Los partidos de la derecha neoliberal han visto en la reaparición pública de Juan Carlos Blumberg portando una serie de demandas dirigidas centralmente contra el gobierno de Kirchner, una oportunidad. Tienen en vista las elecciones del próximo año y saben muy bien que su situación, al igual que la del resto de la oposición parlamentaria, confrontada con la consolidación del poder kirchnerista, es de marcada debilidad. El ingeniero volvió a convocar a una multitudinaria concentración. Esta vez en la Plaza de Mayo. Y una vez más la voz de orden fue "justicia y seguridad". En medio de un coro de voces que repetía esa consigna, Blumberg planteó entre otros, dos reclamos que considera de importancia capital: la reducción del límite de edad a partir del cual un menor es imputable y el rechazo al proyecto de reforma del Código Penal, en cuyas disposiciones figuran la anulación de la cláusula de reincidencia y de la pena de prisión perpetua, y limitaciones a la penalización del aborto y a la eutanasia.

En la Plaza de Mayo, junto a los manifestantes, hubo presencias inconfundibles: Mauricio Macri, Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich, Luis Patti, Cecilia Pando, entre otras. Y, por supuesto, la solidaridad moral de Jorge Sobisch. Una pintoresca combinación de fieles del más crudo neoliberalismo antinacional y nostálgicos del terrorismo de Estado. La derecha argentina en su expresión más pura. También hizo acto de presencia Raúl Castell, oportunista de tiempo completo, interesado como aquellos en capitalizar la convocatoria que actualmente tiene la cuestión de la seguridad en importantes capas populares.

La demanda de seguridad es una consigna de siempre en los programas de las fuerzas de la derecha, pero además, en la coyuntura presente, es vista como el polo aglutinante de un reagrupamiento de corrientes de ese signo.

Esas presencias, que expresan lo peor de la sociedad argentina, tenían más de un motivo para responder al llamado del ingeniero Blumberg. La demanda de seguridad es una consigna de siempre en los programas de las fuerzas de la derecha, pero además, en la presente coyuntura política, es vista como el polo aglutinante -en realidad, el único posible- de un reagrupamiento de corrientes de ese signo ante el gobierno del presidente Kirchner.

Hay que tener en cuenta que esa derecha política que hizo suyos los proyectos de reconversión capitalista que se sucedieron desde marzo de 1976, y que se comprometió con el menemismo o con la Alianza, quedó descolocada tras el estallido de la convertibilidad y el derrumbe del modelo de los 90'. En este sentido corrió la misma suerte que el conjunto de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales y de las estructuras institucionales, afectados por la crisis de representatividad que hizo eclosión en diciembre de 2001 y aún que permanece irresuelta.   

El principal problema que afrontan los partidos que encabezan Macri y López Murphy es carecer de un programa capaz de atraer el interés de los círculos que concentran el poder económico. Con niveles de rentabilidad sólo comparables a los que se obtenían en la época de auge de la especulación financiera, ante una economía que crece a tasas anuales de 8 o 9%, y con un gobierno que obtiene superávit   récord en las cuentas fiscales, mantiene el dólar alto y paga los compromisos externos, las fracciones de la gran burguesía exportadora, triunfantes en la puja que se libró en el bloque de poder tras la caída de la convertibilidad, no tienen interés en ir a un enfrentamiento. En todo caso las cosas que no les gustan del gobierno, como la injerencia del Estado en   asuntos que consideran del dominio privado, la concentración de los resortes institucionales en el Ejecutivo o los recortes parciales al régimen de flexibilización laboral, no justifican ni mucho menos pasar al campo opositor que trata de organizar la derecha política. Mientras el gobierno mantenga en manos del capital monopólico las antiguas empresas estatales de servicios públicos y ramas estratégicas como los hidrocarburos, la minería y las comunicaciones, reserve al capital   privado la mayor parte de la previsión social, no revise los niveles de apertura comercial y financiera ni revierta los patrones de flexibilidad laboral heredados del menemismo, la gran burguesía local y las corporaciones extranjeras no tienen motivos para inquietarse. Saben que los dorados 90' quedaron atrás y que en buena parte de América Latina rige otro balance de fuerzas al que es necesario adaptarse.

Pero los partidos de la derecha, necesitados de presentar una alternativa opositora, ven la situación de otro modo. Para esas expresiones el planteo del problema de la seguridad, tal como lo impulsa el ingeniero Blumberg, constituye un posible punto de apoyo a partir del cual unificar y homogenizar ideológicamente a una parte de la sociedad argentina; es decir, reconstruir la hegemonía perdida sobre importantes sectores de clase media. Blumberg presenta el problema de la seguridad como una cuestión de orden social y encuentra en la represión el remedio a todo aquello que trasgrede ese orden. Para él y para quienes lo rodean la consigna convocante designa una ausencia: la ausencia de un orden público en condiciones de reducir la amenaza de la contingencia, el peligro de lo imprevisto, a los rangos previsibles de una vida ciudadana normal.

Para los partidos de derecha, el planteo del problema de la seguridad como lo impulsa Blumberg constituye un punto de apoyo a partir del cual reconstruir la hegemonía perdida sobre importantes sectores de la clase media. En esta visión, la seguridad es lo contrario del desorden social.

En esta visión, la seguridad es lo contrario de desorden o caos social. Por lo tanto, desde esta perspectiva de clase, el delito, como trasgresión al orden establecido adquiere una nueva dimensión. En agosto de 2004, el pleno auge de las movilizaciones convocadas por Blumberg, Liliana Blasi, integrante del círculo más cercano al ingeniero, formuló la siguiente declaración periodística: "Inseguridad son los robos, los ladrones en las calles. Inseguridad es el desorden social. Inseguridad es tener la Plaza de Mayo copada por los piqueteros. Inseguridad es no saber dónde estacionar el auto cuando uno va al centro. Inseguridad es que mis padres no puedan venir a visitarme sin miedo a que les ocupen la casa".

En la construcción simbólica que hace la derecha, "inseguridad" se asocia a "delito" pero también a "protesta social". Se arma así una cadena que vuelve equivalentes al pobre, al indigente, al piquetero y al delincuente. La manifiesta hostilidad e irritación de las señoras y señores del barrio norte y de los countries, ante la presencia, dos años atrás, de algunos movimientos de desocupados en la segunda convocatoria del ingeniero, frente a los Tribunales, o las promesas de Macri de terminar con los cartoneros, expresa a las claras cómo la parte más retrógrada de la sociedad argentina recorre uno a uno los eslabones de esa cadena.

En la construcción simbólica de la derecha, "inseguridad" se asocia a "delito", pero también a "protesta social". Se arma así una cadena que vuelve equivalente al pobre, al indigente, al piquetero y al delincuente.

Seguridad, a su vez, evoca un orden jerárquico y clasista, en el que reina sin límites la propiedad privada; y en el cual la represión en el orden moral y material es garantía que resguarda privilegios y diferencias sociales. Pero hacia el otro extremo, la cadena equivalencial produce un resultado abiertamente político. En este caso la amenaza apunta a la concentración de poder personal en el gobierno de Kirchner, visto como una situación de inseguridad: lo que aquí está en riesgo la democracia, amenazada por un poder monárquico, tal como planteó el rabino Sergio Bergman, durante la concentración de la Plaza.

A partir de estas vinculaciones se organiza un discurso de contenido cerradamente conservador que los medios masivos de difusión terminan por transformar en una verdad de sentido común. La construcción de una identidad amenazada en ciertas capas de la sociedad y la identificación de los partidos de la derecha con el orden ausente, forman parte de una misma operación simbólica.

El cierre simbólico en torno a la sucesión pobreza-marginalidad-delincuencia que opera la derecha está destinado a bloquear una apertura de contenido en la cual la marginación y la inseguridad están asociadas a la concentración sin igual de la riqueza que produce la acumulación capitalista, y a la corrupción del conjunto institucional.

En cambio, para las fuerzas populares la desarticulación de ese discurso es el centro de una lucha democrática orientada a cambiar de raíz los fundamentos de una sociedad afirmada en la desigualdad, la explotación y la injusticia. Se trata de una batalla ética, cultural e ideológica, pero decisivamente política, que es necesario librar en todos los frentes y, particularmente, en el de clase media. Hay que tener presente que el cierre simbólico en torno a la sucesión pobreza-marginalidad-delincuencia que opera la derecha, está destinado a bloquear una apertura de contenido totalmente diferente, en la cual la marginación y la inseguridad están asociadas a la concentración sin igual de la riqueza que produce la acumulación capitalista y a la corrupción del conjunto institucional. Es por demás evidente que bajo el capitalismo las relaciones sociales fundamentales son relaciones de dominación institucionalizada; relaciones que encierran en sí un estado de violencia. El curso actual de las naciones desarrolladas a través de un cuadro social de creciente polarización de clases, distribución cada vez más desigual de la riqueza, marginación de las minorías étnicas, racismo, etc, evidencia el carácter estructural del problema. En Argentina la situación es aún peor: el proceso de brutal exclusión social creciente, tras treinta años de programas neoliberales entre 1976 y la actualidad, han acentuado la desigualdad entre las clases y condenado a una parte importante de la población a una situación de miseria y marginalidad.

En ese terreno social las víctimas cotidianas de la violencia de las bandas delictivas y de los aparatos de seguridad estatal, son los sectores socialmente desplazados. El Informe de Situación 2003/2006 publicado por la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) denuncia que entre mayo de 2003 y fines de julio de 2006 en la gran mayoría de las más de 500 muertes producidas por los organismos de seguridad, las victimas fueron jóvenes pobres. En el 53% de los casos se trató de fusilamientos por el método del "gatillo fácil", mientras que en otro 45% la muerte se produjo en cárceles y comisarías, muchas veces luego de sesiones de tortura.

Paradójicamente, muchos de los que claman contra la inseguridad y exigen la vuelta al orden perdido, son los mismos que aplaudían los planes de reconversión económica que en los últimos treinta años produjeron una formidable concentración, centralización y extranjerización del capital, una brutal polarización entre las clases, la ruptura del tejido social y la crisis de la seguridad pública.