• Historiografía
  • Publicado el 23/07/2007
De 1810 A 1816: el enfoque del revisionismo socialista

La lucha de clases en los orígenes de la Nación inconclusa

Honorio Alberto Díaz

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I. La revolución en la historiografía

La versión histórica oficial no se construyó de la noche a la mañana. La generación del 37, inicialmente acaudillada por Esteban Echeverría, planteó la existencia de una oposición definida entre la etapa colonial y la etapa independiente contrastando la oscuridad de la opresión con la claridad de la libertad. El mojón separador de esas dos instancias era la semana de mayo de 1810, más precisamente la luminosa jornada del 25. Durante ese día glorioso se habría producido el nacimiento de una Nación que se venía gestando desde los triunfos contra los invasores ingleses. Sostenía la existencia de un pensamiento de mayo tendiente a lograr un estado soberano bajo el reinado de los principios rectores de la revolución francesa. Era una explicación simplista para un proceso complejo, carente —por entonces— de estudios profundos sobre la legalidad y la legitimidad de los gobiernos rioplatenses.

Los fundadores de la versión liberal ortodoxa, según Sarmiento miembros de la clase culta que supo luchar contra la barbarie, encontraron en la necesidad del libre comercio el móvil independentista y en las ideas iluministas francesas e inglesas el fundamento de la soberanía. Tanto para Vicente F. López como para Bartolomé Mitre las tesis liberales que adoptaron esas minorías preclaras sirvieron para echar las bases de la Nación que impulsó la creación del estado argentino. Para ellos fue una revolución antiespañola, librecambista y probritánica cuyo futuro dependía de su capacidad para europeizar el país desprendiéndolo de las lacras autóctonas.

En los comienzos del siglo XX la Nueva Escuela Histórica, abocada a la conquista de una mayor profesionalidad en la disciplina, respetó los lineamientos generales de los iniciadores y se limitó a realizar algunas correcciones puntuales. Ricardo Levene, por ejemplo, partiendo de su creencia en la real aplicación de la legislación de Indias, no encontró razones para sostener la existencia de un régimen colonial y, siempre con una visión legalista, presentó a Moreno como un eficiente abogado y no como un verdadero político revolucionario. La historia oficial se conformó sobre esa doble base para ponderar una definida línea Mayo–Caseros.

Los nacionalistas del treinta reemplazaron la leyenda negra de la siniestra dominación española por la leyenda rosa de la piadosa evangelización de nativos. El hispanismo acendrado y el catolicismo fervoroso les impidió percibir la envergadura revolucionaria del proceso emancipatorio continental. Tal como surgía de las actas protocolares, las juntas se constituyeron como gobiernos provisorios hasta que Fernando VII pudiese retomar el trono. Sólo hubo fidelidad al rey y lealtad a España siguiendo la remota teoría del jesuita Francisco Suárez.

Cuando en los años del posperonismo quedó contra las cuerdas el conjunto de la historia oficial, los introductores de la corriente francesa de la llamada historia social (manteniéndose lejos del nivel de calidad de la producción de la escuela de Annales) se propusieron remozar la añejar versión liberal ciñéndola con un ropaje social demócrata. Mitre volvió a su pedestal mientras se descalificó toda forma de revisionismo. Tulio Halperin Donghi ocupó un sitial incuestionado y se fueron clausurando uno a uno los debates más sabrosos. Mayo se convirtió nuevamente en un movimiento librecambista y democrático, lejana consecuencia del derrumbe de la monarquía española con una minoría de ideas independentistas y excepcionales casos del espíritu revolucionario.

La Izquierda Nacional no se limitó a desarrollar una interpretación novedosa el peronismo desde su emergencia hacia 1945. Se propuso también proporcionar un enfoque general del pasado nacional diferente al brindado por la tradición liberal y por el nacionalismo septembrino. Asimismo se diferenció de las concepciones de la izquierda tradicional tan impregnadas de los supuestos de la historia oficial. Tres libros de Jorge Abelardo Ramos (América Latina: un país, 1949; Revolución y contrarrevolución en la Argentina; 1957 e Historia de la Nación latinoamericana, 1967) conforman la obra más orgánica e integral de la corriente nutrida por aportes de E. Rivera, J. Spilimbergo, E. Tergaza, O. Calello entre otros historiadores de relevante producción.

El proceso revolucionario del continente americano quedó vinculado a las crisis del régimen monárquico español y a la reacción popular que se opuso a la invasión napoleónica. La cadena de juntas formadas en estas tierras seguía la forma organizativa de la causa peninsular y el rechazo al absolutismo del Consejo de Regencia generó la oportunidad propicia para la autonomía que se agudizó después con el retorno de Fernando VII al trono. Sostenía Enrique Rivera: “Mas la lucha entre absolutistas y liberales en el seno de la Junta Suprema desembocó finalmente en un triunfo relativo de los primeros en el Consejo de Regencia. Fue entonces que se produjo como reacción el movimiento revolucionario en América, creando juntas liberales como en España y cubriendo este contenido revolucionario con invocaciones a Fernando VII, el ´Deseado´ más indeseado de la historia, igual que en España” (José Hernández y la guerra del Paraguay, Buenos Aires, Editorial Indoamérica, 1954, p. 18).[1]

El absolutismo se convirtió en el principal enemigo de la emancipación. España, sin duda, no era una Nación moderna. Explica Ramos: “Imperio en decadencia, la península había trasladado su propio atraso a las Indias, acentuándolo por añadidura, pues creaba un sistema colonial fundado en la esclavización general de la población nativa. En la sociedad americana, España reforzaba más todavía sus propias desigualdades internas y multiplicaba por el saqueo global las tendencias centrífugas que habían distinguido toda su historia metropolitana. Si unificaba América Hispánica a través de la lengua, el régimen jurídico y el poder real, creaba las premisas de su disolución por la presencia de focos de capital comercial conectados a la exportación de los productos americanos. Dichos productos eran consumidos por el mercado mundial, y si pasaban por manos españolas, en verdad concluían bajo el control de las potencias europeas rivales de la península. El único vínculo que mantenía a las Indias con el progreso de Occidente consistía en su dependencia de España, pero si la península había resistido todas las tentativas de aburguesamiento en su propia sociedad, mucho menos debía tolerarla en las colonias. Por esta estructura fatal resultó que las únicas formas modernas que introduce España en las Indias son justamente las del capital mercantil exportador que funciona hacia el exterior por canales múltiples no relacionados entre sí y que vincularán a las colonias no con la misma España, sino con las grandes potencias europeas que realizan sus proceso de acumulación primitiva. La balcanización posterior reposa sobre ese hecho” (Historia de la Nación Latinoamericana, Tomo I, Bs. As., Peña Lillo, 1973 p. 105).

Para la Izquierda Nacional España no creó en América formas de vida social más modernas que las propias. El atraso iberoamericano explica la balcanización, que a su vez es la causa primordial de las posteriores formas de dependencia. Debido a ello la unidad confederativa indica el camino de la emancipación integral. De allí la reivindicación de la causa bolivariana y sanmartiniana, de la lucha artiguista y la de todos aquellos que batallaron por construir una Nación latinoamericana soberana y justa.

II. Precisiones políticas básicas

Hacia 1810 eran tres los principales nucleamientos políticos de Buenos Aires. Dos de ellos se conformaron en torno de las figuras que se destacaron contra los invasores ingleses: Santiago de Liniers y Martín de Álzaga. El otro agrupamiento estaba integrado por los que creían conveniente colocar el virreinato bajo el dominio de la princesa Joaquina Carlota, hermana de Fernando VII. Sin embargo, todos ellos pese a las diferencias, coincidieron en destituir al virrey Cisneros y después compartieron cargos dentro de la Junta: Saavedra (linierista), Moreno (alzaguista) y Belgrano (carlotista) configuran los casos salientes.

Los funcionarios del régimen hispánico y el núcleo de los registreros estaban personalmente interesados en el mantenimiento del orden vigente que significaba su base de poder, riqueza y prestigio. La mayoría de los sectores sociales restantes contribuyeron activa o pasivamente a la producción de la revolución. Por lo tanto al frente político se sumó el frente social en el cual se aglutinaron criollos y españoles, civiles, militares y sacerdotes. Entre los miembros de la Junta encontramos cuatro abogados, dos comerciantes, dos militares y un clérigo, siendo algunos de ellos además hacendados. Los niveles sociales inferiores, no representados en el organismo de gobierno, también acompañaron el proceso sin alcanzar la gravitación que tuvieron en otras ciudades del continente. Sin embargo el rol de las milicias populares fue decisivo para la destitución del virrey. En definitiva, salvo las autoridades y los beneficiarios directos del comercio monopólico, el resto de los sectores no se opusieron a la actuación de las nuevas autoridades.

La disolución de la Junta Central de Sevilla, que representaba el rey cautivo y que había designado al virrey, dejó a Cisneros sin sustento alguno. El poder recaía nuevamente en el pueblo que era su depositario originario. De todos modos poco tiempo después Mariano Moreno fundó la legitimidad de la Junta con la teoría de la soberanía rousseauniana: “Los vínculos que unen el pueblo al rey son distintos de los que unen a los hombres entre sí mismos: un pueblo es un pueblo antes de darse un Rey, y de aquí es que aunque las relaciones sociales entre los pueblos y el rey quedasen disueltas o suspensas por el cautiverio del monarca, los vínculos que unen a un hombre con otro hombre en sociedad quedaron subsistentes porque no dependen de los primeros y los pueblos no debieron tratar de formarse pueblos pues ya lo eran; sino elegir una cabeza que los rigiese o rigiese a sí mismos según las diversas formas con que puede constituirse íntegramente el cuerpo moral” (La Gazeta, 13/11/1810). Con el pacto social Moreno se alejaba del fundamento divino del poder.

Todavía resulta necesario insistir en que la revolución no anida exclusivamente en la famosa semana de mayo ni en ninguno de sus días. Tampoco la revolución francesa reside en la jornada de la toma de la Bastilla ni la soviética en el asalto del Palacio de Invierno. En realidad el proceso que se desencadenó en los territorios iberoamericanos y que se cerró con la batalla de Ayacucho (1824) —que puso término a la dominación española— tiene un carácter revolucionario en el sentido histórico del término (fuera de la limitada concepción sociológica de la revolución). Pese a ello aún hoy se continúa con la enseñanza jornalizada de la célebre semana que resulta inentendible escindida del concepto europeo y americano. Además esa cronología omite el 28 de mayo de 1810 en que la Junta dictó su propio reglamento, dejando sin efecto la subordinación al Cabildo que establecía la normativa del 25 impuesta por españoles absolutistas. Ya no podrían los cabildantes destituir a los miembros del nuevo gobierno colegiado.

Durante los primeros meses no se produjeron enfrentamientos entre los integrantes de la Junta. Pero, lentamente, tomando las decisiones gravitantes quedaron diferenciados los que apoyaban al presidente (saavedristas) de los que sostenían al secretario (morenistas). Esta distinción se agudizó cuando se hizo evidente una fuerte reacción realista en varias jurisdicciones del territorio virreinal. Unos deseaban cambio moderados y progresivos mientras otros postulaban innovaciones profundas y drásticas. Las inclinaciones conciliadoras comenzaron a colisionar con las inquietudes jacobinas.

La Junta bregó por afirmarse políticamente y enfrentar los serios problemas que se le presentaban. A la manifiesta oposición de ciudades importantes (Córdoba, Montevideo, Asunción, etc.) se sumaba la necesidad de consolidar una definida automonía. Una vez proclamada la soberanía surgiría la conflictiva determinación de la forma constitucional a adoptar (monarquismo o republicanismo, centralismo o confederalismo, autoritarismo o liberalismo). Mientras tanto los miembros de la Junta entendieron que debían actuar con dureza ante la contrarrevolución cordobesa que encabezaba Liniers. Sólo el sacerdote Alberti no avaló la decisión de fusilar a los cabecillas insurrectos. En esa oportunidad se amparó en su condición eclesial pero apoyó otras medidas de corte jacobino.

La oposición de Moreno a la incorporación a la Junta de los representantes de los cabildos del interior no revela, como algunos han pretendido, una posición “unitaria” frente al supuesto “federalismo” de quienes votaron por la inclusión. La explicación se encuentra si se piensa que Moreno era un político (no un simple abogado como suponía Levene) que pujaba por mantener su influencia en el gobierno ya que los miembros a incorporar habían manifestado su adhesión a las posiciones moderadas de Saavedra.

El desplazamiento de Moreno significó un serio aplacamiento de la corriente jacobina que se había expresado en el rotundo Plan de Operaciones. Después la figura de Saavedra se fue opacando en la Junta Grande cuando las milicias urbanas que él lideraba se fueron incorporado al ejército regular. Carente de base de sustentación quedó desplazado en oportunidad del establecimiento del Primer Triunvirato que representó la política centralista encarnada en la persona de su secretario Bernardino Rivadavia. Prontamente fue disuelta la Junta Conservadora integrada por los ex miembros de la Junta Grande y también se eliminaron las juntas provinciales lo que pone en evidencia los limitados alcances geográficos del “federalismo” de los antimorenistas. El Primer Triunvirato practicó en la política interna el mayor porteñismo y en la política internacional tuvo una definida conducción en búsqueda de la tutela británica. De ese modo los hombres del puerto daban las espaldas al pueblo del interior virreinal y del resto del continente. La causa emancipadora vivía las instancias más dramáticas.

El 27 de febrero Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera frente a la batería que denominó “Independencia”. Esto originó la ofuscada desaprobación del secretario Rivadavia (03/03/12). El destinatario no recibió la notificación del Triunvirato pues partió hacia el Norte y volvió a enarbolar la enseña el 25 de mayo. No se hizo esperar una nueva reprimenda del mismo funcionario (27/06/12). Belgrano había aclarado que la bandera fue elegida para distinguir a las tropas que luchaban contra los enemigos internos y externos que trataban de impedir que “América del Sur sea el templo de la independencia y de la libertad”. Ello explica la severa censura del Triunvirato.

Pero Belgrano no era el único que luchaba por la emancipación continental contra los intereses de la burguesía comercial portuaria. Dos nuevas agrupaciones emergieron con similares postulados: la Sociedad Patriótica (French, Berutti, Vieytes, etc.) y la Logia Lautaro (Alvear, San Martín, Zapiola, etc.). Los primeros pretendían reimplantar los lineamientos políticos del morenismo y los segundos las ideas independentistas de Miranda. Ambos nucleamientos eran severos críticos del Primer Triunvirato, en especial de Rivadavia. Conjuntamente lograron la destitución de sus opositores e instalaron el Segundo Triunvirato (Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Alvarez Jonte y Juan Paso) comprometido a convocar un congreso constituyente.

La Asamblea de 1813 comenzó a sesionar el 31 de enero con representantes del interior. Cuando se presentaron los diputados artiguistas de la Banda Oriental, que postulaban la inmediata declaración de la independencia y una organización constitucional confederal, el grupo alvearista –que controlaba las resoluciones– apelando a cuestiones formales decidió rechazarlos. Aquí comienzan a agudizarse los desacuerdos entre el litoral y Buenos Aires. La Banda Oriental fue una más de las Provincias Unidas hasta 1828 y por lo tanto forma parte de la realidad histórica argentina. José Gervasio Artigas, el primer caudillo popular que supo vincular el ideario de la causa emancipadora con la movilización armada de las masas, excedió con su gravitación los actuales límites territoriales de las dos repúblicas rioplatense. Luchó contra el dominio español y contra su sustitución por otro dominio, incluso el de los hombres del puerto que manejaban el directorio.

Se evidencia en las deliberaciones de la Asamblea la división existente dentro de la Logia Lautaro. San Martín proponía declarar la independencia de inmediato, reorganizar el ejército y combatir a las fuerzas realistas. En cambio Alvear sostenía la necesidad de negociar con Fernando VII una vez restituido la trono postergando indefinidamente todo pronunciamiento independentista y el dictado de una constitución. Los partidarios de Alvear contaron con la mayoría de los asambleístas y, si bien proclamaron la soberanía del congreso, adoptaron un escudo y el himno, no decidieron la independencia ni sancionaron una ley suprema.

El avance de la revolución había venido necesitando el mantenimiento del cautiverio del monarca y las victorias napoleónicas. Pero ambos supuestos comenzaron a desvanecerse desde el comienzo de 1814 pues las tropas españolas habían logrado recuperar la península y liberar al rey cautivo mientras las fuerzas francesas entraban en una etapa de severa declinación. Una ola absolutista se expandió por Europa y el restablecimiento de Fernando VII al trono aumentaba el peligro de una ofensiva goda para recuperar los dominios.

San Martín vivía con ansiedad la situación y reclamaba al Congreso reunido en Tucumán que adopte una definición categórica: “¡Hasta cuándo esperaremos nuestra independencia!”. Ese pronunciamiento era además un requisito indispensable para iniciar su marcha liberadora de Chile y Perú.-

A la situación europea adversa se sumaron los problemas continentales donde España recuperaba parte de sus dominios perdidos. Además,  el directorio era jaqueado por los partidarios del centralismo porteño que quería desentenderse de las costosas campañas militares emancipacionistas. Sin embargo el Congreso logró designar a Juan Martín de Pueyrredón como Director Supremo quién quedó comprometido a favorecer la causa independentista y la campaña sanmartiniana.

Tanto Belgrano como San Martín eran liberales partidarios de la formas republicanas de gobierno. Pero ante el Congreso se inclinaron por una solución monárquica constitucional que era la idea primigenia de Miranda. La situación política de Europa gravitó en ese posicionamiento coyuntural y las propuestas de establecer una dinastía incaica finalmente resultó rechazada junto a otras tendientes a instituir monarquías españolas o portuguesas.

El 9 de julio de 1816 el Congreso declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sud América, de los reyes de España y de su metrópoli. Diez días después se agregó a la proclama “y de toda otra dominación extranjera”. Por un lado se expresaba la vocación continental del emprendimiento y por el otro se desacreditaban explícitamente los intentos de quienes querían buscar amparo en otra dominación foránea. Quedaba de ese modo ratificada la mejor tendencia revolucionaria que impulsaran Moreno y Belgrano, San Martín y Artigas para nombrar a sus figuras más relevantes.

III. Las conclusiones elementales

La causa de la emancipación iberoamericana se inscribe en el ciclo de las revoluciones burguesas. Pero, en el Río de la Plata se carecía de una burguesía consolidada capaz de llevarlas a sus últimas instancias. Esa invertebración estructural con atraso de la fuerzas productivas explica la debilidad política del proceso pleno de avances y retrocesos, conquistas y claudicaciones. En la Argentina se terminó construyendo un país dependiente ante la imposibilidad de conquistar una Nación soberana integrada territorialmente por la historia, la lengua, la religión y la cultura.

Estas puntualizaciones sobre los primeros años de la vida política argentina ponen en claro la existencia de tres orientaciones predominantes: la línea emancipacionista sanmartiniana, la corriente portuaria rivadaviana y la tendencia pendular directorial. Esta última alcanzó elocuente expresión en la conducta de Pueyrredón que comenzó vinculado al porteñismo del Primer Triunvirato para apoyar después la campaña libertadora de San Martín y terminar prisionero del centralismo antiartiguista. Un clima de tensiones irresueltas anunciaba un futuro abierto para cualquiera de las orientaciones. A la incertidumbre del panorama nacional se sumaba la inestabilidad de las situaciones provinciales sumidas en violentas disputas por el poder.

Es difícil ahora determinar cuántos de los personajes que impulsaron la destitución del virrey Cisneros lo hicieron proyectando un nuevo estado soberano. De todos modos los propósitos independentistas fueron cobrando adeptos sobre todo a partir de 1812 con el reagrupamiento de los morenistas y desde 1814 como reacción ante el retorno al trono de Fernando VII para reimplantar un absolutismo irrestricto. Por eso la declaración de Tucumán expresa un anhelo emancipacionista mucho más generalizado que el evidenciado en Buenos Aires seis años antes.

Sin embargó el camino de la revolución no estaba totalmente despejado a mediados de 1816: la lucha militar contra los restos de dominio realista aún seguía requiriendo de gestas valerosas y a la determinación de la organización constitucional perdurable le esperaba un prolongado lapso de sangrienta guerra civil. También quedaba pendiente la emancipación social de los oprimidos, indios y negros, zambos y mulatos que sobrevivían sometidos a formas de esclavitud o servidumbre, cautivos de la marginalidad y la miseria.

Notas:
  1. Hay una edición más moderna: Enrique Rivera, José Hernández y la guerra del Paraguay, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2007