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El peronismo se configuró en las condiciones históricas existentes en la primera mitad de los años 40, a partir de la crisis de hegemonía del bloque oligárquico y la presencia de nuevas fuerzas sociales, emergentes del proceso de industrialización originado en la sustitución de importaciones al que la segunda guerra mundial había dado nuevo impulso. Los círculos dirigentes de la vieja argentina semicolonial, representativos de los terratenientes de la pampa húmeda y de la burguesía comercial y financiera, asociadas al capital extranjero, habían recuperado el control del aparato gubernamental tras al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y lo mantuvieron hasta el 4 de junio de 1943. Sin embargo, ya ha comienzos de la década del 40 evidenciaban claros signos de agotamiento político. El fraude electoral, practicado sistemáticamente por los gobiernos de Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo, era la prueba que el universo liberal que desde la segunda mitad del siglo xix había girado en torno al eje de la renta diferencial, había entrado en una crisis irreversible. Mientras tanto las medidas proteccionistas, que el régimen de conservadores y liberales se había visto obligado a adoptar para preservar a la economía argentina de las consecuencias del crac de 1929, habían dado lugar al surgimiento de nuevas capas obreras afincadas en la industria y al desarrollo de una burguesía fabril de pequeños y medianos propietarios, así como de una clase media vinculada al mercado interno. Estas fuerzas sociales no podían reconocer, ni en los partidos de la Concordancia que controlaban el gobierno, ni en el radicalismo completamente alvearizado, la representación genuina de sus intereses. En cierto modo la primera expresión política de los nuevos protagonistas sociales sobrevino a través del régimen militar del 43, reflejo a su vez de los cambios en el balance de fuerzas que se habían producido en la sociedad argentina. De forma tal, la alianza entre el ala nacionalista del Ejército, la Iglesia y la burocracia estatal, resultó el antecedente político del frente de clases que en 1945 habría de dar origen al peronismo. Más allá de los aspectos ideológicamente reaccionarios del movimiento del 4 de junio, sus medidas fundamentales en el plano económico tendían a dar curso a un programa de nacionalismo burgués en correspondencia con las transformaciones que había experimentado el patrón de acumulación capitalista. El sesgo distintivo que adquirió tal régimen, en especial en la etapa Farell-Perón, provenía del hecho de que ni la burguesía nacional, ni el proletariado, componentes fundamentales de la nueva fase de desenvolvimiento, estaban en condiciones de ocupar el puesto de mando. La primera era orgánicamente débil, consecuencia de las características de un proceso de industrialización sin revolución industrial; políticamente ambigua, temerosa del capital imperialista y desconfiada de la fuerza sindical de los trabajadores. Estos, a su vez, no habían alcanzado la suficiente madurez de clase para formular un programa independiente, en condiciones de realinear el campo de fuerzas nacionales. En consecuencia, las condiciones estuvieron dadas para el surgimiento de una jefatura que con el aparato estatal como soporte y el apoyo de las grandes masas obreras y populares, ganase autonomía respecto de las clases sociales para llevar adelante la política que la burguesía nacional no se animaba a encarar. Tal el carácter bonapartista que adquirió la jefatura de Perón, y la particular relación que se estableció entre esa jefatura y las bases obreras del movimiento.[1]
Como no podía ser de otro modo, la ideología del peronismo reflejó desde un principio una contradicción de fondo, propia de un movimiento afirmado en la clase trabajadora, portador al mismo tiempo de un programa nacional-reformista destinado a remover los cimientos de la Argentina agro-exportadora sin traspasar los límites del orden capitalista. De ahí la ambigüedad en muchos de sus aspectos sustanciales. En todo momento Perón estableció los principios de su conducción sobre la base de un especial equilibrio de clases, y su jefatura se afianzó arbitrando entre distintos intereses y expresiones ideológicas.
Sabía que para hegemonizar los componentes heterogéneos de un movimiento policlasista debía realizar una serie de concesiones y alcanzar cierto balance, al cabo de un juego de compensaciones. Por eso decía que “en el gobierno para que uno pueda hacer el cincuenta por ciento de lo que uno quiere, ha de permitir que los demás hagan el otro cincuenta por ciento de lo que ellos quieren”. Pero advertía que “hay que tener la habilidad para que el cincuenta por ciento que le toque a uno sea lo fundamental”.[2]
Es cierto que Perón decidió desenvolver sus planes en los límites más generales del capitalismo. Pero al mismo tiempo, la necesidad de desplazar el eje del patrón de acumulación del viejo orden agroexportador, lo obligaba a fundar su empresa sobre una amplia base popular. La intención de conciliar los distintos intereses que se desprendían de esta combinación lo llevaba a afirmar, por ejemplo, que “en el justicialismo el capital está al servicio de la economía”, y no a la inversa como, según él, enseñaba la “economía pura”.[3] Perón necesitaba sostener la fórmula de la conciliación de clases, aunque semejante fórmula encerrara una contradicción con la naturaleza social del capitalismo.
Su jefatura ocupó el lugar que bajo otras condiciones le hubiera correspondido a la burguesía nacional. Pero precisamente por eso, el suyo no podía ser un simple liderazgo de clase. Su bonapartismo fue el resultado de una contradicción sobredeterminada, estructurada en torno a dos ejes principales: el de la contradicción de contenido nacional del viejo país dependiente de la década del 40, y el eje del antagonismo de clase de una sociedad capitalista. La necesidad de construir un discurso antioligárquico pero a la vez burgués; antiimperialista pero al mismo tiempo encuadrado en los límites del capitalismo, determinó una particular configuración ideológica.
En efecto, ese discurso se organizó en torno a una línea antiliberal, articulando una serie de interpelaciones, algunas de contenido contrario, que abarcaban el amplio arco que iba desde las consignas sostenidas por los obreros laboristas hasta aquellas que identificaban a los nacionalistas simpatizantes del fascismo, pasando por el industrialismo y el antiimperialismo. Por lo tanto, el “movimiento pendular”, convertido en recurrente explicación por los seguidores de Perón acerca de los desplazamientos tácticos de su jefe, no fue otra cosa que el producto de las contradicciones de clase sobre las que se erigió la jefatura popular.
Sin embargo, el ensamble de componentes ideológicos de diversa procedencia no fue realizado mediante una operación algebraica. Por el contrario, el bonapartismo de Perón fue el producto de la hegemonización de diversas y hasta contradictorias identidades de clase. La confluencia objetiva de fuerzas sociales, principalmente el proletariado y las capas medias y bajas de la burguesía industrial, en una solución nacional, creó las condiciones para la emergencia de una voluntad colectiva. El antiliberalismo, entendido como desenmascaramiento de la democracia fraudulenta y del parasitismo oligárquico, se convirtió en hilo conductor de un discurso con cierta capacidad de fusión sobre una diversidad de componentes ideológicos. La hegemonía resultante —de eso se trata—, adquirió un carácter constitutivo: gravitó decisivamente en la construcción de las identidades políticas del campo de fuerzas nacionales, en proceso de reorganización a mediados de la década del 40.
En el curso de este proceso los obreros identificaron en el peronismo su interés de clase. Así el concepto de justicia social reflejó el avance, pero también la consolidación de los trabajadores en la estructura capitalista y, en consecuencia, estableció los límites de un orden social que el peronismo no estaba dispuesto a superar.
Perón interpeló al trabajador como sujeto sindical. “De casa al trabajo y del trabajo a casa”, fue la consigna central de un discurso que perseguía la unidad de los obreros, y a la vez el estricto control sobre sus movimientos. El jefe popular reconocía la condición de clase de los trabajadores en las empresas y en las organizaciones gremiales, pero de ningún modo estaba dispuesto a aceptar una expresión independiente en el plano de la lucha política. En su concepción, la relación política/clase trabajadora tenía límites muy precisos: la política no debía entrar al sindicato porque “es el germen más disolvente de todas las organizaciones obreras”. Sin embargo, el sindicato como expresión de la unidad de clase, estaba destinado a obrar como punto de apoyo de la política de Perón.[4] Así, la particular relación entre el sindicato y el Estado que se estableció bajo el peronismo quedó estrictamente encuadrada en los términos de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1945. La norma afirmaba la unidad de clase disponiendo el reconocimiento a una sola organización sindical por rama económica y al mismo tiempo imponía un férreo control, otorgando al gobierno la fiscalización de las cajas de los gremios y reservándole la facultad de conceder y quitar personerías. También autorizada la intervención de los sindicatos en las luchas políticas, siempre que una asamblea de afiliados así lo hubiera resuelto en cada oportunidad. Más adelante la Constitución de 1949, notable por su defensa de la soberanía nacional, no reconoció el derecho de huelga por considerar que en un país socialmente justo no tenía sentido incluir en el cuerpo constitucional una garantía de ese tipo.[5]
Al mismo tiempo, la concepción que identificaba al trabajador como sujeto sindical, se correspondía con la afirmación de que entre el proletariado y la burguesía no existía un conflicto de fondo. Perón denunció a la oligarquía y al bloque de fuerzas tradicionales, refractario a cualquier concesión respecto de sus intereses de clase, pero simultáneamente cuestionó el término “conquista obrera” por su connotación con el concepto de antagonismo, que precisamente su consigna de “humanizar el capital”, rechazaba.[6]
Para el peronismo la organización de la clase trabajadora debía establecerse con exclusividad en el plano gremial, mientras que el sindicato tenía asignada una función principal en la estructura de los aparatos de Estado. Esta idea comenzó a ponerla en práctica Perón desde el principio: desde el momento en que transformó la Secretaría de Trabajo en el eje organizativo de una nueva trama sindical, en oposición al viejo gremialismo proveniente del socialismo, el sindicalismo y el comunismo. Valiéndose del plantel de inspectores del flamante organismo laboral, el jefe del GOU extendió la organización gremial hasta los lugares más remotos, donde el capital imponía sus condiciones sin conocer límites.
El sindicalismo peronista surgió sometido a una fuerte influencia estatal, y esa orientación la consolidó durante los dos gobiernos de Perón. Esta decisión, de orden estratégico, de clausurar todo desenvolvimiento independiente en el movimiento obrero, bloqueó cualquier posibilidad de superar al viejo sindicalismo, que bajo el signo del reformismo o del ultraizquierdismo obraba como ala izquierda del orden semicolonial.
¿Era posible en las condiciones de mediados de la década del 40 un avance semejante?
Notas:
[1.] La noción de bonapartismo fue empleada por Carlos Marx al analizar el particular período de lucha de clases que se desenvolvió en Francia tras la revolución de febrero de 1848 hasta fines de 1851. Ese período estuvo caracterizado por la inestabilidad política en la cúspide del poder, producto de las contradicciones en el bloque social que detentaba el poder. Especialmente en vísperas del golpe de Estado de Luis Bonaparte en diciembre de ese último año las tensiones entre las fracciones dominantes alcanzaron una intensidad excepcional. El enfrentamiento se centró en torno a la presidencia de Bonaparte y la mayoría de la Asamblea Nacional integrada por legitimistas y orleanistas, partidos monárquicos representantes de los grandes terratenientes y de la aristocracia financiera junto a las corporaciones industriales. Simultáneamente el equilibrio de los círculos gobernantes era amenazado por el choque de los dos bandos monárquicos, representativos del grueso de la burguesía, agravado por la ruptura entre esa clase y sus intelectuales orgánicos en el parlamento, los partidos y el periodismo. En El Dieciocho Brumario Marx estudió en detalle lo que tipificó como una crisis de hegemonía y señaló el advenimiento de una solución bonapartista en el momento en que la burguesía, atemorizada por la crisis, se volcó mayoritariamente hacia la Presidencia. A pesar de que la clase obrera no se había recuperado de la cruel derrota de febrero de 1848, la suya seguía siendo una presencia amenazante en la memoria de las clases poseedoras. En definitiva, el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 abrió el camino a una recomposición del bloque dominante y, en consecuencia, reestableció la estabilidad del orden capitalista. Luis Bonaparte no representaba a ninguna clase en particular. Su principal apoyo provenía del campesinado parcelario, liberado de su condición de semiservidumbre por la Revolución de 1789 y arruinado y pauperizado a lo largo del siglo XIX por el capital usurario y la burocracia estatal. Constituida por una masa conservadora, sin más conciencia que la de sus intereses inmediatos y localistas, esta clase sólo podía ser unificada políticamente por una influencia externa. Sus votos le dieron a Bonaparte la Presidencia en diciembre 1848 y finalmente lo colocó en una situación prominente, en situación de arbitrar, tres años más tarde, en la crisis de hegemonía que estalló entre las distintas fracciones de los círculos dominantes.
Federico Engels, por parte, siguió de cerca el proceso de unificación de Alemania que culminó en el último cuarto del siglo XIX. En el territorio al este del Rhin el centro unificador no fue la burguesía manufacturera renana sino junkers prusianos, representantes de la nobleza terrateniente del este europeo. Engels señaló que esa burguesía era “relativamente joven y notablemente cobarde”, sin decisión política para apoderarse del poder en forma directa como en Francia o indirecta según lo ocurrido en Inglaterra. Junto a estas dos clases el capitalismo fabril en Renania-Westfalia había dado lugar al surgimiento de un pujante y organizado proletariado. Ante este cuadro el compañero de Marx escribió: “Encontramos aquí, pues, junto a la condición de la antigua monarquía absoluta, el equilibrio entre la nobleza terrateniente y la burguesía, la condición fundamental del bonapartismo moderno: el equilibrio entre la burguesía y el proletariado”. En Alemania el fracaso de la revolución de 1848 dejó en evidencia la incapacidad de la burguesía liberal para imponer un programa de reformas capitalistas, pero también la imposibilidad del incipiente movimiento obrero para llevar a la victoria sus propios objetivos. En cambio la nobleza, ejerciendo el control del Estado prusiano resolvió a su modo el problema que planteaba el firme desarrollo de las fuerzas productivas, en un marco político-jurídico que aún conservaba raíces feudales. La ausencia de un componente jacobino, como en Francia, hizo de esta transformación una revolución burguesa sin revolución, producto del pacto entre la burguesía industrial del oeste y los terratenientes del este. Bismark consagró esta solución a través de una jefatura bonapartista.
En los análisis de Marx y Engels el caso francés y el alemán exhibían rasgos comunes: una crisis de hegemonía derivada de una marcada inestabilidad en la cúpula del poder ante la imposibilidad de mantener la unidad entre las distintas fracciones de la burguesía; el desarrollo amenazante de la clase trabajadora, aún en situación de derrota; un determinado grado de centralización del aparato estatal en condiciones de posibilitar cierto grado de autonomía a la burocracia y favorecer la irrupción de una jefatura arbitral en situación de realizar las tareas irresueltas por las clases dominantes. Pero mientras en Francia el bonapartismo adquirió un carácter abiertamente reaccionario, en Alemania, estableció el curso conservador a una revolución burguesa en ausencia de una burguesía revolucionaria.
Varias décadas más tarde, Antonio Gramsci, desde la cárcel fascista, abordó el mismo asunto al que reconoció bajo la clasificación de cesarismo. Caracterizó esa situación como una crisis de hegemonía, originada en un equilibrio catastrófico, en el cual ninguna de las fuerzas en pugna lograba imponerse y pronosticó que la continuación de la lucha no podía arrojar otro resultado que su destrucción recíproca. Bajo estas condiciones consideró posible la emergencia de una solución basada en el surgimiento de una personalidad política con capacidad para interceder entre los distintos bandos y readecuar sus intereses a la nueva situación. Gramsci distinguió en la historia la presencia de cesarismos de carácter progresivo de los de naturaleza reaccionaria, pero consideró que en la época moderna la primera de esas alternativas estaba agotada.
Sin embargo, en la periferia capitalista de naciones coloniales y semicoloniales la emergencia de un equilibrio bonapartista en el siglo xx no necesariamente habría de significar simplemente una restauración del poder existente. Fue León Trotsky, exilado en México quién destacó el sentido oscilante que podía adquirir una solución de este tipo. El revolucionario ruso distinguió, a la luz del desenvolvimiento del gobierno nacionalista democrático del general Lázaro Cárdenas, algunos de los rasgos que habían estudiado los clásicos en fenómenos políticos típicos del bonapartismo, aunque con un contenido particular. En mayo de 1939 escribió: “En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional , entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui géneris, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de la clases. En realidad puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de ese modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. La actual política se ubica en la segunda alternativa; sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y de las compañías petroleras.
“Estas medidas se encuadran enteramente en los marcos del capitalismo de estado. Sin embargo en un país semicolonial, el capitalismo de estado se halla bajo la gran presión del capital privado extranjero y de sus gobiernos, y no puede mantenerse sin el apoyo activo de los trabajadores. Esto es lo que explica por qué, sin dejar que el poder real escape de sus manos, (el gobierno mexicano) trata de darles a las organizaciones obreras una considerable parte de responsabilidad en la marcha de la producción en las ramas nacionalizadas de la industria”. La industria nacionalizada y la administración obrera. Reproducido en Escritos latinoamericanos. Ediciones CEIP León Trotsky y en Por los Estados Unidos de América Latina. Editorial Coyoacán. 1961.
[2.] Juan Perón. Conducción Política. Pág. 59. Ediciones de la Reconstrucción. 1973
[3.] “Yo digo que cuando nosotros decimos que en el Justicialismo el capital está al servicio de la economía establecemos una cosa nueva. ¿En qué consistía la antigua teoría capitalista? En tener la economía al servicio del capital, y para eso toda la economía capitalista fue basada en un gran principio de economía pura.” Ob. Cit. Pág. 91.
[4.] “Mantengan una absoluta disciplina gremial, obedezcan a sus dirigentes bien intencionados. Y sobre todas las cosas, no permitan que dentro de las organizaciones se introduzca la política, que es el germen más disolvente de todas las organizaciones obreras. La política y las ideologías extrañas que suelen ensombrecer a las masas son como bombas de tiempo, listas para estallar y llevar la destrucción del gremio, que no debe ocuparse de cuestiones ajenas a sus necesidades”. Discurso pronunciado el 25 de junio en Concepción del Uruguay. Citado por Julio Godio, El Movimiento Obrero Argentino.Tomo 3. Pág. 69. Editorial Legasa.
[5.] Durante el primer gobierno de Perón el perfil del movimiento reivindicativo de la clase trabajadora exhibió un marcado corte entre 1948 y 1949. De acuerdo con las estadísticas del Departamento Nacional del Trabajo y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre 1946 y 1948 el promedio anual arrojó 103 huelgas y 384.498 huelguistas. En cambio, entre 1949 y 1951 la media fue de 30 huelgas y de 47.523 huelguistas. En este segundo período el gobierno acentuó su control sobre el movimiento obrero, e incluso la CGT decidió intervenciones a sindicatos peronistas en conflicto. Sin embargo, el marcado contraste existente entre ambos períodos se explica, en buena medida, por la fuerte movilización reivindicativa de los trabajadores durante los primeros años del gobierno de Perón. En esa etapa de bonanza, el régimen popular desarrolló su política de justicia social y, al mismo tiempo, los obreros peronistas profundizaron la lucha gremial dirigida a capitalizar a su favor el nuevo balance de fuerzas. En la etapa sucesiva las condiciones no fueron las mismas y el movimiento reivindicativo, en cuanto al nivel de conflictos, se aproximó a lo acontecido en los tres años que precedieron al advenimiento del primer gobierno peronista. En efecto de 1943 y 1945 el número de huelgas alcanzó una media anual de 53, mientras que la cantidad de huelguistas promedio 20.020 trabajadores.
[6.] Godio. Tomo 3, Pág. 71
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