Una denuncia del FIP

Transcribimos a continuación la declaración de la Junta Nacional del FIP emitida el 25 de febrero de 1976, que apareció publicada en Izquierda Popular N° 61, 1° quincena de marzo de 1976. La declaración denuncia la persecución y la represión sufrida por dirigentes y militantes de la Izquierda Nacional por las fuerzas reaccionarias enquistadas en el aparato del Estado. Tal como señaló el FIP: “los ataques forman parte de una escalada que apunta a ilegalizar al propio gobierno, es decir, a derribarlo”.

El Frente de Izquierda Popular condena enérgicamente la injustificada detención y puesta a disposición del PEN, de los compañeros Camilo González del Río y Enrique Sepúlveda Quezada, ambos compatriotas chilenos ligados estrechamente a nuestro movimiento. Las causas, cuyo contenido concreto no conocemos hasta este momento, implican una posible vinculación de los nombrados con la actividad terrorista.

Nada más arbitrario y falaz puede decirse de quienes nada tienen que ver con el terrorismo, salvo el haber huido de él cuando se vieron obligados a abandonar su patria por imposición de la dictadura asesina de Pinochet. No ha bastado la ausencia total de pruebas que verifiquen la caprichosa actitud de la policía. Lo mismo ha sucedido cuando nuestro partido efectuó las diligencias destinadas a aclarar la situación de los dos compañeros ante el Ministerio del Interior, Dr. Ares, el de Defensa, Dr. Guardo y el jefe de la Policía Federal, general Harguindeguy, y se nos atendió “solícitamente” aunque sin que fuéramos informados de nada hasta el presente ni nos conste que efectivamente las autoridades se preocupan por dar satisfacción al justo reclamo de nuestros dirigentes.

Nuestro partido, desde su misma creación, ha defendido decididamente y sin equívocos de ninguna especie el ejercicio de la soberanía popular, defendiendo asimismo al gobierno peronista surgido de ese ejercicio soberano tantas veces como las fuerzas de la contrarrevolución oligárquica se han alzado para jaquearlo. Sin embargo afirmamos, como lo hemos hecho público tantas veces, que el avance contrarrevolucionario no se debe sólo a la acción de las fuerzas oligárquicas dispuestas a reconquistar el terreno perdido por el avance popular; tiene su origen también en el miedo de este gobierno que, a partir de la muerte de Perón, se muestra incapaz no sólo de profundizar el proceso revolucionario abierto por las grandes masas con las victorias de 1973, sino de defenderse a sí mismo y defender a los militantes populares que luchan en el campo de la revolución nacional, ejerciendo el poder conferido por el pueblo a fin de determinar quiénes son y dónde están los enemigos a los que hay que enjuiciar y encarcelar.

Al no actuar de este modo, el gobierno contribuye a preparar su propia derrota cuando permite que los militantes del FIP sean reprimidos sin que pese sobre ellos ninguna prueba concreta de culpabilidad por los cargos que se les imputan. ¿Creen las autoridades que el gobierno peronista está exento de toda responsabilidad por el alevoso y cobarde asesinato de nuestro compañero Carlos Llerena, perpetrado por una siniestra banda de denominadas “tres A” a fines de 1974? La impunidad con que se movieron los asesinos que actuaron a la luz del día, revela por lo menos una evidente negligencia culposa por parte de los funcionarios que tenían en ese momento la responsabilidad directa en lo que a la seguridad de las personas se refiere. No hemos recibido hasta el presente ni una sola satisfacción relacionada con el trágico suceso. Lo mismo puede decirse de Guillermo Tomás Burns, asesinado al igual que Llerena, de manera feroz y anónima por una banda de malhechores en Córdoba.

Conjura reaccionaria

Un numeroso rosario de injusticias se ha abatido contra nuestros compañeros, privados de su libertad arbitrariamente y sin que mediaran nunca cargos concretos. Tal el caso del presidente del frente de Izquierda Popular de Catamarca, Simón Gómez, quien cumple condena por un “proceso” fraguado mediante la introducción de armas de guerra y documentación falsa en su domicilio, por parte de la comisión de la Policía Federal que lo detuvo hace ya dos años. Hemos acusado y lo reiteramos ahora, como complicados en esta vergonzosa burla al pueblo argentino, a altos funcionarios del gobierno de Catamarca. La compañera de Gómez, Mamy Castillo, sufrió prisión por la misma causa, soportando con el estoicismo que sólo caracteriza a los auténticos patriotas, la pérdida de un niño que estaba gestando, a causa de la tortura física y moral a que fue sometida. El abogado Rafael Mardonio Díaz Martínez, uno de los principales dirigentes partidarios en la misma provincia y candidato a gobernador por el FIP en marzo de 1973, se encuentra sometido también a una injustificada prisión, acusado de los mismos fantasmales cargos que pesan sobre sus compañeros.

Suerte similar han corrido los compañeros Mirta Atencia y Luis Verdi, dirigentes del Partido en Formosa, a disposición del PEN por el capricho del jefe militar a cargo de la acción antisubversiva en dicha provincia. Como es de público conocimiento, el coronel Oliva, que es el jefe militar al que nos referimos, ordenó la detención de estos compañeros por hechos totalmente ajenos a la actividad terrorista, tal como él mismo lo declaró públicamente. Sin embargo, la necesidad de encubrir con algunas detenciones la ineptitud del propio estado mayor del regimiento que fue objeto del alevoso ataque terrorista, llevó a que nuestro partido se viera privado del concurso valioso de tan importantes miembros de su dirección. Hacía poco tiempo que el compañero Abraham Kozak era obligado a hacer uso de la opción para abandonar el país, contra sus propios deseos y los de nuestro partido, por suposiciones jamás probadas.

Dirigentes presos

En la cárcel de Viedma sufre prisión el compañero Carlos Martín. Este dirigente gremial, integrante de la comisión interna del sindicato de Sierra Grande, se encuentra también a disposición del PEN. No hay cargos que formularle, ya que el juez lo ha sobreseído; sin embargo, sigue detenido en las condiciones descriptas. Ante este y otros casos, la respuesta es invariable. ¿Es posible admitir que se nos diga que si los compañeros fueron detenidos por una acción emanada de organismos militares, “no hay nada que hacer”? ¿Qué arbitrio tiene las Fuerzas Armadas para detener y someter a prisión a ciudadanos que demuestran su total inocencia frente a los delitos que se les imputan? En algún caso se nos ha dicho que “queda la duda subjetiva de no saber si la falta de pruebas no encubre la real vinculación del detenido con la acción subversiva”. Esta brutal y absurda “interpetación” de la culpabilidad de las personas pone a todos los ciudadanos argentinos en situación de potenciales inculpados por colaborar con el terrorismo, sin que medie otra razón que la de la ocurrencia del que posee la rara “facultad” de determinarlo.

Resulta inconcebible admitir la existencia de dos áreas de aplicación de la justicia: una en la que es necesaria la prueba para que un individuo sea encarcelado, y otra en donde ese requisito no es indispensable, aunque medie la prueba de la inocencia, ya que sólo la mera sospecha crea las condiciones para la privación de la libertad. No pretendemos encaramarnos en el formalismo jurídico para mostrar desde ese sólo ángulo la razón que nos asiste; sabemos que existen razones políticas profundas que determinan que la acción represiva actúe más allá del ámbito en el que debería actuar por la naturaleza de las actividades que reprime, y esas razones suponen, para algunos intérpretes reaccionarios, la inclusión en la especie de “subversivos” de los militantes del FIP, a los que nada se les podrá probar, salvo cuando se está dispuesto a cometer el delito de fraguar la prueba, tal como lo hemos referido más arriba en el caso Gómez.

Locales del FIP bombardeados en todo el país por terroristas anónimos de los que jamás se ha obtenido ninguna pista, casi una docena de compañeros obligados a abandonar sus lugares habituales de residencia por amenazas nunca investigadas. Estos y los hechos mencionados más arriba integran una parte de lo que nuestro partido ha tenido que sufrir por su defensa de la revolución nacional y de este gobierno que no ha producido un solo acto positivo en respuesta a nuestros justos reclamos. Sabemos que nos asiste todo el derecho a reclamar porque la verdad está de nuestra parte; no sucede lo mismo con los que por omisión, por responsabilidad directa o por miedo, se niegan desde el gobierno, cuyo origen son los siete millones y medio de votos entre los que se cuentan los 900 mil del FIP, a ejercer el derecho irrenunciable de administrar justicia, sobre todo para los que defienden al pueblo y a la patria de los mismos enemigos que las atacan.

El Frente de Izquierda Popular hace público este penoso balance para que la clase trabajadora y el pueblo tengan oportunidad de sacar sus propias conclusiones y medir en consecuencia el grado de responsabilidad que le cabe al gobierno surgido del voto popular y el curioso destino que la “justicia” reserva para sus patriotas militantes. Nuestro compromiso histórico es con la clase obrera, la patria y el socialismo y continuaremos bregando para que la revolución nacional siga su marcha, a pesar del odio de sus enemigos y la incapacidad de los que han recibido el mandato circunstancial de proseguirla.

25 de febrero de 1976

Junta Nacional del FIP

Declaración de la Junta Nacional del FIP

Ante la escalada de rumores golpistas que se desató sobre el país el fin de semana inmediatamente anterior al golpe del miércoles 24 de marzo de 1976, mientras se sucedían afanosas reuniones políticas y sindicales y era evidente la intención de los partidos liberal-oligárquicos de chantajear al gobierno con la amenaza de los cuarteles, la Junta Nacional del Frente de Izquierda Popular emitió la siguiente declaración:

En las últimas horas se ha reavivado la ofensiva golpista que impulsan las fuerzas de la vieja Argentina. El Frente de Izquierda Popular declara que cualquier aventura militar estará dirigida no sólo contra el actual gobierno, sino contra la posibilidad de que el pueblo pueda decidir libremente su destino en las elecciones convocadas para dentro de ocho meses. Están en peligro la soberanía popular, las conquistas sociales, la vida misma de la clase trabajadora y las grandes mayorías.

La historia juzgará a los partidos, las instituciones y los hombres que han contribuido a fomentar la conspiración y a aquellos que se sumen a una quiebra del proceso democrático. Como en cada momento crítico de la historia argentina, sólo la movilización de los trabajadores podrá salvar la soberanía popular en peligro. El FIP llama al movimiento obrero a oponerse al golpe de Estado con la huelga general y la acción unida de la clase trabajadora.

Junta Nacional del FIP – 20 de marzo de 1976

Ramos habla del peronismo, el gobierno y la oposición gorila

Apenas unos días antes del golpe del 24 de marzo, el diario El Cronista Comercial publicó un reportaje al presidente del FIP, el compañero Jorge Abelardo Ramos, que constituye un certero análisis del momento político, de las causas reales de la crisis. Lo reproducimos textualmente a continuación.

“Estamos al cabo de 18 meses —la posteridad inmediata a la muerte de Perón— que han demostrado la imposibilidad, para el núcleo gobernante, de realizar la revolución nacional por la cual votaron las masas populares en los años 46, 52 y 73. Sólo cabe esperar que el país asista a elecciones en el plazo más breve posible, para que en esos comicios la clase obrera y el pueblo determinen cuál será el balance crítico de este gobierno peronista”, declaró Jorge Abelardo Ramos.

El titular del Frente de Izquierda Popular agregó que “gracias a los extravíos de este gobierno, la vieja y decadente oligarquía argentina —que todos suponían hundida en el pasado— ha mostrado su enorme vigor y su lozanía al articular un gigantesco movimiento de lock out en todo el país, que ha arrastrado a la pequeña burguesía comercial e industrial tras las banderas de la Sociedad Rural y de la derogación de la Ley de Contratos de Trabajo. El movimiento de los proscriptos se ha transformado en el gobierno impopular y las masas populares ya no saben realmente qué pensar con respecto al gobierno que eligieron”.

Para Ramos, “califica la actual situación el hecho de que Alsogaray, Manrique y Balbín son los enemigos fundamentales del gobierno. Y al saber que estos son los enemigos del peronismo, tiende uno a pensar mejor del gobierno que lo que este gobierno se merece. El FIP jamás va a estar en la línea de los enemigos del peronismo, porque si algo va a brotar del subsuelo social argentino capaz de transformar esta sociedad, provendrá de las masas que hoy son peronistas y jamás de los partidos decadentes, detrás de los cuales, como en el caso del radicalismo, hay asesores como el doctor Tomás de Anchorena. Los extravíos y debilidades del gobierno le han permitido al radicalismo arrancarse la toga, presa de una gran indignación moral. Es el mismo radicalismo en el que Julián Sancerni Jiménez, en 1936, distribuía sobres con 100 mil pesos por diputado para votar la prórroga de la concesión de la CADE. Y el tesorero del comité nacional de Alvear admitiría ante la comisión investigadora de Rodríguez Conde, en 1943, que recibió el dinero de la CADE para levantar la Casa Radical de la calle Tucumán. De modo que estos moralistas no son los más autorizados para juzgar a este gobierno”.

Sobre el rol de las Fuerzas Armadas, Ramos opinó que “la experiencia vivida entre los años 66 y 73 debe pesar mucho en el ánimo de los militares argentinos, de una manera abrumadora, como para indicarles cuáles son los peligros que acechan a las Fuerzas Armadas en caso de que ellas decidan ocuparse nuevamente de los asuntos públicos sin que hayan sido llamadas ni formadas para tales asuntos”.

Por último, el presidente del FIP señaló que “la crisis política y económica no tiene su punto de partida en las argucias del astrólogo y su banda. El origen de la crisis nacional es la pugna entre la sociedad agraria oligárquica y la lucha de Perón por transformar a la Argentina en una sociedad capitalista normal, a ejemplo de Europa. Si el peronismo suscitó tanto odio y aversión de la vieja oligarquía, de los capitales extranjeros y de las clases medias ligadas a ese sistema de dominación, fue porque el peronismo venía a trastocar ese viejo orden. Pero el peronismo resultó impotente para doblegar a esa estructura. Y la oligarquía consumó su mayor victoria, que no fue derrocarlo en 1955 sino impedirle regresar durante 18 años. Cuando Perón regresó era un anciano enfermo, que murió al poco tiempo. Cuando tenía 60 años y estaba en disposición de seguir, en medio de grandes tropiezos, la marcha que había iniciado en 1945, fue excluido del poder político, transformado en un leproso, confinado en la jaula de hierro que le cedió Franco en Madrid y apartado de la lucha política concreta en el país. La expatriación de Perón es el crimen mayor de la oligarquía y la responsabilidad común en esa expatriación pertenece al señor Balbín, a los Manrique, a los Alsogaray, a los demócratas progresistas, al Partido Comunista, y a todos aquellos que formaron parte del sistema antiguo de dominación en el Plata. Hoy, con una exclamación de júbilo inocultable, los agentes del capital extranjero, los antiguos mayordomos de la CADE, los empleados de los terratenientes, los abogados de las viejas empresas de servicios públicos, los antiguos y los nuevos diputados, se lanzan alegremente a picotear el gigantesco cuerpo moribundo del peronismo. Pero ellos no son la llave del porvenir. Son la expresión execrable del pasado. Si las masas peronistas se desplazan hacia otros rumbos no lo van a hacer hacia ninguno de estos partidos, porque ninguno de ellos vale un solo peronista”.

Cámpora: la tentación de un Frente Liberal

El artículo que transcribimos a continuación apareció en el órgano del FIP, Izquierda Popular, edición N° 61, de la 1° quincena de marzo de 1976. Su importancia radica en que traza una clara distinción entre el socialismo revolucionario de la Izquierda Nacional y las corrientes pequeñoburguesas nacionalistas de izquierda o de centroizquierda que hicieron (y todavía hoy hacen) de la figura de Héctor Cámpora una bandera enfrentada con el líder del peronismo, Juan Perón.

Los últimos movimientos de Cámpora y sus asesores parecen develar la incógnita planteada a partir del retorno del ex presidente al país. La respuesta sería que el doctor Cámpora se orienta a constituir un frente político-electoral fuera de los cauces del Movimiento Justicialista, en alianza con otros sectores. ¿Cuáles serían los aliados? Los candidatos más notorios podrían ser Oscar Alende y el Partido Intransigente, el Partido Auténtico, el Partido Comunista. De confirmarse esta línea, Cámpora ocuparía el lugar de “centroizquierda” que correspondió a la APR[1] en marzo de 1973. El contenido social de esa fuerza estaría dado por la pequeña burguesía democrática e izquierdizante de la Capital y sectores medios urbanos y rurales del interior.

El doctor Cámpora se retiró prestigiado de la presidencia y amplios sectores interpretaron su ostracismo en México como una lamentable secuela del “lopezrreguismo”. A diferencia del grupo de gobernadores defenestrados (Bidegain, Martínez Baca, Cépernic), Cámpora tuvo el buen criterio de no entrar en el callejón sin salida del Partido Auténtico y reiteró su pertenencia al tronco peronista.

Sin embargo, ahora parece buscar un tercer camino que lo llevaría a la franja política ocupada por Alende-Sueldo hace tres años. Es posible que quienes elaboraron ese proyecto imaginen aportar también a él el caudal político de lo que llamaríamos el “camporismo”.

¿Qué fue, en realidad, el “camporismo”, y qué puede llegar a ser? Al triunfo del 11 de marzo no sólo confluyeron las masas obreras peronistas, sino también amplios sectores de la pequeña burguesía (principalmente juvenil) izquierdizada y nacionalizada bajo la experiencia del fracaso de la “revolución libertadora” de 1955 y de la “revolución argentina” de 1966.

Los padres de esos jóvenes habían sido gorilas en 1945 y 1955. Creían que Perón era “fascista”. Algunos, desde la vieja “izquierda” de la Unión Democrática lo acusaban de reaccionario por no ser “socialista”. Ignoraban que Perón, sin ser socialista, había puesto en marcha un vasto movimiento de liberación en un país dominado por el imperialismo y la oligarquía, y que en eso residía su indiscutible progresividad, a pesar de los límites de su programa que eran los de un capitalismo nacional autónomo con justicia social.

El proceso de nacionalización e izquierdización de la juventud pequeñoburguesa, llevó a los hijos a adjudicarle a Perón (de buena fe, o jugando a la “máscara de Fernando VII”) un “socialismo” que muchos de sus padres le habían negado incurriendo así en un error simétrico, ya que en ambos casos se ignoraba la caracterización social concreta de su liderazgo. Se creyó en un Perón mítico pero se siguió desconociendo dónde estaba realmente su progresividad. El despertar no pudo ser más rudo.

El mes y medio de gobierno del doctor Cámpora fue el momento idílico que precedió a ese despertar. El país conoció un ascenso democrático sin precedentes y amplios sectores vivieron la ilusión de un tránsito hacia el socialismo sin las complicaciones de construir la herramienta insoslayable de ese tránsito: un partido obrero que conjugue las banderas históricas del 45 con el programa explícito del socialismo.

El enfrentamiento era inevitable, y en pocas semanas Perón restableció la verdadera naturaleza del movimiento que él acaudillaba. Los líderes de la juventud fueron al choque frontal, ignorando la advertencia del FIP de que pretender luchar por el socialismo dentro del peronismo llevaría a una ruptura reaccionaria con el general Perón. ¿Por qué reaccionaria? Porque descalificaba a Perón como “no socialista” desconociendo que su progresividad estaba en otra parte. De esta suerte, dividían el movimiento nacional sin superarlo, se aislaban una vez más de la clase trabajadora e incurrían en provocaciones intolerables. El mismo 1° de mayo de 1974, en que Perón reiteraba ante el congreso, con perfiles si cabe más acentuados que en sus primeras presidencias, su programa nacionalista y social, se veía obligado a echar a los “montoneros” de la Plaza de Mayo. ¿Era Perón un “traidor” por no responder a las ilusiones utópicas de esos grupos juveniles? ¿Su presidencia representaba un “retroceso” con relación a Cámpora? Estas preguntas se responden con otras: La pequeña burguesía, ¿reemplaza a la clase obrera como vanguardia de la lucha por el socialismo? ¿Puede la pequeña burguesía disputar a la burguesía un liderazgo político?

Volvemos así al interrogante inicial: la virtualidad presente del “camporismo” en tanto fuerza que pretenda abrirse paso fuera del cauce peronista. Esa virtualidad no existe como cosa propia, ya que se fundaría en la nostalgia de una ilusión; partiría de un sector ya desintegrado políticamente de la pequeña burguesía y desembocaría en un abrazo con la vieja clase media liberal más o menos “izquierdista”. No parece ser el camino de las masas.

Fuente:

[1] Se refiere a la Alianza Popular Revolucionaria integrada por los partidos Comunista, Intransigente y Revolucionario Cristiano, que presentó la fórmula presidencial Alende-Sueldo.

Propuesta del FIP

Plan Mondelli: ¿quién debe pagar la crisis del país?

Izquierda Popular, el órgano del FIP dirigido por Jorge E. Spilimbergo, cerró su edición número 62 el sábado 20 de marzo de 1976. Salió a la calle dos días después. Fue el último número de una publicación que había aparecido, con frecuencia quincenal o semanal, durante más de cuatro años. La declaración que transcribimos a continuación apareció en este último número de Izquierda Popular, y refleja la línea política de un partido que no sólo combatía la conspiración golpista de los militares gorilas y sus cómplices civiles, sino también la política capituladora del gobierno de Isabel.

Nuestra patria vive momentos decisivos: la reacción oligárquica e imperialista se ha lanzado a una ofensiva total con el objetivo de destruir el proceso de la soberanía popular duramente conquistada después de 18 años de luchas. No otro es el significado de los paros empresarios, los aprestos conspirativos y las proclamas golpistas de los viejos partidos y la prensa gorda de Buenos Aires, los intentos de las minorías parlamentarias de reemplazar al pueblo por mecanismos “institucionales” como la Asamblea Legislativa, los reclamos de Rojas, Manrique o Alsogaray enderezados contra la “tiranía sindical” y “las empresas estatizadas”, o los gruñidos gorilas de ciertos mandos castrenses como el almirante Lambruschini que resucitan en sus discursos la división medieval entre “nobles y plebeyos”.

Tales manifestaciones de la ofensiva contrarrevolucionaria son alentadas por las vacilaciones y los errores del oficialismo y las graves desviaciones del círculo reaccionario que se ha apoderado de puntos clave de la estructura del gobierno y que ahora intenta asestar sobre la economía popular los efectos del Plan Mondelli, así como hace 9 meses descargó sobre el país la agresión del Plan Rodrigo.

El progresivo abandono del cauce de la Revolución Nacional que Perón encarnó hasta su muerte ha traído como consecuencia el debilitamiento del gobierno y el simétrico fortalecimiento de los enemigos del pueblo argentino. El archivo del proyecto de Ley Agraria no logró calmar la embestida de los parásitos de la Sociedad Rural y de CARBAP; por el contrario, los ensoberbeció y se lanzaron con mayor impunidad a combatir al gobierno y a reclamar mayores privilegios.

La falta de aplicación enérgica de la Ley de Abastecimiento y de mecanismos drásticos de control de precios no atemperaron los reclamos de los monopolios que conducen APEGE; por el contrario, los convencieron de que era fácil luchar contra un gobierno que retrocede y no se defiende, y así lanzaron el lock out golpista de hace pocas semanas, mientras la carrera de los precios no se detenía y el sabotaje económico sin castigo continuaba.

Cuando la clase trabajadora desplazó con sus movilizaciones a Rodrigo y su Plan, el FIP propuso a la CGT la adopción de un programa económico de emergencia que atacara los núcleos centrales de la crisis y se convirtiese en el punto de partida de una recuperación del rumbo nacional y revolucionario. Señalamos entonces que de no avanzar en ese sentido, las fuerzas reaccionarias de dentro y fuera del gobierno desplazadas por la acción de los trabajadores recuperarían el terreno perdido y su nueva embestida sería aún más grave.

La política económica llevada adelante desde entonces, limitada por las indecisiones de la conducción sindical y por los obstáculos que el círculo reaccionario puso en su camino, fue insuficiente. Reducida a un tibio nacionalismo defensivo, se mostró capaz de garantizar el pleno empleo durante algunos meses “administrando la crisis”, es decir, postergando la hora de la verdad. Esa hora ha llegado y en este momento la ofensiva oligárquica e imperialista no puede ser detenida apelando a los recursos que ya han fracasado.

El gobierno, ante ese avance de la reacción, sólo atina a través de Mondelli a capitular ante los reclamos de la Sociedad Rural, la CARBAP, la APEGE, las empresas imperialistas y los viejos partidos. El Plan Mondelli intenta, como recurso para detener esa ofensiva y la amenaza del golpe de Estado, suplantar a la reacción llevando adelante su programa. Por ese camino, el golpe no se detiene, se acelera.

Pero, por lo demás, un plan económico basado en atar el país a los usureros internacionales del FMI, en desnacionalizar empresas, provocar la recesión, postergar las inversiones productivas, liquidar toda forma eficaz de control de precios y hacer caer el peso de la crisis sobre los asalariados, puede bien ser el programa de la oligarquía, pero no podrá ser aplicado por un gobierno que surgió de la voluntad de siete millones de argentinos sin que las grandes mayorías que lo votaron se rebelen contra los responsables de semejante vaciamiento político.

Ese plan nada tiene que ver con la herencia de un movimiento popular que encarnó banderas de nacionalismo económico y justicia social y que ha contado por eso, durante tres décadas, con el apoyo de los trabajadores y el pueblo.

Si Mondelli y el círculo reaccionario prevalecen, su capitulación no será acompañada por la clase obrera. El FIP, la Izquierda Nacional y Popular unida durante treinta años a los combates, las derrotas y las victorias de la clase trabajadora y las grandes mayorías, no renuncia tampoco a las banderas de la independencia, la soberanía y la justicia social que han sido los objetivos de lucha de millones de hombres y mujeres de nuestra patria.

En nombre de esas banderas, el FIP llama a los trabajadores a resistir el Plan Mondelli y a combatir la conspiración golpista de la oligarquía y el imperialismo. A luchar contra la camarilla reaccionaria que allana el camino a esa conspiración. A defender la soberanía popular en peligro, así como las conquistas sociales (Ley de Contrato de Trabajo, paritarias, Instituto de las Remuneraciones, control de precios y abastecimiento, etc.) que la reacción de adentro y fuera del gobierno quiere abolir.

El FIP llama a defender las banderas y la tradición del 17 de octubre, a retomar y profundizar, con la fuerza de los trabajadores, la Revolución Nacional que Perón encarnó hasta su muerte, abriendo el camino a un socialismo de los argentinos para los argentinos. Como en cada momento crucial, sólo la movilización popular puede salvar al país y a la Revolución Nacional.

Junta Nacional - Frente de Izquierda Popular (FIP)