Declaración política y plan de emergencia del Frente de Izquierda Popular*

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En la Cena de la Victoria que el Frente de Izquierda Popular realizó el jueves 12 de octubre, a la que asistió una entusiasta concurrencia de 1500 afiliados y amigos, el compañero Jorge Abelardo Ramos, presidente del FIP, pronunció un discurso al final del cual leyó la resolución de la Junta Nacional sobre el momento político, cuyo texto publicamos a continuación. Declaración de la Junta Nacional del FIP Ante las públicas gestiones entre el Justicialismo y la Junta de Comandantes en Jefe para llegar a un acuerdo sobre el próximo gobierno, la Junta Nacional del FIP declara: 1) Que el FIP se opone a todo acuerdo con la dictadura militar oligárquica que se proponga defraudar la soberanía popular mediante un “renunciamiento histórico” a la candidatura apoyada por la mayoría del país. 2) Que rechazamos la idea de que la cuestión de las candidaturas sea una “cuestión secundaria”. Si se trata de la candidatura de Perón es una cuestión esencial. Esa candidatura es mucho más importante que Perón como ciudadano privado. Sintetiza en este momento la voluntad de poder y la cohesión histórica de la clase obrera y del pueblo argentino. Si fuera cierto que Perón renunciará a su postulación presidencial en aras de la “unión nacional”, estaríamos incondiciones de afirmar que Perón no puede renunciar a lo que no le pertenece. De su nombre se han adueñado las mayorías nacionales, y hasta resulta indiferente la propia opinión de perón al respecto. 3) La candidatura de Perón no puede aceptarla o rechazarla Perón; es un mandato de las masas, que allí encuentran su ruta para golpear al enemigo oligárquico. Recordamos que en 1945, cuando Perón era prisionero en virtud de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas y los partidos tradicionales, las movilizaciones del 17 de Octubre desbarataron el acuerdo y obtuvieron la primera victoria. 4) El Frente de Izquierda Popular no condicionará su lucha por la soberanía popular, la independencia nacional y el socialismo a ningún acuerdo de palacio. El país no puede poner término a su decadencia económica sin eliminar el derroche oligárquico y a la misma oligarquía, ni expulsar al capital extranjero que oprime a la nación. Este objetivo sólo será posible mediante el acceso del pueblo y la clase obrera al poder. El nombre que une a las masas populares en esa perspectiva es el nombre de Perón, ahora puesto en la mesa de las negociaciones. Afirmamos que no participaremos en semejantes tratativas, que las denunciamos como extrañas a la voluntad general y que las combatiremos con elecciones o sin ellas. Afirmamos que sostenemos conjuntamente la candidatura de Perón y el programa del socialismo revolucionario. Afirmamos que lucharemos sin desmayos contra la burocracia sindical del aparato seudo-peronista, simbolizado por los Coria y los Rucci; y que no arriaremos las banderas del 17 de Octubre y del 29 de Mayo en el combate decisivo por el triunfo del gobierno obrero y popular. Plan de emergencia para aliviar la crisis del hambre y del desempleo La crisis de subconsumo, desempleo y estancamiento que soporta el país no es una crisis coyuntural sino orgánica. Se origina en el dominio de la economía nacional por los grupos parásitos del capital extranjero, el latifundio ganadero, el gran capital dependiente y la intermediación. Este bloque oligárquico se apropia del excedente del trabajo nacional, lo sustrae al proceso de capitalización, hacia el consumo suntuario, la inversión especulativa y no prioritaria y la evasión legal o ilegal hacia el extranjero. La manifestación externa de esta crisis es la inflación en un marco de cierre y desempleo. La inflación argentina no obedece a aumentos salariales ni a déficit presupuestario. Basta contemplar el estado de nuestros servicios hospitalarios o de enseñanza para comprender que o puede hablarse de “exceso” sino, por el contrario, de falta de gasto público. En cuanto a los salarios, su participación relativa en el ingreso nacional ha descendido permanentemente en las últimas dos décadas. Los aumentos de salarios han seguido la escalada de los precios. La caída del consumo per cápita de carne, leche, huevos y otras proteínas, es abrumadora. La Argentina se convierte en el único país del mundo cuya mortalidad infantil ha aumentado de 1955 a la fecha, mientras países como Hungría, Cuba y hasta Puerto Rico la han visto descender a la mitad. La inflación responde a dos causas orgánicas: 1) El estancamiento de la producción agropecuaria, en manos de una oligarquía parásita. De 1956 a 1971, a pesos constantes, el kilo vivo de carne encareció dos veces y media respecto de los bienes industriales. Esto significa que los terratenientes confiscan un porcentaje creciente de la riqueza producida (a costa del consumo obrero y de la inversión industrial), sin aplicar este tributo a la capitalización agraria. La inflación del precio agrario, además, obliga a incesantes devaluaciones, que repercuten en los costos industriales de importación. 2) La segunda causa de la inflación es el control monopólico de las principales ramas industriales por los capitales extranjeros, su ingerencia en el sistema bancario y de distribución, y el pesado fardo de las “exportaciones invisibles” (intereses de la deuda, amortizaciones, dividendos, exportaciones clandestinas de divisas, royalties, servicios, etc.) que estrangulan nuestra balanza de pagos y nos someten al dictado de los centros mundiales del poder imperialista. Resolver la crisis supone atacar la estructura misma, es decir, expropiar a los sectores parásitos antes aludidos, e instaurar la gestión social de la economía por los reales productores. Sin perjuicio de ello, es posible obtener un inmediato alivio de la situación a través de un conjunto de medidas de emergencia. Tales medidas son por completo accesibles, siempre y cuando se gobierne con sentido democrático y popular, y se esté dispuesto a enfrentar la reacción sórdida e inescrupulosa de las minorías explotadoras. Cualquier alegación de “irrealidad” respecto a tales medidas, sólo descubriría la “realidad” de los intereses oligárquicos, que se mueven como auténtico “poder detrás del trono”. Estas medidas, que proponemos a la conciencia y la movilización populares, no van más allá, por otra parte, que las dispuestas en ambas guerras mundiales por los Estados imperialistas que chocaron entre sí por la hegemonía mundial, aunque la aplicación en nuestro caso descarte los métodos verticalistas y burocráticos e imponga una amplia movilización obrera y popular, en el sentido de una gestión democrática de la economía. Tales medidas son: 1) Salarios. Aumento inmediato de salarios y reajuste automático conforme el alza mensual del costo de la vida. 2) Empleo. Política de pleno empleo. Para ello es preciso decretar inmediatamente la nacionalización de los depósitos bancarios a fin de orientar el crédito hacia las inversiones productivas. Se debe poner fin a la concesión de créditos a las empresas extranjeras, que deben financiarse con aportes genuinos del exterior, so pena de incautación. 3) Divisas. Establecimiento del control de cambios, para evitar la evasión de divisas y asegurar la prioridad productiva de las importaciones. Cotización diferencial del dólar comprador y vendedor, con el objeto de impedir el encarecimiento interno de la carne y otros bienes de consumo exportables y para constituir un fondo de crédito industrial. Monopolio del comercio exterior. 4) Precios. Control de precios para todos los bienes de la canasta familiar, en particular la carne, cuya incidencia directa e indirecta es decisiva. Mecanismos represivos ágiles y de emergencia para ese control, que incluyen la formación de comisiones obreras, populares y de amas de casa, y el eficaz ejercicio del poder de policía contra los especuladores. 5) Comercio. Intervención inmediata por el Estado y los organismos de control popular de los circuitos mayoristas de circulación (abasto, mercados de concentración, etc.). La supresión de la sobreganancia parásita permitirá bajar los precios de consumo y, simultáneamente, elevar el ingreso de los productos reales. Bajo estas condiciones, no es cierto que el “precio máximo” desaliente al productor real, sino todo lo contrario. Apoyo eficaz a las cooperativas rurales de comercialización y exportación. 6) Alquileres. Suspensión de desalojos urbanos y rurales. Congelación y rebaja de alquileres. Estabilidad para los habitantes de hoteles-pensión y rebaja del 50% de los alquileres. 7) Vivienda. Incautación inmediata, por causa de utilidad pública, de todos los departamentos sin vender y de toda vivienda desocupada, con vistas a la instalación de los habitantes de villas de emergencia. La indemnización se hará con bonos de la deuda pública. Suspensión inmediata de toda construcción de lujo (salvo las ya iniciadas) y concentración de toda inversión para vivienda en el sector de bajos ingresos. 8) Salud. Control directo por el Estado de la industria farmacéutica y rebaja sustancial de los medicamentos. 9) Medidas inmediatas para suministrar un litro de leche diario a cada niño hasta cumplir la edad escolar y a cada mujer embarazada. 10) Instrumentación de medidas rápidas y eficaces para prevenir y combatir la delincuencia económica y los actos de resistencia o sabotaje a las medidas de emergencia, tendientes a sustraer bienes de consumo, a disminuir la producción, a evadir capitales, etc., medidas que llegarán hasta la incautación de propiedades y empresas y la prisión de los responsables. 11) Ruptura con el Fondo Monetario Internacional y demás organismos financieros del imperialismo mundial. Moratoria de las obligaciones financieras con el exterior, conforme al criterio de que el trabajo de los argentinos debe alimentar, en primer lugar, al pueblo argentino. Buenos Aires, 11 de agosto de 1972 http://www.izquierdanacional.org/soclat/articulos/444/

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