Soberanía o dependencia

Introducción

Pobladores del Departamento de Tinogasta y de otros departamentos del oeste de la Provincia de Catamarca, se movilizaron en los últimos meses del año 2007, protestando por las tareas de exploración y prospección en la búsqueda de mineral de uranio (U), encaradas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y por una empresa minera de capital australiano, en los faldeos de la Sierra de Fiambalá.^[1] Además, la Municipalidad de Tinogasta convocó para el domingo 2 de diciembre pasado, a una consulta popular por sí o por no a la minería. Frente a esas protestas, el Gobierno Nacional resolvió que la CNEA suspendiera los trabajos de exploración de yacimientos de uranio en todo el departamento de Tinogasta. Con esa medida intentó parar las movilizaciones y fundamentalmente dejar sin motivo la convocatoria de consulta popular sobre minería. Los vecinos catamarqueños, interpusieron un recurso de amparo ante la Justicia Provincial, que fue concedido por el juez actuante.^[2]

La presentación, hizo hincapié en la supuesta contaminación que acarrearían, los trabajos de expropiación y prospección en la búsqueda de mineral de uranio, tanto por la CNEA como por la empresa extranjera.

Para los catamarqueños que efectuaron la denuncia judicial, bién intencionados pero mal informados, resultan iguales las acciones de un ente estatal como la CNEA, que tienen fines públicos, de servicio a la sociedad y a los ciudadanos, que las empresas mineras extranjeras cuyas fines, están movidos por el lucro y el saqueo de recursos naturales a cualquier costo, incluido el de contaminar desaprensiva e irracionalmente el medio ambiente. Es probable también, que los denunciantes, erróneamente, asociaran minería del uranio cuyo fin es energético y científico, con minera metalífera. En esta última, la búsqueda primordial es de minerales que contengan entre otros casos, cobre (Cu), oro (Au), plata (Ag), litio (Li) u otros, cuyas características físicas y químicas, deben poder satisfacer requerimientos metalúrgicos (fundición y refinación), necesarios para poder ser utilizados como bienes intermedios en la producción industrial o como bienes de consumo final por parte de los consumidores.

Respecto de estos problemas ambientales, que han traído preocupación a los vecinos de Fiambalá (Pcia. de Catamarca), así como otros en la Pcia. de Mendoza, se puede señalar que la CNEA dispuso, en diciembre del 2000, la constitución de un Proyecto de Constitución de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), que precisamente tiende a establecer criterios de tipo sistemático, tendiente a minimizar la contaminación en el medio ambiente y protegiendo a las personas (personal y vecinos de los yacimientos), al igual que al ganado y a la flora del lugar. Los abogados de los vecinos, que interpusieron en su momento amparos judiciales, deberían conocer dicho documento marco del PRAMU, en cuyas 216 páginas, se aclara perfectamente la política ambiental de la CNEA, así como las acciones que ella prevé al respecto. Nada que ver con los daños al paisaje y al medio ambiente y la impunidad de las mineras imperialistas, protegidas por los alcances de la Ley 24.196. Además el PRAMU, contempla la consulta con vecinos cercanos a los yacimientos, que eventualmente pudieran ser alcanzados por los trabajos de exploración y/o de concentración del mineral de uranio, en caso de efectuarse explotaciones a cielo abierto.

En contraposición a lo señalado en el párrafo anterior, puede verse como actúa el capital imperialista en casos similares de explotaciones a “cielo abierto”. En el caso del yacimiento de cobre y oro de Bajo La Alumbrera, al NE de Catamarca, el consorcio imperialista suizo-canadiense-británico, Minera Alumbrera Limited, extrae los minerales con una tecnología ahorradora de costos, que resulta fuertemente contaminante de las napas freáticas y del suelo.^[3]

Las principales actividades de la CNEA, en una rápida enumeración podemos mencionar la Investigación Científica Básica y especializada, la producción de energía eléctrica, así como el asesoramiento al Congreso, a las Provincias, al PEN y al Sector Privado, en todo lo que hace a la extracción, transporte y manipulación de minerales y material radioactivo, incluidos los desechos determinados por la actividad operativa de las centrales núcleo-eléctricas. Dentro de las labores que viene desarrollando la CNEA, desde su fundación en el año 1950, está la búsqueda de minerales radioactivos, como el uranio en particular, pués ellos constituyen los insumos básicos requeridos para las actividades científicas y empresariales, mencionadas en el párrafo anterior.

Por último, no es ocioso recordar que la Pcia. de Catamarca en casi un 70% es un desierto, con algunos oasis —valles fértiles— productores de frutas y verduras semitropicales —vid, tomates, pimientos, maní, olivos, etc—, que requieren para su cultivo de agua y energía eléctrica.

En San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad capital de la provincia, las temperaturas medias en verano alcanzan los 45° Celsius o más. Los habitantes de la ciudad y de otras ciudades de la provincia, ya están acostumbrados a los cortes en el suministro de energía eléctrica, por parte de una firma extranjera que usurpa el lugar que le corresponde por derecho propio, a Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AAYEE).

La empresa provincial prestataria, si se la puede llamar así, brinda un pésimo servicio de distribución domiciliario, a precios confiscatorios y sin ningún tipo de controles estatales. Los problemas de restricciones en el abastecimiento, comunes en todo el país, tanto a las actividades del Sector Privado —Agricultura, Industrias y actividades de servicios—, como a los usuarios residenciales, con cortes en los suministros de combustibles, electricidad, agua y gas, no son casuales. Tales problemas, constituyen el resultado de decisiones políticas adoptadas hace muchos años, por los partidos políticos del régimen, por el PEN, por el Congreso de la Nación y que fueron avaladas por un Poder Judicial, en base a un derecho tramposo y ajeno al interés nacional, pero servil con las necesidades del capital imperialista. Entre esas decisiones estuvieron las privatizaciones de AAYEE, YPF, Gas del Estado, Hidronor, SEGBA, etc, y la canibalización de la CNEA.

Básicamente, las insuficiencias fueron en inversiones en materia de generación y transporte de energía eléctrica, en insuficiencia en la capacidad de transporte y distribución de gas natural, así como en la capacidad de refinación de combustibles. Tales insuficiencias, constituyeron el resultado del sometimiento de la partidocracia frente al imperialismo, luego de la caída de Puerto Argentino (14 de junio de 1982) y como parte del proceso desmalvinizatorio de reconocer y pagar una deuda externa ilegítima.

Las privatizaciones del acervo público, constituyeron el pago “en especies” de la deuda por vía tarifaria. Las políticas de precios, de inversiones y de remesa de ganancias en un mercado totalmente oligopolizado y cartelizado, fueron impuestas a una sociedad inerme por el Estado Gendarme —en manos de los políticos arrodillados—. Tales des-inversiones generaron —a largo plazo— los problemas presentes, mientras que las ganancias de los monopolios que debieron financiar las inversiones energéticas, fueron remesadas a sus casas matrices, al igual que los recursos naturales usurpados.^[4] Sin embargo y frente a las falacias que se emiten cotidianamente desde el Estado y repetidas hasta el cansancio por los medios de comunicación, serviles con el capital financiero internacional, podemos afirmar que la crisis energética es solucionable, pero no en base a miserables paliativos como la venta de 5 millones de lamparitas de “bajo consumo”, lo que constituye una burla al pensamiento racional. En modo alguno estamos en contra de medidas que contribuyan al ahorro energético, pero esta crisis esta determinada por la imprevisión criminal de las sucesivas administraciones,^[5] no solo la correspondiente al gobierno saliente de Néstor Kirchner, sino también de los anteriores de De la Rúa, de Duhalde, Menem, etc, etc, etc.

Lo que no dicen ni el gobierno kirchnerista ni la pseudo oposición política y parlamentaria, de izquierda o de derecha, es que desde 1985 en adelante, no hubo una política planificatoria por parte del Estado, en materia energética.^[6] Por lo tanto los errores e improvisaciones en la esta materia, no fueron ni son casuales. Las decisiones en esa materia, por parte de los funcionarios del Estado a cargo —parlamentarios, ministros, secretarios, etc—, han respondido y responden a una política, funcional a los intereses de las empresas imperialistas, en materia de extracción irracional e indiscriminada en materia hidrocarburífera, de exportaciones, de controles cero y de liquidación en el extranjero de hasta un 70% de las divisas generadas por las ventas de crudo, gas y subproductos refinados.

La crísis energética, hija de la improvisación técnica, del pensamiento colonizado de políticos partidocráticos y del saqueo, por parte del capital extranjero, de los recursos naturales, es solucionable, si existe una voluntad política soberana por parte de los tomadores de decisión, la que obviamente no está ni remotamente pensado, por quienes tienen un respeto reverencial por el imperialismo. Esas decisiones patrióticas y soberanas, solo las pueden tomar un Gobierno que exprese los intereses del Pueblo Argentino y que esté dispuesto a enfrentar al imperialismo en todos los terrenos, con las armas en la mano, si ello fuere necesario.

Para resolver la crisis energética, hija de la extranjerización de las empresas públicas efectuadas por el menemismo —pero cuyo fundamento ideológico está en el golpe del 24 de marzo de 1976— y continuadas por las sucesivas administraciones coloniales posteriores —incluida la actual de la Dra. Cristina Fernández—, hay que renacionalizar las empresas públicas del Sector de la energía y aumentar la oferta energética. Para ello, hay que construir, principalmente —sin dejar de lado, otros tipos de energía—, centrales hidroeléctricas y núcleo-eléctricas, que darían la potencia de base necesaria que con una suficiente capacidad de reserva, pudiese absorber la demanda de potencia. Ambas fuentes de energía no son contaminantes y tienen el costo más bajo de generación.^[7] Precisamente, el tema de la generación núcleo-eléctrica, está directamente ligado a la búsqueda de uranio, o sea a las actividades de prospección y exploración de dicho mineral.