• Argentina
• Artículo cargado el 03/03/2008 - 18:40

Soberanía o dependencia

Leopoldo Markus

Introducción

Pobladores del Departamento de Tinogasta y de otros departamentos del oeste de la Provincia de Catamarca, se movilizaron en los últimos meses del año 2007, protestando por las tareas de exploración y prospección en la búsqueda de mineral de uranio (U), encaradas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y por una empresa minera de capital australiano, en los faldeos de la Sierra de Fiambalá.^[1] Además, la Municipalidad de Tinogasta convocó para el domingo 2 de diciembre pasado, a una consulta popular por sí o por no a la minería. Frente a esas protestas, el Gobierno Nacional resolvió que la CNEA suspendiera los trabajos de exploración de yacimientos de uranio en todo el departamento de Tinogasta. Con esa medida intentó parar las movilizaciones y fundamentalmente dejar sin motivo la convocatoria de consulta popular sobre minería. Los vecinos catamarqueños, interpusieron un recurso de amparo ante la Justicia Provincial, que fue concedido por el juez actuante.^[2]

La presentación, hizo hincapié en la supuesta contaminación que acarrearían, los trabajos de expropiación y prospección en la búsqueda de mineral de uranio, tanto por la CNEA como por la empresa extranjera.

Para los catamarqueños que efectuaron la denuncia judicial, bién intencionados pero mal informados, resultan iguales las acciones de un ente estatal como la CNEA, que tienen fines públicos, de servicio a la sociedad y a los ciudadanos, que las empresas mineras extranjeras cuyas fines, están movidos por el lucro y el saqueo de recursos naturales a cualquier costo, incluido el de contaminar desaprensiva e irracionalmente el medio ambiente. Es probable también, que los denunciantes, erróneamente, asociaran minería del uranio cuyo fin es energético y científico, con minera metalífera. En esta última, la búsqueda primordial es de minerales que contengan entre otros casos, cobre (Cu), oro (Au), plata (Ag), litio (Li) u otros, cuyas características físicas y químicas, deben poder satisfacer requerimientos metalúrgicos (fundición y refinación), necesarios para poder ser utilizados como bienes intermedios en la producción industrial o como bienes de consumo final por parte de los consumidores.

Respecto de estos problemas ambientales, que han traído preocupación a los vecinos de Fiambalá (Pcia. de Catamarca), así como otros en la Pcia. de Mendoza, se puede señalar que la CNEA dispuso, en diciembre del 2000, la constitución de un Proyecto de Constitución de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), que precisamente tiende a establecer criterios de tipo sistemático, tendiente a minimizar la contaminación en el medio ambiente y protegiendo a las personas (personal y vecinos de los yacimientos), al igual que al ganado y a la flora del lugar. Los abogados de los vecinos, que interpusieron en su momento amparos judiciales, deberían conocer dicho documento marco del PRAMU, en cuyas 216 páginas, se aclara perfectamente la política ambiental de la CNEA, así como las acciones que ella prevé al respecto. Nada que ver con los daños al paisaje y al medio ambiente y la impunidad de las mineras imperialistas, protegidas por los alcances de la Ley 24.196. Además el PRAMU, contempla la consulta con vecinos cercanos a los yacimientos, que eventualmente pudieran ser alcanzados por los trabajos de exploración y/o de concentración del mineral de uranio, en caso de efectuarse explotaciones a cielo abierto.

En contraposición a lo señalado en el párrafo anterior, puede verse como actúa el capital imperialista en casos similares de explotaciones a “cielo abierto”. En el caso del yacimiento de cobre y oro de Bajo La Alumbrera, al NE de Catamarca, el consorcio imperialista suizo-canadiense-británico, Minera Alumbrera Limited, extrae los minerales con una tecnología ahorradora de costos, que resulta fuertemente contaminante de las napas freáticas y del suelo.^[3]

Las principales actividades de la CNEA, en una rápida enumeración podemos mencionar la Investigación Científica Básica y especializada, la producción de energía eléctrica, así como el asesoramiento al Congreso, a las Provincias, al PEN y al Sector Privado, en todo lo que hace a la extracción, transporte y manipulación de minerales y material radioactivo, incluidos los desechos determinados por la actividad operativa de las centrales núcleo-eléctricas. Dentro de las labores que viene desarrollando la CNEA, desde su fundación en el año 1950, está la búsqueda de minerales radioactivos, como el uranio en particular, pués ellos constituyen los insumos básicos requeridos para las actividades científicas y empresariales, mencionadas en el párrafo anterior.

Por último, no es ocioso recordar que la Pcia. de Catamarca en casi un 70% es un desierto, con algunos oasis —valles fértiles— productores de frutas y verduras semitropicales —vid, tomates, pimientos, maní, olivos, etc—, que requieren para su cultivo de agua y energía eléctrica.

En San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad capital de la provincia, las temperaturas medias en verano alcanzan los 45° Celsius o más. Los habitantes de la ciudad y de otras ciudades de la provincia, ya están acostumbrados a los cortes en el suministro de energía eléctrica, por parte de una firma extranjera que usurpa el lugar que le corresponde por derecho propio, a Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AAYEE).

La empresa provincial prestataria, si se la puede llamar así, brinda un pésimo servicio de distribución domiciliario, a precios confiscatorios y sin ningún tipo de controles estatales. Los problemas de restricciones en el abastecimiento, comunes en todo el país, tanto a las actividades del Sector Privado —Agricultura, Industrias y actividades de servicios—, como a los usuarios residenciales, con cortes en los suministros de combustibles, electricidad, agua y gas, no son casuales. Tales problemas, constituyen el resultado de decisiones políticas adoptadas hace muchos años, por los partidos políticos del régimen, por el PEN, por el Congreso de la Nación y que fueron avaladas por un Poder Judicial, en base a un derecho tramposo y ajeno al interés nacional, pero servil con las necesidades del capital imperialista. Entre esas decisiones estuvieron las privatizaciones de AAYEE, YPF, Gas del Estado, Hidronor, SEGBA, etc, y la canibalización de la CNEA.

Básicamente, las insuficiencias fueron en inversiones en materia de generación y transporte de energía eléctrica, en insuficiencia en la capacidad de transporte y distribución de gas natural, así como en la capacidad de refinación de combustibles. Tales insuficiencias, constituyeron el resultado del sometimiento de la partidocracia frente al imperialismo, luego de la caída de Puerto Argentino (14 de junio de 1982) y como parte del proceso desmalvinizatorio de reconocer y pagar una deuda externa ilegítima.

Las privatizaciones del acervo público, constituyeron el pago “en especies” de la deuda por vía tarifaria. Las políticas de precios, de inversiones y de remesa de ganancias en un mercado totalmente oligopolizado y cartelizado, fueron impuestas a una sociedad inerme por el Estado Gendarme —en manos de los políticos arrodillados—. Tales des-inversiones generaron —a largo plazo— los problemas presentes, mientras que las ganancias de los monopolios que debieron financiar las inversiones energéticas, fueron remesadas a sus casas matrices, al igual que los recursos naturales usurpados.^[4] Sin embargo y frente a las falacias que se emiten cotidianamente desde el Estado y repetidas hasta el cansancio por los medios de comunicación, serviles con el capital financiero internacional, podemos afirmar que la crisis energética es solucionable, pero no en base a miserables paliativos como la venta de 5 millones de lamparitas de “bajo consumo”, lo que constituye una burla al pensamiento racional. En modo alguno estamos en contra de medidas que contribuyan al ahorro energético, pero esta crisis esta determinada por la imprevisión criminal de las sucesivas administraciones,^[5] no solo la correspondiente al gobierno saliente de Néstor Kirchner, sino también de los anteriores de De la Rúa, de Duhalde, Menem, etc, etc, etc.

Lo que no dicen ni el gobierno kirchnerista ni la pseudo oposición política y parlamentaria, de izquierda o de derecha, es que desde 1985 en adelante, no hubo una política planificatoria por parte del Estado, en materia energética.^[6] Por lo tanto los errores e improvisaciones en la esta materia, no fueron ni son casuales. Las decisiones en esa materia, por parte de los funcionarios del Estado a cargo —parlamentarios, ministros, secretarios, etc—, han respondido y responden a una política, funcional a los intereses de las empresas imperialistas, en materia de extracción irracional e indiscriminada en materia hidrocarburífera, de exportaciones, de controles cero y de liquidación en el extranjero de hasta un 70% de las divisas generadas por las ventas de crudo, gas y subproductos refinados.

La crísis energética, hija de la improvisación técnica, del pensamiento colonizado de políticos partidocráticos y del saqueo, por parte del capital extranjero, de los recursos naturales, es solucionable, si existe una voluntad política soberana por parte de los tomadores de decisión, la que obviamente no está ni remotamente pensado, por quienes tienen un respeto reverencial por el imperialismo. Esas decisiones patrióticas y soberanas, solo las pueden tomar un Gobierno que exprese los intereses del Pueblo Argentino y que esté dispuesto a enfrentar al imperialismo en todos los terrenos, con las armas en la mano, si ello fuere necesario.

Para resolver la crisis energética, hija de la extranjerización de las empresas públicas efectuadas por el menemismo —pero cuyo fundamento ideológico está en el golpe del 24 de marzo de 1976— y continuadas por las sucesivas administraciones coloniales posteriores —incluida la actual de la Dra. Cristina Fernández—, hay que renacionalizar las empresas públicas del Sector de la energía y aumentar la oferta energética. Para ello, hay que construir, principalmente —sin dejar de lado, otros tipos de energía—, centrales hidroeléctricas y núcleo-eléctricas, que darían la potencia de base necesaria que con una suficiente capacidad de reserva, pudiese absorber la demanda de potencia. Ambas fuentes de energía no son contaminantes y tienen el costo más bajo de generación.^[7] Precisamente, el tema de la generación núcleo-eléctrica, está directamente ligado a la búsqueda de uranio, o sea a las actividades de prospección y exploración de dicho mineral.

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La crisis energética mundial, un capítulo de la crisis mortal del imperialismo

El más que probable fin de la era del petróleo como principal insumo energético, particularmente en los países occidentales, hace sonar una campana de alarma a los mismos y plantea la resolución de nuevas pautas de crecimiento, basadas en formas de energía alternativas de alto rendimiento como aquel y que al mismo tiempo, no recalienten el medio ambiente ni agredan al paisaje o al subsuelo de donde es extraído.

El planeta asistió durante el siglo XX, a la progresiva desaparición del carbón y de la madera, como fuentes de generación de energía, que fueron usados por miles de años, para la satisfacción de las necesidades humanas en las actividades agrícolas, domiciliarias e industriales.

A partir de la década del 10 y hasta bién pasado el medio siglo, la generación de energía eléctrica, el transporte de cargas y personas, la producción industrial y los consumos familiares, fué satisfecho con el uso masivo del petróleo y de sus subproductos refinados (asfaltos, combustibles y lubricantes), así como de otro hidrocarburo más limpio y de mayor rendimiento, como es el gas de yacimientos.

Por supuesto que el consumo despilfarrador de esos hidrocarburos, solo fué para un 20% de la población mundial, asentada en los países centrales —Europa Occidental, los EEUU y Japón—, mientras que la mayor parte del planeta y de los pobladores de los países productores, no disponían ni disponen de los beneficios del nivel de vida, del consumo de la energía,^[8] ni mucho menos de los ingresos per cápita de los habitantes de aquellos países.

La estructuración oligopólica de los mercados y de la producción, a escala mundial, es el sistema que el revolucionario ruso Nicolás Lenín denominó imperialismo y es responsable de esa situación. Guerras y golpes de estado asolaron al planeta en el siglo XX; ellas están ligados a la acción de las empresas imperialistas estructuradas unidas en el cartel denominado, Siete Hermanas. Obviamente, detrás de los conglomerados están los estados imperialistas y sus FFAA, para que sostengan las políticas de los mismos. Los principales conglomerados petroleros que integran el cartel son: las norteamericanas Exxon (ex Standard Oil), Texaco, Socony Vacuum, American Motor Oil (AMOCO), Occidental Petroleum (Oxy), la inglesa British Petroleum (BP) y la angloholandesa SHELL. El sistema económico y tecnológico, estructurado alrededor del petróleo y cuyos precios y condiciones de explotación a escala mundial, los manejó durante muchos años el Cartel de las Siete Hermanas y llevó a la miseria más atroz a los países productores, salvo a aquellos países que crearon empresas estatales, que los marginó del sistema imperialista. La República Argentina al crear en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF,^[9] además de ser pionera a nivel mundial pudo independizarse del mortal abrazo de las Siete Hermanas. Ese mérito le correspondió, sin duda alguna al Presidente Hipólito Yrigoyen y al Gral.  Enrique Mosconi —fundador de YPF_ y a las posteriores políticas nacionalistas, que en defensa de la Soberanía Nacional, impulsó la Revolución Nacional con los gobiernos encabezados por el Gral. Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1976). Solo la contrarrevolución vigente en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976, con la dictadura colonial 1° y su continuidad democolonial —aún vigente—, que ha falsificado la historia de los argentinos y entregado al saqueo imperialista las empresas públicas —creadas con el esfuerzo contributivo de generaciones de argentinos— y las rentas de los recursos naturales —hidrocarburos, minería metalífera, bosques, suelo, riqueza ictícola de la plataforma marina, etc, etc, etc), oculta que el actual proceso de pillaje y saqueo hipoteca el futuro de los argentinos, generando a su vez miseria y expoliación, sin resolver el problema de la energía.

Situación actual y panorama de la energía

La tecnología de los motores de combustión interna de ciclo incompleto, generalizó el uso y el abuso de los derivados del petróleo. Luego, al perfeccionarse el conocimiento científico de la química orgánica, vino la petroquímica, asociada al uso de insumos como la nafta y el gas, lo que confirió altísimo valor agregado a los hidrocarburos y dió un gran impulso a la industria del plástico.

Pero el desarrollo y enriquecimiento de la industria petrolera, de la industria automotriz, de la petroquímica, así como de otras, ligadas directa e indirectamente a la extracción del petróleo y el gas, fué la simultánea condición para que la mayor parte de la humanidad vegetara en el subconsumo, el hambre, la desocupación y la miseria y que solo la minoría habitante de los países centrales, gozara de los beneficios sociales y económicos de la sociedad capitalista avanzada.

Las dictaduras semifascistas o gobiernos fraudulentos de los pueblos, impuestos históricamente por el imperialismo con la inestimable ayuda de las clases dominantes de los países sometidos, tuvieron un único propósito: someter a las sociedades dependientes a la monoproducción, a las monoexportaciones, al sometimiento, a la sobre explotación de los recursos naturales y al hambre de los pueblos. Solo así y de esta manera, los países imperialistas pudieron apoderarse a precio vil de los hidrocarburos, de los minerales y de otros recursos, necesarios para su ciclo productivo.^[10]

Pero, el despilfarro consumístico de los países metropolitanos, sostenido en la “baratura” relativa del petróleo, la humanidad está llevando al agotamiento de las reservas de gas y petróleo^[11] con los efectos explosivos en el sistema de precios relativos,^[12] así como otros efectos no deseados, que conspiran contra las propias poblaciones del centro. La emisión de gases de combustión, como el dióxido de carbono CO₂ y el monóxido de carbono CO, cuyo origen comprobado esta en el uso intensivo de derivados de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como otros de menor cuantía como el óxido nitroso —aunque no por ello menos nocivos—, han generado impactos ambientales como el recalentamiento de la atmósfera, que vulgarmente se lo conoce como efecto invernadero.^[13]

Además de esos efectos comprobados del Efecto Invernadero se agrega la llamada “lluvia ácida”, descarga de metales pesados —Cromo (Cr), Bromo (Br), Plomo (Pb), etc—, que arruina la superficie arbórea —sobre todo en Europa Occidental y del Este— y destruye el proceso de fotosíntesis, imprescindible para la generación de oxígeno necesario para la vida animal y vegetal.

Se estima que el consumo global de electricidad puede llegar a incrementarse en aproximadamente un 75% para el año 2020 y prácticamente triplicarse para el 2050. En la Argentina, se calcula que el consumo para el 2010 podría llegar a duplicar los valores actuales.

En la actualidad, a nivel mundial, los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— contribuyen con un 63 % de la producción eléctrica, la hidroeléctrica representa alrededor del 19 %, la nuclear 17 %, la geotérmica 0,3 % mientras que la solar, eólica y biomasa contribuyen en conjunto con menos del 1 %.

En nuestro país, según datos del Balance Energético Nacional del año 2004, elaborado por la Secretaría de Energía,^[14] la matriz energética está estructurada de la siguiente forma:

Conforme a los datos de la Matriz, el 88% de la oferta interna primaria de energía, esta estructurado en base a combustibles de origen fósil, usados más intensamente (petróleo y gas) y cuyo horizonte de vida útil está perfectamente acotado. El horizonte de vida de las reservas al actual ritmo de producción es de: 9 años para las del petróleo y 12 años para las de gas natural.^[15]

Dicho en otras palabras, casi el 90% de la energía que es consumida en la actualidad por los argentinos, proviene de fuentes hidrocarburíferas (petróleo y gas). Esta situación, de despilfarro de recursos energéticos no renovables, constituye un verdadero disparate. A diferencia de la República Argentina, por ej., Brasil cubre un 60% de sus necesidades con energía hidroeléctrica, Francia abastece un 80% de su demanda eléctrica con el aporte nuclear e incluso el 40% de la demanda energética de los EEUU, se cubre con carbón.^[16]

La Argentina tiene reservas de carbón bituminoso del orden de las 697 millones de toneladas,^[17] que al actual ritmo de consumo implica un horizonte de explotación superior a los 50 años. En el caso de la hidroelectricidad, las centrales actualmente en funcionamiento, están utilizando menos del 15% de la capacidad de generación de la fuente. Dicho en otras palabras, en materia de recursos hídricos existe una sub-utilización del 85% que podrían ser utilizados para generar energía eléctrica.

Las reservas de uranio, entre las razonablemente aseguradas y las adicionales estimados, superan las 11.000 Tn —ver Cuadro N° 1—, que según la CNEA, asegurarían por 17 años el funcionamiento de las Centrales Atucha I, Embalse y Atucha II y una cuarta en proyecto.

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La República Argentina, dispone de inmensos recursos naturales renovables (agua) y no renovables (carbón y uranio (ver Cuadro N° 1)), que puestos a disposición de los argentinos, permitirían generar electricidad abundante y barata a las actividades extractivas, a la producción agropecuaria e industrial, a los servicios, etc y las familias, sin ningún tipo de restricciones y con una calidad de vida de altísimo nivel. La situación actual a diferencia de lo señalado y a grandes rasgos, es que la Argentina está actualmente inmersa en una crisis con características de tipo estructurales y que básicamente se expresa, tal como la sociedad ha observado recientemente, en una amenaza generalizada para la producción (3.143 tn), Namibia ( 2.036 tn), Uzbekistán (1.770 tn), EEUU (846 tn), Ucrania (800 tn), Sudáfrica (824 tn) y China (750 tn).

En primer lugar y en el corto plazo, la falta de abastecimiento en los servicios públicos esenciales como los combustibles líquidos, el gas natural y la electricidad, como se puso de manifiesto en los años 2006 y 2007, con cortes de gas a la industria por parte de las distribuidoras, en insuficiencia de gas natural por falta de inyección desde los yacimientos de origen, y en centrales eléctricas que trabajaban con gas natural y que debieron recurrir al fuel-oil o gas-oil para seguir funcionando.

A esto se sumaron los bajos niveles estacionales de agua registrados en nuestros ríos, con el consecuente impacto de disminución en la producción de las centrales hidroeléctricas y el uso alternativo del gas como insumo para generarla. Esos problemas fueron coyunturalmente solucionados con la importación de fuel-oil de Venezuela, de gas natural de Bolivia y electricidad de Brasil, debiendo nuestro país asumir en estas transacciones costos superiores a los de costos internos. Y así continuamos con las actuales restricciones de abastecimiento, los aumentos de precios a los consumidores y los cambios en el marco de regulación, que solo favorecen a los grupos económicos concentrados que operan en el sector energético de nuestro país. Por supuesto que nada de esto es casual y sus causas ya han sido analizadas más atrás. La aparente irracionalidad en la toma de decisiones de los hombres de Estado, tiene que ver con el hecho de que las privatizaciones o extranjerizaciones de las empresas públicas, fueron diseñadas deliberadamente, con el objeto de generar negocios particulares con bienes sociales como la energía, sin importar los daños y los costos para la sociedad. Por ello mismo, la primera privatización que efectuó el menemismo, correspondió a los medios de comunicación, a efectos de condicionar a la opinión pública y “prepararla”, con gran publicidad, para que aceptare sin lucha la entrega del patrimonio público.

No es posible solucionar los problemas estructurales de la energía y de los combustibles, sin renacionalizar las empresas públicas y reasumir la soberanía del sector y aumentar la oferta energética. Las soluciones técnicas existen, pero el daño producido por la extranjerización de aquel y la usurpación y goce de las rentas por parte de los argentinos, llevará muchos años corregirlo. Veamos al menos, lo que puede hacerse al menos con la generación núcleo-eléctrica y su relación con la minería del uranio.

Ventajas y desventajas de las diferentes formas de generación eléctrica

Que la generación básica de electricidad se efectúe con los recursos menos abundantes (gas y petróleo), en lugar de hacerlo con recursos hídricos, carbón o nuclear, es una total irracionalidad económica, que tiene que ver con la neocolonización imperialista a partir del 76 y potenciada por el menemismo. En esa misma línea se inscriben el saqueo de los recursos minerales e hidrocarburíferos. También podría llegar a ocurrir con el uranio, habida cuenta el alza de precios de este en los últimos 15 años.

En primer término, la generación eléctrica a base de combustibles fósiles se efectúa por medio de centrales térmicas (fuel-oil, gas, etc) que tiene bajos costos de inversión básica (obras civiles y equipamiento electromecánico) y se adapta rápidamente a los cambios en la demanda (07:00 hs, comienzo de la actividad económica e industrial o 19:00 hs: regreso de los trabajadores a sus hogares). Por tener las centrales térmicas, bajos costos de inversión iniciales, los períodos de amortización de las mismas, son relativamente cortos. En segundo término, las desventajas fundamentales se pueden contar, entre otras, en los bajos rendimientos energéticos de las centrales térmicas, (promedio de generación anual de unos 220 días, por paradas por mantenimiento). Si bién las amortizaciones tienen períodos cortos, los costos operativos de por sí son antieconómicos (costos medios y marginales crecientes). Son altísimamente contaminantes del aire, del suelo y de las napas freáticas, por la emisión de metales pesados, no disolubles, como cromo (Cr), plomo (Pb), bromo (Br), etc u otros elementos nocivos como el azufre (S). Además de esas desventajas, ya de por sí bastante importantes, hay que sumarle la falta de exploración en materia de hidrocarburos, lo que ocasionaría aumentos siderales en las tarifas eléctricas industriales y residenciales, si el país tuviese que importar el petróleo. No hay industria posible con energía cara.

A diferencia de las características enunciadas sobre las térmicas, las centrales hidroeléctricas y nucleares, debido al tamaño de la potencia a instalar, requieren de tamaños de capital muy superiores, con largos períodos de amortización de la inversión básica. Sus altos costos iniciales de inversión, originados en los períodos de construcción de las obras civiles y el equipamiento electromecánico, se compensan más que sobradamente por sus bajísimos costos operativos. Tales construcciones se repagan sin esfuerzo para la administración (capital más intereses), solo con la venta de la electricidad. En las centrales hidroeléctricas, el insumo básico es el agua y su capacidad de generación está en función de la altura, respecto de la base del emprendimiento^[18] y en las nucleares, el uranio natural levemente enriquecido. El uranio natural es un mineral abundante en la Argentina. Tanto la hidroelectricidad como la núcleo-electricidad, no son contaminantes, y con una vida útil inmensamente superior a las centrales térmicas. Tanto uno como otro tipo de generación, entregan una tensión uniforme, no adaptable a los cambios en la demanda de electricidad, pero de altos rendimientos (generan energía eléctrica, unos 320 días de los 365 anuales), lo que las hace muy confiables.

En el caso de la centrales nucleares, sus buenas performances, tienen una ventaja adicional sobre las hidroeléctricas y es que no dependen del régimen de las lluvias, lo cual las hace más confiables. En la crisis eléctrica del 87, cuando el sistema aún era estatal y los cortes estaban programados —no como ahora, que no responden a ninguna lógica—, Atucha I y Embalse, soportaron todo el peso de la situación. No es casual que la política energética de la democracia colonial, desde el alfonsinismo hasta Cristina Fernández, no hayan puesto énfasis en ambos tipos de centrales, particularmente de las nucleares. Ello responde a una razón singular y es que los intereses del imperialismo, al tomar por asalto el acervo público (1989), tuvo por objeto vincular la generación, el transporte y la distribución de electricidad con la actividad exportadora como principal demandante (acero, petroquímica, autos, granos, aceites, petróleo, gas, etc, etc, etc), en manos de las empresas imperialistas o de los grandes grupos económicos de origen nacional, que concentran la producción y las exportaciones. Fruto de la irracionalidad y de los intereses monopolísticos en juego, se estableció un régimen eléctrico,^[19] absolutamente perverso que aseguró a los usurpadores, tanto del Sector Eléctrico como del Sector Combustibles gigantescas ganancias, sin poner un solo peso en materia de inversiones y que el capital extranjero pudiese remesar rápidamente las utilidades hacia sus casas matrices. Esta es la causa de la actual crisis en materia de energía eléctrica y de combustibles. Inclusive, bajo el menemismo se llegó a pensar en cerrar la CNEA y privatizar las dos centrales en operaciones, lo que por absurdo no pudo concretarse. Pero en contrapartida, desde el alfonsinismo en adelante y particularmente, bajo la gestión del ex Ministro de Economía de Menem, Domingo Felipe Cavallo, se saboteó presupuestariamente la continuidad de la construcción y puesta en marcha de Atucha II, que ahora el cristino-kirchnerismo, quiere poner en operaciones 20 años después de que debió haber entrado en servicio (1987), con los consiguientes incrementos en los costos de operaciones y el lucro cesante, que exigirán sus grandes proveedores de insumos y equipos.

Por todas las razones expuestas, resulta conveniente para el país y para los argentinos, optar por la puesta en marcha de muchas centrales nucleares, en el marco de una adecuada planificación del Sector Eléctrico y con una adecuada distribución de las fuentes de generación entre térmicas, hidroeléctricas y nucleares. Pero las centrales nucleares, requieren de un elemento combustible, basado casi exclusivamente en el uranio natural, para la tecnología con la que fueran diseñadas Atucha I, Embalse y cuando entre en servicio, Atucha II. En este punto operan fuerzas centrífugas que operan en sentido contrario, pero que en ambos casos no responden al interés nacional.

Por una parte, la visible declinación de las reservas mundiales de los combustibles fósiles —a los actuales niveles de consumo—, ha generado, pese a la recesión en los países centrales, que el precio del petróleo esté por superar los u$s/m³ 630 (u$s/barril 100), razón por la cual que las burguesías imperialistas, comenzaron a pensar seriamente en formas alternativas de generación de energía eléctrica y en la sustitución de los combustibles mencionados. Una de ellas —no la única—, pero la principal, es la nuclear.

Hoy día, están en operaciones cerca de 450 reactores nucleares en 32 países. Además, 25 están en construcción, 40 en proyecto y 75 en etapa de propuesta. Entre todos, en el año 2003 requerían poco más de 68.000 toneladas de uranio por año; es decir un promedio de 155 toneladas por central. Esa demanda seguirá aumentando. En el 2003, los grandes productores fueron Canadá (10.457 tn), Australia (7.572 tn), Kazajastán (3.300 tn), Rusia (3.150 tn), Nigeria (3.143 tn), Namibia ( 2.036 tn), Uzbekistán (1.770 tn), EEUU (846 tn), Ucrania (800 tn), Sudáfrica (824 tn) y China (750 tn).

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Actualmente, la Argentina requiere unas 120 tn/año de uranio, para sus centrales Atucha I y Embalse, a un costo de importación superior a los 36 millones de dólares. Fuentes de la CNEA estiman que producir aquí “costaría menos de la mitad y daría trabajo a cientos de personas”.^[20] Pero, cuando entre en operaciones Atucha II (2010), los requerimientos del mineral, ascenderían a 200/210 tn/año Por ello es necesario producir más y ampliar las plantas concentradoras del mineral. Esto hace al Proyecto de reactivación de la mina de uranio Don Otto, Pcia. de Salta, lo que implica seguir explorando e incorporando otros yacimientos para abastecer todo el plan energético. Para los planificadores de la CNEA, el aporte nuclear a la matriz energética, debería pasar del 7/8% actual para el 2025 al 25%.^[21]

El precio del uranio que se mantuvo estable por casi dos décadas, a partir del 1996 comenzó a subir desde los u$s/kg 15 a los u$s/kg 300 en el 2005, o sea un incremento del 1.800% en nueve años. Ese precio ya es altísimamente rentable y por ello mismo, ha generado el apetito y la codicia de las grandes empresas mineras del mundo, que casualmente, son las mismas que saquean los minerales metalíferos en la Argentina.

En las tareas de prospección, además de la CNEA, hay varias empresas extranjeras que están buscando uranio, dado que el país tiene condiciones para su autoabastecimiento, e incluso podría llegar a exportar el mineral. Pero para llegar a esa situación, se requiere de fuertes inversiones en el sector. La pregunta es, si dichas inversiones debería efectuarlas el Estado (CNEA), en función del interés soberano o el Sector Privado y extranjero, capital imperialista (empresas mineras), con intereses lucrativos y bajo que legislación. En el primer caso, las utilidades serían reinvertidas en el país, mientras que en el segundo, como está pasando con el saqueo de los minerales metalíferos, no quedaría ningún valor agregado y las utilidades sin reinvertir, se girarían al extranjero.

Ya hay varias firmas extranjeras, que han comenzado a instalarse en la Argentina, para buscar uranio. Una de ellas, la canadiense Blue Sky Uranium, cuyo accionista controlante es el Grosso Group, está asociada con una minera local y pretende explorar unas 400.000 ha en cuatro (4) provincias —Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén—. El grupo canadiense, quiere extender sus operaciones a la provincia de Salta. Otra empresa canadiense, la Wealth Minerals, está explorando en el yacimiento Diamante-Los Patos, de la misma provincia del NOA. La canadiense Calypso Acquisition, está efectuando trabajos de cateo en Chubut, lo mismo que Mega Uranium —de igual origen—, en la misma provincia (Proyecto Patagonia).

En el 2007 la CNEA efectuó trabajos de exploración en Sierra Pintada, Pcia. de Mendoza e hizo perforaciones en Cerro Solo, en la provincia de Chubut. Debe tenerse en cuenta, a los efectos de considerar las inversiones en materia extractivo-minera, que poner en condiciones de producción a una mina, supone una demora no menor a los diez años y ello se traslada a los plazos, para poder disponer de material fisionable que sea utilizado como combustible.

Historia de la CNEA y situación actual

Corresponde señalar que el hallazgo y la conveniencia de efectuar la extracción de mineral de uranio, a los efectos de disponer de comenzar la producción de combustible nuclear, requiere de una voluntad política por parte de Estado Nacional de llevarla a cabo. Ella no puede estar basada, solo en la coyuntura —crisis energética, determinada por el pillaje, las privatizaciones y la pérdida de decisión soberana en la materia—, sino fundamentalmente en una comprensión acabada de la situación del país y sus intereses estratégicos. Solo hubo dos hombres, provenientes de n/FFAA ambos, de diferentes orígenes políticos, pero con una profunda convicción patriótica y con poder de decisión en sus respectivos ámbitos de acción. Ellos fueron el Gral. Juan Domingo Perón y el Clte. y Dr. en Física, Carlos Castro Madero, quienes en distintos momentos del tiempo, comprendieron las cuestiones mencionadas y supieron tomar las decisiones del caso.

Perón, como Presidente de la República en 1950 tomó la decisión de crear la CNEA, pués era consciente que los países que tuvieran alimentos y energía abundante y barata, después de la II Guerra Mundial y control hegemónico sobre los mismos, podrían sostenerse en el tiempo, a pesar de las presiones de los países imperialistas, para impedir dicho control soberano. A su vez Castro Madero, que como presidente de la CNEA (1976-1984), transformó al organismo de una institución dedicada a la investigación básica, en una empresa prestataria de energía, que diversificara sus compras y ordenara a la industria argentina en sus producciones, en función de un Standard de calidad, acorde con las necesidades del Plan Nuclear que él soñara y pese a los ataques contra el organismo y contra su persona, por parte de los EEUU, de la UE y de la Oficina Internacional de la Energía (OIEA). Dicho Plan suponía que el país contara, al iniciarse el siglo XXI, con diez (10) centrales núcleo-eléctricas, las que junto a las centrales hidroeléctricas, constituyeran los principales aportes a la matriz energética, dejando los combustibles de origen fósil para una menor dimensión en esta última. En rigor de verdad, la idea era que los hidrocarburos —por ser recursos más escasos en la naturaleza—, sirvieran marginalmente a la producción de energía y el uso intensivo de los mismos, estuviese destinado —como materia prima— a la industria petroquímica, con el objeto de conferir un mayor valor agregado al insumo.

Veamos los pasos que dió el país en materia nuclear y que ha sido ocultado sigilosamente, por parte de los agentes del capital imperialista, principalmente británico y estadounidense. Esos pasos, dan una cabal idea de las capacidades que tenemos los argentinos, para efectuar las tareas que se requieren en materia extractiva, en materia industrial para fabricar el combustible nuclear, así como encarar el diseños y la tecnología más apropiada —tanto técnica como económicamente— de la producción de energía eléctrica.

Dice H. C. Plaza “El uranio, generalmente bajo la forma de dióxido de uranio (UO₂), es la materia prima con la que se fabrica el combustible nuclear para los reactores generadores de energía eléctrica.“

”El rendimiento de un reactor nuclear es una función de la concentración del isótopo ₂₃₅U en el combustible. Esta concentración, que varía según los tipos de reactores, puede ser la que se encuentra en el llamado uranio natural (0,72% de ₂₃₅U), que es como se lo encuentra en la naturaleza, hasta del 2 al 3,6% en ₂₃₅U que se obtiene por enriquecimiento del isótopo por medios tecnológicos.“

”La tecnología del enriquecimiento es onerosa y complicada, razón por lo cual la República Argentina adoptó, en el momento de decidir el grado de enriquecimiento para sus reactores de potencia, el uranio natural como combustible y agua pesada como moderador, con el objeto de tener autoabastecimiento en el ciclo de combustible nuclear, ya que en ese momento no se poseía la tecnología de enriquecimiento (obtenida a partir de 1982).”^[22]

Y más adelante agrega H. C. Plaza: “Las tareas de prospección y exploración, se iniciaron en la República Argentina en los albores de la era nuclear (a sólo seis años del descubrimiento de la fisión nuclear, por Otto Hahn, Lise Meitner y Fritz Strassman, en Alemania).“

”Entre los años 1945 y 1949, se descubrieron varias manifestaciones y pequeños yacimientos de uranio en la Provincia de La Rioja (San Santiago, mina de uranio y níquel, Santa Brígida y San Sebastián, minas de uranio y cobre). Los primeros estudios fueron realizados por la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares pero luego la Universidad Nacional de Cuyo (en Mendoza, San Luis y Córdoba), en colaboración con la entonces Dirección Nacional de Energía Atómica, se hace cargo de ellos.“

”La Dirección Nacional de Energía Atómica se creó en 1950 y en un primer momento estuvo dedicaba a la investigación, hasta que en el año 1956 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y todas las actividades se centraron en, ella. Durante 1957 y 1958, la CNEA formó el plantel de profesionales y técnicos para llevar a cabo los trabajos antes mencionados.“

”Ya desde 1952, la Dirección Nacional de Energía Atómica, había iniciado una serie de etapas evolutivas en las tecnologías aplicadas a la producción de uranio en el país, obteniendo concentrados, efectuando su purificación nuclear y produciendo uranio metálico, si bien no en cantidades significativas, lo suficiente como para sostener las actividades de investigación y desarrollo de la Institución.“

”El paso fundamental se concretó en 1970, cuando la CNEA, asume el compromiso de abastecer a la Central Nuclear Atucha I con concentrado de uranio producido en el país.“

”Los resultados obtenidos en esta década pueden sintetizarse consignando que se logró un elevado nivel en las metodologías de las diferentes etapas, que incluían la prospección, evaluación, explotación minera, a cielo abierto y subterránea, como así también el desarrollo de procesos para diferentes menas uraníferas, la ingeniería básica y de detalle, el control de calidad, los montajes industriales, la gestión de efluentes, el control radiosanitario de personal y el control ambiental en todas las etapas del ciclo de combustible.“

”Debe destacarse que todas las instalaciones alcanzaron en la práctica los objetivos propuestos, obteniéndose productos finales satisfactorios en lo referido a las especificaciones de calidad, tanto para concentrados de uranio como para elementos combustibles.“

”Hubo en el país ocho centros productores de concentrados de uranio (Complejos Minero Fabriles), cinco operados por la Comisión Nacional de Energía Atómica y los otros tres por empresas privadas. Hoy, están retirados de servicio, siete de estos centros productores.“

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”La materia prima de los complejos minero fabriles son las rocas. Éstas son mezclas de diferentes minerales, los que a su vez están compuestos por elementos químicos. En la roca podemos distinguir la ‘mena’, que es el mineral que presenta interés minero, y la ‘ganga’ o ‘roca de caja’, que comprende los minerales que acompañan a la ‘mena’. Para que la explotación y tratamiento de una ‘mena’ sea rentable, la concentración del elemento (ley de mineral) de interés debe tener valores suficientes para que los costos y ganancias sobre el producto sean compatibles con los precios de venta en el mercado.“

”La parte superficial de la corteza terrestre no tiene la simplicidad ni la homogeneidad en la distribución de los elementos que encontramos en las partes más profundas del manto o el núcleo. Esta heterogeneidad de la corteza terrestre hace que cada manifestación, depósito o yacimiento sea singular en cuanto a su geología, química, mineralogía, así como también a sus características radiactivas. Esta particularidad influye en el diseño de la mina, su explotación, el tratamiento químico de la ‘mena’ y, consecuentemente en las estrategias de decisión, para minimizar el impacto ambiental.“

”La explotación y tratamiento de minerales uraníferos con el propósito de producir concentrados comerciales de uranio comenzó en 1952. Desde entonces, se procesaron 5.658.000 toneladas de mineral, en los ocho centros productores (Complejos Fabriles o Complejos Minero Fabriles, Tabla 1). El 10% de la explotación minera, se realizó por minería subterránea (yacimientos Huemul, Agua Botada y Don Otto), y el resto por minería a cielo abierto. Los métodos de tratamiento también fueron diferentes, el 10% del mineral se procesó por lixiviación convencional (trituración, molienda y lixiviación en cubas por método continuo, Complejo Fabril Malargüe) y el 90% restante, por lixiviación en pilas (trituración grosera y lixiviación en discontinuo).“

”La producción histórica en la República Argentina fue de 2.540.819 kilogramos de uranio como concentrado, de los cuales el 88,7%, corresponde a instalaciones operadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 11,3% a instalaciones operadas por empresas privadas.“

”Las dos centrales nucleares consumen 120 toneladas de uranio por año. Expresado en términos de combustible para la producción de energía eléctrica, esto equivale a 2 600 000 toneladas de buen carbón o a 1 900 000 toneladas de petróleo.“^[23]

La CNEA, firmó con la Pcia. de Salta, en agosto del 2007 un acuerdo de cooperación para activar formalmente la mina Don Otto. Don Otto, producirá 20 tn/año de uranio.

El plan de la CNEA incluye el cateo de uranio en la zona de “laguna Sirven” en el norte de Santa Cruz y Mina Franca en Catamarca, entre otras provincias.

El objetivo del plan es lograr un nivel de producción nacional que permita dejar de importar uranio de la ex república soviética de Kazajstán, entre otros proveedores. Hoy en día se importan por año 120 toneladas de uranio para las centrales núcleo-eléctricas de Atucha I y Embalse a un costo de más de 36 millones de dólares. Fuentes de la CNEA estiman que producir el uranio aquí “costará menos de la mitad y dará trabajo a cientos de personas”.

El uranio es el mineral que se usa para colocar dentro de las barras de elementos combustibles que se ponen en los reactores de las centrales núcleo-eléctricas. Este se convierte en dióxido de uranio en la planta de Dioxitek que la CNEA tiene en Córdoba. Dioxitek, cuyo paquete accionario pertenece en un 100% a la CNEA, anunció que estudia construir una nueva planta que duplicará su producción a 300 toneladas por año y se ubicará, fuera del área urbana de Córdoba.

Fuentes de la CNEA estiman que Atucha I, Embalse y Atucha II —que se espera terminar en el 2011— necesitan 7.500 toneladas de uranio para su vida útil, sin contar consumos como reactores de investigación.

Atucha I y Embalse están por cumplir 30 años de producción de energía eléctrica por lo que la CNEA está proyectando reciclar sus reactores para que funcionen 30 años más.

Además, el Gobierno firmó un proyecto con Canadá para iniciar los estudios para el diseño de una cuarta central núcleo-eléctrica con la llamada tecnología CANDU que tiene la central de Embalse, Córdoba.

La reactivación del plan nuclear que anunciada por el presidente Néstor Kirchner, implica una inversión total —prometida— de 8.500 millones de dólares en ocho años.

Pese a esta necesidad de uranio, siguen empantanadas las negociaciones entre la CNEA y el gobierno de Mendoza para permitir la reapertura del complejo minero-industrial de Sierra Pintada, que el menemismo paralizó en 1998 por un problema de costos y ahora sectores ecologistas se oponen a su reapertura. Sierra Pintada reduciría rápidamente el costo del uranio al 50 por ciento.

La Ley de Inversiones Mineras y consideraciones finales

Hasta aquí se esquematizaron las ventajas de establecer centrales núcleo-eléctricas, las que junto a las hidroeléctricas, deberían constituir el elemento central —en un esquema racional— de la generación básica de energía eléctrica. Pero ello no es así tan directamente, por cuanto el esquema político y económico que rige a la Argentina, desde 1976, no tiene interés en que ello ocurra. El peso de la deuda externa, cuya ilegitimidad fué probada en sede judicial en junio de 1992, fué contraída bajo el peso de las bayonetas de la dictadura colonial y convalidada por la partidocracia de la democracia colonial y actúa como una soga sobre el cuello de los argentinos. Además fija un techo a la capacidad de acumulación económica dentro de nuestras fronteras, limitando nuestro crecimiento industrial y científico. A esos elementos, hay que sumarle la presencia del capital imperialista en la economía, cuya presencia es decisiva.^[24] Pero la extranjerización adopta la forma de usurpación de las rentas del suelo, de la energía (renta petrolera), de los granos, de los bosques, de la minería metalífera y del pillaje de las empresas Estatales, las que fueron entregadas como prenda de pago —en forma de especies—, de la deuda. Es decir que los argentinos somos parias en nuestra propia tierra y la dotación de los recursos naturales de que dispone la Argentina, esta siendo saqueada y su transformación industrial, se efectúa en otros países.

El pago de la Deuda Externa, es una imposición del imperialismo mundial, con el objeto de establecer una suerte de esclavización de todos los ciudadanos, que permita justificar el pillaje de nuestros recursos y de la plusvalía generada por el trabajo de los argentinos. A esas dos sangrías, se agrega la política (deliberada) de sabotaje presupuestario y falta de oportunidades para los jóvenes egresados de nuestras universidades, particularmente en las carreras científicas y/o tecnológicas, con el objeto de alentar desde los centros metropolitanos la fuga de cerebros, aumentar la brecha económica y social entre aquellos y la periferia capitalista del Tercer Mundo y así poder sostener el orden de explotación de las naciones de Asia, Africa y América Latina. Estas políticas, cuentan con la complicidad del sistema político actual, empleado del imperialismo mundial.

Tampoco, hay medidas de preservación de nuestros intereses soberanos en materia ambiental, así como medidas de control por parte de la autoridad aduanera, en cuanto a la cantidad y composición de recursos naturales que son exportados, solo en base a declaraciones juradas efectuadas por las firmas exportadoras. La propia legislación efectuada por el Congreso, desde 1984 en adelante, ha promulgado leyes beneficiosas al capital imperialista, que alientan a este a la fuga de capitales, en el caso de granos, combustibles y minerales.^[25] En los dos primeros casos, las divisas originadas en la exportación de granos, de petróleo crudo o de subproductos, pueden ser comercializadas en el extranjero hasta un 70% y las mineras hasta un 100%. Las mineras, por ley N° 24.196, llamada de Inversiones Mineras, tienen estabilidad fiscal por 30 años y no pagan ningún impuesto nacional de carácter indirecto (nacional, provincial o municipal); no están obligadas a ver gravadas sus actividades de lucro dicho en otras palabras, no pagan impuesto a las ganancias. Además se han visto beneficiadas con reembolsos de entre un 5 a un 8%, si sus exportaciones se efectúan desde puertos patagónicos. Este despropósito, es extensivo a las empresas petroleras extranjeras que nos están saqueando el recurso. Por otra parte las regalías a pagar a las provincias, ni siquiera se calculan por analogía a lo que prevee la Ley de Hidrocarburos (12%), sino que se pagan en base a un valor de boca de pozo —con un cálculo absolutamente perverso—, el cual no puede superar al 3% del mismo.

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Estos aspectos de una legislación tramposa, alcanzan a la minería del uranio. En efecto, a partir del menemismo, comenzó la silenciosa entrega de los recursos mineros de la Argentina, en función de las modificaciones efectuadas a la legislación minera (Código Minero), —ley Nº 24.196—. Esa ley, promulgada en 1994, constituyó el resultado de una propuesta del Banco Mundial (BM), que adoptaron como suya, el ex Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, el ex Sec. Gral. de la Presidencia Alberto Kohan, el ex Senador Gioja (actual Gobernador de San Juan) y el ex Secretario de Minería y ex Gobernador de La Rioja, Angel Maza. Los elementos centrales de la propuesta del BM, incluidos en la ley, básicamente se los puede disponer en tres puntos, a saber:

1. La inhibición total del Estado Argentino, para emprender la explotación de yacimientos minerales.

2. Régimen especial para las Inversiones Mineras, limitando las regalías a pagar, eximición del pago de todo tipo de impuestos nacionales, provinciales y municipales a las empresas. Asimismo, les garantiza tales beneficios por 30 años (Estabilidad Fiscal).

3. Régimen de Primacía, sobre las leyes nacionales en los territorios a explotar.^[26]

Conforme a esta legislación tramposa y ajena al interés nacional, la CNEA no puede efectuar las labores de prospección y exploración que está efectuando en el presente. Mucho menos, efectuar la concentración del mineral hasta alcanzar la ley requerida, para poder comenzar a producir el combustible nuclear necesario que abasteciera las centrales en funcionamiento y las que entren en servicio en el futuro próximo. Inclusive, podría llegar a darse el caso, hipotético por ahora, de que empresas mineras extranjeras, le vendan a la CNEA o sea al Estado Nacional, el mineral de uranio extraído de yacimientos localizados en nuestro territorio, pero a que precio: a costo de producción o al precio internacional y que, lo más probable, el mismo siga subiendo. O sea en lugar de rebajarse los costos actuales de aprovisionamiento, en no menos de un 50%, resultaría más oneroso y a manos de un proveedor extranjeros como son las mineras.

La posible situación descripta, constituye un verdadero contrasentido, tanto político, como industrial y económico, pero responde a las actuales restricciones legales y al marco político que lo acompaña. La CNEA —que la actual administración política del Estado redescubre— probó que estaba en condiciones de encarar todas las tareas que hace una empresa integrada verticalmente,^[27] puede hacerlo nuevamente si el poder administrador le brinda las condiciones políticas y presupuestarias.^[28] Para ello, el primer paso es desvincular a la CNEA, de las limitaciones legales, que le impone al Estado la Ley de Inversiones Mineras, sin perjuicio de que esta debe ser derogada por el interés nacional y que el Estado, reasuma la soberanía del subsuelo, tal como lo establece taxativamente, el art. 40 de la Constitución de 1949. Junto a estos aspectos, la CNEA debe volver a la conducción centralizada que tenía, antes de su “descuartizamiento” en cuatro entes “independientes”, de acuerdo al interés extranjero, sobre todo europeo, inglés y norteamericano.^[29]

La crisis energética puede resolverse, pero no en el corto plazo, por cuanto un atraso en materia de inversiones, no menor a los veinte (20) años, conforme al esquema, aún imperante, de saqueo y pillaje, no es posible resolverlo mágicamente en días. Sobretodo si quienes están al frente del estado, por parte del sistema político imperante desde 1984, actúan como “…aprendices de hechiceros…”. Se requiere de planificación, asignaciones presupuestarias y sobre todo de grandes dosis de patriotismo,^[30] para encarar la recuperación de la Patria y del Estado, pasando por encima de los intereses del capital extranjero y de sus aliados nativos, que se instalaron el 24 de marzo de 1976.