Perón, los trabajadores y la izquierda

El partido obrero de los sindicatos

La creación del Partido Laborista constituyó el intento más consistente en dar respuesta a ese interrogante. El partido organizado por el núcleo de dirigentes sindicales cercano a Perón fue una consecuencia directa de las movilizaciones obreras y populares de octubre de 1945, y su irrupción confirmó el advenimiento de la clase trabajadora a la arena de las luchas políticas bajo nuevas banderas. La necesidad de salvar a Perón de una caída sin retorno, y al mismo tiempo de clausurar definitivamente la época del dominio oligárquico, despertó la iniciativa de las masas y obligó a los obreros a plantearse problemas que hasta entonces habían sido dominio exclusivo de las estructuras políticas tradicionales.

La respuesta a los interrogantes que dejó abiertos la movilización del 45 dio por resultado una organización política, estructurada a partir de los sindicatos y cohesionada en torno a un programa reformista, que levantaba la eliminación del latifundio mediante una reforma agraria, así como la nacionalización de los servicios públicos y de las fuentes minerales, además de incluir un detallado capítulo de legislación laboral y social. El PL aspiraba a ser el partido de las masas trabajadoras sindicalizadas, pero intentaba representar al mismo tiempo al conjunto de las clases laboriosas, incluida la baja burguesía constituida por industriales, comerciantes y agricultores. Se oponía, en consecuencia, al gran capital nacional y extranjero, que con “profundas raíces imperialistas”, configuraba “una minoría poderosa y egoísta”.

Su discurso no impugnaba el capital como tal, sino la forma más concentrada del capitalismo, que se valía de su poder para imponer y acrecentar los privilegios de clase. En ningún momento superó los límites de una plataforma reformista: se proponía completar la democracia política con la democracia social, y reclamaba una mayor justicia social y una mejor distribución de la riqueza. Sin embargo, ese reformismo estaba imbuido de un contenido antioligárquico; era nacionalista (antiliberal) y asignaba al Estado una fuerte presencia en la economía y la sociedad.

El PL tuvo una vida efímera. Fue fundado una semana después del 17 de octubre de 1945 y disuelto por orden de Perón en junio de 1946. Su intervención fue decisiva en los comicios del 24 de febrero. Sin la maquinaria político-electoral organizada por los cuadros sindicales a lo largo y a lo ancho de todo el país, Perón no habría podido derrotar a la fórmula de la Unión Democrática. En aquellas provincias en que el PL y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora presentaron boletas por separado, el partido de los sindicalistas aportó el 70% de los votos peronistas.

Durante el breve período que media entre octubre de 1945 y mediados de 1946, el PL conservó un apreciable grado de independencia respecto de la jefatura de Perón. A duras penas consiguió éste hacer aceptar el acuerdo electoral con los radicales renovadores, y así y todo en seis de los quince distritos electorales su candidatura fue presentada en boletas separadas. Asimismo tuvo que empeñarse para imponer la candidatura de Hortencio Quijano a la vicepresidencia, pero debió resignarse ante el desplazamiento del renovador Alejandro Leloir, su candidato a la gobernación de Buenos Aires, en favor de Domingo Mercante, respaldado con tenaz intransigencia por Cipriano Reyes y el resto de la conducción laborista de esa provincia. Por fin, la orden de disolución del partido en mayo de 1946, debió sobreponerse a una firme resistencia de un sector de la dirigencia obrera.

Sin embargo, la suerte del partido organizado desde los sindicatos estaba jugada de antemano. Para Perón el PL fue, en definitiva, el instrumento destinado a traducir a términos electorales el enorme apoyo que se había ganado entre las masas trabajadoras. Aceptó su presencia a pesar que no la había promovido, pues siempre había observado con desconfianza toda representación obrera que se erigiese más allá del límite de la práctica sindical. Pero una vez ganada la batalla electoral, la necesidad de unificar el bloque de clases a partir del cual habría de hacer frente a las presiones de la oligarquía y el imperialismo, adquiría prioridad sobre cualquier otra consideración. Perón necesitaba terminar cuanto antes con el sordo enfrentamiento que mantenían desde un principio laboristas y radicales renovadores, cuya persistencia comprometía su margen de maniobra política y constituía una amenaza para la consistencia de su futuro gobierno. De lo contrario, la resistencia, que seguramente habrían de ofrecer los círculos de la Argentina tradicional a su programa, encontraría la posibilidad de reflejarse a través de las disidencias internas.

Por lo demás, Perón tenía una razón tanto o más poderosa para decidir la liquidación del Partido Laborista. El suyo era un proyecto nacional burgués cuyo punto de apoyo fundamental no lo constituía la burguesía sino el proletariado; una fórmula que podría adquirir un grado considerable de radicalidad a poco que el conflicto pendiente con los intereses aún intactos del bloque agroexportador se profundizase. En ningún caso Perón estaba dispuesto a apelar al apoyo de las masas, promoviendo una posición política independiente en las filas más avanzadas de la clase obrera. En definitiva se trataba de reconciliar el capital con el trabajo, favoreciendo un proceso de acumulación de corte industrial, en detrimento de los componentes rentísticos y especulativos del viejo capitalismo agrario y comercial. Por lo tanto, la consolidación de la jefatura bonapartista necesitaba a la vez que ese respaldo popular, un firme control que estableciese los límites de los desplazamientos en la base del movimiento. Dentro de esa estructura vertical no quedaba lugar para un partido apoyado en los sindicatos que intentase mantener cierto grado de independencia, ni tampoco para una CGT con iniciativa propia como la que pretendía Luis Gay y una parte de la dirigencia obrera.

Ahora bien, los límites que imponía la construcción bonapartista no sólo estaban fuera del PL, sino que formaban parte de su propia naturaleza. En efecto, el soporte organizativo del nuevo partido eran los sindicatos y las agrupaciones gremiales que como tales integraban sus estructuras. Para ese entonces esas organizaciones ya estaban fuertemente influidas por el vínculo que las relacionaba con el Estado. Desde mediados de 1944 esa relación había experimentado un vuelco fundamental, acorde con una política que perseguía, mediante el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, la construcción de un sólido mercado interno, sobre el cual asentar un proyecto de capitalismo independiente. El contraste de la nueva línea dirigente del Estado respecto del comportamiento que había caracterizado al aparato gubernamental oligárquico de la década infame, no podía ser más notorio. A lo largo de los años 30 el salario real de los trabajadores osciló por lo general por debajo del nivel de 1929, mientras que la ocupación aumentó casi en un tercio. Para el núcleo invernador/comercial, aún dominante, lo importante no era ampliar el consumo de las masas, sino por el contrario contar con determinado volumen de excedentes para colocarlos en los mercados europeos. A su vez, la nueva burguesía industrial hacía ganancias extraordinarias manteniendo el régimen de acumulación basado en la extracción de plusvalía absoluta.[7] Inversiones mínimas, bajos salarios, y ampliación de la jornada colectiva de trabajo a partir de la expansión de los planteles laborales, era la fórmula más favorable, según el nivel que arrojaba la tasa de ganancia.

Sin embargo, ya próxima la finalización de la guerra, las condiciones para la acumulación de capital habrían de presentarse de modo diferente. La conflagración había puesto fin a la larga crisis que estalló en octubre de 1929, y el que se avecinaba era un prolongado período de expansión capitalista que se extendería hasta el inicio de la década del 70. En Argentina, la fase de sustitución de importaciones con eje en la industria liviana estaba acabada en gran medida en los primeros años de la década del 40, y en un marco de recuperación de la economía europea y de avance mundial del imperialismo norteamericano, no existía posibilidad alguna de resguardar el nivel de industrialización alcanzado, a menos que se ensanchase el mercado interno ampliando sustancialmente el consumo de las masas.[8]

En cambio, desde mediados de la década del 30 y hasta ya entrados los años 40, el crecimiento de la clase obrera industrial había tenido por correlato una confrontación constante con la patronal, y una acumulación de reivindicaciones y de derrotas parciales. Así, la relación de los sindicatos fabriles con el Estado, administrado por conservadores y liberales, se inscribió en este contexto de condiciones adversas.[9]

Ahora bien, las exigencias de un viraje en la orientación de la acumulación del capital y particularmente, la decisión de Perón de reestructurar el bloque de poder, para facilitar un desenvolvimiento económico más cercano a las necesidades de la burguesía industrial, debían obligadamente transformar la relación entre el Estado y los sindicatos. El avance de la política nacionalista del 43 en el sentido de una línea de alianzas con las organizaciones gremiales provocó, primero una diferenciación en el movimiento obrero, y luego un vuelco decisivo de los sindicatos. En definitiva, la antigua relación de conflicto resultó desplazada por un vínculo de nuevo tipo, cuya consecuencia fue la integración de las estructuras gremiales a una construcción política, en la cual el Estado, al mismo tiempo que daba curso a las demandas de los trabajadores, ejercía el control sobre sus organizaciones.

Durante el período de configuración de la alianza, particularmente en el lapso que va de octubre de 1945 a mediados de 1946, las estructuras gremiales mantuvieron sin merma su autonomía, pero el curso general de su política se orientó en coincidencia estrecha con la línea de la fracción nacionalista militar consolidada en el aparato de Estado. Es evidente que la presencia de un centro gravitatorio de tal naturaleza, no podía dejar de ejercer influencia sobre un partido, en cuya estructura los sindicatos constituían el soporte central. En todo caso se habían creado condiciones para que las tendencias de corte economicista, reforzadas por el inicio de una etapa distribucionista, cobraran importancia.

El economicismo es la ideología de la relación capital/trabajo afirmada en los límites de una fase puramente corporativa de las luchas obreras, y como tal juega un papel fundamental en la reproducción del orden capitalista. El Partido Laborista estaba más allá de una práctica ceñida exclusivamente a los reclamos económicos de la clase trabajadora. Sin embargo, las organizaciones sobre las que se sostenía se movían dentro de límites más reducidos. Conviene tener presente que desde una práctica sindical, aún cuando se trate de una práctica politizada, no es fácil construir una posición independiente, sobre todo cuando se ha estrechado la relación con el Estado. Precisamente en torno al Estado giraba la estructuración del emergente movimiento popular, de modo que el hecho decisivo de ese proceso, la consolidación de una jefatura bonapartista, se produjo sólo cuando Perón estuvo en condiciones de controlar los mecanismos centrales del aparato estatal.

En mayo de 1946 esa solución, en sus lineamientos fundamentales, estaba configurada. En ese momento la orden de disolución del PL adquirió un peso aplastante.

El ala izquierda del bloque liberal

Es cierto que en la suerte del partido basado en las organizaciones obreras, las contradicciones internas jugaron un papel decisivo. Pero además de las limitaciones que conllevaba ese intento de sostener una posición autónoma desde una plataforma laborista, fue la decisión de las grandes masas obreras y populares la que resolvió el conflicto. En última instancia, los trabajadores estaban dispuestos a sostener un partido propio mientras éste obrara como un instrumento de apoyo del gobierno peronista. Pero no habrían de respaldar ese intento de intervención relativamente independiente, si el precio a pagar era un enfrentamiento con Perón.

Sin embargo, el interrogante sigue pendiente: ¿era posible en el campo político abierto por el realineamiento nacional-popular del 45 construir una corriente obrera independiente? La consideración del papel de los partidos de izquierda en ese período crítico reviste una importancia relevante para terminar de responder a ese interrogante. Se vio más arriba por qué desde la relación Estado-sindicatos impuesta por el peronismo no fue posible que emergiera una organización autónoma de la clase trabajadora. Pero sin duda, esa doble relación de alianza y control simultáneos, no alcanzaba a los partidos que hasta la primera parte de los años 40 orientaron en buena medida al movimiento obrero. ¿Por qué las dirigencias socialistas y comunistas, que ocupaban por entonces posiciones gravitantes en la estructura sindical, perdieron prácticamente toda influencia con el advenimiento del peronismo? ¿Fue acaso la despolitización del trabajo sindical impulsada por los primeros, o la débil organización de los segundos, el origen de esa declinación irremediable?[10]

Ni una cosa ni la otra, con ser ciertas, explican en lo fundamental el giro que imprimió a su orientación de clase el movimiento obrero a mediados de los años 40. No resultó circunstancial que tanto el Partido Socialista como el Comunista, definieran sus posiciones ante los acontecimientos de octubre de 1945 en oposición a la tendencia que se volvió dominante entre las grandes masas obreras y populares. En ambos casos la decisión resultó la confirmación de líneas políticas, que terminaron por circunscribir a la izquierda reformista y comunista en el papel de ala “progresista” del bloque histórico, reorganizado por las antiguas clases dominantes para hacer frente al emergente campo popular.

Desde sus orígenes a fines del siglo pasado, el Partido Socialista, se orientó en sentido reformista según el revisionismo de la Segunda Internacional y determinó su acción siguiendo un curso que tendría por centro de gravedad la arena parlamentaria. A su vez, la línea socialista en el movimiento obrero ciñó las posibilidades del proletariado a un horizonte de reivindicaciones reformistas, en el cual no había sitio para la acción directa y, salvo circunstancias excepcionales, se descartaba la huelga general. Desde ese ángulo el PS fue definido como un partido “democrático y evolutivo”, al que le había sido asignada la misión civilizadora de “educar a la ciudadanía”.[11] Construido a partir de una matriz liberal con connotaciones iluministas, el discurso juanbejustista no hacía otra cosa que reproducir el viejo paradigma organizado en torno a la antinomia “civilización o barbarie”. Al igual que los propagandistas de los círculos tradicionales del poder, los dirigentes socialistas creían descifrar en los ciclos de la historia europea las claves de la sociedad argentina. Explicaban el pasado a la luz de las proposiciones centrales de la historiografía mitrista, y hacia adelante apostaban a un futuro “progresista”, a un futuro de capitalismo, con su correspondiente democracia parlamentaria al mejor estilo europeo, pero sin los males que trae aparejada la concentración del capital. La suya era la visión de una clase de pequeños productores, de profesionales y de trabajadores en situación más o menos estable, incorporados en su mayor parte en la plataforma de servicios públicos del orden agroexportador.[12]

En la política argentina el PS obró como una suerte de ala izquierda del liberalismo oligárquico, principio hegemónico que organizó a lo largo del siglo xix y hasta mediados del actual, el bloque de las clases dominantes. Su desprecio por el federalismo democrático del interior en disputa con el unitarismo porteño en los años que se prolongaron entre las guerras civiles y 1880, y por el yrigoyenismo, a los que englobaba bajo el rótulo de “política criolla”, desnudó la naturaleza portuaria del socialismo juanbejustista. Alfredo Palacios fue echado del partido por su “nacionalismo criollo”, además de su afición a los lances caballerescos. Manuel Ugarte corrió igual suerte en 1913 por repudiar la partición de Colombia por el imperialismo norteamericano en 1903; partición que los dirigentes del PS todavía aplaudían diez años después.

En definitiva, para los seguidores de Juan B. Justo el orden de cosas que giraba en torno a la renta diferencial, constituyó una suerte de principio unificador de la propaganda partidaria en sus aspectos sustanciales. Así, por ejemplo, en el Congreso de 1938 junto con los lineamientos de una reforma agraria basada en un impuesto progresivo sobre la renta, con recargo a los propietarios ausentes y expropiaciones de tierras aptas para agricultura y ganadería, y en el mismo capítulo económico en el que se planteaba la nacionalización de los servicios públicos (cuidándose muy bien de toda posible confusión respecto del “anticapitalismo nacionalista”), el programa reclamaba la reducción gradual de los derechos aduaneros hasta su extinción.

Hasta fines de la década del 20 el núcleo dirigente del PS mantuvo la estricta división del trabajo entre la lucha política y la sindical. Según este principio, que se ajustaba (y se ajusta) a las necesidades de reproducción del orden burgués, los sindicatos debían permanecer políticamente neutros y los obreros socialistas debían depositar en la dirigencia partidaria su representación política. El resultado de esta delimitación fue el papel subordinado que jugaron los cuadros obreros en el partido respecto de una burocracia dirigente de origen pequeño burgués. Como contrapartida, la tendencia a una práctica sindical despolitizada ganó espacio en algunas de las estructuras gremiales controladas por militantes del PS, creando un campo sujeto a la influencia de la corriente sindicalista.[13]

La relación entre la estructura partidaria y la fracción gremial varió parcialmente cuando a partir de 1932 la dirección del PS, decidida a aprovechar el abstencionismo radical contra el fraude conservador, se lanzó a organizar un gran partido de oposición, proclamando que la lucha gremial, además reivindicativa y cooperativa debía ser político-sindical. Sin embargo, la organización socialista de los trabajadores nunca dejó de ser vista, en el mejor de los casos, como un auxiliar de la política electoral del partido. Esta concepción recibió confirmación plena en 1943 con la negativa del Comité Ejecutivo a participar del acto del 1° de mayo organizado por la CGT N° 2 para convocar a la convergencia de las fuerzas democráticas, de cara a las próximas elecciones presidenciales. En esa ocasión los directivos socialistas les recordaron a los dirigentes obreros cuales eran los límites que no debían traspasar: “…hemos creído siempre, y seguimos pensando, que no compete a los gremios la dirección y orientación política de los trabajadores y menos de los ciudadanos en general”.[14]

Pero al mismo tiempo, el partido que se asignaba la misión de dirigir a los trabajadores, en modo alguno estaba dispuesto a dejar de ser la expresión política de una fracción “progresista” de la pequeña burguesía. La victoria del núcleo dirigente en las confrontaciones internas del período 1932/1935 contra el ala izquierda que pretendía transformar al PS en un partido clasista, organizado en torno a una estructura centralizada de militantes y orientado según el principio marxista de la lucha de clases, confirmó definitivamente la imposibilidad de imprimir un giro hacia la izquierda en el viejo partido juanbejustista.

Notas: