La oligarquía no prevalecerá ante el pueblo*

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El 28 del mes pasado el presidente de la Sociedad rural Argentina, Celedonio Pereda, anunciaba desde los pabellones de Palermo la imperiosa necesidad de incrementar el precio actual del ganado vacuno en “aproximadamente un 20%, sin que esto implique llegar a un nivel aceptable. En las actuales condiciones, el interés por retener será inevitablemente reducido… el productor se verá obligado a vender todo lo que produce para cubrir sus gastos. Hemos sugerido que se implante una desgravación a la retención de vientres, Con ello, aunque no haya aliciente económico para la retención por lo menos habrá una razón impositiva. Pero lamentablemente tampoco hemos encontrado eco”. Amenazando, como ya lo hiciera el año pasado, con una virtual liquidación del stock ganadero, el jefe de los grandes terratenientes, invernadotes y cabañeros de la provincia de Buenos Aires ha lanzado su desafío al gobierno popular y a todo su programa agrario. Dos días después, el presidente del partido que la Sociedad Rural derrocara en 1930, el doctor Balbín, fue invitado a comer a la Exposición Rural siendo sus anfitriones el presidente y el vicepresidente de la entidad. Sus declaraciones son una palmaria corroboración de lo que veníamos sosteniendo en nuestro periódico, a saber, que la Unión Cívica Radical expresa los intereses de la oligarquía ganadera. “Respecto de los precios —declaró— se van a utilizar muchos argumentos. Lo que ocurre, y esto no es una defensa de lo que con mucha superficialidad se denomina oligarquía, es que un toro es una máquina”. “Psicológicamente, un alto precio es un impacto, que será explotado, pero no defiendo ningún interés excesivo, sino una realidad. El precio lo dan las circunstancias, rivalidades, intereses, y, a veces, caprichos de un sector contra otro”, terminó teorizando Balbín. Es que aproximadamente desde la reunión celebrada en la localidad de 25 de Mayo, a poco de fallecido el presidente Perón, la oligarquía, que indudablemente existe, ha iniciado una organizada campaña contra las medidas de gobierno tendientes a aumentar la producción agraria. Por su parte, el 25 de julio último un grupo de senadores justicialistas, Héctor Maya, Humberto Romero y Justino García, acompañados por el conservador popular tucumano Eduardo Paz, exigían ácidamente al ministro Gelbard la revisión total de lo actuado hasta el momento en materia rural, salían apasionadamente en defensa de la Sociedad Rural, y presionaban para aumentar el precio del novillo, según lo ha hecho conocer la revista peronista “Movimiento”. Y para terminar con la presentación de todo el coro que la oligarquía ha puesto sobre el escenario para que le defienda sus intereses, los ocho partidos opositores, después de la reunión que sostuvieron con el ingeniero Giberti, se encargaron de criticar desde la “izquierda”, como corresponde a los incorruptibles tribunos del tipo de Sandler, Sueldo o Coral, el proyecto de Ley Agraria elaborado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y “para que haya, señores, de todo como en botica”, el amenazante montonero Mario Firmenich sostuvo que la “política agraria es equivocada, porque no puede plantearse en todo el agro. En el campo hay productores pequeños, medianos y terratenientes, entonces no se puede medir a todos con la misma vara”, sentenció salomónicamente. Esta ofensiva se hizo sentir sobre la conducción económica del gobierno que disminuyó drásticamente el mínimo no imponible del impuesto de emergencia sobre las tierras libres de mejoras y rebajando asimismo un 20% las tasas de ese gravamen, con lo que, de los iniciales 613 mil contribuyentes, sólo 63 mil productores se verán afectados por la ley. Todo esto ha puesto en serio peligro la realización de una política tendiente a invertir lo que son los dos fenómenos clásicos de nuestra estructura económica, marcada por los grandes propietarios rurales: la improductividad crónica de nuestras estancias y la permanente traslación de ingresos desde los sectores urbanos hacia los productores agrarios. Es un hecho, reiterado ya hasta el límite del lugar común, que los precios son incapaces de modificar la conducta rentística de la oligarquía y que los impuestos pesan infinitamente menos sobre el agro que sobre la producción industrial, como lo reitera el secretario de Agricultura y Ganadería en un reciente reportaje. La Ley Agraria y el impuesto a la renta potencial son medidas de carácter burgués tendientes a introducir en el agro algunos de los principios que rigen la actividad económica industrial. La reinversión y la incorporación de nuevas técnicas al proceso productivo son preocupaciones totalmente alejadas de la mente de nuestros estancieros, quienes, pese a las diferencias importantes en cuanto al régimen de propiedad e incluso de producción, que tienen con los chacareros, pequeños o medianos, han impuesto sobre toda nuestra estructura rural una conducta no burguesa, sino rentista y parasitaria. El Frente de Izquierda Popular proclamó durante las campañas electorales del año pasado que sólo la expropiación de las grandes estancias de la pampa húmeda y la transformación de las mismas en unidades económicas nacionalizadas, permitiría acabar con la improductividad oligárquica y alejaría para siempre la posibilidad de que esta clase apoyada en el inmenso poder que la propiedad de sus tierras le otorga, atente nuevamente contra los gobiernos populares. En base a ello, hemos dado nuestro más decidido apoyo a la política expresada por el gobierno nacional en esta área, puesto que cualquier recorte que sufra su política significará el triunfo de los minoritarios intereses oligárquicos sobre la voluntad de más de siete millones y medio de votos. Se hace necesario salirle al paso a la ofensiva ganadera. Los trabajadores urbanos y rurales y el pueblo deben integrarse a la discusión amplia y democrática que sobre este tema debe ser abierta. En este momento, el Estado nacional controla los medios necesarios para que un histórico debate pueda ser realizado. El omnímodo poder oligárquico ha sufrido con los triunfos populares un rudo golpe. Ya no son La Nación y La Prensa los árbitros inapelables de la opinión pública. Si la oligarquía no ha dudado en acudir reiteradamente a la abierta amenaza de liquidar el stock ganadero, cualquier hesitación en recurrir a la fuente del poder popular, el apoyo de las grandes mayorías, va a significar un mayor fortalecimiento de los triunfadores de 1930 y 1955. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/442/

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