- Socialismo Latinoamericano
- Publicado el 01/11/1992
El menemismo contra los trabajadores*
Osvaldo Calello
El gobierno antinacional y la burguesía monopolista han lanzado una ofensiva contra la clase trabajadora. Necesidad de una política obrera independiente para democratizar los grandes aparatos gremiales y dar batalla al régimen menemista.
Por fin la burocracia enquistada en el Consejo Directivo de a CGT no encontró otro recurso y se vio obligada a convocar a la huelga general.
A lo largo de más de tres años nefastos de gobierno, el menemismo hizo todo lo posible para que los trabajadores expresaran en medidas de fuerza su repudio a la política antinacional, y la dirigencia sindical, que dominó primero a la CGT San Martín y luego a la CGT unificada, resistió heroicamente la posibilidad de un enfrentamiento. La última hazaña de los jerarcas “obreros” fue la complicidad en la aprobación de la ley que sanciona el desmantelamiento de YPF a favor de les monopolios privados, a cambio de una serie de promesas que nuevamente quedaron sin cumplir. La cúpula cegetista aprobó el reclamo de la huelga con la esperanza de que la medida de fuerza “descomprima tensiones” y facilite la reanudación del “diálogo” con las autoridades. Hubo quienes dijeron que la huelga no era contra el gobierno sine contra la insensibilidad social de la política económica. Otros, traidores hasta el final como Pedraza, Andrés Rodríguez o Cavalieri, prefirieron preservar su obsecuencia oficialista y no se hicieron presentes en la reunión del Confederal pero inmediatamente alentaron gestiones para levantar el pero. Pese a todo la huelga del 9 de noviembre constituye la más justa expresión del rechazo popular al programa del gobierno pro imperialista y debe ser apoyada con todas las fuerzas.
Sin embargo, más allá del carácter necesario de la acción de masas, los interrogantes que se formula la clase trabajadora se orientan en otra dirección. Por ejemplo: ¿qué es lo que ha llevado a este grado de descomposición a la alta dirigencia gremial, al punto de convertirla en el principal obstáculo para la unidad del movimiento obrero? ¿Se trata de una suma de traiciones individuales, o a través de la degradación de todo un cuerpo dirigente se expresan los límites de una determinada política sindical?
Lo primero que salta a la vista al ubicar el problema en perspectiva, es el retroceso cuantitativo que ha experimentado el movimiento de los trabajadores en las últimas décadas.
No es un secreto para nadie que la gravitación de los asalariados en el conjunto de la economía no es la misma que en los años 40 y 50. Un trabajo reciente de Susana Torrado (Estructura Social de la Argentina: 1945/1983) señala que entre 1947 y 1980 los asalariados pasaron de representar el 42,6 % de la población económicamente activa, a ubicarse en 1980 en el 32,7 %. Es decir que en poco más de 30 años los trabajadores en relación de dependencia perdieron casi d 25 % de sus efectivos. Esta misma ,comparación, aplicada a los asalariados de la industria, arroja una reducción de prácticamente un tercio de la fuerza laboral: en 1947 representaban el 21,5 % de la población económicamente activa y en 1980 sólo el 14,6 %. La contrapartida de este retroceso ha ido el aumento sostenido del cuentapropismo, el incremento de las tasas de desocupación y subocupación, la emigración de mano de obra calificada y la vuelta a sus países de origen de trabajadores chilenos, bolivianos, paraguayos y uruguayos.
Pero la pérdida de posiciones no se limitó al cuadro de fuerzas da la sociedad. La clase trabajadora también experimentó un significativo desplazamiento en la estructura de distribución del ingreso. En electo, en 1947 a los asalariados les correspondía el 50,9 % de la renta nacional, mientras que en 1989 estimaciones moderadas les asignan apenes el 28 %. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que mientras tanto la reducción de la clase obrera asalariada fue aproximadamente la mitad de ese porcentaje, resulta que la pérdida real en la distribución del ingreso se acercó a un 30 %. Estas cambios sustanciales dan una idea del aumento notable que experimentó a lo largo del período la tasa de plusvalía, vale decir la relación entre el trabajo no pago y el salario que reciben los trabajadores.
Este es el punto capital que saca a la luz la situación da los sindicatos tras una década y media de ajuste ininterrumpido. En este lapso la economía argentina sufrió transformaciones de fondo cuyo origen se remonta a mediados de la década del 50, cuando la restauración oligárquica puso fin al desenvolvimiento del proyecto peronista de capitalismo nacional con justicia social. En todo caso la última etapa que se inicia con la contrarrevolución de marzo de 1976, además de crear las condiciones de una apertura económica y financiera que fortaleció hasta un punto desconocido los relaciones de la dependencia, acentuó decididamente el proceso de concentración del capital y de monopolización de los mercados. En efecto, a diferencia de la economía de las décadas del 50 y del 60, el aparato productivo actual se caracteriza por una mayor concentración y en consecuencia por una más alta composición orgánica. Esta composición expresa la relación existente entre la inversión en bienes de capital (maquinaria, equipo, instalaciones, etc.) y el capital total, y en el aumento de su tasa reside el origen de la tendencia a la baja de los márgenes de ganancia. En los países metropolitanos esta declinación es contrarrestada en parte por el incremento de la plusvalía relativa como consecuencia de la mayor productividad que trae aparejado la incorporación de maquinaria más moderna. En los países atrasados y dependientes, en cambio, la burguesía monopolista aspira a mantener y aún a aumentar la tasa de ganancia sobre la base de un aumento de la plusvalía absoluta, modificando las condiciones de trabajo y acentuando los niveles de explotación. Este fue el punto de arranque de los “cuatro dragones” del sudeste asiático y es el modelo que admiran y envidian los jefes de los grupos económicos locales. Hace tiempo atrás un estudio de FIEL (fundación solventada por el empresariado tradicional de donde parten las iniciativas del más puro contenido liberal) denunció que la Argentina tiene los niveles más altos de ausentismo y de costo laboral del Mercosur, incluyendo a Chile. El ausentismo en Argentina llega al 10 % mientras que en Chile apenas si se ubica en el 2,8 %. Según los expertos de FIEL el bajo nivel chileno se explica por la amplia flexibilidad que tienen los empresarios para despedir personal: se puede echar a quien falte dos días seguidos sin aviso, o no concurra dos lunes seguidos, o falte tres días en el mes. Lo que FIEL no dice es que en Chile hay 5 millones de pobres de los cuales casi 2 millones son indigentes y que el 40 % que ocupa la parte inferior de la escala social apenas si recibe el 13 % de la riqueza.
Tampoco dice que en Brasil, el otro punto de comparación, no sólo hay manifestaciones de esclavismo en el nordeste campesino sino que ahora han aparecido casos similares en el emporio industrial de San Pablo.
En Argentina la evolución de la situación apunta a un deterioro creciente de las condiciones laborales y a una desvalorización de la fuerza de trabajo. La concentración del capital y la más alta composición orgánica, en el marco de una economía estancada a lo largo de más de una década, han provocado el desplazamiento de mano de obra y la depreciación del salario. El debilitamiento consiguiente de la clase trabajadora está a la vista. Bajo estas condiciones los sindicatos han perdido gravitación como grupos de presión en situación de utilizar el potencial movilizador de las grandes masas como factor de peso en la mesa de las negociaciones, como ocurría en las décadas del 50 y del 60 y parte del 70.
Por aquellos años la burguesía no había alcanzado el grado de concentración que hoy exhibe y el trabajo vivo (mano de obra) tenía mayor gravitación en la relación con el trabajo cristalizado (instrumentos de producción). En el último período la relación de fuerzas ha cambiado sustancialmente y simultáneamente con el repliegue de la clase trabajadora, la alta cúpula dirigente ha tendido a asimilarse a las condiciones dictadas por los círculos más poderosos del poder económico, en medio de un clima de corrupción que envuelve en forma escandalosa a sus figuras más prominentes. ¿A quién representa la burocracia? ¿Hasta que punto puede decirse todavía que esa nomenclatura enquistada en los grandes aparatos gremiales es una expresión desfigurada, pero expresión al fin de los intereses de los trabajadores?
A esta altura parece claro que las manifestaciones de degeneración individual constituyen el reflejo de la quiebra de una determinada práctica sindical que ha llegado a su punto de agotamiento. Lo que ha entrado en crisis es una concepción que fijó al movimiento obrero como base de apoyo popular de una política de contenido nacionalista burgués. Las condiciones objetivas para semejante política han desaparecido hace mucho tiempo y con ella se han esfumado las posibilidades de una conducción sindical subordinada a una dirigencia política ajena a la clase obrera. Como puede verse, el problema de construir una nueva práctica sindical y promover a los puestos de mando a un sistema de cuadros representativo, tiene mucho que ver con la formulación de una perspectiva ideológica independiente y con la organización de una dirección política autónoma del movimiento de los trabajadores.
Publicado en Socialismo Latinoamericano, noviembre de 1992, pág. 3
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