El kirchnerismo se prepara para asegurarse un segundo mandato presidencial. Parecen no importar los escándalos que con llamativa frecuencia dejan al desnudo la corrupción del régimen gobernante, ni la forma descarada en que los burócratas de palacio pretenden engañar a los trabajadores sobre la evolución de la inflación, ni tampoco la confirmación de la política de entrega de los recursos naturales, cuya manifestación más flagrante es la convalidación del contrato a favor de British Petroleum y Bulgheroni en Cerro Dragón. Simplemente, la llamada oposición no tiene peso. La última gran esperanza terminó sin pena ni gloria, para frustración de los escribas del diario La Nación, enredada en los capítulos del culebrón protagonizado por López Murphy y Elisa Carrió. Sobre la naturaleza ética del “acuerdo de conductas” caído, da cuenta el carácter inconfundible de las fuerzas concurrentes. López Murphy es uno de los representantes de la derecha recalcitrante, ejecutor, como ministro de la Alianza, del programa neoliberal que estalló en diciembre de 2001 y socio político de Mauricio Macri, expresión de los grupos económicos que se enriquecieron a costa del Estado durante la dictadura y, posteriormente, en el período de restauración institucional. La doctora Carrió es la abanderada del moralismo pequeño burgués, encaminado a “revolucionar” los comportamientos y las prácticas institucionales, dejando intactos los fundamentos de la democracia colonial y la hegemonía del capital monopolista. El contenido antinacional de su programa surge nítido a la luz de su promesa a los representantes del sionismo de alinearse en el frente anti Irán, sosteniendo las patrañas de la “investigación” del fiscal Nisman, y de su compromiso de hacer causa común con sionistas y fascistas de la Casa Blanca contra el gobierno de Hugo Chávez. Su concepto de la ética no le impide tener como aliada a Patricia Bullrich, indiscutida pionera del travestismo político, en cuya dilatada carrera pasó por las filas de Montoneros, el menemismo, el partido de Beliz, el de Cavallo, el duhaldismo y finalmente el delarruismo. La Coalición Cívica que Carrió ha armado en torno a su figura monárquica es una nueva versión del Frente Grande y del Frepaso, organizados con el apoyo de los grandes medios de difusión para reciclar dentro del sistema el descontento de la pequeña burguesía.

No es mucho mejor la situación de la diáspora radical. La UCR oficial se ha encolumnado tras la candidatura de Roberto Lavagna. La crítica de fondo de sus dirigentes al gobierno es la poca afición del kirchnerismo a las prácticas institucionales y su preferencia por la centralización del poder. Fuera de esto, el programa del ex ministro de Duhalde y Kirchner no difiere sustancialmente de la política del oficialismo. Es la continuidad del modelo que emergió tras el colapso de la convertibilidad según una relación de fuerzas que favoreció a la gran burguesía exportadora, pero en este caso con un sesgo más favorable al capital monopolista. La otra fracción del radicalismo está integrada por gobernadores e intendentes, cooptados por el gobierno mediante el manejo de los recursos de la caja central. En este sentido los radicales K no hacen otra cosa que transparentar el verdadero carácter de las “diferencias” entre oficialistas y “opositores”, unificados en lo profundo en su papel de aparatos institucionales de reproducción de una democracia colonial, construida como mecanismo de expropiación de la soberanía popular.

¿Qué decir del fracasado intento de Menem, los hermanos Rodríguez Saá y Sobisch? Todos ellos, como Kirchner, fueron aplicados gerentes de los intereses neoliberales en los 90. Sobisch, que se presenta ladeado por el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, malograda promesa de la derecha represiva, y por Jorge Asís, pintoresco bufón de la corte menemista, es seguramente el más entreguista de los gobernadores argentinos, mérito nada fácil de alcanzar.

A este cuadro de desolación el oficialismo contrapone la candidatura de Cristina Fernández, el más “brillante” cuadro kirchnerista, cuya reconocida frivolidad pudieron comprobar los jefes de grandes corporaciones reunidos en IDEA, cuando reclamó que “tener riqueza no sea mal visto”, nada menos que en una sociedad brutalmente polarizada por décadas de concentración del ingreso y exclusión social. Esta notable exponente del “cambio que recién empieza”, está sostenida por el aparato del Partido Justicialista, corrompido hasta la médula y reconvertido durante los 90 en la herramienta central de la política antinacional del menemismo.

Pero esto parece ser un detalle menor. Según las encuestas de las consultoras la candidatura de Cristina Fernández tiene firmes posibilidades de imponerse en la primera vuelta. Sin embargo, ¿hasta que punto la dispersión que evidencia la “oposición” refleja la capacidad del kirchnerismo en desorganizar el campo enemigo y, al mismo tiempo, de unificar sus propias fuerzas? El rasgo característico de la situación nacional reside en que esta “oposición” es una oposición parlamentaria, no una oposición de clase, como la que enfrentó a Perón en el 45 hasta que logró derribarlo diez años más tarde, o como la que hoy conspira contra Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela. Esto es así porque el kirchnerismo y sus “opositores” comparten el privilegio de expresar, según sus propias voces, los intereses prevalecientes en el bloque de clases propietarias. En los programas de esa “oposición” no hay una sola medida que ponga en tela de juicio los fundamentos del modelo de la dependencia: la apertura comercial y financiera, la privatización de las empresas públicas o el dominio de los monopolios extranjeros sobre los recursos naturales, constituyen íconos intangibles, resguardados por el mito de la seguridad jurídica.

Reducido el enfrentamiento entre oficialistas y opositores a un asunto de  administración del modelo, la opinión prevaleciente en los círculos dominantes no ofrece demasiadas dudas. A pesar de la contrariedad que le produce las ingerencias “intervensionistas” en  dominios considerados exclusivos, tales como el impuesto a las exportaciones, los “controles” sobre ciertos precios o la centralización de resortes gubernamentales, el capital monopólico, local y extranjero, sabe que el kirchnerismo ha garantizado hasta ahora la estabilidad de los negocios en condiciones excepcionalmente favorables. “Me interesa que ustedes ganen mucho dinero (…) por eso les digo que se apuren, que van a conseguir grandes ganancias. Yo les agradezco a todos, sobre todo a aquellos con los que discutimos muy fuertemente y con los que ahora podemos hablar bien porque están ganando como nunca”, les dijo Kirchner a los jefes de las grandes corporaciones trasnacionales un año atrás, luego de tocar la dorada campanita en Wall Street. Su ministro de Planificación Federal no fue menos elocuente: “Lo más importante de todo y lo que a ustedes les interesa, es que los proyectos de inversión presentan un tasa interna de retorno palmariamente mayor que el promedio que presenta la retribución en los países en desarrollo”.

Lo que en verdad interesa a la dirigencia de las compañías líderes, locales y extranjeras, es un gobierno que no toque los fundamentos del patrón de acumulación consolidados en las últimas tres décadas, pague puntualmente la deuda pública, de la cual suelen ser acreedoras, asegure el necesario superávit fiscal para comprar las divisas que exigen los compromisos externos, sostenga el dólar según la paridad más favorable a la ecuación exportadora, controle el costo laboral, no introduzca cambios de fondo en la relación capital-trabajo heredada de los años 90, mantenga la política de subsidios al capital y, por fin, garantice la llamada “paz social”. Estas son las demandas “programáticas” del gran capital invertido principalmente en la industria, la minería y el petróleo. El gobierno de Kirchner las ha respetado escrupulosamente. La “oposición” está dispuesta a satisfacerlas, e incluso a ofrecer más en materia de transparencia administrativa, apertura de los mercados y respeto por las prácticas institucionales. Sin embargo, difícilmente quienes en los últimos años han cobrado dividendos extraordinarios, comparables con los que se embolsó la especulación financiera en los 90’, acepten el riesgo de la apuesta que les propone el continuismo “opositor”. A menos que de aquí a octubre la situación se deteriore más rápido de lo esperado, la certeza de que es preferible “malo conocido que bueno por conocer”, seguirá teniendo el mayor peso entre los círculos influyentes del mundo de los negocios.

Después de octubre

Sin embargo, después de octubre las cosas no habrán de presentarse del mismo modo. Durante sus cuatro años y medio, el gobierno de Kirchner contó con condiciones excepcionales en el plano local e internacional. En mayo de 2003 hacía un año que había comenzado la reactivación y se mantenía el impulso inicial basado en altos niveles de capacidad ociosa del aparato fabril, mientras que los costos laborales resultaban mucho más bajos que en el período previo al estallido de la convertibilidad, por lo que se desarrollaba un acelerado proceso de acumulación de capital con tasas de explotación extraordinarias. Al mismo tiempo, se había iniciado un ciclo largo de altos precios internacionales para los bienes primarios, con el consiguiente signo positivo en la relación de intercambio, y abundantes flujos de capital circulaban desde el centro hacia la periferia.

El nuevo gobierno, cualquiera sea su color, encontrará alteradas estas condiciones. La inflación, fuera de control, impacta cada vez con mayor violencia sobre las capas más pobres de la población, y disuelve las recomposiciones salariales que negocian los trabajadores. Al capital monopólico, que le interesan los mercados de ingresos medios para arriba, le resulta más rentable ajustar por precios que invertir para aumentar la producción. Al mismo tiempo se estrechan los márgenes de las cuentas fiscales como consecuencia del aumento de los gastos, entre ellos los subsidios al capital, y siguen acumulando presión las obligaciones de la deuda pública. Pero esto no es todo. En el plano internacional, a medida que la crisis que se inició en el mercado de los créditos hipotecarios de Estados Unidos, repercute en los negocios bursátiles y amenaza los bancos de inversión, centros de una especulación financiera desenfrenada, la perspectiva ha comenzado a obscurecerse. La solución que encontró el gobierno republicano para evitar la recesión en 2001, vía endeudamiento de las capas populares, mientras se estancaba el salario real y se reducían impuestos a las clases acomodadas, se ha vuelto contra sus inspiradores. Un horizonte de recesión, la otra cara del problema de sobreacumulación que el capitalismo no puede resolver, ha comenzado a envolver a Estados Unidos y, por extensión, a la economía mundial, con el previsible impacto sobre la periferia exportadora de productos primarios y alimentos.

El gobierno de Kirchner no sólo contó a su favor el hecho de que sus opositores no lograrán ganarse el apoyo de los factores decisivos del poder económico. Mucho más importante que la debilidad orgánica de los aspirantes a la alternancia, resultó la falta de articulación del campo popular en un movimiento unificado de resistencia nacional-antiimperialista. Esta es la historia de los últimos treinta años en la Argentina. El peronismo, la corriente de las grandes masas obreras y populares, llamada a resolver las tareas de una Revolución Nacional tardía, murió junto con su fundador, el general Perón, tres décadas atrás. Lo que queda de ese gran movimiento es un aparato partidario vaciado de contenido, utilizado reiteradamente por las fuerzas sociales que fueron sus enemigas para terminar de demoler las realizaciones nacionalistas que quedaban en pie de la década que precedió a la contrarrevolución de septiembre de 1955. Con la desaparición política del peronismo como movimiento popular también se cerró un ciclo histórico. Las condiciones que hicieron posible el surgimiento de una jefatura nacional respaldada por el ala nacionalista del Ejército, los sindicatos obreros y las capas medias y bajas del empresariado fabril, orientada a desarrollar un programa nacional burgués, en oposición a los intereses del viejo país agroexportador, han desaparecido. La reconversión estructural de la economía y la sociedad que produjeron la política de la última dictadura y los sucesivos programas de los grupos monopólicos que gravitaron en los gobiernos de la etapa constitucional, han acentuado las contradicciones del capitalismo dependiente y agudizado sus antagonismos de clase. El pacto social entre la burguesía nacional y los trabajadores sobre el que se apoyaron los dos primeros gobiernos de Perón, se diluyó desde el momento que su soporte objetivo, el mercado interno, dejó de ser el eje de la acumulación. De forma tal, los treinta años del período de sustitución de importaciones que arrancó a mediados de los años 30, dejaron el lugar a un marcado proceso de concentración-centralización-extranjerización del capital, origen de una reestructuración a fondo del bloque dominante.

Bajo las nuevas condiciones las consignas populares, nacionales, democráticas, adquieren una nueva radicalidad. Si al promediar el siglo pasado se necesitó de una jefatura bonapartista para sostener un programa de capitalismo nacional, dada la ambigüedad, las vacilaciones y la debilidad orgánica de la burguesía nacional, seis décadas más tarde ni esa jefatura ni ese proyecto aparecen como posibilidades. El Estado de la época de la sustitución de importaciones ha sido reemplazado por un aparato administrativo, despojado de las grandes empresas públicas y de sus otros resortes reguladores sobre el movimiento de la economía, y sometido a la influencia decisiva del capital monopolista. La corriente industrialista y nacionalista del Ejército, expresión del nuevo universo ideológico y cultural de los años 40, ha sido barrida por la reacción de la oficialidad liberal. A su vez, lo que queda de la burguesía nacional no tiene política propia y termina aceptando la dirección de las fracciones más concentradas del capital.  Por fin, los sindicatos están en la mayoría de los casos en manos de una burocracia conservadora, cada vez más dependiente del aparato del Estado, que opera como mecanismo de control sobre el movimiento obrero, bloqueando las posibles experiencias de democracia sindical y radicalización política. No es casual que muchas de las luchas que emprendieron los trabajadores en el último tiempo, se desarrollaran al margen o en oposición a los aparatos centrales.

Mientras tanto se han ido acumulando las contradicciones propias de un capitalismo dependiente, de rasgos semicoloniales de acuerdo con la gravitación que ha alcanzado las corporaciones extranjeras sobre los resortes básicos de la economía. Pasaron tres décadas desde que el último Frente Nacional se hundiera definitivamente en la derrota y la impotencia política, marcando el fin de un época. Hoy el eje político de los nuevos realineamientos de clase, cuya expresión inicial son las luchas parciales de los trabajadores y la clase media empobrecida, ha de desplazarse hacia la izquierda, respecto del viejo frente de clases del 45. Semejante giro delimita un campo de fuerzas de naturaleza nacional, democrática, antiimperialista y socialista. Si las tres banderas históricas del peronismo reflejaron la experiencia de una revolución nacional en curso, la cuarta bandera —el socialismo— señalará la agudización de las contradicciones de clase, y el hecho decisivo de que una nueva generación obrera y popular se ha desligado de las viejas ataduras del pasado, y está dispuesta a hacerse cargo de los destinos de la nación desde una posición independiente y revolucionaria.