan como respuesta a anteriores movimientos y, al mismo tiempo, anticipo de movimientos subsiguientes.

El eticismo, que le teme a los excesos de autoridad, comete el mayor de los despotismos: impide la posibilidad de autonomía en la elaboración de conceptos y categorías de acuerdo a las situaciones materiales de cada lugar. El cristianismo occidental impone sus categorías y con ellas pretende analizar -homólogamente, desconociendo particularidades- las diferentes situaciones del universo: de esa forma –uniformizando el criterio- logra las justificaciones necesarias para sus avances geopolíticos.

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Un episodio histórico –el accionar del gobierno iraní- no puede ser sustraído del contexto histórico en el que se produce y ser sometido a categorías abstractas. La trama de fuerzas materiales y simbólicas que se enfrentan es borrada del marco de análisis: solo se trata de ver quién hace acciones buenas y quién malas, no importa la lógica subyacente en cada una de esas acciones.

La ética –mal que le pese a los parroquianos- no tiene ninguna otra utilidad más que el ejercicio de la dominación. Y es, precisamente, mediante la ética que los poderes occidentales actualmente avanzan sobre los territorios hostiles a sus intereses.

El pregón de la ética y los buenos valores, así como el ciego ensalzamiento de los derechos humanos, como consignas sacramentales, inviolables por provenir desde un lugar fuera de la historia –cimientos de cierto progresismo que se presume contestatario de los imperialismos- es la ratificación del dominio simbólico de Occidente: la aceptación de la esclavitud. Toda acción es un acto de violencia que no reconoce “ética” alguna: de hecho, el establecimiento de un orden ético es el mayor de los actos de violencia: no hay mayor violencia que decir qué está bien y qué está mal. 

Juzgar las actitudes del gobierno iraní en función de los criterios éticos que surgen del desarrollo moral del cristianismo occidental, es la consolidación del imperialismo que tiene hoy en Irán la encarnación de sus fuerzas opositoras, aquellas tierras prósperas de recursos y valor geoestratégico, y que todavía no se someten a sus designios, intentando esbozar su soberanía nacional.

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En la historia no existen los hechos “buenos” o “malos”, sino que el significado de los mismos vienen dados como resultado de una disputa de poder entre fuerzas contradictorias y ese mismo significado puede ser alterado con solo revertir el orden vigente.

La historia es el producto de la violencia: surge como resultado de la victoria de una fuerza sobre otra en una disputa a muerte. La moral es la condición de vida de quien salió derrotado: solo aceptándola como forma de vida es que no resulta asesinado. Es decir, la escala axiológica es la culminación del sometimiento.

Mientras se utilicen las categorías del opresor para analizar y valorar la situación de los oprimidos, el estado de cosas se consolida - Esa rebeldía ética es la necesaria para el fortalecimiento del orden al cual aquella se pretende rebelar. Además, los hechos no se comprenden y, por lo tanto, las acciones no logran encuadrarse en una estrategia práctica que aspire a la efectividad. El statu quo, finalmente, hunde más sus raíces.

En los últimos días las versiones sobre un plan de ataque a Irán por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel han ganado volumen en la prensa internacional. Uno de los primeros medios que reveló el asunto fue Yediot Ahronot de Israel dando cuenta de que el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa, Ehud Barak, presionaban a los jefes militares para que aceptaran un plan de bombardeo a las instalaciones nucleares iraníes. Naturalmente a la conspiración se sumó inmediatamente el fascista, titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman. Casi en simultáneo el inglés The Guardian tituló en su sitio online: “Las fuerzas armadas británicas aceleran planes para un ataque a Irán en medio de temores nucleares”. La noticia decía que oficiales británicos estaban estudiando acciones de contingencia para respaldar un posible ataque de Estados Unidos. Poco después la prensa británica dio detalles de un plan destinado a desplegar fuerzas en Medio Oriente en previsión de la guerra que se desatará si se consuma la ofensiva imperialista contra el país persa. Una de las últimas voces de la euforia militarista fue la de Shimon Peres. El presidente de Israel declaró a Haaretz que es cada vez más probable un ataque de su país y de sus socios a Irán, para destruir sus instalaciones nucleares. Con el característico espíritu chantajista del sionismo Peres dijo que el mundo estaba en deuda con Israel.

La puesta en práctica del plan de ataque a Irán comenzó con la revelación en octubre pasado sobre un desbaratado intento terrorista iraní en Estados Unidos y también en Argentina contra las embajadas de Arabia Saudita y de Israel. El montaje presentado por funcionarios norteamericanos fue tan grotesco que el gobierno de Obama evitó seguir hablando del asunto. Pero esto no importa mayormente a quienes inventaron las “armas de destrucción masiva” en Irak o una “revolución democrática” en Libia.

El capitalismo ha entrado en una etapa de descomposición con rasgos que se presentan inconfundibles a la luz del desarrollo monstruoso del parasitismo financiero, el aumento de la explotación de las masas y el auge del militarismo. El objetivo ahora es Irán como antes lo fueron Irak, Afganistán y recientemente Libia. ¿Intentarán también presentar en este caso la antinomia democracia-dictadura, como cobertura de los intereses imperiales? Lo hicieron en Libia con el apoyo de la izquierda colonialista de las metrópolis y de la izquierda colonizada de la periferia. Sin embargo los pueblos no se engañan. Saben muy bien quienes son sus enemigos y están dispuestos a luchar por su independencia y dignidad.

La presidente argentina ha manifestado el propósito de agregar valor a la producción agropecuaria. El anuncio del Plan Estratégico Agroindustrial ha resultado grato a los representantes de los intereses de los agro negocios. En el suplemento rural del Clarín, el Ing.Huergo expresa su satisfacción y se interroga si los gobernantes argentinos se habrán dado cuenta de lo que él siempre pregonó. El efecto multiplicador que las actividades vinculadas al agro propagan a toda la economía. Se agrega valor al convertir granos de soja en aceite y más aún al transformar éste último en biodiesel. Se agrega valor al maíz al convertirlo en etanol y también al convertir alimentos a base de maíz en aves de corral como pollos o pavos y también en ganado porcino. La idea es seguir agregando valor hasta llegar a las góndolas de los consumidores del mundo. Se señala la oportunidad que tiene nuestro país de “producir alimentos para un mundo que aumenta su demanda”. Pareciera como que la Argentina tiene un “destino manifiesto”. Concentrarse en el desarrollo agroindustrial. Claro que hay algunos desvíos con respecto a esto. En el “modelo” actual la composición de las exportaciones se completa con la minería,que exporta prácticamente la totalidad de su producción, la industria automotriz, que exporta e importa unidades y autopartes con lo cual su saldo de divisas es negativo, la industria petrolera y de gas que debido a las políticas de privatización y desregulación, de exportar masivamente se ha pasado a la importación de combustibles líquidos, gaseosos y hasta electricidad, perjudicando la balanza comercial, y el acero convertido en un “commodittie” que busca en el exterior compensar el bajo consumo interno.

Una semana después del anuncio que alegró a los representantes del “campo”, la presidente anunció en Venado Tuerto el Plan Estratégico Industrial. En dicha ocasión la presidente sugirió a los representantes de Siderar invertir en la producción de acero inoxidable, dicho material es esencial en las instalaciones de la industria de la alimentación. Todo apunta hacia la agroindustria.

Agregar valor es, obviamente aumentar el empleo en nuestro país, loable objetivo. Pero esto tiene un límite, que está marcado por la propia estructura del actual modelo productivo, que de no cambiar, mantendrá siempre fuera del mundo del trabajo a muchos compatriotas. La tasa actual de desempleo del orden del 7,7%  (INDEC), tiene una composición interna de 2,7% para los trabajadores dentro de la economía formal y de 13 % para los que están en la informal. Es decir que en la economía formal prácticamente hay pleno empleo. Este nivel de desempleo es difícil de disminuir, en estos momentos por cada punto de crecimiento del producto bruto interno, el empleo se expande en solo 0,22 %. La industria es el sector de la economía que provee mayor cantidad de puestos de trabajo. El retroceso de la industria en la participación porcentual en el PBI total fue notable, pasó de 28% en 1975 a 16% en 2010. Este retroceso fue gradual a lo largo de ese período, marcando una continuidad entre el gobierno del “Proceso” y los “democráticos”. Determinados sectores de los campos académicos, empresariales y políticos consideran que este retroceso es un indicador de que se avanza en el buen camino. Observan que en los países centrales también se ha asistido a un proceso de disminución de la gravitación relativa de la industria en el conjunto de la actividad económica. Sin embargo, esto es fácilmente rebatible: en los países centrales, el avance relativo del peso de los servicios de alta tecnología, como la informática, la robótica, el laser, etc. no desplazaron a la industria tradicional sino que, por el contrario, le aumentaron notablemente su productividad. Esto se evidencia al verificar que en esos países el consumo aparente de acero se mantiene a lo largo del tiempo, en el orden de los 500 Kg/año per cápita. Mientras que en nuestro país, ese indicador, que había alcanzado su máximo de 180 Kg/año per cápita en el año 1975, en la actualidad está en el orden de 115 Kg/año. Además se ha comprobado que hasta el año 1975, mientras el PBI crecía 1%, el consumo per cápita de acero lo hacía en 1,5%, mientras que en la última década lo hizo al 0,8%. Esto evidencia que la economía crece, pero la industria lo hace a un ritmo menor, con lo cual el menor agregado de valor a las materias primas perjudica las posibilidades de la generación de empleo de mayor nivel tecnológico y la mejora en los niveles de salarios, la educación y la tecnología.

Otro indicador del retroceso industrial y tecnológico en nuestro país lo señala la disminución de la participación porcentual de la industria de bienes de capital en el PBI Industrial.En los últimos 20 añosdisminuyó 23%, mientras que en el mismo período en China aumentó 30% y en Taiwán lo hizo en 73%. La desaparición de diversos y estratégicos sectores de la matriz productiva doméstica, como la industria de bienes de capital y otros sectores complejos como la electrónica industrial y de consumo, marcan el cambio que se operó en la industria argentina: además del retroceso cuantitativo se produjo una simplificación de los procesos productivos y la desarticulación del entramado de las diferentes cadenas de valor.

Este cambio estructural implicó la concentración de capital en pocas empresas transnacionales y la reducción drástica de la población de pequeñas y medianas empresas, precisamente las de capital nacional y las que mayor proporción de mano de obra emplean, muchas de ellas convertidas en meras ensambladoras de partes y piezas importadas. La estructura económica primarizada instalada por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” en los años de plomo, se ha ido consolidando en el transcurso de las décadas “democráticas”, insertando a la Argentina en la división internacional del trabajo. Precisamente este fue el objetivo de la dictadura instaurada en marzo de 1976. Sus consecuencias aún perduran.

Colonia Carlos Pellegrini es un pueblo enclavado en el corazón del Iberá, a 130 km de Mercedes. Se accede por un camino de tierra y no tiene hospital, farmacia, banco ni cajero. La mayoría de sus 6oo habitantes se dedica a la ganadería y la agricultura. Trasciende por su flora, su fauna y sus atardeceres pero pocos la conocen por las penurias que están pasando sus pobladores desde 1992, con la llegada del siniestro personaje norteamericano Douglas Tompkins que ya lleva “compradas” más de 150.000 has. en la zona de los esteros.

A poco de instalado, comenzó a desplegar tácticas para desalojar a los pobladores de sus tierras. Primero anunció que con el funcionamiento de Yacyretá  la Colonia iban a quedar bajo el agua, haciendo que muchos malvendieran sus tierras. Después, implementó vuelos rasantes intimidatorios, incendios de campos o matanzas de animales. Intentó crear asambleas ciudadanas en defensa de la fauna -con el apoyo de ambientalistas cipayos, incluidos los de Gualeguaychú- para enfrentarlas con los productores de la zona. Para esto armó festivales chamameceros que quedaron enmudecidos frente a las denuncias a viva voz de los habitantes expulsados de sus tierras con métodos de terror y amenazas permanentes.

Pero ¿cómo este supuesto filántropo multimillonario puede llevar adelante todos estos atropellos? Evidentemente solo no podría.

Douglas Tompskin representa en este lugar a dos ONG: Fundación Ecos y Conservation Land Trust (CLT). Así, es beneficiario de un proyecto PNUD/GEF financiado por el Banco Mundial, que exige el respaldo provincial con endosos de la Nación. CLT compra las tierras. Fundación Ecos impulsa el plan de manejo sustentable; es decir, expulsar a los habitantes de la zona para reducir a cero todas las actividades productivas. A esto se suma el aporte de Fundación Vida Silvestre, versión local de la World Wide Foundation, lo cual hace que Tompskin cuente con capital suficiente para comprar no sólo tierras sino voluntades, funcionarios y todo lo necesario para lograr su propósito.

El gobierno nacional no quedó ajeno a la entrega de nuestro territorio y recursos naturales. El ministro de Turismo Enrique Meyer, de conocidos lazos de amistad con Tompkins, pretende transformar a los esteros del Iberá junto con las propiedades de CLT en Parque Nacional, haciendo entrega de recursos económicos que se destinan a la construcción de obras complementarias.

En síntesis, el siniestro plan de este personero del Banco Mundial -presentado como filántropo- es afectar las 500.000 has. fiscales más 800.000 has. privadas para transformarlas en Parque y liberarlo de ocupantes y de producción. Así podrá cobrar los bonos verdes que las empresas que contaminan como las petroleras dan en contraprestación a estos ecologistas, en función de la superficie que pueden probar haber liberado de explotación agroindustrial.

Les llevó 10 años darse cuenta de este nefasto proyecto y entonces comenzaron a juntarse cientos de correntinos para luchar y denunciar este proceso de extranjerización de las tierras y de los recursos hídricos.

Un grupo de vecinos y diversas instituciones de nuestro medio y de la Provincia (Sociedades Rurales de Santo Tomé, Virasoro, Paso de los Libres, Mercedes, Pequeños productores de Mercedes, Consejo Profesional de Veterinarios de la Provincia, Consorcio Caminero, Municipio de Ituzaingo, Parroquia Las Mercedes, Vice Parroquia Nuestra Señora de Itatí, de Mercedes) después de analizar minuciosamente el así llamado “Plan de manejo de la Reserva Natural del Iberá” y las consecuencias que surgirían de la aplicación del mismo, las políticas que preceden y acompañan este proyecto, los diversos documentos que manifiestan políticas expoliatorias o directamente de enajenación de nuestras reservas naturales. Por todo esto manifestamos que:

1) NO QUEREMOS que nuestras tierras sean vendidas a capitales extranjeros. La tierra no es sólo un título de propiedad o un simple legado generacional. Es cultura, es convivencia con la fauna y la flora. Son raíces y afecto al lugar de los padres. Por eso la tierra es PATRIA.

2) NO QUEREMOS QUE NOS ROBEN EL AGUA. La escasez del agua dulce en el mundo, en los próximos veinte años, es prácticamente un dato científico. Como también es un dato científico que nuestro Iberá y su cuenca que pertenecen al inmenso “Acuífero Guaraní” es una de las grandes reservas de agua potable del mundo. Debemos cuidarla nosotros.

3) NO debemos permitir que nos invadan y tomen posesión de nuestros recursos. La codicia de grandes “trust” internacionales sobre esta valiosa Reserva es demasiado evidente en estos tiempos. No podemos ser ingenuos o distraídos ante esta acometida internacional con fachada conservacionista.

Nosotros sabremos cuidar nuestros recursos que se mantienen, en muchos aspectos incólumes y sanos. La naturaleza de nuestra región y su ecosistema es nuestro patrimonio; cuidémoslo NOSOTROS.

Si están de acuerdo con lo manifestado aquí adhiéranse usando nuestro logo:
“IBERÁ, PATRIMONIO DE LOS CORRENTINOS”

El MONAFE representa uno de los focos de resistencia a las políticas que se vienen implementando desde hace casi cuatro décadas en la Argentina, “Nosotros decimos que Argentina está desmembrada también con políticas de futuro. Porque si vos tenés un tren que unía a casi toda la república Argentina, vos necesitas integrar al país, conformar el cuerpo de nación. Ahí hay una intencionalidad en no hacerlo; el país está aislado, y progresivamente vamos siendo aislados en regiones”, “de persistir esta política que lleva adelante el Estado nosotros no podemos aspirar a tener un ferrocarril que integre el país. Para nosotros el tema es muy político y es muy profundo, pues hay procesos en América Latina. Esto lo vivimos muy clarito la otra vez en Bolivia, con el tema de las autonomías”. Es la continuación de los planes del Banco Mundial cuando en los 90’ hablaba de regionalizar el país. El MONAFE busca una política que integre al país, mientras que actualmente en los ramales de carga el ferrocarril está cumpliendo una función a favor de intereses multinacionales, no está cumpliendo un servicio estratégico para la nación o para el pueblo”. La política ferroviaria “responde a otro proyecto de país, que es foráneo. También decimos, y a mi me duele ¿no?, pero muchísimos compañeros que son peronistas o kirchneristas, hablan de proyecto nacional y que se yo, yo digo que esto no responde a un proyecto nacional”.

Duarte es maquinista y habla con orgullo y con pasión de su profesión. Al mencionar la experiencia de los ferroviarios del Sarmiento dice que “vinieron a pelear las escalas, porque las escalas ferroviarias fueron eliminadas a partir de la privatización. Todos estos compañeros vienen a pelear la recategorización de los trabajadores, ¡y lo logran!”.

La situación de los terciarizados es un punto obligado de la charla. Duarte señala la importancia de hacer cumplir el convenio colectivo. Esto es por demás evidente: “la escala más baja, el peón de estación, categoría limpieza, hoy está cobrando un salario de entre $ 4.000 y $ 5.000; ahora, un tercerizado cobra la mitad o menos de la mitad, ¡que es muchísima guita!”, y esto puedo ocurrir por la existencia de lo que Duarte llama “el triángulo de la corrupción”.

En soledad lo compañeros del MONAFE vienen denunciando desde hace mucho el triángulo que relaciona a las concesionarias de los servicios ferroviarios, los sindicatos y los funcionarios del Estado. “Todo esto sale a la luz con el asesinato de Mariano Ferreira. Existen “un montón de empresas y otras son inventadas por los sindicatos y las concesionarias que siguen empleando tercerizados, por eso nosotros decimos, cuando hablamos de corrupción, y hay aportes en la causa por el crimen de Ferreira, que Pedraza, La Fraternidad, tienen que ver con esas empresas tercerizadas; serían los dueños en la práctica. A esos compañeros se les pagaba el salario como si estuvieran bajo convenio, pero los cobraban estos tipos, o sea los concesionarios, los funcionarios del Estado, porque muchos sindicalistas son funcionarios”.  El caso de La Fraternidad es ilustrativo. Su secretario de Política Ferroviaria, Antonio Luna “es el tipo que recibía la guita del Roca para el asunto de los terciarizados. ¡Esto está en la causa!”. El sindicato integra integra el gobierno nacional dentro de la Secretaría de Transporte a cargo de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. “Las tercerizadas están ligadas a las direcciones sindicales y acá —en el Mitre— a Cirigliano, a Romero, en fin, a todos los que tienen que ver con este negocio”.

La tercera pata de este triángulo, “la más importante –sin la que esto no se puede llevar a cabo– es el Estado. En esto nosotros somos tajantes, no se puede disimular esta realidad. En esto el gobierno es responsable. El gobierno nacional es responsable de esta situación. Cuando se habla de inclusión, de derecho y demás, ¡la puta madre!, ¡estamos explotando a los compañeros con el visto bueno del Estado! Con la complicidad del Estado. Tomada esto lo sabe bien”.

¿Cómo es posible que luego de lo que ocurrió en el Roca con la muerte de Mariano Ferreira vuelva a ganar la Lista Verde de Pedraza?

“La razón es que metieron 600 ingresos. Tomada laburó como el mejor para arreglar todos esos ingresos. Te dan vuelta una elección, el enemigo no es menor acá. Es muy groso. Y en el caso nuestro, Maturana extrema la represión porque nosotros somos menos de tres mil tipos, en La Fraternidad, es un gremio chiquito numéricamente, entonces [la burocracia] no se puede dar el lujo de tener cien tipos en contra.”

La construcción de una alternativa a la burocracia en la conducción de La Fraternidad no ha sido fácil. Duarte cuenta que desde la última vez que presentaron una lista en las elecciones del sindicato vienen muy debilitados. “A partir de 2006, cuando teníamos serias posibilidades de ganar delegados, en el 80 % de las seccionales de la zona urbana, fue cuando vino la ofensiva de Maturana y fueron despedidos compañeros en connivencia con la empresa. Cuando no pudo parar este movimiento sindical que generamos, por distintos reclamos, salariales, de condiciones de laburo, y demás, es cuando se echa a cuatro compañeros. Gracias al trabajo de resistencia de los ferroviarios se pudo reincorporar a los compañeros despedidos. ¡Los echaron sin causa! Maturana puso el recurso más vil, el más hijo de puta que pueden usar estos tipos”.

La connivencia sindicato-patronal en los negocios de las tercerizaciones es el extremo de una relación anterior: “Si te plegás a esto te echamos del laburo, y TBA en este sentido, creo que es la peor de todas. Todas son jodidas, pero este grupo de Cirigliano es el peor. Cuando los trabajadores quieren construir una alternativa o simplemente levantar un reclamo los delegados de ellos son los encargados de castigarte.  Es una persecución constante que deja una secuela de miedo. Calculen ustedes que nosotros tenemos compañeros que se volvieron a vivir a Tucumán porque no lo pudimos recuperar. Hicieron mierda la familia de compañeros trabajaron 30 años acá dentro. Es jodido después remar, rearmar la interna sindical. Pasan los años que es lo peor, y pasa la vida…”.

A pesar de los golpes sufridos en años recientes, estos compañeros del MONAFE no abandonan las posiciones. La templanza obtenida en años de lucha obrera enseña que no hay represión de la burocracia que frene, la conciencia del deber militante “Hoy nos estamos recomponiendo con el propósito de presentar candidatos el año que viene en algunas seccionales”.

El 17 de octubre pasado una asociación de usuarios de internet —internauta.org.ar— solicitó a ICANN que no persistiera en asignar a la base militar británica del Atlántico Sur los dominios informáticos fk (Falklands) y gr.(Georgias).  El presidente de internauta, Sergio Salinas Porto,  adujo en dicha oportunidad que las islas en cuestión no constituían un Estado sino parte de la Argentina.

No obstante el apoliticismo que la organización al servicio del Departamento de Defensa de EE UU manifiesta en la portada de su sitio web, Salinas Porto debió señalarle que: “...cuando ICANN habla de territorios, cuando se crean ccTLDs (dominios relativos a países), cuando se les asigna una región a tales ccTLDs y cuando se enuncian ´territorios´ a los que se da servicio en un Registro Regional de Internet (RIRs), eso SIGNIFICA una toma de posición, en particular, cuando se dice que FK es un territorio…”

Balcanización on line

Se infiere entonces de las palabras de Salinas, que ICANN no sólo bautiza nuevos territorios a pedido del imperialismo sino que dispone de nombres previendo futuras rupturas de países soberanos.

El reclamo que concita este comentario lo hace una ONG —internauta— a otra —Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o ICANN—, sólo que ésta no es otra cosa que la fuerza militar de EE UU disfrazada de contratista.

Pero ¿qué reacción tuvo la Cancillería argentina ante tal avasallamiento de nuestra soberanía? Ninguna. NIC-ar —sucursal argentina del registro informático norteamericano que opera en la Cancillería— se ajustó al pretendido apoliticismo que desenmascaró oportunamente el presidente de internauta y no dijo nada.

Se puede pensar que el gobierno argentino es tan iluso como cipayo al creer que el registro de nombres y números de internet es nada más que un recurso técnico sin malas ni buenas intenciones. Sin embargo, un episodio anterior, también relacionado con Malvinas, demuestra que, al menos los funcionarios de planta del ministerio exterior, ya eran conscientes en 2006 que los dominios territoriales de internet conforman un planisferio dibujado por el Pentágono.

Noticias de los pingüinos

Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, el ministerio exterior argentino aprobó y remitió a la oficina de prontuarios ICANN el dominio “penguinews.com.ar”. Penguin News (Noticias de los Pingüinos) es el único hebdomadario de Malvinas. Hasta el 2006 su versión de internet llegaba al continente como un mero enlace dentro del sitio “La Pingúina, Emperatriz de la Argentina”. Los contenidos de “La Pingüina…” entonces, tanto como los de “penguinnews.com.ar” ahora, son una desatada mofa de los sucesivos gobiernos kirchneristas.

Acaso los funcionarios de la cancillería pensaron en dar un toque de argentinismo al periódico kelper con el fin de seducir a sus lectores imitando al finado y lascivo canciller Di Tella, el de los ositos Winnie Pooh. Quizás los ingleses respondieron a esta seducción con las socarronerías de sus “noticias de los pingüinos” mientras tramitaban en EE.UU. el dominio para las Falklands. Lo cierto es que declinar el registro de direcciones postales (los dominios de internet lo son) en favor de una asociación civil norteamericana supone una clara renuncia de la soberanía argentina. El registro de dominios, remitentes de internet, nombres y números, en la Argentina, debería ser una potestad del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y del correo oficial, al menos bajo un gobierno de orientación nacional.

La correlación de fuerzas desfavorable para el gobierno ha constituido el argumento ad hoc invocado por muchos kirchneristas para justificar que Cristina no haya hecho hasta ahora las cosas elementales que cualquier gobierno nacional-popular debería hacer. Han conseguido, por esta vía argumentativa, estar satisfechos con el kirchnerismo tanto por lo que el kirchnerismo hace como por lo que el kirchnerismo no hace (“el Negro puede, pero no lo dejan”, decía aquel simpático personaje del bufón de la dictadura, Alberto Olmedo). Nosotros sabemos, obviamente, que lo que el kirchnerismo no hace (básicamente, atacar la condición semicolonial del país y movilizar a las clases subalternas contra las clases dominantes), no lo hace por limitaciones de clase que son inherentes a su propia condición, y no por una “coyuntural” y desfavorable “correlación de fuerzas”. Sin embargo, recordarles -como hacen abajo Daniel y Atah- que tras las elecciones han obtenido la “correlación de fuerzas” necesaria para “profundizar el modelo”, es una buena estrategia discursiva. Tal vez sirva para despabilar a los mejores compañeros militantes del campo nacional-popular que están ilusionados con este gobierno.

A pesar de todo lo anterior, sugiero no olvidar que los abrumadores porcentajes arrojados por las elecciones constituyen una construcción de datos de valor relativo, llevada adelante por los defensores del régimen partidocrático-semicolonial, tanto por los oficialistas como por los opositores, tanto por la derecha como por la “izquierda”. Veamos a vuelo de pájaro, si no, lo siguiente.

“Que digan dónde están los desaparecidos”

Redondearé las cifras porque no tengo los datos definitivos. Cristina obtuvo 11.200.000 votos. Según el periodismo (tanto el oficialista como el opositor), esto significa alrededor del 54% de los votos. Sin embargo, el padrón electoral es de unos 29.000.000 de electores. Quien haya cursado primer grado puede advertir a simple vista que el 50%  de esa cifra es 14.500.000, y que a Cristina -que en otros terrenos tiene millones de sobra- le faltan algunos milloncitos para alcanzarla. ¿De dónde surge, entonces, que haya superado ese 50%?  Resulta que los votantes fueron unos 22.000.000 de personas. ¿Esta es la base sobre la cual el periodismo (el oficialista y el opositor) calcula el porcentaje? Tampoco, como podrá comprobar quien tome una calculadora. ¿Entonces? ¿Cuál es la cifra- base sobre la cual se calcula ese supuesto 54%? Es la que arroja la cantidad de asistentes al comicio menos los que votaron en blanco o anularon su voto. Estos suman alrededor de 900.000 ciudadanos. Y si a este número le adicionamos los alrededor de 7.000.000 que no votaron, tenemos en números redondos unos 8.000.000 de personas que han sido invisibilizadas o “desaparecidas” (para decirlo con una terminología derechohumanista) por los comicios “democráticos”. Es decir: 11.200.000 personas que votaron a Cristina constituyen el 54% de los ciudadanos. Y 8.000.000 que optaron por votar en blanco o no votar… ¡no existen!

Estamos ante una clara evidencia del significado profundamente “excluyente” del régimen político “democrático” que padecemos (¡y en cuyo nombre acaban de asesinar a Kadafi y destruir Libia!). ¿No es evidente que un pensamiento revolucionario debería tomar nota de esto, denunciarlo y procesarlo en un análisis teórico? Si acaso alguien pensara que el pensamiento revolucionario se encarna en el llamado “Frente de Izquierda y de los Trabajadores” de la ultraizquierda cipaya, debería olvidarlo de inmediato. El FIT obtuvo unos 500.000 votos. Esto significa un 1,8% sobre el padron electoral. Pero escamoteada la base de cálculo, el porcentaje se infla al 2,3%. Se trata de un porcentaje ínfimo, igual o menor al que en elecciones anteriores obtenían por separado los grupos constituyentes del FIT. Pero la inflación porcentual permitida por la trampa partidocrática le permite a Altamira hablar de “elección històrica”, y dejar así conformes a sus estudiantiles militantes, que no estarán tentados de procesar teóricamente la trampa político-estadística, puesto que ellos —como toda la partidocracia— son beneficiarios de esa trampa.

Por supuesto, la trampa político-estadística de la partidocracia no beneficia sólo a Cristina y al FIT. Todos sacan partido de esa trampa. El 17% de Binner fue en realidad un 12,5%; el 11% de “Ricardito”, se reduce en realidad al 7,9%; el pintoresco y místico “El Adolfo”, pasa en la realidad del ficticio 8% al 5,9%. Y así el resto. Y así en los comicios provinciales. Veamos si no.

En Buenos Aires, dicen que Scioli obtuvo el 55% de los votos. Pero obtuvo unos 4.100.000 sobre un padrón de 11.000.000. ¿No está a la vista la mentira estadística? Ocurre que han sido excluidos de esa base de cálculo los 2.200.000 ciudadanos que no votaron y los 1.100.000 ciudadanos que votaron en blanco (total: 3.300.000 personas que no existen para la contabilidad “democrática”). Esta es la treta que permite que un 37% de votos (sobre el padrón) se conviertan en 55% (sobre ese invento llamado “votos positivos”). Y, además, que un 30% del padrón se esfume de los cálculos como por arte de magia. En Córdoba, por su parte, los 680.000 votos obtenidos por Cristina son en realidad el 27% del padrón. Pero al excluirse del cómputo a quienes decidieron no votar (unos 625.000 ciudadanos) y a quienes decidieron votar en blanco (unos 40.000 ciudadanos), el porcentaje se infla hasta el 37%.

¿Se puede cambiar la correlación de fuerzas sin cambiar el régimen político que obstaculiza su cambio?

No seguiré para no aburrir. Quiero dejar constancia de que mi argumentación no está dirigida exclusivamente contra el kirchnerismo.  Abarca a todas las variantes del régimen partidocrático, y el propósito de la argumentación es ofrecer datos que avalen la convicción de que este régimen político es excluyente, discriminatorio y, sustancialmente, antidemocrático. Ha sido edificado para conservar el statu quo, y no para modificarlo. Para defender los “intereses creados”, y no para atacarlos. Hace de la política una suerte de espectáculo televisivo ante el cual las mayorìas no tienen más remedio que posicionarse pasivamente. Naturalmente, ese casi 30% de ciudadanos habilitados para votar pero que decidieron no votar o votar en blanco es social, ideológica y políticamente heterogéneo. Sería una distorsión de la realidad pretender que ese porcentaje expresa una masa compacta que critica activamente el régimen político. Pero igualmente distorsionante es pretender que esos millones de personas no existen. La fuerza electoral del kirchnerismo respecto de la oposición partidocrática ha quedado demostrada en los comicios de ayer. Es indudable. Pero esa fuerza en ningún caso puede ser superior a los límites que le imponen las condiciones estructurales restrictivas del régimen político. El revolucionario que ignora estas condiciones, no merece ser llamado revolucionario.

Las elecciones presidenciales abren un campo de incertidumbre para la prensa oficial, ¿cómo harán para mantener su pretendido rigor periodístico ante la emergencia de un conflicto inapelable? ¿De qué forma enfrentarán los nuevos tiempos, en clara desventaja, sin caer en el sinceramiento absoluto y despegarse de todas sus “formalidades periodísticas”? Desde la eclosión de la Ley de Medios, fundamentalmente, los medios periodísticos tradicionales han visto derrotadas sus ansias de autonomía periodística. La aparición de un conflicto específico, los situó en un terreno de disputa inevitable.

El discurso periodístico ha ido independizándose del discurso político y esa autonomía fue encarnándose en formas propias que “depuraban” sus usos. La noticia, como forma en sí misma, es la expresión de ese desprendimiento del periodismo. El destierro de la política –obviamente, en la dimensión de lo explícito-. Alejado del discurso político, el periodismo cobró un matiz de pretenciosa cientificidad y se volcó hacia la noticia, como un supuesto reflejo de la realidad. “Por otra parte, es el conflicto el que la pone en crisis. En tales crisis, no solo está amenazada la autonomía sino que, además, el discurso periodístico burgués alcanza su máxima partidización, se manifiesta explícitamente como ‘tribuna de doctrina’ o vocero de su clase”, aclara Santiago Gándara en el artículo La prensa partidaria de izquierda. Verdad, acción y conflicto recopilado en el libro Contrainformación. Medios alternativos para la acción política.

Ese sinceramiento al que la cita refiere es notable en los principales medios de la Argentina. Alejados del sosiego clásico, exudan rencor y abandonan todas las formalidades para castigar las medidas que ponen en jaque sus intereses. Es decir, les salta la térmica con la aparición del conflicto.

Esta dificultad que los portavoces del establishment sufren desde hace un par de años, se ve profundizada ahora con la victoria del gobierno promotor de las medidas exasperantes. Más allá de las razones por las cuales el kirchnerismo avanzó sobre la concentración de medios, la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual favoreció la derrota de esa “autonomía periodística”. Desde entonces, mal que les pese, los periodistas no pudieron verse librados del discurso político, el cual los atravesó como una espada hiriente hasta la vergüenza. Las posiciones quedaron sucesivamente más expuestas: ante hechos inminentes, los medios debieron optar y, en su furia, fueron desmenuzando las capas de solemnidad y cobrando un tono más directo. Esa tensión entre discurso político y discurso periodístico que parecía resuelta –sobre todo durante los dolorosamente superfluos años noventa- reaparece de la mano de una discusión legislativa.

El kirchnerismo, victorioso en las urnas, logró en el terreno mediático y cultural, lo que no se atreve a enfrentar en otros terrenos de la vida económica. Ahora, con la fuerza de los votos, se establece en una posición distinguida para dar la última estocada, aunque también puede renegociar los términos y pactar nuevas condiciones para los mismos mercaderes. Esa diferencia de rumbo se resolverá de acuerdo a qué sectores internos prevalezcan en la disputa –es sabido: en el kirchnerismo conviven tanto los que propugnan por una transformación real de las estructuras heredadas, como aquellos oportunistas que solo utilizan la plataforma política y pretenden no avanzar más allá de medidas del plano simbólico o de tibio tinte reformista-.

Los medios tradicionales se van de las cifras oficiales. Esto es, reconocen un apoyo del 54% para Cristina Fernández. Este desprecio por los siete millones de ciudadanos que, estando habilitados, optaron por no votar, puede convertirse, en este caso, en una ayuda para la consecución de los objetivos: no es lo mismo impulsar la aplicación absoluta de la Ley de Medios desde el 54% de los votos, que hacerlo con el 38% que arroja la comparación con la totalidad del padrón.

El derrumbe opositor, la enorme inoperancia de las ofertas derechosas, que debieron caer en el extremo humillante de votar a Hermes Binner -un candidato de rasgos ideológicos no alejados del kirchnerismo, demostración inexorable de la ausencia de respuestas ante una situación superadora de sus competencias- le permite al Gobierno una coyuntura inmejorable para avanzar. La derrota contundente de Eduardo Duhalde –el cuadro “más formado” de la oposición conservadora- y de Elisa Carrio -la pronosticadora con simpatía popular- permiten entrever un vacío que difícilmente se llenará sin sobresaltos. Si Binner desea ocupar ese lugar, deberá resignar parte de su electorado y, por lo tanto, reducir sus capacidades políticas. Quien mejor ubicado aparece es Mauricio Macri, pero semejante inoperancia y tan grotesca tilinguería resulta indigerible para muchos conservadores a la antigua, además de su clara reminiscencia noventistas, por lo cual su apoyatura es demasiado particular. Solo un demente podría dejar el país en manos de un personaje como Mauricio Macri: el tiempo dirá si el establishment argentino está dispuesto a inmolarse nuevamente. 

La tirria que el semblante peronista del kirchnerismo genera en los medios tradicionales –voceros del sector medio acomodado- es un efecto natural de la inoperancia ante un escenario de conflicto que no esperaban: ni en remotos sueños imaginaban que el kirchernismo los colocaría en una circunstancia de este tipo, obligándolos a lidiar con tensiones para las que no estaban preparados, desde su omnipotente hegemonía.

La aparición de medios contrainformacionales, que daba vuelta el discurso de la prensa hegemónica y lo colocaban en un marco de cuestionamiento, permitió la desacralización del oficio y el acercamiento a la política. Esto es favorable para la apertura de posibilidades para la prensa partidaria, siempre y cuando esta sepa amoldarse a las expectativas de los lectores y comprenda que la problemática de las formas estéticas es un atributo nada despreciable a la hora de la transmisión de un mensaje.

“Barthes sostiene que los medios masivos, en lugar de denunciar el conflicto principal, sobreabundan con los conflictos absolutamente secundarios: como no puede tratar la crisis del capitalismo, entonces ‘denuncian’ la corrupción; como no pueden confrontar con el proceso de concentración económica –los medios han sido quienes más se han beneficiado de ese proceso-, salpican aquí y allá con algunas ‘fuertes’ notas sobre las desprolijidades de la privatización de Aerolíneas”, expone Gandara en el artículo mencionado. Es entonces cuando la prensa partidaria puede ganar lugar y dar a conocer lo ignorado, pero interpretando el uso del lenguaje y la armonía de las formas con los contenidos, para evitar los tedios y las monsergas acostumbradas que terminan por reducir sus discursos a un ínfimo círculo de simpatizantes.

Ante el colosal avance comercial, la prensa debe saber deambular entre lo vendible y lo deseado. Todo principismo extremo, en el fondo, es un acto de autosatisfacción, pero no sirve de nada políticamente. Lenin definía al periódico, no solo como un medio para difundir ideas y educar políticamente, sino también como un “organizador colectivo”. En definitiva, lo dicho debe ser recibido y, para ello, el lector debe disponerse, primero a leerlo y luego a recibir el mensaje. Con una prosa aburrida y hostil, antes que nada resulta poco atractivo para la lectura, y luego, absolutamente odioso para asimilar positivamente lo expresado.

El kirchnerismo ha sabido capitalizar exitosamente esa unión entre discurso político y discurso periodístico, y ha logrado resultados formidables. Con expresiones más o menos extremas, ha conformado productos interesantes y atractivos, pero absolutamente partidarios. Eso rompió un cerco. Es obligación de las demás vertientes políticas aprovecharlos y saber utilizarlos. Desde ese lugar puede ejercer la presión necesaria para que el gobierno reelecto de Cristina Fernández se encamine por una profundización de las medidas positivas y no renegocie los términos del armisticio con los sectores de poder.

Marcelo Cantelmi es el editor de la sección Internacionales del diario Clarín. Si para definir su perfil ideológico le preguntáramos al propio Cantelmi qué piensa de sí mismo, nos diría seguro y orgulloso que es un hombre “de izquierda”. Nos diría que en cualquier rincón del planeta siempre simpatizará con la causa de las mayorías populares, y que detesta, en cambio, a las minorías privilegiadas que ejercen el poder, especialmente si lo ejercen de manera despótica.

Pero Marcelo Cantelmi trabaja en el diario Clarín. Y de Clarín pueden decirse muchas cosas, menos que sea un vocero de los intereses de esas mayorías populares con las que dice simpatizar nuestro editor izquierdista. ¿Cómo explicar, entonces, que el izquierdista Cantelmi preste servicios en la mega-empresa de Herrera Noble y Magnetto? ¿Acaso la transformación de Clarín en un poderoso multimedios no fue posible gracias a las oscuras relaciones que mantuvo con la última y sangrienta dictadura militar? Hay al menos dos respuestas posibles para este interrogante. La primera sería que Cantelmi es un hombre contradictorio. Que escribe “con la mano izquierda” pero cobra sus dinerillos (que ciertamente no son pocos) “con la mano derecha”. Pero esta explicación no resulta del todo convincente, puesto que Cantelmi no constituye una excepción en el mundo del periodismo. También en Clarín, por ejemplo, presta servicios nada menos que el hermano del “trotskista” Jorge Altamira, cuyas notas firmadas con seudónimo llenaron muchas páginas del periódico “Prensa Obrera”. Además, esta explicación no permitirìa responder otra pregunta igualmente importante: ¿por qué razón un diario “de derecha”, orgánicamente ligado al poder mediático trasnacional, recurre a periodistas “de izquierda” para que llenen sus páginas y decidan la línea editorial? ¿Acaso la apropiadora de niños y el amigo de Camps son tontos?

No. Una explicación más razonable es la siguiente: el “izquierdismo” de ciertos periodistas profesionales como Cantelmi no sólo que no resulta contradictorio con el “derechismo” de sus patrones, sino que resulta absolutamente funcional a ese “derechismo”. Porque “izquierda” y “derecha” dejan de ser términos antagónicos cuando es un mismo interés superior el que maneja a ambos. En el caso que nos ocupa, detrás del “derechista” Magnetto y de su empleado “izquierdista” Marcelo Cantelmi se encuentra no agazapado sino a la vista de quien quiera verlo, ese entramado de intereses cuya complejidad se sintetiza en la palabra “imperialismo”.

Bombas y noticias caen sobre Libia

La invasión militar de Libia, el derrocamiento de su gobierno y el asesinato tanto de Kadafi y sus familiares como de decenas de miles de ciudadanos anónimos, comenzaron a implementarse hace alrededor de ocho meses. El primer capítulo de la operación consistió en la difamación de Muammar Kadafi y de su gobierno. Había que presentar al líder de la Revolución nacional-popular de 1969, ante la “opinión pública”, como a un sangriento dictador que vivía en medio de riquezas inconmensurables mientras masacraba sin misericordia a su propio pueblo. Un nuevo Hitler, podría decirse. De ese modo, todo lo que sobrevendría en Libia —las 50 mil vidas que se cobrarían los bombardeos de la OTAN, entre otras cosas— podría ser muy espantoso, pero estaría justificado. Paralelamente a esta operación mediática, se irían desenvolviendo las dimensiones política, militar y económica de la invasión y destrucción de Libia. Pero sería un error creer que las bombas lanzadas desde los aviones franceses o norteamericanos resultaban más letales que los discursos lanzados desde las agencias noticiosas controladas, directa o indirectamente, también por los franceses o los norteamericanos. Digamos que el efecto de irradiación de las primeras alcanzaba a los habitantes de Trípoli o Sirte, mientras que el de las segundas se extendía hasta lugares tan alejados como Buenos Aires. Pero unas y otras, bombas y noticias, eran igualmente necesarias para coronar exitosamente el objetivo trazado. Ya lo había dicho Miguel de Unamuno hace mucho tiempo: no se trata sólo de vencer, sino tambièn de convencer. Y ésta es, precisamente, la tarea de los tinterillos bien pagados como Cantelmi: convencer a la “opinión pública”.

La destrucción discursiva de Libia

Veamos cómo tituló Cantelmi su columna en Clarín el día 21 de octubre de 2011: “El final definitivo de la dictadura libia. Una victoria que alimentará las imitaciones en el universo árabe”. Se trata de un texto que deberían leer atentamente los estudiantes de periodismo, puesto que constituye una pieza magistral de manipulación ideológica.

Consideremos en primer término las adjetivaciones con las que Cantelmi interpela la dimensión “emocional” de sus lectores, tratando de inducirlos a tomar partido por uno de los contendientes en pugna. Para referirse a Kadafi y a su derrocado gobierno, Cantelmi utiliza indistintamente las siguientes expresiones: “el autócrata libio”, “el sátrapa que gobierna el Norte de Africa”, “la dictadura pro-occidental”, etc. Es interesante prestar atención a este último calificativo: la “dictadura” de Kadafi habría sido “pro-occidental”. Para cualquier mortal medianamente sensato será realmente difícil aceptar que un gobierno derrocado por Occidente sea “pro-occidental”. ¿Desde cuándo los occidentales derrocan a las “dictaduras” que tienen a su servicio? Pero ocurre que Cantelmi es un escriba “izquierdista”, y su tarea consiste en defender los intereses de sus patrones con argumentos que sean gratos al paladar “progresista” de cierta pequeñaburguesía porteña. (De los argumentos “derechistas” se pueden encargar otros, los Kovadlof o los Sebreli en La Nación o los Eduardo Feinmann en C5N, por ejemplo)
Tampoco ahorra calificativos Cantelmi para las bandas que asesinaron a Kadafi. Considera a sus miembros como protagonistas de una “revolución”; dice que son “la gente” y que son “el pueblo”. Para adosar cierto barniz heroico a la tarea depredadora de estos mercenarios financiados por las monarquías del Golfo Pérsico y entrenados por la CIA, los presenta como “una guerrilla desarrapada, desorganizada”, provista de “vetustos cohetes soviéticos y con fusiles que robaron a los arsenales del régimen, incluídos algunos de cacería”. Por supuesto, es un misterio indescifrable que una “guerrilla desarrapada” haya podido derrotar militarmente a una “dictadura” supuestamente armada hasta los dientes. Un mistero casi tan grande como la inexistencia de imágenes que den cuenta del presunto fervor popular que ha despertado en Libia el asesinato de Kadafi. Pero a Cantelmi le tienen sin cuidado las inconsistencias discursivas en las que incurre. Anticipándose tal vez a la objeción de que si los guerrilleros fueron tan “desarrapados” como él pretende, entonces no podrían haber derrocado a Kadafi sin la activa participación del imperialimo occidental, responde: “Nunca (los guerrileros) recibieron armamento moderno de sus aliados occidentales debido a que la OTAN declaraba que entre esa milicia desesperada había agazapados contingentes de la red terrorista de al Qaeda, un argumento que también agitaba Kadafi”, y “fue esa gente y no los bombardeos aliados los (sic) que tomaron Trípoli”.

¿Puede alguien en su sano juicio creer que esos “guerrilleros desarrapados” habrían derrocado al gobierno kadafista por sí solos? ¡Ni siquiera los grupos “trotskistas” como PO o PTS, que festejaron la caída de Kadafi con alegría indisimulada, se atreven a sostener tal disparate! ¿Puede alguien medianamente honesto negar el papel decisivo que desempeñaron las potencias imperialistas en el derrocamiento del gobierno y el asesinato de Kadafi? Pero Cantelmi, que desde luego no es honesto, ni siquiera parece estar en su sano juicio, aunque sabe muy bien cómo torcer los hechos para dejar satisfechos a sus patrones. Ante la imposibilidad de negar que además de “la dictadura” y “los rebeldes”, la OTAN desempeñó un papel central a lo largo del conflicto, dice como al pasar que esta organización criminal coincidía con Kadafi en la caracterización de los “rebeldes” como militantes de al Qaeda. De este modo, discursivamente quedan Kadafi y la OTAN ubicados de un lado, y los “rebeldes” del lado opuesto. Los lectores “progresistas” de Cantelmi, entonces, no deberían tener dificultades para tomar partido. Cantelmi cree haber encontrado un dato irrefutable en favor de su tesis de que los imperialistas participaban en el campo kadafista antes que en el campo “rebelde”: “Durante la revolución —dice el empleado de Magnetto— no existió extremismo islámico visible en el país, ni imágenes del terrorista Osama Bin Laden, o leyendas de repudio a EEUU o a Israel”.

¿Qué decir al respecto, que el propio Cantelmi no sepa? ¿Que las imágenes de Bin Laden aparecen y desaparecen a la medida de las necesidades norteamericanas? ¿Que una “revolución” en un país oprimido del Tercer Mundo es inverosímil sin muestras de repudio al imperialismo yanqui y a sus títeres sionistas? El hecho invocado por Cantelmi prueba exactamente lo contrario de lo que él quiere probar: a Kadafi no lo derribó ninguna “revolución popular”, sino una conspiración imperialista urdida por EEUU, sus socios europeos y sus sirvientes del mundo árabe. Acaso la gorra con la inscripción “Nueva York” que cubría la cabeza del presunto asesino de Kadafi sea un claro indicador de ello, como lo fue la bandera norteamericana que envolvió una estatua de Saddam el día de su caída.

En la parte final de su nota, Cantelmi se permite formular predicciones. Tras afirmar alborozado, en sintonia con los discursos de Obama, Cameron y Sarkozy, que “el final de Kadafi abre un proceso de democratización”, anuncia que “el final del capítulo libio es la peor de las noticias para Siria y para Irán”. La tiene clara el “izquierdista” Cantelmi. Magnetto debería aumentarle el salario. La invasión imperialista de Libia y el asesinato de su líder, que combatió hasta el final como había prometido, ha sido tan sólo “un capítulo” de una estrategia que empezó con Irak y Afganistán y que amenaza continuar con Siria y con Irán. El brazo del imperialismo se extiende sangrientamente por el Medio Oriente, posicionándose para la disputa por la hegemonía mundial que mantendrá con China en las próximas décadas. Los países coloniales y semicoloniales de Afríca, Asia y América Latina debemos encontrar la manera de no ser meras piezas descartables en un tablero diseñado por otros.

El líder de la Libia revolucionaria que derrocó a la monarquía hace 40 años había jurado que combatiría hasta el final en defensa de la soberanía nacional atacada por las bombas de la OTAN y por los mercenarios financiados por la monarquías del Golfo Pérsico. Cumplió con su palabra. Hoy festejan Obama, Cameron, Sarkozy, Berlusconi y los grandes criminales que administran la “sociedad global”. Ya anunciaron que en los próximos días viajará una misión del FMI para colaborar con la “reconstrucción” del país que ellos mismos han contribuido a destruir. Una vez más, todas las fases de la política diseñada por el imperialismo se han cumplido a la perfección. Primero, la campaña mediática que denuncia al “dictador” que viola los “derechos humanos”. A continuación, la “guerrra humanitaria” que pretende “liberar” a un pueblo supuestamente oprimido por el “dictador”. Luego, el asesinato brutal de los dirigentes derrocados, y hasta de sus familiares, a manos de algún agente de la CIA o del Mossad infiltrado en el terreno. Y por fin, el envío de los hombres de negocios de Occidente que construiràn los canales económico-financieros por los que se le succionará la riqueza al país invadido. Todo con la complicidad activa o pasiva de la llamada “comunidad internacional” y de su “prensa libre”. Y con la mirada atenta de los estrategas del Pentágono que se posicionan estratégicamente con los ojos clavados en la China milenaria.

Es importante comprender que en todo este armado el imperialismo no opera sólo con su brazo derecho, sino tambièn con su brazo izquierdo. En este caso, el brazo izquierdo lo constituyeron las organizaciones “trotskistas” o “maoistas” que acompañaron desde el inicio la ofensiva imperialista, agitando la consigna “Abajo Kadafi”. En Argentina, los grupos ultraizquierdistas reunidos en ese rejunte electoralista llamado “Frente de Izquierda” llegaron hasta el extremo de movilizarse para exigir que el gobierno kirchnerista rompiera relaciones con Kadafi. Pretendieron creer y hacer creer que Kadafi era un “dictador proimperialista” y que quienes finalmente lo derrocaron y asesinaron formaban parte de una “primavera democrática” asentada en “comités revolucionarios” que pugnaban por una suerte de régimen soviético. La función objetiva de estos grupos fue evitar que se generara una corriente de opinión internacional que estorbara el desenvolvimiento de la agresión imperialista. Presentar a Kadafi como “tirano”, como “dictador”, como “genocida” o, contrairando la lógica más elemental, como amigo de sus enemigos, perseguía el propósito de prevenir una eventual simpatía que su régimen patriótico pudiera desperatr entre las masas oprimidas, que saben por instinto quién es quién en la arena de la politica mundial. ¡Y vaya que lo consiguieron! Las organizaciones estudiantiles, tan propensas a abandonar las aulas e invadir las calles con sus reclamos, brillaron por su ausencia en esta oportunidad. La ultraizquierda cipaya, que controla la FUBA y dispone, a pesar de su carácter minoriatioro, de cierto poder de movilización, no movió un dedo en defensa del pueblo y del gobierno libios.

Seis meses atrás, Jorge Altamira, de PO, sostuvo la tesis de que el imperialismo apoyaba a Kadafi,^[1] al que califica como “dictador pro-imperialista”. Altamira, por supuesto, estaba en contra de Kadafi y apoyaba su derrocamiento. La pregunta es qué dirá ahora. ¿Se autocriticará por su disparatado análisis? ¿O estará brindando por la muerte del “dictador”?

Nuestra estructura escolar no es -ni ha sido- respuesta a las necesidades del país, sino trasplante. En el siglo XIX está de moda Francia, pues se copia lo francés. La docencia se daba en francés y todo el sistema, francés. Los textos escolares, traducciones de los usados a orillas del Sena. 1870: victoria prusiana y derrota gala. Entonces se importa la Misión Pedagógica Alemana y todo es alemán. En el siglo XX el espejo es EEUU y se cree que se podrá adquirir el desarrollo y la democracia yanqui si le imitamos su educación. Antes se sostuvo que inspirándonos en lo francés nos hacíamos “cultos” y en Alemania, “disciplinados”. Ahora si nos norteamericanizábamos seríamos “prósperos” y “democratizados”. Otra oligarquía permanece fiel a Londres y eso explica el Saint George y The Grange donde estudian los que mandan en Chile. Claro está —hay que advertir— tal liderazgo no deriva de estudiar en esos planteles, sino porque los clientes provienen de las familias ABC1. El “pecado” de importar modelos no es sólo de la derecha.

La izquierda no escapa de la práctica del calco. Durante la Presidencia de Allende se intenta introducir la ENU —Escuela Nacional Unificada— que de “nacional” poco tenía, pues copia el sistema escolar de la RDA. Ministra del rubro entonces es la esposa de Erich Höneker. Se instalan en el MINEDUC expertos germanocomunistas. Ante la resistencia la UP retira el proyecto. La LOCE del Capitán General se inspira en las tesis de Milton Friedman. La Concertación trasplanta la reforma escolar de la España del PSOE.  La copiadera no es sólo institucional, sino también teorética. Ello se acompaña de la exaltación de doctrinas pedagógicas extranjeras y desprecio —o ignorancia— del teorizar sobre educación que generan coterráneos ilustres. Por ejemplo, nadie —en las Facultades de Educación— menciona, como expertos en la materia, a Manuel de Salas, Simón Rodríguez, Encina, Galdames o Santiván. Proponer estudiarlos es extravagancia… Los “colonos mentales” los descalifican porque son criollos. Lo exótico es lo único juzgado valioso.

La detención del delegado general de la línea del ferrocarril Sarmiento, Rubén Sobrero y de Leonardo Portorreal tiene todas las características de una operación de judicialización de la protesta obrera. La única prueba “consistente” que los involucra, el testimonio de uno de los supuestos autores de la quema de vagones del pasado 2 de mayo carece de la mínima verosimilitud, según la admisión del propio juez, mientras que la actitud de los policías, demorando casi cinco meses en poner en conocimiento de la justicia este testimonio, indica de hasta que punto se trata de una causa armada. Sobrero y Portorreal fueron detenidos un viernes y liberados un lunes, cuando ya era pública y notoria la endeblez de los cargos que se les imputaban. El juez decidió la liberación, según explicó, luego de escuchar el descargo de Sobrero. ¿Necesita su señoría enterarse de que no son los trabajadores quienes destruyen sus fuentes de trabajo sino, por el contrario, quienes las defienden? ¿Acaso no tenía conocimiento del estado deplorable de la línea Sarmiento, expuesta constantemente a posibles accidentes por falta de mantenimiento por responsabilidad de sus administradores privados y estatales?

Apenas se produjeron las detenciones el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió a decir que “en el expediente hay elementos más que suficientes para detener por asociación ilícita” a los gremialistas. El hecho de que el expediente estuviese herméticamente cerrado bajo el rótulo “secreto del sumario”, no fue obstáculo para que el gobierno conociese su contenido y procediese de inmediato a dar pleno apoyo al accionar de la justicia. Síntoma elocuente que señala quién está detrás de las detenciones. Aníbal Fernández es el mismo funcionario que en mayo pasado atribuyó a Pino Solanas la responsabilidad de la quema de vagones sin aportar la más mínima evidencia; es el mismo personaje que siendo intendente de Quilmes se escapó de la justicia escondido en el baúl de un automóvil. Su credibilidad es nula. Se trata del típico personal de Palacio, que en casos como éste sólo abre la boca cuando recibe instrucciones desde arriba.

Las acusaciones que hoy pesan sobre delegados y activistas del ferrocarril Sarmiento se inscriben en una tendencia creciente de criminalización de las luchas obreras y sociales, imperante en círculos judiciales definidamente clasistas, en algunos casos asociados al interés de los gobiernos de turno; tendencia por demás significativa si se tiene en cuenta el manto de impunidad que rodea a los ladrones de guante blanco (y no tan blanco) en casos notorios de corrupción gubernamental o delitos gravísimos como el contrabando de armas a Ecuador y Croacia y la voladura del polvorín de Rio III.

Los trabajadores tomaron debidamente cuenta del significado de los intereses que se dirimen en torno al caso de la línea Sarmiento y, desde la CGT hasta las fracciones radicalizadas de los sindicatos, estrecharon filas. Es cierto que la burocracia tiene sus propias razones para solidarizarse con los compañeros detenidos. Sin embargo, más allá de los intereses particulares, lo que está en juego es el derecho democrático de los trabajadores a luchar por sus reivindicaciones sin tener que afrontar la amenaza de ser criminalizados. En este punto la unidad de clase es lo que prevalece; constituye una advertencia a las patronales, la justicia y el propio gobierno de que las posiciones conquistadas tras la crisis de diciembre de 2001 no van a ser cedidas sin lucha.

Con la decisión de suspender la construcción de la carretera que debía vincular los departamentos de Cochabamba y Beni (demorada desde hace 185 años), Bolivia es el primer país de América del Sur (y tal vez del mundo) en el que grandes ONG controlan el poder. A partir de ahora, todas las obras viales necesitarán la aquiescencia de grupos indígenas que responden, entre otras, al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, financiado por países de Europa Occidental), y al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), subvencionada por la Embajada de EEUU. Lo anterior incluye a intentos de construir hidroeléctricas o termoeléctricas, plantas concentradoras de minerales, modernizar la agricultura o la agroindustria y promover flujos poblacionales en un país en el que hay escasa población donde muchos árboles y mucha población dónde hay pocos árboles. En consecuencia, Evo Morales ya no preside un gobierno con la presencia de ONG, sino un presidente prisionero de las ONG, que avanzan en la consolidación de su propia dictadura.

Tales avances están respaldados por el Convenio 169 de la OIT (1989) y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), a los que Bolivia adhirió sin reparos. Si transgrediera estas normas, podría ser demandada ante la Corte Interamericana de Justicia, cuyos fallos pretenden ser obligatorios. Lo ocurrido tiene como antecedente la preocupación europea por la contaminación de sus aguas y el agotamiento de sus tierras. Por este razón busca mantener intocadas a regiones periféricas, que podría ocupar en el futuro. Las presiones para declarar a la Amazonía “reserva de la humanidad” y la acelerada compra de tierras en África y América Latina respaldan esta afirmación. Las ONG han arremetido a un país sin cohesión interna, con graves antagonismos regionales y que, por tanto, carece de defensas para detener intereses foráneos que buscan disgregarlo. Las ONG son como un vaso de whisky, que puede ser bebido sin problemas por una persona adulta. Pero que daña gravemente a un país casi niño como Bolivia.

El ejemplo de EEUU y los abogados de Bruselas

Entre el 9 y el 14 de julio pasados, la Embajada de EEUU en La Paz auspició conferencias de los académicos Lindsay Robertson, Stephen Greetham y Amanda Cobb. Greetham dijo que en su país “las tribus son dueñas de los recursos naturales que están sobre la tierra y debajo de ella”. Robertson añadió que “dónde hay gas, su propiedad es de los pueblos indígenas y no de toda la población”. Los especialistas puntualizaron que Bolivia había avanzado por similar camino. Lo que no dijeron es que los recursos naturales, una vez en manos aborígenes, son transferidos a las transnacionales, a cambio de poder y dinero, que los han corrompido hasta la médula. (Jaime Salvatierra: “Rebelión.org, 23-09-11).

Las conquistas indigenistas se consideran inamovibles. El ex viceministro de tierras, Alejandro Almaraz (CEJIS), aclaró que no se aceptará el referéndum que propuso Evo para viabilizar la carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) y que si se insiste en éllo, tendría que cambiarse la Constitución Política del Estado, la que, según los indigenistas, reemplazó al Estado colonial por un Estado plurinacional. La intangibilidad del parque no satisface a las ONG. Los habitantes del TIPNIS han pedido la modificación de leyes aprobadas en los últimos meses y que no contemplaron totalmente sus exigencias. Se refirieron, por ejemplo, a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en la que la administración de territorios, jurisdicciones y manejo de recursos naturales aún es nebulosa. También demandan mayor independencia y atribuciones para la justicia comunitaria, pese a que numerosos linchamientos producidos bajo su invocación han quedado impunes. Dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) dijeron al Vicepresidente Alvaro García Linera que su pedido de explorar hidrocarburos en el departamento debía ser discutido con sus abogados en Bruselas. El organizador de la visita de los académicos estadounidenses, Eliseo Abelo, coordinó la resistencia en el TIPNIS con Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), y Rafael Quispe de la Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ).

Torpezas que aglutinaron a izquierdistas y neoliberales

Los grupos indígenas que se opusieron a la obra contaron con sucesivas torpezas del gobierno, como el pedido de Evo a sus partidarios de enamorar a las aborígenes, a fin de cambiar la decisión de sus dirigentes, impedir, por medio de policías, que inclusive niños y embarazadas que realizaban una marcha de protesta, se abastezcan de agua de un arroyo cercano, para luego reprimirlos con ferocidad de esbirros alcoholizados. Cuesta creer que la misma persona que hizo aprobar en la ONU los derechos de la madre tierra e hizo declarar al agua como derecho humano, hubiera tolerado que el líquido elemento sea negado a caminantes abrasados por la sed. Estos antecedentes conformaron un abanico opositor que abarcó desde los dirigentes trotskistas del magisterio de La Paz hasta los gobernadores del Beni y Santa Cruz, identificados con el terrateniente Branco Marinkovic, a quien se expropiaron sus propiedades, antes de que fugara del país. De esta manera, quedó borrada la línea que separa la defensa de derechos humanos con la demanda de impedir la construcción del camino.

La amalgama incluyó al aymara Víctor Hugo Cádenas, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien, junto al resto de partidos opositores, aseguró que la ruta sólo beneficiaría a cultivadores de coca, como si fuera imposible que un Estado construya caminos, sin favorecer al narcotráfico. La parálisis de obras se produce en momentos en que los pueblos de tierras bajas recibieron alrededor de ocho millones de hectáreas cultivables, en tanto el 25 % de la población boliviana (unos 3 millones de personas) se fueron de Bolivia por falta de trabajo o de un pedazo de tierra para sembrar alimentos. Sólo en Buenos Aires viven un millón de bolivianos expulsados de su Patria por razones económicas (Periódico “La Razón”, 24-09-11).

El reciente discurso desarrollista de Evo perdió credibilidad. El 26-XII-10, casi duplicó, por presión de las transnacionales, el precio de los combustibles. La medida tuvo que ser derogada ante la indignación popular. A ello se sumó la lamentable gestión pública, que convirtió al país en importador de gasolina, GLP, diesel, arroz, maíz y azúcar. La administración minera provocó que Huanuni, empresa en manos del Estado, produzca estaño a más de 9 dólares la libra fina, en tanto que yacimientos similares en el Perú lo hacen a 4.50 dólares. 5.000 cooperativistas fueron incorporados a Huanuni como trabajadores regulares, para luego disminuir la edad de los jubilación, en tanto lo trabajadores activos no dejan de exigir más beneficios. Las utilidades de la japonesa Sumitomo, que explota San Cristóbal, en Potosí, ascienden a 1.000 millones de dólares anuales, en tanto que su tributación no alcanza a pagar el agua que consume y que tiene enorme valor en la zona desértica donde se halla el yacimiento.

Del estado colonial al estado plurinacional

Los soldados israelíes logran aplacar sus remordimientos por la ocupación de Palestina repitiendo el siguiendo pensamiento: “Hemos sufrido tanto (como pueblo judío), que tenemos derecho a matar”. El indigenismo boliviano podría repetir casi lo mismo: “Hemos sufrido tanto que tenemos derecho a matar a Bolivia”. La base del razonamiento se halla en predicar que Evo, desde su llegada al gobierno, el 2006, ha reemplazado al Estado Colonial por un Estado Plurinacional. Los defensores de ese punto de vista no pueden explicar cómo el supuesto Estado Colonial permitió que un candidato indígena triunfara en las elecciones presidenciales del 2005 y se le abrieran las puertas del Palacio de Gobierno. Cómo el supuesto Estado Colonial puso en vigencia el voto universal, hace más de medio siglo, con lo que todos los ciudadanos del país fueron equiparados jurídicamente. Cómo en el supuesto Estado Colonial hubo decenas de representantes indígenas (cada vez más numerosos) en el Parlamento Nacional, a partir de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952.

Es verdad que la sociedad post-52 mantuvo resabios coloniales, que excluyeron a quechuas, aymaras y guaraníes del Colegio Militar, la Academia de Policias, las Asociaciones Empresariales, las Embajadas y gran parte de la administración pública. Estos perjuicios, de raíz cultural antes que jurídica, fueron debilitándose a través de los años, hasta que el gobierno de Evo terminó por liquidarlos con importantes disposiciones legales como la ley contra el racismo y nuevos diseños institucionales a través de la creación del Viceministerio de Justicia Comunitaria, el viceministerio de Salud Tradicional, el Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural o el viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales. Estas y otras medidas paralelas han convertido a Evo en uno de los Presidentes más importantes de la Historia Republicana.

La caracterización de Estado Colonial es aplicable a la Bolivia pre-52, en la que, en un año no tan lejano como 1945, existía todavía una suerte de inmobiliarias de indios, como puede constatarse por los siguientes anuncios publicados en “El Diario”.

“Arturo Hinojosa vende una finca en Sorata con 15 indios por Bs. 330.000” (22 de mayo de 1945)

“Arturo Hinojosa, vende una finca en el altiplano, a la hora de viaje de La Paz en automóvil, tiene una casa de hacienda, ganado vacuno, pastales y colonos. Bs. 320.000” (22 de mayo de 1945)

“Vendo una hermosa finca en el valle con 40 peones…”. Referencias Comercial Bustos. (11 de mayo de 1945)

El colonialismo interno iba, sin embargo, debilitándose en forma implacable por rebeliones indígenas, el surgimiento de nuevas organizaciones políticas como el MNR y el fortalecimiento de estructuras sindicales, como la Federación de Mineros. Estas organizaciones de resistencia tienen como antecesores a los combatientes indios y mestizos (de donde emerge lo indo-mestizo) de nuestra gesta por la independencia del Imperio Hispano. Lo indo mestizo permitió que Bolivia no desapareciese pese a tres conflagraciones internacionales, la última de las cuales tuvo tres años de duración. Lo indo mestizo hizo emerger al sector patriótico de las FFAA, que nacionalizó a la Standard Oil, en 1937, en el gobierno del general Toro, obligó a los barones del estaño a depositar sus divisas en el Banco Central, en el régimen del Tcnl. Germán Busch, y que convocó al primer congreso indigenal, en la gestión del coronel mártir Gualberto Villarroel.

El indigenismo y los estados continente

El indigenismo de las ONG no ofrece futuro alguno. Se limita a acuñar frases ecologistas y etnicista, que se contraponen y anulan apenas dos teóricos de esta tendencia pretenden ponerse de acuerdo. La corriente nacional – popular, en cambio, considera erróneo ignorar la Historia de Bolivia, con sus luces y sombras. El indigenismo mutila la historia al ocultar, por ejemplo, la lucha coordinada entre los ejércitos auxiliares de las Provincias Unidas y los ejércitos del caudillo aymara, Juan Manuel Cáceres, de cuyo pacto formaron parte destacados mestizos como Esteban Arce.

No la valora al restar importancia a los pensadores nacionales que combatieron al Estado Colonial, como Montenegro, Céspedes, Sergio Almaraz, Quiroga Santa Cruz y Zavaleta, y que tienen en Franz Tamayo y Carlos Medinaceli a sus precursores. No capta la trascendencia de figuras como las del patriota cruceño José Ortiz Mercado que elaboró, junto a un importante equipo de economistas, la Estrategia para el Desarrollo Nacional (gobierno del general Ovando, 1969-1970), en la que, a diferencia de ahora, el esfuerzo interno y no la ayuda foránea debían ser el motor del desarrollo.

Los pensadores nacionales enseñaron la importancia de construir dignidad. Esto es algo que no aprendió Evo al aceptar donativos de ambulancias españolas, computadoras francesas, carros bomberos de Gran Bretaña y cheques venezolanos, que han desordenada administración pública hasta límites inmanejables. El “vivir bien”, la relación armónica con la naturaleza o la elaboración de un nuevo modelo civilizatorio sólo puede emerger de la Nación Continente Sudamericana primero y latinoamericana después, con capacidad de dialogar y negociar con otras naciones continente, como Rusia, India, China, Europa Occidental, Estados Unidos, la Unión Africana y la articulación de países árabes.

Sostener que 36 inventadas naciones son el nuevo sujeto histórico que conducirá los destino del país, como hace Alejandro Almaraz, carece de seriedad. Se necesita persuadir a los grupos étnicos, por pequeños que sean, que la necesidad de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos pasa por formar parte de una comunidad nacional que los respete y valore. Lo anterior implica desarrollar y fortalecer el yo colectivo, frente a las acechanzas de predicadores rentados, que lucran con nuestras angustias. Sería injusto ignorar los aportes históricos y antropológicos, desarrollados en los últimos decenios, por intelectuales procedentes del mundo aymara, quechua y guaraní. Ese pensamiento articulador debe impedirnos caer en la explotación irracional de recursos naturales, en lugar de equilibrar desarrollo y preservación del medio ambiente, vigencia de Derechos Humanos Colectivos e Individuales, unidad nacional y respeto a lo diverso.

El discurso de la presidenta Cristina Fernández en la Asamblea General de las Naciones Unidas no fue del agrado de las organizaciones judías argentinas. No sólo porque Argentina se alineó con la mayoría de los países que reclaman el reconocimiento pleno de Palestina como Estado miembro de la organización internacional, sino también porque el gobierno aceptó la propuesta de Irán de iniciar un diálogo en torno al diferendo originado en torno a la causa Amia. Precisamente sobre este asunto el titular de la DAIA, Aldo Donzis, declaró que el diálogo con Irán “debilita” a la justicia argentina. “Hemos venido reclamando que, en virtud de lo dispuesto por la justicia argentina, la República Islámica de Irán se someta a la jurisdicción y permita precisamente que quienes están acusados de haber intervenido, con algún grado de participación en el atentado de la AMIA, puedan someterse a la justicia”, señaló apenas regresó de Nueva York.

Difícilmente estos argumentos logren convencer al régimen iraní de que debe confiar en la justicia argentina, al menos en la que sigue la causa por el atentado contra la AMIA. El pasado 30 de agosto Clarín tituló una de sus más importantes noticias, aunque relegada la página 15, del siguiente modo: “AMIA: insólito pedido de disculpas de un fiscal a EE.UU.” La nota reproducía párrafos de un libro del periodista Santiago O’ Donnell, basado en las revelaciones difundidas a través de Wikileaks, referidas a la Argentina. En esos textos puede comprobarse el vivo interés del fiscal Alberto Nisman en disculparse ante la embajada de Estados Unidos, por no haberle avisado de que pediría la detención del ex presidente Carlos Menem como responsable del desvío de la investigación en el comienzo de la causa. El pedido, formulado en 2009, tomó por sorpresa a los norteamericanos, especialmente porque coincidió con la llegada al país de John Pistole, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). El embajador Earl Anthony Wayne escribió en uno de sus correos que “Nisman dijo varias veces que no pensó que la visita se conectaría con ese anuncio. Dijo que pedía muchas disculpas y que agradecía el apoyo y la ayuda del gobierno de Estados Unidos y que de ninguna manera quería socavar eso”. De acuerdo con lo que desprende de la correspondencia electrónica del diplomático extranjero, los norteamericanos no se andaban con vueltas y no tenían pruritos en indicarle al fiscal cuál debía ser el curso de la investigación: “En los últimos días funcionarios del Departamento de Legales de la embajada le ha recomendado a Nisman que se enfoque en los perpetradores del ataque y no en el desmanejo de la primera investigación. Semejante acción sólo confundiría a los familiares de las víctimas y distraería la atención de la caza de los verdaderos culpables”.

Está visto que el fiscal prefiere lo “políticamente correcto” al tomar decisiones. ¿Podía esperarse otra cosa de un funcionario judicial que en 2007 rindió cuentas de la investigación del atentado ante la Asamblea Anual del American Jewish Committee, un influyente foco sionista a nivel internacional, y en 2008 repitió este mismo comportamiento ante la Suprema Corte de Justicia de Israel?

La causa AMIA fue orientada desde un comienzo por objetivos políticos según los intereses que rodean al enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con Irán. Una causa que no ha logrado presentar pruebas consistentes de la participación de los iraníes en el atentado;  en la que, en lo sustancial, las acusaciones provienen de declaraciones de disidentes del régimen de Teherán y de informes de la CIA, el Mossad y la SIDE, y en cuyas conclusiones son más los puntos oscuros que los que ha logrado desentrañar.

Aun así las organizaciones locales que dicen representar a la comunidad judía argentina insisten en avalar esta investigación. ¿Les interesa realmente hacer justicia identificando y castigando a los culpables, sea cual sea su nacionalidad, creencias y motivaciones, o simplemente su reclamo de justicia se subordina a los dictados de la política de enfrentamiento que Israel mantiene con Irán? Recientemente, a raíz de la presentación de la Autoridad Nacional Palestina ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, DAIA, AMIA, OSA Y FACCMA, emitieron un comunicado en uno de cuyos párrafos puede leerse lo siguiente: “La comunidad judía argentina, reafirma su identificación con el Estado de Israel y su capital eterna Jersusalem, con el cual la unen lazos indisolubles (…)”. Luego de esta declaración de quienes se consideran representantes de los judíos argentinos y en realidad se identifican con un Estado extranjero, por lo demás un Estado racista y colonialista, verdadera vergüenza que subsiste en el siglo XXI, queda en claro que además de los 85 compatriotas brutalmente asesinados, las otras grandes víctimas de la causa AMIA van a ser la justicia y la verdad.

por O.C.

A pocas horas de finalizada su presentación ante la Asamblea General de Naciones Unidas el titular de La Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, declaró su rechazo al pedido de reiniciar negociaciones con el gobierno israelí formulado por el denominado Cuarteto de Medio Oriente (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y ONU). La propuesta carecía de toda seriedad; simplemente fijaba un cronograma que debía culminar en un acuerdo de paz, mientras aceptaba de hecho que Tel Aviv continuara implantando asentamientos en territorio palestino. El solo hecho de que el representante de ese patético cuarteto sea Tony Blair, el mismo personaje canallesco que secundó a Bush en las invasiones a Iraq y Afganistán, revela el grado de credibilidad que puede reclamar para sí este tipo de diplomacia. Antes de esto los delegados de la Asamblea General habían tenido que escuchar el grotesco discurso del presidente Obama, abogando abiertamente por los intereses de la burguesía sionista, como si los palestinos fueran los ocupantes que someten a prácticas de limpieza étnica a los habitantes de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. El discurso había sido precedido por amenazas de Washington a los dirigentes palestinos para que no formulasen el reclamo de reconocimiento estatal ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, junto con advertencias de represalias económicas a la ONU si la iniciativa prosperaba.

La hipocresía y el cinismo del “premio nobel de la paz” superó todo lo que podía esperarse cuando afirmó que palestinos e israelíes debían arreglar sus diferencias mediante una negociación, y no por la decisión de una instancia extranacional, como si ocupantes y ocupados, opresores y oprimidos estuvieran en un pie de igualdad. ¡La burguesía sionista en Washington y en Tel Aviv dicta la política exterior al presidente norteamericano en los asuntos de Oriente Medio, y éste se subordina a sus imposiciones, pendiente del voto judio en las próximas presidenciales así como del financiamiento de su campaña electoral! Obama sabe muy bien que entre palestinos e israelíes no hay posibilidad de negociación alguna, simplemente porque el régimen sionista no está dispuesto a aceptar la existencia de un Estado palestino, como lo prueba el hecho de que sus sucesivos gobiernos se han burlado sistemáticamente de los acuerdos de Oslo y de las resoluciones de Naciones Unidas reclamando la devolución de territorios ocupados. Siguiendo una política sistemática, que no diferenció colores partidarios, esos gobiernos han fragmentado de tal modo el territorio de Cisjordania con asentamientos, cordones sanitarios, carreteras restringidas a los colonos judíos y el Muro de la Vergüenza, que de hecho volvieron insostenible la existencia de una estructura estatal independiente. Ni aún realizando concesiones cercanas a una capitulación por parte de la ANP, existió nunca posibilidad de un acuerdo.

La intransigencia irreductible de la burguesía sionista quedó al desnudo a comienzos de este año al difundir la cadena Al-Jazeera 1600 documentos relativos a las negociaciones secretas sostenidas en 1998 entre el régimen de Abbas y el gobierno de Ariel Sharon. Según esos papeles la ANP estuvo dispuesta a convalidar la anexión de los barrios judíos establecidos en Jerusalén Este a partir de 1967, a aceptar el intercambio desfavorable de territorios y a limitar el “Derecho al retorno” a la repatriación de 100.000 refugiados palestinos en un plazo de diez años, de los cinco millones que permanecen expatriados. Así y todo al gobierno de Sharon no le pareció suficiente y la negociación fracasó.

Menos que nadie el actual primer ministro Netanyahu puede afirmar en la ONU: “la verdad es que Israel quiere la paz, la verdad es que yo quiero la paz (…) La verdad es que hasta ahora los palestinos se han negado a negociar”. No es para asombrarse. El personaje es conocido dentro y fuera de Israel como un mentiroso. En julio del año pasado el Canal 10 de Israel difundió un video en el que Netanyahu (sin saber que lo estaban grabando) explicó como a fines de los 90’, siendo primer ministro, había engañado al presidente Clinton haciéndole creer que estaba poniendo en práctica los acuerdos de Oslo, realizando retiros parciales de Cisjordania, cuando en verdad estaba reforzando la ocupación. Durante su involuntaria confesión Netanyahu admitió que lejos de ser defensiva la represión militar contra los palestinos que en esos momentos desencadenaban la segunda Intifada, tenía el propósito de aplastar a la Autoridad Palestina para obligarla a aceptar las condiciones que el régimen sionista decidiera dictarle. En un pasaje ilustrativo señaló que Israel debía infligir “golpes que sean tan dolorosos que el precio sea demasiado grande para soportarlos… Un amplio ataque contra la Autoridad Palestina, para llevarlos al punto de temer que todo se esté derrumbando”. Cuando se le preguntó por la actitud que adoptaría Washington respondió sin dudar: “A Estados Unidos se le puede mover fácilmente. Mover en la dirección correcta… No se interpondrá en nuestro camino… Un ochenta por ciento de los estadounidenses nos apoya. Es absurdo”.

La revolución árabe en marcha

El gobierno de Tel Aviv ha dicho de todos los modos posibles que no está dispuesto a volver a las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967. Estados Unidos, por su parte, ha desencadenado una presión extraordinaria para impedir que el reclamo palestino obtenga la mayoría de nueve votos, y por tanto sus representantes se vean obligados a utilizar el privilegio de veto, aumentando el desprestigio de que goza su política entre las masas árabes. Pero lo cierto es que tanto Israel como Estados Unidos ya están políticamente derrotados. El viejo equilibrio del Oriente Medio, que tuvo por llave maestra los acuerdos de Camp David firmados hace más de tres décadas por los gobernantes egipcios e israelíes, está definitivamente quebrado. Las revoluciones populares que en Egipto pusieron fin al régimen de Hosni Murabak y en Túnez al de Ben Alí, y se extendieron como masivos movimientos de protesta en el resto de la región, hundieron el balance de poder que le permitió a los gobernantes israelíes someter al pueblo palestino a un régimen de apartheid en Cisjordania y reprimirlo brutalmente en Gaza, sabiendo de antemano que podían contar con el beneplácito cómplice de El Cairo, Riad y Amman. Durante ese extenso período de reflujo de la revolución árabe, sólo la heroica resistencia del pueblo palestino impidió que el sionismo consumara su proyecto de extender su dominio definitivo sobre el total de Palestina. Sin embargo, desde comienzos de este año la situación ha cambiado. No fue por nada que una sensación de temor y preocupación invadió a la dirigencia sionista cuando vio tambalear a los corruptos regímenes de Mubarak y Ben Alí; no fueron desinteresados los desesperados llamados que lanzó a sus aliados occidentales para que intervinieran contra la rebelión popular. En Egipto el gobierno militar, bajo una fuerte presión de masas, como reveló la reciente ocupación de la embajada israelí en El Cairo, ha tomado distancia de Tel Aviv; otro tanto ha hecho el gobierno de Turquía, luego del asesinato de nueve de sus ciudadanos, integrantes de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. La administración del ultraderechista Netanyahu, coaligado con laboristas y partidos religiosos, está cada vez más aislada. Sólo puede contar con el apoyo de Washington y sabe que no es seguro el respaldo de los países europeos. Aun cuando esa oligarquía llamada Consejo de Seguridad no apruebe la incorporación de Palestina como Estado miembro con plenos derechos, la próxima votación abrumadoramente favorable en la Asamblea General, reconociendo parcialmente esos derechos, constituirá una sensible derrota política para el régimen sionista y sus contados aliados. Pero sobre todo constituirá una advertencia de que la historia no se detiene; puede hacer un alto, a veces de varias décadas, en el cual las peores calamidades se descargan sobre los pueblos como en el caso de los palestinos, pero finalmente reemprende su marcha y deja atrás toda la escoria, la maldad y la infamia que acumuló en la época de reacción.

El investigador del Conicet, Vicente Palermo, viene de escribir un interesante y revelador artículo sobre Malvinas. Palermo, investigador del Conicet, se ubica de esa forma en la más genuina tradición intelectual liberal de la Argentina uno de cuyos máximos representantes, en el siglo XIX, fue Don Domingo Faustino Sarmiento. Importa, antes de analizar el artículo de Palermo, volver a traer a la memoria algunas de las máximas de Sarmiento pues, es en el pensamiento del “maestro de América” donde abreva, el pensamiento histórico liberal o progresista. Veamos, entonces, algunas de las opiniones más importantes vertidas por Sarmiento que conforman el ADN del pensamiento de muchos jóvenes intelectuales como Vicente Palermo. “El día que Buenos Aires vendió su Escuadra hizo un acto de inteligencia que le honra. Las costas del Sur no valdrán nunca la pena de crear para ellas una Marina. Líbrenos Dios de ello y guardémonos nosotros de intentarlo”.(“El Nacional” - 12/12/1857 ).“La Inglaterra se estaciona en las Malvinas. Seamos francos: esta invasión es útil a la civilización y al progreso”. ( “El Progreso” -  28/11/1842). “Propicio una colonia yanqui en San Juan y otra en el Chaco hasta convertirse en colonias norteamericanas de habla inglesa porque EE.UU. es el único país culto que existe sobre la tierra. España, en cambio, es inculta y bárbara. En trescientos años no ha habido en ella un hombre que piense… Europa ha concluido su misión en la historia de la humanidad”.( años 1866 y 1868).

En el artículo en cuestión Vicente Palermo afirma: “Entre las propuestas concretas disparadoras del debate deberían estar, a mi juicio, las siguientes: 1. la propuesta a Gran Bretaña de reeditar la fórmula del “paraguas de soberanía” como marco para una política de cooperación de gran alcance; 2. el reconocimiento de los isleños (malvinenses/Falklanders) como sujetos de derechos y deseos y no apenas de intereses; 3. la remoción de la cuestión Malvinas de la cúspide de las prioridades de la política exterior argentina y 4. la adopción de algunas decisiones simbólicas y legales (como la relacionada al feriado del 2 de abril)”. De estos cuatro puntos, sin duda, el más importante es el número dos, el reconocimiento de los isleños como sujetos de derecho pues, de esa forma, la Argentina admitirá que los isleños tienen el derecho a la autodeterminación y estos, entonces, podrán elegir “libremente” entre pertenecer a la Argentina o “constituir un estado independiente”. No creemos necesario que el Estado Argentino recurra a la encuestadora Mora y Araujo para saber el posible resultado de tal votación. La posición de Palermo tiene la virtud, como la tenía la de Sarmiento, de ser clara y prístina. La versión de Palermo nos es de una gran utilidad pues revela cabalmente los pasos que Inglaterra quiere que la Argentina siga. De esta forma se encuentra perfectamente justificado su sueldo en el Conicet. Al saber lo que los ingleses quieren que hagamos sabemos, entonces, lo que no tenemos que hacer.

La fuerza geopolítica del Brasil es tan grande con relación a sus vecinos, con excepción de Argentina y Venezuela, que les rompe las costillas aún cuando quiere abrazarlos amistosamente. Al no existir una contraparte hispanoamericana, las líneas maestras de la política bandeirante no tienen freno. Lo anterior se halla estimulado por la herencia de la diplomacia de Portugal, que desplegó profesionalismo y creatividad para impedir que ambiciones expansionistas en el viejo continente terminen con su existencia. Esa geopolítica defensiva se transformó en geofagia en la América del Sur, en cuya historia aparecen no pocas veces los diplomáticos de Lisboa ganando contiendas al Imperio Hispano en la mesa de negociaciones, pese a haberlas perdido en los campos de batalla.
Su base de sustentación está en la burguesía de San Pablo, que convirtió a Brasil en acreedor del FMI, incrementó su influencia en el Banco Mundial, privatizó un tercio de la Amazonía en favor de ganaderos y madereros, logró que IIRSA se acomode a sus intereses de infraestructura vial, compró a Francia un submarino nuclear para proteger sus reservas de gas junto al mar, para luego anular la adquisición de aviones franceses y reemplazarlos por otros de fabricación estadounidense. Ha sido sede del Foro Social Mundial, en el que expusieron sus posiciones anticapitalistas Castro, Chávez y Evo Morales, sin preocuparse que la Fundación Ford, vinculada a la CIA y que ayudó a Hitler a tomar el poder, fuera una de sus principales auspiciadoras.
El pasar a rango de potencia emergente, junto a Rusia, India y China (BRIC), acentuará el pragmatismo de sus relaciones exteriores, más aún, después de haber inclinado la balanza a favor de Evo, cuando éste se hallaba enfrentado a la “Media Luna”, a la que se había infiltrado la separatista Nación “Camba”. El apoyo del ex líder obrero a las candidaturas del MAS, hizo que el Presidente boliviano calificara a Lula de “hermano mayor”, quien aprovechó esa condición para mantener el control sobre YPFB y facilitar créditos bancarios para carreteras.
En la frontera boliviana, son decenas los enfermos de poblaciones indígenas que acuden a hospitales de Brasil y cientos los escolares que aprenden a leer en portugués, en tanto el país vecino se siente con derecho a postergar la siderurgia del Mutún, las separadoras de líquidos o la explotación del litio. Sólo muy de vez en cuando logra ponerse freno a desmedidos abusos de algún empresario brasileño, como ocurrió con Eike Batista, quien pretendía instalar una acería con carbón vegetal, a pocos kilómetros del gasoducto que exporta gas a San Pablo. Fue positivo el papel de Evo en combatir al separatismo e impulsar la conciencia indígena. Lástima que no hubiera desplegado similar empeño en desarrollar la conciencia nacional.

“Después de 63 años de sufrimiento, ya basta, ya basta, ya basta. Ha llegado el momento”, se pronunció Mahmud Abbas, el líder de la autoridad palestina al momento de solicitar en la ONU el reconocimiento de Palestina como nación soberana. Luego de dos oradores más, Benjamin Netanyahu, titular del grupo sionista que mantiene ocupada la mayor parte del territorio palestino (bajo el nombre de Israel), rechazó la posibilidad del reconocimiento hasta tener “acuerdos reales” para la seguridad de su país.

El discurso Benjamin Netanyahu insulta nuestra inteligencia, al tiempo que resulta un monumento al cinismo. El representante del grupo terrorista convoca a los palestinos a negociar, eso sí, ¡sin cuestionar invasiones al territorio palestino!

Muy conocidas son las innumerables violaciones a los derechos humanos y los reiterados incumplimientos de resoluciones de la ONU que las obligan a desocupar las tierras palestinas invadidas, pero no tanto la razón de ser y los orígenes del grupo sionista, comenzando por su alianza con Hitler.^[1]

La política sionista se respalda en una efectiva campaña de propaganda destinada a confundir a la opinión pública internacional, con el determinante apoyo de las principales empresas de desinformación que controlan las más importantes cadenas de televisión, radio y prensa escrita. Dicha campaña está basada en la pretensión de hacer creer que judaísmo, semitismo y sionismo son una misma cosa. Así, el legítimo repudio de millones de personas a la ideología sionista se difunde como “antijudaísmo” y “antisemitismo”.^[2]

Cabe destacar que dicho repudio es practicado también por creyentes judíos que no han sido embaucados por la propaganda sionista.^[3].

A pesar de la insidiosa y efectiva propaganda sionista, debemos asumir la responsabilidad de conocer la verdad y difundirla. Utilizados como excusa por los sionistas, los creyentes judíos deben asumir la principal responsabilidad en esta tarea. Los judíos de todas las nacionalidades deberían ser los primeros en repudiar que los terroristas sionistas los involucren atribuyéndose una ilegítima representatividad judía al cometer sus crímenes contra el heroico pueblo palestino.

Dirijo estas palabras a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a este gran foro donde están representados todos los pueblos de la tierra, para ratificar, en este día y en este escenario, el total apoyo de Venezuela al reconocimiento del Estado palestino: al derecho de Palestina a convertirse en un país libre, soberano e independiente. Se trata de un acto de justicia histórico con un pueblo que lleva en sí, desde siempre, todo el dolor y el sufrimiento del mundo.

El gran filósofo francés Gilles Deleuze, en su memorable escrito La grandeza de Arafat, dice con el acento de la verdad: La causa palestina es ante todo el conjunto de injusticias que este pueblo ha padecido y sigue padeciendo. Y también es, me atrevo agregar, una permanente e indoblegable voluntad de resistencia que ya está inscrita en la memoria heroica de la condición humana. Voluntad de resistencia que nace del más profundo amor por la tierra.

Mahmud Darwish, voz infinita de la Palestina posible, nos habla desde el sentimiento y la conciencia de este amor: No necesitamos el recuerdo / porque en nosotros está el Monte Carmelo/ y en nuestros párpados está la hierba de Galilea. / No digas: ¡si corriésemos hacia mi país como el río! / ¡No lo digas! / Porque estamos en la carne de nuestro país / y él está en nosotros.

Contra quienes sostienen, falazmente que lo ocurrido al pueblo palestino no es un genocidio, el mismo Deleuze sostiene con implacable lucidez: En todos los casos se trata de hacer como si el pueblo palestino no solamente no debiera existir, sino que no hubiera existido nunca. Es, cómo decirlo, el grado cero del genocidio: decretar que un pueblo no existe; negarle el derecho a la existencia.

A propósito, cuánta razón tiene el gran escritor español Juan Goytisolo cuando señala contundentemente: “La promesa bíblica de la tierra de Judea y Samaria a las tribus de Israel no es un contrato de propiedad avalado ante notario que autoriza a desahuciar de su suelo a quienes nacieron y viven en él.” Por eso mismo, la resolución del conflicto del Medio Oriente pasa, necesariamente, por hacerle justicia al pueblo palestino; éste es el único camino para conquistar la paz.

Duele e indigna que quienes padecieron uno de los peores genocidios de la historia, se hayan convertido en verdugos del pueblo palestino: duele e indigna que la herencia del Holocausto sea la Nakba. E indigna, a secas, que el sionismo siga haciendo uso del chantaje del antisemitismo contra quienes se oponen a sus atropellos y a sus crímenes.

Israel ha instrumentalizado e instrumentaliza, con descaro y vileza, la memoria de las víctimas. Y lo hace para actuar, con total impunidad, contra Palestina. De paso, no es ocioso precisar que el antisemitismo es una miseria occidental, europea, de la que no participan los árabes. No olvidemos, además, que es el pueblo semita palestino el que padece la limpieza étnica practicada por el Estado colonialista israelí.

Quiero que se me entienda: una cosa es rechazar al antisemitismo, y otra muy diferente aceptar pasivamente que la barbarie sionista le imponga un régimen de apartheid al pueblo palestino. Desde un punto de vista ético, quien rechaza lo primero, tiene que condenar lo segundo.

Una digresión necesaria: es francamente abusivo confundir sionismo con judaísmo; no pocas voces intelectuales judías, como las de Albert Einstein y Erich Fromm, se han encargado de recordárnoslo a través del tiempo. Y, hoy por hoy, es cada vez más numerosa la ciudadanía consciente que, en el propio Israel, se opone abiertamente al sionismo y a sus prácticas terroristas y criminales.

Hay que decirlo con todas sus letras: el sionismo, como visión del mundo, es absolutamente racista. Estas palabras de Golda Meir, en su aterrador cinismo, son prueba fehaciente de ello: ¿Cómo vamos a devolver los territorios ocupados? No hay nadie a quien devolverlo. No hay tal cosa llamada palestinos. No era como se piensa que existía un pueblo llamado palestino, que se considera él mismo como palestino y que nosotros llegamos, los echamos y les quitamos su país. Ellos no existían.

Necesario es hacer memoria: desde finales del siglo XIX, el sionismo planteó el regreso del pueblo judío a Palestina y la creación de un Estado nacional propio. Este planteamiento era funcional al colonialismo francés y británico, como lo sería después al imperialismo yanqui. Occidente alentó y apoyó, desde siempre, la ocupación sionista de Palestina por la vía militar.
Léase y reléase ese documento que se conoce históricamente como Declaración de Balfour del año 1917: el Gobierno británico se arrogaba la potestad de prometer a los judíos un hogar nacional en Palestina, desconociendo deliberadamente la presencia y la voluntad de sus habitantes. Hay que acotar que en Tierra Santa convivieron en paz, durante siglos, cristianos y musulmanes, hasta que el sionismo comenzó a reivindicarla como de su entera y exclusiva propiedad.

Recordemos que, desde la segunda década del siglo XX, el sionismo, aprovechando la ocupación colonial británica de Palestina, comenzó a desarrollar su proyecto expansionista. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se exacerbaría la tragedia del pueblo palestino, consumándose la expulsión de su territorio y, al mismo tiempo, de la historia. En 1947 la ominosa e ilegal resolución 181 de Naciones Unidas recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo control internacional (Jerusalén y Belén). Se concedió, vaya qué descaro, el 56% del territorio al sionismo para la constitución de su Estado. De hecho, esta resolución violaba el derecho internacional y desconocía flagrantemente la voluntad de las grandes mayorías árabes: el derecho de autodeterminación de los pueblos se convertía en letra muerta.

Desde 1948 hasta hoy, el Estado sionista ha proseguido con su criminal estrategia contra el pueblo palestino. Para ello, ha contado siempre con un aliado incondicional: los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta incondicionalidad se demuestra a través de un hecho bien concreto: es Israel quien orienta y fija la política internacional estadounidense para el Medio Oriente. Con toda razón, Edward Said, esa gran conciencia palestina y universal, sostenía que cualquier acuerdo de paz que se construya sobre la alianza con EEUU será una alianza que confirme el poder del sionismo, más que confrontarlo.

Ahora bien: contra lo que Israel y Estados Unidos pretenden hacerle creer al mundo, a través de las transnacionales de la comunicación, lo que aconteció y sigue aconteciendo en Palestina, digámoslo con Said, no es un conflicto religioso: es un conflicto político, de cuño colonial e imperialista; no es un conflicto milenario sino contemporáneo; no es un conflicto que nació en el Medio Oriente sino en Europa.

¿Cuál era y cuál sigue siendo el meollo del conflicto?: se privilegia la discusión y consideración de la seguridad de Israel, y para nada la de Palestina. Así puede corroborarse en la historia reciente: basta con recordar el nuevo episodio genocida desencadenado por Israel a través de la operación “Plomo Fundido” en Gaza.

La seguridad de Palestina no puede reducirse al simple reconocimiento de un limitado autogobierno y autocontrol policíaco en sus “enclaves” de la ribera occidental del Jordán y en la franja de Gaza, dejando por fuera no sólo la creación del Estado palestino, sobre las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén oriental como su capital, los derechos de sus nacionales y su autodeterminación como pueblo, sino, también, la compensación y consiguiente vuelta a la Patria del 50% de la población palestina que se encuentra dispersa por el mundo entero, tal y como lo establece la resolución 194.

Es increíble que un país (Israel) que debe su existencia a una resolución de la Asamblea General, pueda ser tan desdeñoso de las resoluciones que emanan de las Naciones Unidas, denunciaba el padre Miguel D’Escoto cuando pedía el cese de la masacre contra el pueblo de Gaza, a finales de 2008 y principios de 2009.

Señor Secretario General y distinguidos representantes de los pueblos del mundo:
Es imposible ignorar la crisis de Naciones Unidas. Ante esta misma Asamblea General sostuvimos, en el año 2005, que el modelo de Naciones Unidas se había agotado. El hecho de que se haya postergado el debate sobre la cuestión palestina, y que se le esté saboteando abiertamente, es una nueva confirmación de ello.

Desde hace ya varios días, Washington viene manifestando que vetará en el Consejo de Seguridad lo que será resolución mayoritaria de la Asamblea General: el reconocimiento de Palestina como miembro pleno de la ONU. Junto a las Naciones hermanas que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la Declaración de reconocimiento del Estado palestino, hemos deplorado, desde ya, que tan justa aspiración pueda ser bloqueada por esta vía. Como sabemos, el imperio, en éste y en otros casos, pretende imponer un doble estándar en el escenario mundial: es la doble moral yanqui que viola el derecho internacional en Libia, pero permite que Israel haga lo que le dé la gana, convirtiéndose así en el principal cómplice del genocidio palestino a manos de la barbarie sionista. Recordemos unas palabras de Said que meten el dedo en la llaga: Debido a los intereses de Israel en Estados Unidos, la política de este país en torno a Medio Oriente es, por tanto, israelocéntrica.

Quiero finalizar con la voz de Mahmud Darwish en su memorable poema Sobre esta tierra: “Sobre esta tierra hay algo que merece vivir: sobre esta tierra está la señora de/ la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los finales. Se llamaba Palestina. Se sigue llamando/ Palestina. Señora: yo merezco, porque tú eres mi dama, yo merezco vivir.”

Se seguirá llamando Palestina: ¡Palestina vivirá y vencerá! ¡Larga vida a Palestina libre, soberana e independiente!

Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Los resultados electorales del 14 de agosto sumieron a los principales partidos de la oposición en la perplejidad y el desconcierto. Las explicaciones fueron desde las patéticas declaraciones de Ricardo Alfonsín sobre el temor al cambio que atribuyó a la mayoría de la sociedad, hasta la notable mezcla de soberbia e idiotez de Elisa Carrió, a cuyo juicio el 97% de la ciudadanía votó contra ella y su partido. Sólo una reflexión inteligente en medio de tanta chatura y mediocridad: Francisco De Narváez señaló que posiblemente la oposición estuviera viviendo en un microclima ajeno al sentir de las grandes mayorías.

La confesión del representante de la derecha apuntó al significado político más importante del 14 de agosto. Tanto la alianza que su partido estableció con la UCR, o el acuerdo Duhalde-Das Neves, así como la hoy en vías de extinción Coalición Cívica, o el macrismo, ausente en esta contienda, representan a las fuerzas que desde el oficialismo o la oposición configuraron el cuadro político anterior a la crisis de diciembre de 2001. Su performance en los últimos años no deja duda: se alinearon junto a la Sociedad Rural y la canalla mediática en defensa de la renta agraria diferencial durante la contienda en torno a la Resolución 125; hicieron frente único con Clarín, La Nación y el gran capital dominante en los medios de difusión contra la Ley de Medios; se opusieron a la estatización del régimen de las AFJP, una descarada estafa del capital financiero a los trabajadores; reclamaron un cambio de política exterior, tomando distancia del régimen chavista en línea con lo que Washington exige de sus gobiernos vasallos… La cerrada oposición del duhaldismo y el PRO a la limitada ley contra la extranjerización de la tierra que impulsa actualmente el oficialismo, confirma el carácter cerril del peronismo conservador y de los neoliberales. A fuer de justos hay que decir que si bien el bloque socialdemócrata que sostiene la candidatura de Binner orbita en este polo político, sus expresiones son más asépticas y moderadas, como corresponde a la conducta de su fuerza principal, un socialismo de contadores y administradores, dignos discípulos del maestro Juan B. Justo.   

Pasado y presente

El kirchnerismo se diferencia de este conglomerado. No porque sus cuadros dirigentes no tengan vínculo alguno con ese pasado, o porque simplemente representen lo nuevo surgido tras la rebelión popular que en diciembre de 2001 clausuró la larga década de régimen neoliberal. El movimiento que fundó Néstor Kirchner y lidera Cristina Fernández surgió en una segunda etapa de la crisis de representatividad institucional, luego que la marea insurgente comenzara a bajar y que el gobierno de Duhalde-Lavagna, mediante una brutal devaluación y pesificación asimétrica en favor del capital monopólico, hubiera echado las bases del presente “modelo productivo”, poniendo fin al reclamo dolarizador de banqueros y especuladores financieros. En consecuencia, el kirchnerismo no es la expresión del momento radical de la movilización de las masas, pero tampoco está del otro lado de la línea que dividió en dos campos la lucha política y de clases. Hacia ese campo, en el que se ha atrincherado la oposición partidocrática, los trabajadores y el conjunto de los explotados no están dispuestos a retroceder.

El gobierno tiene en cuenta esta decisión. Su programa se basa en una suerte de equilibrio en el que están representados principalmente los intereses de la burguesía industrial y los grupos exportadores, pero que también contempla una serie de demandas de los sindicatos. Ocho años de crecimiento económico sostenido, impulsado por un período excepcional de altos precios internacionales de los productos primarios, ha arrojado, junto a un importante volumen de ganancias empresarias, una recuperación del salario, la expansión de la fuerza de trabajo y el fortalecimiento de los aparatos sindicales. El marcado contraste con el carácter parasitario y depredador del programa del período anterior, hegemonizado por el capital financiero, refleja los cambios que se han producido en el patrón de acumulación; cambios que involucran el papel del Estado como resorte regulador en ciertas áreas de la economía que el capital privado considera como dominios exclusivos.

Sin embargo la derrota política, ideológica y cultural de los partidarios del neoliberalismo, no repercutió en los fundamentos estructurales que desde la contrarrevolución del 76’ resultaron determinantes en el desenvolvimiento de la economía y la sociedad: privatización y extranjerización de ramas estratégicas como energía, siderurgia y comunicaciones; régimen de saqueo minero por parte de las corporaciones imperialistas; ley de entidades financieras dictada por Martínez de Hoz para favorecer el negocio especulativo del gran capital local y extranjero; leoninos acuerdos de protección de inversiones firmados con países de Europa y Estados Unidos hace más de diez años, y en condiciones de ser denunciados; una estructura impositiva de sesgo regresivo que, entre otras cosas, no grava la renta financiera. En esta trama está la base de la contrarrevolución en el país.

Los trabajadores deciden el futuro

El kirchnerismo no ha tocado este nudo de poderosos intereses y su discurso épico se ha cuidado de denunciarlo. Su situación es singular. Ha demostrado contar con un respaldo electoral decisivo. No tiene por delante una oposición en condiciones de hacerle frente. La narración oficial, que lo presenta como expresión de una voluntad colectiva en confrontación con los monopolios, ha despertado indudables expectativas en la nueva generación que ingresó a la política tras la rebelión popular de diciembre de 2001. Al mismo tiempo, es difícil que sus seguidores puedan continuar aludiendo a la correlación de fuerzas para justificar los límites de un programa que en lo fundamental se ciñe a lineamientos de corte desarrollista. Argentina tiene pleno conocimiento de lo que puede esperarse de una alianza entre la burguesía nacional y el capital extranjero, en suma la fórmula del desarrollismo para generar crecimiento económico.

Cristina Fernández se apresta a prolongar cuatro años más el ciclo iniciado en mayo de 2003. Diversas voces del oficialismo han hablado de la necesidad de “profundizar el modelo”. ¿Qué significa esto? Sin remover la trama de intereses que favorecen la concentración del capital y la riqueza, entregan a los monopolios extranjeros el control sobre resortes claves del proceso de acumulación y reproducen permanentemente condiciones de dependencia semicolonial, la “profundización del modelo” no significará otra cosa que una línea de continuidad al margen de las tareas fundamentales que hacen a la construcción de un país soberano. Los trabajadores y las masas populares que han dado su apoyo al kirchnerismo carecen de un programa y de organizaciones políticas de clase que los representen, pero saben muy bien quienes son sus enemigos. Llegado el momento harán oír su palabra para reclamar de la narración oficialista su realización en el plano del programa y de la práctica política; en caso contrario reorientarán el rumbo y seguirán su propio camino.

En abril del corriente año, el Poder Ejecutivo oficializó el envío de un proyecto de Ley sobre tierras rurales en la República Argentina. Ello ha provocado que distintos actores políticos, económicos y sociales expresaran sus inquietudes y puntos de vista en relación a la problemática de la tierra en nuestro país, que tiene una variedad de aristas que la convierten en una cuestión estratégica de cara a la construcción de un proyecto nacional-popular progresivo.

Por otro lado, distintos medios de comunicación difundieron la noticia sobre el comienzo del tratamiento legislativo del mencionado proyecto en la Cámara de Diputados, que está prevista para septiembre del 2011.Amén que la propuesta del Gobierno nacional y los potenciales proyectos de distintas organizaciones políticas y sociales sobre la temática no se conocen en profundidad, desde Socialismo Latinoamericano nos parece pertinente plantear algunas dudas e interrogantes surgidos de la lectura inicial del proyecto gubernamental.

Una de las primeras cuestiones que se señalan, es la definición de lo que se entiende por tierras rurales. En el proyecto, en su artículo 1º, se las define como todas aquellas extensiones que están fuera del éjido urbano. Por de pronto, nos parece un criterio muy difuso y nos preguntamos si no es necesario tener en cuenta la variable poblacional junto con criterios más específicos de identificación del espacio rural y urbano respectivamente.

En segundo lugar, se establece un límite del 20% a la tenencia en manos de capitales extranjeros —sean éstos personas jurídicas o físicas— de todas las tierras rurales existentes en la geografía nacional, y se enumeran distintos tipos de conformaciones societarias contenidas en el proyecto de ley. A su vez, se establece una ” doble segunda barrera” a la titulación extranjera de tierras, según la cual en un consorcio propietario de una extensión determinada en cualquier parte del país, el porcentaje de tierras en manos de un único actor extranjero no puede superar el 30% y debe ser inferior a las 1.000 hectáreas por todo concepto, más allá de los usos productivos y riqueza relativa de esas tierras. En tal sentido, nos preguntamos si existe actualmente en poder del Gobierno nacional un inventario completo del estado de dominio de las tierras rurales y urbanas en la Argentina, habida cuenta que, antes que determinar valores susceptibles de ser invocados normativamente en forma abstracta, sería crucial saber dónde estamos parados en una cuestión tan sensible a los intereses nacionales. Además, hoy no sabemos con exactitud qué organismo u organismos estatales tienen a su cargo el relevamiento integral de esta situación, a tal punto que el mismo proyecto de ley crea instancias burocráticas de decisión al respecto, lo cual es la prueba concluyente de que estamos ante una situación por lo menos difusa, sino anómica. Por ende, nos preguntamos si no sería mejor trabajar en una legislación que establezca taxativamente la elaboración de un registro real sobre el estado de la propiedad de la tierra y a cuánto llega hoy el porcentaje de tierras en manos de empresas extranjeras. Según diversas fuentes que refieren a estudios incompletos ( ej, Federación Agraria Argentina), las tierras en manos extranjeras estarían en el orden del 10 al 20% ( entre 7 y 17 millones de hectáreas) del total de tierras disponibles, con lo cual, el porcentaje establecido en el proyecto de ley es, cuanto menos, gravoso para la protección de los intereses nacionales que pretende salvaguardar. Además, hay otro aspecto crucial no siempre tenido en cuenta: ¿sabemos cuántos consorcios mixtos hay en la Argentina, conformados por capitales nacionales y extranjeros? Parece que esto tampoco se conoce y, dada la gravedad de la situación y el hecho de que las provincias siguen blanqueando operaciones de venta de tierras viciadas de nulidad porque se realizan omitiendo el cumplimiento de normas básicas de registración —se han denunciado casos en los que faltaban las escrituras, nada menos—, deberíamos hablar de la continuidad de un proceso de saqueo y enajenación de tierras, operado no sólo por grupos privados extranjeros, sino por capitales nacionales en asociación con esos intereses foráneos, ante la complicidad y omisión de las oligarquías provinciales.

En tercer orden, en el artículo 10 del proyecto,  se establece que las potenciales operaciones de compra de tierras por parte de extranjeros, no pueden ser definidas como inversiones, ya que se tratan de bienes no renovables que comportan un carácter estratégico para la comunidad nacional, lo cual implica que los tenedores extranjeros no podrían alegar la vigencia de los Tratados Bilaterales de Inversión en caso que sus intereses fueran perjudicados por alguna decisión gubernamental. En este punto, nos preguntamos si esa condición de bien estratégico que se les atribuye a las tierras rurales en la Argentina, no es razón suficiente para determinar fehacientemente la situación de dominio existente en toda la geografía nacional, y, de paso, poner en el eje del debate público la continuidad jurídica de los TBI, que constituyen una auténtica violación y cercenamiento de la soberanía nacional a través de la transferencia a poderes externos de decisiones que son atributos de la voluntad soberana del Estado nacional.

En este sentido, recordemos que son las provincias las que ostentan el dominio eminente u originario, el manejo y la regulación de las políticas de explotación de los recursos renovables y no renovables en la Argentina, tal como se establece en el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994. Allí está e origen del proceso de desarticulación política, económica y geográfica que destruyó el federalismo y anarquizó el espacio público de planificación de la estrategia política nacional.

El cuarto aspecto relevante, es que se establece taxativamente que la ley no operará retroactivamente, y que para el registro integral de situación dominial de las tierras se toma la fecha del 1 de enero de 2010. En este punto creemos firmemente que semejante decisión no puede tomarse con fuerza de ley hasta tanto no se determine con certeza la situación real de dominio de las tierras rurales en nuestro país.

Finalmente, desde Socialismo Latinoamericano confirmamos, una vez más, que la partidocracia tradicional no tiene propuestas que estén a la altura del actual escenario de degradación institucional que vive nuestra Nación en lo que respecta al manejo de los recursos naturales.

En este sentido, y en relación al proyecto de dominio de tierras rurales presentado por el Gobierno nacional, algunas de las voces que se han escuchado van desde el desconocimiento integral de la problemática hasta la afirmación de temerarias cuando no disparatadas opiniones que, en boca de legisladores nacionales, asumen una inusitada gravedad institucional. Tal es el caso de la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, quien insólitamente afirmó que limitar la posesión y/o dominio de tierras en manos de extranjeros es abonar el terreno para actitudes… xenófobas?. ( No, no es un chiste!!). O el de Eduardo Duhalde —ex Presidente y actual candidato— quien alegó la inconstitucionalidad del proyecto, sustentándose en el artículo 20 de la Constitución Nacional de 1994, cuando, en realidad, se trata de poner en cuestión, justamente, las controvertidas cláusulas de una Constitución que ha sido el caballo de Troya para la consumación de la disolución nacional y la pérdida de nuestra soberanía.

Son conocidas las marchas y contramarchas, los desplazamientos zigzagueantes de la trayectoria política de Beatriz Sarlo. De posiciones ultraizquierdistas pasó al juanbejustismo, para apoyar después al gobierno de Alfonsín y más tarde al Frente Grande. Tampoco se ignora su despliegue cambiante como periodista, empezando en Los libros, siguiendo en Punto de Vista, para desembocar en la revista Viva y en el diario La Nación. Nadie puede negarle a alguien el derecho a cambiar, pero queda claro que Sarlo no se priva de casi nada.

Estos recorridos sólo se memoran sintéticamente para explicar por qué no deben ahora sorprender sus titubeos y dudas, contradicciones y sinsentidos que lucen en su abordaje del fenómeno kirchnerista. En realidad el libro no configura un estudio global del oficialismo sino un análisis de las relaciones del mismo con los medios masivos de comunicación. Más concretamente trata el modo en que Kirchner los utilizó para construir su poder político.

La autora advierte que es una historiadora de la cultura que se ha dedicado, en este caso, al abordaje de un tema actual. Especialmente analiza la televisión e internet y en particular las redes sociales Twiter y Facebook. Esa indagación la lleva a la rotunda conclusión de que el oficialismo ha logrado una victoria cultural. Piensa que para ese resultado jugó un rol determinante la audacia y el cálculo del jefe político fallecido.

Sarlo con frecuencia afirma que es una opositora en términos democráticos. Desea ser entendida como adversaria pero no como destituyente. Al final del libro se apoya en Ricardo Forster para sostener que Kirchner ha conquistado la revolucionaria interrupción de una “continuidad malsana” con los años noventa y el establecimiento de un “nuevo orden ajeno a la institucionalidad burguesa”. Precisamente esto es lo que la lleva de los elogios a los reparos. Sabe por los libros de Ernesto Laclau que populismo e institucionalismo se oponen, pero ella no puede dejar de mantener un pie en cada espacio antagónico. Al lector no le queda claro si es una institucionalista popular o una populista institucional. ¿Dónde se ubica el sustantivo y el adjetivo apropiado para ella?

Tal vez ignore Sarlo que Laclau corrige en reportajes muchas de sus aseveraciones librescas. Por ejemplo manifiesta que los populismos latinoamericanos del presente poseen un fuerte contenido institucional, por emerger de regímenes cruelmente autoritarios. Con lo cual el antagonismo se atenúa seriamente poniendo en riesgo un aspecto clave del propio encuadre conceptual. No caben dudas: el posmarxismo laclauniano sirve para justificar cualquier tipo de realidad política.

Hacia fines de los años 60, el Partido Comunista Cubano seguía con interés el alza de masas que se estaba desarrollando en la Argentina. Juzgaban, no sin razón, que la creciente agudización de los conflictos, estaba presagiando alternativas interesantes para la lucha política en América Latina. Lo que ocurriera en la Argentina sería muy importante para el resto de América Latina, y era altamente probable que el exiliado General Perón regresara a su país dispuesto a continuar la lucha por la liberación de su patria. Era evidente que esto modificaría sustancialmente el mapa de la situación política en la región y alteraría sensiblemente las relaciones con el Tío Sam.

Desde la muerte de John William Cooke, no había habido una comunicación directa entre el líder argentino y el jefe de la revolución cubana. Es en esos momentos, luego del “Cordobazo”,que el PCC, cuyo presidente era Fidel Castro, decide vincularse directamente con Perón. Para ello designa a Emilio Aragonés, hombre de absoluta confianza de Fidel, quien establecería una relación con Perón a partir de frecuentes visitas a España. Aragonés había sido condiscípulo de Fidel en la escuela jesuita, había abrazado la revolución cubana, era miembro del ejército cubano y había acompañado al “Che” en dos misiones importantes: las operaciones en el Congo y la negociación en Moscú por la instalación de los misiles en la isla. Ahora Fidel le encomendaba otra misión muy importante.

Las alternativas de la relación entre Perón y Aragonés, fueron narradas por éste último al periodista argentino José Andrés López, en el año 2000, en entrevista exclusiva conseguida por el periodista cubano José Bodes Gómez, quien se había desempeñado en Prensa Latina. El jugoso contenido de ésta entrevista fue volcado por Bodes, junto con el periodista argentino, en el libro del cual son coautores “Perón – Fidel, Línea Directa”. Allí se relatan los sucesivos pasos que se fueron dando para lograr un objetivo que parecía impensable: romper el bloqueo norteamericano a Cuba. Desde el inicio de la relación se comenzó a trabajar en pos de aquel objetivo, con Perón pisando el acelerador. En Madrid de 1970, reunidos en su casa del exilio, con un grupo de colaboradores, ocurrió un episodio comentado textualmente por Aragonés: “…Cierta vez fui testigo de un incidente que me dio la medida de la opinión que tenía Perón sobre la política cubana…en reunión con varios colaboradores suyos, uno de ellos se manifestó preocupado por las consecuencias que podía tener el acercamiento con Cuba. A Perón no le gustó esa intervención y la refutó de una forma tan fuerte que sólo faltó meter en agua caliente al autor de tamaño desatino. Yo confieso que me sentí apenado por lo ocurrido, pero le agradecí mucho su respuesta a Perón.” En los turbulentos años que se vivían en aquel entonces, sectores de la Juventud Peronista criticaban la conducción de Perón. Al respecto, Aragonés dice textualmente: “Es cierto que algunos amigos de Cuba criticaban a Perón y le reprochaban que no fuese un revolucionario, pero ese criterio fue evolucionando ante las nuevas circunstancias, al ver todo lo que Perón hacía por estrechar las relaciones con Cuba. A eso no se le puede poner un pero…”

El 24 de agosto de 1973, hacía ya tres meses que Aragonés se había acreditado como embajador de Cuba en Buenos Aires y estaba por suscribir uno de los acuerdos económicos más importantes entre países de América Latina.En entrevista previa con Perón, el ex guerrillero había solicitado formalmente un crédito por 200 millones de dólares, por aquel entonces cifra importante para Cuba. Sin embargo, casi se cae de la silla cuando Perón meneando la cabeza le dijo, no, puede ser mucho más, 1.200 millones. Una línea de crédito por 200 millones de dólares por año para comprar mercancías, con duración de seis años.Camiones pesados, automóviles, tractores, material ferroviario, máquinas–herramienta, bienes de capital. Para comprender la magnitud del crédito, basta decir que representaba el doble del costo de la represa hidroeléctrica del Chocón. Estaba claro el interés de ambas partes. Por un lado, Argentina aumentaba sus exportaciones industriales, y, a través de Cuba iniciaba la apertura hacia las economías del este. Por el otro lado, Cuba rompía el asfixiante cerco del bloqueo norteamericano. Para ambas partes, se lograba un fortalecimiento de la independencia política de la comunidad latinoamericana.“Tenemos que apurarnos Embajador, para que los otros no puedan interferir” Cuenta Aragonés que le dijo Perón, acompañando la frase con un guiño para no dejar duda acerca de quiénes eran los otros.

Por supuesto el Departamento de Estado no se quedó quieto y comenzaron las presiones. Advirtieron que los buques de bandera argentina no podrían tocar territorio norteamericano en viajes de o a puertos cubanos. A su vez presionaron a las filiales argentinas de empresas de capital norteamericano, sobre la no conveniencia de las operaciones con Cuba. El Secretario del Tesoro norteamericano George Schultz, había señalado que “el asunto de la venta de vehículos a cuba no es tanto un asunto económico como una cuestión de política externa”. Además había manifestado que “la autorización para que las subsidiarias norteamericanas puedan suministrar vehículos sigue en estudio”. La respuesta del ministro Gelbard fue contundente: La Argentina noespera la autorización de nadie para que las empresas instaladas en su territorio efectúen transacciones con naciones con las que mantiene normales relaciones diplomáticas”. José BerGelbard, Ministro de Economía, se ocupaba de llevar adelante la política decidida por Perón meses antes en Puerta de Hierro donde había dado precisas instrucciones al futuro Ministro:“Usted debe abrir una agenda de trabajo con los países socialistas, especialmente con la URSS, Cuba y China”. El ministro de Perón jugaba fuerte. Amenazó a las filiales norteamericanas: “si ustedes prohíben la venta, yo les expropio la producción”.

El 18 de abril DE 1974, el Departamento de Estado notifica que las filiales argentinas de empresas norteamericanas, han sido autorizadas con carácter excepcional a exportar a Cuba. Al día siguiente del lacónico aviso, Gelbard se reunió con los titulares de las filiales norteamericanas y comenzó la programación de la firma de los contratos. Titular de Clarín del día 19:“Afloja Nixon: Estados Unidos no puede impedir que la Argentina le venda autos a Cuba”.

Cuba no olvidaría la decidida acción de la Argentina, su valiente acto de soberanía, en un momento en que muy pocos se atrevían a desafiar a USA.  Para sopesar la magnitud de éste atrevimiento hay que considerar la dureza de la política norteamericana hacia la isla: 800 atentados terroristas desde el primer día de la revolución hasta nuestros días, sin contar los cientos de atentados realizados a la vida de Fidel, ni la invasión a la Bahía de los Cochinos. Esos atentados han causado 3.500 muertos y 2.000 heridos sin contar los intereses cubanos fuera del país.(1)El bloqueo comercial y las sanciones norteamericanas a los transgresores al mismo, son la parte visible de ésta dureza, el terrorismo norteamericano es ocultado por la “prensa libre”.

El 26 de junio de 1974, se firmó el último de los contratos entre las empresas argentinas y cubanas que daba fin a aquella histórica operación. A Perón le quedaban pocos días de vida. El viejo “león herbívoro”, pudo ver el logro del objetivo. Había dado su último gran rugido, enfrentando con firmes decisiones políticas el mayor poder del oponente.

Tres de meses de multitudinarias movilizaciones estudiantiles han hecho punta en la resistencia contra el radical proceso de mercantilización educativa que caracterizó a toda Latinoamérica pero que se hizo sentir particularmente en la patria de Salvador Allende.

Desde las franjas acomodadas de la pequeña burguesía a sus capas más vulnerables, las movilizaciones lograron sumar, además, a la Central Unitaria de los Trabajadores de Chile, la CUT, que sostuvo, con distinto grado de éxito, su primera huelga general contra el gobierno Piñeyra durante los pasados 24 y 25 de agosto.

El gobierno nacional coronó a los cientos de detenidos y heridos que ensayó como única respuesta, cobrándose la vida de Manuel Gutiérrez, un manifestante de 14 años de edad que señala sin rodeos los intentos oficiales por disciplinar desde el terror a las amplias franjas sociales movilizadas por la recuperación de la educación universitaria pública.

Si durante 2006, bajo el gobierno Bachelet, las multitudinarias movilizaciones de estudiantes secundarios en el mismo sentido, conocidas como la “revolución de los pingüinos”, pudieron ser desactivadas gracias a una combinación de represión e invocaciones al respeto de la democracia y la impugnación a estrategias “funcionales” a la derecha, el triunfo de Piñeyra ha logrado que sectores entonces desactivados se sumen a las movilizaciones que, como en el caso de la del último 30 de junio, superaron la friolera de medio millón de personas.

El protagonismo de la CUT, acoplándose a las movilizaciones estudiantiles, comienza a trascender la crítica específica al sistema educativo, proyectándose hacia la identificación de una estructura económica y social que, tras la brutal dictadura pinochetista, se ha mantenido intacta desde 1973. Si es difícil imaginar una respuesta política favorable a las demandas estudiantiles, desde el mantenimiento del peso específico que el capital imperialista ha adquirido en todas las instancias de la vida chilena; es prácticamente imposible imaginar al gobierno Piñeyra, delegado directo del neoliberalismo y sus mandantes, implementándola.

El pasado 6 de septiembre falleció Juan Barat. Su nombre ha quedado asociado a la histórica empresa de construir con banderas socialistas y revolucionarias, una organización política de los trabajadores y el pueblo argentino.

En la primera mitad de los años 60’ Barat integró el Comité Ejecutivo Nacional y la Mesa Ejecutiva del Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN), junto a Ramos, Spilimbergo, Carpio, Blas Alberti, Analía Payró, Laclau, entre otros. Eran los años en que el cúmulo de teoría y propaganda producido desde las jornadas iniciales de 1945 se afianzaba en el terreno de la práctica y la organización. Por entonces Clase Obrera y Poder, tesis política del Congreso de Villa Allende y una nueva edición de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Abelardo Ramos, junto a Lucha Obrera, Izquierda Nacional y los títulos de la Editorial Coyoacán, marcaban la presencia de una fuerza emergente que, con rumbo socialista, enarbolaba las mismas banderas nacionales, democráticas y antiimperialistas que guiaban a los trabajadores y a las grandes masas explotadas.

En esa época Barat se desempeño en la dirección del frente estudiantil del PSIN, a través del cual se extendió la influencia de la izquierda nacional en la nueva generación que ingresaba a la lucha política tras la derrota nacional de septiembre de 1955.

Durante dos períodos diferenciados, en las décadas del 80’ y del 90’, Barat formó parte del Partido de la Izquierda Nacional (PIN) fundado en 1983 bajo la jefatura de Jorge Enea Spilimbergo. A comienzo de los 90’ estuvo entre los fundadores de Socialismo Latinoamericano, desde donde continuó sosteniendo las posiciones de la Izquierda Nacional. Esta Página conserva artículos de su firma que mantienen toda su vigencia en el orden de la política y la teoría.

Además de su militancia en el terreno de la lucha partidaria, Barat practicó el periodismo político en la revista La Gaceta y en El mapa de este mundo y en Trabalenguas, programas radiales que junto con la publicación produjo con su compañera María Peña.

El sustantivo “gestión” y el verbo “gestionar” son repetidos frecuentemente en los discursos de los miembros de la “partidocracia”. Tanto los pertenecientes al oficialismo como los que militan en la así llamada “oposición”. Parece haber un reemplazo de significados, tendiendo a usar dichos vocablos en lugar de “gobierno” y “gobernar”.Las palabras “gestión” y gestionar” nos remiten a la administración que un gerente hace en una empresa, antes que al gobernante de un país. Este desplazamiento de la utilización de dichos vocablos tiene que ver, a mi juicio, con los límites que los miembros del oficialismo y los que aspiran a sucederlo, aceptan en su desempeño como gobernantes.

Estos límites son claros en una empresa. Al gerente contratado para su administración o “gestión”, ni se le ocurre meterse con la estrategia de la empresa y sus más importantes decisiones, que las toma el dueño o el directorio que representa a los accionistas. Los gobernantes de nuestro país y los que aspiran a su reemplazo, lo que denominamos la “partidocracia”, también tienen bien claro cuáles son sus límites: administrar o “gestionar” la estructura socioeconómica instalada por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, sin salirse de sus precisos contornos. Ni se les ocurre cambiar dichas estructuras.

El nefasto golpe cívico-militar, de inspiración oligárquico-imperialista, contrarrevolucionario, desmanteló los avances logrados por la Revolución Nacional conducida por el Gral. Perón entre 1946 y 1955 y que de alguna manera y en cierta medida, habían perdurado hasta 1976. Reubica a la Argentina en la división internacional del trabajo, reduciéndola a un perfil de economía primarizada.

El entramado legal que enmarca todo este cambio estructural, comienza con la legislación financiera de 1977 y la de inversiones extranjeras de 1980, ambas establecidas durante el gobierno de facto de Martínez de Hoz-Videla. Ambas leyes siguen hoy vigentes manteniendo la “seguridad jurídica”, para beneplácito de las corporaciones transnacionales. El ilegítimo y fraudulento endeudamiento externo contraído en ese período, es reconocido como legítimo durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Los gobiernos sucesivos siguen incrementando el endeudamiento y pagando sus servicios. En 1989 y 1990 durante el gobierno de Domingo Cavallo-Menem, se firman los Tratados de Paz con Gran Bretaña, declinando soberanía en todos los renglones, dando seguridades a las inversiones británicas y prioridad ante otras naciones. Tratados Bilaterales de Inversión similares se firmaron con el resto de las naciones de la Commonwealth y de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Estos tratados hoy siguen vigentes y en condiciones de ser denunciados. Durante el gobierno de Cavallo-Menem se entregaron a precio vil las Empresas Estratégicas del Estado. Esto no fue revertido por gobiernos posteriores. Desde principios de 1990 se comienza a implementar una nueva política minera, que introduce cambios sustanciales en la legislación, que permiten la depredación de nuestros recursos mineros y contaminación del medio ambiente, que hoy está a la orden del día. En 1994, la reforma constitucional realizada por la “partidocracia”, cuyo contenido transfiere a los estados provinciales la propiedad de los recursos del subsuelo, ha fomentado los intereses de burocracias provinciales corruptas, ha facilitado la entrega al extranjero de recursos para su explotación y que importantes ganancias sean remitidas al exterior, ha tergiversado el concepto de federalismo y ha dejado a la nación sin planificación estratégica.

Si bien el kirchnerismo forma parte de la “partidocracia”, se diferencia del arco de la así llamada “oposición”, a la que ha derrotado en las elecciones primarias en forma categórica. Ciertos avances en el papel del Estado como regulador de determinadas áreas de la economía, innegables mejoras en distintos rubros, que mejoran la situación social de las clases de menores recursos, la convocatoria a los jóvenes hecha por Cristina F. de Kirchner en tono épico a “profundizar el modelo” le ha permitido contar con un respaldo electoral decisivo. Los trabajadores y las masas populares saben que del arco opositor no pueden esperar nada. Este haber será aprovechado por el kirchnerismo y Cristina F. de Kirchner tendrá cuatro años más para seguir, según su discurso, profundizando el “modelo”. Es posible, que las bases que aprueban lo hecho hasta ahora, presionen para que profundizar el modelo, signifique romper con las estructuras que mantienen a la Argentina en dependencia semicolonial.

En la medida en que la crisis del capitalismo golpee a la economía argentina, se incrementarán las tensiones sociales, lo cual a su vez aumentará la divergencia entre el discurso “épico” y los hechos reales. En ese momento, los jóvenes convencidos por el relato “épico” y los trabajadores, sobre quienes el golpe de la crisis se descargará con mayor fuerza, reclamarán, presionarán, para que el “relato épico” se transforme en una real epopeya de liberación nacional. En esas circunstancias, Cristina Fernández de Kirchner se enfrentará a la cavilación hamleteana de ¿ser o no ser? ¿Gestionar o Gobernar?

Los partidos políticos, entidades, hombres y mujeres independientes, repudiamos la grosera intervención imperialista anglo-franco-norteamericana en los asuntos internos de la República Libia, con criminales bombardeos aéreos y navales, que han costado miles de víctimas y que viola abiertamente los principios del Derecho Internacional. El cinismo del bandidaje imperialista, fue precedido con una pseudo resolución de febrero de 2011, del llamado Consejo de Seguridad de la ONU,  La resolución, tuvo el mismo carácter cínico de la Resolución Nº 502/82, efectuada por la oligarquía de los países imperialistas que es el Consejo de Seguridad de la ONU (CS-ONU), que en 1982 declaró a la República Argentina como “país agresor”, por el “delito” de haber recuperado militarmente su territorio usurpado por el Reino Unido, desde el 1º de enero de 1833 de las Islas Malvinas. En otra resolución de similar tenor del año 1992, el CS-ONU, intervino en los asuntos internos de la República Socialista Federativa Yugoeslava, aplicándole sanciones económicas y suspendiéndola de participar de los organismos de la ONU.

La resolución mencionada del CS-ONU, violatoria del Derecho Internacional, de abierta intromisión de los países imperialistas en los asuntos internos de la República Libia, tiene la misma “legalidad” por la cual la Alemania nazi en 1938, en la Conferencia de Munich destruyó la unidad territorial y soberana de la República de Checoeslovaquia y preparó el terreno para la II guerra imperialista (1939-1945). Hoy, el accionar de los bandidos imperialistas y neo colonialistas tienen un claro objetivo, es el desmembramiento del país norafricano, para apoderarse de sus ingentes reservas de petróleo. Instrumentaron ello con variados recursos, como la intervención directa de los servicios de inteligencia franceses e ingleses –a partir de octubre del 2010-, la conformación de un comité títere financiado desde París, Londres y los EEUU, los criminales bombardeos aéreos y navales, para culminar con la intervención en el terreno de un ejército mercenario armado por la CIA y comandado por oficiales de la OTAN. Además de esas acciones, se agregan el fraudulento pillaje de recursos libios como el ilegal embargo de 140 tn de oro y 200.000 millones de dólares depositados por el Estado Libio, en bancos europeos y norteamericanos, junto con el también ilegal embargo de las acciones de empresas europeas, compradas por Libia.

Llamamos a todos los ciudadanos argentinos a repudiar la criminal agresión de la coalición imperialista, contra el pueblo y las legítimas autoridades de la República Libia, exigiendo el inmediato retiro de las tropas extranjeras y la de sus títeres y mercenarios. Al mismo tiempo, exigimos la inmediata declaración del Gobierno Argentino que junto al UNASUR, repudie la intervención imperialista y que sean juzgados penalmente en el plano internacional, los responsables políticos y militares de los criminales bombardeos de la OTAN, el Presidente de Francia Nicolás Sarkosy, el Primer Ministro de Gran Bretaña, David Cameron y el Presidente de los EEUU, Barak Obama.

Marchemos sobre las Embajadas de Francia, Gran Bretaña y los EEUU, a fin de mostrar el repudio del Pueblo Argentino hacia los actos del imperialismo mundial y en solidaridad con el Pueblo Libio, con las legítimas autoridades del Gobierno de la República de Libia y con el conductor de la Revolución Libia, el Cnel. Muhammar Gaddafi.
 
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
Firman: Centro Cultural Alejandro Olmos, Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro (CEEMFRA), Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN 2ª época), Socialismo Latinoamericano, Movimiento Cóndor, Movimiento Nacional Revolucionario, Resistencia Patriotica, Frente de Agrupaciones Peronistas (FAP), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR de Chile), Félix Rodríguez Trelles (físico, Miami. EE.UU.), Elsa Repetto (abogada, Rosario), Juan Carlos Cámpora (médico, Cap. Fed.), Leopoldo Markus (contador, Cap. Fed.), Rafael Diaz Martínez (abogado, Catamarca), Horacio Sorbano (empleado, Cap. Fed),  María Inés Troncoso (empleada, Chubut), Miguel Martínes (periodista, Chubut), Edith Macias (periodista, Cap. Fed.), Mario Gurioli (Dip. Nac. (m.c.) (Quilmes, P.B.A.), Norberto Demonte (prof.universitario, Santa Fé), Adrian Caminos (arquitecto, Cap. Fed.), Claudia Anzoátegui (empleada, San Martín, P.B.A.), Diego Alvarez Canals (empresario, San Isidro P.B.A.) Pablo Cabrejas (empresario, Cap. Fed.) Rubén Tamborindeguy (profesor, Cap. Fed.) Juan Pablo Cabrejas (estudiante, Cap. Fed.), Guido Straforini (contador, Temperley, P.B.A.), Horacio Ricciardelli (vicecom. VGM, Cap. Fed.), Osvaldo Calello (periodista, Cap.Fed.), Gustavo Cangiano (Lic. Psicología, Cap. Fed.), Guillermo Hamlin (ingeniero, Cap. Fed.), Leopoldo A. Obal ( Lic. Cs.Políticas, Cap. Fed.), Miguel Di Vincenzo (comerciante, Cap. Fed.), Andrea Chame (docente, Cap. Fed.), María Belen Petz (estudiante, Cap. Fed.) Camilo Echavarria (albañil, Cap. Fed.), María Eva Muzzopappa ( comerciante, Cap. Fed.), Mario Cafiero (Dip. Nac.(m.c., La Plata, P.B.A.), Juan Garreta (operario, Lanús P.B.A.), Gladis Ceresole (ama de casa, Cap.Fed.), Jorge Santos (comerciante, San Miguel, P.B.A.), Adiana Diaz (jubilada, Cap.Fed.), Graciela Bonetto (artista plástica, Cap. Fed.), Sebastian Muñoz (gráfico, Ciudadela, P.B.A.), Pililo Montes (jubilado, San Miguel, P.B.A.), Juan Manuel Soaje Pinto (contador, Cap.Fed.), Héctor Rosendo (mecánico, Cap. Fed.), Alejandro Bauer (abogado, Cap. Fed.), Liliana Chevalier (actriz, Córdoba), Patricio Cernadas (gráfico, Cap. Fed.), Diego Salce (comerciante, Quilmes P.B.A.), Raimundo Sillitti (economista y docente, Cap.Fed.), Andrés Solis Rada (periodista, La Paz, Bolivia), Alicia Cóceres ( jubilada, Cap. Fed.), Daniel Araujo (jubilado, Cap. Fed.), Nelly Bellini (ama de casa, Cap. Fed.), Jorge Buenaventura (periodista, Cap. Fed.), Laura Frieschknech (médica, Ciudadela, P.B.A.), Carlos Berger (periodista, Cap. Fed.), Oscar García Campos (empleado, Cap. Fed.), Néstor Amigorena (comerciante, Cap. Fed.), José Delaudo (operario, Caseros, P.B.A.), Elisa Picone (operaria, Caseros, P.B.A.), Elvira Soldati (artesana, Cap. Fed.), Saverio Amicone (florista, Cap. Fed.),  Claudio Abdel (comerciante, Cap. Fed.), Emilio Amin (comerciante, Cap. Fed.), Ismael Mohammed (comerciante, Cap. Fed.), Roberto Elías (médico, Cap. Fed.), Atilio Murrone (operario, Morón, P.B.A.), Ivan Panasiuk (metalúrgico, San Justo P.B.A.), Raúl Rivero ( abogado, Cap. Fed.), Josefina Corti (operaria, Caseros, P.B.A.) Carmela Bruzzone (psicóloga, Ramos Mejía, P.B.A.), Facundo Olivari (periodista, Ciudadela, P.B.A.), Diego Silva (albañil, San Martín, P.B.A.), Raúl Rodriguez (abogado, Cap. Fed.) Nélida Chumacero (ama de casa, Cap. Fed.), Sergio Edelman (médico, Cap. Fed.), Emilio Mignan (profesor, Cap. Fed.), Elvio Guevara (empleado, Cap. Fed.), Jorge Brostein (ingeniero, Ciudadela, P.B.A.), Juan Carlos Castellani (empleado, Merlo, P.B.A.), José Ferretti (sacerdote, Morón, P.B.A.), Elcira Gallardo (empleada, Lanús, P.B.A.),  siguen las firmas…

La fortaleza electoral del oficialismo puede desagregarse, independientemente de la composición de la infame y miserable oposición, en el creciente protagonismo de dos sujetos sociales que en su articulación definen el componente popular del kirchnerismo: sindicalismo y progresismo pequeñoburgués. El Partido Justicialista se limita en este marco a negociar sus intereses burocráticos propios, traduciendo territorialmente las distintas correlaciones de fuerzas que en el seno del kirchnerismo se establecen entre estos dos componentes básicos.

El componente pequeño burgués ha sido el encargado de dotar de una perspectiva ideológica propia al oficialismo aumentando paulatinamente su capacidad de interpelación desde áreas tradicionalmente sensibles a las ansías progresistas: el derecho humanismo (con la reactivación de los juicios), las cuestiones de género (con el matrimonio igualitario) o las disputas simbólicas (con la implementación de la ley de medios) han constituido una serie de hitos que sedujeron particularmente a amplios sectores medios ilustrados y que, hoy por hoy, se proyectan en la eventualidad de la despenalización del aborto o el consumo personal de estupefacientes. La consolidación de este imaginario, tan ecléctico y contradictorio como eficaz, se evidenció en las multitudinarias movilizaciones durante el bicentenario o las exequias de Néstor Kirchner.

El componente sindical, por su parte, ha adquirido un creciente protagonismo sobre las altas tasas de crecimiento, la recuperación del empleo formal, y la posibilidad de renegociar la tasa de explotación sosteniendo el salario año a año. Si un curioso setentismo democratista y de “izquierdas” moviliza a la pequeña burguesía k, un peronismo ortodoxo y referenciado en la primera década sostiene las invocaciones sobre aquella idílica comunidad organizada que fija los límites discursivos de los más lúcidos referentes de la CGT. Cristalizada en la recuperación de los aportes previsionales, la asignación universal, o la expansión de los derechos jubilatorios, su proyección inmediata se enmarca en el proyecto Recalde sobre participación de los trabajadores en la rentabilidad empresaria.

Las divergencias entre clase obrera y pequeña burguesía han sido una constante en la historia argentina expresándose ideológicamente en las disputas entre nacionalismo popular antiimperialista y reformismo democrático progresista. El núcleo del poder oficialista dejó clara su postura con respecto a estas dos perspectivas favoreciendo un considerable crecimiento de su factor pequeño burgués a costa de cuadros, espacios y cargos que la CGT disputó reasumiendo el desafío de trascender los límites específicamente sindicales de su práctica.

El rotundo triunfo electoral del oficialismo desde esa estrategia no parece preanunciar una radicalización antiimperialista por parte del gobierno, no sugiere la posibilidad de cambiar, transformar o superar un modelo de inocultables deudas con la estructura de la dependencia periférica.

La eventualidad de un cambio de rumbo en franca oposición al capital extranjero no dependerá, en este marco, de las disputas con que la partidocracia, desde el Pro al neocamporismo, entretiene a los editorialistas dominicales, sino de las formas en que la clase obrera, con sus direcciones burocratizadas incluidas, asuma un complejo desafío que apunta en dos direcciones decisivas y en tensión, pero imprescindibles y complementarias desde el punto de vista de la emancipación: un aumento de la autonomía obrera con respecto al estado y sus satélites, particularmente al pejotismo; y un imprescindible y urgente proceso de democratización en sus estructuras organizativas en que el protagonismo político no sea concebido como una graciosa concesión que se mendiga, sino como el resultado de la lucha, la movilización y la reorganización de las amplias masas laburantes, esas que, aún hoy, guardan la clave de la liberación nacional.

Por gentileza del CEPEN nos llega este trabajo del chileno Pedro Godoy Perrin, desde tiempo atrás vinculado a la corriente de izquierda nacional en la Argentina. El estudio se encuentra precedido de un “Prólogo para argentinos” realizado por Roberto A. Ferrero, de eficaz utilidad didáctica. Pese a la síntesis que campea en el ensayo, queda posibilitada una lectura instructiva y enriquecedora.

Godoy Perrin es titular de la Sociedad Científica de Chile y cofundador del Centro de Estudios Chilenos que se permite caracterizar con estas palabras: “CEDECH se articula en torno a 1982 y es la única entidad que, en medio de la oceánica anglofilia, apoya a Argentina en la guerra de Malvinas. No sólo eso, ha insistido en la conveniencia económica y geoestratégica de desenclaustrar a Bolivia, coincide con el P. Ejecutivo en evitar el conflicto con Argentina por el Beagle y aplaude el Tratado de Paz y Amistad que pone fin a ese peligro de conflagración. Así como ayer acata el fallo arbitral sobre Laguna del Desierto hoy apuesta al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en lo que al límite marítimo con Perú se refiere” (p. 6). Fundado por personalidades de distintas vertientes, postula una concepción nacionalista iberoamericana tendiente a superar la fragmentación de la nación continental.

Resulta evidente el afán de diferenciación con el nacionalismo de la “patria chica” y de sus cambiantes adhesiones a Hitler, Mussolini o Franco. Convoca a los chilenos a abogar por la “patria grande” despreciando los enfrentamientos fronterizos y los hechos de armas justificados desde un racismo blancocrático, que presenta un país acorralado por el imperialismo argentino que apoyan Bolivia y Perú.

En la década del Centenario emerge un nacionalismo originario crítico de la oligarquía gobernante. El mismo se robustece con la presidencia de Arturo Alessandri (1924) y un amplio apoyo popular. Posteriormente ibañismo y el govismo pasan a ocupar el espacio político de los años treinta. Todos estos procesos son sintéticamente esbozados en el trapajo de Godoy Perrin.

Posteriormente aborda la apertura hacia el camino de encuentro latinoamericanista que entraña el proyecto del ABC, que considera “tan distante de la Casa Blanca como de Moscú” (p.4). Explica su desarticulación por el congelamiento de Vargas y el estancamiento de Ibáñez, para desintegrarse en 1955 cuando Perón es derrocado.

Al finalizar se refiere al apoyo crítico brindado al gobierno de Allende. Pero señala errores de conducción y deplora el sectarismo que significó la cubanización de la política intercontinental. El desabastecimiento, el mercado negro, y la inflación llevaron a la crisis de 1973 que desmoronó súbitamente al oficialismo.

Para el lector interesado resultará aconsejable complementar la lectura de este texto con el libro de Ferrero Enajenación y nacionalización del socialismo latinoamericano, que posee un capítulo dedicado al caso chileno.

Pese al título del estudio, Godoy Perrin manifiesta que prefiere como menos impreciso el nombre de “nacionalismo popular” al de “nacionalismo izquierda”. Pero a esto se agrega la falta de uso de la expresión “izquierda nacional”, lo que hace suponer una diferenciación conceptual concreta. Ello lleva a plantear un interrogante sobre las relaciones teóricas y prácticas, de similitud y desemejanza, entre el nacionalismo de izquierda y la izquierda nacional en Chile que no posee respuesta en el trabajo glosado.

Para explicar la contundente derrota del 14 de agosto, Ricardo Alfonsín señaló que los votantes habían temido el cambio. El “temor al cambio” fue en realidad un rechazo masivo de la sociedad al intento de hacerla retornar al período anterior a diciembre de 2001. La alianza Alfonsín-De Narváez, el binomio Duhalde-Das Neves y la candidatura de Elisa Carrió son las expresiones típicas de una partidocracia que representa lo peor del pasado nacional desde el golpe de Estado de marzo de 1976 en adelante. Por su parte, el Frente Amplio Progresista encabezado por el Partido Socialista, no pasa de ser el ala socialdemócrata de ese conjunto anacrónico; y si Macri no figura en esta lista es simplemente porque renunció a dar batalla en esta ocasión.

Diciembre de 2001 marcó un antes y un después; estableció una nueva correlación de fuerzas sociales y políticas y fijó el límite del que no es posible retroceder a menos que sobrevenga un profundo reflujo de las masas populares.

El kirchnerismo, a su vez, es producto de esa nueva relación de fuerzas; no del momento culminante de la rebelión popular sino del momento del restablecimiento del orden, vale decir de la restauración de la institucionalidad amenazada por una crisis general de representatividad. Sin embargo, a pesar las límitaciones de clase de la corriente que fundó el ex presidente Kirchner (límitaciones que se manifiestan en la negativa a remover los fundamentos estructurales heredados de la década de los 90’), su diferenciación respecto de los viejos y nuevos partidos tradicionales es indudable.

En las jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001 la lucha de las masas decidió en las calles el hundimiento del ciclo neoliberal de los 90’, mientras que en las esferas dirigentes la crisis creó las condiciones para que la burguesía monopolista, cuyos negocios estaban ligados a la acumulación de capital productivo y la exportación, se convirtiera en el núcleo de intereses más influyente. El resultado fue que los gobiernos que emergieron tras la estabilización del sistema, primero el de Duhalde y luego los del kirchnerismo, se desenvolvieron según los lineamientos de una variante de corte desarrollista, ajustada al nuevo balance de poder, dentro del cual los sindicatos obreros se fortalecieron y constituyeron una pieza central del nuevo equilibrio. Sobre este último aspecto la evolución del sindicato metalúrgico es un dato ilustrativo. En el 2000 la UOM, una de las organizaciones más golpeadas por la desindustrialización de la etapa neoliberal, contaba con apenas 70.000 afiliados; diez años más tarde el padrón de cotizantes sumaba 250.000. 

El significado del cuarto oscuro

Los trabajadores no tardaron en apreciar la diferencia que, en relación a su situación material, significó el giro gubernamental respecto del modelo de los 90’ basado en la hegemonía del capital parasitario y depredador, enriquecido en los negocios de la especulación financiera y gracias a la posición monopólica que ocupó en los servicios públicos privatizados. Los propagandistas del oficialismo se han encargado de resaltar esa diferencia: restablecimiento de las convenciones colectivas, remoción de los capítulos más antiobreros de las reformas laborales de Menem y la Alianza, creación de cinco millones de puestos de trabajo, recuperación del salario real tras la brutal devaluación del 2002, estatización de las AFJP, incorporación al régimen jubilatorio de dos millones de trabajadores y trabajadoras excluidos del sistema, implementación de mecanismos compensatorios como la asignación universal por hijo…

Los trabajadores no tuvieron dudas acerca del significado de las diferencias que median entre el gobierno y la oposición partidocrática. ¿Qué tenían para ofrecer radicales y el partido de De Narváez, el duhaldismo, la Coalición Cívica o los progresistas del PS para oponer? ¿La rebaja o eliminación de los impuestos a la exportación de granos? ¿La ruptura con el “tirano” Chávez? ¿La reprivatización del régimen jubilatorio a cuya estatización se opusieron? ¿La continuidad del ciclo de endeudamiento público, pero sin tocar las reservas, sino recurriendo a usura financiera internacional?

Ciertas franjas de clase media, ideológica y culturalmente antikirchnerista, también votaron por el oficialismo. Los consultores de mercado y demás “opinólogos” explicaron que, especialmente en este caso, la preferencia electoral podía cuantificarse a la luz del aumento de las ventas de televisores LCD, celulares de última generación, calzado deportivo de alta gama, autos, motos, etc. En definitiva, la expansión del consumo en una economía que crece a tasas cercanas al 8% anual. Por cierto, la discrecionalidad en el manejo del poder, la vulneración de los principios republicanos, es algo que ofende la conciencia de una clase media hegemonizada por décadas de hegemonía liberal, pero… cuando en la apuesta electoral está en juego el futuro individual, lo que manda suele ser el bolsillo.

¿Profundización o giro radical?

El kirchnerismo ganó en forma aplastante el desafío de las internas abiertas. En el voto masivo pesó de manera decisiva el día a día. Por lo que estuvo ausente en la discusión la naturaleza de un proyecto que no ha quebrado los resortes estructurales heredados del período 1989-2001: privatización y extranjerización del petróleo, el gas, la minería, las comunicaciones y la siderurgia, o que, en algunos aspectos los ha perfeccionado, como en el caso de la provincialización del dominio sobre los recursos naturales; no se tuvo en cuenta que la legislación financiera sigue siendo la misma que impuso la dictadura de Videla-Martínez de Hoz, ni que el régimen de inversiones extranjeras continúa determinado por los tratados de protección del capital, firmados hace más de diez años con las principales potencias imperialistas y, en consecuencia, en condiciones de ser denunciados. En este orden tampoco tuvo importancia el hecho de que en ocho años de gobierno del kirchnerismo no ha tocado el sesgo en la distribución del ingreso que impone un cuadro impositivo marcadamente regresivo. Esta trama estructural, expresión de los intereses del gran capital de origen local y extranjero, resulta determinante de un patrón de acumulación característico de un capitalismo atrasado y dependiente.

Luego del resultado electoral distintas voces del oficialismo han proclamado que ha llegado la hora de profundizar el modelo. ¿Qué significa esto? Por lo pronto, la victoria contundente del gobierno ha echado por tierra el remanido argumento de que no se puede hacer más porque la relación de fuerza no lo permite. Sin embargo, cualquier avance en una dirección nacional-democrática no depende de la “profundización” de este modelo, sino de un giro radical apoyado sobre un programa encaminado a remover los factores estructurales que perduran de la etapa neoliberal.

Al kirchnerismo le esperan cuatro años más de gobierno en condiciones que probablemente no serán las mismas que conoció en sus mejores momentos. Está en curso una crisis mundial cuya gravedad ha superado hasta el momento los pronósticos más optimistas. Al mismo tiempo el modelo productivo evidencia signos de agotamiento: inflación, estancamiento de la inversión, desbalance fiscal, reducción del superávit comercial… El futuro habrá de presentarle al gobierno una encrucijada que no podrá eludir: tendrá que decidir si mantiene la brecha existente entre el relato épico con el que construyó su identidad política y las medidas concretas de gobierno, o sí, por el contrario, emprende el rumbo que lo lleve a unificar el discurso con el programa.

Hace 4 meses Altamira, supuestamente en nombre del trotskismo, apoyaba el ataque imperialista a Libia. Desde Socialismo Latinoamericano criticamos dicha postura (ver Altamira falsifica a Trotsky en www.izquierdanacional.org).

Ahora el mismo Altamira denuncia a la OTAN. Ciertamente, el giro en la postura de Altamira se explica —aunque no se justifica— por el cambio en las circunstancias: en abril estaba en curso la primera fase de la ofensiva imperialista contra Libia, que consistía en privilegiar la propaganda que presentaba a Kadafi como a un “dictador sangriento” que afrontaba una “rebelión popular”. En ese momento, las críticas a Kadafi “desde la izquierda” eran funcionales al imperialismo, y esto es algo que no debería escapársele a un trotskista.
Recordemos que en Buenos Aires, el PTS organizó una movilización a la Cancillería reclamando ruptura de relaciones con Libia. Pero si desde un principio era evidente, ahora nadie puede hacerse el distraído: Libia ha sido ocupada por las fuerzas de la OTAN que usan como mascarón de proa a cipayos financiados por las monarquías del Golfo. El de Libia no será un gobierno que goce de una popularidad abrumadora —¿hay algún gobierno que pueda presumirla?— pero lejos de haberse “rebelado” contra una “dictadura sangrienta”, el pueblo libio ha sido desangrado por las bombas imperialistas, que se han cobrado miles de víctimas.

Ante esta situación, Altamira ha decidido denunciar la verdadera naturaleza que adquiere el derrocamiento del régimen kadafista. No lo hizo con la oportunidad que correspondía, pero más vale tarde que nunca. Con la misma franqueza que lo criticamos, celebramos ahora el reposicionamiento del PO contra el imperialismo y en favor del pueblo libio.

La de Clarín es otra historia

Es verdaderamente difícil determinar si Marcelo Cantelmi, vocero de Clarín sobre la invasión imperialista en Libia, es simplemente un “izquierdista” ingenuo que cree en una genuina preocupación de las potencias hegemónicas por la democracia y los derechos humanos, o un militante convencido de las causas imperialistas con las cuales, sin duda, sus patrones de Clarín simpatizan.

Saludando la ofensiva final de las fuerzas imperialistas y contrarrevolucionarias contra el régimen nacional-popular de Kadafi, Cantelmi titula su columna: “Un nuevo giro que impactará sobre la adormecida primavera árabe”. La tesis del empleado “izquierdista” de Magnetto es que “la primavera árabe” que “derribó a las tiranías” a comienzos del año se ha detenido y que “la caída de Kadafi movilizará otra vez las energías” de la “gesta libertaria”.

Pero la prueba de que esta tesis es tan falsa que ni su autor cree en el fondo en ella, es el siguiente párrafo del propio Cantelmi: “En Libia la gran cuestión será definir quién ganó esta guerra, si los rebeldes o la Alianza Atlántica que intervino ahí impulsada originalmente por Francia y las necesidades electorales de su presidente Nicolás Sarkozy”.

Es decir, el carácter “libertario” de la “gesta” contra Kadafi dependería de la identidad política y social de las fuerzas victoriosas. El periodista de Clarín, como típico “izquierdista” bienpensante, da a entender que si los triunfadores fueran “los rebeldes”, entonces el carácter “libertario” de la “gesta” estaría garantizado.

Sin embargo, ¿quiénes son esos “rebeldes”? María Laura Avignolo, corresponsal de Clarín en París, nos lo dice sin pelos en la lengua: “fuerzas libias, entrenadas por la OTAN en Dubai y pagadas por Qatar, están listas para viajar a Libia a hacerse cargo de una ordenada transición”.

¿Serán, entonces, las fuerzas financiadas por las monarquías petroleras del Golfo Pérsico y entrenadas por la burguesía imperialista, las que “liberarán” a Libia de una “dictadura sangrienta”? ¿Desde cuándo el imperialismo y las oligarquías a su servicio están tan interesados en promover “gestas libertarias”?

Por otra parte, aun suponiendo que los “rebeldes” libios que enarbolan la bandera de la monarquía derribada en 1969 fueran las almas puras que supone Cantelmi, ¿podría confiarse en que serán ellos y no las potencias de la OTAN las que usufructuarán la caída de Kadafi?

Como la presencia de las mortíferas armas de la OTAN asesinando a miles de ciudadanos libios constituye un verdadero problema para la tesis de la “gesta libertaria” (y para todos los “derechohumanistas” que han hecho mutis por el foro), el enviado de Clarín a Libia ensaya un rebuscado argumento para salvarla de la refutación: “En verdad, las tropas occidentales entraron ahí no para apoderarse del petróleo libio, que Kadafi garantizaba con unción servil desde hacía muchísimos años a esas mismas potencias, sino para evitar una victoria evidente y con perfiles heroicos de la única rebelión armada en la región desde el estallido de Túnez, en enero último”.

Según el mecanismo mental que caracteriza a los “izquierdistas” extraviados: el imperialismo no derroca a los gobiernos nacional-populares, sino que esos derrocamientos serían “gestas libertarias” que luego, lamentable y contingentemente, el imperialismo aprovecharía en su beneficio.

Los argentinos sabemos bastante de esto, puesto que en 1955 y en 1976 el imperialismo derribó gobiernos nacional-populares valiéndose de los llamados a la “libertad” o a la “democracia” (a la “revolución”, inclusive) efectuados por pequeño burgueses izquierdistas.

Digámoslo claramente, aunque sea una obviedad: si Kadafi garantizara los intereses económicos o geopolíticos del imperialismo, entonces los aviones de la OTAN no estarían bombardeando Libia desde hace meses a fin de allanarles el camino a los “rebeldes”. Muy por el contrario: estarían ayudando a Kadafi a aplastar a esos “rebeldes”. Esto es tan evidente que lo ve todo el mundo, excepto el enviado de Clarín y ciertos patéticos ultraizquierdistas franceses que en nombre del “internacionalismo” han llamado a la clase obrera europea a boicotear a Kadafi y favorecer de ese modo la ofensiva de sus propias burguesías imperialistas.

Cantelmi finaliza su nota en Clarín anunciando que la inminente caída de Kadafi “es una mala noticia para Israel”. Se trata de una afirmación sin fundamento. Los sionistas pueden estar más que satisfechos viendo que todos los regímenes árabes que habían apoyado al pueblo palestino están desapareciendo uno tras otro. Para los sionistas, el derrumbe de Libia debería ser un paso previo al ataque a Siria. Si eso ocurriera, Cantelmi, muy probablemente, volvería a escribir las palabras con las que cierra su nota: “quién podría negar ahora que la democracia y la justicia son valores humanos y no cotos privados de Occidente”.

Desde Socialismo Latinoamericano rendimos homenaje a los heroicos patriotas libios que en estas horas defienden a su país y a su gobierno del feroz ataque imperialista. Estamos de su lado, del mismo modo que ellos estuvieron de nuestro lado cuando libramos la guerra contra el imperialismo angloyanqui peleando por recuperar  nuestras Malvinas.

Roberto Ferrero realizó un comentario crítico a una ponencia presentada por Marcelo Gullo al Primer Congreso de Revisionismo Histórico realizado en Navarro el 14 de mayo de 2011.^[1] Del mismo emergen las tesis centrales que podrían sintetizarse del siguiente modo:

Los países débiles deben enfrentar a las potencias mediante una insubordinación ideológica para liberarse de la dependencia cultural. La primera insubordinación correspondió a la generación del 900 (Rodó, Ugarte, Vasconcelos, etc.). La segunda fue desplegada por la generación revisionista (Jauretche, Scalabrini Ortiz, Rosa, Torres, Puiggrós, etc.). Es necesario un Nuevo Revisionismo para culminar la reivindicación del peronismo. Rosas fue el adalid de la Patria Grande, defensor del federalismo, promotor de la industrialización, etc.
Las críticas de Ferrero comienzan con el señalamiento de un defecto que consiste en omitir a la generación revisionista de la década del 30 (Ibarguren, Gálvez, Irazusta, Palacio, etc.). El segundo error se configura con el exceso de incluir entre los rosistas a muchos historiadores que no lo fueron (Ramos, Trías, Solís Rada, etc.).

Ferrero destaca entre los méritos de Rosas la defensa de la soberanía en la Vuelta de Obligado y en las negociaciones con los franceses, el enfrentamiento de los unitarios vendepatrias y la prohibición de exportar oro y plata. Seguidamente pasa a referirse a los aspectos negativos de su gobierno. Fue un político de la Patria Chica y no de la Patria Grande, pues defendió los privilegios de la provincia de Buenos Aires. Arrinconó al Paraguay, se desentendió de Bolivia y no se preocupó por la recuperación de las islas Malvinas. La Ley de Aduanas de 1835 fue una concesión provisoria a los reclamos proteccionistas del interior y Nunca generó una tendencia industrialista. Siempre se negó a la nacionalización del puerto y de la aduana por porteña principal fuente de recursos, consolidando la hegemonía de Buenos Aires hasta su derrocamiento. Rosas favoreció en múltiples instancias la penetración británica en nuestra economía.
Rechaza Ferrero el panegírico rosita en un texto que no tiene desperdicio. A la calidad expositiva se agrega una argumentación concluyente que recobra y enriquece la mejor tradición de la izquierda nacional sobre este controvertido tema. Su lectura será de interés para todos los compañeros y revivirá un debate que parece destinado a no concluir.