Programa del Frente de Izquierda Popular*

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A. — Política de gobierno 1. — Para cumplir con este programa, el Frente propone la instauración de un gobierno que asegure la plena vigencia de los principios de la soberanía popular, tal como lo establece la Constitución, en especial en su art. 33, que dice: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. El Gobierno del Frente convocará a una Asamblea Constituyente para que ésta resuelva la reimplantación de las reformas adoptadas en 1949 y adecúe nuestra ley fundamental a las actuales necesidades del país, mediante el estricto respeto a los mecanismos que la misma Constitución prevee para su reforma, mecanismos que han sido desconocidos por todos los gobiernos sucedidos desde 1955, del mismo modo que la propia Constitución que el Frente se propone restablecer. 2. — El Gobierno del Frente asentará su fuerza en el apoyo que le brinde el pueblo, ya que la autoridad auténticamente democrática, sólo puede emanar de la voluntad libremente expresada del pueblo soberano. 3. — El Gobierno del Frente asegurará la libre expresión de todas las organizaciones políticas y corrientes de opinión, sin proscripción alguna de partidos, personas ni programas, previa derogación del actual Estatuto de Partidos por inconstitucional. 4. — El Gobierno del Frente garantizará el pleno ejercicio de la libertad de palabra, prensa, de reunión y de conciencia, la inviolabilidad de domicilio, los derechos de asociación y sindicalización, estableciendo para ello normas políticas y jurídicas que impidan que esos derechos sean limitados en la práctica. B. — Política económica Objetivo: Planificación democrática de la economía en todos los niveles, a partir de las empresas, aplicando el principio de autogestión, es decir, la participación de obreros, empleados y técnicos. 5. — Nacionalización de la banca extranjera y nacional (salvo las cooperativas de créditos, a las que se otorgarán categoría bancaria) con el objeto de poner a disposición del Estado y los productores el manejo nacional el crédito y de la moneda. 6. — Nacionalización del comercio exterior y eliminación de todas las empresas privadas que operan en plaza en la importación y exportación, con el objeto de que las ganancias de intermediación internacional se transfieran como beneficio al pueblo argentino, y estableciendo un criterio prioritario en las importaciones, eliminando aquellas de carácter suntuario o que se contrapongan al interés nacional. 7. — Nacionalización de las grandes estancias de la pampa húmeda, fuente de la riqueza nacional, consumida parasitariamente por las minorías oligárquicas y sobre la que asienta su poder político, y administración directa de las mismas por los organismos especializados del Estado. 8. — Declarar de utilidad pública y sujetos a nacionalización los latifundios de propiedad nacional o extranjera ubicados en las tierras situadas en las provincias interiores. El Gobierno del Frente realizará las obras de infraestructura y tecnología necesarias para desarrollar económicamente tales regiones extrayendo los fondos necesarios de la pampa húmeda litoraleña nacionalizada, cumpliendo así el mandato que viene del fondo de la historia argentina. 9. — Incorporación inmediata a la producción de las tierras abandonadas o mal cultivadas y asignación de tierras a los pequeños productores para hacerlas rendir económicamente. Establecimiento de planes cooperativos y de producción, encuadrados tecnológica, económica y financieramente por el Estado, a fin de superar la contradicción entre la pequeña explotación y la producción en gran escala que posibilite el aumento de la productividad y de la producción. 10. — Inmediata rebaja y congelación de los arrendamientos rurales y suspensión de todo desalojo. 11. — Nacionalización de las grandes industrias en poder de los monopolios y de todos aquellos sectores de la economía que permitan asegurar un verdadero desarrollo, autónomo en beneficio de la totalidad del país. 12. — Nacionalización de las fábricas terminales de la industria automotriz, reorientando la producción hacia la reducción de los innumerables modelos a un número limitado de utilitarios de transporte colectivo y de aplicación en el área industrial, agraria y demás actividades productivas, suprimiendo todos los modelos de lujo que constituyen un cáncer para la economía argentina. De este modo se derivaría hacia inversiones de carácter reproductivo y de interés nacional, la disponibilidad en el mercado interior de capitales provenientes de los sectores privilegiados de las clases medias y de las clases altas, que actualmente se despilfarran a través de las financieras en la adquisición de modelos de lujo. 13. — Nacionalización de los frigoríficos extranjeros, eliminando así otros de los sectores parasitarios que impiden el progreso de nuestra ganadería y derivan hacia el exterior sumas multimillonarias robadas al trabajo nacional. Esta nacionalización se practicará sin indemnización en aquellos frigoríficos que por su estructura arcaica hayan perdido rentabilidad. 14. — Propiedad estatal inalienable e imprescriptible del subsuelo minero y petrolero. Activa participación del Estado en la explotación minera con apoyo a la industria de capital nacional. Exclusiva comercialización estatal de los combustibles. Defensa de YPF, YCF y Comisión Nacional de Energía Atómica. Instalación del complejo industrial alumínica en la zona misionera, donde efectivamente se encuentran esos yacimientos a fin de realizar una racional planificación en el cateo y explotación de minerales. 15. — Nacionalización de las grandes bodegas de Cuyo que controlan el mercado, y apoyo a los pequeños viñateros, contratistas y trabajadores rurales de la región para constituir cooperativas de producción y comercialización. 16. — Nacionalización de los ingenios y fundos azucareros y de los circuitos de comercialización mayorista del azúcar. Utilización de las ganancias de la industria y el comercio azucareros (tradicionalmente evadidos por la oligarquía azucarera del norte, especialmente tucumana, a pesar de provenir de una tributación nacional a través de la tarifa arancelaria) para financiar un plan general de desarrollo del noroeste argentino. Ese plan, reforzado por inversiones del Estado nacional, contemplará: tecnificación de los establecimientos azucareros; industrialización integral de los subproductos, hoy desaprovechados pese a representar un valor económicamente potencial superior a la del azúcar; diversificación agro industrial del noroeste; inmediata reapertura de los ingenios cerrados, en el marco del plan de desarrollo regional. 17. — Nacionalización de los grandes laboratorios farmacéuticos, a fin de asegurar una provisión de medicamentos racional y masiva, a bajo costo, evitando la fraudulenta especulación actual en ese ramo. 18. — Creación de la flota pesquera de altura con el objeto de explotar la riqueza ictícola en el mar territorial argentino. Plan de construcciones navales en los astilleros del Estado destinado a alcanzar en el más breve plazo posible el 50 % del tonelaje embarcado movido por nuestro comercio internacional para los barcos de construcción y propiedad argentina. Procesamiento de todos los marinos y funcionarios en retiro y en actividad que en los últimos 16 años hubieran contribuido a la liquidación económica de la Marina Mercante argentina. 19. — Derogación de la ley 111, que protege las patentes extranjeras y dificulta el progreso de la industria argentina. La Argentina será considerada territorio franco para emplear toda la tecnología en uso en los países avanzados, cuya civilización sólo fue posible gracias a la explotación de los países coloniales, sin pago alguno de derechos por uso de patentes. C. — Política financiera Objetivo: Aplicar una política de ahorro y capitalización nacionales que permita acelerar el proceso de industrialización del país, crear una sólida industria pesada y desarrollar aquellos sectores básicos como el acero, la petroquímica, los combustibles, la energía, etc., que asegure la independencia económica del país. 20. — Transformación de la política impositiva en instrumento de gobierno para el desarrollo económico, la justicia social y la eliminación del parasitismo. Suprimir las exacciones impositivas fiscales del Estado nacional sobre las provincias por la viciosa aplicación del régimen de coparticipación federal. 21. — Nacionalización de las empresas de seguros de capital extranjero. D. Política social a) Laboral 22. — Plena vigencia de la Ley de Asociaciones Profesionales, asegurando la democratización de los sindicatos mediante la organización de las bases desde los talleres, oficinas, fábricas y empresas. 23. — Inmediata instrumentación de un sistema de medidas orientadas a restablecer el salario real al nivel 1955, suprimiendo el parasitismo económico, hipertrofiado por los sucesivos gobiernos oligárquicos en desmedro del progreso económico, el pleno empleo y el nivel de vida popular. 24. — Defensa y perfección de las leyes laborales conquistadas por la clase obrera, asegurando la protección contra el despido arbitrario. Modificación y ampliación de la justicia laboral, estableciendo tribunales rápidos y gratuitos para los trabajadores. Efectiva vigencia de la autoridad administrativa laboral para el control del cumplimiento de la ley. b) Vivienda 25. — Derogación de las leyes de desalojo en materia de viviendas y locales de comercio e industria, Nº 17.368, 17.607, 17.689 y 18.880. Inmediata rebaja y congelación de los alquileres urbanos y suspensión de todo desalojo. Compensación económica a los pequeños propietarios por bajos alquileres percibidos debido a estas medidas del Gobierno del Frente. 26. — Realización inmediata de un censo de las viviendas en las ciudades de mayor concentración urbana a fin de determinar la cantidad de viviendas desocupadas y proceder a su inmediata ocupación para familias necesitadas mediante una concreta determinación de su valor racionalmente establecido por el Estado. Nacionalización de las viviendas desocupadas y entrega inmediata a sin techo, incluso las unidades actualmente en venta pertenecientes a grandes empresas. 27. — Expropiación de los hoteles pensión eliminando radicalmente la intermediación parásita que soportan no menos de un millón de argentinos y su cogestión por comités de inquilinos en el marco municipal o de un organismo especial del Estado. Estabilidad de los inquilinos de hoteles. Congelación y rebaja de estos alquileres. Imposición sobre esa recaudaciones con destino al fondo de construcciones de viviendas. 28. — Nacionalización de las extensiones de tierras urbanas y suburbanas destinables a viviendas y eliminación de las empresas intermediadoras en las ventas y/o comercialización de los lotes para viviendas en zonas urbanas y suburbanas suprimiendo la especulación de la venta por el sistema de loteos. 29. — Asegurar techo a todo habitante a un precio locativo no superior al 10 % de los ingresos del núcleo familiar. 30. — Concentración de todos los recursos públicos, privados y cooperativos, vinculados a la construcción, en un plan nacional de viviendas sobre pautas racionales y de planificación urbanística. e) Seguridad social 31. — Creación de un Instituto Nacional Único de Previsión Social, en cuya gestión intervengan los propios jubilados y las organizaciones sindicales, con lo que se suprimirán los gastos parasitarios de la burocracia administrativa. 32. — Modificación del sistema de jubilaciones y pensiones para permitir la percepción automática de las mismas, por un monto que asegure una vida digna, suprimiendo los largos y engorrosos trámites burocráticos, con un sistema de pago directo por correo que evite a los jubilados el sacrificio de las largas colas ante las oficinas bancarias. 33. — Nacionalización de la medicina, asegurando la atención médica, preventiva y curativa, para todos los argentinos, a través de un seguro social de la salud y en especial la atención médica a todos los niños y mujeres embarazadas en período de lactancia. Consecuentemente se implementará la renovación del sistema hospitalario. d) Educación 34. — Obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria. Adopción de todas las medidas sociales que posibiliten efectivamente el acceso universal a la enseñanza. Control sobre la comercialización de textos y útiles suprimiendo la especulación que hoy soporta. Establecimiento de la enseñanza de jornada completa en el nivel primario. 35. — La educación es una función pública y, por lo tanto, ningún interés privado, en el orden institucional o ideológico, puede oponer sus fueros a la soberanía del Estado en la materia, soberanía que es la expresión política e histórica de la soberanía popular y nacional. 36. — El Estado asegurará un inmediato aumento porcentual del presupuesto de enseñanza, con vistas a la elevación de su nivel cualitativo y cuantitativo; a una decorosa retribución a los trabajadores docentes y no docentes en todos los ciclos; a un sistema de becas con tendencia a su universalización para los ciclos superiores y al perfeccionamiento profesional de los docentes, 37. — El Estado asegurará, juntamente con la libertad intelectual de maestros, profesores y alumnos, las condiciones para una orientación de la enseñanza de sentido nacional y democrático, fundado en la valoración del trabajo, la solidaridad y la voluntad de emancipación nacional. Democratización, con participación resolutiva de maestros, profesores, alumnos y de las organizaciones populares, del régimen institucional de la enseñanza en sus tres ciclos. Sistemas de consejos escolares democráticamente elegidos y juntas vecinales. 38. — La enseñanza deberá organizarse en su contenido pedagógico a la luz de las necesidades de desarrollo y emancipación nacional, superando el enciclopedismo y el satelismo repetitivo propios de la colonización pedagógica. En el orden de la enseñanza superior, las universidades se convertirán en los centros de la investigación científica, cultural y tecnológica. Se promoverá especialmente el desarrollo de aquellas ramas que, como la enseñanza técnica y especial, tienen prioridad para el desenvolvimiento de las fuerzas productivas y la independencia económica. 39. — Organización en las zonas rurales de centros de cultura, integrados por escuela primaria, escuela técnica y agrícola, biblioteca, salón de actos, cine, teatro y campo de deportes, con vivienda para los profesionales, a fin de promover los beneficios de la actividad cultural en los sectores alejados de los grandes centros urbanos. e) Medios de comunicación 40. — Nacionalización de las redes de radiodifusión y televisión y su administración a cargo de los trabajadores y artistas. La planificación de los programas de la radiodifusión y televisión nacionalizadas estará a cargo de los escritores, artistas, universidades y representantes del Estado. Se suprimirá toda propaganda comercial. f) Artística 41. — Cooperativización y municipalización de los cines y teatros bajo la administración de sus trabajadores, artistas y representantes del Estado, y transferencia a ellos de los Fondos del Instituto Nacional de Cinematografía a fin de evitar la deformación comercial de las actividades cinematográficas y teatrales. Constitución de un Centro Nacional de Experimentación Artística, protegido por el Estado, para promover el libre desarrollo de las nuevas expresiones estéticas. Ley de jubilaciones para los intelectuales y artistas. Gestión directa y administración del teatro Colón de Buenos Aires, por parte de los artistas, escritores, músicos, bailarines y poetas para colocarlo al servicio de un auténtico desarrollo del arte y la cultura. E. Política legislativa 42. — El Gobierno del Frente propondrá la reorganización del sistema electoral, a fin de que todos los cargos sean cubiertos mediante elección directa; sancionará, asimismo, el derecho de iniciativa y el plebiscito. 43. — El Gobierno del Frente dispondrá como primera medida la derogación de la pena de muerte, de todas las leyes represivas y tribunales especiales y sancionará una amplia y total amnistía para todos aquellos argentinos que cumplan penas por los denominados delitos políticos y conexos, para que todos los que luchan por la liberación de su patria puedan ocupar en libertad, su puesto de combate por la soberanía popular efectiva. 44. — Disolución de Superintendencia de Seguridad Federal, DIPA, SIDE, la Brigada Antiguerrillera y todos los servicios conocidos o desconocidos, de carácter policial, parapolicial, militar o paramilitar destinados a la represión, espionaje y tortura. Cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea del Año XIII, y la destrucción en acto público de las picanas eléctricas y otros instrumentos de tortura que actualmente se emplean en dichos servicios. 45. — Creación de un Fuero Penal destinado al procesamiento de todos los funcionarios públicos que incurran en abuso de poder, torturas, violación de domicilio, intimidación, agresión física o moral. y todos aquellos actos incompatibles con la vigencia de la democracia política y los derechos humanos. Creación de una legislación especial a estos efectos. Todas las sanciones penales por tales abusos de los funcionarios públicos no serán excarcelables. Creación de una policía judicial independiente sometida exclusivamente al imperio de los jueces. 46. — Se promulgará una ley por la cual se prohíba a las fuerzas policiales el uso de armas de fuego, según se estila en Gran Bretaña, país muy admirado por los torturadores y protectores liberales de los torturadores de la Argentina. F. Política provincial y municipal Objetivo: El Gobierno del Frente asegurará la plena vigencia del sistema federal, de modo que todas las provincias puedan contar con los beneficios de un desarrollo económico y cultural, superando rápidamente el atraso y la incomunicación en que viven sumidos millones de argentinos. Las distintas características geográficas, históricas y culturales de cada provincia serán tenidas prioritariamente en cuenta para la elaboración de todos los planes de gobierno en todos los niveles; para asegurar la desaparición del sistema semicolonial que secularmente desarrolló el puerto y el litoral a expensas del Interior. 47. — El Gobierno del Frente transformará la administración municipal, otorgando a las comunas las más amplias facultades para que puedan cumplir plenamente con sus finalidades, incorporando a su gestión a todos los habitantes a través de juntas vecinales. 48. — Municipalización de los servicios de transporte en los grandes centros urbanos, con control de los trabajadores y las juntas vecinales. 49. — Municipalización de los grandes circuitos de distribución mayorista y mercados de abasto, desmontando así el aparato especulativo que genera el constante aumento del costo de la vida. 50. — Federalización del Gran Buenos Aires, para volcar el peso del proletariado industrial sobre la tradicional ciudad cosmopolita y favorecer a las áreas federalizadas con las ventajas que ha usufructuado hasta ahora la ciudad puerto. 51. — El Gobierno del Frente pondrá en marcha rápidamente un plan adecuado para incorporar a la vida nacional, civilizada y digna, a las comunidades indígenas, mediante la elevación en su nivel económico, cultural, sanitario y social, dentro del respeto a sus características peculiares mediante la reforma del régimen de propiedad de la tierra y el apoyo federal para establecer organizaciones económicas cooperativas en sustitución de las viejas comunidades en disolución y redimir así a los indígenas del actual sistema servil o semiservil. G. Política internacional Objetivo: El Gobierno del Frente retomará los principios de solidaridad latinoamericana que guiaron a los próceres de nuestra independencia, adoptando para ello las siguientes medidas: 52. — La política internacional estará dirigida a afirmar la plena independencia política y económica de la República. Se establecerán relaciones con todos los países del mundo, independientemente de los regímenes políticos o ideológicos que los gobiernen, sobre la base del respeto a los intereses del pueblo argentino. 53. — El gobierno del Frente ejercerá en forma efectiva la soberanía nacional sobre las doscientas millas marítimas. 54. — Se denunciarán todos los tratados internacionales que afecten o puedan afectar el ejercicio pleno de la soberanía nacional, y se declarará terminado el ciclo de la diplomacia secreta. La Argentina realizará su diplomacia ante los ojos del mundo entero. 55. — Se denunciará a la OEA como organismo al servicio del imperialismo norteamericano y se tenderá a la creación de una nueva Organización de los Estados Latinoamericanos, incluyendo a Cuba, con la que se restablecerán inmediatamente relaciones diplomáticas, culturales y económicas. 56. — El Gobierno del Frente bregará por la adopción de una ciudadanía común para todos los latinoamericanos con igualdad de derechos políticos. 57. — El Gobierno del Frente impulsará la adopción de una moneda latinoamericana y la creación de un banco latinoamericano. Dispondrá el retiro de nuestro país de la ALALC y nuestra participación en el Bloque Andino, primer paso para la creación de un mercado interno latinoamericano. 58. — El Gobierno del Frente declarará la moratoria de la deuda externa y negociará con los acreedores externos el momento y la forma de pago que mejor convenga a los intereses de la República. 59. — El Gobierno del Frente bregará por la coordinación y administración conjunta de las flotas marítimas latinoamericanas y de sus líneas aéreas comerciales. 60. — El Gobierno del Frente promoverá la coordinación de sus FF.AA. con las restantes FF.AA. de los países hermanos en el marco de una Latinoamérica unida, democrática y socialista, que asegure su soberanía de acuerdo a la tradición de Artigas, Bolívar y San Martín. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/756/

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