• Lucha Obrera
  • Publicado el 01/07/1971
La nueva generación obrera - II parte

Por un programa de acción para la clase trabajadora*

Ilustración tomada del original. Autor desconocido.
Ilustración tomada del original. Autor desconocido.

Pasemos ahora al diálogo que los secretarios generales de los tres sindicatos del azúcar tucumanos asistentes al plenario de Córdoba mantuvieron después con dirigentes de Sitrac y Sitram. Como se recordará, el compañero González, del Santa Rosa, mencionó la consigna de nacionalización aplicada a los ingenios, como ejemplo de consigna concretamente movilizadora, consigna-puente entre las necesidades vividas por los trabajadores y el objetivo estratégico del gobierno obrero y popular. También señaló que el programa presentado por Sitrac Sitram carecía de consignas semejantes.

El asunto nos parece de capital importancia y merecedor de que lo examinemos en detalle. La simple “propaganda de una idea”, ni siquiera a la luz de los padecimientos lacerantes de la crisis, no nos acerca a la materialización de esa idea. No hay nada parecido a una “iluminación socialista” de las masas, a una “conversión” de las masas (en el sentido religioso del término) al socialismo, independientemente del hecho (indudable) de que la idea socialista está ganando y ganará a sectores crecientes de la clase trabajadora. Pero el nervio del problema no se cifra en “la idea” sino en el camino de su realización. Y esto en un doble sentido.

Los objetivos-puente

El primero se resume en la pregunta “¿Quién le pone el cascabel al gato?”, abrupto final de la conocida fábula. El problema existe pero la moraleja es falsa. Una serie de acciones colectivas, de avances organizativos y políticos, de logros intermedios, batallas parciales y cambios en la relación de fuerzas colmarán el abismo aparente entre lo posible y lo históricamente necesario. Aunque todo ese movimiento no pueda “imaginarse” en sus particularidades, un verdadero programa debe contener, no sólo los grandes objetivos, los “objetivos finales” sino un esbozo de estos objetivos-puente.

Pero el segundo sentido es más importante, todavía, pues nos dice que —desde el punto de vista de la conciencia colectiva, no de tales o cuales cabezas de individuos u grupos— la lucha por estos objetivos es la que lleva a descubrir el meollo de las grandes cuestiones y cómo ellas se resuelven, única y necesariamente, por la vía del poder obrero y popular hacia el socialismo.

En realidad, los dos sentidos son la misma cosa, pues se trata de dar nacimiento, no a la “convicción” de que “sería bueno” o que es “acertado” el socialismo sino que necesariamente, a la luz de un proceso de experiencia activa donde se han disipado las confusiones, ambigüedades o ilusiones bajo la prueba de los hechos, debemos abrazar el socialismo, insistimos, no como mera “convicción” sino como objetivo, y que ese objetivo es posible, gracias a que ya nos estábamos acercando a él.

El papel de las consignas-puente o experiencia activa genera la conciencia colectiva del objeto, es el que ha ido creando las fuerzas prácticas para alcanzarlo (organización, peso social, tradiciones, combativa, relación de fuerzas, etcétera), bajo determinadas condiciones ofrecidas por el desarrollo histórico (situación internacional, crisis interna, quebrantamiento y aislamiento del bloque oligárquico, etcétera).

El papel de las consignas-puente (u objetivos puente) consiste en dar respuesta a problemas inmediatamente percibidos y sometidos por vastas capas oprimidas, de modo tal que las impulsen a actuar, o les faciliten el hacerlo, o les precisen lo que deben proponerse, o (mejor aún) les revelen lo que oscuramente buscaban; y que al hacerlo vayan ellas mismas descubriendo las salidas fundamentales y cubriendo las etapas de su logro, no como quien lee en un mapa y viaja “con la imaginación”, sino como quien abre una picada en la selva y termina orientándose por ese laberinto.

La consigna formulada por los compañeros tucumanos es un buen ejemplo y nos remite a la experiencia de CONASA, que recordaremos brevemente. Los ingenios de la Compañía Azucarera Tucumana, cuya hazañosa delincuencia económica es de pública notoriedad, fueron nacionalizados por Levingston como quien pesca en el aire una granada que le lanzan, no con el fin de atesorarla y volar despanzurrado, sino para arrojarla bien lejos al instante. El ex presidente, con loable instinto de conservación, quería evitar un estallido de imprevisibles consecuencias en el polvorín tucumano, y puesto que la banda de “legítimos propietarios” no podía seguir con los ingenios, el Estado se encargó provisoriamente de tenerlos abiertos. Por ley posterior se fijó término para su privatización.

Pero el Código Penal tiene sus peligros para el que busque ubicarse en la realidad, ya que divide al género humano en “honrados” y “delincuentes”, que serían la excepción. En nuestro caso, lo fundamental no es la delincuencia de la Compañía Azucarera Tucumana sino su “honradez”, no lo que tuvo de diferente, sino lo que tuvo de común con la burguesía azucarera del norte.

La oligarquía de los ingenios, a diferencia de la oligarquía ganadera bonaerense no extrajo sus formidables ingresos de un monopolio natural, el de las tierras más fértiles del mundo que le permitieron enriquecerse como millonarios ausentistas con mínimas inversiones. Extrajo sus ingresos de la tarifa aduanera que con el fin de lograr un cierto equilibrio interior le otorgó generosamente, a fines del siglo pasado, la propia oligarquía porteña.

Fuera de ello, las barones tucumanos del azúcar se comportaron exactamente como sus hermanos mayores del sur respecto a sus entradas: por descontado, este impuesto extraído por décadas al conjunto de los consumidores argentinos no libró a los trabajadores tucumanos del hambre y la tuberculosis; pero tampoco las ganancias fueron reinvertidas en tecnificar las explotaciones ni, mucho menos, en diversificar la agricultura tucumana e industrializar la provincia.

El dinero iba desde los consumidoras hacia Tucumán, se aposentaba brevemente en los bolsillos de la oligarquía azucarera y se evadía afuera dejando al “Jardín de la República” hecho un baldío populoso.

La crisis sobrevino al desarrollarse la competencia en otras provincias, pero sólo porque el parasitismo de la oligarquía tucumana la había hecho posible con su producción irracional y el monocultivo. En ésta, como en otras cosas, la “Revolución Argentina” trajo sus drásticos “remedios” que consistieron en dejar hundirse a la industria suprimiendo los subsidios. ¡Había que “equilibrar el presupuesto”! Con esto se castigo a los tucumanos, no a sus tradicionales explotadores, cuyas fortunas están afuera de la provincia donde fueron obtenidas, mucho más que adentro. Y como “de paso, cañazo”, no faltó el escándalo del ministro Salimei y Cia., usando sus influencias para comprar con monedas empresas quebradas mientras parloteaban el cuento del tío del “operativo Tucumán” y las “radicaciones”.

El aspecto delictivo de las operaciones de la CAT consistió en defraudar a trabajadores, cañeros independientes, proveedores, bancos y Gobierno, clavando a medio mundo mientras adquirían con esa plata empresas industriales, comerciales y agrícolas fuera de la provincia, a muy buen precio por otra parte, dada la crisis económica general. Llevó hasta el límite el viejo negociado de la oligarquía azucarera. Fue una exageración, no una excepción. Y esto es importante por lo que se va a ver ahora.

Al margen de la intención de Levingston, que en esto representaba el interés abstracto de las altas clases dominantes, la burocracia del Estado —como dice el ingeniero Alzogaray— creó sus propios fines “expansivos” respecto a los tres ingenios de la CAT transferidos a CONASA, es decir, sospechó que la flamante empresa pública podía cumplir una actividad permanente.

Pero fueron los sindicatos de obreros y empleados los que ahondaron el problema y un programa desde el punto de vista conjunto y complementario de los trabajadores y los intereses nacionales. Lo mas importante del programa, con ser ello muy importante, no es su racionalidad indiscutible, sino que logró un sorprendente efecto movilizado en las bases. O sea, lo más importante fue su representatividad, que a su vez se nutría, no de ilusiones sino de la dura experiencia de la gente. Pero eso mismo, porque sacaba a luz la lógica profunda y objetiva de la situación, este programa salido de la clase trabajadora tucumana, elaborado a partir de sus experiencias y necesidades, ofrecía puntos de confluencia otros sectores sociales (cañeros, industriales proveedores, sectores nacionales de la burocracia) y al conjunto de la población laboriosa tucumana. Es decir, por un lado, expresaba y movilizaba a los trabajadores del azúcar en situación de defender sus condiciones de vida a través de una defensa de sus fuentes de trabajo. Por el otro, con una consigna concreta e inmediata, proyectaba hacia las otras clases el germen vivo de un programa de frente nacional bajo la dirección del proletariado.

El planteo consistió en consolidar CONASA como empresa del Estado, con control obrero, y proyectarla en relación al conjunto de la economía azucarera y provincial tucumana. Es decir, en primer término, expropiar e incorporar a CONASA, todos los ingenios que no cumpliesen sus obligaciones cayendo en cesación de pagos. Nada más lógico pues, como se ha visto, la Compañía Azucarera Tucumana sólo había “exagerado” el mecanismo económico tradicional de toda la oligarquía dueña de ingenios.

En segundo lugar, dado que CONASA, en su presente dimensión, cubría un porcentaje apreciable de la cuota de azúcar tucumana, debía utilizársela como reguladora del mercado e instrumento de una política nacional del azúcar.

En tercer término, los sindicatos exigieron la reinversión masiva de las ganancias (invirtiendo así su tradicional desvío fuera de la provincia) con un doble propósito: reequipamiento y tecnificación, por un lado; diversificación agraria e industrial, por el otro.

Esto significa la transformación de CONASA, en un verdadero trust de Estado capaz de generar una acumulación dinámica y diversificadora de capital, transfiriendo así las soluciones —como tendencia— de los subsidios del Estado nacional a la recuperación y útil empleo de los excedentes del trabajo tucumano, haciendo de paso rentables los subsidios (que ahora tapan agujeros sin resolver los problemas). Así, la Compañía Azucarera del Estado tendería a convertirse en un instrumento de capitalización y transformación económica global, en un complejo productivo al modo del IRI italiano (ejemplo que naturalmente olvidan los que baten el parche del “milagro”).

En un sentido inmediato, este programa salía al cruce de la programada privatización, eventualmente en beneficio de inversores extranjeros o sátrapas “nativos” y, de hecho, la movilización obrera frenó los planes concertados.

También salía al paso de la burocracia, de FOTIA, partidaria de “cooperativizar” los ingenios, o sea, de arrojar sobre los trabajadores el fardo de un déficit heredado, separarlos de la solidaridad de clase y convertirlos en esclavos autoexprimidos de la propiedad privada… cooperativa.

La nacionalización de los ingenios a partir de su quiebra por el parasitismo oligárquico, no sólo para salvar fuentes de trabajo sino para crearlas, o sea, para recuperar e invertir los excedentes generados en la misma provincia, es una “medida burguesa consecuente”. En tal sentido, satisface de un modo racional “inmediato” al conjunto de las clases y sectores con exclusión de una pequeña minoría parásita: a los industriales proveedores y a los cañeros independientes, al asegurarles mercado y el pago de sus créditos; a los funcionarios no corrompidos, volcándolos en una actividad útil; al comercio e industria, locales, abriéndolas al mercado de consumo; al pueblo tucumano, deteniendo y revirtiendo el formidable éxodo, etcétera.

Pero, al mismo tiempo, como toda “medida burguesa consecuente” (más aún en una estructura semicolonial en crisis como la. Argentina), está más allá del alcance de “la burguesía”, del reaccionario sistema económico-político de nuestras clases dominantes. En consecuencia, la lógica de la situación la vuelve, más que una “medida de gobierno”, un programa de acción. Por razones económicas, políticas, sociales y hasta culturales e ideológicas, la lucha por ese programa sólo puede encabezarla la clase trabajadora; ella puede asumirlo porque da respuesta a su problema vital inmediato, la fuente de trabajo, sin exigir más toma de conciencia que la dictada por la realidad cruda y directa. Formalmente ese programa no contradice el “orden constituido”; su justicia y racionalidad se imponen con evidencia de hierro. En consecuencia, da un objeto a la movilización y la estimula; atrae de su lado a sectores intermedios; aisla a la oligarquía azucarera; desenmascara de antemano la oposición que surja del Estado oligárquico.

En suma, la consigna de nacionalizar los ingenios quebrados no es un número más de un “programa de medidas”, expresión de deseos o promesa de futuro gobierno. Es una consigna de transición que no se limita a ofrecer una mera “solución inmediata” (tipo “cooperativizar”, o “incautación provisoria por el gobierno”), pero que formalmente no traspasa los límites del sistema; no obstante lo cual su defensa nos conduce colectivamente más allá de esos límites, sin aislarnos, aislando al enemigo, ya sea que éste se resista, ya sea que ceda parcialmente. En este último caso se habrá obtenido una conquista que levanta la moral combativa, mejora material y políticamente la posición de los trabajadores, los acerca a una experiencia de conducción económica y genera un precedente para toda la clase.

¿Cómo respondía a estos requerimientos el programa llevado al Plenario por Sitram-Sitrac? ¿Cuáles eran sus “consignas-puente”? En el ejemplo nacionalización, ¿cabe plantear la de las plantas de automotores? Continuaremos nuestro análisis en el próximo número.

SOLIDARIDAD CON FIAT

La patronal de FIAT y el Estado persiguen un claro fin al obstruir provocativamente el convenio con ofertas irrisorias: desmoralizar y aislar a sectores de vanguardia, convencer que “la rebeldía no es negocio”. Es decir, a través del caso FIAT, atacan a toda la clase trabajadora. El Partido Socialista de la Izquierda Nacional considera que la solidaridad con los trabajadores de FIAT es un deber esencial de todas las organizaciones sindicales, especialmente cordobesas, y exige la concertación de paros, activos y otras acciones de solidaridad. Una derrota en FIAT sería una derrota de toda la clase trabajadora.

Bibliografía:

Aparecido en Lucha Obrera, órgano del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, año VII, número 61, julio, 1ra quincena, 1971, pág. 4.

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