Sin expropiar a la oligarquía habrá inflación y estancamiento*

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Las elecciones, la lucha desencadenada en el seno del peronismo y otros acontecimientos políticos, unidos a una indefinición (en los hechos) por parte del gobierno popular en materia de política agropecuaria, han distraído la atención general de este punto medular de la política económica y de la sociedad argentina. Sin embargo, la designación del corredor de bolsa, Juan C. Goñi, como interventor de la Junta Nacional de Granos en lugar del ingeniero Duchini, y la posibilidad de que sea designado para el mismo cargo en la Junta Nacional de Carnes un ganadero cuyo nombre aún no se ha confirmado, así como la inminencia de medidas concretas implementadas a través del Pacto Agrario, nos obliga a plantear una vez más el tema. Para hacerlo, creemos conveniente recordar brevemente lo acontecido en la materia desde el 25 de mayo. Ese día, en su discurso de asunción del mando,, el doctor Cámpora entre otras cosas dijo: “…su contribución (del sector agrario) a la balanza comercial, y las posibilidades de un rápido e importante incremento, lo ponen como el elemento sin el cual la expansión del desarrollo integral del país no será posible. Los niveles de producción alcanzados hoy en el sector rural pueden calificarse de poco satisfactorios para muchos productos. Un índice de procreo en vacunos cercano al 60% es decididamente malo, cuando en las mismas condiciones se logra hasta un 90%; 50 k de carne por hectárea también es un rendimiento magro frente a las posibilidades de obtener 250 k. En nuestro país debe buscarse la producción de carnes en escala industrial que permita satisfacer las necesidades de consumo popular a precios razonables y posibilite una expansión adecuada de la exportación en calidad y cantidad…”. Hasta aquí, parte de lo dicho por el doctor Cámpora, a lo que podríamos agregar otras cifras estadísticas ampliamente conocidas, por ejemplo, que en lo que va del siglo Argentina apenas aumentó el 25% de su rendimiento medio por día, mientras que Australia lo hizo en un 89% y EEUU en un 140%; que el número de cabezas de ganado permanece prácticamente congelado desde las primeras décadas del siglo, etc. etc. Inmediatamente, el gobierno implementó sus primeras medidas, entre las que podríamos mencionar: el impuesto del 2,5% sobre las ventas; los precios máximos, que significaron una reducción de los mismos en porcentajes que van del 13% al 15% y ciertas normas y requisitos del pesaje del ganado (pesaje de la carne en gancho) con lo que se evitaban varias “trampas” de los productores como ser el envío de vacas viejas preñadas, o de animales obligados previamente a ingerir una extraordinaria cantidad de agua, con lo que ganaban hasta 15 k. de peso. Paralelamente, ingresaban en el Congreso ls proyectos de las leyes de comercialización de carnes y de granos estableciendo el monopolio estatal en el comercio de dichos rubros, así como también la Ley de Impuesto a la Renta Potencial de la tierra. Las reacciones de la oligarquía no se hicieron esperar. Estas abarcaron desde solicitadas extorsivas y amenazantes en los medios periodísticos, hasta hechos concretos francamente subversivos. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Celedonio Pereda, manifestó que las medidas le parecían de “difícil” aplicación ya que las mismas desalentarían a los productores, los que hasta podrían llegar a sacrificar su ganado antes que venderlo a los precios fijados por el gobierno y dedicarían sus campos a actividades más lucrativas (a la soja o a la especulación, por ejemplo). Asimismo, los patrióticos productores aliados con los sectores parásitos de la intermediación (matarifes, consignatarios, mayoristas) instrumentaron el no envío del ganado, provocando el desabastecimiento del consumo popular, hasta tal punto que el total de las ventas operadas en Liniers en el mes de setiembre pasado disminuyó en un 80% con relación al mismo mes del año pasado y casi un 25% comparando los primeros nueve meses de 1972 y los de 1973. Ante esta situación, algún funcionario del gobierno llegó a mencionar la posibilidad de la expropiación del ganado directamente de las estancias, como correspondía ante el boicot oligárquico, pero tal manifestación quedó sólo en eso. Muy por el contrario, ante nuevos hechos como el escandaloso “arreo” de 3500 reses a la vía pública en el mercado de Liniers, el gobierno respondió con un importante paso atrás, efectuando concesiones, concretadas a través de varias medidas, a saber:  precios más altos para la cosecha de cereales, reducción de los cupos de faenamiento, la suspensión del impuesto del 2,5% sobre las ventas hasta fin de año, el congelamiento de toda medida de largo plazo, etc. El haber implementado reglamentaciones que apenas rozaron los intereses oligárquicos desencadenó una tormenta, y el gobierno decidió “desensillar hasta que aclare”. El Pacto Agrario Dentro de este clima, el enfrentamiento entre el sector agrario y el gobierno se resuelve mediante el “Acta de Compromiso del Campo”, cuya finalidad es lograr la expansión de la producción en base a los alicientes que el Estado asegura a los productores. De ahora en adelante, la política de precios internos, tanto como la tasa impositiva, serán fruto de la concertación entre las partes, respetándose el derecho al ejercicio “pacífico” de la propiedad privada. Todo esto nos da la apariencia de que en los últimos tiempos el campo tuvo una carencia reestímulos que serían la causal del estancamiento relativo del sector. Veamos algunos aspectos de la cuestión. En lo relativo al mercado mundial, la tónica imperante en los años pasados ha sido la de un aumento de la demanda de alimentos y materias primas debido a los problemas de la producción agrícola en los países productores importantes (EEUU y URSS) tanto como al déficit de los países de la Comunidad Europea. La resultante ha sido el aumento de los precios de los cereales.. El trigo subió en el término de un año de u$s 61 la tonelada, a u$s 151, o sea u$s 90 equivalentes a un 245%; asimismo el alza del trigo “empuja” los precios del maíz y otros granos. Todo esto debido a una crisis de producción que sólo es comparable a la baja acaecida durante la primera guerra mundial. Otro caso es el de la lana, que en el curso del año 1972 subió entre un 60% y un 100% en comparación con el año anterior. De igual forma el azúcar se cotiza a más del doble que dos años atrás y lo mismo ocurre con el cuero y con los productos lácteos. La evolución sufrida en los precios de las carnes es también demostrativa, ya que desde setiembre de 1967 el precio promedio de la tonelada de carne vacuna aumentó un 221%. Por otra parte, es conocido que el nivel de los precios internos acompaña el movimiento que sufren los mismos en el mercado mundial. Ejemplo de esto es la evolución de las ventas de ganado en Liniers: el precio promedio de 1966 para el kilogramo vivo fue de $ 0,50; y hasta abril de 1973 de $ 2,85, es decir, un módico 570% de aumento. En síntesis, el incremento de los precios en el mercado internacional y la política económica de la dictadura militar, que obró en el sentido de la contención de los costos del mercado interno (congelamiento de salarios, etc.), unidos a la tradicional fertilidad de la pampa húmeda, permitieron a la oligarquía, a pesar de su parasitismo, obtener una elevada renta diferencial. Sin embargo, a pesar de la existencia de los estímulos señalados más arriba, la producción agraria se mantiene estancada, imponiendo el peso del atraso al conjunto de la economía nacional. Por tanto, el camino no pasa por la creación de incentivos, que como recién dijimos son insuficientes para cambiar la conducta histórica de una clase parasitaria, sino por la supresión de esa conducta mediante la nacionaización de la propiedad oligárquica. La riqueza potencial del suelo argentino La potencialidad del crecimiento económico y social argentino está basada en la riqueza natural de sus tierras pampeanas. Atendiendo a las crecientes condiciones del mercado mundial, dirigidas a cereales y carnes, es posible encontrar colocación para la totalidad de la producción agrícola-ganadera excedente. Si Argentina hubiese realizado un progreso tecnológico razonable en la explotación agraria, similar por ejemplo al de Australia, hubiese acrecentado su volumen de producción 3,5 veces. Es decir, que en vez de exportar por valor de 2500 millones de dólares en bienes del campo, se podría estar hipotéticamente en el orden de los 8.750 millones de dólares, lo que arrojaría un saldo favorable en la balanza comercial que permitiría compensar el déficit en la balanza de pagos, provocado por la elevada deuda externa (u$s 7 mil millones). El desarrollo económico Hasta nuestros días, la relación establecida con el sistema capitalista ha implicado que la ley del valor mundial fuera el mecanismo que desangra la riqueza nacional. Sin embargo, un cambio en la política agropecuaria mediante la nacionalización de esta explotación nos colocaría en condiciones de usar de la ley del valor mundial a favor de los argentinos. Al destruir la propiedad oligárquica de la tierra y ponerla en manos del Estado, se sentarían las bases para la acumulación nacional, dada la fertilidad de la tierra. Sobre esta base, la expansión de la inversión productiva del excedente así obtenido lograría crear las condiciones materiales para el crecimiento industrial del sector de medios de producción. Un plan de desarrollo autónomo sólo puede conseguirse con la abolición del poder económico de la oligarquía y esto es posible si se apela a la movilización de la clase obrera tras los objetivos del socialismo. Pero no es precisamente la dirección económica actual (representante de la anémica burguesía nacional) la que puede apelar a ello. Ni menos aún el matonaje burocrático sindical irrepresentativo de la clase obrera. En la era del imperialismo, las tareas nacionales sólo pueden ser profundizadas hasta sus últimas consecuencias por la revolución social. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/441/

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