Una reciente carta abierta girada al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por una de las corrientes internas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sacó a la luz algunos de los problemas que afronta el proceso bolivariano, particularmente en la relación entre los sindicatos y el Estado. La nota de la Corriente Clasista, Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), que constituye una respuesta al discurso del presidente venezolano en el Teatro Teresa Carreño, el pasado 24 de marzo, en ocasión del lanzamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destaca las coincidencias existentes respecto de la lucha contra el reformismo, la denuncia de sectores del propio Estado (gobernadores y alcaldes) que juegan un papel conservador, el reclamo de nacionalización del sistema de salud y de la recuperación de tierras en poder de terratenientes. También manifiesta acuerdo con la afirmación de que el nuevo partido debe delimitarse del dogmatismo y del stalinismo. Sin embargo, algunos de los pasajes del discurso de Chávez suscitaron diferencias importantes respecto del papel de los sindicatos en el proceso revolucionario.

La corriente clasista, de origen trotskysta, es protagonista principal en la organización de la UNT y según algunas apreciaciones tiene el apoyo de la mayoría de los trabajadores afiliados. Sus militantes ocuparon las primeras filas en el movimiento de resistencia que desbarató el golpe de Estado de abril de 2002 y luego en la lucha contra el lock out patronal y el paro petrolero de fines de ese año y comienzos del siguiente. Del texto de la nota enviada a Chávez se desprende claramente su apoyo independiente al gobierno y al proyecto de construcción de un partido revolucionario; por lo tanto la controversia se plantea dentro del mismo campo del proceso bolivariano.

En su discurso, Chávez sostuvo “que los sindicatos no deben ser autónomos, que habría que terminar con eso”. Citó como autoridad en este punto a Rosa Luxemburgo, presumiblemente los pasajes contenidos en Huelga de Masas, Partido y Sindicatos, escrito para interpretar los acontecimientos revolucionarios en la Rusia zarista en 1905. El hecho de que esta afirmación fuera pronunciada en momentos en que dentro de la UNT se está librando una lucha entre quienes pretenden subordinar la central obrera al Estado y quienes quieren mantener la independencia de clase le confiere a la exigencia presidencial un contenido concreto.

¿Respecto de qué poder los sindicatos deben renunciar a reclamar su autonomía? En el texto publicado inicialmente en 1906, Rosa Luxemburgo apuntó contra la burocracia de los sindicatos socialdemócratas alemanes, que reclamaban su derecho a mantenerse políticamente neutrales y exigían el reconocimiento de la autoridad de sus dirigentes en pie de igualdad con el partido. Sobre esto, quién sería figura central de la revolución alemana de 1918, explicó que los primeros intentos de organizar grandes movilizaciones de masas encontraban un serio obstáculo en la separación e independencia existentes entre las dos grandes organizaciones del movimiento obrero: la socialdemocracia y los sindicatos. Sin embargo, la separación de las luchas económicas y las luchas políticas era una situación artificial, propia de un período de prosperidad capitalista iniciado a fines del siglo XIX, sobre el que se asentó el auge de la práctica parlamentaria. Bajo estas condiciones se desarrolló la especialización profesional de las organizaciones gremiales y la burocratización de las conducciones; se afirmó la idea de neutralidad política de los sindicatos y la de la igual autoridad de sus dirigentes respecto del partido. Para Rosa Luxemburgo estas desviaciones reflejaban el oportunismo de quienes en la socialdemocracia reducían la lucha política de los trabajadores a la discusión parlamentaria. Explicaba que si bien la idea de la neutralidad política había tenido origen forzado en la legislación sindical del estado prusiano-germano, con el tiempo esa idea había sido naturalizada por la burocracia como inherente al carácter de la acción sindical. Para ella no existía división alguna entre la lucha sindical y la lucha política: ambas eran expresiones de una misma lucha de clases, como se ponía en evidencia en los períodos de movilizaciones revolucionarias. Del mismo modo, sostenía que los sindicatos se relacionaban con la socialdemocracia como la parte al todo.

¿El planteo de Rosa Luxemburgo, que Chávez hace suyo, se aplica a quienes sostienen la autonomía de las organizaciones sindicales en Venezuela? En su nota de respuesta al discurso pronunciado en el teatro Teresa Carreño, la corriente clasista de la UNT sostiene un punto de vista difícil de ser confundido: “Los trabajadores debemos profundizar nuestra participación en la vida política del país. Es una necesidad no sólo de la clase trabajadora, sino en primer lugar de la propia revolución (...) Y, mayor protagonismo significa precisamente superar la actividad sindical, elevar a millones de trabajadores más allá de lo reivindicativo, ayudar a nuestra clase a ser parte de la actividad política y decidir su destino y su futuro”. Citan el siguiente párrafo de Huelga de masas, con el que afirman estar totalmente de acuerdo: “Si por determinada causa y en cualquier momento llegara a abrirse en Alemania un período de grandes luchas políticas, de huelga de masas, se abriría a la vez un era de violentas luchas sindicales, y los hechos no se detendrían para solicitar el visto bueno de los dirigentes sindicales. Si se marginan o tratan de detener los acontecimientos, sean dirigentes sindicales o partidarios, la marea de los acontecimientos los barrerá de la escena, las masas librarán sus luchas económicas y políticas sin ellos”. De cara a los hechos, nadie seriamente podría acusar al conjunto de corrientes que integran la UNT de haberse colocado en una posición neutral ante la recurrente lucha entre la revolución y la contrarrevolución que se libra en Venezuela.

Por lo demás, Chávez, que recientemente recomendó leer a Trotsky, seguramente sabe que quien fuera por entonces jefe del Ejército Rojo reconoció como un error haber reclamado la sujeción de los sindicatos al Estado y al partido a fines de 1920, en una situación crítica para el régimen de los sóviets por la devastación que había sufrido la república revolucionaria tras la ofensiva de las fuerzas imperialistas de los países de la Entente y la guerra civil entablada por los ejércitos blancos de la contrarrevolución.

Bonapartismo y revolución nacional

En el fondo, lo que está en discusión en Venezuela es el grado de independencia que pueden reclamar las organizaciones obreras respecto del Estado, en el proceso de transformación de la vieja sociedad semicolonial. El régimen de Chávez lleva adelante el orden de tareas que históricamente correspondía a la burguesía nacional en los países atrasados y dependientes, pero que esta clase demasiado débil y vacilante siempre se negó a encarar. El papel central del Estado y el desplazamiento que este protagonismo significa, aproxima el régimen a una suerte de bonapartismo, en el cual la jefatura política adquiere un marcado poder y autonomía en relación a las clases sociales sobre las que se apoya. El grado de libertad de maniobra que conquista el gobierno en estas circunstancias deriva de una combinación de las contradicciones capitalistas existentes entre el empresariado local y el capital extranjero, con las contradicciones de clase que diferencian los intereses de ese empresariado de los del proletariado. El particular equilibrio de clases que esta situación encierra fue caracterizado por Trotsky, al estudiar en México la política del gobierno del general Lázaro Cárdenas, en la década de los años 30’. En un texto inédito, conocido tras su muerte a manos de un sicario de Stalin en 1940, bajo el título Los sindicatos en la era de la  decadencia  imperialista, quien fuera junto con Lenin jefe de la Revolución de Octubre escribió que en los países coloniales y semicoloniales sus gobiernos asumen un carácter bonapartista o semibonapartista. Según los casos su orientación puede seguir un curso democrático, sustentándose en el respaldo de los obreros y los campesinos o, por el contrario, inclinarse por una forma de dominación cercana a una dictadura policíaco-militar. En el primer caso, que Trotsky asimilaba al gobierno del general Cárdenas, los sindicatos quedan sometidos al tutelaje del Estado, necesitado de ganarse el apoyo de las masas obreras para oponerlo a las presiones del capital imperialista y, a la vez, interesado en colocar a los trabajadores bajo el control de la burocracia estatal. Consideró que en un país como México, el respaldo del campesinado a un poder estatal de esa naturaleza resultaba fundamental para su estabilidad, de ahí la reforma agraria y las medidas nacional-democráticas como la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles; sostuvo, además, que mientras ese rumbo fuera mantenido, la obligación del partido revolucionario era darle respaldo, manteniendo su independencia política y organizativa. Trotsky consideraba que la revolución mexicana era una revolución inconclusa por las limitaciones y las traiciones de la burguesía nacional, sin embargo diferenciaba claramente el gobierno de Cárdenas del bloque contrarrevolucionario de los terratenientes y el capital imperialista.

En una construcción bonapartista o semibonapartista la centralización estatal es un rasgo diferencial. El gobierno que resulta de ese tipo de equilibrio de clase necesita concentrar todos los resortes institucionales, para hacer frente a la oposición de los partidarios locales del status quo asociados a los monopolios extranjeros. En Argentina a estos lineamientos generales estudiados por Trotsky correspondieron los dos primeros gobiernos de Perón, configurados bajo la forma de una semidictadura popular, socialmente democrática, encaminada a desarrollar un programa nacional-burgués con el apoyo de las grandes masas obreras y populares. Bajo estas condiciones el partido político gubernamental jugó un papel subordinado, sin iniciativa propia y sometido a los dictados de la jefatura estatal; mientras que los sindicatos estrechamente vinculados al Estado constituían el soporte principal del régimen popular. Sobre esto hay que tener presente que Perón afirmó su jefatura en mayo/junio del ’46 ordenando la disolución del Partido Laborista, de donde provenía el mayor caudal de votos que le dieron el triunfo en las elecciones presidenciales de febrero de ese año, y en el mismo sentido dispuso el desplazamiento de la conducción de la CGT de los dirigentes que pretendían conservar cierto grado de autonomía. Simplemente, Perón no aceptaba a su izquierda un partido reformista de base obrera, ni tampoco una organización sindical con intención de tomar sus propias iniciativas. Resolvió de esa forma la contradicción que encerraba el peronismo entre su programa de capitalismo nacional y el importante componente proletario de su movimiento. Perón necesitaba, al mismo tiempo, terminar de una vez con el enfrentamiento entre los laboristas y los radicales de la Junta Renovadora, cerrando la posibilidad de que esas fisuras terminaran refractando internamente la presión de sus enemigos. El resultado fue la fusión de las fuerzas del Partido Laborista y de la UCR (Junta Renovadora) en el Partido Único de la Revolución Nacional, denominado Partido Peronista a partir de enero de 1947. En octubre de ese año el Consejo Superior del partido intervino las juntas partidarias de los 15 distritos y sometió la organización a un progresivo proceso de verticalización. De esa forma Perón contó con un aparato firmemente disciplinado, organizado de arriba hacia abajo y alineado en torno a la estructura del Estado, al punto que la  carta orgánica lo autorizó, en calidad de Presidente de la Nación, a modificar decisiones de los organismos partidarios. Sin embargo esa aparente fortaleza del poder bonapartista resultó su punto vulnerable. A la hora de crisis, a mediados de 1955, cuando la conspiración oligárquica pasó a la ofensiva, el jefe de la revolución nacional se encontró desarmado, al frente de un aparato esclerosado y burocratizado, y todos los intentos por rectificar el rumbo resultaron tardíos.

El Partido Socialista Unido

En Venezuela Chávez ha formulado un llamado similar al que en mayo de 1946 realizó Perón en Argentina, ordenando la disolución de las fuerzas políticas que lo apoyan con el propósito de integrar sus militantes en una nueva organización: El Partido Socialista Unido. En su convocatoria no se anduvo con vueltas. Dijo que aquellos partidos que no aceptaran la disolución inmediata iban a quedar reducidos a una mínima expresión: “Si quieren irse, váyanse. Después no se quejen (...) sus votos no son de ustedes, son de Chávez, son del pueblo”. La advertencia les fue lanzada a Patria Para Todos, Por la Democracia Social y el Partido Comunista, que en las presidenciales de diciembre de 2006 aportaron el 23% de los votos. En cambio el Movimiento V República, la maquinaria electoral del chavismo con dos tercios de los votos, aceptó de inmediato la orden presidencial.

El jefe bolivariano está decidido a unificar y centralizar su movimiento para consolidar un nuevo balance de poder que le permita negociar desde una posición de fuerza con el capital extranjero, y desarrollar las tareas de un programa de contenido nacional-democrático avanzado. Las medidas fundamentales de su gobierno apuntan a fortalecer el papel del Estado como regulador central del patrón de acumulación del capital; apuntan igualmente a convertir el aparato estatal en el eje principal de la organización del movimiento popular. Su propósito de transformar un frente de fuerzas políticas —expresión del frente de clases que apoyan la revolución en Venezuela— en un partido unido, se inscribe en esta perspectiva.

Como era de esperarse la iniciativa provocó una crisis en las corrientes políticas que no aceptaron el úkase presidencial y acentuó la tensión en las organizaciones de base que resisten subordinarse a los imperativos del aparato estatal. Ese aparato es básicamente el mismo que edificaron en la IV República socialdemócratas y socialcristianos; su burocracia es una fuerza esencialmente conservadora, interesada en bloquear y desnaturalizar las medidas más radicales del gobierno. El Movimiento V República es, a su vez, una maquinaria electoral, sin disposición para encarar las tareas de una revolución que proclama sus fines socialistas. En consecuencia, el problema del centralismo de la jefatura y de la autonomía de clase está a la orden del día. En su carta de respuesta a Chávez, los dirigentes del ala izquierda de la UNT le preguntan: “¿Existe en nuestra revolución la necesidad de derrotar el burocratismo y la corrupción? ¿Es válido el ejemplo de Lenin de permitir la independencia de los sindicatos para que sean parte de esa lucha? Incluso lo es para permitirle a los trabajadores, la posibilidad de combatir a las burocracias internas de sus sindicatos, que no sólo se alían a los patronos sino también a sectores de la burocracia estatal que pueden tratar de supeditarlos para fines no revolucionarios”. 

En esta discusión está en juego nada menos que el curso futuro de la revolución. Basta recordar el desenlace de las jornadas de abril de 2002 para valorar la importancia del asunto. En esas horas en que el golpe de Estado parecía haber impuesto sus propósitos y Chávez había caído prisionero y despojado del poder, miles de mujeres, jóvenes y hombres
ganaron las calles en las barriadas populares y desde las organizaciones de base se lanzaron a la lucha contra la sedición oligárquica, aislaron al gobierno golpista y cambiaron el balance del poder dentro de las fuerzas armadas, posibilitando que los oficiales nacionalistas recuperaran el control de la situación. Sin esta intervención, sin este impulso revolucionario de masas, de abajo hacia arriba, el régimen chavista estaba liquidado. Otro tanto ocurrió con el paro patronal y la conspiración contra Petróleos de Venezuela a fines de 2002. A partir de ese momento quedó en claro que la defensa de la revolución dependía, antes que nada, de la voluntad militante de los trabajadores y las clases populares, y que su radicalización era la única posibilidad de consolidar el régimen popular.

La construcción del partido oficialista en torno al Estado y con el aporte mayoritario del aparato del Movimiento V República, sin duda han de afirmar la unidad y la disciplina del movimiento y, al mismo tiempo, fortalecer los rasgos bonapartistas del régimen chavista. Sin embargo, si de abrir el período de transición se trata, difícilmente puede pasarse por alto que en esta ruta la iniciativa de los trabajadores resulta de una importancia capital. La dirección venezolana habla del socialismo del siglo XXI trazando una estricta línea de deslinde con el llamado socialismo real y poniendo buena distancia con la experiencia de burocracia stalinista. Debe tener en cuenta, por lo tanto, que a diferencia de la estatización, la socialización consiste en la capacidad de decisión de los productores directos sobre los medios de producción y las condiciones de su trabajo, sobre el destino del producto social y sobre el conjunto de los asuntos que definen la marcha de la construcción socialista; en otros términos, sobre la transformación de las relaciones sociales de producción. Todo esto tiene que ver con principios autogestionarios y autonómicos, con el grado de democracia que impere en los organismos de base; y es lo que, en definitiva, define el contenido de clase de las nacionalizaciones y las medidas antiimperialistas en el período de transición.