Perón, los trabajadores y la izquierda

Los cambios de frente del Partido Comunista

Si el Partido Socialista, a pesar de sus crisis internas, logró mantener desde un principio una línea de continuidad que lo confirmó como la variante reformista del bloque agroexportador, el Partido Comunista cambió una y otra vez la táctica según las mutaciones de la política mundial. En la década y media que va de 1930 a 1945 la línea del PC resultó una reproducción a escala local de los virajes tácticos de la burocracia soviética. Así entre 1929 y mediados de 1935 el comunismo argentino, de acuerdo con la estrategia de la Tercera Internacional, se cerró en una posición ultraizquierdista; en los siguientes tres años, hasta mediados de 1938, se orientó en la construcción del frente popular antifascista; en la segunda mitad de ese año el PC abandonó la consigna “democracia o fascismo” y proclamó una posición neutralista y antiimperialista, en correspondencia con el acuerdo firmado entre la Alemania nazi y el gobierno de Stalin; por fin, la invasión de los ejércitos de Hitler a la URSS decidió un nuevo viraje hacia una línea de “unión nacional antifascista” a partir de 1941.

En estos sucesivos cambios de frente hubo dos períodos que marcaron muy fuerte la presencia del PC en la escena política nacional. El primero de ellos estuvo signado por el desenvolvimiento de una línea de ultraizquierda; en el segundo la corrección produjo una desviación de índole “democrática”.

En la etapa que se inició en 1928 el comunismo nativo se perfiló como una corriente radicalizada, en oposición al conjunto de las fuerzas políticas existentes, a las que consideraba variantes del régimen “latifundista-burgués” dominante. Su referencia teórica central eran las tesis del Tercer Período que el VI Congreso de la Tercera Internacional celebrado en 1928, adoptó como línea política para afrontar dos acontecimientos inminentes y decisivos: el derrumbe definitivo del capitalismo y la victoria de la revolución proletaria.

¿Una nueva oleada revolucionaria luego de las crueles derrotas de la clase trabajadora en Italia, el centro de Europa y en China? En cierto sentido las deliberaciones de ese VI Congreso se anticiparon a los acontecimientos: sus análisis previeron la crisis mundial que estallaría en la segunda mitad de 1929. Sin embargo, la mayoría de los expositores asignaron a esa futura crisis un carácter catastrófico, y a través de un enfoque teñido de economicismo caracterizaron como inexorables los sucesos que derivarían de ella y abrirían el ciclo definitivo de la revolución socialista. El centro de gravedad de los acontecimientos por venir fue trasladado de la lucha de clases al dominio de las contradicciones capitalistas, y ese desplazamiento dejó al proletariado sin posibilidad de articular una política de alianzas. Así, la Internacional trazó una línea recta y diferenció los dos campos inconciliables de la lucha de clases: el campo de la revolución proletaria y el campo de la reacción burguesa. A continuación colocó en el frente de los enemigos de la clase obrera al reformismo sindical y a los partidos socialdemócratas, a los que denominó “socialfascistas” y calificó como el principal obstáculo en el camino de los trabajadores revolucionarios. Según este punto de vista, afirmado en el pleno ascenso del fascismo en Europa, la historia tenía un rumbo prefijado y una finalidad ineluctable, en cuyo curso debían sumergirse los partidos obreros, llevando al máximo la radicalización de sus posiciones y preparándose para la conquista del poder. Todo lo que no coincidiese en esta línea no podía sino servir a los fines de la reacción.

En Argentina esa política fue aplicada por el PC al pie de la letra. En diciembre de 1928 el VIII Congreso aprobó las tesis sobre la situación económica y política que definirían el curso partidario hasta mediados de la década del 30. El país fue caracterizado como una formación semicolonial, cuyos centros económicos decisivos —ferrocarriles, transporte marítimo, frigoríficos, mercados de cereales y de carne, comercio exterior, etc.— estaban en manos del imperialismo. Sin embargo en el bloque de sus clases dominantes no sólo no se reflejaba una contradicción de raíz nacional, sino que por el contrario su unidad estaba fundada en una ligazón entre los intereses de la burguesía agropecuaria y el capital industrial. A su vez la burguesía industrial fue clasificada como fuerza auxiliar del imperialismo. En este marco al radicalismo yrigoyenista se lo consideró como expresión del empresariado industrial y agroindustrial y se lo diferenció del radicalismo alvearista, vinculado a los círculos tradicionales del conservadorismo. Pero como la naturaleza de la burguesía fabril no difería en el fondo del carácter de clase de la oligarquía ganadera, el gobierno de Yrigoyen fue denunciado como un gobierno antiobrero, enmascarado tras una política demagógica que era dejada de lado cuando la lucha de clases alcanzaba cierta intensidad, como había ocurrido durante la “semana de enero” y en Santa Cruz.

Por este camino la política de la clase obrera en el frente antiimperialista fue reducida a un clasismo abstracto, refractario a los símbolos y valores en torno a los cuales se constituyeron históricamente las identidades del campo popular. Las contradicciones, vacilaciones y limitaciones de la pequeña burguesía yrigoyenista fueron interpretadas como índice de su naturaleza de “bloque heterogéneo, latifundista burgués”, y los planteos antiimperialistas que levantaba el ala izquierda del Partido Radical, fueron caracterizados como el intento de disputar al proletariado la hegemonía en el frente de clases y, por lo tanto, sus sostenedores fueron denunciados como “enemigos de la verdadera revolución popular de masas, obrera y campesina”.

En un país dependiente, semicolonial en muchos aspectos de sus relaciones con las metrópolis imperialistas, pero que de todas formas había alcanzado un apreciable desenvolvimiento capitalista, la clase trabajadora podía aspirar a jugar un papel dirigente, siempre y cuando lograra fusionar en una voluntad nacional-popular los distintos componentes de las tradiciones populares, consolidados como tales en el proceso de lucha contra el bloque de fuerzas gobernantes. Pero la política del PC se proyectaba en otra dirección. Definía a la pequeña burguesía y al campesinado al margen de su experiencia política concreta y de las alineaciones que les correspondían en el plano político-ideológico, y les contraponía una ideología preexistente: el marxismo-leninismo, ideología revolucionaria del proletariado. Al hacerlo condenaba a los trabajadores que hacían suyo el imaginario comunista al aislamiento y sectarismo político.

Sin embargo en los primeros años de la década del 30 el PC logró afianzar un sistema de cuadros en el movimiento obrero. Entre 1932 y 1936 los militantes sindicales comunistas impulsaron dos huelgas generales en Buenos Aires, dos huelgas prolongadas de los trabajadores de la madera y dos huelgas de importancia perdurable en la historia del movimiento obrero: la de la carne y la de la construcción. A diferencia de socialistas y sindicalistas atrincherados en los gremios de servicios, los cuadros de la CUCS construyeron sólidas posiciones sindicales entre los obreros industriales de la alimentación, la madera, la carne y la construcción. Su línea combativa, en presencia de la democracia fraudulenta de la década infame, contrastó con el reformismo conciliador de sindicalistas y socialistas y se abrió paso en las capas obreras que habían quedado al margen de la organización de los aparatos gremiales tradicionales. Esas capas, que se habían desarrollado por fuera de la plataforma de servicios, soportaban directamente el peso de la crisis capitalista sometidas a condiciones de sobreexplotación. Su nivel de vida había caído abruptamente tras el ajuste dispuesto al comienzo de los años 30.

Al mismo tiempo, la orientación de la acción gremial comunista, dirigida a organizar sindicatos por rama industrial, se ajustó plenamente a las exigencias que planteaban a la clase trabajadora los cambios aparecidos en la estructura productiva tras el impacto de la crisis. Y a pesar de que el contenido ultraizquierdista de las resoluciones del VIII Congreso, le impedía a los militantes comunistas articular una política de unidad antiimperialista, los planteos contra el imperialismo y el capital extranjero de la década del 20 y de la primera parte de la siguiente, los ubicó en las primeras líneas de combate de la clase trabajadora. En definitiva, el desarrollo de un discurso clasista en el marco de sobreexplotación y desprotección en que se desenvolvía el proletariado fabril en la primera mitad de la década infame, encontró correspondencia en las necesidades de una lucha encarnizada en defensa de las condiciones de su existencia como clase.

Esta política se mantuvo hasta la segunda parte de 1935. En octubre de ese año el PC cambió de vía, y enfiló rectamente hacia el punto de confluencia de las fuerzas antifascistas que se estaban reagrupando a nivel mundial. Previamente el VII Congreso de la Internacional había corregido su rumbo anterior y revisado las caracterizaciones que la llevaron a una falsa apreciación de la naturaleza del fascismo: a partir de agosto de 1935 se abrió el período de los “frentes populares”, que terminó colocando a los partidos obreros en situación subordinada respecto de las burguesías “democráticas”.

En Argentina el reclamo de normalización constitucional y reestablecimiento de las libertades públicas a través de un gobierno de concertación democrática, junto con la formación de un frente de partidos opositores al gobierno conservador, constituyeron el eje de un giro aplicado por la Conferencia de Avellaneda respecto de la línea de ultraizquierda.

Hasta ese momento “la revolución agraria y antiimperialista sobre la base de los soviets” haba sido el objetivo en torno al cual se había organizado la política comunista durante el Tercer Período. El PC realizó una extensa autocrítica de esa orientación en ocasión del IX Congreso (enero de 1938), cuestionando, entre otras cosas, no haber sabido distinguir entre la tendencia nacional reformista de la burguesía (yrigoyenismo) y el bloque feudal-imperialista y, en consecuencia, no haber levantado una posición de defensa del gobierno democrático en vísperas del golpe del 6 de septiembre. Sin embargo, el cambio de frente no acercó a los comunistas al cauce nacionalista democrático de las grandes masas populares. Por el contrario, la defensa de la democracia se trasmutó de inmediato en la reivindicación de un democratismo formal, subordinado ideológicamente al liberalismo oligárquico. En ese IX Congreso, Orestes Ghioldi declaró tarea inmediata del proletariado la “liquidación de los vestigios del feudalismo y el mantenimiento del régimen democrático”. Los dirigentes del stalinismo argentino todavía creían estar en presencia de una futura revolución democrático burguesa, superadora de los últimos reductos de un pasado feudal, según el esquema de las revoluciones europeas de los siglos xvii y xviii. Desde este enfoque el enemigo eran las expresiones recalcitrantes del conservadorismo, base de apoyo necesario de un avance fascista contra las instituciones republicanas. En su informe al xi Congreso, Luis Sommi sostuvo, por ejemplo, que si en la provincia de Buenos Aires el gobernador Fresco aún no había instaurado una dictadura fascista no era por falta de convicción sino porque no contaba con suficiente fuerza.

La antinomia democracia/fascismo, que el PS hizo suya desde un primer momento, organizó un discurso comunista estrechamente vinculado a un campo de connotaciones de contenido liberal. A lo largo del período que va de 1935 a comienzos de 1938, y luego con toda fuerza a partir de 1941, el planteo original del frente popular se fue deslizando hacia la fórmula de una unión democrática, que tenía especial cuidado en incluir al ala liberal de la oligarquía. Desde entonces el PC diferenció al imperialismo democrático del imperialismo fascista, valoró la política del New Deal de Roosevelt a la que consideró progresista y esperanza de paz y tranquilidad para América Latina, criticó la rapiña de los grandes banqueros y capitalistas británicos porque terminaba fortaleciendo la reacción fascista y tomó como tarea fundamental “forjar la Unión de la democracia argentina en salvaguardia de las instituciones liberales y progresistas que nos legaron los prohombres del pasado”. Poseída por un intenso fervor democrático, la dirigencia comunista proclamó su “repulsa de los criminales, aventureros ‘nacionalistas’ renegados de nuestra tradición liberal y progresista” y formuló un encendido elogio del Ejército, custodio de las instituciones democráticas.

Así, el PC pasó casi sin transición de las posiciones de ultraizquierda al período del oportunismo abierto respecto del liberalismo oligárquico y de los imperialismos “democráticos”. Se autocriticó por no haber reconocido diferencia entre el contenido nacional reformista del yrigoyenismo y el carácter “feudal-imperialista” del golpe del 6 de septiembre de 1930, pero de inmediato repudió la decisión que en su momento lo llevó a no apoyar la alianza Demócrata-Socialista que el PS y la Democracia Progresista organizaron, en complicidad objetiva con la dictadura, para convalidar la proscripción del radicalismo en las elecciones de noviembre de 1931. “Aprendiendo” de los errores del período ultraizquierdista, los dirigentes comunistas le confirieron al término “unidad” el significado más amplio, al punto de correr la línea divisoria hasta diferenciar una tendencia democrática dentro del bloque de clases dominantes e intentar ganarla para el frente de lucha antifascista. Separar al presidente Ortiz, agente del capital británico y exponente del ala liberal de la oligarquía, del conservador Fresco, símbolo de “amenaza fascista”, se convirtió en la llave táctica que el PC llevó adelante hasta la segunda mitad de 1939, cuando el pacto germano-soviético de agosto de ese año lo devolvió por un breve lapso a una posición antiimperialista.

 El estalinismo argentino abandonó la posición contra la guerra tan pronto como los ejércitos del Tercer Reich invadieron la URSS en junio de 1941 y volvió a la línea antifascista entendida como la unidad de las fuerzas democráticas, incluida parte de los círculos dominantes. Sin embargo, a esa altura, tanto la posibilidad de la solución conservadora, que intentó imponer el presidente Castillo luego de la muerte de Ortiz, como la solución democrática, propiciada por un sector de las clases dominantes a través de la candidatura del general Justo, no pasaban de ser expresiones de un ciclo histórico agotado.

La prueba de que una época había concluido y de que un nuevo tiempo había llegado quedó registrada, como pocas veces, en la perspectiva con que la vieja izquierda portuaria interpretó la movilización de masas del 17 de octubre de 1945. El 21 de octubre de ese año el Partido Comunista difundió un manifiesto en el que entre otras cosas se sostenía: “El malón peronista —con protección oficial y asesoramiento policial— que azotó al país, ha provocado rápidamente —por su gravedad— la exteriorización del repudio popular en todos los sectores de la república en millares de protestas. Hoy la Nación en su conjunto tiene la clara noción del peligro que entraña el peronismo y de la urgencia de ponerle fin”. Inmediatamente señalaba: “Se plantea para los militantes de nuestro Partido una serie de tareas, que para mayor claridad, hemos agrupado en dos rangos: higienización democrática y clarificación política. Es decir, por lado, barrer con el peronismo y todo aquello que de alguna manera sea su expresión; por el otro, llevar adelante una campaña de esclarecimiento de los problemas nacionales, la forma de resolverlos y explicar ante las amplias masas de nuestro pueblo, más aún de lo que hemos hecho hasta hoy, lo que la demagogia peronista representa. En el primer orden nuestros camaradas deben organizar y organizarse para la lucha contra el peronismo hasta su aniquilamiento”. El Partido Socialista, por su parte, no se quedó atrás. El 23 de octubre un editorial de La Vanguardia escrito por Américo Ghioldi calificó a los trabajadores peronistas como lumpen-proletariat. La nota explicaba: “Cuando un cataclismo social o un estímulo de la policía moviliza las fuerzas del resentimiento, cortan todas las contenciones morales, dan libertad a las potencias incontroladas, la parte del pueblo que vive ese resentimiento y acaso para su resentimiento, se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes”.

Estas posiciones confirmaron a comunistas y socialistas como ala izquierda del frente oligárquico organizado en torno a la Unión Democrática, y los alinearon junto a la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial, la embajada norteamericana y buena parte de las fuerzas conservadoras y liberales que había constituido la Concordancia gobernante hasta junio de 1943. Las diferencias que desde el advenimiento de Perón a la Secretaria de Trabajo y Previsión mantenían con la clase obrera, se transformaron en una ruptura definitiva. A través del peronismo los trabajadores habían encontrado la oportunidad de dejar atrás el viejo orden agroexportador que los condenaba a las formas más rigurosas de explotación, e incorporase a un nuevo orden en el que la relación capital-trabajo era redefinida en términos más afines a los que caracterizaban a la corriente principal del capitalismo de posguerra. El socialismo y el comunismo que pregonaba la vieja izquierda habían perdido todo sentido para una clase trabajadora que enarbolando las banderas nacionales, reestablecía la tradición histórica del federalismo democrático del siglo xix y del yrigoyenismo de las primeras décadas del siglo siguiente. Bajo estas nuevas condiciones el socialismo como superación del capitalismo semicolonial, sólo podía surgir y afirmarse en el proceso colectivo de experiencia nacional-democrática de las grandes masas obreras y populares, diferenciando su programa, su política y su organización del peronismo, y a la vez constituyendo la expresión más resuelta del Frente Nacional que agrupaba al conjunto de las masas populares. La ausencia de tal corriente fue determinante en los acontecimientos que precipitaron la caída del gobierno de Perón en septiembre de 1955. El programa del 46 estaba en gran medida agotado y sólo su radicalización en un sentido antioligárquico y antiimperialista podía haber puesto fin a la conspiración de las fuerzas liberales. Sin embargo la burocracia había paralizado al Estado, a los sindicatos y al partido gobernante, y el peronismo cayó sin dar batalla.

Notas: