Una denuncia del FIP

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El Frente de Izquierda Popular condena enérgicamente la injustificada detención y puesta a disposición del PEN, de los compañeros Camilo González del Río y Enrique Sepúlveda Quezada, ambos compatriotas chilenos ligados estrechamente a nuestro movimiento. Las causas, cuyo contenido concreto no conocemos hasta este momento, implican una posible vinculación de los nombrados con la actividad terrorista. Nada más arbitrario y falaz puede decirse de quienes nada tienen que ver con el terrorismo, salvo el haber huido de él cuando se vieron obligados a abandonar su patria por imposición de la dictadura asesina de Pinochet. No ha bastado la ausencia total de pruebas que verifiquen la caprichosa actitud de la policía. Lo mismo ha sucedido cuando nuestro partido efectuó las diligencias destinadas a aclarar la situación de los dos compañeros ante el Ministerio del Interior, Dr. Ares, el de Defensa, Dr. Guardo y el jefe de la Policía Federal, general Harguindeguy, y se nos atendió “solícitamente” aunque sin que fuéramos informados de nada hasta el presente ni nos conste que efectivamente las autoridades se preocupan por dar satisfacción al justo reclamo de nuestros dirigentes. Nuestro partido, desde su misma creación, ha defendido decididamente y sin equívocos de ninguna especie el ejercicio de la soberanía popular, defendiendo asimismo al gobierno peronista surgido de ese ejercicio soberano tantas veces como las fuerzas de la contrarrevolución oligárquica se han alzado para jaquearlo. Sin embargo afirmamos, como lo hemos hecho público tantas veces, que el avance contrarrevolucionario no se debe sólo a la acción de las fuerzas oligárquicas dispuestas a reconquistar el terreno perdido por el avance popular; tiene su origen también en el miedo de este gobierno que, a partir de la muerte de Perón, se muestra incapaz no sólo de profundizar el proceso revolucionario abierto por las grandes masas con las victorias de 1973, sino de defenderse a sí mismo y defender a los militantes populares que luchan en el campo de la revolución nacional, ejerciendo el poder conferido por el pueblo a fin de determinar quiénes son y dónde están los enemigos a los que hay que enjuiciar y encarcelar. Al no actuar de este modo, el gobierno contribuye a preparar su propia derrota cuando permite que los militantes del FIP sean reprimidos sin que pese sobre ellos ninguna prueba concreta de culpabilidad por los cargos que se les imputan. ¿Creen las autoridades que el gobierno peronista está exento de toda responsabilidad por el alevoso y cobarde asesinato de nuestro compañero Carlos Llerena, perpetrado por una siniestra banda de denominadas “tres A” a fines de 1974? La impunidad con que se movieron los asesinos que actuaron a la luz del día, revela por lo menos una evidente negligencia culposa por parte de los funcionarios que tenían en ese momento la responsabilidad directa en lo que a la seguridad de las personas se refiere. No hemos recibido hasta el presente ni una sola satisfacción relacionada con el trágico suceso. Lo mismo puede decirse de Guillermo Tomás Burns, asesinado al igual que Llerena, de manera feroz y anónima por una banda de malhechores en Córdoba. Conjura reaccionaria Un numeroso rosario de injusticias se ha abatido contra nuestros compañeros, privados de su libertad arbitrariamente y sin que mediaran nunca cargos concretos. Tal el caso del presidente del frente de Izquierda Popular de Catamarca, Simón Gómez, quien cumple condena por un “proceso” fraguado mediante la introducción de armas de guerra y documentación falsa en su domicilio, por parte de la comisión de la Policía Federal que lo detuvo hace ya dos años. Hemos acusado y lo reiteramos ahora, como complicados en esta vergonzosa burla al pueblo argentino, a altos funcionarios del gobierno de Catamarca. La compañera de Gómez, Mamy Castillo, sufrió prisión por la misma causa, soportando con el estoicismo que sólo caracteriza a los auténticos patriotas, la pérdida de un niño que estaba gestando, a causa de la tortura física y moral a que fue sometida. El abogado Rafael Mardonio Díaz Martínez, uno de los principales dirigentes partidarios en la misma provincia y candidato a gobernador por el FIP en marzo de 1973, se encuentra sometido también a una injustificada prisión, acusado de los mismos fantasmales cargos que pesan sobre sus compañeros. Suerte similar han corrido los compañeros Mirta Atencia y Luis Verdi, dirigentes del Partido en Formosa, a disposición del PEN por el capricho del jefe militar a cargo de la acción antisubversiva en dicha provincia. Como es de público conocimiento, el coronel Oliva, que es el jefe militar al que nos referimos, ordenó la detención de estos compañeros por hechos totalmente ajenos a la actividad terrorista, tal como él mismo lo declaró públicamente. Sin embargo, la necesidad de encubrir con algunas detenciones la ineptitud del propio estado mayor del regimiento que fue objeto del alevoso ataque terrorista, llevó a que nuestro partido se viera privado del concurso valioso de tan importantes miembros de su dirección. Hacía poco tiempo que el compañero Abraham Kozak era obligado a hacer uso de la opción para abandonar el país, contra sus propios deseos y los de nuestro partido, por suposiciones jamás probadas. Dirigentes presos En la cárcel de Viedma sufre prisión el compañero Carlos Martín. Este dirigente gremial, integrante de la comisión interna del sindicato de Sierra Grande, se encuentra también a disposición del PEN. No hay cargos que formularle, ya que el juez lo ha sobreseído; sin embargo, sigue detenido en las condiciones descriptas. Ante este y otros casos, la respuesta es invariable. ¿Es posible admitir que se nos diga que si los compañeros fueron detenidos por una acción emanada de organismos militares, “no hay nada que hacer”? ¿Qué arbitrio tiene las Fuerzas Armadas para detener y someter a prisión a ciudadanos que demuestran su total inocencia frente a los delitos que se les imputan? En algún caso se nos ha dicho que “queda la duda subjetiva de no saber si la falta de pruebas no encubre la real vinculación del detenido con la acción subversiva”. Esta brutal y absurda “interpetación” de la culpabilidad de las personas pone a todos los ciudadanos argentinos en situación de potenciales inculpados por colaborar con el terrorismo, sin que medie otra razón que la de la ocurrencia del que posee la rara “facultad” de determinarlo. Resulta inconcebible admitir la existencia de dos áreas de aplicación de la justicia: una en la que es necesaria la prueba para que un individuo sea encarcelado, y otra en donde ese requisito no es indispensable, aunque medie la prueba de la inocencia, ya que sólo la mera sospecha crea las condiciones para la privación de la libertad. No pretendemos encaramarnos en el formalismo jurídico para mostrar desde ese sólo ángulo la razón que nos asiste; sabemos que existen razones políticas profundas que determinan que la acción represiva actúe más allá del ámbito en el que debería actuar por la naturaleza de las actividades que reprime, y esas razones suponen, para algunos intérpretes reaccionarios, la inclusión en la especie de “subversivos” de los militantes del FIP, a los que nada se les podrá probar, salvo cuando se está dispuesto a cometer el delito de fraguar la prueba, tal como lo hemos referido más arriba en el caso Gómez. Locales del FIP bombardeados en todo el país por terroristas anónimos de los que jamás se ha obtenido ninguna pista, casi una docena de compañeros obligados a abandonar sus lugares habituales de residencia por amenazas nunca investigadas. Estos y los hechos mencionados más arriba integran una parte de lo que nuestro partido ha tenido que sufrir por su defensa de la revolución nacional y de este gobierno que no ha producido un solo acto positivo en respuesta a nuestros justos reclamos. Sabemos que nos asiste todo el derecho a reclamar porque la verdad está de nuestra parte; no sucede lo mismo con los que por omisión, por responsabilidad directa o por miedo, se niegan desde el gobierno, cuyo origen son los siete millones y medio de votos entre los que se cuentan los 900 mil del FIP, a ejercer el derecho irrenunciable de administrar justicia, sobre todo para los que defienden al pueblo y a la patria de los mismos enemigos que las atacan. El Frente de Izquierda Popular hace público este penoso balance para que la clase trabajadora y el pueblo tengan oportunidad de sacar sus propias conclusiones y medir en consecuencia el grado de responsabilidad que le cabe al gobierno surgido del voto popular y el curioso destino que la “justicia” reserva para sus patriotas militantes. Nuestro compromiso histórico es con la clase obrera, la patria y el socialismo y continuaremos bregando para que la revolución nacional siga su marcha, a pesar del odio de sus enemigos y la incapacidad de los que han recibido el mandato circunstancial de proseguirla. 25 de febrero de 1976 Junta Nacional del FIP http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/424/

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