El enemigo número 1 es la oligarquía

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La dictadura militar había condenado al pueblo argentino al estancamiento y la miseria imponiendo un “modelo” económico oligopolítico que permitía a las grandes empresas fijar precios arbitrarios, lo que conseguían manteniendo la producción por debajo de la capacidad real de sus plantas. En mayo de 1973, al asumir la conducción económica, Gelbard instaura una hábil política tendiente a aprovechar las condiciones de la coyuntura. El filtro por el que tenía que pasar la decisión era un dato dado, exterior a la voluntad del ministro: el mejoramiento de las condiciones de vida de las masas populares. Heredaba así dos legados ineludibles, la capacidad productiva ociosa y el requisito de elevar los ingresos. Para el sector de intereses que representaba Gelbard, eso era, a corto plazo, lo mejor que podía ocurrirle. El desarrollo de la industria nacional requiere la existencia de un mercado en expansión. La respuesta fue inmediata. Actuar sobre la demanda a través del aumento salarial en lo que hace al mercado interno; y mediante una agresiva política comercial exterior tendiente a ganar nuevos mercados en el rubro de productos no tradicionales. Pero las condiciones sociales no dejaron llegar el afán empresario hasta sus últimas consecuencias: había que dar una política de precios que no anulara las mejoras salariales, fijando precios máximos para los productos de la canasta familiar. La receta aplicada obtuvo sus frutos: aumento del PBI en 6,2% en el primer semestre de 1974, expansión del consumo del 7% para los ocho primeros meses del mismo año, exportaciones por 3400 millones de dólares para el año junio 73/junio 74, mejoras relativas en el empleo, etc. Pero el tiempo transcurría y la pretensión de aplicar un esquema sin inflación se evaporaba. La presión alcista del mercado mundial se encargaba de recordarlo cotidianamente. Tanto como la carrera de inversiones estatales en sectores productivos (el ramo en que ésta creció considerablemente fue el de la construcción de viviendas). Y la inversión continuó cayendo. Según un estudio de FIEL la inversión en equipos de producción (material de transporte y maquinarias) se redujo en 11% para el sector privado durante el primer semestre de 1974 comparativamente al mismo de 1973. Lentamente el ritmo inflacionario fue ahogando la esperanza popular de contar con un prolongado periodo de alivio y se imponía un urgente ajuste del Compromiso Social. Pero en todo caso, esto era el signo manifiesto de un fenómeno más profundo, el agotamiento de un periodo de bonanza sustentado en el crecimiento de la demanda. Lo que en un momento era necesario, se había vuelto insuficiente. Era la hora de profundizar con la proyección de la política económica mediante: a) la creación de un plan de inversión estatal en áreas creadoras de riqueza; b) el favorecimiento de la actividad industrial nacional con la ampliación del sistema crediticio y reintegros a la exportación que compensaran el efecto de la inflación; c) fortalecimiento de una política de precios controlados que hiciera pagar el esfuerzo productivo a las empresas monopólicas y la ganadería parasitaria congelando y, si fuera necesario, rebajando el precio del novillo; d) reajuste salarial, que aliviara la presión actual de precios sobre los sectores populares. Ahora bien, la aplicación de estas medidas contribuiría a crear tensiones inflacionarias al incrementar el déficit presupuestario por los aumentos de sueldos y de los reintegros a las exportaciones. Pero, como lo hemos sostenido repetidas veces, existe una forma de encontrar la fuente que permita realizar la acumulación industrial por una parte y la obtención de fondos párale financiamiento de tal programa por otra. Es la de utilizar la potencialidad del suelo pampeano con la nacionalización de las grandes estancias. De alguna manera, la ley agraria era el intento de hacer producir al campo. O hay “explotación” de la tierra, o hay explotación de los sectores populares. Las modificaciones a la política actual y Gómez Morales La actuación pública del nuevo ministro permite conocer a quién reputa como el principal enemigo. Al conceptuar a los fenómenos monetarios como los causales de la distorsión del proceso productivo, la inflación se constituye en el mal de la economía nacional. Para este criterio, por tanto, un severo control de la expansión monetaria y del déficit presupuestario deben ser la guía de acción. Con esta mentalidad, Gómez Morales tendrá que afrontar la resolución de los siguientes aspectos: a) crecimiento de la inversión; b) política de precios y salarios; c) continuidad en las exportaciones no tradicionales; d) la política agraria. La respuesta a los dos primeros puntos está en la flexibilización de la política de precios máximos a fin de permitir que aumente la rentabilidad empresaria, conceptuada como el requisito básico para el incremento de la inversión. La contrapartida está en la necesidad de “austeridad” salarial. Aunque para Gómez Morales también está vedado olvidarse de la pesada herencia de la justicia social. Asimismo, si se quiere continuar con las exportaciones no tradicionales, debe solucionarse la fuente de obtención de mayores divisas que acarrea el sistema de reintegros para que no provoque mayor déficit al presupuesto. Y la forma más compatible sería el aumento de las exportaciones tradicionales. Ahora bien, esta última propuesta implica la colaboración del sector rural para el plan de gobierno. Y ésta sólo puede conseguirse con el olvido de la Ley Agraria, cosa que suena bastante armoniosa en las condiciones en que asume Gómez Morales. Por tanto, hay un solo camino para aumentar las exportaciones de bienes agropecuarios y es dando un aumento en los precios de los cereales y la carne. Luego, el razonamiento habrá cerrado su círculo. Si hay necesidad de permitir aumentos en los bienes industriales para que no baje la inversión, y en los agropecuarios para contar con buenas exportaciones; entonces no deberán agregarse nuevas presiones inflacionarias por el lado de la expansión crediticia y monetaria. Sin embargo, la experiencia demuestra que por esta vía se termina en la recesión económica con el consabido tendal de conflictos sociales derivados. La alternativa sigue vigente. La inflación en sí misma no es perniciosa para el pueblo. En notas anteriores destacamos la importancia de la política de congelamiento del precio del novillo cuando el resto de los productos subían. Había inflación, pero la soportaban los terratenientes. El cáncer de la economía nacional es el sistema de la tenencia de la tierra que permite la existencia de grandes extensiones de campo ineficientes en algunos casos e improductivos en otros. A diferencia de otros países que han realizado un proceso de crecimiento económico y social, Argentina puede avanzar en la acumulación originaria de capital sin padecer los mismos sufrimientos mediante la nacionalización de la riqueza de su suelo, que en última instancia es patrimonio de todos los argentinos y no de unos pocos terratenientes. http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/445/

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